1. Contextualización de la conflictividad en El Dorado y El Castillo

Los dos municipios aquí referenciados han sido territorios de disputa y de confrontación histórica de la guerra en Colombia, han sido escenarios en donde el conflicto, el miedo y, en ocasiones la resistencia, se han instalado como parte de la historia que los ha constituido y ha marcado diferencias en relación con la particularidad del conflicto.

1.2 El Castillo, historia de resistencia

Al hablar del municipio El Castillo, es imprescindible referirse al conflicto y sus precursores; tras la ola fuerte de la violencia bipartidista, se da la llamada "colonización" del Ariari, siendo entonces una zona colonizada y conformada por personas que venían desplazadas de distintas regiones del país, como Boyacá, Tolima, Huila y Cundinamarca. En municipios como El Dorado se asentaron familias de corte conservador, en su mayoría, marcando así un impulso colonizador; de otro lado, en El Castillo se asentaron familias mayoritariamente de corte liberal (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p.56).

Con la llegada de estas familias al territorio se empezó a construir un pensamiento político mancomunado que traza la historia de lucha y resistencia del municipio de El Castillo, siendo el Partido Comunista Colombiano (PCC), uno de los primeros alentadores de las luchas sociales en el Ariari. Este contexto permitió, entonces, la formación política de jóvenes y adultos dentro de una corriente de izquierda, lo que marcó un hito en la historia del municipio e indicó el inicio y aliento de la lucha social y la resistencia frente a las dinámicas del entorno..

Durante la colonización del Ariari, en El Castillo, tras la instalación del PCC en el municipio y la ola de creación de las guerrillas liberales con la lucha política y económica que se vivía en el país y el asesinato de Gaitán, llegaron dirigentes liberales y comunistas al municipio, quienes se adhirieron a esta estructura política persistente allí y "se dedicaron a una intensa labor de instrucción política entre los colonos, con lo cual lograron que los hombres se enrolaran en el PCC, los jóvenes en las Juventudes Comunistas, los niños en la Unión de Pioneros José Antonio Galán y las mujeres en la Unión de Mujeres Demócratas" (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015. p. 53).

Entendiendo esto, históricamente El Castillo ha sido considerado epicentro de izquierda y, en este sentido, ha sido uno de los territorios masacrados por el conflicto armado interno, no solamente por una guerra política e ideológica, sino que, de igual forma, por el azote del brazo económico del conflicto, en cuanto a que este territorio, por su ubicación, es un punto estratégico, siendo un corredor para las lógicas paramilitares, narcoproductivas y para el acceso a distintos puntos del país, lo que lo convierte en un punto de referencia como un territorio que quería ser dominado y controlado por los distintos actores armados que en él ejercieron violencia (Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH, 2007. p.3)

La particularidad del municipio El Castillo radica en las distintas formas y ejercicios de violencia que se llevaron a cabo en el territorio, siendo entre los años 2000 y 2006 aproximadamente el lapso de tiempo con mayor violencia en el municipio, entendiendo que el ingreso del flagelo paramilitar en el territorio tomó fuerza desde 1997, Lo que incrementó las lógicas violentas del conflicto (PNUD, 2010, Pág. 9); de esta forma, por ejemplo, en el 2003 se presentó un índice de homicidios de 727 por cada cien mil habitantes (Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH, 2007) siendo esto prueba fehaciente de la magnitud y la fuerza del conflicto armado en este pueblo perdido en el piedemonte llanero.

Las dinámicas del conflicto en este municipio fueron múltiples: en la cabecera municipal se presentó una lógica de enfrentamiento continuo entre la guerrilla de las Farc y la fuerza pública, en la zona rural, la cual se encuentra distribuida en siete núcleos zonales (Cabecera Municipal, Miravalles, Puerto Esperanza, Alto Cal, La Cumbre, El Cable, Medellín del Ariari). Se debe anotar que se vivió una realidad particular en cada uno de estos espacios; por ejemplo, en el núcleo zonal de Medellín del Ariari, en ambos costados de la carretera principal que va hacia El Castillo se encuentran las veredas Playa Rica (parte de "abajo") y la vereda Malavar (parte de "arriba"). La lógica entre estas veredas y, en general, de todas las veredas separadas por esta vía central, se basó en la confrontación entre la guerrilla de las Farc y las AUC, por lo cual las relaciones sociales se vieron afectadas en el sentido de que los que habitaban la parte baja no subían por miedo a que allí estuvieran los paramilitares, y los que habitaban "arriba" no bajaban por la presencia de la guerrilla de las Farc, situación que rompe totalmente el tejido social entre las veredas del municipio y provoca que espacios como las casas, trochas y fincas se conviertan en campos de batalla.

