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Introducción
En la actualidad, la idea de una frontera rígida entre la historia y la memoria ha sido ampliamente criticada y problematizada. En los estudios de la memoria se cuestiona la distinción tajante entre lo que autores pioneros como Maurice Halbwachs consideraban dos registros claramente diferenciados -incluso opuestos- del pasado colectivo, aunque se siga reconociendo la función heurística de dicha distinción.1 No obstante, la idea de una relación más fluida y compleja va, principalmente, en una dirección: el "descubrimiento", por parte de la historia, de otras aproximaciones al pasado, entre estas la memoria (o las memorias), el reconocimiento del papel de la memoria en la historia y su adopción como objeto de estudio. Es amplia la literatura teórica y empírica acerca de cómo las y los historiadores se han aproximado a la memoria y han hecho uso de esta, pero escasean los estudios sobre los usos de la historia por parte de las iniciativas de memoria. Este trabajo es un aporte en esa dirección: analiza un caso en el que una iniciativa de memoria hace uso de lo escrito por historiadores y otros científicos sociales para la construcción de memoria, integrándolo a sus prácticas del recordar. Su objetivo central es explorar el proceso de elaboración de memoria en el caso del Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM), haciendo énfasis en los usos que le dio a la producción académica acerca del conflicto armado para sus propios fines y analizar la relación entre las que se han considerado como aproximaciones distintas al pasado.
Aunque la distinción entre los conceptos de historia y memoria tiene una utilidad analítica clara, es igualmente provechoso hacer énfasis en las relaciones y echar mano de otros conceptos, como el de "doble hermenéutica" para dar cuenta de préstamos e intercambios y sus tensiones y complejidades. Anthony Giddens propone este concepto para dar cuenta de la forma en que los conocimientos de las ciencias -naturales y sociales- son usados por "actores legos" como herramientas interpretativas; advierte que el conocimiento especializado transforma los modos en que los actores sociales se ven a sí mismos y se convierte en herramienta interpretativa y de acción.2 En el caso del PCNM podemos encontrar un complejo entramado de relaciones entre distintas aproximaciones a un pasado-presente violento. Las y los "emprendedores de memoria" del PCNM -usando la expresión de Elizabeth Jelin- leen historia y sociología del conflicto y adoptan la diferenciación entre distintos procesos o ciclos de violencia y esto les permite contextualizar a nivel local, nacional y global los casos de crímenes de Estado que el movimiento de defensa por los derechos humanos había denunciado por décadas. También comparten herramientas metodológicas con las ciencias sociales, técnicas concretas de obtención de información y análisis. Esta reflexión les permite adoptar -hasta cierto punto- la historiografía como una instancia crítica de la memoria. El PCNM no busca "legitimidad científica" al recurrir a las ciencias sociales: estas son un recurso, entre otros, para ampliar el marco de la memoria que construye. Su intención no es limitarla al colectivo de las víctimas de Estado, ya que no se trata de una memoria identitaria restringida, sino de una interpretación amplia del pasado reciente, una memoria "que interpele a todos".
Este artículo sintetiza algunos resultados de una investigación más extensa acerca de la narrativa memorial del PCNM.3 Aquí se dejan de lado otros discursos que alimentan la agenda del activismo en torno a la memoria en el PCNM, discursos que también están fuertemente entrelazados con aspectos centrales de sus reivindicaciones: el discurso de los derechos humanos (el rico intercambio con organizaciones y movimientos de otros países en la región) y el de las izquierdas políticas en Colombia. Esta investigación hace uso de fuentes documentales escritas y orales, principalmente del archivo institucional del PCNM, sus publicaciones (informes y cartillas de difusión) y entrevistas semiestructuradas a participantes del proyecto.
Este escrito se divide en tres partes. En la primera, se esbozan las líneas generales del surgimiento del PCNM y el tipo de trabajo memorial que llevó a cabo. En la segunda parte, se examinan tres formas en las que esta iniciativa hace uso de la historia y las ciencias sociales: la utilización de periodizaciones propias de la historia, la construcción de explicaciones y causas globales, nacionales y locales de la violencia, y el uso técnicas propias de las ciencias sociales. Al final, se reflexiona acerca de cómo estos elementos, siempre en tensión, le permiten al PCNM elaborar su propia comprensión de la violencia y las violaciones de los derechos humanos, en la cual las condiciones históricas y las relaciones sociales y económicas cumplen un papel explicativo fundamental.
En el campo de los estudios de memoria, señala Jelin, convergen con frecuencia inquietudes teórico-académicas y compromisos ético-políticos, solidaridad hacia las víctimas y sus ideales de construcción de sociedades más justas,4 algo que no entra en conflicto con el rigor de un análisis crítico. Este trabajo comparte esa visión.
