A modo de introducción

La Constitución de la República del Ecuador reconoce, de forma expresa, la protección del derecho a la integridad personal, y dentro de este la integridad física, psíquica, moral y sexual (cfr. Constitución Política de Ecuador, Artículo 66). Al propio tiempo, reconoce con carácter especial la protección de este derecho en sectores vulnerables como los adultos mayores (cfr. Constitución Política de Ecuador, Artículo 38.4), las niñas, niños y adolescentes (cfr. Constitución Política de Ecuador, artículos 45 y 46.4) y las personas con discapacidad (cfr. Constitución Política de Ecuador, Artículo 48.7), personas que, al encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, son sujetos de atención prioritaria, dentro de las cuales se encuentran las víctimas de violencia (cfr. Constitución Política de Ecuador, Artículo 35).

La protección conferida para estos sectores vulnerables ha conllevado el desarrollo y la modificación de múltiples legislaciones complementarias como la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995); el Código de la Niñez y la Adolescencia (2003), así como el Código Orgánico Integral Penal, en adelante COIP (2014); de igual forma, se cuenta con la aprobación de la reciente Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018).

Sin embargo, pese a las garantías legales que se establecen, aún es evidente la incidencia del fenómeno de la violencia psicológica dentro de la sociedad ecuatoriana. Por otro lado, sobresale la laceración de la que es objeto el estudio de este fenómeno, al excluirse del tratamiento su expresión en otros grupos vulnerables que no son exclusivamente las mujeres.

Tampoco existe uniformidad en la utilización del concepto violencia intrafamiliar o el de violencia de género contra las mujeres (^{Laurenzo Copello, 2005}, p. 2). En este sentido, siguiendo a Camacho, la expresión violencia de género contra las mujeres es el criterio que debe seguirse, teniendo en cuenta que es más amplio cuando se distinguen y visualizan las causas de agresión contra las mujeres (^{Camacho, 2014}, p. 21). Sin embargo, si bien ello pudiera ser así, lo cierto es que se debe considerar que la violencia contra las mujeres no es la única expresión del fenómeno de la violencia psicológica, pues con su estudio y tratamiento se obvian otros sujetos vulnerables, como son los menores de edad y los discapacitados (^{Sempere Faus, 2019}, p. 63).

A pesar de que los estudios estadísticos sobre la violencia psicológica se realizan de forma determinante desde la perspectiva de la violencia de género, se puede corroborar, de acuerdo con los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (en adelante INEC), la ausencia de datos que reconozcan la incidencia de este fenómeno en otros sectores. No obstante, aun cuando el Estado ecuatoriano se preocupa por el desarrollo y aplicación de políticas públicas para contrarrestarlo, la temática sigue siendo una preocupación que continúa sin resolverse (^{Mora Mojena, 2019}, pp. 65-79).

Por solo mencionar algunos ejemplos, en el año 2015, en el Ecuador se produjeron más de 16 000 casos de violencia psicológica (^{El Universo, 2015}), información confirmada con los datos ofrecidos en la primera encuesta de relaciones familiares y violencia de género realizada en el país durante el año 2011. Los datos ofrecidos por esta encuesta corroboraron que 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia de género; siendo la más frecuente la psicológica o emocional (53,9 %), a diferencia de la física (38 %), la sexual (25,7 %) y la patrimonial (16,7 %).

En este sentido, según el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Seguridad Ciudadana, en el cantón de Cuenca, se presentaron en ese propio año 3704 denuncias en la Unidad Judicial Especializada en Violencia, de las cuales 1058 fueron por concepto de violencia psicológica, tipificándose así como principales tipos delictivos el abuso sexual (61), el acoso sexual (25), la violación al pudor (86), la violencia intrafamiliar (54), el atentado al pudor (^{JBS, 2016}), (Consejo de Seguridad, 2019), entre otros.

