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Introducción
En la actualidad, uno de los temas que más destacan en las agendas y políticas internacionales se identifica con el término de la pobreza. A pesar de los esfuerzos realizados durante todos estos años, su superación se erige en un imperativo ético mundial. Partiendo de su naturaleza multidimensional, las propuestas más extensivas se han materializado desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa de Oxford sobre la Pobreza y el Desarrollo Humano (OPHI, por sus siglas en inglés), donde tratan de explicar el concepto de pobreza desde el enfoque de capacidades de Sen (2011), para quien la pobreza se define como "la privación de capacidades básicas y no solo como una renta baja". Tal privación puede expresarse "en una mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición [...], un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos" (p. 37).
En la práctica, además de que todavía existen dificultades en la disponibilidad de información para la medición de la pobreza multidimensional (Stiglitz et al., 2009; Unterhalter, 2017), cabe reconocer cómo la pobreza también se expresa en su dimensión territorial, ya que para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas resulta imponderable conocer la cantidad de población en situación de pobreza y dónde se distribuye desde el punto de vista geográfico. Para ello, es necesario obtener información social desagregada a nivel local y microlocal, dado que en muchas ocasiones los indicadores globales no presentan las realidades tal como son.
No obstante, uno de los factores que propulsa el crecimiento de la pobreza lo constituye la discriminación de género (Unterhalter y North, 2017), dado que las mujeres se enfrentan a obstáculos que desembocan en privaciones y, por consiguiente, pérdidas para la sociedad y para la economía, desde las que se reconoce que la productividad de las mujeres se erige en uno de los principales motores del dinamismo económico (Hernáiz, 2018). Es por ello que la igualdad en y a través de la educación ha de dirigirse a la crisis del empleo y la multidimensionalidad de la pobreza y desigualdades, de modo que se asegure que la igualdad de género está integrada en todas las esferas de la vida (Unterhalter y Howell, 2019).
Bajo la consideración de la pobreza como problema global, y desde las condiciones reales de las mujeres colombianas, este artículo tiene el objetivo de analizar la igualdad de género en este país a partir de los datos ofrecidos por diferentes organismos internacionales entre 2014 y 2018. Para ello, y tras revisar tanto las políticas de feminización de la pobreza en Colombia como el propio concepto de igualdad de género y las investigaciones que existen al respecto, se lleva a cabo una metodología de investigación comparada con el fin de interpretar los principales indicadores que ofrecen los organismos objeto de la comparación (ONU Mujeres, CEPAL - Comisión Económica para América Latina, OIT - Organización Internacional del Trabajo, Unesco - Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI - Organización de Estados Iberoamericanos, PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, BM - Banco Mundial, FMI - Fondo Monetario Internacional y OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico)1. Se muestra con ello, en el apartado de resultados, tanto sus señas idiosincrásicas como las convergencias detectadas, para legitimar con ello cierto isomorfismo (Zapp y Ramírez, 2019) en sus líneas de políticas con respecto al binomio feminización de la pobreza y educación. En la discusión se apuntan una serie de apuestas programáticas por parte de los citados organismos que son proclives a la igualdad de género y, finalmente, se propone un indicador propio, el "Indice de Participación Equitativa de Género - IPEG", como apuesta de medición de indicadores que se han considerado pertinentes a fin de medirlo en el país considerado.
Delimitación del objeto de estudio. Políticas de feminización de la pobreza en Colombia
Desde esta línea adoptada, se describe el proceso y desarrollo del concepto de feminización de la pobreza en la región de Latinoamérica, con el fin de desembocar en Colombia, objeto del presente estudio. Con respecto a la situación persistente en América Latina en materia de políticas de género y educación, Blanco (2006) afirma que se "caracteriza por tener sociedades fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a la gran desigualdad en la distribución de los ingresos, lo cual genera altos índices de exclusión" (p. 1). En la región, el concepto de feminización de la pobreza se define como "un cambio surgido en los niveles de pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o de los hogares a cargo de mujeres" (Medeiros y Costa, 2008, p. 2).
