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Lecturas de Economía

versão impressa ISSN 0120-2596

Lect. Econ.  n.66 Medellín jan./jun. 2007

 

Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia, 1996–2004

Forced displacement and land tenure in Antioquia, 1996–2004

Le déplacement forcé et la propriété de la terra dans le Département d Antioquia entre 1996 et 2004

Carlos Felipe Gaviria y Juan Carlos Muñoz

Carlos Felipe Gaviria Garcés: profesor de la Universidad de Antioquia e investigador del Grupo de Economía del Medio Ambiente – Gema– de la misma universidad. Dirección electrónica: cfgaviria@economicas.udea.edu.co. Dirección postal: Calle 67 No. 53·108, bloque 13–412, Apartado Aéreo 1226, Medellín, Colombia. Juan Carlos Muñoz Mora: asistente de investigación del Grupo de Estudios Sectoriales y Territoriales –Esyt– , Universidad Eafit. Dirección electrónica: jmunomor@eafit.edu.co. Dirección postal: Carrera 49 No. 7 Sur–50, bloque 26–217, Medellín, Colombia. Este trabajo surge de la presentación que realizaron los autores en el segundo Seminario de Migración Internacional – Efectos de la globalización y las políticas migratorias– , Toluca, México, 2006.

–Introducción. – I. Desplazamiento forzado en Colombia. – II. Propiedad de la tierra en Colombia. – III. Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia. – IV. Desplazamiento forzado y concentración de la tierra: en busca de una relación. – Conclusiones y apuntes finales. – Anexos. – Bibliografía.

Primera versión recibida en febrero de 2007; versión final aceptada en mayo de 2007

Resumen: El desplazamiento forzoso es un fenómeno mundial que ha acompañado crisis políticas y sociales, relacionado, además, con el dominio del territorio por parte de los grupos inmersos en el conflicto. En Colombia, este fenómeno social se ha incrementado en los últimos años, junto con problemas agrarios, sociales y productivos. El objetivo de este artículo es analizar la relación existente entre el desplazamiento forzado y los procesos de concentración de la tierra en Antioquia entre 1996–2004. Se encuentra que existe una relación positiva entre propiedad de la tierra y desplazamiento forzado; en especial en Urabá y Oriente, subregiones antioqueñas con la producción agrícola más importante.
Palabras clave: desplazamiento forzado, propiedad de la tierra, economía agrícola.Clasificación JEL: D74, Q15, Q10.

Abstract: Forced displacement is a worldwide phenomenon related not only to political and social crisis in different countries, but also to the control of rural areas by armed groups involved in a conflict. Recently, in Colombia, this social phenomenon has dramatically increased together with agrarian, social, and productive problems. The aim of this paper is to analyze the relationship between forced displacement and land tenure in Antioquia in 1996–2004. It finds a positive and strong relationship between land tenure and forced displacement in Antioquia, especially in two of its most important agricultural regions: Urabá and Oriente.
Keywords: forced displacement, land tenure, agricultural economics.

Résumé: Le déplacement forcé est l– un des phénomènes mondiaux qui accompagne les crises politiques et sociales. Il est la conséquence du rapport des forces d– un conflit à l– intérieur d– un territoire. En Colombie, ce phénomène social s– accroit depuis plusieurs années et il est accompagné par des problèmes sociaux qui affectent le secteur agricole et le secteur productif. Cet article analyse la relation existante entre le déplacement forcé et les processus de concentration de la terra dans le Département d– Antioquia entre 1996 et 2004. Les résultats montrent qu– il existe une relation positive entre la propriété de la terra et le déplacement forcé, tout particulièrement dans les zones d– Urabá et d– Oriente. Ces zones sont les plus importants du Département en ce qui concerne la production agricole.
Mots clés: déplacement forcé, propriété de la terra, économie agricole.

Introducción

El desplazamiento forzoso es un fenómeno mundial que ha estado acompañado en diferentes países de crisis políticas y sociales, además de un sentido de dominio del territorio por parte de los grupos inmersos en el conflicto. Según el Banco Mundial, para 2005 Colombia junto con Sudán, Nigeria y República Democrática del Congo son los países con el mayor número de desplazamientos internos y estima que la migración forzosa ha provocado el abandonado de aproximadamente cuatro millones de hectáreas. El–Bushra, director del programa de investigación y políticas de Acord Agency for Cooperation and Research in Development evidencia que el desplazamiento forzoso en países africanos afecta en mayor proporción a mujeres, una disputa por el control del territorio y de la población civil. Existe una prolífera producción sobre el desplazamiento forzoso, de la cual sobresale el trabajo de Newman y Van Selm (2003) y otros informes elaborados por ONG, Naciones Unidas y entidades que tratan el tema de derechos humanos y conflicto armado. No obstante, la complejidad del problema hace que exista poca evidencia de modelos econométricos donde se explore una relación entre desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra.

El desplazamiento forzado y los procesos de concentración de la propiedad en Colombia son fenómenos sociales que se han incrementado de manera alarmante en los últimos años, resultado de luchas históricas por el poder y la acumulación de la riqueza. El Banco Mundial muestra para Colombia un índice Gini de concentración de 0,85 para 2005, esto, sumado a la dinámica del conflicto armado, la aparición de nuevos actores y móviles, la territorialidad de la lucha de poder y la irrupción de nuevos intereses geopolíticos, ahonda el desplazamiento en los territorios (según Acción Social, 2006, para 2001 y 2002, años de mayor ascenso de las cifras, habían 92.852 hogares desplazados en el país, algo así como 424.927 individuos); lo anterior evidencia la debilidad institucional, al no poder garantizarse la permanencia de los individuos en sus hogares, con graves consecuencias en la tenencia de la tierra y en la producción agrícola; asimismo, se convierte en una manifestación de la descomposición social que se gesta en el país.

La continua disputa entre diferentes actores del conflicto interno menoscaba el bienestar social de sus pobladores, provoca problemas agrarios que tienen su origen en altos niveles de concentración de la propiedad rural (por apropiación), rompe con las dinámicas sociales y productivas del país, y transforma el sentido de lo rural.1 Por esto desde cualquier campo de estudio, en particular desde la teoría económica, el desplazamiento forzado y su posible relación actual con la tenencia de la tierra son temas de alta complejidad, puesto que sobrepasan los supuestos de la teoría económica tradicional, al incluir factores que escapan a la comprensión de lo económico (Rojas, 1998); las causas y consecuencias del desplazamiento difieren de los procesos de migración económica considerados en la teoría convencional2 porque desaparece el sentido de la intencionalidad en la movilidad y, además, en los lugares de recepción, los desplazados asumen la condición de víctimas del conflicto , lo cual obliga a los gobiernos locales a su atención inmediata, generando fuertes presiones fiscales.