En correspondencia con lo expuesto, puede afirmarse que la violencia psicológica se encuentra entre los tres delitos más denunciados en Ecuador según informe de las fiscalías provinciales, como parte de los reportes realizados en el año 2016. En Guayas y Galápagos la violencia psicológica ocupa el segundo lugar de las estadísticas, con 13 574 casos reportados. En Loja, la violencia psicológica ocupa el primer lugar de los delitos registrados, con 1321. La rendición de cuentas proporcionada en Azuay reporta que, solamente en Cuenca, se denunciaron 2372 casos. La realidad de Chimborazo no es diferente, pues en 6 de los 10 cantones, la violencia psicológica fue la infracción más denunciada. En la provincia de El Oro hubo 3458 eventos, situación similar a la reportada en Manabí, donde se documentaron 4583 hechos. En Bolívar, Cotopaxi, Napo y Pastaza, este delito se situó en el tercer lugar y la provincia de Santa Elena en el cuarto, superado únicamente por los robos, los hurtos y la intimidación². En el año 2019 se registraron 2188 reportes de caso, y actualmente, según fuentes oficiales, durante la pandemia que ha azotado al mundo, y en especial a Ecuador, las denuncias por violencia psicológica aumentaron en un 80 %. Antes se contabilizaba un promedio de 25 denuncias semanales, y ahora son alrededor de 40, precisamente porque, como afirmó Barriga Carranza, jefe del Departamento de Violencia Intrafamiliar (Devif) de la Policía Nacional Tungurahua, en este tiempo la convivencia diaria es un motivo de estrés y las personas reaccionan de diferentes formas, donde las agresiones psicológicas toman gran fuerza (La Hora, 18 de mayo de 2020).

El Derecho, y en especial el Derecho Penal, constituyen una valiosa herramienta en el castigo y enfrentamiento al agresor, sin embargo, aún quedan múltiples escenarios de violencia psicológica que se escapan del ámbito legal. La incidencia de la violencia psicológica en múltiples contextos, en nuestro país, responde también a condicionamientos sociales y económicas, a patrones culturales ya establecidos, conductas repetidas, y patrones institucionales que hacen que, en la gran mayoría de los casos sea difícil reconocer estas expresiones de violencia (^{Guarderas, 2014}, p. 99).

A estos condicionamientos deben agregarse otros factores, como el hecho de que no todas las personas acuden a denunciar el delito cometido, ya sea porque no confían en el sistema judicial (29.9 %), por falta de tiempo (13.61 %), entre otros motivos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011).

Al respecto, resulta importante estudiar no solo las condiciones que fomentan, y en virtud de las cuales nace y se desarrolla la violencia en cualquiera de sus expresiones, sino también cuáles son sus principales formas de expresión y sus efectos en los más diversos ámbitos, dentro de los cuales no puede escapar el jurídico, el cual se torna en un poderoso instrumento para contrarrestar cualquiera de las condicionantes de las diversas formas de expresión de la violencia.

Por lo general, la incidencia del derecho en este fenómeno se analiza desde la perspectiva del derecho penal, lo cual es recurrente; sin embargo, no se puede obviar que, si bien el ordenamiento punitivo constituye un elemento esencial en la lucha de las sociedades para eliminar cualquier expresión de violencia, no es esta la única perspectiva. La complejidad del fenómeno hace que sea necesario analizarlo desde un enfoque integral y multidisciplinar, tanto desde lo social, como desde el propio derecho. Por ende, además de la mirada penal, el fenómeno necesita ser analizado desde otros contextos, como pueden ser el constitucional, familiar, entre otros.

En correspondencia, se plantea como objetivo fundamental de esta investigación valorar la efectividad de la regulación jurídica de la violencia psicológica, frente al derecho de la integridad personal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, teniendo en cuenta la relación que se establece entre el ejercicio de la violencia psicológica, y la vulneración de la integridad personal como derecho constitucional.

