Introducción

El conocimiento, su acceso y la gestión que este permite en la sociedad, así como en las distintas instituciones y organizaciones que la integran, son recursos valiosos sobre los cuales ciframos y proyectamos las formas de vida, siempre que "el conocimiento es la relevancia que tienen los procesos informativos, la producción y el traslado de información, que son cada vez más importantes en lo económico y social" (Nava, 2007). Actualmente, y por regla general, el conocimiento científico sigue emergiendo en la universidad como el escenario donde la investigación se ha debido maximizar y cualificar, toda vez que en ella se concentra el proceso por medio del cual no solo se produce el conocimiento, también se valida, se especializa y se expande, tributando al enriquecimiento de las ciencias, y con ello, procura promover la solución de los problemas sociales de los cuales la universidad debe ser una lectora oportuna.

El conocimiento producido por las universidades como también el que generan de forma mancomunada a través de las relaciones interinstitucionales, en la actualidad representa el desafío de ser transferido y apropiado socialmente, razón para que desde hace algunos años en la universidad recayera la obligación de efectivizar a la investigación como función sustantiva, impactando tanto los procesos formativos como las modalidades a través de las cuales se interactúa con la sociedad, motivo para cuestionar las realidades en las que se basa la construcción de los objetos de estudio que abren paso a diseños metodológicos para la producción de un nuevo conocimiento que se corresponda con la expectativa social. Lo anterior hizo que la universidad se replanteara como institución social, y en ello, la investigación "transformó la misión y visión, la cual ya no se desarrolla ni funciona solo en el "adentro", sino que se proyecta y se realiza en el "afuera" que es la sociedad en alguno de sus puntos focales" (^{Vizcaíno y Muñoz, 2018}, p. 34).

El derecho como campo de conocimiento no se exceptúa del deber de hacer propia la función sustantiva de la investigación con compromiso de transferencia y apropiación social, y con ello, de responder a la cualificación de los procesos formativos, a la generación de un conocimiento científico jurídico pertinente, y en últimas, a la comprensión de aquello que se denomina derecho, a su práctica en manos de los distintos actores que se ocupan de su realización. Sin embargo, en ese campo de conocimiento son diversas y reiteradas las críticas y autocríticas elevadas contra la mencionada función sustantiva, que van desde el empleo de sus modalidades, en especial la denominada dogmática y la sociojurídica, hasta los diseños metodológicos empleados, a los objetos construidos, a los resultados ofrecidos y a los impactos generados.

En ese contexto, la responsabilidad que le cabe a las facultades y programas de derecho como componentes de la institucionalidad universitaria también se traduce en la identificación, reconocimiento y comprensión de los actores, objetos de estudio, metodologías y resultados alcanzados por medio de la investigación, siempre que su adecuada gestión también puede "indagar que nuevos conocimientos, prácticas, procesos, procedimientos, aplicativos y comportamientos, se desencadenarán en el corto, mediano y largo plazo" (^{Granada, 2012}, p. 93), facilitando la adaptación ante posibles cambios sociales, a través de la comprensión de las condiciones que lo generan. Lo anterior resulta imprescindible en la medida que conduce al reconocimiento y apropiación del otro y de lo otro que es objeto de interés, preocupación o necesidad de quien lo investiga y sobre lo cual procura tributar a la ciencia, dando apertura al potencial de comprensión de una realidad social que se lee, crea y recrea a través de otras ópticas con las que se confluye en el hacer de nuevo conocimiento para ponerlo al servicio de la sociedad.

En el amplio y variopinto campo del conocimiento jurídico, una de esas realidades se condensa en el derecho de familias, de infancias y de adolescencias, objetos de conocimiento distintivos de la experiencia investigativa de la comunidad académica colombiana, a partir de los cuales se hizo posible la identificación, el reconocimiento y la comprensión de los actores, objetos de estudio, metodologías y resultados alcanzados por medio de la investigación, razón por la cual se propuso como pregunta orientadora ¿Qué transformaciones presenta la investigación jurídica y sociojurídica en el derecho de familias, de infancias y de adolescencias en Colombia en el año 2020?

Justificación del estudio: los trabajos sobre la investigación jurídica y sociojurídica

La relevancia de la investigación en el escenario académico colombiano no es el resultado de una tradición histórica, lo que también define la intempestiva aparición y crecimiento de la investigación en derecho en las universidades; por el contrario, se puede hablar de un auge que inicia con la adopción del nuevo orden constitucional y con las reformas legales al sistema de educación, de donde emergieron nuevas necesidades e intereses, que por lo menos en el campo del conocimiento jurídico, han motivado la aparición de distintos trabajos que se concentran en aspectos igualmente diversos de esa función sustantiva. ^{Botero Bernal (2007)} propone a la epistemología jurídica y a la universitología como dos órdenes que permiten la comprensión de la investigación jurídica en el siglo XXI, sin que con ello agote las razones de su surgimiento en los claustros universitarios, en la medida que reconoce la incidencia de otras razones para el auge de la investigación,

[...] como el recibo de nuevas tendencias pedagógicas (como la pedagogía activa) y psicológicas (en especial la vertiente constructivista) (...) el relevo generacional del cuerpo docente y los cambios en los factores sociales de medición y clasificación de las instituciones educativas de calidad (siendo la investigación una medida importante) [...] (pp. 39 - 40), lo que confirma que en la actualidad la investigación se ha convertido en una promotora de transformación organizacional y funcional de la academia colombiana.

En el campo del conocimiento jurídico no son abundantes los escritos que hayan abordado la investigación con miradas centradas en metodologías, aunque si son mayores en número a los que se han focalizado en otros aspectos, ejemplo de ello en México es el trabajo de ^{Witker, (1996)}, ^{Arellano García (2004)} o el de ^{Croda Marini & Abad Espíndola (2016)}, en Chile Núñez Vaquero (2014), y en Colombia los trabajos de ^{Botero Bernal (2007}, 2007a); de Mariño Rojas, Moncayo Álvarez, Sarmiento Álvarez, y Gutiérrez Quevedo, todos compilados en el libro "Estrategias metodológicas en la investigación sociojurídica" (2011); o la obra "La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación" (2018), de León Molina, Prieto Salas, Jiménez Triana y Alarcón Peña, en la que desarrollan los calificativos del derecho en las distintas formas de investigación jurídica, el método jurídico, la semiótica jurídica como una metodología, la metodología de la ciencia legislativa, los modelos lógicos como métodos de estudio sistemático del derecho, el análisis económico del derecho, y directrices para el estudio del derecho privado. No son abundantes los trabajos que se concentran en objetos de conocimiento o de estudio, o en campos específicos de la ciencia jurídica; por ejemplo en el derecho penal ^{Moya Vargas (2010)} reflexiona sobre la investigación realizada frente a ese objeto de conocimiento, explicando que no es lo mismo investigar en derecho penal que investigar el derecho penal; en el primer caso, "el investigador se ocupa de cualquier área o campo del derecho penal, opera los procesos respectivos y produce los correspondientes informes" (2010, p. 229) mientras que el segundo "compromete asumir un sistema, es decir, el control penal y otorgarle un tratamiento integral" (2010, p. 229).

