Introducción

La desigualdad de género tiene sus raíces en las relaciones de poder entre hombres y mujeres –que subordinan a estas últimas– y se manifiesta en la violencia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce a la igualdad entre los géneros como la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible y establece, y plantea como objetivo de desarrollo “Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas”, señalando como meta el “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” (^{Naciones Unidas, 2018, p. 17}).

En el caso de Ecuador, el marco normativo y de política pública para la prevención y erradicación de violencia basada en género se soporta principalmente en los instrumentos de derechos humanos ratificados por el país como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como en la Constitución de la República, aprobada en 2008, el Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda Nacional para la Igualdad de Género, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2018, y el Plan Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para el período 2020-2030.

A pesar de los avances normativos y el desarrollo de importantes iniciativas de carácter global para visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres (movimiento Me Too, “Vivas nos queremos”, entre otros), las estadísticas nacionales revelan la persistencia de este grave problema social y la necesidad de fortalecer la implementación de estrategias y programas sostenidos y basados en evidencia para erradicar la violencia de género. Más aún en el contexto de la pandemia por la Covid-19 que profundizó las desigualdades de género e intensificó la violencia contra las mujeres (^{ONU Mujeres, 2022}).

Para el año 2011, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU) ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del Ecuador, el 60.6 % de mujeres de 15 años en adelante había sufrido una o más formas de violencia de género (^{INEC, 2018}). Ocho años más tarde, la segunda ENVIGMU muestra que, al 2019, el 64.9 % de las mujeres sufrió algún tipo de violencia en algún momento de su vida (^{INEC, 2019a}).

La violencia ejercida por las parejas o exparejas masculinas es la forma más común. En concordancia con los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 30 % y el 38 % de las mujeres que han tenido una relación de pareja afirman haber padecido alguna forma de violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida; y el 38 % del número total de homicidios femeninos tiene su origen en la violencia de pareja (^{World Health Organization, 2013}).

En el caso de Ecuador, la ENVIGMU de 2019 revela que la violencia perpetrada por la pareja tiene una mayor incidencia que la ejercida en otros ámbitos como el educativo, laboral, social y familiar. En el escenario nacional, a lo largo de la vida, el 43 % de mujeres experimentó algún tipo de violencia por parte de su pareja y el 18 % señala haberla vivido en el último año (^{INEC, 2019a}).

La información levantada en 2019 constituye una oportunidad para profundizar en el estudio de la violencia ejercida en contra de las mujeres en el Ecuador y en particular la perpetrada por las parejas o exparejas como una de las formas generalizadas de violencia. Si bien existen informes que presentan los resultados de las encuestas de 2011 y 2019 (^{Consejo Nacional para la Igualdad de Género [CNIG], 2014}; INEC, ²⁰¹⁸, ^2019a), no se ha realizado a la fecha ningún estudio que aborde los factores de riesgos y factores protectores de la violencia basada en género en el país, lo que constituye un vacío para el diseño informado de la política pública y la implementación de programas de prevención.

El argumento que se sigue en este trabajo es que, a pesar de que la violencia puede afectar a todas las mujeres en su diversidad, la presencia de determinados atributos y características personales y contextos sociales de las mujeres se relacionan con una mayor probabilidad de sufrir diferentes tipos de violencia. Para poder indagarlo, construimos variables a partir de la ^{ENVIGMU de 2019}. La estrategia consiste en un análisis cuantitativo mediante la estimación de un modelo probabilístico –tipo logit–, el posterior cálculo de los efectos marginales para cada factor de riesgo y su interpretación para delinear estrategias de prevención.

El artículo se estructura en cuatro secciones adicionales. En la primera se presenta el marco teórico utilizado que sustenta la selección de las variables analizadas; seguidamente se expone la metodología para la estimación del modelo probabilístico de los factores de riesgo y los tipos de violencia; a continuación, se efectúa el análisis de los resultados del modelo para el caso ecuatoriano a la luz de la revisión de literatura sobre factores de riesgo y protección; y finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones de política de prevención de la violencia.

I. Marco teórico

La violencia contra las mujeres es de diferentes tipos (físico, sexual, psicológico y patrimonial) y se ejerce en distintos ámbitos (doméstico, institucional, laboral, obstétrico y mediático). Es una experiencia generalizada en todo el mundo con graves consecuencias para la salud pública (^{World Health Organization, 2009}); es una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos, causa enormes perjuicios a la sociedad, sufrimiento a las familias e impide la realización personal y el desarrollo de capacidades de las mujeres.

Las expresiones de la conducta violenta contra las mujeres en el contexto de la pareja tienen un origen multicausal y existen factores de riesgo muy diversos asociados a la violencia que operan de manera interrelacionada para entender el riesgo de la violencia de género, como una conducta humana. Los modelos ecológicos se utilizan para describir estos factores. Es así que organismos internacionales como la American Psychological Association y la OMS recomiendan su uso para explicar este fenómeno (^{Millán Casado, 2019}).