Violencia psicológica. Definición

La violencia es un fenómeno que ha golpeado a la humanidad desde el principio de su historia y hasta la actualidad, y se manifiesta de diversas formas. Se trata de un comportamiento que trae consigo consecuencias nefastas, no solo para quien lo sufre directamente, mujeres, hombres, ancianos, niños; sino también para la familia y la sociedad en general. Por ello se ha convertido es una temática de primer orden (^{Perela Larrosa, 2010}, p. 354).

Cuando se estudia la violencia en general, nos percatamos de que uno de los principales problemas es la ausencia de una definición que abarque las diversas formas en las que esta puede presentarse, por ello, resulta difícil ofrecer una conceptualización que pueda considerarse abarcadora y única, pues se trata de una expresión que se desarrolla desde diversos enfoques, y precisamente, la presente investigación se acerca a uno de ellos: el enfoque psicológico.

No obstante, antes de adentrarnos en el estudio de la violencia psicológica específicamente, se analizará brevemente lo que se entiende por el término violencia, traducción del vocablo latino "violentia", derivado de la raíz "violo", que quiere decir atentar o violar (^{Cabanellas de Torre, 1993}).

Etimológicamente, la palabra violencia significa fuerza, y se utiliza para producir un daño a otra persona. Dentro de ella pueden identificarse la violencia política, económica, social, entre otras, las cuales se relacionan estrechamente al concepto de poder (^{Guevara, 2007}, pág. 31 y 32) (^{Vivanco Martínez, 2011}, pp. 215 y 216).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como "el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, o contra un grupo o comunidad, que ocasione o tenga varias probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones" (^{Organización Mundial de la Salud, 2002}, p. 4).

Informe mundial sobre la violencia y la salud

Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el término psicológico se remite a aquello que pertenece o es relativo a la psique, mientras que este último término, que proviene del griego psyché, que significa, en su única acepción, alma, principio de la vida (Real Academia de la Lengua Española, 2014). Sin embargo, con la opinión de García Calderón, no podemos circunscribir este concepto única y exclusivamente a la mente, sino también a la enfermedad de la mente, es decir, no podemos olvidar que los términos psicológicos y psíquicos son términos sucesivos. El maltrato puede provocar daño psicológico o moral, o ir más allá y ocasionar una enfermedad mental que requiera tratamiento médico (García Calderón, 2000, p. 207).

De allí que se entienda por violencia psicológica aquella agresión recibida por una persona, sin que medie contacto físico entre ellas, con el objetivo de desmerecer a la otra. Justamente, por esa razón, es difícil de probar, pues su marco de realización es ambiguo y subjetivo (^{Cáceres Carrasco, 2004}, pp. 35 42), (^{Torrico Linares, 2011}, pp. 32-40).

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, recientemente, mediante la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, ha definido acertadamente, en su Artículo 10, inciso b), la violencia psicológica como:

"Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional. La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto de protección de esta Ley" (2018, p. 9).

Son múltiples y variadas las formas de expresión de la violencia psicológica, desde la ridiculización, gritos, descalificaciones e insultos realizados de forma íntima y pública, hasta vejaciones, amenazas, faltas de respeto, así como asignación de culpa a la víctima (^{Vilariño, 2011}, pp. 94-100). Los efectos que pueden derivarse de ella son diversos, tales como los miedos, las angustias, depresiones, frustraciones, afectación de la facultad de autodeterminación, el orgullo, la confianza, y también el respeto pudiera incluirse entre estos (^{García-Baamonde Sánchez, Blázquez Alonso, & Moreno Manso , 2012}, p. 628).

Cada una de estas formas de expresión de la violencia desempeña disímiles efectos en cada una de las víctimas, por ejemplo, el aislamiento es comúnmente utilizado en el caso de los menores de edad (^{Bueno Bueno, 1997}, p. 87), al igual que la suspensión o privación de la víctima de dinero, como sucede comúnmente en las relaciones de pareja. Y es que, tanto en uno como en otro supuesto, no solo se afianza el poder económico de quien ejerce la violencia, sino también se corrobora una actitud de dominio de la cual se desprenden disímiles consecuencias, entre las que sobresalen, la privación de múltiples necesidades, incluidas aquellas que pudieran ser consideradas vitales o necesarias para el desarrollo integral de la personalidad.