"Que el pasado hable y nos interpele a todos": la labor del Proyecto Colombia Nunca Más
En agosto de 1995 diez organizaciones colombianas de derechos humanos decidieron llevar a cabo una iniciativa de trabajo colectivo que apuntaba, según su propia descripción, a salvaguardar la memoria histórica de la violencia reciente del país, así como a dilucidar sus causas y efectos, con el propósito de fundamentar "la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad".5 Estos esfuerzos apuntaban a "impulsar la creación de un movimiento social que respalde esa lucha",6 finalidad última de este proyecto colectivo. La iniciativa fue llamada Proyecto Colombia Nunca Más, expresión de repudio a la represión durante las dictaduras del Cono Sur, popularizada a finales de los ochenta. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que se reunieron en torno al proyecto7 tenían en común una cercanía con la izquierda política y una comprensión de los derechos humanos que enfatizaba en el papel del Estado como garante, responsable y salvaguarda de los derechos, y no un simple árbitro.8 Pero el común denominador más relevante fue la preocupación por la impunidad, imperante en los crímenes de Estado. Después de intensas discusiones al inicio del proyecto entre las organizaciones convocantes, se decidió que el tipo de violencia a investigar sería la de carácter político, y que los crímenes objeto de la pesquisa serían los crímenes de Estado, a los que se identificó como crímenes de lesa humanidad: tortura, desaparición forzada y asesinatos selectivos, principalmente.9
El PCNM surgió en un momento de consolidación de la movilización por los derechos humanos en Colombia, resultado de más de veinte años de trabajo solidario y profesional de acompañamiento y denuncia de la violencia política y de violaciones a los derechos humanos dentro y fuera del país.10 Quienes iniciaron el PCNM eran conscientes de la larga experiencia acumulada por las organizaciones de derechos humanos -ya numerosas en la década de 1990-, y también de la dispersión de la información recabada por estas, de manera que la primera tarea que se propusieron llevar a cabo dentro del proyecto fue consolidar en un mismo lugar la información disponible sobre violaciones graves a los derechos humanos durante lo que se definió como el "ciclo de violencia más reciente", un periodo de casi cuarenta años, que abarca desde inicios de la década de 1960 hasta 1998 (es decir, el presente del proyecto).
Ahora bien, para entender la orientación del PCNM es importante situarlo en relación con el entusiasmo crítico por las comisiones de la verdad que cruzaba América Latina en la década de 1990. A pesar de estar atravesando una fase álgida del conflicto, en Colombia muchos defensores de derechos humanos y participantes del PCNM consideraban deseable una comisión como las que se habían constituido en el Cono Sur y en Centro América como parte del cambio de régimen, de gobiernos dictatoriales a gobiernos formalmente democráticos, cuyo paradigma era la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) argentina y su emblemático informe Nunca Más, al que el PCNM y muchas otras iniciativas semejantes deben su nombre. Emilio Crenzel ha estudiado cómo el informe Nunca Más se convirtió en el modelo de muchos países de la región para tramitar y comunicar la violencia política de las tres últimas décadas del siglo XX.11 De hecho, una de las actividades preparatorias del PCNM fue estudiar distintas comisiones de la verdad latinoamericanas, tanto las oficiales (casos como los de Argentina, Chile y El Salvador), como las no oficiales (REMHI de Guatemala) y tribunales éticos (Russell I y II, Tribunal Permanente de los Pueblos).12 El diagnóstico no fue optimista. Una de las conclusiones generales fue que en la mayoría de las comisiones la búsqueda de la verdad se supeditó a la legitimación de los proyectos políticos que sucedieron a los regímenes autoritarios, pero no significaron una transformación política real; prueba de esto es la impunidad impuesta mediante autoamnistías, leyes de punto final y "políticas de olvido". No obstante, el proyecto consideró los informes de las comisiones como "documentos valiosos, que sin duda sirvieron de base para continuar el trabajo contra la impunidad", "fuerte[s] denuncia[s]de lo que en general fue el Terrorismo de Estado como política represiva" y valiosas "propuestas de reparación y reconciliación",13 y sin duda, inspiración para la denuncia de la violencia estatal en Colombia y la lucha contra la impunidad de un tipo de violencia de la que poco se hablaba en el país en esos años.
Así, al tanto de las posibilidades y de los límites de aquellas experiencias, y de las dificultades propias del contexto colombiano, el proyecto se pensó desde el inicio como una forma de prepararle el terreno a una comisión de la verdad en el país -algo que entonces parecía inminente-, con información fiable sobre los crímenes de Estado y que cumpliera con estándares internacionales de denuncia. Este fue un punto esencial para quienes diseñaron el proyecto, pues suponían que ese tipo de violencia no sería investigada con seriedad por una comisión oficial, de modo que generar información sobre este tipo de crímenes sería una forma de corregir los defectos de esta antes de su aparición.