De lo anterior existen dos aspectos importantes de resaltar: en primer lugar, la posible relación directa entre desplazamiento y conflicto armado en el campo, hace del desplazamiento un fenómeno de interés para las ciencias sociales, en especial la economía; en segundo lugar, la innegable presencia de intimidación y miedo como motores del desplazamiento, por la cual los hogares no piensan su movilidad como opción libre para mejorar sus condiciones económicas y de bienestar, sino que son obligados a dirigirse a otros lugares donde, por lo menos, desaparezca el miedo a perder la vida.3

Acción Social estima que a noviembre de 2002, gracias a la agudización del conflicto armado, todos los departamentos del país presentan desplazamiento, sea como expulsores de hogares desplazados o como receptores de ellos; para junio de 2006, el número de desplazados en Colombia se ubica en 410.330 hogares, equivalente a 1.814.964 personas, provenientes de más de 1.000 municipios ubicados por todo el territorio nacional; en contraste, estudios realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y Corpoica (citados por Rosas, 2005) muestran que el porcentaje de propietarios de predios mayores a 500 hectáreas entre 1996 y 2001 ha permanecido constante (0,4%) pero ha aumentado la proporción de tierras en posesión (pasaron de tener el 44% al 61% de la superficie). El departamento de Antioquia, principal expulsor (16,7%) y receptor (14,5%) de individuos, es el mayor afectado por el desplazamiento forzado con 293.087 personas expulsadas, de las cuales un alto porcentaje argumenta tener algún vínculo con la tierra; esto puede explicar por qué las cifras de tenencia para Antioquia muestran que el 86% de los propietarios de predios menores a 10 hectáreas poseían el 15% del área total para 2004, lo cual evidencia que el encrudecimiento del conflicto armado posiblemente ha traído consigo un aumento en el índice de concentración de la propiedad rural (CISP, 2005).

Ahora bien, de manera análoga, incrementos en la concentración de la propiedad parecen estar relacionados con el conflicto armado y, en especial, con los móviles de intimidación a la población no partícipe, que ha traído consigo un aumento significativo de personas que abandonan sus tierras por causa de la violencia. Más aún, como lo demuestran Kirchhoff e Ibáñez (2001), los propietarios de tierras tienen mayor probabilidad de ser víctimas del desplazamiento, ya que con mayor frecuencia son amenazados por actores armados ilegales. Así, el desplazamiento se convierte en una estrategia de bajo costo para ocupar territorio, en especial si las personas que son intimidadas son propietarios de tierras de tamaño pequeño, puesto que estos cuentan con una capacidad limitada para adoptar medidas de protección, lo cual los convierte en blanco de amenazas de los grupos armados ilegales (USCR, 2001).

En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es analizar la relación existente entre el desplazamiento forzado y los procesos de concentración de la tierra en Antioquia en el período 1996–2004. Dicho análisis se aborda desde el índice de concentración de la propiedad Gini construido por Muñoz y Mora (2006) y Wolf (2004) y las cifras de desplazamiento otorgadas por el gobierno nacional a través de Acción Social. Se resalta que en Antioquia, a excepción de los trabajos mencionados, existe poca producción sobre el tema de concentración; es así como este artículo aporta a la literatura sobre desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra, relación que parece tener cuerpo en nuestro país, y especialmente en Antioquia.

El trabajo se divide en cinco partes: la primera es un recorrido por el desplazamiento forzado en Colombia; la segunda aborda el problema de la tierra en Colombia; la tercera pretende establecer la relación teórica para Antioquia entre desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra; la cuarta busca establecer una relación empírica del problema anterior; finalmente, se presentan los apuntes finales.

I. Desplazamiento forzado en Colombia

Aunque el desplazamiento producido por la violencia no es nuevo en el país, el conflicto armado y la lucha agraria que hoy se libra en los campos surgen, entre otros tantos factores, de luchas históricas de tierra irresolutas durante todo el siglo XX. Sin embargo, la magnitud y naturaleza del conflicto político en los últimos años hace que el país se encuentre a puertas de una crisis humanitaria. La ocupación territorial y el desalojo de población civil han sido y siguen siendo estrategias de guerra adoptadas por grupos armados para desocupar territorio (Ibáñez y Querubín, 2004), expandir sus áreas de control y adueñarse de manera violenta de propiedades agrícolas. Con el tiempo, los conflictos de tierra, la agudización del conflicto armado y la concentración de la propiedad adquieren nuevos matices gracias a la expansión del narcotráfico (Suárez y Vinha, 2003); LeGrand (1994) identifica que los cultivos ilícitos y los grupos armados predominan en zonas de frontera agrícola donde la presencia estatal es débil. Reyes (1993) y Castaño (1999) plantean que las regiones del país donde se ha agudizado el conflicto armado presentan una elevada violación de los derechos humanos, un mercado de tierras impulsado por la demanda de los narcotraficantes, una alta concentración de la tierra, un menor crecimiento económico, bajos salarios y mayores niveles de violencia. Así mismo, Fajardo (2002) demuestra que el desplazamiento es más frecuente en departamentos donde existe también una motivación por el control de recursos naturales y por la perspectiva de importantes inversiones.

Datos presentados por Acción Social para 2006 (ver gráfico 1) muestran un aumento a partir de 1999 en el número de desplazados individual y masivo, consecuencia del encrudecimiento del conflicto armado entre gobierno, grupos guerrilleros, autodefensas y narcotraficantes (los últimos tres clasificados como grupos armados ilegales). Este fenómeno se convierte en un problema económico y social; por un lado, la continua migración de personas provoca indudablemente una reorganización de la población, configurándose una nueva estructura rural y urbana, debido a que en los lugares abandonados se interrumpe el uso agrícola (en el peor escenario, la tierra es apropiada para otros usos por personas que permanecen en los lugares) incitando una reorientación productiva de dichas regiones. Por otro lado, el desplazamiento provoca en los individuos una pérdida de identidad social, al verse avocados de forma obligatoria a cambiar su cotidianidad de manera repentina, intentando adaptarse a una nueva dinámica de subsistencia poco común a sus costumbres.4

Fuente: Acción Social, 2006.

Gráfico 1. Colombia: evolución del desplazamiento forzado, 1995–2006

Para entender el fenómeno del desplazamiento es necesario identificar quiénes son los victimarios o causantes. En primera instancia, el desplazamiento forzado es resultado de la lucha de poderes políticos que ha acompañado la historia colombiana; sin embargo, la dinámica del conflicto ha evolucionado de tal manera que es difícil identificar las verdaderas causas y autores,5 donde el sentido estratégico militar de control del territorio es una fachada que encierra una contrarreforma agraria6 que disfraza la apropiación de la tierra por medio del desplazamiento de sus dueños (Machado, 1998).

Lo anterior se corrobora con las cifras de Acción Social (2006) y una revisión bibliográfica del desplazamiento forzoso en Colombia. Para 1999, más del 80% de los desplazados afirman desconocer quién los había desplazado;7 el principal argumento puede ser el temor a represalias; algo similar ocurre en los años siguientes, para 2000 y 2001, aproximadamente el 91% de los desplazados no sabía o no tenían información (no deseaban expresar) sobre los autores de su movilidad. Nótese, también, que el papel de las fuerzas armadas no cobra relevancia en el período de estudio, esto podría deberse al posible sesgo en el manejo de los datos por parte del gobierno y a que los desplazados tienen incentivos para no revelar este tipo de información porque podría estar en juego la ayuda recibida por parte del gobierno8 (ver gráfico 2).