Con esa distinción, ^{Moya Vargas (2010)} diferencia cinco campos de investigación del derecho penal que permiten acogerlo como sistema: "discurso penal y método de derecho penal, control social y práctica del derecho penal, gnoseología penal, interaccionismo epistemológico y justicia penal" (p. 230)¹. El derecho laboral es otra de las áreas donde se identifican valoraciones del estado de la investigación sobre ese objeto de conocimiento, allí Gómez, Muñoz y Benrey (2010) sostuvieron que "los hallazgos son desalentadores. Solamente en las universidades Externado de Colombia, Nacional, Autónoma de Bucaramanga y de Cartagena tienen grupos de investigación exclusivamente en derecho laboral y de la seguridad social" (p. 276).

En una tendencia similar se identifica que tampoco son abundantes los trabajos que abordan la investigación jurídica y sociojurídica de una forma holística; entre los referentes que exalta ^{Botero Bernal (2007)} está el trabajo de Mauricio García y César Rodríguez (2003) quienes valoran como desordenada la aparición de estudios interdisciplinarios con enfoque crítico a raíz de la variedad de temas y de las metodologías empleadas; el trabajo de Germán Silva (2001) que sostiene la pervivencia de investigaciones concentradas en la norma, en su interpretación y en su aplicación; o el de Diego López Medina (2003) de quien estima

[...] hace un análisis crítico de las mixturas que se hacen en Colombia en su investigación jurídica y señala como necesario develar los procesos de transmutación "iusteórica" que se dan entre sitios de producción y sitios de recepción de la Ciencia del Derecho. (^{Botero Bernal, 2007}, p. 36).

Un trabajo de corte exploratorio y descriptivo que acoge como referencia el estado de la investigación a nivel nacional es "Indisciplinar el Derecho: Investigación Jurídica y Sociojurídica en Colombia. Tomo II", de ^{Vásquez Santamaría (2013)}, que contiene el estado general de la investigación en Derecho en el periodo 2008 - 2012, registra el resultado de la evaluación sobre la investigación como un fundamento pedagógico cuya trayectoria y alcance permite formular una nueva propuesta de formación jurídica, destaca la marcada concentración de líneas de investigación en derecho público y en derecho constitucional, además de destacar la experiencia del departamento de Cundinamarca como un caso de centralización de la actividad investigativa, seguido de lejos por Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico, detrás de los cuales queda el panorama de un país casi que inadvertido frente a la investigación en derecho.

En las evidencias del auge de la investigación jurídica y sociojurídica no se ocultan las debilidades que fueron identificadas por ^{Vásquez Santamaría (2013)} y que perviven hasta nuestros días, tal como se confirma en Gómez, Pabón y Estupiñan (2020) que encuentran en "el síndrome de la racionalidad, el síndrome de la autoridad como verdad, el síndrome de la voluntad general, el síndrome de Grecia y Roma, el síndrome de la institucionalidad, el síndrome de la esencia o del ser" (p. 42), algunas de las negativas tendencias que aquejan la investigación en derecho, debilidades que analizadas a la luz de las dinámicas institucionales generan posturas críticas como la de ^{Arrieta Burgos (2015)}, quien considera que "el boom de la investigación jurídica ha sido tributario de una concepción burdamente técnica del derecho." (p. 308), y además en el modelo actual ve los elementos propios de una "red social burocrática" (p. 309).

El contexto que se ha consolidado entorno al desempeño de la investigación jurídica y sociojurídica en Colombia mantiene la exigencia de comenzar a identificar y reconocer los distintos componentes del campo del conocimiento jurídico como una oportunidad, sobre todo si se tiene presente que "La investigación jurídica que se produce en las universidades en Colombia vivió un largo sueño dogmático del que poco a poco se ha ido despertando" (Gómez, Pabón y Estupiñan, 2020, p. 40). Facilitar la apropiación del estado de la investigación jurídica y sociojurídica exige reflexionar e interpretar su realidad guiada por la rigurosidad que requiere la misma investigación, razón por la cual se acoge una perspectiva territorial limitada a una triada de objetos de conocimiento de larga data dentro del campo del conocimiento jurídico: El derecho de familias, de infancias, y de adolescencias.

La selección de estos tres objetos de conocimiento fue priorizada porque el departamento de Antioquia es el segundo territorio con mayor número de líneas de investigación declaradas sobre derecho de familias, hecho que conllevó a presumir una nutrida y creciente generación de saberes a través de una comunidad académica consolidada. Esa particularidad ameritó el reconocimiento de los sujetos que investigan y de aquello que investigan para dinamizar los temas, ejercicios y experiencias. Con la intensión de contribuir al estado sobre la investigación en derecho, buscamos evidenciar las transformaciones de la investigación jurídica y sociojurídica en el país al año 2020, que para nuestro caso se ajustó en reconocer la comunidad académica que hasta el 2020 se dedicaba a ejecutar pesquisas a partir de los tres objetos de conocimiento seleccionados, y con ello, a comprender los intereses y focos temáticos que dieron lugar a los proyectos de investigación adscritos o no a líneas de investigación explícitamente declaradas en derecho de familias, de infancias, y de adolescencias.

Metodología

El objetivo general que orientó la respuesta a la pregunta se concentró en evidenciar las transformaciones de la investigación jurídica y sociojurídica en el derecho de familias, de infancias y de adolescencias en Colombia hasta el año 2020, razón por la cual se fijaron como acciones específicas la identificación de los cambios en el número de grupos de investigación jurídica y sociojurídica categorizados y reconocidos, la caracterización del talento humano adscrito a esos grupos de investigación, y el contraste de la actividad de los grupos dedicados al derecho de familias, de infancias y de adolescencias a partir de las líneas, proyectos y productos de investigación registrados en fuentes oficiales.