Por medio de una resolución, la unidad para las víctimas reconoció, en el 2014, al municipio de El Castillo como sujeto de reparación colectiva; sin embargo, este reconocimiento solo se dio en la cabecera municipal, desconociendo y dejando de lado el flagelo del conflicto y las dinámicas atroces de este en la comunidad rural, que representa la mayor parte del territorio, tras la exigencia del reconocimiento y la lucha social que se respira en el municipio, siendo esta una de las características del territorio. En el 2016, la unidad de víctimas extendió el reconocimiento de sujeto de reparación a la totalidad del municipio.

En el contexto de la conflictividad de los municipios de El Castillo y El Dorado - Meta, la investigación de carácter cualitativo indagó por los obstáculos que se le presentan a los participantes de los comités de impulso de los dos municipios en relación con la participación política como representantes de las víctimas de sus territorios; en esta indagación la investigación da relevancia al papel que la memoria tiene en los procesos de reconstrucción y reconocimiento de los daños, no solo como medida de satisfacción dentro del marco de la ley, sino como de motor frente a los procesos colectivos necesarios para visibilizar la voz de las víctimas. En este sentido, la investigación presenta una reflexión sobre dicha categoría como punto de partida para indagar por las barreras políticas que, desde las narrativas de las víctimas con un acompañamiento psicosocial provisto a las mismas durante un año, se pudieron deducir a través del análisis narrativo, compartiendo con ellos diferentes espacios formales e informales.

2. Memoria colectiva: espacio para visibilizar los daños comunes

Al hacer referencia al surgimiento del concepto de memoria colectiva es preciso mencionar que la memoria cobra relevancia, como lo señala Jean Duvignaud en el prólogo del libro Memoria colectiva, de Maurice Halbwachs (Halbwachs, 1950) en el momento en que la continuidad de las sociedades europeas se ven interrumpidas, haciendo alusión a la guerra de 1914, en donde el pasado o la historia buscan imponerse como principios para determinar la imagen de la realidad de las personas, el espacio y del mundo, poniendo en riesgo la conciencia universal, ya que la imposición de la historia como doctrina también determinaría la conciencia; esta es una de las preocupaciones para acercarse a la memoria colectiva.

La memoria para, Maurice Halbwachs (1950), está integrada por dos elementos: el primero es la memoria histórica, la cual está dada por elementos como datos, textos del presente que contribuyen a reconstruir el pasado, y el segundo es la memoria colectiva trazada por la conciencia individual y general, la cual, para el autor, está determinada por nuestro recuerdo personal, pero también por medio de testimonios y testigos, los cuales, por medio de la reconstrucción de momentos vividos, devela que la memoria está edificada desde los recuerdos compartidos que refuerzan, dan origen y precisión a lo vivido, y a los múltiples testimonios de recuerdos específicos, que determinan una realidad colectiva acerca del pasado al que se hace memoria, aun si se encuentran divergencias o distanciamientos en los testimonios expresados de forma individual, puesto que nuestros recuerdos están trazados por la subjetividad, y es por ello que los testimonios de los demás pueden complementar o dar precisión a los recuerdos.

En este sentido, el papel de las víctimas en procesos de reparación y reconstrucción es fundamental, porque es a través de sus narraciones donde se hacen visibles los daños, las afectaciones y las transformaciones que estos han causado en su vida cotidiana (^{Zamora & Reyes Mate,2011}. p.5). Estos autores acuñan el término de justicia anamnética para referirse a aquella justicia que va más allá de la normatividad y se pregunta por los derechos negados del pasado,

por la manera en que estos han perpetuado el daño a las víctimas, por los vínculos entre la injusticia presente y la pasada. A partir de este vínculo se hace patente que hacer justicia no consiste solo en castigar al culpable, sino también en adoptar la perspectiva de las víctimas. Para construir un mundo basado en la justicia es imprescindible la memoria. (pp. 5-6).

