Introducción

Teniendo como base la seguridad social, definida en la Constitución Política de Colombia de 1991 como un servicio público a cargo del Estado [¹], a partir de la Ley 100 de 1993 fue instituido el Sistema General de Seguridad Social, como un “conjunto de instituciones, normas y procedimientos”, cuyo fin principal es garantizar una “calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten” [¹]. Este sistema, como política pública, está conformado por regímenes generales para pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios [²]. En particular, el régimen general de pensiones, cuyo fin consiste en proteger al individuo frente a las contingencias de invalidez, vejez y muerte [³], y con base en las disposiciones del marco teórico denominado “pluralismo estructurado” [⁴], estableció la creación de un fondo monetario que redistribuya de manera eficiente el riesgo financiero de participantes en él, a partir de la afiliación y la contribución obligatoria de las empresas y los trabajadores, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (afp), en dos regímenes: el público, o régimen solidario de prima media con prestación definida, y el privado, o régimen de ahorro individual con solidaridad.

El beneficio de la pensión de sobrevivientes consiste en que los beneficiarios de esta reciben la mesada pensional respectiva del causante, completa o parcial, de acuerdo con el número de personas que acrediten el derecho, puesto que hay posibilidad de compartir la pensión entre cónyuge y compañero(a) permanente, según el tiempo de convivencia, por relaciones simultáneas o sucesivas, dependiendo de la reglamentación vigente.

La Ley 100 de 1993, en los artículos 47 y 74, establece quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, con el objetivo de lograr la protección económica del grupo familiar del afiliado o pensionado que fallece, tanto en el sistema de pensiones como en el de riesgos laborales [²]. Esta norma fue modificada por la Ley 797 de 2003 [⁵] y su Decreto Reglamentario 1884 de 1994 [⁶], los cuales establecen que los protegidos por este derecho son los miembros del grupo familiar del causante o persona siniestrada a raíz de invalidez, vejez o muerte, así: cuando se trata de persona casada o en unión libre, los beneficiarios o quienes reciben la pensión son el cónyuge o compañero permanente, con protección vitalicia o de máximo 20 años según la edad de este, y los hijos menores de edad, o entre 18 y 25 años cuando estén estudiando en centro educativo debidamente autorizado por el Ministerio de Educación y con intensidad horaria escolar de mínimo 20 horas semanales; así mismo, los hijos inválidos, independiente de su edad. En el caso del causante soltero, su grupo familiar son los padres y, a falta de estos, los hermanos inválidos que dependan en lo económico del fallecido.

Ante uno de estos siniestros (invalidez, vejez y muerte), la persona afectada hace una solicitud pensional a la afp [³], la que, a través de su Comisión Calificadora, decide aprobar o no la pensión.

La decisión de la afp para definir el beneficiario de la pensión de sobrevivencia está limitada a reconocerla cuando los aspirantes, o quien considera tener el derecho de reclamación, certifiquen su calidad de beneficiarios de acuerdo con la ley, y cuando existan dudas o conflictos, se basan en las decisiones de los juzgados o de las notarías, en caso de sucesiones sin litigio. Las afp y las Administradoras de Riesgos Laborales (arl) se limitan a reconocer la pensión de sobrevivencia en casos simples y de acuerdo con un procedimiento administrativo ya reglado. En todos los casos, está disponible la vía judicial para corregir cualquier error o decisión que perjudique a algún beneficiario legítimo.

Llama la atención que mientras el riesgo de morir por causas externas en Colombia para 2015 fue de 81,66 por cien mil habitantes, lo que implicó una disminución del 47,1 % en relación con 1988 [⁷], las solicitudes de pensión de sobrevivencia por causas externas han aumentado. A pesar que la mortalidad por violencia en el periodo mencionado haya pasado al segundo lugar por las enfermedades isquémicas del corazón [⁸], el continuar teniendo tasas de muerte por causas externas tan altas hace necesario estudiar los factores relacionados con dicho siniestro y los elementos que contribuyen a que las familias de la clase trabajadora tengan un sustento posterior por medio de la solicitud y la aprobación de una pensión por sobrevivencia.

Por otra parte, tras revisar diferentes fuentes de literatura académica, no se encontraron estudios que den cuenta sobre los factores asociados con la aprobación de la pensión por sobrevivencia en países en desarrollo y específicamente en Colombia, por lo que este estudio pretende, desde una perspectiva empírica, identificar cómo influyen los factores sociodemográficos, ocupacionales, de siniestralidad y de afiliación en la aprobación o no de la pensión de sobrevivencia en una AFP colombiana, con base en los registros de solicitud pensional entre 2006 y 2011 en la segunda afp más grande de Colombia en número de afiliados.