El enfoque de la investigación fue cualitativo en modalidad documental; se fundamentó en el análisis de contenido a partir de la selección, clasificación, organización y sistematización de los datos filtrados a través de una serie de indicadores en ciencia, tecnología e innovación reportados por los grupos de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI). Para el caso que nos ocupó, el reconocimiento de la investigación jurídica y sociojurídica sobre el derecho de familias, de infancias y de adolescencias privilegió los datos arrojados en la convocatoria 833 de 2018 del entonces Departamento Administrativo Colciencias, por medio de la cual se hizo el reconocimiento y medición de grupos de investigación y de investigadores del SNCTel. Estos no son datos aislados, ocasionales o desprendidos que emergen de un ejercicio accidental, por el contrario, hacen parte de una investigación mayor centrada en evidenciar las transformaciones de la investigación jurídica y sociojurídica en el país en el periodo 2008 - 2020, en la cual se englobó a la investigación en el derecho de familias, de infancias y de adolescencias en un trayecto de categorización, estructuración y síntesis de información en el que concurrió el hacer investigativo sobre todas las áreas del derecho en todo el territorio nacional, facilitando la comparación y valoración del derecho de familias, de infancias y de adolescencias frente a los demás objetos de conocimiento.

El ejercicio mayor que abarca el periodo 2008 - 2020 se sustentó en los resultados del proyecto "Indisciplinar el Derecho: Investigación Jurídica y Sociojurídica en Colombia. Tomo II" (^{Vásquez Santamaría, 2013}) que reúne los consolidados de los años 2008 a 2012. Los correspondientes al periodo 2012 - 2017 fueron levantados a partir de la plataforma "La ciencia en cifras", adscrita desde el 2019 al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y destinada a ofrecer "información detallada para los principales indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación que dan cuenta de la gestión institucional y del SNCTeI" (MinCiencias). Mediante esta fuente de información se consolidaron resultados con cortes a los años 2013, 2014 y 2015.

Procedimiento

Para evidenciar las transformaciones de la investigación jurídica y sociojurídica en Colombia al año 2020, se tomaron los datos de ciencia, tecnología e innovación consolidados por los grupos de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTeI), los cuales fueron sistematizados a partir de los resultados de la convocatoria de medición 781 de 2017 y de la convocatoria 833 de 2018. Los resultados de la convocatoria del 2017 estuvieron vigentes hasta el primer semestre del 2019, momento en el que fueron publicados los resultados de la convocatoria 833 de 2018. Por ese motivo, para presentar los resultados de la convocatoria 781 se empleó el año 2018, y para presentar los de la convocatoria 833 se empleó el año 2020, siempre que estos últimos se mantuvieron vigentes aún hasta finales de 2021.

Para la síntesis de la información, se elaboró una base de datos en el programa Excel donde se agrupó la información por regiones y subregiones: Pacífico, Caribe, Andina (integrada por las subregiones del Eje Cafetero, Tolima Grande, Boyacá, Santanderes), Amazonas/Orinoquía. Teniendo en cuenta las características sociodemográficas y académicas de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, estos fueron examinados de manera independiente buscando una mirada más detallada e integradora sobre la región Andina. El análisis se centró en los grupos reconocidos por el hoy MinCiencias, en las líneas y en los proyectos de investigación registrados por esos grupos relacionados con el derecho de familias, de infancias y de adolescencias, objetos de conocimiento que fueron acogidos como categorías predefinidas para realizar el análisis de los datos cualitativos.

Resultados

Los resultados obtenidos serán presentados a partir de una perspectiva territorial desde la cual se ofrece la información consolidada en dos modalidades. La primera responde a la comunidad académica, organizada y localizada en los territorios a través de grupos, de líneas y de proyectos de investigación; la segunda se corresponde con los focos temáticos a partir de los cuales esas comunidades vienen desarrollando su trabajo científico sobre los objetos de conocimiento derecho de familias, de infancias y de adolescencias.

Aunque se presentan datos cuantitativos en algunas categorías, se quiso trascender del número analizando comprensivamente la praxis investigativa en el territorio. En este sentido, la perspectiva territorial permitió la localización de la investigación como actividad social que es parte del territorio y que confluye en sus procesos de construcción; asumida como libertad humana orientada por propósitos concretos respaldados en las lecturas que se hacen de la realidad y que suele ser trabajada de forma colectiva. A diferencia del lugar, asumido como "unidad básica de la geografía" (^{Mazurek, 2018}, p. 10) y definido por la forma y la posición que adquiere en una escala determinada, con la perspectiva territorial concentramos el análisis del dato en la localización territorial, toda vez que ésta "introduce la noción de diferencia, de relatividad: un lugar no es necesariamente igual a otro. La localización es, entonces, un acto social de inscripción de un lugar en la especificidad" (Mazurek, 2018, p. 10). La localización trasciende la referencia de la ubicación de la investigación en el territorio y penetra lo particular y concreto de las experiencias de producción del conocimiento científico que se generan en él, orienta la perspectiva territorial a partir de la especificidad que diferencia y caracteriza a los grupos de investigación en sus intercambios con el territorio. Con la localización territorial se identificaron los distintos fenómenos de familias, de infancias y de adolescencias que hacen de ese territorio un lugar único a partir del componente social que los produce y que son acogidos como objeto de estudio por los grupos en sus proyectos. Estos a su vez producen una devolución de conocimientos que buscan ser apropiados para facilitar la comprensión de las realidades que hacen de ese lugar algo único y diferente en el espacio.

El alcance especial de la localización en la perspectiva territorial dio cabida al empleo del territorio en su dimensión jurídico-política, aquella empleada de forma tradicional para organizar administrativamente al Estado. La información consolidada a partir de la comunidad académica, de líneas y de proyectos de investigación, se llevó a cabo acudiendo a escalas formalmente reconocidas por la norma, donde el departamento fue la escala de base a partir de la cual se integraron datos en escalas subregionales, regionales y nacional, lo que hizo posible transitar entre lecturas locales y generales. Atendiendo lo anterior, los primeros resultados identificaron los grupos de investigación localizados en los departamentos de Colombia con líneas de investigación declaradas en derecho de familias, de infancias y/o de adolescencias, o proyectos de investigación sobre uno o varios de esos objetos de conocimiento. También se evidenciaron las líneas y proyectos registrados partiendo de una realidad en la cual contar con líneas de investigación declaradas sobre uno o varios de los objetos de conocimiento no significa la necesaria ejecución de proyectos en esos focos temáticos. Los resultados alcanzados sobre los focos temáticos que sirvieron de base para la identificación de problemas de investigación sobre derecho de familias, de infancias y de adolescencias, son presentados evidenciando la proporción de su recurrencia en la comunidad académica previamente identificada.

Región Pacífico

Esta escala está conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, su consolidado regional sobre investigaciones en derecho de familias, de infancias y de adolescencias fue el segundo con menos datos registrados, ubicándose solo por encima de la región suroriental integrada por la subregión de la Amazonía y la Orinoquía. De los 27 grupos de investigación reconocidos y categorizados de la región en la convocatoria 833, tan solo 8 tenían proyectos de investigación relacionados con los objetos de conocimiento aquí tratados. La localización del mayor número de grupos y de la más notable actividad investigativa en derecho de familias, de infancias y de adolescencias estuvo en el departamento de Nariño, lo que hizo de esa entidad territorial el escenario con mayor investigación en los temas objeto de este trabajo; allí los grupos Iuris Coeptum (Derecho y Empresa), Derecho, Innovación y Desarrollo Social, el Centro de Estudios Jurídicos Avanzados, La Minga, y Derecho, Justicia y Región tenían experiencias investigativas en esos objetos de conocimiento.