El modelo ecológico propuesto por ^{Bronfenbrenner (1979)} concibe las interacciones humanas en sistemas concéntricos, que afectan directa o indirectamente al desarrollo de las personas. Es decir, constituyen un conjunto de estructuras seriadas interconectadas que se extienden mucho más allá de la situación inmediata de la persona.

El marco conceptual propuesto por ^{Heise (1998)} en aplicación del modelo ecológico organiza la investigación asociada con las probabilidades de violencia de pareja en diferentes niveles de la ecología social: individual, relacional, comunitario y macrosocial. Adicionalmente, ^{Heise (2012)} reestructura el marco conceptual incorporando en el escenario relacional factores que se vinculan con los conflictos en la pareja y factores ligados con esta.

Existe un importante cuerpo de estudio global sobre la prevalencia de factores de riesgo de la violencia contra las mujeres con distintas metodologías y objetos de análisis; sin embargo, el estudio de las particularidades del contexto ecuatoriano es aún limitado, por lo que resulta relevante generar evidencia que contribuya a llenar este vacío, al tiempo que se aporta a la consolidación de la literatura regional y de países de ingreso medio y bajo.

Siguiendo el modelo ecológico, en el contexto individual, la literatura sostiene que las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de sufrir violencia de género en la pareja, pero, a medida que las mujeres envejecen, estas probabilidades disminuyen (para ^{O’Leary, 1999}; ^{Carbone López y Kruttschnitt, 2010}). Algunos estudios reconocen una mayor probabilidad de padecer violencia física por parte de mujeres entre 18 años y 29 años (^{Orpinas, 1999}; ^{Graña Gómez et al., 2009}) y otros amplían el rango etario ubicándolo en mujeres entre 21 años y 40 años (^{Vives Cases et al., 2009}) y mujeres de 25-34 años (^{Kabir et al., 2019}).

Sin embargo, el estudio de ^{Natera Rey et al. (2004)}, en México, no encontró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad establecidos (18-65 años) para violencia física y verbal. En cambio, este sí mostró una importante relación entre la violencia física y verbal y el nivel educativo de la mujer, teniendo que este tipo de violencia es significativamente mayor en el caso de mujeres con menor escolaridad.

Respecto al nivel educativo existe un consenso más o menos generalizado de que un mayor nivel educativo constituye un factor protector de la violencia de género, especialmente la educación secundaria y superior para la violencia física (^{Vyas y Watts, 2009}; ^{Sierra et al., 2009}; ^{Ogum Alangea et al., 2018}).

Referente a los factores económicos, en estudios transversales, el efecto del empleo y acceso a ingresos de las mujeres sobre el riesgo de violencia de pareja es muy inconsistente (^{Heise, 2012}). Un cuerpo de investigaciones establece la independencia económica de la mujer como un factor protector, teniendo que el empleo de la mujer y contar con un ingreso reduce la probabilidad de sufrir violencia (^{Villarreal, 2007}; ^{Sierra et al., 2009}). A la par que un estudio en Ecuador reveló que la participación de las mujeres en la riqueza de la pareja está significativamente asociada con menores probabilidades de violencia física (^{Oduro et al., 2015}).

En contraste, un estudio comparativo evidenció que mayores ingresos de las mujeres pueden ser un factor de riesgo en ciertos países (^{Kishor y Johnson 2004}), lo que se puede vincular con la generación de tensiones. Una reciente investigación hecha en Perú también halló que las mujeres con empleo y mayor educación que sus parejas tienen un mayor riesgo de sufrir violencia, aunque también se identifica que este efecto se revierte en hogares con mayor nivel educativo general (^{Durán, 2019}).

De manera complementaria a los estudios que asocian los ingresos propios de las mujeres a mayor violencia, existen investigaciones que sugieren que el efecto de las variables económicas sobre el riesgo de violencia de las mujeres depende de los roles de género adoptados en la relación de pareja. Así, por ejemplo, un estudio de la violencia de pareja en Estados Unidos encontró que cuando los hombres aceptan una ideología que define la masculinidad en términos de ser el sostén de la familia, y las mujeres aportan significativamente a los ingresos familiares, la violencia podría usarse para compensar la pérdida simbólica de la superioridad masculina (^{Macmillan y Gartner, 1999, citados en Heise, 2012}).

De todas formas, los factores económicos asociados a la violencia en la pareja no responden únicamente al empleo de la mujer sino además a las condiciones de pobreza del hogar y situaciones históricas de discriminación que se conectan también con la falta de recursos económicos. Tal es el caso de los hallazgos de un estudio realizado en Turquía que determinó como factores de riesgo de violencia doméstica física, el bajo nivel socioeconómico, el hecho de ser una mujer gitana, vivir con más de cuatro personas en el hogar y no contar con un empleo (Tokuç et al., 2009).

