REVISIÓN DE LA LITERATURA

Desde los estudios de los economistas clásicos ha existido un especial interés por discutir los procesos de producción y la generación de riqueza en las sociedades modernas. Coincidiendo en la necesidad de poner el foco del debate económico en la esfera productiva, los principales autores de aquel tiempo reconocían la existencia de un excedente económico (EE) pasible de disputa entre las clases sociales. De acuerdo con ^{Smith (2010)} y ^{Ricardo (2007)}, los salarios oscilaban en torno a un nivel de equilibrio (natural para el primero, de subsistencia para el segundo) que garantizaba la reproducción de los trabajadores pero no les permitía acumular riqueza, mientras que el producto excedente se dirimía entre capitalistas y terratenientes. ^{Marx (1994)} definió el salario como el pago correspondiente a la fuerza de trabajo, un valor determinado por componentes históricos y morales (en definitiva, por la dinámica de la lucha de clases) que posibilitaba la reproducción social de la clase trabajadora, mientras los capitalistas se apropiaban del producto excedente (plusvalor) generado en el proceso de trabajo.

Durante el siglo XX, pensadores estructuralistas y marxistas desarrollaron el enfoque del EE, al que definieron como la diferencia entre lo que la sociedad produce y aquello que requiere para su reproducción¹. A la luz de esta tarea, realizaron investigaciones para determinar un costo de reproducción social (CRS) que funcionara como parámetro para determinar el valor de las condiciones de vida básicas de las sociedades. Una vez obtenido dicho monto, podían estimar el EE, que resultaba de la diferencia entre el mismo y la producción total (PBI), variable que empleaban para alertar sobre la masa de recursos desaprovechados para potenciar el desarrollo de las fuerzas productivas. ^{Furtado (1978)} definió el CRS como el ingreso anual que la sociedad necesita para desarrollar sus tareas y necesidades fundamentales de alimentación, cuidado de la salud, seguridad social y educación, entre otras. Para determinarlo, sugería como referencia el nivel de vida de los trabajadores manuales no calificados (ya que remitía al sector de la población económicamente activa que menos se beneficiaba de la inversión destinada a formar el factor humano) y los gastos estatales de reproducción (vivienda, salud, educación).

Más adelante en el tiempo, varios autores emplearon distintos métodos de cuantificación del CRS: ^{Lippit (1985)} asoció los ingresos básicos de reproducción al consumo esencial, diferente del consumo innecesario (de lujo o superfluo); ^{Danielson (1990)} propuso como criterio la sumatoria de los ingresos mínimos (salarios de subsistencia que se pagaban en el agro) multiplicados por la cantidad de trabajadores productivos (del sector agrícola); ^{Yeldan (1995)} utilizó como representativos de los ingresos reproductivos los salarios en las empresas de baja escala (dado que la capacidad de organización sindical en las grandes firmas permitiría que dichos asalariados se apropiaran de parte del excedente); mientras que ^{Somel (2003)} lo estimó calculando el consumo esencial a partir del salario mínimo, vital y móvil.

Para el caso argentino, ^{Sbattella (2001)}, inspirado en las ideas de Furtado, estimó el CRS (y luego el EE) durante el período 1980-2000, utilizando los ingresos promedio del decil 5 y los expandió a toda la población ocupada, dado que allí se encontraban los ingresos representativos de los trabajadores manuales no calificados. Posteriormente, Sbattella, Chena, Palmieri y Bona (2012) consideraron como componentes del CRS tanto a los elementos que permiten la reconstitución de la fuerza de trabajo como a los que atañen al mantenimiento de la inactividad del trabajador y su reemplazo generacional, obteniendo de este modo un componente salarial (estimado con base en el salario de un trabajador manual no calificado) y un componente no salarial (financiado por el Estado y representado por bienes y servicios tales como salud, educación, vivienda, etc.). El cálculo del componente salarial fue estimado de acuerdo con los ingresos de los trabajadores manuales no calificados, promediando entre aquellos que pertenecen a los universos formal e informal. Para la población mayor, se empleó la jubilación mínima. A su vez, se incorporó la acción del Estado en el análisis del CRS, sumando las transferencias (subsidios al transporte y la energía, inversión pública en educación básica y salud) y restando los impuestos, de acuerdo con la presión tributaria.