El PCNM se echó a andar con un objetivo puntual, construir una base de datos que cumpliera una doble función. En primer lugar, que respondiera a la urgencia de medir la magnitud de los crímenes de lesa humanidad en Colombia y de reunir en un mismo lugar esa información, y, en segundo lugar, ser una primera instancia de memoria de las víctimas. En este orden de ideas, la primera tarea consistió en homologar información proveniente de varios registros o inventarios básicos hechos por organizaciones de derechos humanos e investigadores-activistas. Se escogieron cuatro registros de casos de violencia política y violaciones a derechos humanos con enfoques distintos, a los que se denominó "órdenes de información" o "de memoria", que daban a la base de datos información básica o complementaria según al caso, es decir, que aportaban nuevos registros o información sobre los existentes. Estos cuatro ordenes de información fueron el Libro negro de la represión, elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), del cual se tomaron casos para el periodo 1966 a 1980;14Colombia, represión 1970-1981, una investigación con enfoque jurídico realizada por dos investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Jaime Torres Sánchez y Fabio Barrera Téllez;15 los informes del Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) sobre violencia política, que contienen información suministrada por víctimas (en buena parte) y da cuenta de casos tanto individuales como colectivos que, de acuerdo con el proyecto, tenían un "abordaje sociológico";16 y, por último, los Informes del Banco de Datos de Justicia y Paz de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJP), cuyo enfoque también es sociológico y registra casos a partir de 1982.17 Los informes del Banco de Datos de la CIJP fueron la fuente más importante de la base de datos del proyecto y su modelo principal, por la sistematicidad de sus registros y sus conceptualizaciones claras.
Después del arduo trabajo de homologación de estas cuatro fuentes se elaboró un primer listado de casos de violaciones a los derechos humanos: 30 614 registros durante el periodo que va de 1966 a 1995. En este listado se reseñó información básica: nombre de la víctima, lugar y fecha de la agresión y tipo de agresión (detención, desaparición, asesinato y tortura).18
Ahora bien, la elaboración de esta lista solo fue un primer paso. En octubre de 1997 el proyecto fue rediseñado y junto al primer objetivo de hacer un "inventario de crímenes" se consolidaron los otros dos: "contribuir al análisis global de los crímenes" e "impulsar la organización de las víctimas".19 Esto se debe a que al tiempo que se construía la base de datos empezó a considerarse cada vez más relevante recurrir a otras fuentes de información, en particular a testimonios directos, y analizar toda esa información y darle una forma narrativa a los hallazgos; en otras palabras, darle sentido y explicación a unas cifras que se revelaban aterradoras, y así construir un puente entre la frialdad cuantitativa de la base de datos y una finalidad de orden político que empezaba a cobrar importancia dentro del proyecto: impulsar la movilización social de las víctimas de los crímenes de Estado con la memoria como bandera. Así, la memoria histórica de la violencia política no se concibió como un fin en sí misma, sino como medio para la movilización de las víctimas de violencia del Estado (organizadas o no), una memoria con la cual se pudieran identificar tanto quienes no relacionaban su sufrimiento personal con marcos explicativos más amplios, como quienes habían sido victimizados por sus compromisos y militancias, recuperando y reactivando sus ideas y luchas políticas y sociales.
De esta forma el ejercicio de análisis articuló la principal finalidad del proyecto, proveer al futuro movimiento de víctimas de una memoria que contendiera en el espacio público con la interpretación oficial de la violencia política, la cual justificaba la represión a las manifestaciones de descontento, negaba las acciones represivas ilegales y la responsabilidad por parte de miembros de la fuerza pública, o simplemente las reducía a "casos aislados". En efecto, el análisis propuesto por el PCNM no es otra cosa que la construcción de explicaciones y sentidos amplios de la violencia sufrida por individuos y colectivos, pero con una base sólida: la información previamente consignada en la base de datos y posteriormente complementada por otras fuentes de información, los testimonios directos de familiares y sobrevivientes, pero también a partir de las interpretaciones de la violencia construidas desde otras visiones, la de los historiadores y otros científicos sociales. El análisis, a grandes rasgos, explica el ciclo de violencia vigente por el carácter desigual y conflictivo del "modelo de sociedad" colombiana, el enfrentamiento entre quienes ejercen la dominación económica y política y quienes son dominados, en particular los sectores que se han enfrentado al régimen político excluyente y autoritario: los "movimientos sociales y políticos de todo orden, siendo la inmensa mayoría de ellos de carácter no violento"20 que surgen en la segunda mitad del siglo XX; esa violencia ha tenido diferentes expresiones a lo largo del tiempo, que pueden ser entendidas como "modalidades represivas" definidas.
¿Cómo se da el salto de una base de datos de crímenes de Estado a esta interpretación de la violencia? ¿Cómo los casos se convierten en memoria? El examen de los ejercicios de documentación y de análisis puede ayudarnos a comprenderlo, pues en ellos convergen distintas aproximaciones al pasado reciente, la de la memoria y la de la historia -plurales y complejas ambas-, donde distintos marcos de sentido se entrelazan para construir una memoria llamada histórica.
