SURGIMIENTO Y ORIENTACIÓN GENERAL DE LA NUEVA ORTODOXIA REGIONAL Y SU IMPLANTACIÓN EN LA PROVINCIA DE FORMOSA

Hacia los setenta del siglo pasado se agotó la era "fordista" del capitalismo. Desde entonces un proceso multidimensional de cambio social recorre el planeta, sacudiendo la organización económica y las formaciones políticas, y junto a ello también los arreglos sociales y los repertorios culturales. Habitan el núcleo de estas transformaciones económicas la internacionalización del comercio, las inversiones y las finanzas, concurrentemente con la especialización "flexible" y la descentralización de la producción. En conjunto, tales mutaciones afectaron poderosamente las formas de regulación económica por parte del Estado y redefinieron el "acoplamiento" estructural de lo económico y lo político. Particularmente, minaron la economía nacional como objeto de gestión estatal. Los Estados nacionales, así, se convirtieron en dominios fracturados de autoridad política, asediados por las presiones sobre sus funciones, jurisdicciones y capacidades.

El debilitamiento del ámbito nacional como esfera prioritaria de la organización económica es el resultado de un triple movimiento (^{Jessop, 2008}): la transferencia de algunas de las capacidades y funciones del Estado nacional a cuerpos internacionales; la delegación de otras a niveles locales dentro del Estado nacional; y la usurpación de otras aún por parte de redes emergentes horizontales (locales y regionales) que pasan de largo los Estados centrales y conectan las localidades y las regiones en naciones diversas. El desmantelamiento del capitalismo "organizado" de posguerra, centrado en el Estado nacional y su rol marcadamente intervencionista, desató, de la mano de la reestructuración económica, una reconfiguración de las escalas políticas, ganando prominencia los niveles subnacionales y globales.

Acompañando estas transformaciones de la articulación política-economía en el núcleo del sistema capitalista, tanto en la literatura académica como en los discursos técnicos y de los formuladores de política, comienza a considerarse la escala regional como la unidad fundamental de la vida social del capitalismo contemporáneo y núcleo central de coordinación de las formas más avanzadas de la vida económica. En consecuencia, comienza a concebírsela como un nivel privilegiado en el diseño de políticas. Un estímulo particular al sazonado de la mirada regionalista fue la percepción de que entre 1970 y 1980 algunas regiones en las economías capitalistas desarrolladas crecían más rápido que los núcleos industriales establecidos dentro de esos mismos países. Se observaba también que en estas nuevas comarcas dinámicas, a las que se comenzó a llamar "distritos industriales", prevalecían pequeñas empresas, empapadas de un vago espíritu local emprendedorista. Esto contradecía las teorías y políticas dominantes en ese momento basadas en grandes proyectos de infraestructura, grandes inversiones industriales y una fuerte guía/asistencia del Estado. Muy pronto tales regiones, sus pequeñas firmas y su estructura social se convirtieron en los símbolos del éxito del capitalismo a pequeña escala, "desde abajo", con su carácter altamente competitivo y empresarial/ emprendedorista. Pasaron a ser así un modelo para ser emulado.

Esta lectura se volcó a las políticas de los Estados europeos en la década de los noventa, convirtiéndose en la piedra angular del llamado nuevo regionalismo. Muy rápidamente sus abogados la transformaron en ortodoxia, amalgamando procesos y áreas en una sola categoría, promoviéndola como el prototipo de una nueva era global de acumulación y crecimiento (^{Amin & Robins, 1990}; ^{Hadjimichalis, 2011}). Adquiere así la NOR un contorno definido (^{Fernández & Cardozo, 2012}), que seguidamente comienza a ser promocionada también como una oportunidad para la regeneración de las economías locales y regionales de los países del Sur Global. Su postulado de base, en términos de ejercicio estatal, es que la única manera de lograr el crecimiento económico y la armonía social de los espacios subnacionales reside en conectarlos, vía fomento de la competitividad, a los circuitos supranacionales (globales) de actividad económica.