A modo de síntesis, se presentan en la Tabla 1 las diferentes alternativas examinadas para estimar el CRS y el EE.

Tabla 1 Síntesis de las alternativas metodológicas para calcular el excedente económico. 

Siguiendo lo realizado por ^{Bona (2018)}, se empleará como referencia principal la metodología de ^{Sbattella et al. (2012)} incorporando algunas modificaciones, ya que la misma permite captar volúmenes, tendencias y oscilaciones en las condiciones de reproducción de las clases subalternas, que varían dinámicamente en virtud de las relaciones de fuerza entre los grupos que disputan la riqueza, para luego calcular el EE.

El período por revisar y su propósito

Hacia la última década del siglo XX, buena parte de las naciones de América Latina intensificó los procesos de apertura comercial, desregulación sectorial, privatización de empresas públicas y flexibilización (precarización) laboral, en lo que ha sido caracterizado como el período neoliberal (^{Guillén, 2007}). Luego, hacia fines de los 90 y principios de la primera década del 2000, varios países (especialmente en Sudamérica) cambiaron de signo político, motivados por la impugnación (parcial o radical, dependiendo del caso) a dicho modelo, iniciando el ciclo de gobiernos progresistas, neodesarrollistas o de izquierda en la región (^{Katz, 2016}).

Argentina representa uno de los ejemplos más nítidos de este tránsito entre dos etapas políticas y sociales, al calor de las transformaciones en las condiciones económicas internas (disputas sectoriales por la valorización del trabajo y el excedente económico) y externas (dinámica del mercado mundial y estrategias geopolíticas en la región).

El concepto que se utilizará para caracterizar ambos períodos es el de régimen o patrón de acumulación, que según ^{Basualdo (2007)}: "alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas, vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes" (p. 6).

Siguiendo esta lógica, la convertibilidad (1991-2001) resultó la "etapa superior" del proyecto neoliberal que se había instalado en Argentina desde 1976 por intermedio de la dictadura cívico-militar. Proyecto que tuvo como objetivo transferir ingresos del trabajo al capital, y fundamentalmente, hacia el sector más poderoso de este último, tal y como ocurrió de manera general en el mundo occidental (^{Harvey, 2005}). Su consolidación en los años 90 se produciría en un momento muy particular del contexto internacional, durante el auge del Consenso de Washington⁶ y con posterioridad al descalabro económico de la hiperinflación de 1989-1990⁷, que habilitaba un reclamo social de estabilidad, propicio para las recetas de ajuste. El proyecto tenía como propósito redistribuir el EE disciplinando a la clase trabajadora a partir de mayores niveles de explotación de la fuerza de trabajo (terciarizaciones, leyes de flexibilización laboral y, fundamentalmente, un nuevo y elevado "piso" de desempleo que rápidamente superó los dos dígitos), incentivar las exportaciones "tradicionales" (a través de nuevas tecnologías en el sector agropecuario, tales como los paquetes de semillas transgénicas, fertilizantes, desarrollo de maquinaria agrícola, instalación de plantas multinacionales de producción de los paquetes tecnológicos, nuevas leyes mineras e hidrocarburíferas, etc.) y recrear el ciclo de la valorización financiera sustentado en la dinámica del endeudamiento externo y la fuga de capitales locales al exterior (^{Basualdo, 2001}). Para vehiculizar este programa se implementó la paridad cambiaria (además de habilitarse la libre convertibilidad del peso con el dólar estadounidense) y se impulsó la reforma del Estado que inauguraría un amplio proceso de privatizaciones de las empresas públicas (ambas por ley), (^{Ferrer, 2008}).

El bloque de poder⁸ que lideró esta agenda estuvo constituido por una "comunidad de negocios" entre los grupos económicos locales⁹ y el gran capital transnacional, que concurrió al mercado argentino a través de las privatizaciones y con la garantía de la dolarización de sus activos por medio de la paridad cambiaria (^{Abeles, 1999}). La hegemonía neoliberal alcanzada por este proyecto fue posible, en el orden interno, por la resolución (relativamente) exitosa de la hiperinflación¹⁰ y el proceso de transformismo argentino por el cual las clases dominantes decapitaron la dirección política de las subalternas a través de la cooptación de sus líderes - especialmente sindicales y partidarios (^{Basualdo, 2010})-. A ello cabe agregar el clima de época al calor de la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento del bloque soviético (en cuyos países rápidamente se aplicó el programa aper-turista, privatizador y desregulatorio) y las crisis sociales de los países latinoamericanos que no habían consolidado el programa neoliberal (Venezuela, Brasil, México, etc.).