Por su parte, las actitudes que toleran la violencia en la pareja son altamente predictivas de las tasas de perpetración de este tipo de agresiones (^{Orpinas, 1999}; ^{Kishor y Johnson, 2004}). Existe una fuerte relación entre las actitudes favorables a la violencia en general y violencia sexual por parte de la pareja, con importantes diferencias entre hombres y mujeres y entre los países analizados (^{Nayak et al., 2003}).

La investigación de ^{Tran et al. (2016)} muestra que las actitudes de las mujeres que justifican el maltrato varían ampliamente entre 39 países en análisis, teniendo que esta actitud es más común en África y el sur de Asia, y menos común en Europa central y oriental y América Latina y el Caribe. El estudio además plantea que la aceptación de la violencia es una creencia más común en personas de quintiles bajos, que viven en áreas rurales y de bajo nivel educativo.

La presencia de hijos e hijas ha sido considerada por la literatura un factor de riesgo de la violencia en la pareja. Sin embargo, existen investigaciones que hallan un efecto protector asociado al aumento de hijos e hijas en ciertos países. El análisis que llevó a cabo ^{Heise (2012)} en Brasil y Perú constató que tener más de dos hijos está fuertemente ligado con violencia de pareja en ambos países. Un resultado similar se da al analizar la Encuesta Nacional de Salud de España de 2006, que revela que las mujeres con tres o más menores a su cargo tienen mayor posibilidad de declarar violencia del compañero íntimo (^{Vives Cases et al., 2009}).

Por otro lado, existen investigaciones principalmente de países de ingreso bajo y medio bajo que encuentran una menor prevalencia de la violencia de género a medida que aumentan los hijos y que se vincula con el fuerte sesgo cultural de estos países hacia los niños varones (^{Schuler et al., 1996}; ^{Koenig et al., 2003, citados en Heise, 2012}).

En el contexto relacional, el grado de armonía general, satisfacción con la relación, cohesión entre la pareja y capacidad de expresar afecto y de llegar a un acuerdo mutuamente asumido explican la violencia en la pareja (^{Cáceres y Cáceres, 2006}). Un estudio en Tailandia, por ejemplo, demuestra que el conflicto conyugal verbal se relaciona significativamente con la agresión física a la pareja, incluso después de controlar el estado socioeconómico, el estrés del marido y otras variables del proceso familiar (^{Hoffman et al., 1994, citados en Heise, 2012}). En ese mismo sentido, una investigación realizada a hombres y mujeres en México identifica una mayor prevalencia de violencia cuando la persona, con independencia de su género, es incapaz de modificar su postura, adopta estrategias de evitación ante el conflicto y aparenta acomodarse, mientras que se reporta menos violencia cuando existe negociación, afrontamiento constructivo y automodificación (^{Moral de la Rubia et al., 2011}).

En cuanto a las decisiones de las parejas, la violencia tiende a ser más baja para las parejas que comparten la responsabilidad de las decisiones del hogar que para las parejas en las que el esposo o la esposa toman las decisiones del hogar solos (^{Kishor y Johnson, 2004}; ^{Kabir et al., 2019}; ^{Hindin et al., 2008, citados en Heise, 2012}), lo cual tiene una fuerte correspondencia con que las mujeres cuenten con un empleo.

En el ámbito comunitario, la revisión de la literatura efectuada por Beyer et al. (2013) muestra la reciente atención que han recibido las investigaciones académicas sobre el papel que puede desempeñar el entorno comunitario del vecindario en la violencia de género. En ese sentido, los autores reconocen la necesidad y desafío que implica generar evidencia que diferencie los entornos territoriales: urbanos, semiurbanos y rurales y las particularidades de los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Con base en la revisión de la Encuesta Nacional de Familias y Hogares y del Censo de Estados Unidos de 1990, se encuentra que la desventaja económica del vecindario, la inestabilidad residencial del vecindario, la inestabilidad laboral masculina y la tensión financiera subjetiva influyen en la probabilidad de violencia (^{Benson et al., 2003}). En ese sentido, algunos estudios señalan como factor de riesgo de la violencia de género, convivir en una comunidad con altos índices de pobreza, desempleo y violencia (^{Heise, 2012}).

En el escenario social, los factores económicos asociados al nivel de desarrollo de un país y de las mujeres en particular, así como los factores asociados con la garantía y disfrute de los derechos de las mujeres, se vinculan con tasas más bajas de violencia de pareja. La investigación en torno a 40 países realizada por ^{Kaya y Cook (2010)} indaga el efecto del contexto cultural y la globalización en la violencia por parte de la pareja y muestra que la participación de la mujer en la fuerza laboral en los sectores no agrícolas y la matriculación de la mujer en la escuela secundaria disminuyen la probabilidad de violencia por parte de la pareja íntima.

El desarrollo del país, la garantía de derechos políticos y la democratización del país son factores que se asocian con menor violencia; mientras que el fraccionamiento religioso y la dependencia de países de ingresos altos como socios exportadores también aumentan la probabilidad de violencia contra la mujer (^{Kaya y Cook, 2010}).