Este ejercicio de reconocimiento de las injusticias que permanecen es trascendental para el tránsito de la disputa en la violencia a la disputa en la justicia (Vargas Valencia, 2013; Garay Salamanca, 2014).

El reconocimiento de las injusticias es fundamental en el contexto de la visibilización de los daños colectivos, los cuales según Bello (2014) se relacionan con lo siguiente:

1. "Reconocer la valoración integral de la comunidad o la organización que ha sufrido el daño, considerando sus características sociales, culturales, su contexto político y económico.

2. Valorar los daños al grupo, determinando lo colectivo como parte del análisis; una determinación a priori, independientemente de la valoración integral de la persona.

3. No generalizar, no universalizar las afectaciones y los daños; estos deben explorarse en la magnitud de lo particular y lo territorial.

4. Explorar la integralidad y complejidad de los diagnósticos sociales de daño, en relación con este tema no solo debe diagnosticarse lo médico o lo psiquiátrico, pues en el caso de los daños morales, estos suponen unos sufrimientos subjetivos, que no necesariamente se expresa a través de síntomas o de cualquier otra alteración psicopatológica. (p.25)

Desde esta perspectiva en daño colectivo cuando la acción viola los derechos y bienes de las Comunidades, también se produce un daño colectivo cuando se vulneran masiva y sistemáticamente los derechos individuales de los miembros de la colectividad (Bello, 2014, p. 25). Comprender el lugar que ocupa la memoria colectiva en la socialización, exposición y puesta política del daño colectivo es fundamental para los procesos de reparación y construcción de tejido social; en tal sentido, la construcción de memoria colectiva no solo implica visibilizar los daños materiales y la restitución económica de estos; a esta pérdidas, que son significativas en lo colectivo, se suman los sentidos y los significados alrededor de las pérdidas que tienen un alto impacto en lo individual y en la cohesión de la comunidad; al ignorar las dimensiones sociales de la relación entre daño colectivo y memoria no se da tiempo y lugar a los duelos, a los planes futuros que garanticen la repetición, y se presencia un duelo aplazado que causa afectaciones culturales profundas.

La centralidad de la memoria en el proceso de lo colectivo se comprende más allá de recordar y de dignificar como una reivindicación ética, resulta como una plataforma de agencia política y apuesta hacia el futuro por parte de las víctimas. La memoria no debe entenderse entonces solo como una forma de nombrar el pasado sino también como una forma de problematizarlo; este, de acuerdo con ^{Reátegui (2009}, p. 25), es un factor que construye espacio público, es una sustancia social que puede ser utilizada para consolidar poder, pero también para desafiarlo, transformarlo o desestabilizarlo.

3. La participación política de víctimas del conflicto armado en los procesos de reparación colectiva

Desde una mirada estatal en la actual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la participación de las víctimas se explica en el Artículo 261, como:

Artículo 261. Participación. Se entiende por participación aquel derecho de las víctimas a informarse, intervenir, presentar observaciones, recibir retroalimentación y coadyuvar de manera voluntaria, en el diseño de los instrumentos de implementación, seguimiento y evaluación de las disposiciones previstas en la Ley 1448 de 2011 y los planes, programas y proyectos implementados para fines de materializar su cumplimiento. (Ley 1448, 2011, art.261).

Si bien se establece en la legislación un papel de diálogo continuo con las víctimas en términos de reparación, los escenarios de participación aún se debaten entre la excesiva institucionalización y fenómenos como la estigmatización política de los participantes, en relación con esto, a las víctimas presentes en los procesos no se les ha generado la posibilidad de participar activamente en los ámbitos políticos, sociales y culturales que contemplan la reparación; es así que muchos escenarios de participación se han limitado a la exposición de los lineamientos institucionales sin tener en cuenta la opinión y las dinámicas comunitarias. Todo lo anterior implica una visión estática de las víctimas, ignorando su proceso histórico y su capacidad transformadora de los daños colectivos y del entorno.

Los autores ^{Echavarría Rentería & Hinestroza Cuesta (2016)} afirman que a pesar de la existencia de algunos marcos legales en donde se consigna la inclusión de los grupos étnicos en los procesos de reparación, específicamente en la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, de 2011, y la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, estas no presentan de forma concreta una conceptualización de lo que debe comprenderse por daño colectivo o de los elementos que permitan distinguirlo del daño individual; no incorporan variables étnicas, aunque establezca algunos lineamientos; no establecen ni diseñan una estructura administrativa y judicial idónea para la reparación colectiva con enfoque étnico; en otros términos, reconoce a los grupos étnicos como víctimas colectivas, pero no desarrolla medidas diferenciadas en razón de su etnicidad o cultura.