Fuente: Acción Social, 2006.

Gráfico 2. Colombia: autores del desplazamiento, 1995–2006

Una posible explicación del miedo en denunciar al causante, y que muestra una evolución del desplazamiento como una manera de apropiarse del territorio, es el creciente número de narcotraficantes (quienes aprovechando la coyuntura actual del conflicto se valen de ejércitos privados para desplazar campesinos) deseosos de adquirir tierra no solo como forma de lavado de activos, sino como una manera de obtener un estatus de poder y respeto (Contraloría General de la Nación, 2005).9 Lo anterior se sustenta por el incremento en los desplazamientos individuales que se intensificaron a partir del 2000 y 2001,10 es decir, no es resultado de intimidaciones colectivas sino selectivas, lo que podría dar cuenta del conflicto político como fachada para otros fines económicos. Según Acción Social, para 2002, de los aproximadamente 90.000 hogares desplazados solo cerca de 10.000 fueron masivos, los demás corresponden a migraciones individuales; este comportamiento se mantuvo en el período de estudio (ver gráfico 3).

Fuente: Acción Social, 2006.

Gráfico 3. Colombia: modalidad de desplazamiento de los hogares, 1995–2006

Aunque el desplazamiento se ha presentado en casi todo el territorio nacional de manera continua, su distribución al interior es desigual, porque se concentra de manera incierta en un solo departamento: Antioquia;11 esta región, que cuenta con alto potencial productivo, atractivo para narcotraficantes y grupos ilegales, concentra cerca del 17% de los desplazamientos forzosos de Colombia (ver gráfico 4). Esto trae consigo una reconfiguración poblacional al interior del departamento, en especial de los centros urbanos, por el surgimiento de barrios marginales, redes de miseria y de pobreza, donde la atención que brinda el gobierno a familias desplazadas es insuficiente, más aún cuando el incentivo de ayuda que ofrece a personas desplazadas provoca en algunos individuos un móvil para trasladarse de un lugar a otro.

Fuente: Acción Social, 2006.

Gráfico 4. Colombia: departamentos expulsores y receptores de hogares desplazados acumulado, 1995–2006

II. Propiedad de la tierra en Colombia

La propiedad rural en Colombia ha sido un concepto clave, en especial si la tierra se aprecia como riqueza acumulativa de los individuos y no como factor de producción, adquiriendo un poder no solo social sino político (Contraloría General de la Nación, 2005). Esto les permite obtener un título de señor que confiere respeto e influencia, así el dinero sea proveniente de actividades ilícitas. La compra de tierras por narcotraficantes ha contribuido a elevar la concentración de la propiedad mediante transacciones realizadas en los llamados paraísos fiscales, donde virtualmente se hace imposible rastrear la procedencia del dinero (Herrera, 2005). Asimismo, ellos financian ejércitos privados que ayudan y promueven el desplazamiento forzoso de individuos, que, sin otra opción, prefieren vender sus tierras que perder la vida. Consecuente con lo anterior, la estructura de tenencia y productividad agrícola colombiana cede a las presiones de grupos ilegales que promueven la producción de cultivos ilícitos en zonas de frontera agrícola; esto provoca distorsiones como: un tope de ganancia exagerado y salarios elevados, comparados con la economía tradicional campesina, lo cual ocasiona una reorganización productiva en el sector rural.12

Este efecto repercute en los índices de concentración de la propiedad; esto se manifiesta en la cifra del coeficiente Gini, que para el país es de 0,85; dato alarmante si se añade que en 1996 el 0,4% de los propietarios (para predios mayores a 500 hectáreas) poseían cerca del 44,6% del área rural; para 2001, el mismo porcentaje de propietarios (0,4%) controlaban el 61,2% de la superficie, mientras que los pequeños propietarios tienden a un fenómeno de atomización.13 Esto no solo conduce a una estructura de propiedad polarizada en su interior llamada bimodal ,14 sino a permanentes conflictos y discriminaciones por parte del Estado en la aplicación de instrumentos y políticas,15 que promueven la conformación de pequeñas propiedades, las cuales con el tiempo disminuyen el nivel de ingresos de los campesinos y profundiza la pobreza rural.

Es así como la creciente apropiación de tierras por parte del narcotráfico ha elevado la concentración de la propiedad, recomponiendo el latifundio y contribuyendo, además, al desplazamiento forzoso de los campesinos hacia ciudades y sitios de colonización (Contraloría General de la Nación, 2005). En este aspecto, en Colombia existen solo algunos estudios que pretenden establecer la relación entre desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra; dos representativos son el elaborado por Gutiérrez (2004)16 Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San Pablo (sur de Bolívar) y el estudio realizado por la CISP (2005) Efectos económicos del desplazamiento forzado en Colombia: departamentos de Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca 1997–2004 , donde de forma teórica ambos estudios identifican una relación entre desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra a partir de bases de datos. Otros estudios realizados por Ibáñez y Vélez (2003) e Ibáñez y Querubín (2004), construyen modelos de cambios en el bienestar y de retorno de las personas desplazadas, con una aproximación teórica a la relación que pueda existir con la tenencia de la tierra; donde reconocen que esta relación puede existir.

Ahora bien, Antioquia es una zona con potencial productivo que históricamente ha albergado una cantidad representativa de narcotraficantes, lo cual en parte puede explicar por qué es el principal departamento con desplazamiento forzoso, atendiendo quizá la apreciación de la Contraloría General de la Nación (2005), sobre el hecho que existen fuertes lazos entre concentración, desplazamiento forzoso, narcotráfico y zonas con potencial productivo o de infraestructura.

A continuación, se hará un recorrido por la situación del desplazamiento al interior del departamento tratando de dilucidar los principales determinantes y comportamientos.

III. Desplazamiento forzado y propiedad de la tierra en Antioquia17

La existencia de una relación entre desplazamiento forzoso, concentración y zonas con alto potencial productivo parece tomar cuerpo en Antioquia. Este departamento cuenta con el mayor número de episodios de desplazamiento, los cuales vienen creciendo continuamente con la agudización del conflicto armado (ver gráfico A1 en el anexo); las cifras de Acción Social (2006) lo muestran como el primer departamento causante de desplazamientos, con un porcentaje de individuos expulsados de 16,74%;18 además, el 89% de los hogares desplazados reporta algún tipo de vínculo con la tierra en el momento de la expulsión,19 confirmando la relación que existe entre las personas desplazadas y las actividades del sector agrícola (CISP, 2005). Como complemento, en el período 1996–2004 se observa un proceso de concentración de la propiedad de la tierra y una atomización de los minifundios. Para 1996, el 86,4% de los propietarios poseían predios de menos de 20 has. y ocupaban el 17,8% del área total, mientras el 2,9% propietarios de predios mayores a 100 has. poseían el 51,2%; para 2004, propietarios de predios menores a 10 has. (86%) se reparten el 15% del área y los dueños de predios mayores a 100 has. (3%) concentran el 55% del territorio (ver tabla A1 en el anexo).