Por su parte, un estudio hecho en 17 países de África subsahariana encuentra que el aumento de la tasa de alfabetización de hombres y mujeres adultos, el índice de desarrollo de género, el producto interno bruto y el índice de desarrollo humano disminuyen monótonamente las actitudes de justificación de la violencia y la violencia de género (^{Uthman et al., 2010}). Así mismo, con base en información de Perú y Brasil, ^{Heise (2012)} determina que las variables relacionadas con el estado de la mujer, la desigualdad de género, las normas sociales y el nivel general de desarrollo socioeconómico predicen la prevalencia de la violencia de pareja.

II. Metodología

Con el propósito de identificar los factores de riesgo de diferentes tipos de violencia de género en la pareja en el Ecuador se utiliza la segunda ENVIGMU de 2019, y se construyen variables propias para los ámbitos individual, relacional y comunitario. La encuesta la ejecutó el INEC mediante un muestreo probabilístico y se levantó entre julio y agosto de 2019, a mujeres de 15 años en adelante, tanto del área urbana como rural, en todo el país, con una muestra de 20 848 viviendas (^{INEC, 2019b}). La base cuenta con 17 211 observaciones, de las que se excluye 749 observaciones que corresponden a mujeres que no han tenido pareja, dejando un total de 16 462 observaciones que representan a 5 853 420 mujeres. Adicionalmente, se utiliza la información del Consejo Nacional Electoral sobre la participación de mujeres en la Asamblea Nacional como elemento del nivel social.

La estrategia de investigación consiste en un análisis cuantitativo mediante la estimación de la probabilidad de reportar violencia en el ámbito de la pareja en algún momento de la vida, utilizando un modelo binominal de regresión logística. Esta estrategia es consistente con la aplicada en estudios similares sobre factores de riesgos de violencia de género (^{Carbone López y Kruttschnitt, 2010}; ^{Cáceres y Cáceres, 2006}; ^{Contreras Taibo, 2014}; ^{Durán, 2019}; ^{Graña Gómez et al., 2009}; ^{Kabir et al., 2019}; ^{Kaya y Cook, 2010}; ^{Kishor y Johnson, 2004}; ^{Natera Rey et al., 2004}; ^{Nocentini et al., 2010}).

En la regresión logística la variable dependiente toma el valor de 1 cuando la mujer reporta haber sido víctima de violencia y de 0 en el caso contrario. El modelo asume una función del tipo, donde α es una constante, β, γ, δ, φ son vectores de coeficiente y I_i, R_i,C_i,S_i son vectores de condiciones individuales, relacionales, comunitarias y sociales de la mujer, respectivamente, que incluyen las variables indicadas en el Cuadro 1.

Cuadro 1 Factores analizados por nivel ecológico 

^α La etnia se autoidentifica en la encuesta e incluye: indígena, afroecuatoriana, montubia, mestiza y blanca. Por montubia se entiende a la persona mestiza de origen campesino que reside en áreas rurales de la costa ecuatoriana.

Fuente: elaboración propia.

Los tipos de violencia por parte de la pareja que se exploraron son: violencia psicológica (conducta dirigida a causar daño emocional, disminuir la autoestima, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal y degradar la identidad cultural); violencia física (acto que produce daño, sufrimiento físico o castigos corporales, que provocan o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas); violencia sexual (acción que implica vulneración del derecho a la integridad y decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación); y violencia económica o patrimonial (acción que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad de bienes conyugal y de uniones de hecho) (^{INEC, 2019a}).

III. Resultados

A. Incidencia de la violencia de género en la pareja

En el Cuadro 2 se observa que más de la mitad de las mujeres son adultas (58.82 %), seguidas de jóvenes (22.43 %), adultas mayores (13.90 %) y en menor porcentaje adolescentes (4.85 %). Con relación a su autoidentificación étnica, la mayoría corresponde a mujeres blancas/mestizas (85.73 %), seguidas de indígenas (7.17 %), montubias (3.69 %) y afroecuatorianas (3.42 %). En cuanto a nivel educativo hay una concentración en nivel secundario (39.21 %) y primario (33.76 %), seguido de nivel superior (21.53 %).

Menos de la mitad de las mujeres trabaja (49.58 %). El 16.97 % trabaja 40 horas semanales, lo que evidencia la falta de incorporación de las mujeres en el empleo remunerado y el empleo pleno; el 21.09 % trabaja menos de 40 horas semanales, mientras que el 11.61 % trabaja más de 40 horas semanales. La mayor parte de las mujeres se encuentra en el área urbana (71.45 %).

Cuadro 2 Características sociodemográficas de las mujeres encuestadas 

Fuente: elaboración propia con base en ^{ENVIGMU (2019)}.