Estas falencias de la Ley pasan por otros asuntos relevantes que las comunidades étnicas reclaman, entre ellas, una verdadera apuesta de las comunidades negras en los procesos de reparación, ya que estas leyes no fueron consultadas con ellas mediante mecanismos como la consulta previa, y el trámite legislativo fue iniciado sin observar la garantía del derecho fundamental. Para El Centro Internacional de Justicia Transicional:

El problema de la reparación colectiva debería tener en cuenta que esta tendría que pensar primero en como satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas Acceso a la vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a educación y capacidad económica". (Centro Internacional de Justicia Transicional, 2015, p. 78).

Para el CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 2012), el fundamento esencial de la reparación colectiva debe basarse en el reconocimiento de las comunidades y su relación con el territorio y la identidad cultural, los daños que se han causado a los procesos organizativos y sus capacidades en lo político y cultural.

En este sentido, la reparación debe enfocarse a re-conocer este tipo de daños mucho más estructurales, a desarrollar procesos que permitan la reconstrucción de los pueblos y sus organizaciones y, ante todo, a asegurar que se produzca un quiebre histórico en la sociedad colombiana. De este modo se dejarían atrás los fenómenos de victimización desproporcionada causados por el conflicto y, por demás, encadenados a la desprotección histórica de comunidades y pueblos, y a procesos de discriminación de larga duración. (p. 74).

Para las organizaciones sociales que han evaluado los procesos de reparación colectiva, "la falta de respuesta por parte de las instituciones responsables de cuestiones esenciales para que la reparación sea realmente integral" (Centro Internacional de Justicia Transicional, 2015, p. 23), de no ser así, no se puede hablar de una reparación real ni de un proceso de reivindicación de derechos para las víctimas del Conflicto sociopolítico y armado colombiano, y es que elementos primordiales en un proceso integral como la educación, la vivienda, la salud o la exención del servicio militar obligatorio, han sido percibidos como débiles por las víctimas de acuerdo con los esfuerzos de la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas.

Al hablar de la participación política, máxime en el ámbito del conflicto armado colombiano,, es indispensable acercarse a las barreras y tensiones que hay en cada una de las relaciones de poder establecidas en los procesos mismos de reparación tanto individual, como colectiva que se adelantan y se pretenden concretar, relaciones como lo pueden ser institución-victima, Estado-víctima, actores armados-víctimas, sociedad civil-víctima, donde entran en juego elementos legales, institucionales, organizacionales, sentimentales, físicos o de otra índole, que se juntan y mueven la balanza de los procesos de reparación por parte y parte (Estado - victimario - víctima - sociedad civil).

Es posible ubicar las barreras desde el inicio de los procesos de paz que se han llevado a cabo a través de la historia y los distintos deseos de reparar a las víctimas, desde la legalidad, por ejemplo, y es posible decir que antes de la Ley 975 del 2005 no existía un respaldo sólido que pudiera servir de base para concretar y avanzar en los distintos procesos de reparación con el debido reconocimiento que exige un proyecto de esta magnitud; cabe aclarar que esta ley, como las distintas cartas legales que respaldan estos ejercicios, surgieron a partir de un ambiente de lucha social y de exigencia de derechos llevada a cabo de forma colectiva por los distintos gremios y organizaciones de víctimas, quienes, tras ver las atrocidades de la guerra y esperar una ayuda estatal que nunca se dio, salieron a luchar por sus derechos y a pedir la garantía de los mismos, más que por la retribución; su principal propósito fue visibilizar y tener un reconocimiento como víctimas, lo cual sería vital para lograr un avance en los procesos de reparación. (Comité de Impulso para la Reparación Colectiva del Municipio El Castillo, 2018).