En los resultados de la convocatoria 833 los grupos de investigación de Nariño reunían el alto número de proyectos de investigación que fueron identificados en la región, 2 de ellos centrados en el foco temático derecho de infancias, 1 en derecho de adolescencias, 2 más que articularon los focos anteriores, y otro, denominado "Formulación de estrategias para la convivencia y seguridad ciudadana orientadas a la protección familiar y rehabilitación social de la población laboral infantil y adolescente víctimas del conflicto armado en Pasto -2015", que trabajó sobre los tres objetos de conocimiento.

Frente a las subcategorías que fueron objeto de investigación en cada uno de los proyectos registrados, en la región Pacífico se apreció una sólida y marcada tendencia de los intereses que motivaron las investigaciones sobre derecho de infancias (azul), donde las figuras Niñas y Niños generaron la mayor concurrencia de trabajos, acompañadas en menor proporción por las subcategorías Género, Niñez, y Adolescencia. A diferencia de lo que sucedió con ese objeto de conocimiento, las categorías Derecho de Familias (rojo) y de afrocolombianos (amarillo) caracterizaron una investigación con tendencias variadas en las que tenían proporciones equivalentes distintos objetos de estudio.

Imagen 1 Focos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en la región Pacífico 2020. 

En el caso de derecho de familias, la variedad de focos temáticos registrados proporcionó una multiplicidad de objetos de estudio que se traducen en miradas plurales sobre la realidad territorial que se presentó sobre la institución social de la Familia. Si bien no es posible establecer la existencia de un foco temático preponderante desarrollado sobre ese objeto, si se reflejó la riqueza de saberes que se construyeron a través de la variabilidad de fenómenos que fueron leídos y delimitados como problemas de investigación, tal como se dio con las subcategorías de derecho de alimentos, protección familiar, estrategias en familia, seguridad ciudadana, y la concurrencia con adolescencia y niñez. Situación similar se presentó con el objeto derecho de adolescencias, sobre el cual las investigaciones de la región marcharon en distintos sentidos, como el laboral, la educación, el desarrollo, el VIH, y en menor proporción, las políticas públicas, la convivencia, las estrategias con adolescentes, y los delitos sexuales.

De los tres objetos de conocimiento, el derecho de infancias hasta el 2020 definió la tendencia mayoritaria de la investigación, toda vez que se hizo presente con preponderancia no sólo en los proyectos expresamente declarados sobre ese objeto de conocimiento, sino que apareció también como subcategoría con una posición importante en los proyectos adscritos en derecho de familias y derecho de adolescencias. De igual forma es necesario exaltar la transversalidad de la categoría Adolescencias, que sin haber sido la mayoritaria en ninguno de los tres objetos de conocimiento presentó una recurrencia sobresaliente en todos ellos.

Región Caribe

La región se conforma por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena Guajira, Cesar, y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde los resultados registrados en el 2012 esta región presenta una disparidad en la localización de las comunidades académicas dedicadas a la investigación jurídica y sociojurídica, siempre que en los años indagados, departamentos como la Guajira y San Andrés, Providencia y Santa Catalina no figuran en los registros del SNCTeI, y casos como los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar, han dejado de aparecer durante amplios periodos debido a que los grupos de investigación localizados allí no alcanzan los niveles para ser reconocidos.

De los 28 grupos de investigación reconocidos y categorizados en la convocatoria 833 de 2018, 18 de ellos tenían registrados proyectos y se identificaron 4 líneas de investigación declaradas sobre los objetos de conocimiento. La mayor cantidad de proyectos de investigación se registraron en el departamento del Atlántico; de los 23 reportados 7 pertenecían al Grupo de investigación en Derecho, Política y Sociedad, colectivo de la región Caribe que es titular del único proyecto que integra la familia, la infancia, y la adolescencia: "Delitos contra los niños, niñas y adolescentes y su impacto jurídico en la familia y la sociedad". El Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política era autor de 5 proyectos, el Grupo de Investigación en Derecho Comercial - INCOM de 3 más en los que estaba presente el derecho de infancias, el Grupo de Derecho Privado y Ciencias Penales reportó 2, al igual que el Grupo De Investigación Derecho, Justicia y Sociedad - Dehjus, y el Grupo de Estudios de Género, Niñez y Criminalidad. El Grupo de Investigación Andrés Bello reportó 1 solo proyecto adscrito al derecho de infancia.

Tras la experiencia del Atlántico sobresalen los recorridos de los colectivos de investigación de Bolívar y Córdoba. El primero de ellos concentró un total de 12 proyectos de investigación, en su mayoría adscritos al Grupo de Investigaciones Sociales y Jurídicas, que sumaba 9 proyectos de investigación ejecutados, 5 articulan el derecho de infancias y de adolescencias, 2 se centraron en el derecho de adolescencias, 1 en derecho de familias y 1 en derecho de infancias. En Córdoba los grupos de investigación Ciencias Sociales Aplicadas y Derecho, Investigaciones Jurídicas Unisinuanas y el Grupo Interdisciplinario de Investigaciones Sociojurídicas, Socioeconómicas y Urbano-Regionales (GISOURBANO) agrupaban un total de 10 proyectos de investigación, pero al igual que en Bolívar, un solo grupo acaparó la mayor actividad investigativa, toda vez que el Grupo de Investigaciones Jurídicas Unisinuanas figuró como titular de 7 de los 10 proyectos del departamento, 5 de ellos en derecho de familias, 1 en derecho de adolescencias y 1 en derecho de infancias.

Imagen 2 Número de proyectos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en la región Caribe 2020. 

Las líneas de investigación se concentraron en el Grupo de Estudios de Género, Niñez y Criminalidad, localizado en el Atlántico; la primera de ellas, adscrita al derecho de infancias y adolescencias se denomina "Infancia y adolescencia bajo un enfoque de derecho y de género"; la segunda "Convivencia y empresa con perspectiva de derecho y género", y la tercera "Criminalidad y reacción social con perspectiva de género". El Grupo de Investigación en Derecho, Política y Sociedad en el Atlántico registró la cuarta línea relacionada con el derecho de familias: "Convivencia, Paz y Justicia: Relaciones Interpersonales y Familiares Contemporáneas".

