Uno de los problemas más apremiantes actualmente en Colombia es la alta tasa de desempleo. Aunque, en realidad, este no es solo un problema para el país, porque uno de los objetivos macroeconómicos fundamentales de cualquier nación es contener el desempleo. Si bien es cierto que el nivel de desocupación debe ajustarse al tamaño y la composición de la economía analizada, la tasa de desempleo no debe exceder ciertos niveles, porque ello podría atentar contra la estabilidad política. De hecho, los costos de una alta tasa de desempleo en un país tienen que ver, entre otros, con los siguientes aspectos: 1) la reducción de la demanda agregada, porque en la medida en que los ingresos de la población disminuyen, baja la capacidad de compra de las personas, 2) aumento en los niveles de pobreza, debido a que una parte de la población económicamente activa no recibe ingresos. Además, dependiendo del nivel de desempleo y de su duración, la desocupación se puede convertir no solo en un problema social, sino también de salud pública.

Lo deseable sería que existiera "pleno empleo", pero este es un concepto económico, no físico, por lo que es imposible que toda la fuerza de trabajo esté plenamente ocupada. Por lo anterior, se alude a un desempleo de pleno empleo o estructural, para diferenciarlo del desempleo cíclico.

El desempleo en Colombia ha venido subiendo desde el año 2015. En el mes de octubre del 2019, la tasa de desempleo fue de 9.8 %, mientras que para el mismo mes de 2018 fue de 9.1 %. Según el DANE, la tasa de desempleo nacional del período agosto-octubre 2019 fue de 10.3 %, en tanto que en el mismo lapso de 2018 fue del 9.2 %, es decir, se registró un aumento de 1.1 puntos porcentuales. Por otro lado, la tasa de crecimiento de la economía para el tercer trimestre del año fue de 3.3 %, mientras que durante el mismo período de 2018 se ubicó en 2.6 %.

Además, podría esperarse que a medida que crezca la economía, el desempleo descienda. Esta relación la explica la teoría económica a través de la ley de Okun, llamada así en honor a Arthur Okun, asesor económico del presidente Kennedy, quien fue el primero en describirla e interpretarla. Esta relación postula que si la economía crece, es decir, si se incrementa la producción de bienes y servicios, se necesitan más factores productivos, entre ellos, mano de obra; sin embargo, en el caso colombiano, sobre todo en el último año, lo que se ha dado es contradictorio: un lento crecimiento con destrucción de empleo.

Para el director del DANE, la no correspondencia entre mayor crecimiento y menor desempleo se debe a la "mayor tecnificación de la estructura productiva del país". Según esta entidad, para producir mil millones de pesos en el PIB industrial en el 2015 se requerían 23,5 puestos de trabajo, mientras que en el 2018 esos requerimientos habían descendido a 21,9 plazas. La situación descrita se presenta en todos los sectores económicos, siendo más notoria en los sectores agrícola, información y comunicaciones, y comercio.

Una explicación plausible es que las innovaciones tecnológicas conducen a ahorrar mano de obra, pero dichos cambios se derivan de procesos y no de hechos inmediatos y, por ende, es válido lo que plantean algunos analistas del mercado laboral, como Stefano Farné y Juan Carlos Guataquí, quienes consideran que las transformaciones tecnológicas influyen en el mercado laboral, pero, subrayando, que dichos cambios se dan a largo plazo y no en pocos años o meses.

La pregunta por resolver es cómo reducir el desempleo. Según la ministra de Trabajo, dicho problema se resuelve por medio de la "flexibilización laboral, trabajo por horas con cotización, formación para el trabajo con pertinencia, iniciativa de equidad de género, Estado emplea, inclusión laboral, economía naranja y emprendimiento, entre otros". Si analizamos algunas de las iniciativas propuestas por la ministra, encontraremos que, en el pasado, no dieron los resultados esperados.

La flexibilización laboral se inició desde 1990 con el cambio de modelo económico. En dicho año se reformó la legislación laboral que, de una u otra forma, se expresó en la Ley 50 de 1990. Mediante dicha ley se modificó el régimen de cesantías y de despido; así mismo, les permitió a los empresarios despedir al trabajador en cualquier momento, siempre y cuando el empleador pagara la indemnización. Otro aspecto que se cambió con la reforma laboral fue la retroactividad de las cesantías, que posibilitó la creación de los fondos administradores de cesantías y pensiones. Con la nueva reglamentación se obligó a las empresas a consignar el mes de cesantías del año en un fondo de cesantías en entidades financieras, que le reconocería al trabajador el interés comercial sobre los saldos. Una vez hecho un retiro, este es definitivo y el saldo se reduce en ese mismo monto.

En la administración del presidente Uribe se diseñaron políticas que flexibilizaron aún más el mercado laboral. Estas iniciativas tenían que ver con la eliminación de los recargos por horas extras, pues se afirmaba que si se excluían, se generarían más empleos. Para alcanzar tal propósito, se modificó la jornada laboral y se permitió que esta se ampliara. Algunos estudios han demostrado que tal iniciativa no contribuyó a incrementar la ocupación, porque se hizo en contra de los trabajadores y en beneficio de los empleadores.

Por otro lado, la propuesta de contratar trabajadores por horas fue incorporada en el plan de desarrollo de la administración Duque. Así lo plantea el artículo 193 al vincular al piso de protección social a los trabajadores que tengan una relación contractual laboral o que se contraten por prestación de servicios, o de tiempo parcial, y que perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo. Para la ministra de Trabajo, esta política contribuiría a aumentar el empleo, bajo el argumento de que "el mundo cambió, la gente trabaja por horas, a los muchachos no les gusta ni siquiera ir a la oficina, trabajan desde su casa. Digitalmente".

Es posible que la administración Duque, dado el alto desempleo informal, que representa aproximadamente el 60% en el sector urbano y el 80% en el sector rural, tenga buenas intenciones para reducirlo con la contratación por horas ("darles derechos a quienes no los tienen"), y así los trabajadores puedan tener acceso a prestaciones sociales, sin embargo, al legalizar la contratación laboral por horas o por debajo del mínimo, es posible que los empleadores incrementen ese tipo de contratos y desconozcan lo reglamentado en torno al salario mínimo y que, en definitiva, se afecten los ingresos de las personas más vulnerables.