Como se mencionó con anterioridad, la Ley 975 del 2005, también conocida como la Ley de Justicia y Paz, fue el primer respaldo legal y hasta ese momento es la única que, de cierta forma, dio aval, hizo un reconocimiento y permitió la visibilización de las organizaciones de víctimas, dando así paso al inicio de una participación por parte de estos actores de la problemática. Pero, ¿de qué manera se daba esta participación y reconocimiento?, los vacíos de esta, como muchas otras leyes y documentos legales en cuanto a las víctimas, son abismales debido a que:

el lugar asignado a la víctima en el proceso de justicia y paz continúa siendo un lugar secundario al otorgado a los victimarios, puesto que la participación de estas a lo largo del proceso que establece la ley para la investigación y el juzgamiento de los crímenes cometidos por los perpetradores es marginal dentro del andamiaje jurídico que ha sido establecido en la ley misma. (^{Delgado, 2011}. p. 93).

Es decir, que el papel de las víctimas no se reconoce dentro de la participación, simplemente se les da un "atributo" de sujetos de derechos y hasta allí va ese "reconocimiento". Posteriormente, del mismo modo, la Ley 1448 del 2011 reforzó esta idea y le sumo la característica de "reparación Integral" con la cual se buscaba ya no únicamente retribuir monetariamente a las víctimas, sino que, por el contrario, aporta a la idea de participación política y una integralidad en cuanto a educación, salud, desarrollo social, economía y otros aspectos, fomentando una mayor participación y teniendo en cuenta a estos sujetos dentro de los procesos de reparación; sin embargo, estos ejercicios, en el orden regional, se han visto contaminados por estrategias políticas tradicionales que condicionan su implementación.

El caso de las víctimas no se aísla a esta lógica de corrupción, pues las barreras que se presentan en la participación y el ingreso a una "vida política" se tornan en una imposibilidad en el contexto de la representación o participación, y es por consecuencia del miedo y desconfianza frente a las instituciones que, de alguna manera,:

en numerosos casos pueden acabar en el homicidio, asesinato, revictimización, secuestro, extorsión o incluso despojo de su propia cultura, ya que de cualquier forma en la que estas personas exigen la garantía de derechos y velen por la seguridad y por el desarrollo de un gremio, un sector que históricamente ha sido atropellado por las dinámicas del conflicto armado colombiano la respuesta a ellos no es más que la buena fe y el asistencialismo o es la estigmatización social como "guerrilleros", "paramilitares" e incluso como aprovechados de las "oportunidades estatales". (Instituto Popular de Capacitación, 2009, p. 56)

Para entrar un poco más en detalle en la obstaculización en la participación política de las víctimas, es preciso traer a colación las distintas formas en la que se presenta esta discriminación, revictimización y obstaculización a para ingresar a procesos como actores y sujetos políticos. En primer lugar, es importante resaltar uno de los obstáculos más importantes; e la revictimización de los sujetos, pues para nadie es un secreto que en Colombia a las personas con mayor vulnerabilidad se les sigue vulnerando de una u otra forma, lo cual es ilógico, ya que un sujeto en calidad de víctima debería poder recibir la mejor atención, amabilidad y cuidado para mejorar sus condiciones tanto físicas, mentales y afectivas, como económicas y psicosociales, y aún más, cuando el Estado ha sido partícipe de su victimización, pero no es así, los procesos en Colombia ponen "patas arriba" la lógica de las cosas, desde la llegada de una persona a un centro de atención, a la fiscalía, a una estación de policía, a un hospital,, el proceso a seguir se convierte en uno lleno de tropiezos y barreras para realizar cualquier cosa; por su parte, las víctimas que han sufrido de forma directa o indirecta las injusticias del conflicto armado llegan a un ambiente que pareciera en pro de solucionar, o por lo menos, de mejorar su situación, pero se encuentran con una realidad muy diferente: desde la realización de un RUV (Registro Único de Víctimas) hasta la estipulación de una denuncia se convierte en un tormento para estos sujetos, ya que lo único que logran las personas que los atienden es revivir en carne propia y de la manera más fría y cruda posible los hechos ocurridos, por lo tanto, se sigue estando en un entorno de violencia y no únicamente por la discriminación, sino también porque en todo el proceso se convive con personas ya vulneradas.

4. Barreras y tensiones de la participación política de las víctimas en los procesos de reparación colectiva en El Dorado y El Castillo

Durante el proceso de reparación colectiva que se puso en marcha en el municipio de El Dorado a partir del 2015, a lo largo del camino se han ido presentando una serie de barreras que han limitado de una u otra manera el alcance de las actividades planeadas por ejecutar y la participación de los miembros de la comunidad en los distintos escenarios del plan de acción y en los procesos de reparación. Una de las principales limitaciones que se encuentra la población civil es la falta de espacios en la agenda pública, en los cuales se impulse la creación y fortalecimiento de una cultura política que reconozca la importancia de la participación ciudadana, para propiciar dinámicas organizativas de la comunidad en torno a su realidad y sus necesidades.