Frente a las subcategorías que fueron objeto de investigación en los proyectos registrados, a partir del objeto derecho de infancias (azul) se aprecia una tendencia aún más sólida y definida que la reconocida en la región Pacífico. Las subcategorías Niñas y Niños acapararon los intereses investigativos, seguidas de manera residual por otras como Conflicto, Justicia, Protección o Reparación. Una situación similar se aprecia con el Derecho de Familias (rojo), donde las subcategorías Familia, Derecho y Jurídico develan la fuerte orientación de la investigación en la región, caracterizadas además por una tendencia definida por las subcategorías de Víctima, Protección, Violencia Intrafamiliar, Delitos, y Mujer.

Los focos temáticos claramente determinados en el derecho de familias y el derecho de infancias se alteraron en el derecho de adolescencias, toda vez que en él se reiteró el conflicto como una subcategoría que transversaliza a las tres áreas en la región, lo que se confirmó con la aparición de otras que están correlacionadas como Conflicto Armado, Reparación, y Justicia. En el derecho de adolescencias también concurrían con importancia subcategorías que se presumen como propias del derecho de infancias, como Niños, Niñas e Infancia, y emergen unas que le son exclusivas como Afrodescendientes y TIC.

Imagen 3 Focos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en la región Caribe 2020. 

Región Andina

Para el análisis de la región Andina el territorio se dividió en subregiones, asumidas como escalas intermedias entre el departamento y la región, a través de las cuales se rescatan patrones culturales, ambientales y territoriales medianamente homogéneos que han llevado a la conformación de nodos de trabajo dentro de las redes académicas. Los departamentos del Huila y Tolima conforman la subregión de Tolima Grande; Caldas, Quindío y Risaralda la subregión del Eje Cafetero; Santander y Norte de Santander la de los Santanderes, y de forma independiente se trabajaron los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia.

La subregión de Tolima Grande presentó un total de 5 grupos de investigación reconocidos y categorizados de los cuales 3 habían tenido actividad en derecho de familias, de infancias y de adolescencias. El de mayor trayectoria fue el Grupo Zoon Politikon en Tolima con 5 de los 7 proyectos de investigación en el tema, 2 de ellos en derecho de familias, 2 en derecho de infancias, y 1 en derecho de infancias y adolescencias. En el Huila los grupos Diálogos y Cynergia eran titulares de 1 proyecto cada uno, el primer en derecho de adolescencias y el segundo en derecho de infancias y adolescencias.

En la subregión del Eje Cafetero, el Quindío no registró ningún proyecto o línea de investigación relacionado con ninguno de los tres objetos de conocimiento, contrario a los grupos Derechos Humanos y Conflicto, y Derecho y Sociedad en Caldas, cada uno con 1 proyecto enfocado en el derecho de adolescencias. Risaralda fue el territorio en el cual se presentó la más significativa actividad investigativa sobre los objetos que se analizan, en la medida que el Grupo de Investigación Derecho, Estado y Sociedad contaba con la única línea de investigación declarada en el tema, "Derecho de la Infancia y de la Adolescencia y Justicia Restaurativa", la cual respaldaba un total de 8 proyectos, 5 de ellos en derecho de adolescencias y 3 en derecho de familias.

De los 15 grupos de investigación reconocidos y categorizados en la subregión de los Santanderes, 7 de ellos contaban con reportes en derecho de familias, de infancias y de adolescencias, de los cuales 6 se localizaron en Santander y tan solo 1 en Norte de Santander. En la subregión se identificaron las líneas de investigación "Derechos Humanos Niñez y Adolescencia", "Familia", y "Violencia Intrafamiliar", todas adscritas al Grupo Familia, Género y Conflicto localizado en la ciudad de Bucaramanga, el cual además aglutinó 2 proyectos de investigación en derecho de familias, 1 en derecho de adolescencias y 1 en derecho de infancias y adolescencias, lo que hizo de él el colectivo con mayor trayectoria de la subregión. También es preciso destacar los 3 proyectos en derecho de familias del Grupo Hermenéutica Jurídica, los 2 que reportó el Grupo Los Mediadores en Derecho de Infancia y Adolescencia, y 1 más sobre los mismos objetos a cargo del Grupo en Jurisprudencia y Activismo Constitucional. Finalmente, el Grupo Teoría del Derecho y Formación Jurídica tenía con 1 proyecto en derecho de familias.

En Boyacá 5 de los 7 grupos reconocidos y categorizados reportaban actividad en los objetos de conocimiento analizados, pero no se registró ninguna línea de investigación en el tema. El Grupo Reconciliación con la Justicia y la Dignidad Humana - Red humana tenía 2 proyectos en derecho de infancias, 1 en derecho de familias y 1 en derecho de adolescencias; el Grupo Sociojurídica, Derecho y Ciencias Políticas fue titular de 3 proyectos en derecho de familias y 1 en derecho de adolescencias, el Grupo Jurídicas y Sociojurídicas de 1 en derecho de familias y 1 en derecho de infancias, y los grupos Globalización y Derecho Hugo Grocio, y Justicia Social Primo Levi contaban con 1 proyecto, el primero en derecho de familias y el segundo en derecho de infancias.

A partir de los datos recabados en las subregiones andinas se reconoce una inclinación investigativa hacia el derecho de familias, donde Boyacá y Santander fueron los dos territorios con las trayectorias mas significativas, a lo que se debe sumar la especial experiencia del Grupo de Investigación Derecho, Estado y Sociedad en Risaralda, toda vez que constituye un nicho importante de investigación en derecho de adolescencias. De las subregiones también es preciso exaltar que, a pesar de los casos ejemplificados con los grupos de investigación localizados en sus departamentos, no en todos se declaran líneas de investigación en el tema, lo que da cuenta del abordaje de problemas que necesariamente no están adscritos a líneas que nutren campos de conocimiento definidos en los que se comprometa una trayectoria sostenida sobre el derecho de familias, de infancias y de adolescencias.

Imagen 4 Número de proyectos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en la región Andina 2020. 

La realidad de los focos de investigación que han sido seleccionados por los investigadores en sus proyectos asegura una tradición sobre el objeto de conocimiento derecho de infancias, fortalece algunas tendencias en el caso de derecho de familias, y tributa a la diversificación que caracteriza el derecho de adolescencias, tal como se registró en la región Pacífico y en la región Caribe. Las subcategorías Niñas y Niños definieron con clara preponderancia los focos de investigación seleccionados en los trabajos de Derecho de Infancias (Azul), los cuales debieron estar orientados por el enfoque jurídico ante la redundante presencia de la subcategoría Derecho. Igualmente, en el Pacífico y el Caribe el derecho de infancias se transversalizó por la subcategoría Adolescentes, aspecto que también fija una tradición al interior de la investigación del derecho de infancias por su reiterada presencia en muchos de los proyectos de investigación.