Estas expresiones de violencia también pudieran estar relacionadas con cambios y modificaciones en las propias concepciones ideológicas y políticas de la víctima, que pudiera ver expuesta su libertad de elección política a los propios designios de quien ejerce el poder económico, incidiendo cada una de ellas en la autoestima de la víctima.

Sin embargo, es imposible establecer una relación directa entre la persona que comete el acto violento, y el sujeto que la sufre (^{Antón García, 2014}, p. 69). En esta relación, desempeña un papel esencial el individuo, por ello, a los efectos de tener en cuenta las circunstancias en las que ocurre el acto violento y su valoración, es necesario analizar la situación personal del agresor y, por supuesto de la víctima, para determinar la trascendencia en el ordenamiento jurídico del Ecuador.

Debe, además, tenerse en cuenta que la violencia psicológica se comienza a manifestar desde actos tan sencillos como el aislamiento familiar y social, así como la manipulación de la autoderminación de la víctima. Estos actos, que son expresiones generalizadas de la violencia psicológica, se suelen confundir con otros sentimientos, y, en la gran mayoría de las veces, la víctima puede llegar a considerar que estas son expresiones de cariño, amor o protección (^{Guarderas, 2014}, p. 85).

En conclusión, la violencia psicológica es aquella ejercida mediante concuctas y agresiones que no son precisamente físicas, pero, que, sin embargo, dañan la autoestima de la persona, estableciendo una relación de poder sobre ella. Por esas razones, se considera una de las más comunes en todos los ámbitos, y, por ende, puede identificarse por conductas como el acoso, la manipulación, o el maltrato, que degradan constantemente a la víctima. En esta clase de violencia se identifican esencialmente el maltrato verbal, las actitudes controladoras, la difamación ante terceros, la separación de la persona de su círculo de protección, e incluso, amenazas de toda índole.

El derecho de integridad personal. Su concepción como derecho humano

Es claro que el derecho de integridad personal es un derecho humano, el cual deviene fundamental no solo desde la teoría de los derechos fundamentales como un derecho positivamente válido (^{Alexy, 1993}, p. 28), sino también por su inherencia con la dignidad humana. El bien jurídico protegido en este derecho abarca cualquiera de las tres dimensiones de la persona: el ser físico, el ser psíquico y el ser social, los cuales conforman los presupuestos de los derechos humanos (^{Russo, 2001}, p. 43).

Como acertadamente señala Afanador, son tres las aristas del derecho a la integridad personal: el físico, psíquico y el moral (2002, p. 93). El primero se relaciona con la plenitud corporal del individuo, mientras que el segundo y el tercero tienen que ver con las facultades morales, intelectuales y emocionales. En el caso de la arista física, esta tiene como objeto de protección el cuerpo del individuo, mientras que la psíquica y la moral se vinculan con la mente y su voluntad. Estos casos, al decir de Huertas Díaz, cursan a partir de dos facetas, una en sentido positivo, que se configura a partir del derecho a gozar de una integridad física, psicológica y moral; y una en sentido negativo, que establece el deber de no maltratar, ofender, torturar y no comprometer o agredir la integridad física y moral de las personas (2007, p. 158).

La infracción de este derecho se configura no solo ante la laceración o pérdida de la integridad de las personas en cualquiera de los ámbitos anteriormente expuestos, sino también ante la mera disminución o intento de supresión de alguna de las facultades que lo conforman. Se trata de un derecho que es inderogable, que bajo ninguna circunstancia puede ser suspendido ni en las circunstancias más complejas, como pueden ser la guerra, o cualquier otra circunstancia excepcional, pues este derecho pertenece al dominio del ius cogens (^{Fernández Torres, 2013}, p. 124).