Se evidencia la baja de organización política en la comunidad, por falta de escenarios participativos que propicien empoderamiento en relación con los hechos ocurridos que generaron victimización en gran parte de la comunidad de El Dorado. Esto, a diferencia de otras comunidades que se han organizado a partir del hecho victimizante como ejercicio político, como es el caso de los municipios de El Castillo - Meta y Medellín del Ariari. Lo anterior se explica en la aún presente cultura del miedo y en la implementación del olvido como una forma de afrontamiento que le permite a la comunidad seguir con sus vidas. El olvido se reconoce como una forma de memoria, convirtiéndose en el puente entre el pasado violento que vivió la comunidad y un progreso de tipo económico, que pretende beneficiar más a un grupo de personas, quienes hacen uso de estos procesos sociales para impulsar sus proyectos productivos y económicos.

Así, se dejan en un segundo plano los procesos de recuperación de memoria colectiva, ya que los habitantes del municipio consideran primordial y de mayor urgencia lograr avances de infraestructura que beneficien a la comunidad en general y además algunos otros cuidan sus intereses personales pretendiendo cumplir propósitos propios o que beneficien a un grupo determinado. De esta manera, se deslegitima el valor y la importancia en reconstruir memoria frente a las situaciones y hechos vividos en el territorio, lo cual según Félix ^{Vásquez (2001)}:

permite que emerja una versión compartida de los acontecimientos por parte de los actores que los vivieron y pueden vivir; no se trata solo de un asunto del pasado. Es decir, que dicha versión involucra diversas perspectivas de significado que le otorgan un sentido de autenticidad, aunque no siempre coincida con la cronología histórica de los hechos que en ocasiones oculta la construcción compartida de la experiencia. La memoria colectiva es, así, una condición exclusiva y estrechamente involucrada con el vínculo social. Por esto, la importancia del estudio de la memoria y de olvidos sociales reside en su carácter de procesos que contribuyen definiendo y articulando el orden social. Vivir en sociedad, señala el autor, implica hacer memoria y hacer olvido. (p. 22).

Los actos de olvido y de no participación dejan entrever que en el municipio aún no se habla abiertamente de lo que pasó ni de los actores reales que causaron esos daños, adicionalmente a ello la perpetuación de legados gamonales y políticos conservadores de la zona hacen que la corrupción sea un fenómeno que excluye a las víctimas como actores válidos en los procesos de reparación. Estas dinámicas son validadas por las entidades estatales y sus funcionarios, quienes en sus planes de gobierno no planean acciones, programas, políticas o estrategias que tengan en cuenta acciones por medio de las cuales se logre reconstruir y recuperar la memoria colectiva de la población, sobre todo en territorios que han sido marcados por el conflicto armado interno, que han tenido un fuerte impacto por los hechos ocasionados por los distintos actores armados que tuvieron presencia. Aunque, se han ejecutado planes de reparación colectiva en el municipio, sus gobernantes y, en algunos casos, los principales representantes de la comunidad emplean estos programas para impulsar y promover proyectos de índole económico que nada tienen que ver con los procesos de reparación o de participación política, pero que son plataformas de oportunidad para captar recursos de cooperación internacional y nacionales encaminados a ello.

En comunidades como esta, que han sido golpeadas en gran medida por el conflicto armado, es necesario propiciar espacios participativos en los cuales la población pueda incidir directamente en las decisiones y creación de programas, en este caso, relacionado con la reparación colectiva y los procesos de recuperación de la memoria, de los hechos victimizantes y los daños e impactos que estos causaron y que verdaderamente tenga un efecto positivo y busquen resignificar lo ocurrido, brindándoles a las víctimas la oportunidad de dar nuevos significados y de recuperar la verdad y asegurar la no repetición.