Si bien en Derecho de Familias (rojo) se evidenció una mayor diversificación de focos de investigación en comparación con las regiones del Pacífico y del Caribe, entre las subcategorías más empleadas en los proyectos estaban Familia, Violencia Intrafamiliar y Derecho de Familia, las cuales también definieron la mayoría de las investigaciones en la región Caribe. No obstante, en las subregiones andinas la subcategoría Mujer y Prevención aportaron un componente diferencial que se clarificó aún más con subcategorías emergentes y novedosas como Trata de Personas, Delitos, Política, Protección y Criminal.

Los focos de investigación que emergieron en el Derecho de Adolescencias (amarillo) a partir de las distintas subcategorías hicieron de este objeto el más diverso; al igual que en el Pacífico y en el Caribe no hubo una subcategoría preponderante, y si bien hubo coincidencias con las otras regiones, como la conjugación con Niñas y Niños o con TIC, en las subregiones andinas sobresalió el empleo de las subcategorías Criminalización, Criminalidad, y Sanción.

Imagen 5 Focos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en la región Andina 2020. 

Antioquia

Un total de 20 de los 32 grupos de investigación reconocidos y categorizados en la convocatoria de 2018 contaban con proyectos y líneas de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en Antioquia, lo que hizo de ese departamento el territorio que proporcionalmente concentraba la mayor actividad investigativa sobre el tema en el país, toda vez que en Cundinamarca el 33% de todos sus grupos reconocidos y registrados tuvieron actividad a partir de los tres objetos de conocimiento, mientras en Antioquia fue el 62%. Este departamento evidenció una fuerte inclinación por el derecho de familias, lo que se respaldó en 6 líneas de investigación declaradas y en 24 proyectos ejecutados, las líneas pertenecían a los grupos de investigación Auditorio Constitucional, titular de "Dinámicas Familiares y Derecho", Investigaciones Jurídicas, autor de la línea "Investigación en Familia y Sociedad", Globalización del Derecho Privado - GLORPI con la línea "Familia y Relaciones Jurídicas", el Grupo De Investigación en Áreas Jurídicas e Interdisciplinares con la línea "Estudios de Familia y Sociedad", Ratio Juris autor de la línea "Bioderecho, Familia y Sociedad", y Derecho y Poder, titular de la línea "Derecho y Familia: Retos contemporáneos de la familia y el Derecho de familia en Colombia".

Entre las experiencias más significativas que fueron identificadas en la subregión antioqueña sobresalieron las de los grupos de investigación Derecho, Cultura y Ciudad, Auditorio Constitucional, y el Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales, que reportaron un total de 5 proyectos de investigación. El primero de los colectivos había ejecutado 2 proyectos en derecho de familias, 2 más en derecho de infancias, y 1 en derecho de infancias y adolescencias; Auditorio Constitucional con 5 proyectos de investigación al derecho de familias, mientras Jurídicas y Sociales tenía 2 en derecho de familias, 2 en derecho de adolescencias y 1 en derecho de infancias. También es preciso reseñar los 4 proyectos en derecho de adolescencias realizados al interior de Ratio Juris, y los 4 desarrollados por el Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín, 3 de ellos en derecho de familias y 1 en derecho de infancias.

Imagen 6 Número de proyectos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en la subregión Antioquia 2020. 

En Antioquia se confirmó la tendencia nacional en los tres objetos de conocimiento toda vez que derecho de familias como derecho de infancias estaban fuertemente definidos por subcategorías recurrentes en las investigaciones de los colectivos localizados en esos territorios, mientras que el derecho de adolescencias se caracterizó por la diversificación y multiplicidad de temáticas. En Derecho de Infancias (Azul) Antioquia no se alejó de la tradición de investigar problemas centrados en Niñas y Niños, subcategoría que también resultó ser asimilada con la palabra Menor. Al igual que en los demás territorios, este objeto de conocimiento se asumió en varias oportunidades en una clara relación con la subcategoría Adolescencias, dejando como tendencias diferenciales las definidas por el Desarrollo Humano, la Explotación Sexual, la Edad y los Estudios de Primera infancia.

En el derecho de familias Antioquia también contribuye a consolidar la tradición de investigaciones primordialmente concentradas en las subcategorías Familia y Derecho, lo que supone una marcada afinidad a las investigaciones de corte jurídico. Es de resaltar que en un nivel menor emergieron subcategorías que perfilan focos temáticos propios de la experiencia territorial antioqueña, como fue el caso de la Capacidad Jurídica y la Discapacidad, de la misma manera que se hicieron visibles subcategorías que conducen a trabajos articulados con otras áreas del Derecho como se aprecia con penal y laboral. En la diversidad que distingue al derecho de adolescencias en Colombia, Antioquia confirmó la transversalización que ese objeto mantiene con el derecho de infancias a través de las subcategorías Niñas y Niños, pero ello no restó al aporte diferencial que hace Antioquia con las subcategorías Exploración Sexual, Conflicto y Políticas Públicas, lo que proporciona una identidad particular al departamento en las investigaciones sobre Adolescencias.

Imagen 7 Focos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en Antioquia 2020. 

Cundinamarca

Un total de 100 grupos de investigación jurídica y sociojurídica fueron reconocidos o categorizados en la convocatoria 833 de 2018 en Cundinamarca, de los cuales 33 tenían registrados proyectos y/o líneas de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias, lo que hizo de esa entidad el territorio con la comunidad académica más amplia y de mayor actividad en los objetos de conocimiento. Los 33 grupos de investigación reunían un total de 86 proyectos y 9 de líneas de investigación a partir de los cuales se destacó la fuerte inclinación sobre el derecho de familias.

Imagen 8 Número de proyectos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en la subregión Cundinamarca 2020. 

El Grupo de Derecho Privado de la Universidad de La Sabana registraba la línea "Persona y familia", el Grupo de Estudios en Derecho Privado de la Universidad Santo Tomás trabaja alrededor de la línea "El Sujeto de Derecho y la Familia ante las Nuevas Realidades Sociales", el Grupo en Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia cuenta con la línea de investigación en "Derecho de Familia y Nuevas Biotecnologías", el Grupo Mandela tiene la línea "Familia y Violencia Intrafamiliar", el Grupo Derecho Económico y Estado registraba la línea "Derecho, Familia y Movimientos Sociales", el Grupo en Derecho Penal e Implementación del Sistema Penal Acusatorio figuró como titular de dos líneas, "Familia, Conflictos Sociales y Proyección Social" e "Impactos del conflicto armado en la familia colombiana", y el Grupo de Investigación Derecho y Género contaba con la línea en "Género y Derecho de Familia". Adicional a las líneas reseñadas en derecho de familias, el Grupo en Política Criminal presentó una línea de en "Derechos de la Infancia y de la Adolescencia", y el Grupo IUSTITIA articulaba los tres objetos de conocimiento en la línea "Protección constitucional de la familia, la niñez y la adolescencia".