A todo esto, la etapa superior del neo-liberalismo se imponía rigurosamente en América Latina. En Argentina, concretamente, el lanzamiento del llamado Plan de Convertibilidad en 1991, amoldado a los lineamientos del Consenso de Washington, reimponía brutalmente la tiranía del mercado². Como paquete económico de "ajuste estructural" sustentado ideológicamente con la economía neoclásica, este programa comprendía procesos de privatizaciones, de desregulación, de la liberalización y de descentralización administrativa.

Argentina se destacó particularmente por la implementación más fervorosa de este modelo de apertura.

La consolidación del neoliberalismo redefinió profundamente la relación entre Estado y mercado en Argentina, dándole cierre definitivo al modelo de desarrollo vigente desde la década de 1930, y reestructurando regresivamente las relaciones entre capital y trabajo. Realmente, la ofensiva neoliberal de los noventa desguazó el Estado populista-interventor asociado al modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones en una economía semicerrada, con redistribución progresiva del ingreso y con políticas activas de intervención estatal en la economía. Emergió en su reemplazo un modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de productos básicos de escaso valor agregado, con un mercado interno reducido, acoplado a una forma de Estado neoliberal o neoconservadora. Como parte de esta mudanza, la modalidad periférica y sui generis del Estado de bienestar adoptado por el Estado argentino desde los 1940 también fue socavada y reemplazada, para atender las profundas consecuencias sociales de todo el proceso de ajuste, por formas cercanas al "trabajismo"³.

El Régimen de Convertibilidad tuvo un impacto devastador mayúsculo en los espacios subnacionales periféricos y empobrecidos como Formosa. Las políticas de desregulación y privatización de entes públicos y de apertura comercial indiscriminada desarmaron la armadura que permitía la reproducción de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, sostén de la economía provincial en la etapa "desarrollista" (ver ^{Manzanal, 2000}; ^{Cetrángolo & Gatto, 2002}). De esta suerte, la provincia sufrió uno de los procesos más severos de reducción de las actividades productivas (^{Cetrángolo & Gatto, 2002}). Sumado a eso, la transferencia de funciones y decisiones concentradas hasta ese entonces en el Estado nacional hacia el Estado provincial, sin ser acompañada por los recursos adecuados, potenció las consecuencias deletéreas sobre las condiciones socioeconómicas de la jurisdicción.

Las prescripciones de la NOR aparecen precisamente en este momento álgido de la terapia de choque neoliberal para alentar la regeneración de las "economías regionales" argentinas y como marco orientador de la política pública del endeble Estado provincial formoseño. En esta coyuntura lo hace fundamentalmente a través de las intervenciones diseñadas para expandir el dominio del capital en las comarcas más aisladas del territorio provincial: el extremo oeste. Por un lado, con el proyecto de colonización para el centro-oeste, un ambicioso plan de infraestructura y diseño de legislación, emprendido por el Estado provincial, orientado a atraer a la inversión extranjera ligada a los agronegocios. A este emprendimiento, y adaptando la noción de "anclaje espacio-temporal" de David ^{Harvey (2004)}, ^{Giuliano (2015)} lo califica Anclaje Espacial del Centro-Oeste. Por otro lado, con el Bosque Modelo Formoseño, una asociación voluntaria de personas interesadas en el "desarrollo forestal sustentable local" creada a fines de la década del noventa bajo el patrocinio del Estado nacional y anclada en la lógica de la descentralización y las nuevas formas de gobernanza neoliberal de partenariado público-privado (ver Tabla 1).