La importancia que reviste el derecho de integridad personal es tal, que ha sido reconocido, directa o indirectamente, en gran parte de tratados internacionales, entre los que pueden citarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos. 3 y 9); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos. 7 y 9); la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura (artículos. 1 y 2); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37) y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 4 y 15), entre otros instrumentos internacionales. En el continente americano sobresalen las disposiciones que, a tales efectos, se consagran en la Declaración americana sobre los deberes y derechos del hombre, (1948) en sus artículos 1, 25 y 26; así como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, (Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José" , 1969), artículos 5 y 7.

En este contexto, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es uno de los instrumentos internacionales que, con mayor precisión, ha reconocido el carácter integral del concepto de integridad personal. El Artículo 5.1 de la Convención establece que "toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" (Convención americana sobre Derechos Humanos, 1969, p. 3).

No obstante, ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) la que, en virtud de una profusa jurisprudencia, ha impulsado este derecho, aplicándolo consecuentemente a cada uno de los casos concretos que le ha tocado resolver; y son precisamente estas disposiciones de carácter internacional las que sirven para ilustrar la importancia y el impacto de la integridad personal en los casos de violencia psicológica. Por citar algunos ejemplos, tenemos los siguientes: Caso Loayza Tamayo vs. Perú, (1998); Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, (1999); Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, (2007); Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, (2012).

De manera brillante, este órgano jurisdiccional se ha encargado de establecer los límites de este derecho, no solo cuando su vulneración tiene como origen un acto de violencia cometido por los propios particulares, sino también cuando la fuente del mismo es el Estado, en la persona de sus agentes y funcionarios.

Tanto en uno como en otro caso, la obligación del Estado para garantizar la efectividad de este derecho en su jurisdicción reside en la implementación de acciones de prevención y medidas operativas eficaces que protejan a todas las personas, especialmente, aquellas que más posibilidades tienen de sufrir algún tipo de vulneración en su plenitud corpórea y espiritual, es decir, los sectores más vulnerables de la sociedad (^{García-Toledano, 2018}, p. 69); (Organización de Estados Americanos, 2009).

Como ha reafirmado la CIDH, la infracción de este derecho tiene diversas connotaciones de grado, cuyas secuelas físicas y psíquicas "varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta" (Caso Loayza Tamayo vs. Perú, 1998, pp. 4-59). Los primeros de estos factores se refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado, o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que causan; mientras que los segundos, remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre los cuales encontramos la edad, el sexo, el estado de salud, así como cualquier otra circunstancia personal.

Sin embargo, no siempre han quedado bien precisados los límites de este derecho, sobre todo en su relación con otros, como son el derecho a la salud y el derecho a la vida. Es innegable que estos derechos mantienen una estrecha e ineludible relación, que hace, en muchos casos difícil la práctica de su contenido, pues parten o tienen como esencia o fundamento la propia vida humana, y, en consecuencia, el derecho a la vida. Dada la relación existente entre estos derechos, algunos autores, como Pérez Royo, afirman que en el ordenamiento jurídico español, el derecho a la vida incluye el derecho a la integridad física y moral (^{Pérez, 1995}, p. 290).

La interpretación realizada por el constitucionalista español es consustancial con la propia regulación, que sobre este precepto realiza la Constitución española, que en su Artículo 15 reconoce tanto el derecho a la vida, como el derecho a la integridad física y moral. Sin embargo, a nuestro juicio, y respetando el criterio del citado autor, parece más atinado concebir la independencia de ambos derechos, posición que también comparte ^{Canosa Usera (2006}, p. 99).

A nuestro entender, desde el punto de vista doctrinal, resulta factible realizar tal distinción. A estos efectos, órganos como la Corte Constitucional de Colombia en sentencia N.° T-23/94, del 14 de marzo de 1994, ha reconocido que la diferencia de estos derechos se encuentra precisamente en "el objeto jurídico protegido de manera inmediata". Para la Corte Constitucional colombiana, el derecho a la vida no es más que el acto de vivir en sí mismo considerado; mientras que la integridad física y moral no es más que la plenitud y totalidad de la armonía corporal y espiritual del hombre. En el caso del derecho a la salud, este reside en el normal funcionamiento orgánico del cuerpo y el adecuado ejercicio de las facultades intelectuales.

