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Introducción
La trampa, los actos deshonestos y los actos al margen de la ley se observan como una constante de la vida cotidiana en diferentes lugares y escenarios (Bucciol & Piovesan, 2008). Más allá de las implicaciones de estas decisiones en la vida de los individuos que las toman, los actos deshonestos son altamente costosos para la sociedad (Mazar & Ariely, 2006).
En particular, la minería aurífera en Colombia se ha caracterizado por contar con una tradición de explotación informal que configura escenarios al margen de la ley; sin embargo, a pesar de los problemas que se generan en los territorios, existe un capital social (atributos de comunidad) que permite a la comunidad hacerles frente (Eslava, 2014).
El municipio antioqueño de Buriticá ha sufrido cambios en sus dinámicas como consecuencia de la reciente explotación minera. A pesar de no poseer cifras oficiales, se estima que la población flotante en el municipio se duplicó a causa de los mineros no legalizados que migraron en búsqueda de oportunidades (Tamayo, 2017).
La vocación económica del municipio, que ha sido principalmente agrícola, incluye ahora la minería, ejercida por informales, actores ilegales y por la empresa que posee la licencia de explotación: la multinacional canadiense Continental Gold (Silva, 2015). Lo anterior, sumado a las condiciones socioeconómicas de las cuales dan cuenta los bajos indicadores de desempeño municipal (DNP, 2016) y los altos índices de pobreza (70,3 % de la población con necesidades básicas insatisfechas —DANE, 2005—) exponen algunos problemas en los que el municipio se ve envuelto.
Frente a este contexto, la comunidad, como sujeto activo que establece instituciones y puede generar dinámicas productivas o destructivas (Ostrom, 2013), cuenta con atributos propios para afrontar los retos. No indagar por estos atributos y sus determinantes entorpece la aplicación de incentivos que promuevan comportamientos beneficiosos para la comunidad.
Más que pensar en las soluciones que se pueden tomar desde el gobierno, “es necesario reconocer y comprender la microinstitucionalidad que caracteriza la vida cotidiana de las personas que habitan los territorios mineros” (Eslava, 2014). Para responder a esta necesidad de estudio, se resalta la obligación que tiene la economía de estudiar y entender cualquier tipo de decisión humana (Sala i Martin, 2016).
Ser honestos, como acción opuesta a la trampa, se reconoce como un comportamiento que elimina altos costos sociales (Ibáñez & Vásquez, 2014) y que, por ende, puede generar consecuencias favorables para los habitantes del municipio. Por esta razón, se pretende aquí estudiar el comportamiento de los buritiqueños, a través de un experimento económico que analiza la honestidad y su relación con hechos victimizantes y características prosociales.
A continuación, se realiza una revisión de los fundamentos teóricos de la economía del comportamiento, dentro de los que se reconoce el papel de la honestidad; se presenta también la metodología usada para su medición en el municipio de Buriticá y se plantea una discusión sobre los resultados del experimento.
I. Marco teórico
En la economía del comportamiento se reconoce la honestidad como un factor importante en diferentes escenarios: en el económico, es relevante la forma en la que los agentes reportan sus ingresos al pagar o evadir impuestos se hace relevante para las autoridades; en el político, los votantes le dan importancia a la probabilidad de que alguien que llegue al poder se vuelva corrupto; y en general, en cualquier escenario, la capacidad de evaluar con precisión la probabilidad de mentir de los demás es crucial para tomar buenas decisiones (Fischbacher & Heusi, 2008).
La importancia del comportamiento deshonesto se ha abordado en diferentes contextos: académicos, de relaciones amorosas, económicos, entre otros (Azar, Yosef & Bar-Eli, 2013). En economía, la deshonestidad se ha abordado ampliamente a nivel institucional (corrupción), pero, recientemente ha tomado protagonismo el análisis de este tipo de cualidades y acciones a nivel individual (Pascual-Ezama et al., 2015).