Periodos y ciclos de violencia
La periodización escogida por el PCNM abarcó de 1962 hasta finales de la década de 1990, momento en que iniciaba el proyecto. Fue un periodo de límites flexibles que el PCNM denominó "el ciclo vigente de violencia". La elección de esta periodización es interesante, pero no porque sea inédita u original. El PCNM se caracterizó por sumar información, reclutar saberes y conocimientos: tomó la información y los casos existentes en textos y archivos de las organizaciones de derechos humanos, aprovechó su presencia en distintas regiones del país para recoger testimonios, y tomó de la historiografía del conflicto su periodización. La delimitación del "periodo bajo estudio" proviene de la historiografía sobre el conflicto en Colombia, con la distinción entre la violencia "del periodo clásico" -la violencia bipartidista de las décadas de 1940 y 1950- y la violencia del conflicto armado contemporáneo o el "ciclo vigente".21 Esta distinción es importante, pues ambos ciclos de violencia se suceden casi inmediatamente, y comparten problemas y actores.22 No obstante, fue asumida sin mayores discusiones desde el inicio del proyecto:
El cierre del sangriento capítulo de la violencia política de medio siglo, con el nacimiento del Frente Nacional, es el punto de inicio de un nuevo periodo de violencia en Colombia [...]. Se crea un régimen político que excluye otras formas de expresión política que generan nuevas confrontaciones con los sectores marginados de tal entendimiento. Estas confrontaciones tendrán su expresión máxima en el surgimiento de grupos insurgentes durante las décadas del sesenta y del setenta, así como la represión legal e ilegal de movimientos sociales y organizaciones políticas de oposición.23
Una diferencia fundamental asumida por el proyecto para distinguir el ciclo de violencia clásica del ciclo vigente es que la primera fue una disputa por el poder hegemónico entre dos grupos económico-políticos de intereses opuestos con banderas partidistas que convocaban a un amplio sector de la sociedad, por tanto, fue una violencia de carácter policlasista; una segunda diferencia central es la aparición de "un proyecto político-insurreccional para la toma del poder, del Estado o del gobierno" al inicio del ciclo de violencia vigente, así como una respuesta sustancialmente distinta del Estado ante ese reto, en el marco de la Guerra Fría.24 En los informes de las zonas 7a y 14a se cita también un libro de referencia, La violencia en Colombia, de la Comisión Investigadora de 195825 para enfatizar las diferencias entre actores en ambos ciclos de violencia, las guerrillas surgidas de las luchas agrarias de los años cuarenta y cincuenta y las guerrillas revolucionarias de las décadas posteriores. El PCNM consideraba que, aunque la violencia ha sido una constante en la historia del país desde el inicio de su vida independiente, la guerra contrainsurgente inauguró una forma de violencia particular y un actuar del Estado distinto al de épocas anteriores. Fue una violencia vinculada a la adopción y aplicación en el contexto nacional de la "doctrina de seguridad nacional" y a la intervención estadounidense en América Latina.
También son ampliamente citados los historiadores Jorge Orlando Melo y Carlos Medina Gallego, el jurista Rodrigo Uprimny y los politólogos Francisco Leal y Alejo Vargas para la construcción de los "modelos" o "modalidades" de represión. Las modalidades represivas caracterizan prácticas violatorias de los derechos humanos en distintos momentos.26 Cada modelo está constituido por elementos puntuales "que en su interacción y dinámica configuran un modelo de control social y político" de expresiones de descontento, oposición y resistencia tan distintas como la protesta social y la insurgencia.27 Es decir, los eventos del pasado reciente (y del presente) que la memoria del PCNM recoge son, principalmente, casos de crímenes de lesa humanidad, y están representados mediante estos modelos represivos, que son, de cierta forma, subperiodos de violencia.
El primer modelo represivo es denominado "militarización, estado de sitio y contrainsurgencia", y va de 1965 a 1981. Este se caracteriza por estar sustentado en formalidades legales (decretos de estado de sitio) en un periodo de grandes movilizaciones sociales, de modo que la represión era realizada abiertamente por agentes del Estado, policías y militares. Las detenciones arbitrarias son frecuentes al inicio de este subperiodo, pero al final empieza a implementarse "la acción encubierta y secreta por parte de los agentes de seguridad del Estado en el marco de la cual cometían asesinatos y desapariciones forzadas".28 El segundo modelo es denominado "imperio de la represión paraestatal", y va de 1982 a 1987. Lo caracterizan las formas extralegales y clandestinas de represión, lo que se traduce en "el aumento de las desapariciones, de las amenazas, de los asesinatos con móvil político y el paulatino retroceso en la cantidad de detenciones arbitrarias",29 esta última más frecuente en la primera modalidad. La "articulación entre la represión formalmente legal y la represión paraestatal" (1988-1993) es la tercera modalidad de represión propuesta, y se caracteriza por la combinación de dos tipos de represión, legal e ilegal. En 1988, mediante el Estatuto de defensa de la democracia (Decreto 0180 de 1988) retorna el estado de sitio y con este la represión legal, que se articula con las formas represivas paraestatales consolidadas en el modelo anterior. Entre las formas de represión existentes sobresale en este periodo la masacre. La última modalidad va de 1994 a 2008 (cuando se publica el último informe y se cierra el proyecto) y es "denominada legitimación estatal, reingeniería militar y legalización del paramilitarismo", periodo que se caracteriza por el proceso de legalización y legitimación de las estructuras paramilitares como recurso para el mantenimiento del orden público.
