La pobreza es un concepto importante en ciencias sociales, cuya interpretación, por lo general, depende de la escuela de pensamiento en la que se sustenta. Sin embargo, la mayoría de sus estudiosos considera que la pobreza es la privación o deficiencia de una condición o la obtención de ingresos con relación a un umbral prefijado.

La pobreza se clasifica en dos tipos: la unidimensional y la multidimensional. Esta última se presenta, según el DANE, cuando los hogares muestran condiciones de pobreza estructural, la cual consiste en determinar varios factores para poder conceptuar si un hogar soporta o no este tipo de pobreza: las condiciones en que viven los menores, la situación laboral de los adultos, su nivel de educación, el acceso a los servicios de salud y a los servicios públicos domiciliarios, y algunas características de las viviendas. Si los hogares presentan deficiencias en, por lo menos, una tercera parte de los anteriores factores, se consideran pobres (Lora, 2019).

En este escrito se hará referencia a la pobreza unidimensional y para tal fin nos remitimos a la definición de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), según la cual, "la pobreza significa la carencia de ingresos suficientes con respecto al umbral de ingreso absoluto, o línea de pobreza, que corresponde al costo de una canasta de consumo básico".

Cuando se trata de pobreza, lo más pertinente es analizar la situación de los hogares. Por ello, Juan Daniel Oviedo, director del DANE, afirmó que de acuerdo con la metodología de la entidad a nivel nacional y para 2020 (es oportuno aclarar que el DANE establece diferencias por zona de residencia y por ciudades de acuerdo con el costo de vida), un hogar se considera pobre si el total de los ingresos (salarios, rentas, pensiones, entre otros), al dividirse sobre el número de miembros de ese hogar (padres, hijos, abuelos), es inferior a 331 688 pesos mensuales per cápita, y pobre extremo, si ese monto es inferior a 145 004 pesos mensuales per cápita. Es decir, un hogar de cuatro personas se clasifica como pobre, si sus ingresos son menores a 1 326 752 mensuales, y aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores a 580 060 pesos mensuales, se catalogan en condición de pobreza extrema.

De acuerdo con el DANE, y a causa de la pandemia, la pobreza en Colombia en el año 2020 se incrementó notablemente. Actualmente, el 42.5 % de la población está en condición de pobreza, es decir, 21 millones de personas. En el 2019 era el 35 %, esto es, aproximadamente 17 millones de ciudadanos, lo que significa un incremento del 6.8 %, que equivale a 3,6 millones de personas más que entraron en dicha categoría. De igual modo, según la misma fuente, la pobreza extrema en el contexto nacional se incrementó sustancialmente y pasó del 9.6 al 15.1 % entre 2019 y 2020; por lo tanto, 7,4 millones de personas hacen parte de la población en indigencia.

Según los estimativos del DANE, las transferencias ordinarias y extraordinarias de los programas sociales del Estado, tales como compensación del IVA, "Jóvenes en Acción", "Familias en Acción", entre otros, así como el ingreso solidario y los diferentes subsidios locales para enfrentar la pandemia y lograr paliar la situación de las personas más necesitadas, fueron importantes para que la pobreza no fuera más alta. Sin dichas transferencias, esta sería más preocupante y los resultados podrían ser así: la pobreza monetaria sería de 46.1 % y la pobreza extrema de 19.8 %, lo que significa que dichos desembolsos evitaron un incremento de 3,6 puntos porcentuales en la primera, y de 4,7 puntos porcentuales en la segunda.

Por otro lado, tanto la pobreza como la pobreza extrema en las zonas rurales se redujeron: en el caso de la pobreza, esta descendió en 4,6 puntos, ya que en 2020 bajó al 42.9 %, mientras que en 2019 fue de 47.5 %. Por su parte, la pobreza extrema descendió del 19.3 al 18.2 % entre 2019 y 2020.

En el sector rural el descenso de la pobreza se explica, según el DANE, porque el contagio de la COVID-19 fue más fuerte en las zonas urbanas y el confinamiento fue más intenso en estas, mientras que en el sector rural el contagio no tuvo el mismo alcance y, por ello, pese a que tanto la producción como el empleo rural, si bien bajaron al principio, luego repuntaron hasta obtener niveles similares a los previos a la crisis. De igual manera, como lo reconoce Roberto Angulo, miembro del comité de expertos del DANE en temas de pobreza, la caída de este flagelo en el sector rural también se explica por la cobertura rural que tiene el programa "Familias en Acción".

Sin duda, la pandemia afectó los niveles de pobreza en Colombia como lo hizo en todo el mundo, pero también es evidente que las ayudas estatales a la población más vulnerable fueron insuficientes, si se comparan con las otorgadas en otros países. Sobre el particular, varios analistas, como José Antonio Ocampo, Salomón Kalmanovitz y Aurelio Suárez, entre otros, coinciden en afirmar en algunas publicaciones periódicas, que los recursos destinados para tal fin fueron muy bajos.

Ocampo argumenta que los gastos para combatir la pandemia debían ser más altos. Según él, la ayuda a los hogares pobres y vulnerables debe incrementarse y evolucionar hacia una renta básica. Suárez considera que el dinero del Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME), para 7 millones de beneficiarios no alcanza los 1,5 dólares diarios y, por otro lado, los estímulos a la nómina por medio del programa PAF -que financia el 40 % de la nómina mensual de los trabajadores con salario mínimo-, solo protegió como máximo a 1,4 millones de trabajadores de un total de 11 millones de trabajadores formales; de estos últimos, 7 millones trabajan en pymes. Esto lleva a concluir a Suárez, tomando información del FMI, que Colombia gastó, en proporción a su PIB, menos que Chile, Perú, Bolivia y Brasil.

A la misma conclusión llega Kalmanovitz, al argumentar que el equipo económico del Gobierno actuó de forma muy tacaña, ya que el gasto para enfrentar la pandemia no alcanzó el 3 % del PIB, mientras que Chile destinó el 10 %; incluso Bolivia, un país más pobre que Colombia, asignó más recursos.

En suma, la pandemia acentuó la pobreza en Colombia, aunque esta ya era alta antes de la crisis, debido a que este ha sido y continúa siendo uno de los problemas estructurales del país.

Ahora bien, la mejor manera de atenuar la situación actual no es solo con subsidios estatales, sino con un crecimiento económico sostenido, generación de empleo de calidad para jóvenes y mujeres, y mayor cobertura educativa. Si se destinan los recursos necesarios y existe voluntad política para impulsar estos programas, se puede producir mayor inclusión en las condiciones de vida, de modo que se aminoren los reclamos y las manifestaciones de los últimos días. Si no se resuelven las peticiones, sobre todo las de los jóvenes y las mujeres -los más afectados en esta crisis-, el descontento continuará, pues si bien es cierto que por el incremento de casos de contagiados y muertos por el coronavirus las manifestaciones populares se calmaron, los problemas persisten, lo que no descarta un recrudecimiento del malestar social.