Con la introducción de un hombre con racionalidad limitada en la economía conductual, se confirma la importancia de un análisis que evalúe los determinantes del comportamiento del hombre y busque promover aquellos que lleven a un bienestar social en el largo plazo. De allí que la forma de abordar este objetivo sea a través de las políticas públicas, pues estas tienen entre sus finalidades facilitar el desarrollo de instituciones a través de intervenciones diseñadas y teniendo en cuenta las capacidades existentes en la comunidad, o ayudar a construir esa capacidad antes de intervenir (Ostrom, 2013).
Los actos deshonestos producen recompensas en el corto plazo a quienes los cometen (Blanco & Cárdenas, 2015), y a pesar de las leyes existentes para desincentivar estos comportamientos, la teoría económica define que las personas simplemente mienten cuando tienen la oportunidad de hacerlo, aunque solo hasta cierto punto; esto es, un nivel que varía para cada individuo (Ibáñez & Vásquez, 2014).
En el modelo estándar de la economía racional se forma la creencia de que las personas llevan a cabo actos deshonestos de forma consciente y deliberada, haciendo un balance entre los beneficios externos que se pueden obtener y los costos del acto deshonesto (Mazar, Amin & Ariely, 2008). Desde la perspectiva del Homo Economicus se asume que el individuo sabe lo que quiere y, de esta forma, es capaz de comportarse de modo que sus decisiones le generen mayores utilidades (Mazar & Ariely, 2006). Esto implicaría que las decisiones relativas a la honestidad son como cualquier otra decisión de los individuos. Es más, como afirman Mazar y Ariely (2006), desde esta perspectiva, los esfuerzos para limitar acciones como la trampa y el fraude se han hecho desde la ley, pues se asume que la única forma de progresar en ello es aumentar los costos y restringir los beneficios de los actos deshonestos.
En contraste, la psicología asume que las personas se interesan también por sus recompensas internas, ya que quieren mantener un buen concepto de sí mismas. Como lo exponen Nina Mazar y Dan Ariely (2006), esta visión se apoya en otras ciencias como la sociología, la antropología, y la economía experimental y del comportamiento, en las cuales se asegura que este mecanismo de recompensa interno hace que la forma en que las personas se comportan muestre reciprocidad y altruismo cuando se enfrentan a dilemas sociales.
Se crea entonces una dicotomía entre las ganancias de la trampa, por un lado, y la conservación de un concepto positivo de sí mismo, por otro lado. Adicionalmente, se debe agregar otra variable en la ecuación de los incentivos para hacer o dejar de hacer trampa: el reconocimiento social.
Las personas, en la mayoría de las sociedades, valoran la honestidad (Mazar et al., 2008). Así, cuando existen espectadores que pueden detectar y castigar el comportamiento inmoral, este se puede deteriorar, y dada la preocupación por la forma en que los demás nos perciben, la forma de actuar puede cambiar para mantener una imagen social (Azar et al., 2013).
Cabe aquí preguntar por qué comportarse de acuerdo con esa regla social. Una regla separa los comportamientos posibles en dos grupos: los que están conformes a ella o contrarios a ella. Con base en esto, y en lo descrito en los párrafos anteriores, existen tres tipos de regulación que contribuyen al análisis cualitativo de los determinantes de la honestidad: legal, moral y cultural (Mockus, 1999). Esta trilogía regulativa hace que las personas se comporten como anfibios culturales que se mueven discrecionalmente en los ambientes institucional, personal y social.