Gestionando entusiastamente este proceso neoliberalizador a escala subnacional, la elite administradora del Estado provincial pergeña en esa década un discurso performativo sobre el "modelo formoseño" que, con el tiempo confluye y se retroalimenta con los insumos importados de la NOR⁴. El mentado modelo, basado en la postulación de una "identidad" sustentada en una cultura pública homogénea "formoseña" -que aseguraría una disposición hacia la confianza mutua entre otros rasgos de comportamiento-, se plantea como una configuración, alentada por el Estado provincial, de un "ambiente de negocios" en donde confluyan actores diversos que puedan movilizar endógenamente los recursos existentes con vistas a aprovechar las oportunidades del mercado global. De este modo se iban sentando las bases para el despliegue pleno de intervenciones de "desarrollo local y regional", en el marco del "regionalismo empresarial", en la década siguiente.

La caída catastrófica del alto neoliberalismo en Argentina a fines de 2001, en medio de una profunda crisis política, económica y social, da una vuelta de tuerca a este curso neoliberalizador. La salida de este crac tuvo como punto de arranque el abandono abrupto de la convertibilidad a través de una megade-valuación y, desde entonces, un viraje hacia una revalorización de la intervención estatal para orientar el desarrollo económico capitalista, moderando el brutal disciplinamiento del mercado de los noventa⁵. Asimismo, también comienza a delinearse un rol más activo del Estado como agente de redistribución en vistas a mitigar las deletéreas consecuencias sociales de la trayectoria económica del país. Esta orientación se profundiza en 2003 con la asunción del presidente Néstor Kirchner. Queda delineado así, y hasta 2015, un "modelo económico" que, dentro de las experiencias "posneoliberales" de tonalidad progresista que proliferaron en Sudamérica -mencionadas al inicio de este artículo- ha sido calificado desde distintas vertientes de "neodesarrollista" (^{Katz, 2013}; ^{Fernández, 2016}; ^{Féliz, 2019}).

No obstante, esta mudanza no alcanzó el corazón de las transformaciones de los noventa, ya que "la salida de la crisis se dio manteniendo la mayoría de las reformas neoliberales, con un aparato productivo modernizado, con condiciones flexibilizadas de contratación y consumo de fuerza de trabajo, apertura comercial y eliminación de regulaciones estatales sobre la actividad privada" (^{Salvia, 2019}, pp. 60, 68). Por ello, en definitiva, la experiencia "neodesarrollista" argentina se recorta como un "momento fenómenico" (^{Pinassi & Adoue, 2019}, p. 13) interno de un proceso neoliberalizador de más largo aliento, como una "reacción" -aunque no antagónica- (^{Fernández & Cardozo, 2012}, p. 16) ante los efectos disolventes del momento anterior del mismo.

Así, si bien a partir del 2002-2003 se puede observar "un nuevo protagonismo del Estado Nacional en la economía" y, específicamente, en "la dinámica económica y territorial" (^{Adriani, 2016}), esto no significa que se haya desdibujado sustancialmente la lógica neoliberalizadora. Ariel García, desde una postura amigable hacia la gestión "neodesarrollista", apunta en este sentido que si bien hubo un "avance elocuente" en los instrumentos de política pública de los que dispuso el Estado nacional en relación con la problemática regional, "la tradicional función facilitadora del Estado, que actúa como jardinero, no se ha modificado aún" (2016, p. 190). ^{Fernández y Comba (2017)}, desde una postura más crítica, rematan de modo tajante: "las políticas neoliberales (...) continuaron casi sin alteraciones (o con pequeños ajustes incrementales) en un escenario de (re) industrialización sustitutiva de importaciones o neodesarrollista" (p. 378).