A pesar de que, para efectos de los planes de reparación colectiva que se adelantaron en el municipio, fue necesario realizar un diagnóstico por medio del cual se lograran identificar los daños que fueron perpetrados y qué actores armados los ejecutaron, este en verdad no da cuenta de algunos de los daños que en sus relatos algunos de los miembros de la comunidad dan exponen, lo cual no posibilita llevar a cabo estos planes de acción y que tengan un verdadero impacto positivo en la comunidad y, sobre todo, en las víctimas, ya que los procesos de acompañamiento, que son planeados, se limitaron únicamente para aquellos daños que lograron ser documentados en este diagnóstico. De esta manera, los procesos de acompañamiento psicosocial tienen un papel central en las acciones enmarcadas en la reparación colectiva. La autora Liz Arévalo comenta al respecto:

En este marco, consideramos que el acompañamiento psicosocial tiene como objetivo construir un proceso reflexivo entre la población víctima, su red social y los acompañantes, que contribuya a la superación de los efectos sociales y emocionales de la violencia a través de la resignificación de la identidad y del reconocimiento de recursos personales y sociales, en el marco de la categoría de sujeto de derechos. (^{Arévalo, 2010}, p. 3).

Entonces, desde lo narrado por los miembros del Comité de Impulso (figura que reposa en la estrategia de reparación colectiva Entrelazando y que tiene como objetivo conformar un grupo que surge de la comunidad para fortalecer procesos de verdad, justicia y memoria) fue posible visibilizar que estos procesos fueron débiles y asistencialistas, ya que las víctimas no tuvieron la oportunidad de superar los daños emocionales resultantes de las épocas de violencia en su territorio y, por el contrario, desde posturas personales y según lo aconsejado por los profesionales encargados se decidió hacer uso de formas de negación como el olvido y el silencio, y suponer que ya todo había pasado y era mejor dejarlo pasar sin volver a construir y resignificarlo. Esto, ha causado en los habitantes de El Dorado actitudes de una falsa superación frente a lo ocurrido, al justificarse que el desarrollo económico ha sido su principal modo de superación y resiliencia, pensamiento que ha sido apoyado por los distintos gobernantes regionales, quienes también han buscado impulsar proyectos económicos con el argumento de que tendrán un efecto en la reparación de la comunidad. Se deduce que el Estado les ha puesto precio a las vidas de las personas que han desaparecido y que han sido asesinadas en estas dinámicas de poder y de conflicto y se ha sobrepuesto y sobrevalorado lo económico frente a la memoria.

De esta manera, retomando lo planteado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), para lograr que los procesos de reparación posibiliten la participación y la práctica de la democracia, es necesario permitir que sean escuchadas las voces individuales y colectivas de las víctimas, que han sido invisibilizadas, lo que permitirá su reconocimiento social en la esfera pública. Es un deber posibilitar la participación de todas las personas que estén vinculadas al proceso, desde el reconocimiento del otro como un sujeto de derechos. Entonces, impedir la creación de espacios de participación política afecta directamente los procesos de recuperación de la memoria y, por lo tanto, el reconocimiento de un antes, un durante y un después del conflicto. Pero también, la afirmación de que hubo un antes, un durante y un después del conflicto armado, pues, desde las narrativas de los involucrados, se pueden identificar las acciones y recursos existentes en medio del dolor, que reconozca a las víctimas como agentes políticos y de derecho, con una gran capacidad de resistencia y transformación.

El caso particular del proceso de reparación colectiva en el municipio de El Castillo tiene sus peculiaridades, en cuestión de esto; lo primero por reconocer es la lucha y resistencia social de la comunidad de este municipio, pues existen alrededor de 18 organizaciones, asociaciones, comités y colectivos que están en pie de lucha por las distintas problemáticas del territorio, ya sea en el ámbito ecológico, territorial y protección de agua, pero también dentro de una propuesta política de exigencia de derechos, de memoria histórica y colectiva y de lucha social frente a un sistema retrógrada y cosificador del dolor de una comunidad golpeada por el conflicto en gran magnitud. Debido a esto, el reconocimiento del municipio en su totalidad fue a través de una exigencia a la unidad para las víctimas por el reconocimiento de las distintas dinámicas del conflicto que dejaron daños no solamente en el ámbito infraestructural, ya que en términos de tejido social, vivencia en comunidad, características psicosociales, desarrollo rural y agropecuario, se ha visto afectado el territorio.