Las ideas anteriores exponen entonces cómo las preferencias a la hora de tomar decisiones económicas no son exógenas. Contrario a lo que plantea el modelo clásico de la economía, estas preferencias se forman por las interacciones sociales y económicas (Henrich et al., 2001). Esta es la razón por la cual en el ejercicio experimental aquí propuesto se evalúan la prosocialidad —entendida como aquellas acciones que, si se practican con frecuencia, mejoran el bienestar promedio de una comunidad (Bowles & Gintis, 1997) — y la victimización —que hace referencia a qué tanto las personas han sido víctimas de delitos contra la integridad, la propiedad o la vida (Velásquez et al., 2012) —. Para esto se tiene en cuenta el trabajo elaborado en Oro como Fortuna (2014), donde estas variables resultan determinantes al evaluar las preferencias de los individuos.
De lo anterior se desprende que, algunas recomendaciones de política pública dependan del análisis de las causas de la trampa para ser acertadas y disminuir los comportamientos deshonestos. Este análisis tiene consecuencias para los fenómenos económicos, en casos como el diseño óptimo de instancias y contratos, la asignación de derechos de propiedad y las condiciones para una acción colectiva exitosa (Henrich et al., 2001).
Sea que la causa principal de la deshonestidad se dé por los bajos costos externos y los altos beneficios, o por los vacíos en las normas sociales que resulten en un mecanismo de recompensa interna débil (Mazar et al., 2008), es necesario entender estos rasgos comunitarios para establecer decisiones públicas que puedan abarcar la acción colectiva. Además, “comprender las motivaciones de una persona —altruismo, reciprocidad, aversión a la desigualdad y el interés personal— es esencial para poder predecir cómo se comportarán al ser empleados, miembros de una familia, guardianes del medio ambiente y ciudadanos” (CORE, 2017).
Para entender dicho comportamiento económico e indagar por las preferencias de los individuos, los experimentos conductuales se han convertido en protagonistas, ya que las decisiones que se toman en ellos tienen instrucciones, reglas comunes a todos los participantes, incentivos y consecuencias, además pueden ser replicados en diferentes situaciones: “Esto significa que cuando las personas se comportan de manera diferente en el experimento, es probable que se deba a diferencias en sus preferencias, no a la situación que cada persona enfrenta” (CORE, 2017, 4.8).
Es evidente entonces la pertinencia de los experimentos económicos para estudiar la honestidad, entendida como atributo opuesto a la tendencia a la trampa, la cual permite reducir incertidumbre y costos de transacción en las interacciones cotidianas, para ello es necesaria la evaluación de sus determinantes como insumo a la literatura estudiada.
II. Metodología
Para el estudio de los determinantes de la honestidad en Buriticá, se realizó un experimento de laboratorio en campo con el objetivo de recolectar los datos que permiten la medición de la probabilidad que tienen los participantes de hacer trampa o comportarse de forma honesta (véase Anexo 1).
Es pertinente resaltar que el experimento brinda ventajas como el hecho de que se pueden capturar preferencias individuales basadas en el comportamiento observado y no en la percepción, dado que existen incentivos monetarios (Eslava, 2014).
Este experimento —que consiste en reportar de forma privada el resultado que se obtiene al lanzar un dado, a cambio de una recompensa que será mayor mientras más alto sea el valor declarado— es réplica de los experimentos que se han llevado a cabo en los últimos años para medir la honestidad, los cuales tienen como base la economía experimental y las ciencias del comportamiento (Blanco & Cárdenas, 2015; Eslava, 2014; Fischbacher & Heusi, 2008; Ibáñez & Vásquez, 2014; Pascual-Ezama et al., 2015). Además, en esta investigación se incluye una encuesta posjuego de la cual se desprende la información con la que se elabora el modelo econométrico (véase Anexo 2).
A partir de los datos recopilados, se realiza un análisis de la distribución de los resultados reportados al lanzar el dado, para así compararla con la distribución uniforme que se debería obtener bajo el supuesto de honestidad. De esta forma se evalúa la existencia de una tendencia a la trampa dentro de los participantes (Ibañez & Vásquez, 2014; Blanco & Cárdenas, 2015), pues se espera que en un escenario como este, en el que no hay sanciones, los participantes maximicen sus ganancias y reporten el valor que más utilidad monetaria les genere sin importar el resultado del lanzamiento.