Colombia se sitúa actualmente en el puesto 22, con un Indice Global de Brecha de Género de 0,758 puntos. Estos resultados permiten que el país se acerque con pasos seguros hacia la consecución de la igualdad, aunque la brecha salarial sigue erigiéndose en el punto álgido, representando con datos más recientes una puntuación de 0,535 (World Economic Forum, 2019). La distribución del ingreso según el índice de Gini es de 50,4 para 2018.
Con base en los datos estadísticos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, s.f.), la figura 1 expone las diferencias persistentes entre las zonas rurales y urbanas en Colombia, en los últimos 10 años, en materia de feminización de la pobreza extrema. El índice muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza (indigencia) entre mujeres y hombres: un valor superior a 100 indica que afecta en mayor grado a las mujeres que a los hombres; un valor inferior a 100, su situación contraria.
Fuente: adaptado de Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas (CEPALSTAT, s.f.).
Figura 1 Índice de feminidad de la pobreza extrema en Colombia
Como puede apreciarse, en los últimos años, tanto en las zonas rurales como en las áreas urbanas, la tendencia mostrada es superior a 100, lo cual indica que la pobreza sigue teniendo mayor incidencia sobre las mujeres.
Según la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), esta es una de las regiones más comprometidas con la igualdad de género, entendida esta como principio jurídico universal y compromiso de magnitud global reconocido en los textos internacionales sobre los derechos humanos en el desarrollo económico y social y de la construcción de la democracia (SEGIB, 2016). Con el fin de disminuir o eliminar toda forma de desigualdad y discriminación por razón de sexo, y alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), la SEGIB ha desarrollado diferentes acciones estratégicas (SEGIB, 2018), entre las que cabe destacar la incorporación de la perspectiva de género tanto en la planificación como en la ejecución en los Programas, Iniciativas, y Proyectos Adscritos (PIPA) o los procesos e iniciativas regionales para alcanzar el ODS 5 y reducir las brechas entre los géneros.
Siguiendo en la misma línea, con el propósito de sostener y reforzar la inclusión del mainstreaming de género, se establecen en América Latina y Caribe los planes de igualdad, utilizados como guías por los Estados de la región con la intención de impulsar el desarrollo de las mujeres y que, dependiendo del país, mientras algunos han sido utilizados como una herramienta activa de gestión por parte de la entidad responsable, otros han sido solo aprobados por decreto del poder ejecutivo o sustentados por las leyes.
Fuente: adaptado de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017).
Figura 2 Base normativa de los planes de igualdad de género en América Latina
En el caso referente a Colombia, la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres se elaboró ciñéndose a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 - Prosperidad para todos. En la Ley 1450 de 2011, los artículos 177 y 178 expresan la voluntad del Gobierno para adoptar una política pública nacional de equidad de género y es en 2012 cuando el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) dio su aprobación. Acto seguido, en Colombia se instaura el Plan de Acción Indicativo 2013-2016 de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, donde se creó una Comisión Intersectorial mediante Decreto 1930 de 2013 con la finalidad de reducir las violencias contra las mujeres y poner en marcha acciones sostenibles para la superación de brechas y la transformación cultural (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013).
Colombia ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1982 y depositó ante Naciones Unidas dicha ratificación en 2007. Diferentes políticas públicas han salvaguardado los derechos de las mujeres: la Política para la Mujer Rural mediante el Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia (CONPES 2109); Política Integral para la Mujer 1992; Política de Participación y Equidad de la Mujer 1994; Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1999 y la Política Mujeres Constructoras de Paz 2003 (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2017).
