El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sancionó el pasado 19 de mayo de 2023 la Ley 2294, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida". Este plan, que se ejecutará en el cuatrienio 2022-2026, se convierte en la hoja de ruta de las políticas públicas económicas, sociales y ambientales, así como de las inversiones gubernamentales.

El plan consta de 372 artículos y prevé inversiones públicas por valor de $1154 billones. La mitad de estos recursos tendrán como fuente de financiación el Presupuesto General de la Nación. Asimismo, el 23 % provendrá del Sistema General de Participaciones, el 13 % de recursos propios de las entidades territoriales, el 9 % de las empresas industriales y comerciales del Estado (nacionales y territoriales), el 4 % del Sistema General de Regalías y el 1 % de aportes de la cooperación internacional. Simultáneamente, el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan de Desarrollo indica que "adicionalmente, se estima que las inversiones públicas identificadas en el PPI apalanquen inversión privada durante 2022-2026 por valor de $249,7 billones de 2022 y se espera que parte de esos recursos impulsen el cumplimiento de las metas sociales junto con el Gobierno nacional".

El objetivo del Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración es "sentar las bases para que el país se convierta en un líder en la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social, que propicie la superación de las injusticias y las exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza". El plan subraya que "Este proceso debe desembocar en la paz total entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que conoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que garantice el cuidado de la casa común".

Por otra parte, el plan se basa en cinco ejes de transformación:

1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua. Para alcanzar esta transformación se necesita "un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio", teniendo como centro nodal el agua, y en el que la protección tanto de los determinantes ambientales como de las áreas de especial interés es importante "para garantizar el derecho a la alimentación", donde las personas que habitan los territorios sean escuchadas y se incorporen sus preocupaciones en los procesos participativos de planificación territorial.

2. Seguridad humana y justicia social. Para alcanzar esta transformación se necesita una integración de la protección de la vida y garantizar la seguridad jurídica, institucional, económica y social a través de una serie de impulsadores como son: a) "un sistema de protección social universal y adaptativo b) una estructura física y digital para la vida y el buen vivir c) la justicia como bien y servicio d) la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones". Dichos impulsadores permiten la superación de las privaciones y la ampliación de las capacidades "en medio de la diversidad y la pluralidad".

3. Derecho humano a la alimentación. Consiste en que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada, a partir de garantizar la disponibilidad, el acceso y la adecuación de alimentos.

4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática. Esto se alcanzará a través de la recomposición de las actividades productivas poniendo en primer lugar al capital natural, las energías limpias y la sostenibilidad, prescindiendo de manera progresiva de la dependencia de las actividades extractivas.

5. Convergencia regional. Esta transformación se logrará por medio del acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios que posibiliten la convergencia regional. Lo cual se alcanzará buscando fortalecer los nexos intra e interregionales, acrecentar la productividad, competitividad e innovación en los territorios y transformar las instituciones y la gestión de lo público, teniendo al "ciudadano en el centro de su accionar y generando confianza entre las comunidades y entre estas y las instituciones".

Además de los cinco ejes de transformación, el plan de desarrollo propone cuatro ejes transversales:

1. Paz total. Este gran propósito es concebido como una "apuesta participativa, amplia, incluyente e integral para el logro de la paz estable y duradera", donde se garantice tanto la no repetición y seguridad para todos los colombianos como los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

2. Los actores diferenciales para el cambio. Se propone lograr transformaciones en la población colombiana que conduzcan a una "sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, que supera las discriminaciones de tipo económico, social, religioso y político", como también las de género, étnico-racial, generacionales, capacidades físicas, de identidad y orientación sexual, en las que "la diversidad será fuente de desarrollo sostenible y no de exclusión".

3. Estabilidad macroeconómica. Esta estrategia estará encaminada a adoptar una política económica que asegure los recursos públicos que contribuyan a financiar las transformaciones, las cuales están encuadradas "en la actual coyuntura económica global, regional y nacional".

4. Política exterior con enfoque de género. Este eje lo coordinará el Ministerio de Relaciones Exteriores y se espera que el Gobierno nacional diseñará y ejecutará una política exterior con enfoque de género como política de Estado, destinada a "promover y garantizar la igualdad de género en la política bilateral y multilateral".

En el Plan Nacional de Desarrollo se destacan, como en ningún otro, tres temas: la sostenibilidad ambiental, el ordenamiento territorial y la política social.

Dentro de la sostenibilidad ambiental y, dado el cambio climático, el plan impulsa iniciativas para controlar la deforestación, así como políticas para proteger la biodiversidad y regiones estratégicas como son la Amazonia y la Costa Pacífica, en el entendido de que la transformación productiva está orientada a diversificar la biodiversidad, con el fin de utilizar el capital natural e intensificar el uso de energías limpias que le den prevalencia al conocimiento y a la innovación para que contribuyan a mitigar el deterioro ambiental.

Tal es la importancia del ordenamiento territorial, que Jorge Iván González, actual director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), afirma: "estamos en una situación difícil pero tenemos salida. El plan de desarrollo le planteará al país una salida estructural que es el ordenamiento del territorio, que es el agua, que es la producción agropecuaria, que es la reforma energética y la convergencia social y regional". Según González, en el ordenamiento territorial están comprendidos varios temas, entre otros, la articulación de los planes de ordenamiento territorial (POT), debido a que, según él, en la espacialidad están concentrados algunos de los grandes problemas que tiene el país.

No podría soslayarse la trascendencia de la política social, que es muy amplia y está orientada a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, como es el caso de la creación del programa de Renta Ciudadana, planteado en el artículo 66 del plan, consistente en centralizar los programas sociales en un solo sistema con el fin de focalizar mejor el gasto y hacerlo más eficiente. Así lo reconoce el documento: "la renta ciudadana, hará parte del sistema de transferencias y consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómico, priorizando a la población con discapacidad, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social y fortalecer la economía popular y comunitaria".

El Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida" es el primer plan de un gobierno de izquierda. Aunque la oposición manifestó algunas objeciones en la discusión de este -las cuales fueron escuchadas y tenidas en cuenta-, el Gobierno pudo concretar la mayoría de las propuestas contenidas en su programa de gobierno.

En términos generales, se puede concluir que los programas y proyectos del plan están orientados a impulsar las regiones más deprimidas, en busca de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; por ello, se espera que se cumplan los objetivos y las metas propuestas.