Ahora bien, es importante señalar que el uso del conocimiento académico del conflicto es un uso crítico, o por lo menos está mediado por los criterios ético-políticos del proyecto. La idea de los ciclos de violencia y las modalidades represivas se opone a la tesis de la cultura de la violencia y las múltiples violencias, ampliamente discutida en esos años. Esta provenía de otro informe oficial, Colombia: violencia y democracia de la llamada comisión de expertos,30 una comisión investigadora convocada por el gobierno de Virgilio Barco durante la crisis de violencia de mediados de los ochenta. "Esta tesis sostiene que los colombianos han estado inmersos, como nación, en unas espirales de violencia ascendentes de generación en generación", si bien esta no es inexorable, puede ser superada a través de una "cultura de la paz".31 La cultura de la violencia supone múltiples violencias o modalidades de violencia -la violencia política, la violencia urbana, la violencia organizada, la violencia contra las minorías étnicas, la violencia en la familia, la violencia en los medios de comunicación-, es decir, una visión fragmentada, mientras el PCNM plantea una sola, una suerte de violencia maestra, que es la violencia represiva del Estado. Los modelos represivos no son distintas expresiones de violencia; son una tipología de la violencia central, la del Estado y su transformación en el tiempo. El recurso a la historia apunta a defender la "larga duración" de esa violencia central, columna vertebral de la construcción memorial del PCNM.
Otra forma de uso directo de historiografía por parte del PCNM es la contextualización de los crímenes. Este ejercicio se hizo a varios niveles: se elaboraron contextos locales (a nivel de región, departamento o municipio) que recogen las circunstancias y causas inmediatas de la violencia, y también formas de resistencia social; estos reciben el nombre de "microcontextos".32 También se elaboran contextos nacionales y globales. Para el PCNM los pilares de la violencia en el plano nacional son económicos y políticos: la violencia política existe para perpetuar una distribución desigual del ingreso y la tierra cultivable, de allí que no solo se persiga y se suprima con violencia la expresión armada ilegal de la oposición, la insurgencia, sino las expresiones legales, movilizaciones sociales y partidos de izquierda, cuyos reclamos estaban relacionados con la distribución de la tierras y reconocimiento de derechos, entre otros. De hecho, el PCNM sostiene que la insurgencia tiene su origen en los reclamos de derechos por parte de la sociedad civil, en el campo y la ciudad, no escuchados, pero sí castigados con dureza por los sucesivos gobiernos en la segunda mitad del siglo XX.
Por otra parte, a nivel global el conflicto colombiano es entendido por el Proyecto como un fenómeno inserto en las dinámicas de la Guerra Fría: las estrategias contrainsurgentes del Gobierno están en sintonía con las directrices hemisféricas de los Estados Unidos en su lucha contra la "amenaza socialista". La particularidad colombiana, de acuerdo con el proyecto, es que dichas estrategias continuaron vigentes aun después de la caída del bloque socialista.33 Al igual que la periodización y la construcción de modelos represivos, cada uno de estos tres niveles de contexto se apoya en escritos históricos y de las ciencias sociales como evidencia y argumentos en favor de las ideas de corte estructural acerca de la relación entre la violencia y la sociedad colombiana. El componente subjetivo no es dejado de lado en el PCNM; antes bien, es un elemento central, y nos permite explorar otra faceta de la relación que aquí analizamos.
Como se ha señalado, la primera fuente de información para la base de datos del Proyecto fue la información que había sido recopilada por distintas organizaciones de derechos humanos desde su aparición en los años setenta, publicada o conservada en sus propios archivos. La cantidad de casos recopilados fue notable, pero no tanto la calidad de la información, pues muchos tenían datos incompletos o no se podían corroborar; en pocos casos se habían llevado a cabo denuncias y procesos judiciales. Se recurrió entonces a otras fuentes de información: bibliográficas, archivísticas,34 hemerográficas, documentos oficiales (medicina legal, juzgados, fiscalías, tribunales y cortes) y orales. Dentro del primer grupo están investigaciones históricas y sociales sobre el conflicto en Colombia y las publicaciones producidas por organizaciones y defensores de derechos humanos -revistas, informes, folletos, ponencias, denuncias, expedientes judiciales-,35 documentos producidos por organismos e instituciones oficiales -leyes, proyectos de ley, sentencias- y documentos producidos por organismos internaciones -ONU, OEA-. Otro acervo lo compone la prensa nacional y local, una fuente fácilmente asequible y abundante.36 Por último están los testimonios.