En marzo de 2013 se dicta el CONPES Social 161, "Equidad de género para las mujeres", que se fundamenta en los lineamientos de la política nacional de esta materia, elaborados por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, para el periodo 2013-2016, a cuyo fin se sometió a una evaluación institucional con enfoque participativo de la Política de Equidad de Género. En dicha evaluación se han identificado vacíos, como la existencia de múltiples formas de vulneración asociadas al género que se presentan dentro de los establecimientos educativos, entre las que destaca la violencia física y sexual, la existencia de prácticas pedagógicas cotidianas de discriminación sobre niñas y adolescentes "naturalizadas" y la existencia de contenidos curriculares y proyectos pedagógicos transversales que contribuyen a la configuración y fortalecimiento de imaginarios que refuerzan la división sexual del trabajo (Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2017).
Con relación al avance de las mujeres tanto en la participación en el ámbito público como privado en Colombia, ONU Mujeres presenta el informe nacional El progreso de las mujeres en Colombia 2018: transformar la economía para realizar los derechos, que presenta avances, limitaciones y oportunidades para el empoderamiento económico de las mujeres y su plena participación en la economía y el desarrollo del país. Uno de los factores que más ralentiza el desarrollo de las mujeres es precisamente la pobreza y la situación de múltiples discriminaciones como consecuencia en ámbitos educativo, salud, participación política, su vulnerabilidad en momentos de crisis humanitaria y el libre acceso y ejercicio de los derechos económicos (ONU Mujeres, 2018).
En función del análisis efectuado en los apartados anteriores, se han identificado en Colombia como principales obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y revierten sobre su pobreza la desigualdad socioeconómica, los patrones culturales patriarcales que resultan discriminatorios y violentos, incluyendo las situaciones de desplazamiento y de conflicto (Inguanzo y Rodríguez-Rodríguez, 2019); la división sexual del trabajo; la injusta organización social del cuidado y la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público; lo que convierte a este país en "uno de los más desiguales en el mundo" (CEPAL, 2019, p. 17). Lo anterior se asienta, además, en un conflicto interno colombiano que ha impactado históricamente de manera grave la vida de las mujeres y ha incidido de manera patente en ese empeoramiento de sus condiciones de vida (Mut, 2020).
Igualdad de género en educación. Medir lo inmensurable
De acuerdo con el informe Gender Equality Policy and Strategy 2016-2020 (Global Partnership on Education [GPE], 2016), lograr la igualdad de género se refiere a que hombres y mujeres, niños y niñas, adquieran los mismos derechos, responsabilidades y poder para moldear sus vidas y contribuir con ello a la sociedad, desde procesos que han de comenzar dentro, pero también más allá de la escuela. Unida inextricablemente a bienestar, agencia, falta de violencia, conocimiento y crítica, bienes públicos, relaciones sociales y contextos (Unterhalter, 2017), y a la preocupación por exponer y transformar las desigualdades, puede inferirse de ello que supone disponer de una igualdad de posibilidades en ambos sexos. También se refiere a reparto distributivo del poder entre hombres y mujeres, en línea con los derechos humanos, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5-Igualdad de género y derechos de las mujeres, aunque también en interacción con ODS 4-Educación, ODS 1-Pobreza, ODS 3-Salud y bienestar y ODS 8-Trabajo decente y ODS 16-Sociedades inclusivas), lo que requiere compromisos políticos transformadores. Incluye, aunque "lo engloba, el concepto de equidad de género (gender equity), que significa que las responsabilidades y los beneficios se distribuyen justamente entre hombres, mujeres, los logros institucionales y procesos consultivos que lo aseguren" (Unterhalter y Howell, 2019, p. 13).