En este marco, se destacan dos líneas de intervención estatal sobre la cuestión regional en esta etapa: el Plan Estratégico Territorial (PET) y los Planes Estratégicos de Desarrollo Local (PEDL). El PET nació en 2004 coordinado, a través de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, por el Ministerio de Planificación Federal Inversión y Servicios Públicos⁶. Según los documentos oficiales, el PET se propone construir un marco de referencia que ayude a orientar las políticas públicas, con la participación asociada de los niveles subnacionales del Estado y la "sociedad civil". La orientación más general habla de construir un "plan general de desarrollo equilibrado y equitativo" de los territorios provinciales, mediante en la intervención en la composición territorial del país, en el rescate de capacidades "locales", la mejora del desarrollo de redes urbanas, incrementar y racionalizar las dotaciones de infraestructura, y el trabajo general sobre las zonas más rezagadas poniendo en valor sus propios recursos humanos y naturales. Vinculada a esta manera de entender "el desarrollo territorial de nivel provincial y local", comienzan a desarrollarse paralelamente los PEDL. En este caso, es el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su Línea de Trabajo sobre Planificación Estratégica Regional, la institución del Estado nacional que asiste y acompaña las experiencias en los municipios (y las provincias) interesados⁷. Cabe agregar que la programación, la ejecución y las determinaciones de estos planes son competencia de las jurisdicciones provinciales y municipales.

En la Tabla 1 presentamos la institucionalización de la NOR en la provincia de Formosa.

Acatando los consejos de la NOR, el conjunto de dispositivos y procesos resumido en el cuadro muestra una readecuación de la estructura pública, a fin de asegurar que los intereses privados del mercado estén representados en los procesos de decisión, planeación y ejecución de las políticas "de desarrollo". Esta readecuación, aunque sus elementos constitutivos no sean necesariamente idénticos, configura una nueva regulación neoliberalizadora, entendida esta como la movilización del poder estatal en vistas a extender y reproducir contradictoriamente el dominio del mercado y las consecuencias sociales de este dominio. Tomando las nociones de ^{Tickell y Peck (2003)}, podemos capturar conceptualmente este proceso a través de la noción de neoliberalismo de reconstrucción (roll-out), de nuevas formas de construcción de instituciones y de intervención gubernamental, diferente al momento "destructivo" (roll-back) de los noventa⁸.

Tabla 1 Institucionalización de la NOR en la provincia de Formosa 

Fuente: elaboración propia con base en fuentes documentales de organismos oficiales de la provincia de Formosa.

^{9 10 11 12 13}

Vinculado a este momento que viene a "complementar" la etapa previa de regulación neoliberalizadora, gana influencia también el enfoque de las cadenas globales de valor (CGV). El marco de las CGV, muy influyente en el estudio de los procesos económicos contemporáneos, se ha convertido en el presente siglo -y en el marco del Posconsenso de Washington-, en una referencia para la formulación de políticas de desarrollo, siendo adoptado por los organismos supranacionales y las instituciones financieras (^{Fernández & Trevignani, 2015}; ^{McMichael, 2013}). En términos de posibilidades de desarrollo, la idea medular que se promueve consiste en que la integración por parte de las unidades productivas de los países periféricos a estas cadenas globales es una condición indispensable para iniciar o afianzar senderos de desarrollo económico. Concomitantemente, se considera que es posible establecer conexiones cooperativas y de no suma cero entre actores tan disímiles como las firmas transnacionales, que son las que controlan las redes globales, y las pequeñas unidades productivas que operan en regiones deprimidas de los países periféricos, y a eso debe estar orientada la implicación estatal.

ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES ESTATALES EN EL COMPLEJO ALGODONERO FORMOSEÑO

A partir de la campaña 2002-2003, diversos factores concurrentes, de orden internacional y doméstico, propiciaron la recuperación de la agricultura del algodón en la nación y, dentro de ella, la formoseña.¹⁴ En dicho escenario, el Estado provincial, en el marco de las políticas de aliento a los agronegocios llevada adelante por el Estado nacional, y en sintonía con la NOR, implementa una política de fomento de la agricultura intensiva en la producción algodonera mediante la difusión entre los agricultores locales del "paquete tecnológico" de la "segunda revolución verde", basado en la biotecnología¹⁵. Lo peculiar del caso formoseño -dentro un cuadro general común a toda la Argentina- es el carácter manifiestamente activista de la intervención de las agencias gubernamentales en pro de la biotecnología, al punto de configurar "todo un esquema de producción regenteado por el Estado, que incluye hasta la prestación de servicio de la maquinaria específica" (^{Arza & Van Zwanenberg, 2015}, p. 217).