Así mismo, estudios realizados por CISP (2005) afirman que del total de personas desplazadas en Antioquia el 49% son dueños, 17,8% son arrendatarios, 14,2% tenían posesión sobre la tierra, el 5,8% eran colonos, el 4,4% tenían carácter de propietarios colectivos y el 8,6% manifestó otro tipo de tenencia que no se logró identificar. Estas cifras evidencian dos problemas: (i) el desplazamiento forzoso se acentúa en individuos vinculados con la tierra y (ii) la debilidad en la definición de los derechos de propiedad rural (CISP, 2005); lo anterior se refleja en el elevado índice de concentración Gini para el año 2005 de 0,82.

De lo anterior puede argumentarse que el desplazamiento forzoso ha funcionado como catalizador de la concentración de la propiedad rural, que, de alguna manera, ha influido la tendencia hacia una estructura de propiedad conformada por latifundios; ahora, la tenencia de la tierra compuesta por predios cada vez más extensos ha llevado a una transformación productiva orientada hacia la ganadería extensiva que ha imposibilitado un uso productivo adecuado (Muñoz y Mora, 2006); con lo cual la producción agrícola de autoconsumo recae en los minifundios, cuyos propietarios son las personas más afectadas por el desplazamiento forzoso.

Se puede decir, entonces, que en el período 1996–2004 en Antioquia se ha visto una polarización de la estructura de la propiedad de la tierra, la cual evidencia la inefectividad de las políticas que se han llevado en el departamento para provocar cambios estructurales en la tenencia de la tierra. Al respecto Machado y Suárez (1999) comentan como Colombia durante más de 35 años ha hecho tímidos y débiles ensayos para reformar la tenencia de la tierra, todos ellos sin éxito. Dichos esfuerzos, continúan los autores, no han logrado una transformación significativa en la estructura de la propiedad ni han creado condiciones para transformar la base productiva, de modo que mejore la actual situación del mercado productivo agrícola. Esto obliga a la necesidad de desarrollar mecanismos especiales de titulación que garanticen la protección de la tenencia (Ibáñez y Vélez, 2003).

Para elaborar un análisis que comprenda la situación en Antioquia se parte del ordenamiento que realiza la Gobernación de Antioquia en nueve subregiones: Valle de Aburrá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, Occidente, Oriente, Norte, Urabá y Suroeste, cada una de ellas con diferentes características productivas. Entre ellas se resaltan Urabá, por su localización y alta producción de banano de exportación, y Oriente, donde se ubica el mayor porcentaje de generadoras hidroeléctricas; lo significativo es que estas dos subregiones con alto potencial productivo aportan ambas casi el 60% (35,7% y 20,3%, respectivamente) de individuos y hogares expulsados del departamento (ver gráfico 5).

Fuente: Acción Social, 2006.

Gráfico 5. Antioquia: subregiones expulsoras, 1995–2006

La subregión del Oriente, compuesta por 23 municipios, es una de las más afectadas por el conflicto armado interno (la primera región expulsora del departamento con 35,7%), especialmente por la permanente disputa entre los distintos grupos armados por el control del corredor vial Medellín–Bogotá, estratégico para la comercialización de productos (CISP, 2005); así mismo, esta subregión concentra el 35% de la generación hidroeléctrica del país.20 Este hecho puede explicar el riesgo inminente de desplazamiento en el que viven sus pobladores, en especial en tres municipios: San Carlos, Granada y Cocorná, que agrupan cerca del 50% de las expulsiones (18,6%, 14,6% y 14%, respectivamente). En cuanto al abandono de tierras, Oriente aporta el 6,7% del total del departamento (equivalente a 1.464,2 has), y en especial tres municipios (San Luís, San Carlos y San Francisco con 33%, 20,9% y 14,9%, respectivamente) aportan cerca del 69% de la subregión.

Consecuencia de ello, entre 1996 y 2003 se ha incrementado el coeficiente Gini de concentración de la propiedad de la tierra de 0,68 a 0,72. Esta subregión comprende una parte cercana al área metropolitana con municipios de bajo porcentaje de expulsiones, que en los últimos años ha presentado un creciente fenómeno de urbanismo, lo cual parece haber influido en la estructura de propiedad, pues para el 2004 el 94% eran dueños del 40,3% del territorio; otra parte está compuesta por municipios con grandes inversiones en infraestructura hidroeléctrica, donde se concentran los principales problemas de expulsión (ver tabla A7 en el anexo) obedeciendo a la idea que brinda la Contraloría General de la Nación (2005), Ibáñez y Querubín (2004), Herrera (2005), entre otros, de cómo los actores del desplazamiento forzoso prefieren zonas con alto potencial productivo.

La subregión de Urabá, compuesta por 11 municipios, es una zona estratégica como canal de transporte marítimo, con un alto potencial productivo y de comercio, donde se concentra parte de las mejores tierras del departamento; situación que determina la confluencia de múltiples intereses nacionales y transnacionales, fundamentales en lo económico, político y militar (CISP, 2005). Urabá es la segunda subregión con mayor porcentaje de expulsados (20,3%), concentrados en Apartadó, Turbo y Mutatá (21,4%, 19,2% y 13,4%, respectivamente), con cerca del 54%, así como con mayor abandono forzado de tierras, 15,2% del total departamental, equivalentes a 3.336,4 has., donde sobresalen Mutatá, Apartadó y Turbo con cerca del 74% del total de Urabá (37,3%, 18,5% y 17,6%, respectivamente).

Evidencia de lo anterior, el coeficiente de concentración Gini refleja un proceso marcado de latifundismo; entre 1996 y 2004 el índice muestra cifras por encima de 0,73. Quizá por ser la zona con cerca del 55% de la producción total del departamento, que concentra la producción de banano de exportación, siempre ha estado caracterizada por ser apetecible para la adquisición de tierras.21 Esto puede explicar por qué el 89,5% de la superficie rural está en manos del 34,6% de los medianos y grandes propietarios; aunque la pequeña propiedad aumenta en superficie, pasando de 7,8% en 1995 a 10,5% en 2004, se compensa por el incremento del número de propietarios, aproximadamente 10,6%, lo que hace que en términos reales no se presenten cambios estructurales.

La tercera subregión en orden de expulsión es Occidente, con una participación de 12,8%, compuesta por 20 municipios, la cual cuenta con gran importancia geográfica que recae básicamente en el Nudo de Paramillo, donde muere la cordillera Occidental y nacen las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, así como los ríos Sinú y San Jorge. Esta particular condición topográfica de la Subregión le permite a los grupos ilegales dominar un amplio corredor estratégico, que abarca gran parte del noroccidente colombiano, además la convierte en escenario privilegiado para la siembra y procesamiento de cultivos ilícitos (CISP, 2005).