En este punto la historia empieza a hacer parte de la memoria no solo como marco de referencias, contexto o fuente de conceptos. Los participantes del PCNM implementaron técnicas de la historia y las ciencias sociales. Recurrieron a múltiples fuentes de información, que comparan, contrastan y complementan, orientadas a una investigación concreta y utilizan métodos cualitativos de diversos tipos. Se proponen hacer observaciones etnográficas inspiradas en la investigación-acción participante, entrevistas de historia oral e historias de vida, talleres de educación popular.37 Aunque inicialmente no estaban contempladas en el proyecto, estas técnicas y fuentes de información parecieron necesarias ante el interés creciente por sumar testimonios directos al trabajo del PCNM, que aspiraba a ser una "memoria de las víctimas". Ahora bien, hay que señalar que el trabajo de campo respondió tanto a los objetivos políticos (impulso a la movilización) como a los objetivos de investigación (la base de datos y el análisis).
El trabajo de campo abarca distintas actividades, entre ellas talleres y entrevistas con víctimas, familiares y organizaciones, y tenía un objetivo múltiple. Los talleres daban a conocer el proyecto, invitaban a personas y colectivos a participar en el proyecto (en sus palabras "sensibilizaban" a posibles participantes). En estos espacios se explicaban los conceptos básicos con los que trabajaba el PCNM (la memoria y su importancia, crimen de Estado, crimen de lesa humanidad, modelos de represión, impunidad, lucha contra la impunidad, entre otros).38 De esta forma se establecieron las redes y la comunicación que posteriormente dieron origen al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).39 Los talleres podían dar lugar a las entrevistas, que apuntaban tanto a la recopilación de información humanitaria básica (datos identitarios de la víctima, de tipo de violación, del lugar y fecha de los hechos, presuntos responsables, etc.) que complementara la base de datos, como a la "construcción colectiva de la memoria histórica" como acto político:
Se trata pues, de construir colectivamente un itinerario de lucha contra la impunidad, de la cual hagan parte los familiares de las víctimas, las organizaciones y sectores sociales victimizados, que en una profundización de las raíces que evoca la recuperación de la memoria histórica desde las víctimas, alimente la resistencia en defensa de la vida y de sentido y articulación de las luchas actuales en la perspectiva de mantener vigente los proyectos, las utopías de una nueva sociedad por la que a las víctimas les fue cortada su vida.40
Las guías de trabajo de campo, de talleres y de entrevistas son documentos muy interesantes. En su elaboración participaron delegados de las regiones en las que estas se implementaron, y no solo hay preguntas sobre la víctima y los hechos de violencia que siguen los criterios técnicos de denuncia a nivel internacional; también se pregunta por el significado y el impacto que estos tuvieron para la comunidad, por las militancias y la vida comunitaria:
El sentido de recoger la información testimonial es la recuperación de la memoria histórica de las víctimas y de sus luchas, el esfuerzo implica la reflexión en las comunidades acerca de la estructura de la represión en cuanto a sus causas, modalidades y efectos [...] buscar en la memoria de las comunidades la interpretación de los hechos que prevalece después de mucho tiempo.41
Dentro del mismo proyecto había una molestia frente a la concepción del trabajo en derechos humanos como "el simple ordenamiento de datos, de crímenes, y de muertes".42 Alexander lo explicó en entrevista: "hasta ahí no es memoria, hasta ahí es una casuística, hay casos sistematizados, analizados, clasificados".43 Algunos miembros del proyecto insistían en que la investigación y el informe por sí solos no serían respaldados por las víctimas de crímenes de Estado, no generarían memoria, ni serían defendidos por nadie, aunque las cifras fueran escandalosas y la base de datos estuviera sólidamente documentada. La recuperación de la memoria histórica impone dinámicas sociales distintas a la de la mera base de datos, requiere "procesos participativos [...] que contribuyan al esclarecimiento de la verdad", "promover y apoyar actividades de repararon simbólica", "remover la inmovilidad social, la indiferencia".44
Tensiones
La relación del PCNM y su memoria con la historia y con el mundo académico es compleja, y en ocasiones tensa. En el discurso del PCNM se contraponen con frecuencia historia y memoria: la memoria se presenta como el pasado contado por las víctimas, por tanto, testimonio fiel y verdadero, mientras que la historia puede ser identificada con una narrativa opuesta, que niega la existencia de crímenes y víctimas de Estado; en otros momentos se habla de "memoria de las víctimas" e "historia de las víctimas" como equivalentes.45 En todo caso, hay un distanciamiento frente a la academia en general, se enfatiza en que el PCNM es una "investigación política y no científica".46
Ahora bien, desde el punto de vista del Proyecto hay otras distinciones. Podemos identificar distintas formas de ver la historia: está, por un lado, la enseñada en las escuelas, tradicional, "oficial", y, por otro, está la producida por investigadores académicos, pero comprometida políticamente. Las entrevistas también nos hablan de otras prácticas académicas "respetables" pero ajenas a los intereses del proyecto y al debate de la memoria. Lo que es muy notable es la oposición entre una historiografía negacionista que se debe combatir y una historiografía que toma partido y es aliada de la memoria, parte de lo que en el país se conoce como "investigación militante".