Es importante reconocer, entonces, que a pesar de que desde el 2014, cuando se reconoció la cabecera municipal como sujeto de reparación colectiva, y posteriormente en el 2016, cuando se reconoce todo el municipio bajo este estatus, el avance en la ruta de reparación colectiva ha sido mínimo, las barreras y trabas desde la institución han sido la realidad social de este municipio en materia de exigencia y reparación, y un panorama preocupante dentro del contexto sociopolítico del país en este momento se avista para sus habitantes, pues las distintas barreras que la institución ha puesto sobre la mesa evidencian los siguientes puntos:

a) En relación con la renovación de contratos y "permisos" para el desplazamiento de los profesionales que acompañan el proceso en el territorio, lo cual ha estancado y parado totalmente el proceso, desconociendo y reincidiendo en la dignidad de las víctimas quienes en total disposición en la realización de los procesos son abofeteados por las lógicas de buró con la que operan instituciones estatales.

b) En términos de la ruta de reparación como tal, un proceso que debe durar seis meses según lo presupuesto por la institución, es un proceso que a la fecha de hoy lleva dos años y medio y está parado desde inicio del 2018, lo cual crea una lógica de desconfianza institucional y sobre todo de desconocimiento del sentir y las necesidades del territorio, que clama por un proceso real, digno y serio de reparación, porque pareciera un juego de cartas en el cual simplemente se revictimiza y se cosifica el sentir de las víctimas, que siendo líderes comunitarios y sociales, participantes de diversas organizaciones sociales, siguen siendo amedrentados, amenazados y perseguidos en un contexto político que atenta contra los derechos y la paz con el gobierno de turno.

c) La inescrupulosa desatención y olvido de la institución frente a los procesos sociales del territorio, el utilitarismo en el que se ha convertido el proceso con las comunidades, simplemente sacando información y sin retribución alguna en un proceso que cuyo deber ser es por y para las víctimas; de esta forma se desconoce la participación política de las víctimas y se vuelven acciones de una agenda política que realmente NO reparan, NO reconstruyen y siguen reproduciendo lógicas sistemáticas de marginación y desconocimiento de la lucha política y social de las comunidades. (Comité de Impulso para la Reparación Colectiva del Municipio El Castillo, 2018).

Los avances en términos de reparación colectiva son de difícil visualización especialmente en un proceso que ha sido captado por la rigidez y frialdad de una institución estatal como lo es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De esta forma podríamos decir, que quienes han realizado reparación y reconstrucción (término que la comunidad resalta dentro de este proceso), han sido la misma comunidad y las organizaciones en acompañamiento de otras instituciones no gubernamentales que han realizado acciones reparadoras y sobre todo de reconstrucción en términos de memoria individual, memoria colectiva, memoria histórica, de características psicosociales, de tejido social y vivencia en comunidad.

Como es posible notar, las condiciones y características de los dos casos de reparación colectiva son bastante alejadas la una de la otra, en principio, por el entendimiento de un enfoque diferencial sobre las realidades de cada territorio que han sido muy distantes, pero también por las influencias, relaciones de poder y lógicas corruptas que existen detrás de estos procesos de reparación. en el caso de El Dorado, encontramos una corriente política de derecha, cobijada bajo el control paramilitar en el territorio y que hoy día en los procesos aún se ve, teniendo al lado de la víctima el mismo victimario que juega con la realidad, o solamente cuenta su realidad, con la consecuente burocratización del proceso, con acciones "reparadoras", únicamente con beneficios económicos de por medio, lo que imposibilita y extingue la organización social y la acción popular por medio de lógicas de dominación e imposición de terror que aún se vive en la zona por la presión social y política que estos grupos ejercen.

Por el otro lado, tenemos a media hora de distancia el municipio de El Castillo, una comunidad con una corriente política históricamente de izquierda, cuna y criadero de organizaciones sociales, promotor y protector de derechos humanos, un territorio donde se respira y se escucha el grito de resistencia y el pie de lucha frente a las dinámicas vulneradoras; sin embargo, vemos esa marginación en los procesos de reparación, ya que pareciera que hay una constante discriminación y exclusión del pensamiento político de izquierda que hoy día en un conflicto que se ha "finalizado" a través de lo legal con el acuerdo, sigue teniendo fuerza y poder político frente a las comunidades víctimas, resistentes y líderes, lógicas que han imposibilitado el avance y realización de una ruta de reparación colectiva y real, convirtiéndolo en un proceso de agenda política que se ha estancado tras la cosificación del daño y de las víctimas del territorio.