Con la frecuencia de los lanzamientos y los datos recogidos en la encuesta posjuego, se plantea un modelo donde la variable dependiente corresponde a la probabilidad de reportar cada valor del dado. Así, se determina la probabilidad de reportar cada valor a partir de las variables del contexto y los atributos de los participantes (Cohn, Maréchal & Noll, 2015; Ibáñez & Vásquez, 2014).
A diferencia de los autores mencionados, que usan un modelo de regresión lineal (mínimos cuadrados ordinarios) para el análisis de la variable dependiente, se propone un modelo probit ordenado, porque este responde a la necesidad de plantear las probabilidades frente a seis categorías específicas, a saber, los seis valores que se pueden reportar sumando los puntos de las caras de los dados. También se usa este método para minimizar el riesgo del uso de modelos de probabilidad lineal que engloban una naturaleza heterocedástica, que pueden arrojar resultados de probabilidades que no se encuentran acotados entre 0 y 1, y que, además, consideran efectos marginales constantes (Wooldridge, 2009).
El modelo a estimar se representa de la siguiente forma:
Así, a través del probit ordenado, se determinará cómo la victimización y los atributos prosociales influyen en la probabilidad de reportar un valor específico del dado, Pr (T)
La variable victimización (Victimizacion) es tratada como una dummie para aquellos hechos más representativos, a saber: hurto y desaparición de un familiar.
Los atributos prosociales (Prosocialidad ) se identifican a través de la confianza que los participantes dicen tener en la Policía Nacional, medida en una escala de 1 a 4 (donde 1 es “nada”, 2 es “poco”, 3 es “algo” y 4 es “mucho”), y a través de la pertenencia a un grupo comunitario debido a la ausencia del Estado en el municipio, tratada como una dummie.
Se incluye también como regresor el nivel de pobreza (Socioeconomicas) estudiado a través de la percepción propia de pobreza que se marca en una escala de 1 a 10, donde 1 significa el nivel más alto de pobreza y 10 el nivel más alto de riqueza.
III. Resultados
La metodología descrita fue aplicada en cinco sesiones, cada una de las cuales contó con la participación de 17 personas en promedio, representantes de los actores relevantes en los procesos sociales del municipio.
A continuación, se da cuenta de las características sociodemográficas de los participantes en cada una de las sesiones (véase Tabla 1). Frente a los resultados reportados por los participantes del experimento, se encuentra una distribución con una mayor frecuencia de los valores 4, 5 y 6, como se muestra a en la Figura 1.
Si bien los datos fueron recolectados en sesiones diferentes, el análisis econométrico se elabora sobre el agregado de los resultados que se muestra en la Figura 1. De esta forma, al evaluar las probabilidades de reportar cada número, a través de una prueba de Kolmogorov-Smirnov, con un valor significativo al 1 %, se encuentra que la distribución de la probabilidad predicha de que los jugadores reporten cada número no corresponde a la distribución que se obtendría bajo el supuesto de honestidad (véase Figura 2).
A pesar de la distribución encontrada (en la que se evidencia una maximización en las ganancias de los jugadores, obtenidas al reportarse de forma más alta los valores 4, 5 y 6), la existencia de la frecuencia de los valores 1, 2 y 3 se puede interpretar como un hecho que da cuenta de un nivel bajo de trampa, si se considera que en este tipo de experimentos no existe una sanción frente a los valores reportados y que cada participante cuenta con privacidad y anonimato (Ariely, 2012; Eslava, 2014).
Se evidencia también un balance entre las perspectivas económicas y las comportamentales mencionadas, lo que contradice el supuesto racional de la maximización de las ganancias al reportar el valor más alto (6), pues los valores 4 y 5 contaron con una alta frecuencia. De esta manera se hace “un poco” de trampa y se obtiene un beneficio de ello, pero se mantiene una imagen positiva de sí mismo (Ariely, 2012).