Como buena parte de los países de la región, hacia fines de la década del 90, el orden neoliberal fue severamente cuestionado en Argentina. Por un lado, el sostenimiento de la paridad cambiaria exigía crecientes flujos de capitales vía endeudamiento externo de cada vez más dudosa capacidad de repago¹¹, a lo que se sumaba una masiva fuga de capitales, que estalló ante las expectativas de devaluación en 2001 (más de USD 20 000 millones). Por otra parte, la "comunidad de negocios" se quebró al potenciarse la recesión económica (1999-2001), dado que el régimen de acumulación sustentado en la valorización financiera ya no era capaz de garantizar condiciones y expectativas de rentabilidad sostenibles en el marco de la agudización de la contracción económica, a la que se sumaban conflictos sociales -derivados de la desindustrialización y el aumento del desempleo (^{Azpiazu & Schorr, 2010})- y dificultades externas (como la desmejora de los términos de intercambio y los impactos de las crisis de Brasil -el principal socio comercial del país-, que devaluó su moneda en 1999, entre otras factores. Finalmente, los sectores populares, pauperizados por las políticas regresivas, se reinstalaron en el centro de la arena política a través de múltiples y diversas manifestaciones que venían in crescendo desde 1996 (^{Svampa, 2013}). En ese contexto, se disolvía la hegemonía, porque el bloque dominante (ahora fragmentado) era incapaz de garantizar la estabilidad precedente. La crisis orgánica¹² de 2001 se resolvió entonces cuando se dieron decisivos pasos para abandonar los fundamentos económicos de la convertibilidad e iniciar (sin la coherencia de un plan específico) un nuevo régimen de acumulación, reordenando el bloque de poder (^{López, 2016}).

El nuevo giro en el patrón de acumulación resultó de un nuevo liderazgo hegemónico ejercido por los grupos económicos locales que impulsaron una brusca devaluación de la moneda (200 %) con pesificación (licuación) de sus deudas, el cese de pagos a los acreedores internacionales (default) y el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, entre otras aspectos (^{Varesi, 2014}). Rápidamente, esto generó una masiva e inédita transferencia de ingresos del trabajo al capital (que se examinará más adelante) y la consecuente mejora en la posición relativa de los sectores productores de bienes (agroexportadores, industrias mercado internistas, construcción, etc.) en detrimento de los anteriores integrantes (aunque de manera subordinada) del bloque de poder neoliberal: el sector transnacional vinculado a los servicios (privatizadas y bancos extranjeros, perjudicados por una pesificación que desvalorizaba sus activos).

Lo que vendría luego, ya durante el ciclo de gobiernos kirchneristas (2003-2015), sería la sustanciación de este proyecto en la postconvertibilidad, abandonando la valorización financiera (ya que se alteraron las tasas de interés y se implementaron diferentes mecanismos de control de capitales) y aprovechando las nuevas condiciones externas favorables (superciclo de los commodities), lo que posibilitó, a la manera de una revolución pasiva, respuestas materiales y simbólicas a las demandas populares (^{Svampa, 2013})¹³. Se articuló entonces un nuevo tipo de Estado, con mayores concesiones concretas a las clases subalternas para sostener la naciente hegemonía, máxime después de la expropiación salarial resultante de la devaluación de 2002¹⁴.