La Investigación-Acción-Participante y la educación popular desde el PNM le [sic] pretenden valorizar y fortalecer a las víctimas, familiares de las víctimas, organizaciones sociales, populares y comunitarias desde el reconocimiento y dignificación de la memoria individual y colectiva frente a los hechos de violencia; desde la construcción y dignificación de la verdad y la historia no contada, desde la legitimación y valoración de todos aquellos seres humanos que arriesgan sus vidas por proyectos políticos que creyeron justos.47
La Investigación Acción Participante (IAP) y la educación popular son propuestas de diálogos de saberes e investigación comprometida con los intereses y necesidades de comunidades, popularizadas en los años setenta. En Colombia, la IAP, divulgada por el sociólogo Orlando Fals Borda, es quizá la más conocida de estas propuestas teórico-metodológicas que invitan al diálogo entre saberes académicos y populares, y consideran que desde allí es posible propiciar procesos de educación y organización popular.48 Este es el tipo de propuestas que el PCNM distingue de otras formas de práctica académica ajenas a los intereses de comunidades y grupos como los que ellos acompañan:
Hay historia hecha por otro tipo de historiadores que obviamente es reconocida. Por ejemplo, hay ejercicios de historia trabajados por personas desde la academia que son obviamente rescatables y todo, pero cuando estamos hablando dentro de lo que es esa historia de lo que ha sido la guerra o los procesos de desarrollo, no solamente es una historia institucional plasmada, sino que creo que también es una historia que deben visibilizar.49
Vale la pena señalar que esta tensión se mantiene en la actualidad: los entrevistados criticaban, por ejemplo, que las recientes políticas de memoria sean implementadas por académicos y no por los activistas que por décadas se dedicaron a proyectos de memoria (como el PCNM) desde las organizaciones y comunidades, que son quienes tienen una "mirada interna", en contraposición a la aproximación externa de los investigadores.
En relación con esto también es importante mencionar que varios miembros del proyecto y, en general, del activismo por los derechos humanos en Colombia en este periodo son personas con educación universitaria y vínculos académicos. La década de 1990 es para el movimiento por los derechos humanos un periodo de profesionalización: del activismo solidario se transitaba a una defensa más cualificada.50 La información producida por los colectivos empezó a adoptar estándares internacionales, que facilitaban la circulación de información hacia afuera del país y, por tanto, la tarea de visibilización y denuncia de la situación en Colombia. Tate señala que "grupos de solidaridad integrados por voluntarios fueron remplazados (o en algunos casos aumentados) por organizaciones no gubernamentales, integradas por profesionales pagados a tiempo completo, con frecuencia abogados",51 pero también profesionales de distintas disciplinas sociales.
La doble hermenéutica supone "deslizamientos" de conceptos o marcos de sentido, que en este caso se expresan en el hecho de que las y los activistas del PCNM leen investigación social y hay un intercambio discursivo que se evidencia en los documentos internos y en los informes publicados, como hemos mostrado. También se expresa en su interés puntual en la historia, algo común en la movilización social por los derechos humanos en Sudamérica, como ha señalado Alonso.52 Dichos deslizamientos -a los que podemos sumar las técnicas de investigación concretas- están relacionados con que muchos defensores hacen parte tanto del activismo como de la academia: la defensa de los derechos humanos en un país con una larga y complicada historia de violencia reclutó profesionales en distintas disciplinas, sensibles a esa realidad.
Estos deslizamientos contribuyeron a la formación de discursos y prácticas complejas en torno a los derechos humanos, moldeados por experiencias e intereses locales, lejos de ser adoptados como "lenguaje neutral que resalta una utopía apolítica",53 una idea muy generalizada en el activismo por los derechos humanos en los noventa; aportaron una mirada crítica, que resalta el carácter histórico y político de la violencia reciente y que caracteriza como "vencidos" más que como víctimas a quienes han sufrido la violencia. En suma, un discurso memorial complejo y de muchas aristas, cuya influencia en los actuales debates sobre memoria en el país vale la pena explorar.
Conclusiones
Este artículo es un aporte al estudio de las relaciones entre historia y memoria, pero en una dirección contraria a la habitual, en la medida en que examina los usos de la historia por parte de una iniciativa de memoria. Si queremos comprender las formas concretas de transmisión del pasado, en qué consisten los recuerdos y sus sentidos, y cómo estos son apropiados y reapropiados en la memoria colectiva,54 es pertinente observar cómo la historia entra en el discurso memorial. Hemos intentado responder estos interrogantes a partir de la experiencia del PCNM y recurriendo a algunos conceptos y observaciones que queremos precisar en estas conclusiones, además de señalar algunas preguntas que quedan abiertas.