De los 33 grupos de Cundinamarca con investigaciones en derecho de familias, de infancias y/o de adolescencias, es de exaltar la experiencia del Grupo en Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia con 19 proyectos de investigación, 7 centrados al derecho de familias, uno en derecho de infancias, 10 que conjugaron derecho de familias y adolescencias, y uno en el que integró el derecho de infancias y de adolescencias. También sobresalió la experiencia del Grupo en Derecho Informático y de Nuevas Tecnologías con 9 proyectos, todos enfocados en problemas de investigación de derecho de familias y adolescencias, lo que sumado a los 10 del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia, localizaba 19 de los 20 proyectos en derecho de familias y adolescencias de Colombia en Bogotá. El Grupo en Política Criminal contaba con 9 proyectos entre los cuales 5 estaban enfocados al derecho de infancias, 2 a derecho de adolescencias, y 2 más integraron derecho de infancias y adolescencias. Por su parte el Grupo Derecho y Género cuenta con 2 proyectos en derecho de familias, uno en derecho de infancias y uno en derecho de adolescencias.

En lo que se refiere a los focos de investigación, Cundinamarca no alteró las tendencias definidas por las subcategorías, a pesar de ser el territorio donde se localizó la experiencia más diversa en investigaciones en derecho de familias, de infancias y de adolescencias. Si bien disminuyó el empleo de las subcategorías Niñas y Niños, estas no perdieron un lugar protagónico dentro de las investigaciones de la entidad territorial; se confirmó el fuerte vínculo entre derecho de infancias y derecho de adolescencias a través de subcategorías como Adolescente y Adolescencia, y emergió con mayor incidencia el derecho de familias, lo que develó la interacción de los tres objetos en las investigaciones adscritas al derecho de infancias.

En comparación con el resto de Colombia se hizo evidente la amplitud con la cual fue asumida la investigación en Derecho de Familias (Rojo), en donde se alcanzó una articulación importante con el derecho privado. Si bien se mantuvo la tendencia de las investigaciones sobre derecho de familias ante la clara localización de las subcategorías Familia, Familiar, y Derecho de Familia, se desdibujaron los límites con el derecho privado ante la aparición de subcategorías como Derecho Civil, Sucesiones y Régimen. Además, se debe mencionar la tendencia de constitucionalización de las investigaciones en derecho de familias con la presencia de subcategorías como Constitucional y Jurisprudencia.

La articulación entre el derecho de infancias y de adolescencias se confirmó también en Cundinamarca, donde a la prevalencia de subcategorías como Adolescencia y Adolescente, Jóvenes y Juvenil, las acompañaron las subcategorías Niñas y Niños, e Infancia. De forma similar a lo que reportó la región Caribe, en Cundinamarca tomó relevancia la investigación de la adolescencia en el conflicto, y marcó su aporte diferencial con subcategorías como LGTBI, Turismo Sexual, Delitos y Reconciliación.

Imagen 9 Focos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en Cundinamarca 2020. 

Debate

Al igual como se registra desde las investigaciones adelantadas en el 2012, la región Andina en el 2020 concentró la mayor actividad de investigación jurídica y sociojurídica, y dentro de ella, también la mayor relacionada con el derecho de familias, de infancias y de adolescencias. La región albergó el más alto número de proyectos y de líneas de investigación declaradas sobre los tres objetos de conocimiento abordados, y si bien Cundinamarca tuvo los más altos indicadores, proporcionalmente es Antioquia el que mayor dedicación prestó a la investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias. La región Andina permite localizar el más amplio número de comunidades académicas con trayectorias investigativas, como sucede con varios de los 33 grupos registrados en Cundinamarca y de los 20 localizados en Antioquia, pero igualmente sobresalieron las experiencias en derecho de familias en Santander y Boyacá, y en derecho de adolescencias en Risaralda, lo que se acompañó de la significativa trayectoria que se gestó en casos aislados de otras regiones del país, como en Nariño en la región Pacífico, y en Atlántico y Córdoba en la región Caribe, estas últimas con indicadores un poco más homogéneos en el número de investigaciones realizadas en derecho de familias, de infancias y de adolescencias.

Imagen 10 Número de proyectos de investigación en derecho de familias, de infancias y de adolescencias en Colombia 2020. 

Sin embargo, las lecturas sobre los focos de investigación que siguieron los colectivos académicos abren trasfondos con alcances diversos. En los proyectos de investigación en derecho de familias se evidenció la necesidad de la comunidad académica de superar tanto la tradición dogmática de ubicarlo en el área del derecho privado, tal como sucedía por el vacío en su regulación en la anterior Constitución de 1886. De allí que la familia fuera analizada antes de la Constitución de 1991 a partir de figuras reguladas por el Código Civil, como el matrimonio y su régimen patrimonial -sociedad conyugal-, la filiación de los hijos y la autoridad del padre para disponer de todos los miembros de la familia, lo que se evidencia con especial peso con varias de las subcategorías empleadas en investigaciones realizadas en Cundinamarca.

Gracias a la Constitución Política de 1991 las relaciones entre "Familia y Estado" se articularon a partir de la consagración de la familia y los derechos de quienes la componen, como los niños, las mujeres, los adolescentes, los adultos mayores y las personas con discapacidad, lo que se respalda en el artículo 42 y siguientes, y se refleja en las trayectorias investigativas de Antioquia con subcategorías como Capacidad Jurídica y Discapacidad. Además, el artículo 350 sobre la prevalencia del gasto público social conllevó a la regulación de las políticas públicas en el orden municipal, departamental y nacional para resolver los problemas identificados en los grupos familiares a nivel territorial, una subcategoría que se hace evidente de forma emergente en varias de las regiones y no solo en derecho de familia.

Estos cambios normativos permiten visibilizar en las investigaciones sobre derecho de familias las relaciones de asimetría o sumisión que se generan en ellas: desigualdades, violencias, violación a los derechos humanos en temas como la migración y el conflicto armado, inequidad social y la falta de ejecución del Estado en programas, planes y proyectos participativos y colectivos, como se desprende de subcategorías recurrentes como Mujer, presente en las investigaciones del Pacífico, Caribe, Cundinamarca y Antioquia, y la subcategoría Protección en el caso de las investigaciones del Pacífico y Antioquia. Esto conlleva a reflexionar si el derecho cumple su objetivo como instrumento de control social y de protección a los más vulnerables, en la medida que de la investigación en derecho de familias se evidencia con nitidez el giro que ha asumido sobre sujetos de especial protección.