Durante los gobiernos kirchneristas conviene sin embargo distinguir entre dos etapas de diferente coyuntura internacional y naturaleza política. La primera, vigente entre 2003 y 2008, en donde los nuevos "ganadores" habrían sido los sectores productores de bienes y, dentro de estos, los insertos en el mercado mundial (beneficiados por los bajos costos laborales, la virtual ausencia de competencia externa por depreciación de la moneda y el ritmo ascendente de los precios de los commodities). Aun así, y como consecuencia de lo anterior, el conjunto de las clases subalternas fue paulatinamente mejorando su posición relativa con la ayuda de la recuperación de la masa salarial total, principalmente por "efecto empleo" (la desocupación pasó del 22 % en 2002 al 8.5 % en 2008), y en segunda instancia, por "efecto ingreso" (aunque en este caso exclusivamente a cuenta de los trabajadores formales), a lo que cabe agregar la nueva impronta del gasto público social, que creció sostenidamente gracias a su mejora recaudatoria. Para los asalariados se asistió entonces a una tendencia positiva después de una fenomenal reducción de sus condiciones de vida postdevaluatoria.

El segundo período, que va de 2009 a 2015, se caracteriza por la potenciación de las medidas redistributivas que permiten inscribir al kirchnerismo dentro del grupo de gobiernos "populistas latinoamericanos". Ello se debió tanto a la dinámica de las luchas políticas por el manejo de la renta agropecuaria¹⁵ (que rápidamente reorganizaron el esquema de alianzas sociales) como al estallido de la crisis internacional (en septiembre del 2008), que resultaron decisivos para entender la deriva nacional-popular en el seno del bloque kirchnerista. Allí se verificó un alza decisiva en el gasto público social (abandonando el superávit fiscal registrado entre 2002 y 2010), la potenciación de los convenios colectivos de trabajo como vectores de las mejoras salariales -aunque crecientemente jaqueados por una inflación derivada de la puja distributiva (CIFRA, 2015)-, la estatización de algunas de las empresas antes privatizadas (el sistema de previsión social, la aerolínea de bandera, aguas, petróleo), la apropiación estatal de rentas (fundamentalmente agraria), el giro heterodoxo en el Banco Central, el establecimiento de controles de cambios y medidas arancelarias y paraarancelarias, entre otras (^{Basualdo, Manzanelli, Barrera, Wainer & Bona, 2015}).

La anterior "hegemonía neodesarrollista", que se había apoyado inicialmente sobre los sectores más concentrados del capital industrial, entró en crisis al calor de la agudización de la restricción externa (^{López, 2016}). A partir de allí, la inestabilidad macroeconómica (inflación superior al 20 % anual, déficit fiscal y luego comercial, caída de reservas internacionales del Banco Central) junto con la autonomía relativa (del carácter del Estado) bajo el proyecto kirchnerista respecto de los sectores dominantes que lo habían cobijado, recrudeció tensiones (que se analizarán en adelante) por el manejo del excedente económico durante el segundo mandato de Cristina Fernández (2011-2015).

LA DISCRIMINACIÓN DE LOS DESTINOS DEL EXCEDENTE ECONÓMICO

De acuerdo con Paul ^{Baran (1975)} y Celso ^{Furtado (1978)}, el análisis de los destinos del EE reviste una importancia central, ya que los grupos de poder, que acumulan riqueza en las sociedades periféricas, controlan el proceso económico y de este modo definen las modalidades de desarrollo al fijar la orientación de los recursos en fines productivos o improductivos. La tesis compartida por los teóricos de referencia indica que, mientras no se alteren los usos del EE, la condición de subdesarrollo tiende a perpetuarse reforzando el sistema centro-periferia.

Para avanzar en esta tarea, se discriminan los destinos productivos de los improductivos.

Los usos productivos del excedente económico: inversión productiva y ahorro interno

Para buena parte del pensamiento estructuralista, la insuficiente y tecnológicamente atrasada inversión privada era un elemento condicionante de la heterogeneidad estructural y la consecuente desigualdad social en los países periféricos (^{Guillén, 2007}). De ahí que dieran especial preponderancia al tratamiento de este aspecto en clave de disputa por el excedente económico.

En este sentido, el concepto de inversión productiva (IP) que se utiliza aquí intenta expresar con la mayor fidelidad posible las potencialidades de desarrollo económico y social de las inversiones en Argentina, a diferencia de los datos que brindan las Cuentas Nacionales. Para ello, se sigue una doble estrategia: por un lado, discriminar los componentes de la inversión bruta interna fija (IBIF) para inspeccionar cuáles contribuyen a mejorar la infraestructura social; por el otro, incorporar una serie de gastos públicos y privados que habitualmente no se consideran como inversión pero que, en los hechos, impulsan las capacidades de la sociedad¹⁸.