En el caso ecuatoriano, la Constitución instituye explícitamente los derechos de la personalidad, entre los que se encuentra el derecho a la vida (artículo 66.1 y 66.2). En él se expresa que se garantiza y reconoce a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida, y no habrá pena de muerte; por lo que no cabe duda alguna que su reconocimiento constitucional forma a su vez, la propia garantía que asegurará su ejercicio (^{Galiano Maritan, 2016}, pág. 75 y 76).

La Corte Nacional de Justicia, en su Sala Penal, mediante la Sentencia N.° 29-02-2012 de fecha 29 de febrero de 2012 declara que: "El derecho a la vida constituye uno de los derechos básicos del hombre, reconocido por los ordenamientos jurídicos a nivel internacional, no siendo la excepción el ordenamiento ecuatoriano, que reconoce al derecho a la vida como un derecho esencial de la persona y en tal sentido es objeto de protección jurídica; por tanto, quien atenta contra la vida de otro ser humano, comete un acto, que al constar en el canon de delitos, es típico, y, es innegable que este rompe la ley del Estado, por lo que deviene en antijurídico, si no hay causas de justificación, como en la especie, por lo que, su consecuencia lógica, constituye el juicio de reproche que elabora la sociedad en contra de quien cometió la infracción, esto es, la sanción penal (...)" (Sentencia N.° 29-02-2012, 2012).

En tal sentido, se puede afirmar que la vida, como derecho subjetivo personalísimo, es inviolable, y con ella se protege una vida digna que asegure entre otros, el derecho a la salud (Artículo 34 de la Constitución de la Republica ecuatoriana). La concepción de este derecho denota el carácter holístico de los derechos del buen vivir, pues su ejercicio se vincula directamente al ejercicio de otros derechos. Por esa razón, el Estado se hace responsable de establecer las garantías para la realización del derecho a la salud, teniendo en cuenta los principios que estipula el propio precepto (^{Galiano Maritan, 2018}, pp. 147 y 148).

Violencia psicológica y derecho a la integridad personal

Siendo el bien jurídico protegido por el derecho de integridad personal el de la inviolabilidad de la persona en su concepción más amplia, lo que incluye el cuerpo humano con todos sus componentes, potencialidades intelectuales y sensoriales (^{Canosa Usera, 2006}, p. 89), se debe reconocer que la violencia psicológica constituye una práctica que vulnera la integridad moral y psicológica del individuo. Lo que sucede es que, al igual que en el caso de la determinación de la violencia psicológica, el sentido de la integridad moral tampoco es claro. Como afirma el propio autor, lo único claro es que este concepto es de ineludible tratamiento dentro del derecho de integridad personal (^{Canosa Usera, 2006}, p. 88).

Si bien las expresiones más graves de vulneración del derecho a la integridad personal son la desaparición forzada de personas y la tortura, debemos reconocer que estas no son las únicas, pues su ámbito de protección implica todas las facetas intelectuales y emocionales del desarrollo del individuo (^{Anello, 2012}, p. 64). En este sentido, la CIDH ha señalado que la infracción de este derecho tiene diversas connotaciones de grado, abarcando desde la tortura, hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían y deberán ser demostradas en cada situación concreta (Caso Loayza Tamayo vs. Perú, 1998).

Por ende, se puede concluir que existe total coincidencia entre los diversos supuestos que configuran la violencia psicológica y la vulneración de la integridad psíquica y moral, parte indisoluble de la integridad personal de cada individuo, en tanto existe una relación de dependencia entre el desarrollo de cada ser humano en cualquier sociedad y sus habilidades motrices, emocionales e intelectuales, así como de sus propias convicciones personales, valores, y la correspondencia de estos con las convicciones morales y de orden público (^{Sar Suárez, 2008}, pp. 212-213).