Metodología

Resultados

El número de afiliados a la afp durante el período en estudio fue de 2 274 543 personas, provenientes de todas las subregiones del país: Antioquia (27,7 %), Bogotá (26,1 %), Caribe (11,0 %), Central (16,5 %), Occidente (18,4 %), Oriente (0,3 %), y los Extranjeros, que fueron solo 323 (0,0 %).

Durante el período de estudio se solicitaron 7326 pensiones por sobrevivencia, de las cuales 2811 (38,4 %) fueron aprobadas y 4515 (61,6 %) negadas. En ese mismo período, el número total de reclamaciones por sobrevivencia por año incrementó, pasando de 873 en 2006 a 1448 en 1011, y de una tasa de solicitud por 100 000 afiliados de 57,4 a 67,7, con su mayor valor (72,5) durante el año 2009 (véase Figura 1].

Figura 1 Número de reclamaciones de pensión por sobrevivencia por 100 000 mil afiliados a una afp colombiana, 2006-2011. 

Tanto el número de reclamaciones por 100.000 afiliados que fueron aprobadas como no aprobadas, presentaron un comportamiento similar; sin embargo, el número de solicitudes aprobadas mantuvo una tendencia al aumento hasta abril de 2011, donde inició un cambio en la dirección, para terminar el período con tendencia a la baja (véase Figura 2].

Figura 2 Número de reclamaciones de pensión por sobrevivencia por 100 000 mil afiliados a una afp colombiana, según aprobación 2006-2011. 

Discusión

Según el Banco Mundial, el informe “Sistemas de pensiones en América Latina: conceptos y mediciones de cobertura” [¹²] refleja la situación de los sistemas pensionales en 17 países de América Latina. Aun teniendo en cuenta la suficiencia y la sostenibilidad como elementos cruciales para evaluar la idoneidad de los sistemas pensionales, los autores de dicho informe determinan medir la cobertura como el indicador del desempeño de estos. Aunque los autores advierten que aún no se cuenta con fuentes de datos homogeneizadas y métodos normalizados en cada uno de los países, estos esfuerzos comparativos se constituyen en aproximaciones valiosas para establecer un panorama de la situación en el continente.

Las principales conclusiones en dicho informe indican que la cobertura entre los trabajadores activos en la mayoría de los países (Colombia incluida) es baja: menos del 40 % de la fuerza laboral efectuó aportes regulares a sistemas de pensiones. El desempleo y la baja tasa de participación de los trabajadores independientes podrían ser las dos causas subyacentes más importantes para esto, situación que compartimos actualmente en Colombia.

La situación es más grave para los trabajadores del sector primario y las empresas pequeñas, pues allí las coberturas son casi inexistentes. En los sectores industriales y las empresas grandes (más de 50 personas) tienen mejores índices.

Las coberturas de los sistemas contributivos (como es el caso colombiano) entre adultos mayores es muy baja en la mayoría de los países de la región: 12 de los 16 países, entre ellos Colombia, proporcionan pensiones al 40 % o menos de sus adultos mayores.

La baja cobertura del sistema público de pensiones afecta más seriamente a los individuos que viven en áreas rurales, a los más pobres y que tienen el nivel más bajo de educación. Es importante recalcar el hecho que el indicador de idoneidad de los sistemas de pensiones usado en este estudio fue la cobertura.

Las complejas y crecientes necesidades de la población colombiana durante el último siglo han presionado al Estado para que las considere objeto de protección y, en consecuencia, haya evolucionado la legislación hacia una apuesta más garantista, la cual hoy se materializa con la seguridad social [¹³]. Mencionar la pensión de sobrevivientes en Colombia hoy se asemeja a un seguro de vida, dada la cantidad de personas que en Colombia no lograrán tener el derecho a obtener una pensión, por cuanto se trata de una prestación económica más conocida como sustitución pensional en favor de unos beneficiarios, pero esto no siempre fue así. La ley 90 de 1946 [¹⁴], al crear el seguro social obligatorio, fue la pionera en referirse a la pensión de sobrevivientes, aunque en esa época solo beneficiaba a la viuda o viudo inválidos.