Uno de los aspectos centrales que surgen del análisis de la construcción es que alrededor de dos tercios son de carácter residencial y, dentro de ese universo, una parte considerable responde al segmento abc1, de muy altos ingresos. Diversos estudios (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción [IERIC], 2005; ^{Baer, 2012}) indican que durante la década del 90, una porción del excedente derivado del proceso de acumulación se valorizó a través de la renta inmobiliaria, disparando la estratificación territorial a través de la proliferación de barrios cerrados, countries y torres de lujo. Posteriormente, luego de la devaluación de 2002, el efecto riqueza positivo originado por la salida de la caja de conversión, generó que un grueso de los capitales no fugables (retenidos por los controles de cambios) y el rápido aumento del precio del suelo urbano y rural, potenciaran esta lógica, alentando la expansión de este sector. Como señala ^{Prebisch (1981)}, este tipo de construcciones (suntuarias) refuerzan la estratificación social al presentarse como consumo imitador de los centros.

Por ello, se considerará como inversión productiva toda la construcción que no obedece a la edificación residencial del segmento abc1. Luego, se incorporarán aquellos gastos en educación superior (pública y privada), ciencia y técnica y cultura, con el propósito de dotar el concepto de inversión de componentes que potencien las capacidades técnicas, culturales y productivas de la sociedad, así como los subsidios a sectores económicos del Gobierno nacional para inversiones de capital. El cálculo de inversión productiva se resume en la Tabla 3.

Tabla 3 Evolución de los componentes de la inversión productiva (IP) y comparación con la inversión bruta interna fija (IBIF) en Argentina. Dólares constantes de 1991 y como porcentaje del producto bruto interno (PBI). Años 1991-2015. 

^* El cálculo de la educación superior privada se realiza aplicando el gasto por estudiante de las universidades públicas a la cantidad de estudiantes de las universidades privadas.

Fuente: elaboración propia con base en datos de ASAP, INDEC y Anuario de Estadísticas Universitarias (AEI).

Como lo indican los datos obtenidos, se destaca el crecimiento de las transferencias estatales para gastos de capital en energía y transporte realizadas en la postconvertibilidad para sostener el valor de las tarifas de servicios públicos, además de la dinámica de la inversión en educación (especialmente universitaria) y cultura. Aun así, en muchos casos la IP resulta menor que la inversión bruta interna fija que contabilizan las Cuentas Nacionales, ya que el peso de la construcción residencial suntuaria resulta en muchos casos superior a todos los demás componentes incorporados (con excepción de 2014 y 2015).

Por otra parte, como uso productivo del EE se considera el ahorro, que representa una necesidad para la futura inversión, así como la fuente de recursos para el crédito presente. Este concepto será contabilizado a partir de los registros más básicos de depósito que contabilizan los bancos: cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y otras de mayor grado de exposición en los balances del sistema financiero consolidado, de donde el valor calculado indicará el movimiento de fondos acumulados (o extraídos) del sistema financiero local (tanto en moneda nacional como extranjera) interanualmente.

Como se desprende de los datos obtenidos, los destinos productivos del EE siempre resultan minoritarios en relación con los improductivos, y promediaron el 36.6 % entre 1991 y 2001 y 34.3 % entre 2002 y 2015. Distinguiendo entre subetapas: el sexenio 91-96 registró un 38.6 %, entre 1997 y 2001 cayó a 34.2 %, el peor período fue el del inicio de la postconvertibilidad (29.9 % en 2002-2008) y retornó a las mejores marcas de la convertibilidad entre 2009 y 2015 (38.6 %).

Los usos improductivos del excedente económico: fuga de capitales, compra de bienes de consumo importados, construcción residencial suntuaria y consumo no esencial

La fuga de capitales locales al exterior ha sido tratada como uno de los destinos del EE más ineficientes para los teóricos estructuralistas y marxistas del subdesarrollo. Algunas de sus principales consecuencias son: menor recaudación fiscal, pérdida de recursos potencialmente utilizables para inversiones y, como secuela de ello, mayores niveles de regresividad distributiva.

