EDITORIAL

El derecho a la salud enredado en agendas extrañas

“El caos actual se debe a una especie de olvido generalizado de aquello que todos los hombres pretendían”
G.K. Chesterton

Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde el momento en que la Asamblea General de las Naciones Unidas consagrara la conocida definición de salud, que si bien algunos la han tildado de utópica, contiene en sí misma un innegable valor ético, considerando que sería inadmisible el hecho de que dentro de los enunciados políticos de los Estados, se estableciera límite alguno, ya sea respecto a la exclusión como beneficiario de las acciones públicas de al menos uno de los ciudadanos o que se aceptara alguna carencia en términos de salud y bienestar. Esto lleva a reconocer que en el terreno de las definiciones políticas, de las conferencias, tratados, cartas y demás construcciones doctrinarias que con tanta frecuencia se consagran, la salud se concibe como un bien intrínseco a las sociedades modernas. Sin ir muy lejos, la Conferencia de Alma Ata y la formulación de los Objetivos del Milenio son un claro ejemplo de la capacidad que tienen los líderes en el mundo para construir consenso alrededor de formulaciones políticas ricas en enunciados y metas pero en última instancia, con insuficiente gobernabilidad para que en la realidad de los pueblos se lleguen a concretar.

Sin embargo el calificativo de utópico que se atribuye al concepto de salud no puede establecerse en argumento para renunciar a las pretensiones de universalidad, integralidad e intersectorialidad que están implícitas y que deben constituirse en la imagen objetivo de la intervención estatal con respecto a la salud; si se estrechan los linderos del alcance de la función del Estado en aras de lo posible, correremos el riesgo de abandonar los sueños. Metas como libertad, democracia, dignidad, bienestar y equidad tienen la cualidad histórica que primero fueron utopías, después sueños, y a través de luchas y esfuerzos sobrehumanos, poco a poco han venido brotando como realidad de la sociedad. ¿Que podría pasar si dejamos de soñar en una sociedad en donde la salud sea sinónimo de la vida en su estado superlativo?

El concepto de salud ha seguido una dinámica histórica paralela a la manera como la sociedad busca explicaciones al mundo y a la vida; a veces como algo relacionado con la magia, en otras la explicación se busca en la evidencia científica. Hubo quienes explicaron la enfermedad como la resultante de causas naturales próximas, mientras de otro lado se fortalecen paradigmas sustentados en la determinación social. Unas sociedades construyen a su alrededor un acuerdo social garante del derecho, en tanto otras acuden al expediente del ejercicio autoritario. En un lugar prevalece el derecho fundamental a la salud y por ende, los ciudadanos olvidan la costumbre de preguntarse sobre el asunto; mientras en otros países se abren los ojos a la potencialidad que supone la prestación de servicios de salud bajo la concepción de mercancías transables y sus pobladores se ven en medio de un inhumano juego de poderes; en un Estado la salud se asume como una importante inversión social, en otros la asignación de dineros es vista como un gasto no reembolsable cuya solución está en la búsqueda de fuentes de financiación cada vez menos onerosa para los presupuestos públicos.

Para el caso colombiano, la expresión actual de la crisis de la salud puede ser vista desde lógicas e intereses diversos y, muchas veces irreconciliables, que acuden a los escenarios de decisión política, cada cual reclamando lo que le represente beneficios desde su lugar y olvidando quien debe ser el fundamental objeto de las políticas de salud: la población.

Vemos por tanto agentes gubernamentales en búsqueda de la gobernabilidad perdida, intentando conciliar una agenda planificadora que anuncie compromiso de metas de desarrollo aunque el correlato presupuestal no sea tan suficiente como las metas lo requiera. En otra línea, los empresarios que desde hace dos décadas incursionaron en un sector que ha sabido explotar sus propias potencialidades económicas, se han resistido a reconocerse como un actor que ha demostrado la suficiente capacidad de lobby para reenfocar las políticas públicas hacia su propio beneficio. A su vez los trabajadores de la salud claman por recuperar el rol protagónico y las condiciones de estabilidad laboral que el modelo de aseguramiento le ha resquebrajado.

A todas estas, las personas que sufren las consecuencias de la fragmentación e inoperancia del sistema, se las ingenian para sobrevivir acudiendo a los escasos recursos que la normatividad les permite. Por eso los tribunales del país colapsan con los millares de expedientes de quienes acuden al recurso de tutela para acceder a servicios que les son vitales. Los ciudadanos que son quienes dinamizan el sistema no tienen vocería en los debates sobre reforma a la salud.

En cumplimiento del fin supremo del Estado, que debería ser el de garantizar a todos los habitantes unas condiciones de salud, que no solo sea la ausencia de enfermedad sino también el máximo nivel de bienestar físico, mental y social, reclamamos a quienes detentan el poder político el mayor compromiso moral con el país y que de una vez asuman como propio de la sociedad colombiana un concepto de salud a la altura de los principios de nuestra Constitución Política.

Alvaro Olaya Peláez
Director