La encuesta refleja una mayor incidencia de violencia de género en mujeres adultas y adultas mayores a lo largo de toda la vida (Cuadro 3). Esta relación cambia cuando se observa la violencia sufrida en el último año, en cuyo caso son las jóvenes las que registran mayor prevalencia de violencia. Las mujeres indígenas reportan más violencia en la pareja a lo largo de toda la vida (47.10 %), seguidas de las afroecuatorianas (44.88 %), blancas/mestizas (39.05 %) y montubias (32.06 %). La violencia psicológica y física tienen mayor prevalencia en las mujeres indígenas, mientras que la violencia patrimonial y sexual son mayores en las mujeres afroecuatorianas. Respecto a la educación se observa que la prevalencia de violencia se reduce a medida que se alcanza un mayor nivel educativo. En el área rural se reporta más violencia psicológica y física que en el área urbana, mientras que en el área urbana la prevalencia de violencia patrimonial y sexual es mayor (Cuadro 3).

Cuadro 3 Tipos de violencia sufrida por la mujer en la pareja por edad, etnia, educación y área 

Fuente: elaboración propia con base en ^{ENVIGMU (2019)}.

En lo que atañe a la calidad de la vivienda, que es una variable utilizada en la perspectiva del estudio como un factor individual relacionado con el nivel socioeconómico, se observa que el 43.37 % de las mujeres vive en una vivienda de mala calidad⁵.

La tolerancia a la violencia de género se establece mediante un índice que presenta un valor promedio de 0.39 sobre 6⁶. Respecto al índice de los roles de género, existe una débil aceptación de los roles femeninos y masculinos tradicionales, teniendo un promedio de 2.67 sobre 9⁷. Entre los grupos de edad, las mujeres adultas y adultas mayores presentan índices promedio más elevados en dos índices. Las mujeres indígenas seguidas de las montubias presentan un mayor índice de aceptación de roles de género, mientras que las mujeres indígenas advierten una mayor tolerancia a la violencia de género. Las mujeres con menor educación formal tienen índices promedios más elevados de roles y tolerancia que van disminuyendo a medida que aumenta el nivel educativo. Por su parte, las mujeres en el sector rural reportan mayor aceptación de los roles de género y tolerancia a la violencia (Cuadro 4).

Con relación al número de hijos e hijas, el 19.87 % de las mujeres no tiene hijos, el 32.41 % tiene uno o dos hijos y el 52.28 % tiene tres o más hijos.

Cuadro 4 Índices de roles de género y tolerancia a la violencia en la pareja por edad, etnia, educación y área 

Fuente: elaboración propia con base en ^{ENVIGMU (2019)}.

La mayoría de las mujeres reportan haber tenido una sola relación (66.56 %); esto se da especialmente en mujeres adultas, mientras que más de la mitad de las adolescentes y jóvenes reportan más de una relación. La mayoría de las relaciones duran más de diez años (55.02 %), seguidas de hasta un año (20.51 %). Las mujeres con menor nivel educativo reportan relaciones prolongadas de más de diez años (Cuadro 5).

El índice de tensión de la pareja tiene un valor promedio de 1.74 sobre 17⁸. Las mujeres adultas y jóvenes registran mayores niveles de tensión, así como las afroecuatorianas e indígenas (Cuadro 6). Con relación al control del dinero, solamente el 9.62 % de las mujeres deciden solas qué hacer con su propio dinero. El mayor porcentaje de mujeres que reportan autonomía en las decisiones sobre su dinero son mujeres adultas mayores y adultas, afroecuatorianas y aquellas con poca educación formal (Cuadro 6).

Cuadro 5. Número y duración de las relaciones de pareja de las mujeres por edad, etnia, educación y área 

Fuente: elaboración propia con base en ^{ENVIGMU (2019).}

Por último, el nivel de representación de las mujeres en el órgano legislativo nacional difiere según la provincia. De las 24 provincias del país, 7 cuentan con una representación paritaria, en 3 el número de mujeres supera al de hombres, 6 cuentan con una representación de entre 25 % y 47.6 % de mujeres, y 8 no cuentan con asambleístas mujeres.

Cuadro 6 Conflictos y tensiones en la relación de pareja por edad, etnia, educación y área 

Fuente: elaboración propia con base en ^{ENVIGMU (2019)}.

B. Los factores de riesgo de la violencia en la pareja

Con base en la información levantada en la ENVIGMU y siguiendo los niveles planteados por el modelo ecológico, a continuación se presentan los efectos marginales del modelo de regresión logístico, los cuales se interpretan en términos de la relación con la probabilidad de ser víctima de violencia en la pareja.

1. Factores de riesgo en el ámbito individual

La edad es un factor de riesgo relevante de la violencia de género por parte de la pareja en el Ecuador. De manera consistente con la literatura (^{Carbone López y Kruttschnitt, 2010}; ^{Graña Gómez et al., 2009}; ^{Kabir et al., 2019}; ^{Orpinas, 1999}; ^{Vives Cases et a l., 2009}), las jóvenes, entendidas como las mujeres entre 18 años y 29 años, tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia tanto a lo largo de su vida como en los últimos 12 meses (Cuadro 7), lo que se refleja en los coeficientes de signo negativo para mujeres adultas y adultas mayores, resultado que es significativo en el caso de violencia en los últimos 12 meses.