El bloque tecnológico comienza a ser impulsado activamente en 2005 y se estructura en torno a las variedades transgénicas del algodón, a las que van unidas la adopción de prácticas de siembra en surcos estrechos, la intensificación en el uso de biocidas (especialmente herbicidas), la adopción de maquinaria moderna para la recolección y el uso de prácticas de manejo apropiadas. El discurso gubernamental promueve la adopción de esta tecnología siguiendo el argumento estándar de los defensores de los transgénicos a escala internacional, esto es, presentándola como la única vía para solucionar los problemas económicos y ambientales que aquejan a la agricultura de los países subdesarrollados aumentando la productividad y reduciendo la dependencia de agroquímicos (^{Glover, 2010}). De esta manera, se dice, impediría también la desaparición de los pequeños productores.

La producción algodonera provincial está en manos de dos tipos de sujetos económicos: una estrecha franja de productores familiares capitalizados y una amplia base de productores familiares minifundistas. El Estado los atiende de manera diferenciada. A los primeros se les vende la semilla y los insumos asociados, brindándoles además asistencia financiera a través de créditos otorgados por el mismo Estado. A los últimos se les entrega el paquete tecnológico sin costo económico alguno, como parte de los servicios brindados por el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (IPAIPPA)¹⁶.

El IPAIPPA también asiste al sector minifundista con la maquinaria específica para la siembra, las labores culturales y la recolección de los capullos maduros, además de brindarle el asesoramiento técnico para la adaptación del modelo sociotécnico centrado en la semilla transgénica a la realidad de las fincas pequeñas (esto último en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-). Al final de la zafra algodonera, se les descuenta el costo de este laboreo mecánico al momento de comprar la cosecha, en los centros acopiadores instalados por el mismo Estado. De este modo, el Estado provincial es el actor decisivo y necesario para llevar adelante el cultivo del algodón transgénico en la provincia de Formosa.

El Estado provincial formoseño, entonces, ha desarrollado un dispositivo original de transferencia de tecnología y organización de la producción entre los sectores más vulnerables de la cadena algodonera en función de los requisitos de las empresas agrícolas transnacionales; y particularmente de una de ellas: Monsanto, cuyo rol como suministrador de insumos críticos ("proveedor de tecnología") para la agricultura argentina creció notablemente desde los noventa y se consolidó en la etapa posconvertibilidad¹⁷. Tal dispositivo intenta aumentar la productividad de la agricultura familiar provincial, al inducir que la misma asuma funciones tecnológicamente más avanzadas (o que pretenden serlo), y profundizar las relaciones mercantiles en el campo, atando de modo extremadamente subordinado la economía rural provincial a una dinámica transnacionalizada de rumbo impredecible y de consecuencias sociales y ambientales poco claras. En conclusión, mediante arreglos escalares verticalizantes que se imponen principalmente en el territorio de la mano del IPAIPPA, la política pública provincial se adapta activamente a los requerimientos locales de las fracciones transnacionales que controlan las cadenas globales de valor.

Por lo pronto, los resultados a corto plazo, en términos de producción y productividad por unidad de superficie, son claramente desalentadores, como podemos ver en el Tabla 2.

Tabla 2 Algodón: producción de Formosa y del país, superficie sembrada en Formosa y participación de la producción provincial en el total del país (campañas 2002/03-2014/15) 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Poco tiempo después de comenzar a fomentar de este modo la producción primaria algodonera, el Estado Provincial diseñó una intervención en el eslabón manufacturero de la cadena textil a través del Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil-Fondo Textil Formosa (FON-TEX). Lanzado en 2010, el Programa fue pergeñado para promover microemprendimientos productivos textiles¹⁸. Más específicamente, se plantea generar agrupamientos asociativos de individuos para desempeñar tareas de confección de indumentaria. Generados desde el mismo Estado, a esto grupos se los asiste con herramientas, insumos, bienes de capital, créditos y, en vinculación con otras agencias del Estado nacional, capacitación. El producto es adquirido, por lo menos en una primera fase, por el mismo Estado Provincial -para ser utilizado en organismos públicos-¹⁹.