Lo anterior son argumentos de peso para entender por qué es la primera subregión en tierras abandonadas de manera forzosa, con un 51,9% del total departamental. Con una extensión de 11.358,8 has., el municipio de Buriticá aporta el 92,3% de la subregión con 10.479 has., sin embargo, este municipio es el cuarto en participación (10,4%), detrás de Frontino, Dabeiba y Peque (27,2%, 26,1% y 21,4%, respectivamente), en cuanto al número total de desplazamientos forzosos del Occidente (entre los cuatro concentran el 76%). En contraste, entre 1996 y 2004 ha aumentado la apropiación de tierras por parte de los grandes terratenientes; para 1996 el 1,4% de los propietarios de predios mayores a 200 has. poseían el 37% de la tierra; en 2004 el igual número de propietarios poseía un 40% del total; mientras el número de hectáreas en manos de los pequeños y medianos propietarios ha disminuido, consolidando el latifundio (ver tabla A11 en el anexo). Por esto, Occidente es la subregión con el mayor índice Gini de concentración del departamento, al pasar de 0,77 a 0,82 entre 1996 y 2004.

La subregión de Bajo Cauca compuesta por 6 municipios22 es la primera en extracción de oro a nivel departamental, hecho que ha determinado históricamente la dinámica de su configuración subregional (CISP, 2005). Esta subregión expulsa el 9,1% del total de personas del departamento, donde los municipios que concentran la extracción aurífera (Bagre, Tarazá y Zaragoza) son los principales expulsores (42,3%, 26,1% y 10%, respectivamente) de la subregión con el 78,4% del total. No obstante, su participación en el número de tierras abandonadas es 2,1% del total departamental, correspondiente a 468 has., de las cuales el municipio de Nechí, con 246 has., concentra el 52,6% del total subregional (CISP, 2005).

En esta subregión es evidente el proceso de concentración, donde el coeficiente Gini pasó de 0,61 en 1994 a 0,74 en el 2004; en cifras, el 52% de los propietarios de la mediana y gran propiedad poseen el 97,9% de la superficie, mientras el 2,1% del área la conservan los pequeños propietarios con un 48%. Tal proceso de concentración obedece a que la destinación económica de los predios es para la minería y la ganadería extensiva, actividades que se constituyen generalmente en grandes extensiones de tierra que van deteriorando los suelos causando perjuicios a la productividad de la subregión por la relocalización de cultivos (Muñoz y Mora, 2006).

La subregión del Suroeste compuesta de 23 municipios con vocación cafetera, se ha convertido en zona de disputa territorial, por los corredores estratégicos que conforman los municipios de Montebello, Salgar, Betulia y Urrao, dando pie a constantes asesinatos selectivos, amenazas, masacres y bloqueos económicos (CISP, 2005). Urrao y Betulia abarcan un porcentaje de expulsión cercano al 57% del total subregional (47% y 10%, respectivamente); además, Urrao es el municipio que aporta mayor participación en el abandono de tierras ligado al desplazamiento forzoso con el 67,4% del total subregional; aunque el Suroeste solo desplaza el 5,5% del total departamental y aporta sólo el 1% del total departamental de tierras abandonadas con 209 has.(CISP, 2005).

Respecto a la evolución en la tenencia de la propiedad de la tierra, entre 1996 y 2004 (ver tabla A15 en el anexo) se observa una paulatina disminución de los pequeños propietarios (de 92,2% pasaron a ser 91,3%) que no compensa en proporción la variación en la cantidad de tierra (pasó de 31% a 24,8% de la superficie); en cuanto a los medianos propietarios pasaron de 7,3% a 8% y la cantidad de tierras pasó de 44,7% a 41,3%; lo anterior a favor del aumento en el latifundio (el número de grandes propietarios pasa de 0,5% a 0,7%, mientras que la superficie pasa de 24,3% a 33,9%). Entonces, el índice de concentración Gini en este periodo aumenta al pasar de 0,76 a 0,8 siendo esta subregión la segunda en orden de concentración de la propiedad.

La subregión del Norte, compuesta por 17 municipios, donde se concentra la producción de leche del departamento,23 desplaza el 5,5% del total departamental. Sobresale Ituango, que representa el 59% subregional; según CISP (2005) este municipio se ha visto golpeado por una serie de acciones bélicas por parte de los actores armados ilegales que han afectado la situación de orden público desde los años ochenta. Esto corrobora por qué el abandono de tierras como consecuencia del desplazamiento forzado en Ituango representó el 77,6% subregional, lo que equivale a 1.189 has. (para el Norte la participación en el total departamental es 7%, con 1.531,5 has.).

En cuanto a la evolución de la tenencia de la propiedad, entre 1996 y 2004 (ver tabla A13 en el anexo) la subregión muestra una disminución de la superficie para pequeños y medianos propietarios, la cual pasó de 25,9% a 15,9% de 51,9% a 40,7%, respectivamente, en cuanto a las grandes extensiones de tierras pasan del 22,2% al 43,5% en manos del 1,5% de los propietarios; motivo que ha provocado un aumento en el índice de concentración Gini en este periodo al pasar de 0,69 a 0,79.

La subregión del Nordeste está compuesta por diez municipios, caracterizados por la riqueza en recursos auríferos, explotación de recursos naturales y presencia de cultivos ilícitos (CISP, 2005); su ubicación representa corredores estratégicos que permiten el intercambio con el Magdalena Medio, Norte, Oriente, Nordeste y sur de Bolívar. Esta subregión desplaza el 4,7% del total departamental, donde Anorí y Segovia son los municipios con mayor participación (18% y 14%, respectivamente). No obstante, se abandonaron por causa del desplazamiento 582 has., equivalentes el 2,7% del total departamental. Una vez más, resulta interesante destacar la alta concentración del fenómeno en un sólo municipio (San Roque), que contribuye con el 94,3% (548 has.) al total subregional.

La evolución de la tenencia de la propiedad para el Nordeste entre 1996 y 2004 (ver tabla A17 en el anexo) muestra que los pequeños propietarios (66,7%) para 2004 solo poseen 7,9% de la superficie mientras que los medianos (29,5%) y los grandes (3,8%) acaparan una mayor participación, 44,3% y 47,8%, respectivamente. Este claro proceso de concentración puede deberse a un proceso de reconversión agrícola hacia haciendas ganaderas (Muñoz y Mora, 2006); en la actualidad ocupan el renglón económico fundamental de esta subregión, motivada en gran parte, desde fines de la década de 1960, por el narcotráfico, que empezó a instalar allí sus bases para invertir las grandes fortunas provenientes del negocio en la compra de tierras, fortaleciendo con ello la tendencia a la concentración de ésta. Por lo anterior, la evolución del índice de concentración Gini es creciente entre 1996 y 2004, al pasar de 0,76 a 0,79.