Este resultado se observa de manera particular en la violencia psicológica; mientras que, al contrario, en el caso de la violencia sexual a lo largo de toda la vida la probabilidad de haber sufrido este tipo de violencia aumenta con la edad.

El estado civil se vincula de forma significativa con la probabilidad de sufrir violencia, siendo las separadas, viudas y divorciadas las que registran mayor riesgo de violencia a lo largo de su vida, en tanto que las mujeres casadas o unidas son las de mayor riesgo de violencia en los últimos 12 meses (Cuadro 7). Estos resultados se mantienen para todos los tipos de violencia.

En cuanto a la autoidentificación étnica, se encuentra que las mujeres indígenas se relacionan con una probabilidad 5.6 puntos porcentuales mayor de sufrir violencia física a lo largo de su vida, en comparación con los otros grupos étnicos. Este hallazgo da cuenta de las múltiples vulnerabilidades a las que este grupo está sometido y por lo tanto, la necesidad de intervenciones focalizadas para la superación de la pobreza de este grupo y estrategias específicas sobre violencia física mediante el abordaje desde la interpretación cultural del castigo físico como una forma de reparación en la justicia indígena.

En el caso de las mujeres afroecuatorianas y montubias, los resultados muestran un coeficiente que no es estadísticamente significativo, en comparación con mujeres blancas y mestizas, en todos los tipos de violencia. Este resultado puede interpretarse bien por la presencia de otros factores que capturen el riesgo de violencia para estos grupos dentro del modelo, o debido a particularidades culturales que requieren un análisis de mayor profundidad (Cuadro 7).

La variable de roles de género registra una relación negativa con la violencia. Este resultado puede estar asociado con que la aceptación de roles tradicionalmente femeninos reduce el reconocimiento de ser víctima de algún tipo de violencia. Por su parte, el índice de tolerancia a la violencia se presenta como un factor de riesgo de sufrir violencia física, psicológica y patrimonial (Cuadro 7).

Cuadro 7 Modelo de regresión logística – violencia de género en la pareja a lo largo de toda la vida, factores en el ámbito individual 

Nota. Todas las especificaciones muestran efectos marginales en la media; e incluyen variables para los ámbitos relacional, comunitario y social, que se reportan en el Cuadro 8. Los resultados son robustos a la inclusión de interacciones entre las variables, así como a la intersección de distintos tipos de violencia. La variable dependiente, en cada caso, es: V = violencia total; VPS = violencia psicológica; VP = violencia patrimonial; VF = violencia física; VS = violencia sexual. * Significancia al 90 %, ** significancia al 95 %, *** significancia al 99 %.

Fuente: elaboración propia con base en ^{ENVIGMU (2019)}.

Otros factores individuales como el número de hijos e hijas y el trabajo de la mujer, que han sido objeto de estudio de variadas investigaciones con resultados contradictorios, reportan efectos que requieren una mayor profundización. El modelo desarrollado muestra que la presencia de hijos o hijas se conecta con una mayor probabilidad de sufrir violencia doméstica (Cuadro 7), con excepción de la violencia patrimonial en que el efecto es no significativo.

Por su parte, el estudio halló que el hecho de que la mujer trabaje, incluso en jornadas parciales, aumenta el riesgo de sufrir violencia física y psicológica en algún momento de su vida, consistente con lo planteado por ^{Kishor y Johnson (2004)}. Este resultado puede interpretarse como la consecuencia del desafío al sistema patriarcal que somete a las mujeres a las tareas de cuidado y limita su participación en el empleo remunerado. Sin embargo, el tener un trabajo con 40 horas semanales (jornada completa y adecuada) aparece como un factor protector de sufrir violencia psicológica y patrimonial en el último año (Cuadro 7).

Respecto al nivel educativo, el contar con un menor nivel constituye un factor de riesgo, un hallazgo respaldado ampliamente por diferentes investigaciones (^{Natera et al., 2004}; ^{Ogum Alangea et al., 2018}; ^{Sierra et al., 2009}; ^{Vyas y Watts, 2009}). Es así como, de acuerdo con el modelo, contar con educación secundaria se relaciona con una menor probabilidad de sufrir violencia física, mientras que la educación superior es un factor protector para violencia psicológica, física y sexual. Sin embargo, el nivel educativo de la mujer no es un factor significativo para la violencia patrimonial (Cuadro 7).

Finalmente, la mala calidad de la vivienda también tiene un efecto positivo y significativo para explicar la violencia en general en el Ecuador. De esta manera, se observa que la situación socioeconómica de las mujeres y sus hogares, como el nivel educativo y las condiciones de la vivienda, constituyen factores de prevención que deben ser atendidos con prioridad.