Debido a que las normas de los sectores público y privado avanzaban por separado, se promulgaron las leyes 171 de 1961 [¹⁵] y 5 de 1969 [¹⁶], con el fin de aumentar las garantías en relación con el tipo de beneficiarios (cónyuge e hijos menores o incapacitados para trabajar por estudio o invalidez) y al tiempo del beneficio (dos años). En 1971, por el Decreto 433 [¹⁷], se amplía el tiempo de disfrute de la pensión a 5 años, y con la Ley 33 de 1973 [¹⁸], además de unificar las normas para ambos sectores, se reconoce la existencia de compañera permanente, además del cónyuge. Finalmente, las leyes 12 de 1975 [¹⁹], la 4 de 1976 [²⁰] y la 71 de 1988 [²¹] avanzan ampliando progresivamente los beneficios, como tránsito hacia el contexto del Estado Social de Derecho, en el marco de la constitución Política de Colombia de 1991.

A partir de lo legislado en la Ley 100 de 1993 y el Sistema General de Pensiones, la pensión de sobrevivientes se ofrece como servicio público obligatorio y respaldado por el Estado, al ser garantista de la dignidad humana de la familia, al proteger a aquellos desamparados que dependían económicamente del causante [¹³]. Lo anterior se suma a diferentes convenios internacionales, que propenden por respetar derechos fundamentales (Organización Mundial de la Salud -oms-, Banco Mundial, Organizaciones de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo -oit-) y específicamente en materia de pensiones, aclarando que el Convenio 159 de la oit [²²] es el único ratificado por Colombia, lo que implica el desconocimiento del Convenio 128 [²³] sobre invalidez, vejez y sobrevivientes, el cual obligaría al país a extender los beneficios a otras poblaciones no cubiertas en la actualidad, lo que pudiera amenazar la estabilidad financiera del mismo. Es evidente que, en Colombia, a pesar de la firma de convenios internacionales y las propias leyes promulgadas en favor de los derechos de las personas, con frecuencia dichas políticas no pasan de ser eso, un escrito en un papel [²⁴].

Además del marco regulatorio en materia de pensiones de sobrevivencia, el cual sugiere algunos elementos de análisis sobre qué tanto se cumple o no, los cuales se exploran en los párrafos siguientes, se hace necesario estudiar las variables que pudieran estar relacionados con la mortalidad como causal de solicitud pensional y su aprobación, como son las características de la población afiliada, las causas de muerte y los procesos que derivan en la aprobación o no de tales solicitudes.

Llama la atención, en los resultados del presente estudio, los altos porcentajes de negación de la solicitud, tanto en hombres como en mujeres, y en los diferentes grupos etarios, en los siniestros catalogados como accidente o enfermedad, y en los ocurridos en horas laborales o no, al igual que en las diferentes causales del siniestro. Esas altas proporciones de negación fueron encontradas en otro estudio de siniestralidad pensional publicado en Colombia, pero con el desenlace de invalidez y su aprobación, en el que haber sido declarado inválido estuvo relacionado con el sexo, el soporte social, el máximo nivel alcanzado de estudio, el puntaje total de discapacidad y de minusvalía, además de las causales de solicitud. La aprobación de la solicitud de pensión de invalidez estuvo relacionada con la edad del afiliado, el máximo nivel alcanzado de estudio, el puntaje total de deficiencia, discapacidad, además de las causales de solicitud [²⁵].

El que en el presente trabajo haya sido más probable que fuera aprobada una solicitud de un afiliado que falleció con edad entre los 35 y 39 años, en comparación con uno que falleció menor de 20 años, pudiera ser explicado por el cumplimiento de los requisitos sobre antecedentes de cotización. Por otro lado, haber muerto por causas externas hace más probable la aprobación, comparado en enfermedades transmisibles, y a su vez, que siniestros ocurridos en horarios no laborales y en la madrugada.

La aprobación de la solicitud de pensión por sobrevivencia representa, en la mayoría de casos, el sustento económico posterior de familias pertenecientes a la clase trabajadora del país, por lo que este desenlace repercute de manera directa sobre factores económicos y sociales de nuestra sociedad, pudiéndose generar un comportamiento cíclico de pobreza, violencia y muerte.

El crecimiento del número de solicitantes de pensión por sobrevivencia durante el período estudiado se relaciona con el incremento del número de afiliados observado en este período, posiblemente por la disminución en el desempleo y, consecuentemente, el aumento en la necesidad de afiliación [²⁶]. Las principales causas de reclamación por sobrevivencia se corresponden con el perfil epidemiológico de la población general: las causas externas a expensas de muerte violenta en casi la mitad de los casos, accidente no especificado en una tercera parte, y accidentes de tránsito en más de una décima, explican el mayor número de muertes y de solicitudes, y la mayoría de estas se presentan en hombres, características que son similares a las reportadas a nivel nacional [⁷,²⁷]. Dichas estadísticas nacionales muestran una disminución del porcentaje de muertes violentas en el período de 2002 a 2011, especialmente por la transición de la pirámide poblacional con el aumento de adultos mayores; en otras palabras, a medida que ocurre la transición, disminuyen las muertes por enfermedades respiratorias, digestivas y transmisibles, a la par que aumentan las causas circulatorias, tumores, accidentes de tránsito, así como las agresiones y muertes violentas.