El Programa comenzó a implementarse en 2011. En 2014, según las fuentes oficiales, ya se había constituido una red de 38 grupos asociativos -aglutinando a 400 personas- distribuidos en toda la provincia. Los costureros asociados²⁰, que operaban 180 máquinas de distinto tipo en 60 talleres, llevaban confeccionados, hasta comienzos de ese mismo año, 120 000 delantales para las escuelas provinciales²¹. Además, producían decenas de sábanas que eran distribuidas en los hospitales públicos, vendiéndose un escaso número a un importante hotel de la ciudad capital.

Para los funcionarios responsables del área, estos datos indicaban que el Proyecto se había convertido en un éxito empresarial en el que vislumbraban un avance en el tejido industrial de la provincia. Desde un ángulo algo distinto, y esgrimiendo un discurso más decididamente "flexibilizador", también se resalta la generación de toda una dinámica "emprendedorista" en la economía local. En esa línea, uno de los funcionarios comenta: "muchas mujeres, que hasta no hace mucho eran humildes modistas, han pasado a convertirse en empresarias textiles, de baja escala, pero con un futuro muy promisorio" (^{Formosa, 2012}). Desde el Estado provincial, así, se resalta al programa desde un discurso del "empoderamiento" que provocaría esta intervención estatal, provocando una dinámica virtuosa de crecimiento económico, avance "industrial" e "inclusión social".

En términos más concretos, el Programa Fontex consiste en la aplicación a escala provincial, y en términos de organización asociativa, del proceso productivo y de la gestión del emprendimiento, del modelo de las unidades productivas tipo (UPT), un Subprograma del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (IN-TI)²². El Subprograma, en vinculación con diferentes instancias estatales y con algunas ONG, brinda asesoramiento técnico "integral" (producción, gestión y comercialización) a las personas ocupadas en grupos asociativos que actúan en el sector informal de la economía²³. En otras palabras, es un programa diseñado para dar respuesta laboral de emergencia a los trabajadores inactivos o con una vinculación intermitente con el mercado de trabajo.

En Formosa, cerca del 90 % de las personas ocupadas en el Programa desempeña tareas de confección, y casi todas ellas son mujeres. Estas costureras laboran en pequeñas unidades productivas, encuadradas nominalmente como "cooperativas de trabajo", ejecutando tareas de escasa calificación -la concepción y el diseño de las prendas-, mientras que la administración y supervisión de producto están a cargo de otros eslabones de la jerarquía organizativa de Estado. La figura jurídica de "socia cooperaria" ubica a estas obreras fuera del derecho del trabajo y la seguridad social, y su actividad económica se encuentra regulada por el derecho civil o comercial. En este sentido, el Estado las contrata como "trabajadoras autónomas", bajo el régimen del monotributo. Una jornalera comenta en una entrevista:

'Trabajamos mañana y tarde algunas de las personas que trabajan aquí llevan trabajo a sus casas', explicó una de las costureras consultadas mientras aclaraba que trabajaba para la cooperativa dentro del programa Fontex (...) 'Cobro por monotributo, me hice monotributista hace un mes aproximadamente y nos pagan con un recibo que no es un sueldo pero aún no tengo aporte jubilatorio' (...) 'Nosotras ganamos según las prendas que producimos, cada una cobra su producción y trabajamos entre grupos de tres y se hacen guardapolvos en secuencias, el corte ya viene hecho desde Fontex, confeccionamos todo lo que sea costura recta y terminaciones de ojales, botones y empaquetado'. A su vez, dio a conocer: 'que lo que sea de costura recta nos están pagando $19 y terminado $22'. (El Comercial, 2012)

Como se desprende de la cita, las condiciones de trabajo no solo son heterónomas, como veníamos señalando, sino que claramente corresponden a empleos precarios del segmento secundario de trabajo²⁴. Trabajar como costurera del Fontex supone un empleo precario sin garantía de estabilidad, con prolongadas jornadas laborales en condiciones endebles, vulnerables e inciertas en cuanto a la permanencia en la actividad y la percepción de ingresos, con escasa protección legal y social.

