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Revista Facultad Nacional de Salud Pública

versión impresa ISSN 0120-386Xversión On-line ISSN 2256-3334

Rev. Fac. Nac. Salud Pública v.30 n.2 Medellín mayo/ago. 2012

 

EDITORIAL

Hablaron los académicos

 

 

Los académicos de Colombia opinaron en forma casi unánime que la crisis actual de sistema de seguridad social en salud está en su momento de mayor severidad; crisis que se manifiesta en la agudización de los problemas estructurales, ya sea relacionados con la ineficiente gestión de los recursos, manifestada en la contradicción entre un incremento ostensible del gasto en salud mientras los indicadores trazadores del estado de salud en la población más vulnerable muestran un retroceso preocupante; también es evidente el malestar ciudadano por un sistema que está a espaldas de las necesidades, derechos y demandas de la ciudadanía, mientras que las acciones de regulación gubernamental mantienen intacto el esquema de aseguramiento basado en la existencias de intermediarios que no agregan valor al sector de la salud, pero si le restan importantes recursos por vía de la administración, la obtención de beneficios económicos y en algunos casos por cuenta de la corrupción. Es un sistema que hace aguas mientras el alto gobierno insiste en sostenerlo a pesar de las evidencias que sugieren caminos diferentes para superar la crisis y es imperativo un gran acuerdo nacional para salir de la crisis.

Esta reflexión es uno de los consensos logrados en el Encuentro Nacional de Académicos de la Salud que se realizó en Medellín y en donde se congregaron profesores de la gran mayoría de las universidades colombianas que ofrecen programas de salud con el fin de dialogar sobre la situación crítica a que ha llegado el sistema de seguridad social en salud. Del encuentro sale una interesante declaración la cual, dada la importancia del texto, incluimos en la presente edición de nuestra revista.

Uno de los hechos para destacar en esta reunión fue el de la socialización de parte de un grupo de académicos e investigadores que radicaron en el Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria de salud para Colombia, que busca sentar las bases axiológicas y políticas para darle viabilidad real a un concepto de derecho la salud considerado como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Esta idea contiene una propuesta de sistema de salud que con un esfuerzo fiscal similar al actual, pero eliminado la intermediación de los aseguradores privados se pueda lograr una cobertura universal del derecho, independiente de la capacidad de pago de los habitantes.

También se discutió sobre la necesidad implementar un modelo de salud basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud en los términos estrictos como la concibe al OMS, haciendo la observación de que una estrategia de alto contenido social y político como esta pierde viabilidad dentro de un modelo de aseguramiento, que busca lucrarse de la circulación de capital vinculado a la prestación de servicios curativos y que menosprecia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en razón a que tiene una baja capacidad de generar dividendos financieros, no obstante la demostrada eficiencia social de estos programas.

El evento es una oportunidad más para que la comunidad académica logre inscribir en la agenda pública el resultado de un trabajo disciplinado a través de la evidencia investigativa, la reflexión serena y el compromiso misional de los universitarios frente a problemas fundamentales de la sociedad. Sin embargo la historia reciente del proceso de instauración de la profunda e inconveniente reforma de salud que el país ha padecido en los últimos 20 años se caracterizó por privilegiar la vinculación estrecha de universidades extranjeras, quizás con un respaldo académico de mucho renombre, pero distantes da la realidad del pueblo; se escuchó más la voz de consultores externos desprovistos de proyectos políticos propios de la dinámica colombiana, mientras que el clamor de la sociedad civil solo tuvo eco en los estrados judiciales, algunas veces mediante el recurso de la tutela y otras, mediante sentencias de de la Corte Constitucional.

Hacemos votos para que este esfuerzo sea el inicio de un gran movimiento nacional con amplia base social que logre ser escuchado en los altos niveles de decisión política, que quede claro que es el reclamo de quienes fundan sus intereses, no en la búsqueda de lucro económico, sino en la consolidación de un Estado de bienestar en donde los ciudadanos podamos sentirnos representados.

 

Álvaro Olaya Peláez

Director

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