La subregión del Magdalena Medio, compuesta por 6 municipios, cuenta con una posición estratégica como zona de enlace entre diferentes departamentos y ciudades del territorio nacional; donde la disponibilidad de recursos naturales y el potencial económico han dado pie a la implementación de mega explotaciones y al incremento de la inversión pública y privada como una estrategia de integración de redes del mercado nacional y local (CISP, 2005). No obstante, solo desplaza el 4,3% del total departamental, el cual se concentra en un 72% en el municipio de Yondó. Aunque esta subregión no genera un mayor impacto en el desplazamiento, es la tercera más afectada con 2.233 de has. de tierra abandonadas entre 1997 y 2003, es decir, el 10,2% del total departamental. Como ocurre en Occidente, también se presenta aquí una alta concentración del fenómeno en un solo municipio, Yondó,24 con el 94% (2.100) de las hectáreas abandonadas a nivel subregional (CISP, 2005).

Lo anterior puede responder por qué en esta zona su mayor porcentaje de la superficie está en manos de los grandes propietarios (7,8% de los propietarios en 2004 son dueños del 51,6% de la superficie);en contraste, los pequeños propietarios (58,2%) poseen el 4% de la tierra (ver tabla A12 en el anexo) y los medianos propietarios que constituyen el 34% ocupan el 44,4% de la superficie; importante argumento que explica el aumento en el índice de concentración Gini entre 1996 y 2004 de 0,72 a 0,75.

Por último, la subregión del Valle de Aburrá, que comprende 10 municipios que componen el área Metropolitana, presenta el menor porcentaje de expulsiones del departamento con 2,7%, junto con el más bajo índice de concentración Gini que pasó entre 1996 y 2004 de 0,7 a 0,66. Esto se debe a que el proceso de urbanismo que se gesta en esta zona ha llevado a una distribución más equitativa que el resto de las subregiones. Lo preocupante de esta región no es la expulsión ni la concentración de la propiedad ni mucho menos el número de tierras abandonadas (3,2% equivalente a 711 has.), sino el número de individuos desplazados que alberga, cercano al 40%, y si añadimos Oriente y Urabá cerca del 80% (ver gráfico A2 en el anexo), lo cual la convierte en la segunda región receptora de población en condiciones de desplazamiento por violencia, proveniente de todas las regiones del país y del departamento. De allí que en esta región han sido expulsadas 7.727 personas y han llegado 80.160 entre 1997 y 2005 (CISP, 2005), aumentando así las estadísticas sobre desempleados, empleos informales, deserción escolar, indigencia y violencia y sumado a esto, las dificultades que se enfrentan al tener que sobrevivir en una ciudad ajena y hostil.

Esta reconfiguración política del Departamento, puede verse mejor si se tiene en cuenta el porcentaje que representan los individuos expulsados del total de la población (ver gráfico A3 en el anexo); para Urabá representa un 23,8%, para Bajo Cauca un 23,2% y para Oriente un 19,9%. Esto ejemplifica la dinámica poblacional y la problemática social que se representa al interior del departamento y que conduce de forma ineludible a serios problemas regionales que involucran la reconfiguración económica y social (sistemas productivos que no requieren mano de obra obligan no solo al desplazamiento forzado por intimidación sino por falta de oportunidades laborales)(ver gráfico 6).

Fuente: CISP, 2005.

Gráfico 6. Antioquia: proporción de tierras abandonadas por subregiones, 2005

IV. Desplazamiento forzado y concentración de la tierra: en busca de una relación

El desplazamiento forzado, como se ha tratado en los apartados anteriores, es el resultado de múltiples efectos políticos, históricos, culturas y militares que lo hacen difícil de abordar desde una relación simplista de unicausalidad. En ese sentido, el establecer una relación directa con la concentración de la propiedad puede parecer ingenuo en primera instancia al no poder controlar otros factores que intervienen en la dinámica de este fenómeno, y no determinar de manera precisa la causalidad entre ambas variables. No obstante, en un sentido exploratorio, se indaga sobre la relación que podría existir entre estas variables en el período 1997–2004, a partir de los datos obtenidos de Acción Social y catastro departamental.

Para aproximarse a la posible relación entre desplazamiento forzado y concentración de la tierra se hicieron dos procedimientos: análisis descriptivo y econométrico. En primer lugar, se calcularon las correlaciones y las covarianzas de ambas series para determinar el grado de relación; según los resultados, entre las dos variables existe una relación negativa con un índice de correlación y covarianza de –0,036 y –9,35, respectivamente (ver tabla A21 en el anexo).

En la segunda parte del análisis se intentó explorar una relación a partir de la técnica de datos de panel donde se incluye en una misma estimación las nueve subregiones en el tiempo. La estimación busca establecer de forma empírica lo planteado en acápites anteriores sobre cómo el fenómeno de desplazamiento parece estar relacionado con la variable tenencia de la tierra, representada por el índice de concentración Gini de la propiedad rural; el periodo elegido toma en cuenta los años en los que se recrudece el conflicto y se dispara el desplazamiento forzoso. Años anteriores no poseen información confiable o completa para la región. En principio, se espera que la variable Gini afecte de manera positiva el desplazamiento, bajo el supuesto de que el recrudecimiento del conflicto, como se expresó anteriormente, está relacionado con la concentración de la propiedad rural en Antioquia y en especial en cada una de las nueve subregiones.

El modelo a estimar es el siguiente:

DESPLit = αi + β1iGINIit + β2iDummy2001 + εit

donde i = Valle de Aburrá, Urabá,..., Bajo Cauca y t = 1997,1998,... ,2004

Después del análisis individual de los datos, se descubrió que en el año 2001 todas las regiones muestran un incremento inusitado en la cifra de desplazamiento, por tanto, se incluyó una variable dummy que trata de capturar los efectos de ese año que se explica en gran medida por la ruptura de la zona de despeje y la intensificación de los conflictos. La estimación25 fue significativa, no obstante, no puede perderse de vista que desde la misma naturaleza del fenómeno del desplazamiento esta estimación es una simple aproximación que no logra captar la multidimensionalidad del problema; por tanto, aunque el ejercicio desde el punto de vista estadístico es significativo es necesario ahondar su lógica en el plano teórico. Los resultados se encuentran en la tabla 1.

Tabla 1. Estimación del modelo datos agregados26

Estadístico t entre paréntesis.

Fuente: Cálculos propios.

El modelo concluye que el efecto marginal del Gini sobre el desplazamiento es positivo en todas las subregiones del departamento, además, el 2001 se constituye como un año donde el comportamiento de los desplazados aumentó en todas las subregiones del departamento; es decir, que los efectos del fin de la zona de despeje y demás tensiones políticas que se vivieron en ese año repercutieron positivamente en el número de personas que tuvieron que dejar su tierra. A nivel subregional, se encuentra que Urabá y Oriente, como era de esperarse, se comportan por encima del promedio de las otras regiones del departamento, seguidos del Valle de Aburrá; para las demás subregiones es negativa, esto quizá complementa la idea que es necesario tener en cuenta otras variables para estimar una relación econométrica entre el desplazamiento y la concentración de la propiedad (ver tabla A20 en el anexo). Sin embargo, este primer ejercicio teórico es un insumo válido para continuar el análisis en la misma dirección, elaborando modelos separados por subregión que permitan observar situaciones particulares de los municipios y de las características particulares de las regiones. Asimismo, es importante resaltar que para el Oriente, el modelo propuesto no logra capturar en gran medida la variabilidad de la variable dependiente, por tanto, la relación propuesta para esta subregión debe ser controlada por otros factores (ver gráfico A6 en el anexo).