Las palabras de un funcionario provincial completan el cuadro descriptivo:

'(...) Cuando el gobierno de la Provincia de Formosa, más precisamente a pedido del Gobernador, se mete en esto del sector textil, pide que mano de obra formoseña confeccione guardapolvos, a partir de allí se inicia la búsqueda de costureras (...)'. '(...). Fontex ha permitido la inclusión laboral de 450 personas. Cuatrocientas asociadas a las cooperativas y consorcios trabajando directamente sobre las máquinas y 50 ocupándose de la parte operativa, la logística y la capacitación (...).'. '(...) Se producen 140 mil guardapolvos que son entregados gratuitamente. Esto le ha permitido al Estado un ahorro, ya que antes debía erogar el monto total de adquisición de los guardapolvos, y hoy los paga mes a mes, ¿Por qué?, porque las confeccionistas y todas las cooperativas y consorcios van cobrando a medida que van confeccionando los guardapolvos y así se genera un desahogo para arcas de la Provincia de Formosa (Emprender en la Región, 2013) (...)'. '(...) El programa Fontex no paga un sueldo, sino que reciben un ingreso por sus costuras que vienen realizando, hablamos de algunas costureras de unos 4000 pesos por mes'. (^{FTC Noticias, 2014})

En la cita se reconoce explícitamente que la modalidad precarizada y flexibilizada de trabajo en la que laboran las costureras le permite el ahorro de costos al Estado. Asimismo, señala que solo algunas de ellas pueden alcanzar una remuneración de 4000 pesos mensuales, el nivel de la canasta familiar de pobreza en Formosa en ese año. En tal sentido, los agrupamientos asociativos de costureras de FONTEX funcionan más como una estrategia de tercerización o subcontratación por parte del Estado, que como un factor dinamizador de la economía y generador de empleo estable y de calidad y promotor de la superación de la pobreza en la provincia. Los agrupamientos asociativos de costureras de Fontex configuran, por ende, "seudocooperativas de trabajo", compuestos por asalariadas que trabajan a destajo disfrazadas de socias cooperarias²⁵.

En definitiva, y sintetizando lo presentado hasta aquí, el Estado provincial actúa en esta etapa en el sector algodonero y textil con una regulación escalar fragmentante y neoliberalizadora. Por una parte, buscando integrar de manera peculiar a los pequeños campesinos a las "cadenas agrícolas de valor" (^{McMichael, 2013}), convirtiéndolos compulsivamente en consumidores de paquetes tecnológicos de última generación en beneficio de los detentadores del capital más concentrado del agronegocio (agribusiness) mundial. Pero, más allá de las implicaciones sociales y ambientales más generales de este proceso de industrialización de la agricultura familiar formoseña, y ateniéndonos a los propios parámetros del paradigma productivista que impulsa el Gobierno, los resultados de esta política son magros. En efecto, el objetivo básico y legitimador de toda la innovación tecnológica, el incremento de los rendimientos, no se ha logrado (como se muestra en la Tabla 1). Tampoco se ha avanzado en los eslabonamientos endógenos hacia atrás y hacia adelante que se pregonaban, y que podrían indicar algún tipo de densificación de la trama productiva territorial²⁶. Por otra parte, y sin conexión con el proceso agrícola antes comentado, se ha montado el programa textil FONTEX, una intervención de carácter trabajista, esto es, una política social "activa" para el segmento femenino de las capas sociales vulnerables, sin relación alguna con algún tipo de estrategia industrial.