La historia, al igual que otras ciencias sociales, produce conocimientos especializados sobre el mundo social, pero estos no quedan circunscritos al ámbito académico, sino que regresan al mundo de los "actores legos". Siguiendo a Giddens, consideramos que esos préstamos transforman sus formas de interpretar el pasado colectivo y su papel en este. En muchos casos estos deslizamientos de sentido no son fáciles de rastrear, pues las apropiaciones son activas y críticas, por tanto, los significados pueden cambiar, y en general no se demanda a los actores sociales explicaciones de los conceptos utilizados. En el ámbito de nuestro interés -el de los discursos y las prácticas de memoria impulsadas por organizaciones de derechos humanos-, es más fácil identificar los deslizamientos, pues la reflexión sobre esa labor es constante y suele quedar conservada por escrito. La naturaleza de la empresa del PCNM hace que sea relativamente sencillo reconocer los préstamos, pero también la libertad y la mirada crítica con la que se lee la obra de especialistas.
La noción de doble hermenéutica nos permite estar atentos a la multiplicidad de aristas que tiene la dimensión colectiva o social de la memoria, que apunta en, primer lugar, a los recuerdos y presentaciones del pasado común de los cuales individuos y grupos son portadores.55 Pero lejos de restringirse a las experiencias vividas o el recuerdo de estas, la transmisión del pasado colectivo circula por muchos caminos y se materializa en diversas prácticas, como las conmemoraciones, los museos y monumentos, las políticas de memoria, las movilizaciones sociales, la enseñanza misma de la historia, entre otros, que hacen de las representaciones del pasado construidas intersubjetivamente "conocimiento cultural compartido por distintas generaciones sucesivas y por diversos 'otros'".56 El uso del conocimiento especializado de la historia y otras ciencias sociales es una práctica relevante dentro de la relación social que mantienen las personas con el pasado.
Por otro lado, la cuestión de quién es el portador de la memoria en el caso del PCNM es muy interesante, y nos permite extender esta reflexión. Dentro del proyecto se insistió mucho en la idea de que este acompañaba, pero no representaba a las víctimas de crímenes de Estado, impulsaba su movimiento, pero no lo lideraba. No obstante, la idea de "rescatar" la memoria vino de las organizaciones que lideraron el proyecto, y aunque muchos de sus integrantes eran ellos mismos víctimas de la violencia que denunciaban, como colectivo insistían en no ser voceros. De hecho, lamentaban la poca acogida que inicialmente tuvo esta iniciativa memorial, aunque esta preocupación desaparece posteriormente, pues la memoria que construye el PCNM se convierte en la memoria emblemática del movimiento nacional de las víctimas de crímenes del Estado. En suma, se trata de un caso que problematiza la idea tradicional de la memoria como una aproximación espontánea y puramente emotiva al pasado común, y resalta la complejidad de su construcción y transmisión.
Henry Rousso ha advertido con agudeza que el ejercicio de historiar el tiempo presente implica contar con la tensión y "a veces hasta la oposición entre la historia y la memoria, el conocimiento y la experiencia, la distancia y la proximidad, la objetividad y la subjetividad, investigación y testimonio".57 ¿Podremos sacar provecho de estas tensiones?, ¿es posible pensar en la historia como mecanismo de control frente a posibles abusos de la memoria, abusos ligados a su instrumentalización? Así como el problema de la memoria y el testimonio oral ensanchó las fronteras de la historia y de las fuentes para su escritura, la perspectiva histórica, no contrapuesta a la memoria, también puede prestar a esta sus servicios, como complemento o corrección. Ante el frenesí conmemorativo desencadenado entre las décadas de 1980 y 1990, Paul Ricoeur y Tzvetan Todorov advirtieron del peligro de los "abusos de la memoria" y de ideas controversiales como el "deber de memoria", el uso de la memoria para fines dudosos, el desentenderse de los sufrimientos actuales por privilegiar los pasados, la justificación de actos de injusticia en el presente en nombre de sufrimientos pretéritos, la adjudicación por otros de la demanda de justicia de las víctimas y la formación de memorias identitarias excluyentes, entre otros.58 Se trata de problemas que la mirada amplia de la historia puede ayudar a enfrentar. En el caso del PCNM, la perspectiva histórica ayudó a que su memoria no se replegara y se convirtiera en la memoria identitaria de un colectivo restringido (verbigracia, de los defensores de derechos humanos de izquierda o de las víctimas de crímenes de Estado), sino a conformar una interpretación general de una violencia que afecta a la sociedad en su conjunto, y también indujo al cuestionamiento constante acerca de la legitimidad de sus propósitos y a evitar asumir la vocería de las víctimas.
¿Hay una complementariedad entre historia y memoria en el caso examinado? Los hallazgos nos permiten responder afirmativamente, a condición de subrayar el conflicto siempre presente entre ambas aproximaciones al pasado-presente. Las experiencias directas y testimonios, tanto individuales como colectivos, solo pueden dar cuenta de la complejidad de la violencia y el conflicto armado de manera limitada. La conjunción -tensa, pero fructífera- entre diferentes registros del pasado amplió el horizonte histórico de víctimas, defensores de derechos humanos y los "diversos otros" de la memoria del proyecto, y fortaleció los fundamentos de la verdad y de la denuncia de la impunidad, banderas del PCNM.