Conclusiones y apuntes finales

Uno de los resultados que salta a la vista del análisis realizado en los apartados anteriores es la peculiaridad tanto en estructura de propiedad como en el fenómeno de desplazamiento de dos regiones específicas: Urabá y Oriente; la primera se constituye como una de las subregiones antioqueñas con la más importante producción agrícola, además, cuenta con un desarrollo urbano y en sistemas productivos que la posicionan entre las regiones con mayor competitividad del país. El Oriente, por su parte, ha tomado en los últimos años un matiz turístico y urbanístico que se evidencia en el incremento de los minifundios, lo cual se refleja en la desconcentración de la propiedad rural, entre 1996 y 2004, hacia un mayor número de propietarios con predios pequeños.

Además, después de hacer un repaso por la magnitud del desplazamiento y sus relaciones con la tenencia de la tierra, surge una primera cuestión que debe ser tenida en cuenta en la gestión pública en Colombia; debe considerarse el desplazamiento forzado síntoma de una crisis humanitaria que afecta en particular al sector rural, a la producción agrícola y a las estructuras de tenencia de la propiedad no solo en Antioquia, sino en todo el país, con consecuencias en los centros urbanos: redes de miseria, desigualdades sociales y perpetuación de la pobreza en el país. Por esto, se recomienda como necesario realizar otra lectura de los datos presentados por el Gobierno y las entidades a cargo, es decir, se debe realizar un análisis desde el deseo de retorno de las personas desplazadas, porque esto permite vislumbrar un asunto que no se trató en el presente trabajo, y es el relacionado con la permanencia.

Otro aspecto que surge como consecuencia del desplazamiento es la presión de los grupos de interés para que los desplazados no revelen los victimarios, es decir, el manejo de los datos del desplazamiento necesariamente está cruzado por variables que no permiten dimensionar el problema en toda su extensión, es decir, pueden estar ocultando un problema estructural agudo respecto a las nuevas modalidades o móviles del desplazamiento como el narcotráfico y los grupos armados ilegales que surgen como consecuencia de actividades ilícitas. Pero, también, existen casos donde los individuos desplazados ven en la ayuda estatal un móvil de desplazamiento a las ciudades en busca de oportunidades que el sector rural no les ofrece.

Es así como el desplazamiento trae consigo un abandono de la tierra y una posibilidad para que los grupos de interés se apropien de ella aprovechándose de la debilidad de las instituciones de control catastral, y la sospechosa flexibilidad constitucional para la titulación de las tierras baldías. Esto ocasiona que se use el desplazamiento como una manera de apropiarse de la tierra, apareciendo con esto nuevos actores que están por fuera del conflicto político, pero que lo utilizan como fachada para justificar sus actos.

En conclusión, se encontró que existe una relación entre la propiedad de la tierra y el desplazamiento forzado en Antioquia sustentada en datos que demuestran como a medida que aumenta el número de personas desplazadas, aumenta la concentración de la propiedad de la tierra con los consecuentes efectos negativos sobre la producción agrícola y la población rural. Evidencia de ello es el hecho de que subregiones donde hubo mayor desplazamiento aumentó la titulación de la propiedad rural. Sin embargo, se cree que es necesario elaborar a futuro un análisis complementario en algunos municipios donde, parece ser, recae con mayor fuerza el problema del desplazamiento, lo cual puede obedecer a dinámicas particulares de los municipios. Así mismo, el desplazamiento forzado debe ser tratado con mayor importancia desde la economía para establecer sus implicaciones en lo productivo no solo en Antioquia sino en Colombia.

Anexos27

Fuente: Acción social, 2006.

Gráfico A1. Antioquia: número de individuos expulsado, 1995–2004

Fuente: Catastro Departamental, 2006.

Fuente: Catastro Departamental y cálculos propios.

Fuente: Acción Social, 2006, Gobernación de Antioquia.

Gráfico A2. Subregiones receptores acumulado 1995–2006

Fuente: Acción Social, 2006, Gobernación de Antioquia.

Gráfico A3. Porcentaje población rural desplazada. Subregiones, 1995–2006

Fuente: Acción Social (2006).

Gráfico A4. Antioquia: actores del desplazamiento, 1995–2006

Fuente: Catastro Departamental, 2006. Acción Social, 2006.

Gráfico A5. Oriente y Urabá: área del terreno catastral y desplazados

Fuente: cáclulos propios.

Gráfico A6. Residuales (Residual), estimaciones (Fitted) y series reales (Actual)

Notas

1 Esta reconfiguración económica y social del territorio se convierte en punto débil y vulnerable de la sociedad y el gobierno. Detrás del desplazamiento hay un sentido de abandono y desarraigo de los individuos, quienes se ven obligados a asumir una nueva lógica de supervivencia en un espacio donde su condición de foráneos aísla su ciudadanía y les otorga el derecho a no tener derecho, mientras sus tierras son apropiadas de manera legal o ilegal, lo cual influye en el reordenamiento de la propiedad rural y de las actividades productivas. En Colombia, este fenómeno del desplazamiento se ha abordado desde diferentes ciencias sociales: la sociología, la antropología, el derecho y la economía; sin embargo, en este artículo nos interesa ahondar solo en las repercusiones económicas, sin olvidar que el desplazamiento es un fenómeno muy amplio que debe considerar diferentes puntos de vista.

2 En un sentido económico, el desplazamiento de individuos, según la teoría tradicional migratoria, es generalmente impulsado por criterios como mejores condiciones económicas y la movilidad laboral que constituyen la intencionalidad de los individuos para desplazarse de un lugar a otro y no la intimidación, la amenaza y el temor que se constituyen como ejes centrales para la actual migración (Vargas, 1997).

3 El desplazamiento representa una catástrofe y una experiencia traumática en la vida de las familias afectadas y en cada uno de sus miembros; aqueja con mayor intensidad a menores y niños en quienes genera, entre otros, trastornos adaptativos y síndromes depresivos, y a mujeres en quienes por la gravedad de su situación solas en la conducción de la familia desplazada en un entorno desconocido y hostil produce severas alteraciones de personalidad (Arias, 2003).

4 Sin embargo, municipios y ciudades que reciben a la población desplazada no solo deben garantizarle atención inmediata sino también condiciones suficientes para su permanencia o retorno.

5 Evidencia que soporta esta afirmación es los datos que presenta Acción Social (2006) que muestran un alto porcentaje de individuos (en el caso de Antioquia cerca del 90%) que no identifican o no suministran información de quién o quiénes fueron los causantes de su desplazamiento.