El análisis de la fuga de capitales en Argentina en el período bajo estudio por parte de varios autores (^{Gaggero, Rúa & Gaggero, 2013}; ^{Basualdo et al., 2015}) coincide en enmarcarla dentro de las lógicas del capitalismo a escala global surgidas desde la instauración del neoliberalismo (mediados de los años 70 del siglo pasado) bajo el amparo de la expansión del capital financiero. Los datos que se presentarán dan cuenta de la persistencia de la misma tanto durante el período de convertibilidad como de postconvertibilidad, aun a pesar de los cambios registrados en el patrón de acumulación¹⁹.

Por otro lado, la adquisición de bienes de consumo importados (en una economía que es autosuficiente en acervos de este tipo) es un destino del EE que puede ser calculado a partir de los datos de Cuentas Nacionales y brinda información sobre la imitación que hacen las élites del patrón de consumo de los países centrales (^{Prebisch, 1981}). De esta manera, su discriminación permite dar razón de qué porción del EE se filtra hacia demandas mayormente improductivas²⁰.

Otro uso improductivo del EE por discriminar es la mencionada construcción residencial privada que no contribuye a fines productivos, sino que funciona como una reserva de valor o de estratificación social. Al respecto, resta consignar qué porción de la misma debe contabilizarse como suntuaria. Para ello, se estimó el porcentaje de la construcción privada residencial orientada a los sectores de mayores ingresos y se restó del total construido²¹.

Por último, hay que aclarar que la proporción de EE no discriminada por los componentes antes calculados será considerada como consumo no esencial, ya que se trata de una porción innecesaria para atender las necesidades sociales (CRS)²². Los usos improductivos del EE se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5 Evolución de los destinos improductivos del excedente económico en Argentina. Millones de dólares constantes y como porcentaje del excedente económico total (EE). Años 1991-2015. 

Fuente: elaboración propia con base en INDEC, Anuario de Estadísticas Universitarias y Banco Central de la República Argentina.

LA DINÁMICA DE LOS USOS DEL EXCEDENTE ECONÓMICO

La presentación de los destinos del excedente económico de forma conjunta permitirá observar algunos de los rasgos salientes de la etapa de la convertibilidad y su continuadora, con el propósito de verificar los cambios y tendencias registrados a luz del análisis del desarrollo económico periférico.

Figura 2 Tasa de crecimiento anual acumulativa del costo de reproducción social, los usos productivos e improductivos del excedente económico y la depreciación del stock de capital en Argentina. Dólares constantes de 1991 per cápita. Períodos 1991-1996, 1997-2001, 2002-2008 y 2009-2015. 

Los resultados indican que en Argentina los destinos del EE sufrieron importantes transformaciones a lo largo de los dos patrones de acumulación bajo análisis. Al respecto, si bien la primera etapa de la convertibilidad (1991-1996) se caracterizó por un importante crecimiento (en dólares constantes per cápita) de todas las variables bajo estudio, la que más lo hizo es aquella que compila los usos improductivos del EE (7.1 % anual acumulativo). También los destinos productivos aumentaron considerablemente (5.8 % a. a.), mientras que el CRS, si bien lo hizo, registró un ritmo mucho menor (3.8 % a.a.). Ello explica que el crecimiento de la etapa "dorada" de la convertibilidad fuera "desigualador", porque si bien se recompusieron las condiciones materiales de las clases subalternas, lo hicieron como resultado de la recuperación posthiperinflación, en tanto que el EE creció significativamente más. Estas evidencias cuestionan los balances sociales positivos de la convertibilidad que fueran hegemónicos en los años 90 (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas [FIEL], 1999).

Por su parte, la IP aumentó tanto a causa de las privatizaciones como de la dinámica de la construcción residencial y la sostenida ampliación del ahorro (derivado de la estabilidad cambiaria, garantizada por la caja de conversión). En cambio, en los usos improductivos resultaron claves la demanda de importaciones, la construcción suntuaria y el consumo no esencial, mientras que la fuga de capitales solo irrumpió hacia 1994-1996, ya en el marco de su primera crisis (del Tequila, en 1995) y el ocaso del ingreso de capitales por venta de activos del Estado. De esta manera, el primer ciclo de la convertibilidad (1991-1996) se cerró con el tándem (IP+Ahorro interno) en declive con relación al producto, mientras los destinos negativos del EE comenzaron a superar en participación al CRS.