2. Factores de riesgo en el ámbito relacional

La duración de la relación aparece como un factor de riesgo significativo para todos los tipos de violencia. En el caso de la violencia psicológica el riesgo se incrementa superado el año de relación, mientras que para los tipos de violencia patrimonial y física lo hace desde del sexto año, y de violencia sexual a partir del décimo año (Cuadro 8).

Cuadro 8 Modelo de regresión logística – violencia de género en la pareja a lo largo de toda la vida, factores en los ámbitos relacional, comunitario y social 

Nota. Todas las especificaciones muestran efectos marginales en la media; e incluyen variables para el ámbito individual, que se reportan en el Cuadro 7. Los resultados son robustos a la inclusión de interacciones entre las variables, así como a la intersección de distintos tipos de violencia. La variable dependiente, en cada caso, es: V = violencia total; VPS = violencia psicológica; VP = violencia patrimonial; VF = violencia física; VS = violencia sexual. * Significancia al 90 %, ** significancia al 95 %, *** significancia al 99 %.

Fuente: elaboración propia con base en ^{ENVIGMU (2019)}.

Por otro lado, las tensiones en la relación de pareja resultan relevantes para explicar la violencia. La presencia de tensiones interpretadas por la mujer para el caso de su pareja masculina, tiene un efecto positivo para todos los tipos de violencia, lo cual se explica con la acumulación de tensiones que antecede a la explosión violenta como parte del ciclo de la violencia basada en género, y que deben ser abordadas desde la generación de alertas tempranas de prevención (Cuadro 8).

Por último, dentro de los factores relacionales se exploró el impacto de la toma decisiones individuales sobre el dinero que la mujer gana. El modelo muestra que este factor se conecta con una probabilidad de 11.7 puntos porcentuales mayor de sufrir violencia en comparación con las mujeres que deciden de manera conjunta con su pareja o que su pareja decide por ellas (Cuadro 8). Este resultado es consistente con lo planteado por ^{Kishor y Johnson (2004)} y ^{Kabir et al. (2019)} y fortalece la tesis de que el sometimiento al control por parte de la pareja y la aceptación de los roles de género son formas que reducen el conflicto y la violencia pero que someten a las mujeres al control de sus parejas y limitan sus proyectos de vida.

3. Factores de riesgo en el ámbito comunitario

En este nivel se plantea el área donde vive la mujer como factor de riesgo para la violencia de género de la pareja. En este sentido, se utiliza la prevalencia de violencia en la provincia como medida del contexto general de violencia en que reside la mujer. En el modelo, esta variable presenta un efecto positivo alto y significativo al 99 % para todos los tipos de violencia (Cuadro 8). A pesar de este hallazgo, es importante mencionar la dificultad de establecer y analizar variables asociadas al ámbito comunitario en las herramientas estadísticas disponibles. Por lo que resulta necesario revisar otras fuentes de información y metodologías complementarias que capturan las múltiples dinámicas que se dan en el contexto específico de un barrio o comunidad.

4. Factores de riesgo en el ámbito social

artiendo de la dificultad de ubicar con claridad los factores sociales o culturales en un estudio de país, esta investigación define el nivel ecológico asociado al mesosistema con la presencia de mujeres en la Asamblea Nacional por provincia. Este factor busca aproximar la situación de las mujeres, la garantía de sus derechos políticos y en general el desarrollo económico y social como un factor social asociado a la violencia.

De acuerdo con el modelo propuesto, la mayor representación política de las mujeres se relaciona, principalmente, con una menor probabilidad de sufrir violencia física. Este resultado puede interpretarse desde una mayor conciencia de la violencia física, como el tipo más visible por los efectos que esta genera en las provincias con mayor representación política femenina.

IV. Conclusiones

El estudio de los factores de riesgo y factores protectores de la violencia basada en género constituye un aporte para el entendimiento de este grave problema social y la generación de estrategias preventivas pertinentes y dirigidas a las mujeres en situación de vulnerabilidad en escenarios de alta incidencia de violencia. Los resultados proporcionados en este estudio permiten la priorización de acciones y diferenciación de factores de riesgo para distintos grupos de mujeres, lo que es fundamental en contextos de restricciones presupuestarias y crisis económicas, así como ante afectaciones externas tales como la pandemia provocada por la Covid-19.

El estudio además llena un vacío en cuanto al análisis de los factores de riesgo en el Ecuador, contribuyendo a la evidencia empírica del país, pero además a la literatura de países de ingresos medios y bajos. Adicionalmente, uno de los principales aportes es la identificación de factores de riesgo de violencia en la pareja para distintos tipos de violencia reportada tanto a lo largo de toda la vida, como en los últimos años; lo que facilita contar con mayor especificidad en los resultados y por ende en las medidas preventivas.

De manera consistente con los modelos interpretativos ecológicos, los resultados del presente estudio muestran que la totalidad de factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales analizados, para el caso de Ecuador, tiene una relación significativa para determinar el riesgo de sufrir algún tipo de violencia de género en la pareja.