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través del probit ordenado con los efectos marginales calculados para cada número reportado, esto es, el efecto sobre la probabilidad de observar las variables ordenadas (véase Tabla 2).
De esta forma, se observa que ser víctima de hurto se relaciona de forma positiva con reportar valores más altos en el juego (5 y 6), pues la probabilidad de reportar un valor mayor aumenta 0,03 y 0,16 puntos porcentuales respectivamente. Por otro lado, sufrir la desaparición de un familiar disminuye la probabilidad de reportar estos mismos valores en 0,09 y 0,15 puntos porcentuales.
Esto da cuenta de la importancia de marcar diferencias entre los tipos de victimización, pues se muestra cómo la relación con la variable dependiente no es igual para ambos casos. Una explicación a esto la dan autores como Russo y Roccato (2010) o Bar-Tal (2007), quienes resaltan la diferencia de los efectos de la victimización indirecta y directa, siendo esta última la que más influye en la capacidad de reacción y el comportamiento de quienes la padecen.
Continuando con los datos obtenidos, frente a las variables prosociales, se tiene que mientras se declare una mayor confianza en la Policía Nacional, la probabilidad de reportar valores altos, como el 5, disminuye en 25 puntos porcentuales. Igualmente ocurre con el hecho de ser parte de un grupo comunitario debido a la poca presencia del Estado en el municipio, pues también disminuye la probabilidad de reportar los valores altos, 4, 5 y 6, en un 1 %, 8 % y 14 %, respectivamente.
Este último grupo de variables da cuenta de la importancia de la fortaleza institucional dentro del municipio, aún más cuando la honestidad se considera como un factor particularmente importante en un ambiente con una baja institucionalidad (Hugh-Jones, 2015).
Por último, con una alta significancia, se encuentra que el valor de la escala de pobreza, esto es, la autopercepción de las personas de su condición de pobreza o riqueza, impacta en el valor reportado de forma negativa. Las personas que consideran tienen mayor riqueza, tienen una probabilidad de 0,01 y 0,04 puntos porcentuales menor de reportar los valores más altos.
Conclusiones
Los resultados encontrados en este trabajo son ejemplo de la relación que existe entre el contexto en el que se desenvuelven las personas y la toma de decisiones de los individuos. Así como lo explican las diferentes ciencias del comportamiento, no solo se actúa pensando en la maximización de los beneficios propios, sino que en las decisiones y acciones individuales también se consideran el contexto y a los demás.
La honestidad, desde los hallazgos presentados, se determina en gran medida por la confianza en las instituciones. Bajo el reconocimiento de este atributo de comunidad como insumo para mejorar las dinámicas en el municipio de Buriticá, se señala la pertinencia del fortalecimiento de dicha confianza, dado que cuando las instituciones se perciben como débiles, es menos probable que las personas se adapten a ellas o las sigan (Vetter, Houser & Winter, 2012).
Se resalta, además, que este artículo contribuye a la literatura estudiada dado el contexto concreto donde se realiza el experimento, pues es un escenario donde predominan fenómenos de desafección política, y se condenan las relaciones entre habitantes a que estén permeadas por la trampa; sin embrago, se descubre que, aún en este contexto, puede haber honestidad. La contribución entonces no es teórica, se trata de la aplicación de herramientas a un contexto local que requiere ser comprendido desde las diferentes posibilidades que ofrece la literatura.
Si bien los resultados se corresponden con los estudios analizados y esto favorece la robustez de los hallazgos, se deja abierta la discusión sobre el estudio, bajo el modelo experimental, de los determinantes de la honestidad en la economía. Es pertinente continuar indagando por la relación que presenta la tendencia a la honestidad con la victimización, la confianza en las instituciones y las características socioeconómicas de los individuos, esto, para avanzar en la comprensión de la incidencia del contexto en las decisiones individuales que pueden favorecer el bienestar social.