La concepción de integridad y plenitud personal guarda estrecha correspondencia con los criterios sobre cómo el individuo se percibe a sí mismo, y cómo lo ven los demás. Cuestiones psicológicas, éticas y morales permeabilizan la gravedad o no de las expresiones de violencia psicológica y su incidencia en el derecho de integridad (^{Joaquín Rodríguez, 2016}, p. 70). Presenciamos así un fenómeno cubierto por razones de índole histórica y cultural, las cuales ni el derecho ni la sociedad pueden obviar, pero en los que, sin duda alguna, el elemento común denominador es la dignidad del ser humano.

Por todo ello, coincidimos con Galindo, cuando afirma que los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, están revestidos de una mayor protección que cualquier otro tipo de abuso, bien sea este físico o mental (2009, p. 99).

En consecuencia, es totalmente factible concebir que, cuando las normas y tratados internacionales se refieren de forma expresa a este tipo de actos violentos, lo hacen desde la regulación de su máxima expresión, por tanto, habrá que entender, igualmente dentro de este concepto, aquellos otros actos violentos, que si bien no pueden ser denominados como crueles, inhumanos o degradantes, sí constituyen una violación de la integridad personal, es decir, lo que trasciende en la referencia normativa es, sin dudas, el bien jurídico protegido, más que la alusión al tipo de acto concreto que queda contemplado en la norma.

En esta estrecha relación entre la violencia psicológica y el derecho a la integridad personal, hay tres aspectos que la CIDH se ha encargado de determinar de manera contundente, y que permiten no solo comprender esta relación, sino también su alcance. A nuestro juicio, estos tres criterios determinantes son: 1). la sola amenza es suficiente para ser considerada violencia psicológica y, como tal, una infracción del derecho a la integridad personal; 2). los familiares de las víctimas pueden ver lacerado este derecho al sufrir violencia psicológica; y 3). no existe un criterio determinante a la hora de distinguir la tortura de los malos tratos, lo cual se torna más complejo cuando la primera se materializa en casos de tortura psicológica. A continuación, se explicarán brevemente cada uno de estos supuestos.

Conclusiones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano protege de forma expresa, en la Constitución de 2008, el derecho a la integridad personal del individuo en cualquiera de sus ámbitos, dígase físico, moral o psíquico. Una de las principales formas para vulnerar este derecho en el actual contexto económico, político y social es la violencia psicológica, que provoca laceración en la autoestima del individuo y el menoscabo de la concepción personal que este tiene de sí mismo.

Una de las principales formas de garantizar el respeto del derecho a la integridad personal es por medio de su tipificación como delito en el COIP. Sin embargo, este no es el único mecanismo válido para ello, pues resulta necesario cambiar y modificar concepciones sociales y patrones culturales que lastran la efectividad del tipo penal.

No obstante, a pesar de la existencia de una regulación penal que analiza la relación que existe entre el derecho a la integridad personal y la violencia psicológica, aún persisten, desde esta concepción jurídica, algunas deficiencias que también inciden en la efectividad del precepto y su propósito. Dentro de estas se encuentra que la concepción de violencia psicológica solo sucede desde su incidencia en el ámbito familiar, sin tener en cuenta por el carácter integral, institucional y social, así como la afectación que causa al resto de los sectores vulnerables.

El maltrato psicológico, por su parte, si bien es menos perceptible que el físico, dificulta el hecho de las posibilidades probatorias, aun y cuando puede alcanzar niveles de gravedad muy superiores propios de la violencia física, ocasionando daños que muchas veces son irreversibles, lo cual guarda estrecha relación con la forma en que esta se manifiesta.

Por último, la atención psicológica que debe dársele a las víctimas de violencia psicológica es crucial para garantizar la recuperación emocional, su empoderamiento y la disminución de los riesgos; y de esta tarea debe encargarse el Estado ecuatoriano, mediante la puesta en práctica de las políticas públicas, planes y proyectos de orden social e institucional destinados a tal efecto.