No obstante la tendencia a la constitucionalización del derecho de familias, el legislador se ha apartado en su labor de regulación, de hecho llama la atención que la primera norma expedida luego de la Constitución Política de 1991 -Ley 294 de 1996- se haya referido a la violencia intrafamiliar, asumiendo que se trataba del escenario natural de la familia, y que mantiene altos niveles de interés en la comunidad académica como se respalda en las subcategorías Violencia Intrafamiliar en las subregiones andinas y en la región Caribe, y la subcategoría Víctima en las regiones Caribe y Pacífico.

Por lo anterior, la Corte Constitucional ha tomado un papel activo no sólo por la falta de regulación normativa, sino también por la revisión de las acciones de tutela ante vulneraciones al debido proceso en actuaciones de funcionarios administrativos -Comisarios y Defensores de Familia - como de Jueces de Familia. Así mismo, en acciones de constitucionalidad, por la inconstitucionalidad sobreviniente de muchas normas del Código Civil, como se refleja en la sentencia C - 577 de 2011 por medio de la cual se revisó el artículo 113 y estableció que el matrimonio como contrato civil no puede establecerse requisitos que lesionen el principio de igualdad y de la dignidad humana para las parejas del mismo sexo. La disposición no estaba acorde con la igualdad de derechos para las familias de hecho y para aquellas conformadas por igual sexo, asuntos investigados en todas las regiones del país a través de focos temáticos como Género o LGTBI. Lo anterior puede respaldar que el estudio y sistematización de la jurisprudencia constitucional resulte ser de gran interés para los investigadores en derecho de familias.

Vemos además que en el derecho no ha existido uniformidad en el uso del término familia, porque desde allí se ha identificado a un único modelo de familia: la tradicional, aquella conformada de manera exclusiva por una mujer o por un hombre con sus respetivos hijos. Pero ¿qué ocurre con aquellas conformadas por hermanos solteros, abuelos y nietos y más aún por aquellos que conviven a partir de vínculos de solidaridad, afecto y apoyo como los de crianza? Si siguiéramos esta lógica, no daría lugar a tipificar otras formas familiares, en las que las ciencias sociales y humanas han aportado a su categorización y clasificación, y en las que la jurisprudencia constitucional ha reconocido desde la terminología de "familias" los cambios sociológicos en el comportamiento de la población colombiana -como toda la región latinoamericana- y la necesidad de su protección integral, en armonía con los principios de pluralismo e igualdad material (Sentencias C - 278 de 2014, T -070 de 2015). Los fenómenos sociales en las familias suceden en una dinámica de cambio, ^{Zabalza (2007)} plantea que al aplicarse la norma jurídica debe prevalecer la interpretación sistemática contraria a la literal, para analizar de manera integral las diversas formas de organización familiar, y no dar lugar a postulados ciertos y estáticos en las relaciones familiares.

En lo que se refiere a la Infancia, en el Estado Social de Derecho los grupos sociales más relevantes se tornan sujetos de derechos fundamentales, lo que puede explicar la tendencia estable y mayoritaria de la investigación sobre Niñas y Niños en todas las regiones de Colombia. Lo anterior generó un cambio en la concepción de los derechos de la niñez por dos razones: la primera, porque se supera la visión de "menores", a los cuales "les hace falta algo", y eran considerados como "objeto" de sus padres, quienes tenían derechos absolutos y arbitrarios sobre ellos, y pasan a ser considerados "sujetos de derechos y obligaciones", autónomos y con capacidad progresiva para tomar sus propias decisiones. La segunda razón radica en la independencia del derecho de familia, al tener normas sustantivas, y procesales, autoridades especializadas como comisarios y defensores de familia para su protección.

Se estima que las tendencias de la investigación en derecho de infancia pueden encontrar correspondencia en la aparición de legislación. Bajo la Ley 1098 de 2006 se genera un cambio en la denominación de "menores" a "niñas", "niños" y "adolescentes" (artículo 3). No obstante, también establece el término "infancia" como aquella etapa comprendida entre los cero (0) y los seis (6) años que generan cambios a nivel físicos, psicológicos y sociales más importantes de la vida (artículo 29). En las investigaciones en las diferentes regiones del país, se hace uso de esta terminología para establecer el alcance del grupo poblacional investigado, y dar uso adecuado del lenguaje, porque este permite visibilizar y reconocer desde derecho su protección.

Las investigaciones en las diferentes regiones evidencian además la articulación de la Ley 1098 de 2006 - Ley de Infancia y Adolescencia - con otras normatividades como la Ley 1622 de 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, lo que se respalda en una definida tradición de articulación e integración entre subcategorías como Niñas, Niños, e Infancia, con Adolescente, Adolescencia, Juvenil o Jóvenes.

Los jóvenes o adolescentes como grupo poblacional son investigados a partir de diversas situaciones como el embarazo adolescente, el VIH, la drogadicción, o su responsabilidad penal frente a la Ley. Lo anterior evidencia que como grupo tienen sus necesidades sociales y biológicas, lo que requiere de análisis diferenciados no sólo desde lo etario, sino también desde sus diferencias en aplicación de la perspectiva de género. Ejemplo de ello es que en la adolescencia y la juventud se manifiestan cambios físicos y mentales, por lo cual, el Derecho otorga a esta etapa del ciclo de vida una capacidad evolutiva o autonomía progresiva que les permite tomar decisiones autónomas e independientes de sus padres. Así lo respaldan las sentencias de la Corte Constitucional C - 246 de 2017, que faculta a los adolescentes para que puedan realizarse tratamientos estéticos, T - 544 de 2017 sobre el derecho a morir dignamente a partir de los 12 años, y la sentencia T - 447 de 2019 que les permite realizar el cambio en el componente "Sexo" en el Registro Civil de Nacimiento.

Lo anterior corresponde a utilizar las categorías de infantes y adolescentes en plural para reconocer dicha autonomía personal y progresiva que se adquiere de acuerdo con cada etapa evolutiva y de desarrollo para la toma de decisiones (^{Viola, 2012}). Esta realidad jurídica fue creada desde la Convención de los Derechos de los Niños (1989), instrumento que ha impulsado reformas legislativas en diálogo con los derechos humanos para que se logre el tránsito de las infancias y las adolescencias de singular al plural.

Finalmente se hace obligado mencionar la importancia de que las investigaciones en derecho de familia, de infancia y de adolescencia incluyan cada vez más los análisis interdisciplinarios. Pervive la necesidad de trabajar con otras ciencias y/o disciplinas que le aporten a las discusiones actuales de manera más holística, al igual de investigaciones cuantitativas que permitan tener información objetiva de las condiciones y sucesos sociales que se presentan a las familias para entender dichas realidades y generar soluciones pertinentes y coherentes con los resultados encontrados.