El perfil de reclamaciones encontrado en el estudio posiciona las causas externas como principal factor de mortalidad, el suicidio como porcentaje importante de reclamación y habla de características cronológicas de las muertes (la mayoría ocurren en la noche y madrugada, los fines de semana). Estos factores pudieran corresponderse con mayor exposición a agresiones producto de la situación de violencia en el país [²⁸], y al hecho de que las agresiones y muertes violentas sigan representando la segunda causa de mortalidad en el mismo [²⁹-³¹].

Según la oms, Colombia, para 1995, ya había sido considerado como el país más violento de la región, no siendo despreciables las tasas de mortalidad en países como Chile y México, en los que se cuentan con más datos confiables sobre años de vida saludable perdidos y otros valores estadísticos, en los que se encuentran causas similares de mortalidad por violencia [³²]. Por su parte, en Perú, al igual que en Colombia, las dos primeras causas de mortalidad están representadas por enfermedades no transmisibles y accidentes y lesiones, que de igual manera se asocian a cargas de enfermedad importantes [³³].

Finalmente, con respecto a la pertinencia de la regulación de la pensión de sobrevivencia, debe destacarse la modificación de los beneficios para el cónyuge o compañero permanente, que antes de la Ley 797 de 2003 eran siempre pensión vitalicia y que a partir de esta norma se limitaron a la protección, durante 20 años, a los que en calidad de tales tuvieran menos de 30 años al momento de reclamar la pensión, para evitar prácticas comunes como la de convivencias ficticias o matrimonios de papel para beneficiar a personas afectas al pensionado, en especial en casos de ancianos con deterioro de salud notable.

Está aún pendiente una reglamentación específica para los casos de parejas del mismo sexo, que tienen protección por sentencias de la Honorable Corte Constitucional. El amparo a la familia, que es la base de este beneficio, sigue limitada a las familias en su sentido más tradicional y está pendiente su actualización, dados los cambios que esta institución viene teniendo en el último siglo. Las parejas del mismo género obtienen en general este beneficio mediante la acción de tutela.

Por otro lado, es necesaria mayor información a la población y publicidad sobre los derechos de las personas y los subsecuentes beneficios para ellos o sus allegados, asunto este que aporta al no completo cumplimiento de las normas. En ese sentido, parece insuficiente cualquier esfuerzo del Ministerio de Trabajo, el cual, a través de material didáctico, ofrece información básica para la población potencial beneficiaria de la pensión de sobrevivencia [³⁴].

Sobre las desviaciones en la aplicación de las normas de la pensión de sobrevivencia, en cuanto al direccionamiento de los beneficiarios o la liquidación inadecuada del monto de las mismas, nuestro estudio no analizó las variables de esos procesos en cuanto a la calidad de los aspirantes y al estudio de las cotizaciones para proceso de liquidación pecuniaria; por lo tanto, no tenemos elementos objetivos para concluir o comentar acerca de ello. Sin embargo, si bien el hecho de que los administradores del sistema, por pertenecer a conglomerados empresariales con ánimo de lucro, pudieran despertar desconfianza en el público, no es posible sin pruebas atribuirles manejos fraudulentos de las liquidaciones de los beneficios de sobrevivencia.

Una evidente limitación de este trabajo fue la ausencia en la captación primaria (por parte de los entes responsables) de la información suficiente para caracterizar mejor tanto a la población, como la causal del siniestro, y sobre los procesos y trámites administrativos por los que los reclamantes deben pasar para finalmente lograr acceder a su pensión. Es una lástima que no se cuente, en Colombia ni el Latinoamérica, con estudios similares ni actualizados que permitan comparar estos resultados.

Este es uno de los pocos estudios que aborda este tema y aporta a la insuficiente evidencia empírica latinoamericana sobre algunos factores asociados con la siniestralidad pensional y la aprobación de pensión de sobrevivencia en Colombia, el cual termina reflejando el panorama de violencia y muerte del país.

Por otro lado, este tipo de estudios y los que se deberían hacer en este sentido, pudieran incitar a la discusión que, a partir del cumplimiento de la normatividad y en el marco del Estado Social de Derecho, permita analizar los alcances de esta política pública, para producir mejoras en la misma, sin poner en riesgo su sostenibilidad.