En el ámbito individual, las mujeres con menor edad, bajo nivel educativo y con vivienda de mala calidad tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia por parte de la pareja en los diferentes tipos (psicológico, físico, sexual y patrimonial), lo que da cuenta del vínculo existente entre situaciones de empobrecimiento y desigualdad y la violencia, siendo factores que se refuerzan entre ellos. Es así que las estrategias de prevención contra la violencia no pueden implementarse de manera aislada de las políticas nacionales y locales de reducción de la pobreza y la desigualdad, sino que estas últimas deben incorporar acciones específicas para prevenir la violencia y establecer medidas de coordinación entre las instituciones ejecutoras de la política pública.

Además, se identifica que las mujeres indígenas tienen mayor riesgo de violencia física, lo cual determina un resultado de particular relevancia para países con diversidad cultural, a fin de entender las dinámicas propias de distintos pueblos y etnias, y generar políticas que se diseñen desde la pertinencia cultural.

En el caso de la tolerancia a la violencia por parte de la mujer se observa que esta se relaciona con un mayor riesgo de sufrir violencia en la pareja. De forma similar, se encuentra un nexo entre los factores asociados a los roles de género tradicionales y la violencia en todos sus tipos, teniendo que las mujeres que cuentan con un trabajo fuera del hogar y quienes tienen mayor número de hijos presentan mayor probabilidad de sufrir violencia, lo que constituye un aporte a la literatura actual que establece resultados inconsistentes sobre estos factores.

Estos resultados dan cuenta de la necesidad de profundizar los mecanismos de transformación de patrones socioculturales para crear relaciones sociales basadas en la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el fortalecimiento de programas educativos en todos los niveles y programas dirigidos a hombres, enfocados en nuevas masculinidades, que permitan romper los estereotipos basados en género que limitan los proyectos de vida de las mujeres. Este tipo de acciones no tienen resultados visibles en el corto plazo, por lo que uno de los retos más importantes es garantizar su sostenibilidad en el tiempo mediante dotación de recursos económicos y la constante evaluación del impacto de estas medidas.

Adicionalmente, los resultados sobre el número de hijos demuestran la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del embarazo no deseado y de embarazo adolescente, mediante educación sexual y reproductiva y acceso a anticonceptivos; y garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado, lo que lamentablemente aún es un desafío en la región latinoamericana. Así mismo, el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar con aseguramiento a la seguridad social, y cobertura de servicios públicos de cuidado mediante financiamiento público suficiente y oportuno, así como la implementación de medidas para fomentar la igual distribución de tareas de cuidado entre hombres mujeres contribuyen a la prevención de la violencia.

En el ámbito relacional el estudio encuentra que los conflictos en la pareja, la toma de decisiones individuales de la mujer sobre su dinero, el estado civil y el estar en una relación de larga duración son factores que se conectan con tasas más altas de violencia contra la mujer que ejecuta su pareja. Estos hallazgos son una base para la implementación de mecanismos de detección y prevención temprana de la violencia por parte de los organismos públicos competentes, generando sistemas de alertas, seguimiento nominal y derivaciones, en especial entre los entes responsables de prestar los servicios de salud y educación, que suelen ser los primeros espacios donde se identifica la violencia; así como la policía para las medidas de auxilio, los órganos judiciales y, en el caso de Ecuador, las juntas cantonales de protección de derechos y tenencias políticas que se encargan de otorgar medidas administrativas de protección a las víctimas de violencia.

Del mismo modo, la identificación de factores de riesgo de violencia como la edad y la existencia de una relación de larga duración puede constituir un aporte esencial para que sea incorporado en los protocolos oficiales para el dictamen de medidas de protección para casos de violencia de la mujer por parte de los órganos judiciales y administrativos. Esto sin duda como una contribución complementaria a la información que proviene del testimonio de las propias víctimas y las pericias psicológicas y físicas dispuestas en cada caso.

En los escenarios comunitario y social, vivir en una provincia con altas tasas de violencia y con baja representación femenina se asocia con mayor violencia física, lo que da cuenta de la necesidad de implementar programas territoriales que fomenten el empoderamiento y la participación de las mujeres.

Tal como se ha planteado a lo largo de este trabajo, si bien la violencia puede afectar a todas las mujeres en su diversidad, la presencia de factores socioeconómicos vinculados con empobrecimiento y vulnerabilidad en contextos de menores oportunidades se asocia con mayor probabilidad de violencia.

Las agendas de desarrollo deben abordar la conexión entre problemas estructurales que reflejan las desigualdades sociales como el racismo y el machismo y en ese mismo sentido, las estrategias preventivas que se adopten no pueden ser aplicadas de manera general a todas las mujeres sino con énfasis en mujeres que enfrentan múltiples vulnerabilidades. En ese marco, futuros trabajos de investigación deberán profundizar en el análisis de los factores identificados, mediante técnicas cualitativas que contemplen las causas, severidad y frecuencia de la violencia.