Editorial – Sobre el Estatuto Nacional de Protección Animal

Sin que medie ninguna consulta a las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia, e impulsada por las Sociedades Protectoras de Animales, cada vez se hace más severa la aplicación de la Ley 84 de 1989 o Estatuto Nacional de Protección Animal. A partir de esta fecha, paulatinamente han venido surgiendo una serie de dificultades y obstáculos para la adecuada formación de profesionales, en particular de los médicos veterinarios. A fin de desarrollar destrezas y alcanzar una cabal formación, antes de atender a los pacientes se requiere del auxilio de animales vivos con los cuales –siempre supervisados por sus profesores– se experimente la aplicación de conocimientos que para personas en formación son meramente teóricos. Es así como, para el caso concreto de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Nacional, la aplicación excesivamente estricta de la ley prácticamente ha hecho imposible el desarrollo de las cátedras de cirugía y restringe, entre otras, las prácticas en anatomía, reproducción, farmacología y toxicología.

Como en ninguna otra disciplina, los profesionales de la medicina veterinaria y la zootecnia debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en el respeto por los animales y en la obligación de no generarles sufrimiento innecesario. Sin embargo, consideramos que limitar de manera absoluta el uso de animales para el desarrollo de las prácticas didácticas conduce a que en la medida en que los futuros profesionales carecen de la seguridad y las destrezas exigidas en la atención de sus pacientes, en igual proporción se incrementan los errores y el sufrimiento que se cause a aquellos seres vivos, ya que en el campo o en las clínicas no se dispone de la asesoría o supervisión de sus profesores. En este contexto, cabría preguntarse por qué la ley específicamente exime la riña de gallos, el tiro al pichón y la tauromaquia, prácticas brutales que conducen al sacrificio de animales sin lograr objetivos nobles como lo es la formación de profesionales competentes.

Desde luego que no figura dentro de nuestros códigos de ética profesional el oponernos a medidas que velen por el bienestar animal. Lo que está en discusión es si esos principios se asumen con un carácter dogmático y sin contextualización alguna, llegando a estar en contravía con los intereses de una formación de excelencia precisamente en las ramas de las ciencias y las profesiones que se ocuparán del bienestar animal. Los profesionales de la veterinaria y la zootecnia somos los más interesados en que se establezcan los más claros protocolos en la atención animal, y que las prácticas sean autorizadas y supervisadas por los respectivos comités de bioética en cada una de las instituciones. Pero con la aplicación de esos principios no se puede llegar al extremo de entorpecer la formación profesional y optar por preferir la existencia de profesionales con evidentes falencias e inseguridades en su formación, antes que el permitir la responsable interacción con los animales para el uso didáctico y experimental.

Tal como se ha visto hasta el momento, la falta de una acción proactiva y conjunta de las facultades interesadas está permitiendo que sean otras lógicas y otras instancias las que impongan su particular forma de percibir el uso de los animales, impidiendo atender en forma responsable nuestra obligación de formar profesionales de la más alta calidad, según nos lo exigen la sociedad y el país.

Gonzalo Mejía
Decano