6 Este argumento es defendido por Strouss de Samper (2005, p. 29) en su documento Protección de bienes patrimoniales de la población desplazada , donde afirma: Es claro, en primer lugar, que en los últimos años y como consecuencia del conflicto armado y el desplazamiento de la población civil inocente que se vive en muchas regiones del país, se ha producido un fenómeno de concentración de tierras, una especie de reforma agraria al revés, que logró revertir los índices de democratización en el reparto de tierras conseguidos por cuenta de los procesos anteriores de reforma agraria a cuenta gotas .

7 Las seis categorías empleadas por Acción Social para clasificar el actor causante del desplazamiento incluye: guerrilla, autodefensas o paramilitares, fuerza pública, sin información y no sabe no responde.

8 Así mismo, no puede perderse de vista las implicaciones que tiene desde los grupos de interés político la reducción de los desplazados como una variable de gobernabilidad.

9 Un factor adicional importante, y que se trabajará más adelante, es la relación existente entre desplazamiento forzoso y zonas con mayor desarrollo agrícola y con alto potencial productivo (Herrera, 2005), en especial, donde existen proyectos de construcción de infraestructura o estratégicos para los gobiernos.

10 En 2001 se da por terminada la zona de distensión que proveía a grupos guerrilleros una considerable cantidad de territorio, libre de presencia estatal, con el fin de entablar diálogos de paz con la guerrilla de las FARC; al culminar el despeje militar del gobierno del presidente Pastrana, las facilidades terminaron y consigo se encrudeció el conflicto.

11 De aquí surgen varios interrogantes sobre este acontecimiento: ¿Por qué el departamento de Antioquia tiene el mayor número de desplazados en el país?, ¿cuáles son los posibles móviles de desplazamiento en Antioquia? Estas preguntas intentarán desarrollarse en los siguientes acápites.

12 Otro fenómeno es caracterizado por la compra de terrenos en zonas con alta productividad agrícola que no son explotados adecuadamente, y se orientan a actividades ganaderas. Esto se evidencia en las cifras que presenta Benítez (2005) sobre la vocación agrícola colombiana, que se estima en 18,3 millones de hectáreas: la agricultura usa apenas una cuarta parte (24,2%), 4,4 millones de has.; las tierras con vocación de pastos y malezas se estiman en 15,3 millones de has., pero ocupan 35,5 millones de has., las cuales pueden estar dedicadas a actividades ilícitas o como lo afirma Benítez a ganadería extensiva. No obstante, la agricultura tiene una mayor participación en la producción (63%) que la ganadería (25%) (Machado, citado por Benítez, 2005). Vale la pena añadir que la situación de la zona rural no es sostenible y se requiere actuar de manera urgente y efectiva para darle viabilidad.

13 La atomización es un fenómeno en el cual el número de hectáreas de los predios de rangos bajos no varía significativamente, mientras aumenta el número de propietarios, lo que implica que cada vez más individuos deben repartirse menores cantidades de tierra (Muñoz y Mora, 2006).

14 La bimodalidad surge en el momento que se configuran dos polos de tenencia de la tierra: uno conformado por un gran número de propietarios con muy poca tierra y otro donde un porcentaje pequeño de propietarios monopoliza un alto porcentaje de ellas (Machado, 2005).

15 Estas políticas estatales tienden a favorecer la gran propiedad en relación con la pequeña o con el minifundio (Rosas, 2005).

16 En el caso particular, el estudio de Gutiérrez presenta estadísticas sobre la tenencia en varios municipios del sur de Bolívar, con alta presencia del grupo guerrillero ELN Ejercito de Liberación Nacional . El autor calcula un índice Gini de concentración de 0,55 diferente al Gini encontrado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC de 0,66. Sin embargo, no se construye un modelo que determine si hay o no una correlación entre estas variables.

17 El presente acápite sigue los desarrollos de Rincón (1997), Machado (1999) y Deininger (2004) sobre la tenencia y concentración de la tierra en Colombia. Sin embargo, es importante resaltar que existe poca producción sobre dicho tema para Antioquia; se pueden mencionar los trabajos de Muñoz y Mora (2006) y Wolf (2004). No obstante, la información disponible permite hacer una primera aproximación al tema de la propiedad de la tierra en Antioquia.

18 De manera similar, las cifras lo ubican como el primer departamento receptor de personas desplazadas con 14,5%; el siguiente departamento, Bolívar, solo recibe el 6,9%. Esta situación es relevante en la medida que son las personas desplazadas, quienes sufren un cambio drástico en su modo de vivir, con subsecuentes problemas adaptativos y económicos, a los que se enfrentan en el lugar de recepción; inherentes a la dificultad de acceder a servicios de salud, educación, alimentación y vivienda. Esto necesariamente implica un cambio en la estructura poblacional del departamento, en especial en centros urbanos.

19 Datos suministrados por el Sistema RUT muestran que para 2005, en Antioquia las personas expulsadas poseían cerca de 22.000 has.. Esto bajo el supuesto de que todos los individuos reportaron tener algún tipo de relación de propiedad sobre la tierra.

20 Zona de embalses donde la presencia de megaproyectos relacionados con la infraestructura eléctrica y vial, es un dinamizador de la confrontación (CISP, 2005).

21 Urabá ha sido un territorio de expansión de la frontera agrícola a partir de los años 1960, donde la consolidación de grandes conglomerados agroindustriales (banano, ganadería y, más recientemente, palma africana) se dio en un ambiente de precaria presencia del Estado. Esta caracterización histórica favoreció la penetración y consolidación de los grupos guerrilleros en la década de 1970, particularmente del EPL Ejército Popular de Liberación y las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia , que llegaron a contar con una fuerte base social hasta la década de 1980 (CISP, 2005).

22 Zona con predominio de las AUC, quienes tienen grandes extensiones de tierra y recursos logísticos importantes para el manejo de los cultivos ilícitos para el procesamiento de base de coca (CISP, 2005).

23 Con 1.630.339 litros por día para el año 2004 se constituye no solo como la primera productora de leche del Departamento sino como una de las principales regiones lecheras del país (Muñoz y Mora, 2006).

24 Gutiérrez (2004) en su artículo Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San Pablo (sur de Bolívar) hace referencia al problema del municipio de Yondó como un problema de domino de territorio por parte de grupos ilegales.

25 La metodología empleada fue mínimos cuadrados ponderados, debido a que permite tener en cuenta la probable heteroscedasticidad del término de perturbación en cada una de las subregiones. En ese sentido, se muestran los estadísticos ponderados y los no ponderados para otorgarle mayor validez a la elección del método de estimación. Además, según el contraste de Haussman, la forma correcta de estimación es por efectos fijos.

26 Se realizó la prueba de hipótesis de homogeneidad en las pendientes por medio del contraste de White bajo la estimación por pool, el cual no pudo ser rechazado por lo cual se valida la estimación por panel.

27 Los datos de desplazamiento son de Acción Social (2005) y los de propiedad de la tierra pertenecen al Catastro Departamental de Antioquia (2005), basados en la construcción de Muñoz y Mora (2006).

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