Las tendencias regresivas advertidas en esa primera etapa, aun en el marco del significativo crecimiento del producto, se multiplicaron hacia el período de crisis (1999-2001), cuando se produjo un derrumbe de los usos productivos del EE: cayeron a una tasa anual acumulativa del 13 %, debido al drenaje de depósitos y la ausencia de perspectivas rentables en sectores demandantes de equipamiento y tecnología. Los usos improductivos disminuyeron en valores constantes al igual que los ingresos reproductivos (-2.3 y -2.2 % respectivamente), aunque si se mira el cuadro en materia de distribución del producto, la imagen puede resultar "engañosa": el CRS incrementó su peso en el mismo de manera espuria, a causa de la mayor caída en el EE total. A diferencia de los planteamientos que anticipaban un proceso duradero de crecimiento y estabilidad (^{Artana, 2001}), estos aspectos dan cuenta del agotamiento del modelo de convertibilidad tanto para los sectores populares como para los grupos apropiadores del EE, ya que (si bien cayeron en términos constantes) los destinos improductivos ganaron participación en el PBI y la fuga de capitales locales al exterior resultó la “válvula de escape” de esta riqueza.

Figura 3 Evolución del costo de reproducción social (CRS), los destinos productivos e improductivos del excedente económico (EE) y la depreciación del stock de capital en porcentaje del producto bruto interno (PBI) en Argentina. Años 1991-2015. 

La devaluación abrió un nuevo escenario, especialmente negativo para las clases subalternas y beneficioso para el bloque de poder que hegemonizó la primera etapa del ciclo de postconvertibilidad: el gran capital productivo anotó un crecimiento sustancial que permitió un vertiginoso incremento de la inversión productiva (+22 % de crecimiento anual acumulativo en dólares constantes per cápita) así como de los siempre predominantes destinos improductivos del EE (+13 % a.a.). El CRS, después de una "expropiación" derivada de la devaluación en 2002, también anotó mejoras significativas (+17 % a.a.), aunque el cuadro distributivo estaba moldeado por una inédita regresividad que solo se vería alterada durante el segundo ciclo de gobiernos kirchneristas. Los usos improductivos entre 2002 y 2008 promediaron el 41.2 % del PBI, el CRS el 29.8 %, y los productivos solo el 17.6 %. Si bien algunos autores señalan que esta fue la etapa exitosa del ciclo neodesarrollista (^{Curia, 2014}), este esquema, hecho a la medida del bloque de poder dominante, no era propenso a habilitar mejoras distributivas, lo que se puso en tensión después de los acontecimientos de septiembre del 2008 que modificaron la naturaleza del proyecto económico vigente hasta ese momento.

Para entender el segundo ciclo de gobiernos kirchneristas, tomando distancia de quienes lo consideran una deriva populista errática (^{Damill & Frenkel, 2015}), expresa en cambio las disputas por forjar un patrón de acumulación con mayor dinamismo de los ingresos reproductivos y las transferencias estatales para tal fin. Se expandió más que ninguna otra variable el CRS/PBI (por componentes salariales, jubilatorios e inversión pública social) y cayeron los destinos improductivos del EE (30 % del producto en 2015), especialmente el consumo no esencial, como resultado del establecimiento de controles cambiarios y medidas arancelarias, monetarias y fiscales. Ello también se verifica si se mide en dólares constantes per cápita, al observar que el CRS creció a una tasa acumulativa de 7.8 % y los usos productivos lo hicieron al 10 %. Los destinos negativos del EE tan solo aumentaron a un ritmo de 2.2 %. Por este motivo, el CRS/PBI alcanzó su promedio más alto en comparación con las otras etapas, llegando al 39.8 %, mientras que los destinos improductivos llegaron al 26.1 %. A pesar de lo anterior, el tándem (IP+Ahorro)/PBI promedió el 19.7 % entre 2009 y 2015, lo que alertaba sobre la ausencia de cambios estructurales en la matriz productiva argentina heredada del proyecto neoliberal (^{Cantamutto, Schorr & Wainer, 2016}).