Editorial

Se espera un viraje en las políticas sobre drogas

En el pasado mes de abril de 2016 se realizó una importante cumbre mundial para revisar los lineamientos internacionales sobre las políticas requeridas para contrarrestar el problema de la drogas. La reunión fue convocada por las Naciones Unidas y se realizó en el marco del trigésimo período de sesiones de la Asamblea General. Hay algunos aspectos de particular interés para la salud pública en esta reunión política del más alto nivel, que pueden convertirse en importante plataforma de direccionamiento de la acción gubernamental para afrontar el delicado tema desde nuevas perspectivas.

Es importante precisar que desde el pasado mes de diciembre se convocó esta reunión por iniciativa de un grupo de dirigentes políticos que han expresado su preocupación por el tratamiento que desde la convención única de 1961 se ha dado al tema de las drogas, en particular sobre el énfasis algunas veces desmedido en el control militar y judicial al tráfico de las sustancias psicoactivas, mientras los recursos y las acciones hacia la prevención de los consumos, el tratamiento y la rehabilitación a la población con trastornos por el uso de sustancias ha sido mínimo. Se ha escuchado el clamor de algunos dirigentes invitando a reconocer el fracaso de la llamada lucha contra las drogas, la cual -a cambio de metas de bienestar y prevención- ha dejado una dolorosa estela de sangre y sufrimiento de los pueblos, innumerables daños a nuestros ecosistemas, la degradación de las instituciones sociales por cuenta de la delincuencia y la corrupción que las enormes sumas de dinero que circulan por causa del prohibicionismo.

En el pasado reciente, organismos multilaterales, instituciones académicas, movimientos políticos y de base comunitaria se han unido a la voz que clama por la necesidad de una revisión de las políticas antidrogas en todo el mundo: la Estrategia Hemisférica contra las Drogas de la Organización de Estados Americanos, las Cumbres de las Américas, los movimientos en el Uruguay, La Declaración de Viena, refrendada públicamente por varios expresidentes y el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, insistían en la necesidad de una revisión sistemática de la aplicación de estos tratados. Según estas organizaciones, una política eficaz para afrontar el fenómeno de las drogas debía ser una actuación basada en los Derechos Humanos, centrada en la reducción de los efectos nocivos de las drogas, principalmente la marginación de grupos específicos y el aumento de las brechas sociales, todo ello en el marco de una reconstrucción de la relación entre los ciudadanos, en un ejercicio pleno de su autonomía.

En el marco del ejercicio de las políticas prohibicionistas aplicadas en el país en las últimas décadas, los colombianos hemos experimentado uno de los períodos históricos más sangrientos por causa del narcotráfico; además de la numerosas víctimas, las cárceles se han llenado de ciudadanos que han buscado en esta vía algunas alternativas para salir de la pobreza y la exclusión; las instituciones públicas se han manchado de corrupción y las alternativas de bienestar ciudadano se han aplazado por el efecto de estas guerras que en muy poco han contribuido a la disminución de la oferta de sustancias, mientras que sí han incidido en el incremento de los precios internacionales de las drogas.

Si bien en el texto de la declaración de las Naciones Unidas no se hace un reconocimiento explícito a los fracasos en las políticas internacionales, es visible el cambio en los términos de la redacción del texto, en donde se pone en primer lugar un acento en los retos inmediatos para la búsqueda de mejores condiciones de salud, la seguridad y el bienestar de los pueblos.

Algunos de los retos enunciados en la declaración son:

• Adoptar medidas de prevención primaria eficaces y prácticas para proteger a las personas, en particular a los niños y jóvenes, de la iniciación en el consumo de drogas.

• Ampliar la disponibilidad, cobertura y calidad de las medidas e instrumentos de prevención basados en datos científicos.

• Reconocer que la drogodependencia es un trastorno de la salud complejo en el que intervienen múltiples factores, que se caracteriza por su naturaleza crónica y recurrente con causas y consecuencias sociales y que se puede prevenir y tratar, por ejemplo mediante programas de tratamiento, atención y rehabilitación eficaces basados en datos científicos.

Desde el escenario académico de la salud pública subrayamos estos importantes propósitos y convocamos a los gobiernos de América Latina para que de manera urgente revisen sus posturas políticas y jurídicas y desde ahora asuman el abordaje del tema de las drogas centrado en las poblaciones, en particular en aquellas que, por causa del erróneo tratamiento del problema, han estado marginadas de las posibilidades de recuperar su integridad física y dignidad humana.

Que se inviertan los esfuerzos presupuestales entre la falsa disyuntiva de combatir el narcotráfico para disminuir la oferta de sustancias por una lado y la de invertir en las poblaciones para mejorar las condiciones de vida y apostarle a la prevención de los consumos indebidos de sustancias acudiendo a la dimensión ética y humanística de la población.

Que el acceso a los servicios sanitarios para el tratamiento de la población adicta esté libre de barreras y se incorporen planes de atención dentro de la oferta regular de los servicios de salud. Que estas atenciones estén libres de barreras económicas para el acceso y se elimine la estigmatización de los consumidores.

Que se propicie el desarrollo de investigación científica rigurosa y pertinente que apoye con evidencia válida el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención, tratamiento y rehabilitación de la población.

Que en los planes curriculares de las profesiones de la salud se incorporen acciones para mejorar el abordaje de estos problemas de manera integral en la de atención primaria en salud.

Que el tema del consumo indebido de sustancias psicoactivas esté nucleado en enunciados éticos hacia metas de bienestar ciudadano con criterios de equidad, inclusión social y democracia participativa.

Que se acabe la segregación moralista entre sustancias prohibidas y sustancias permitidas, que no han permitido reconocer que tanto el alcohol como el tabaco contribuyen con mucho más impacto en la degradación de las condiciones de salud de los pueblos, y su aporte a las tasas de morbimortalidad es más acentuado que otras sustancias.

Esperamos que de esta importante reunión se logre un viraje positivo a las acciones internacionales que afrontan el problema de las drogas y no se quede en meras declaraciones de buena voluntad. La humanidad lo requiere.

Isabel Cristina Posada Zapata
Docente Facultad Nacional de Salud Pública

Álvaro Olaya Peláez
Director
Docente Facultad Nacional de Salud Pública