Editorial

Para maximizar los beneficios sociales generados, es necesario asignar los limitados recursos públicos disponibles de la manera más eficiente para cubrir las necesidades urgentes de la población vulnerable. Un aspecto fundamental para mejorar la efectividad del gasto público, es determinar si los programas y políticas públicas son buenas inversiones sociales. La evaluación de impacto es un instrumento esencial tanto para el diseño de políticas como para la asignación de gasto social. Sus resultados ayudan a determinar la deseabilidad de las intervenciones actuales, tomar decisiones estratégicas de mantener, ampliar o rediseñar un programa, e incluso eliminar programas existentes. Finalmente, resulta esencial en el proceso de rendición de cuentas de los gobiernos, y por tanto aumenta la transparencia de los mismos.

Existe un reconocimiento público y privado de la relevancia de la evaluación de impacto en el diseño de políticas públicas en países en desarrollo. De hecho, muchos países han adoptado políticas de evaluación de impacto de programas nuevos o establecidos. Esto se debe, en buena parte, a la iniciativa de la banca multilateral al incluir las evaluaciones de impacto como requisitos a los créditos.

En América Latina, el programa Mexicano Progresa, que hoy en día se conoce como Oportunidades, fue el pionero en temas de evaluación de impacto. La evaluación se diseñó al tiempo que el programa, y sus resultados han sido muy influyentes. El diseño de este programa de transferencias condicionadas ha sido copiado y adaptado en muchos países de la región y del mundo. Buena parte de la difusión en el ámbito mundial de este tipo de programas, tiene que ver con que existe evidencia de sus impactos sobre una serie de dimensiones que mejoran la acumulación de capital humano y el bienestar de los hogares.

Crecientemente los gobiernos están implementando evaluaciones de impacto en la región para mejorar el impacto del gasto público. Y hay un llamado por parte de la academia y de las organizaciones no gubernamentales para lograr una política pública basada en evidencia. En este número se incluyen los resultados de cinco evaluaciones de impacto en la región, de países como México, Uruguay, Argentina y Colombia. También hay diversidad de temas. La mitad de los artículos están relacionados con temas de violencia y la otra mitad trata de programas sociales.

El primer artículo, de autoría de Darwin Cortés, María del Rosario Franco, Laura Hincapié y Juan Fernando Vargas, evalúa uno de los componentes de la icónica política de Seguridad Democrática, del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia (2002-2010). Los autores estudian si la instauración de inspecciones de policía en municipios que carecían de estas, despliegues, y el envío de efectivos a municipios con poca presencia policial previa, refuerzos, afectan la intensidad del conflicto armado en municipios con poca o nula presencia policial antes de agosto de 2002. Los resultados sugieren que a raíz de los despliegues, los ataques de la guerrilla aumentan. Como respuesta a los refuerzos, en cambio, los resultados no son lineales: los ataques primero aumentan y luego disminuyen.

Óscar Barriga estudia el efecto del hacinamiento sobre las conductas violentas de los presos en Argentina en el período 2002-2008. Los resultados sugieren que el hacinamiento aumenta la posesión de objetos prohibidos y las conductas violentas entre reclusos que dejan daños materiales. Sin embargo, no parece afectar los conflictos violentos entre internos, lo cual contradice la intuición. En este trabajo el autor no puede identificar si el que el hacinamiento no afecte los conflictos internos se debe a las acciones de la administración penitenciaria o si los conflictos entre internos tienen raíces más sociológicas. Se propone entonces este tema para futuras investigaciones.

Siguiendo con el tema de cárceles, Alexander Castleton y Alejandro Cid evalúan una intervención aleatoria de rehabilitación en una de las cárceles más hacinadas de Uruguay. El innovador programa de rehabilitación consiste en entrenamientos de rugby dirigidos por jugadores profesionales. Los autores encuentran que el asistir a los entrenamientos de rugby reduce el consumo de drogas en los internos. Los mecanismos a través de los cuales se dan los impactos son una mejora en la adopción de conductas saludables y un aumento de las actitudes prosociales.

La segunda mitad del volumen está dedicada a temas sociales. El cuarto artículo es una evaluación no experimental del programa de transferencias monetarias condicionadas, Oportunidades en México. Los resultados de las evaluaciones en el campo nacional plantean un panorama optimista y generalizado acerca de los impactos del programa sobre el desempeño del componente escolar del programa de transferencias condicionadas. Sin embargo, dada la alta heterogeneidad de las regiones mexicanas, Óscar Martínez analiza si Oportunidades disminuye el ausentismo escolar en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, en zonas urbanas donde no existen altos niveles de pobreza y la marginación es baja. El autor encuentra que el programa no generó impactos sobre el ausentismo escolar, pues desde antes de su intervención los indicadores escolares eran altos en las zonas urbanas que fueron estudiadas. Este resultado pone en tela de juicio la aplicación de los programas de transferencias condicionadas en zonas urbanas y de bajos niveles de pobreza.

En el quinto artículo, Camila Galindo estudia el efecto de las estrategias y políticas orientadas a disminuir la prevalencia del embarazo juvenil en Colombia, que aumentó entre 1990 y 2005 de 12,8% a 20,5%; en 2010 se ubicó en 19,5%. Estos niveles son comparables con el promedio de los países de África Subsahariana, y han generado un alto nivel de preocupación en la población, academia y diseñadores de política. Los resultados sugieren que las estrategias y políticas orientadas a disminuir la prevalencia del embarazo en jóvenes menores de 19 años han tenido efecto solo sobre las adolescentes de nivel socioeconómico más alto; no han logrado llegar a las jóvenes de condiciones socioeconómicas vulnerables, sugiriendo que la educación sexual y el tener en cuenta el punto de la vida sexual y reproductiva en que se encuentra la adolescente, pueden ser claves para mejorar el impacto de futuras intervenciones.

Finalmente, se incluye en este número un artículo que resume la experiencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alrededor de la evaluación de impacto realizada al programa Hogares Comunitarios de Bienestar, entre 2007 y 2008. También se describen las medidas implementadas por dicha institución para mejorar la atención brindada por este programa a la primera infancia, a raíz de los resultados y recomendaciones propuestas en los informes de evaluación. Si bien este artículo no es una evaluación de impacto como tal, es un insumo de primer orden de importancia en el establecimiento de las evaluaciones de impacto como insumos fundamentales para la toma de decisiones por parte de los hacedores de política. Aunque se han realizado diversas evaluaciones de impacto de programas en Colombia, esta es la única experiencia verdaderamente exitosa, donde la institución adoptó los resultados de la evaluación y los usó para el mejoramiento de sus programas. Es, por tanto, muy importante estudiar esta experiencia para ver si se logra mejorar la aceptación de evaluaciones de impacto por parte de otras instituciones.

Ximena Peña
Editora invitada