Aun así, la literatura anglosajona ha extendido más el concepto de "igualdad de género" (gender equality), término que, como se refiere Unterhalter (2017) de manera reveladora para nuestro trabajo, es, ante todo, "inmensurable", desde el momento en que no existen, hoy por hoy, indicadores que hayan sido universalmente consensuados y por el cual debate "cómo medirlo puede resultar muy iluminador, indicando dimensiones generativas que no son susceptibles de ser medidas" (Unterhalter, 2017, p. 7). A la imposibilidad de aprehender de manera holística una realidad tan compleja se une, además, su naturaleza intersectorial (De Jong, 2013; Martínez-Usarralde, 2021), bajo la cual se cruza con otras desigualdades (raza, etnicidad, discapacidad, etc.) que redundan en la exclusión de la mujer dentro y fuera de la escuela, por lo que se reitera la necesidad de contar con programas que evalúen la perspectiva de género para exponer y visibilizar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres (Marrero, 2019). Todo lo anterior ratifica, como sostienen Roig et al. (2020), que la igualdad de género no constituye únicamente un derecho humano, sino una base insustituible para fundar un mundo próspero, pacífico y sostenible.
Existen varios problemas vinculados a desarrollar medidas cuantitativas de igualdad de género en educación, algunos de los cuales tienen que ver con la consideración de los países o regiones como ganadores y perdedores cuando en realidad deberían estar interconectados de manera profunda y contando con apoyo continuo, así como con la arbitrariedad en el diseño de las calificaciones que, por su parte, tienden a trabajar hacia los logros. Unterhalter y Howell (2019) añaden que "mientras los índices para medir la igualdad de género están bien establecidos y desagregados, se necesita todavía hacer mucho trabajo para desarrollar métricas comunes" (p. 11).
Volviendo sobre la literatura, una revisión no exhaustiva de los últimos trabajos vinculados a la temática consultada advierte de la profusión de estudios centrados en medir la igualdad de género (Psaki et al., 2018) para evidenciar el impacto negativo de las políticas que no cumplen con este propósito. Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la brecha de género (gender gap) (Hermann y Kopasz, 2021; Meinck y Brese, 2019; Roig et al., 2020) no hace sino apuntar a la proliferación de una realidad discursiva múltiple sobre gender equality, el término más utilizado, como se ha apuntado, aunque también algunos autores, pocos, aluden a gender equity (equidad de género) (Nguyen et al., 2020), aspecto este que invita, dada la diversidad conceptual, a su deconstrucción y su construcción continua.
Desde esta perspectiva, se desean destacar al menos cuatro tendencias patentes en los estudios. En primer lugar, abundan los análisis sobre los binomios de igualdad de género y salud (Acevedo et al., 2020; Gavurova et al., 2020; Maliti, 2020) escolarización (Boualaphet y Goto, 2020; Cin et al., 2020; Feu y Abril, 2020; Reis, 2020) y política (Draboo, 2020; Roig et al., 2020).
Otra línea reseñable, en segundo lugar, es la que vincula la igualdad de género a la consecución de ODS concretos: Asadullah et al. (2020) analizan la realidad de Sudasia que vincula los ODS a la pobreza, a la educación y al crecimiento inclusivo; Roig et al. (2020) aluden a la relación entre ODS y conocimiento político en las mujeres (ODS 5). Do et al. (2020) estudian la barrera del ODS 4 en Vietnam para las niñas; ODS que es compartido con Vanner (2019), quien por su parte escruta cómo se ha de abordar la seguridad en las escuelas. Dentro de esta primera agrupación, América Latina constituye, junto a India, otro eje transversal de investigación en esta perspectiva de género: Barrios et al. (2020) se centran en el liderazgo de las mujeres colombianas, Altamirano (2020) estudia cómo se resiente la igualdad de género en las mujeres mexicanas, mientras Gonçalves y Oliveira (2018) analizan el rol del profesorado indígena en Brasil en esta temática.
Una tercera vertiente se identifica con los análisis críticos realizados sobre indicadores de organismos internacionales: Nguyen et al. (2020) escrutan los factores que inciden en el Gender Gap Index - WEF (Indice de la Brecha de Género); Meier y Diefenbach (2020) sostienen cómo el Gender Report de OCDE-PISA refuerza los estereotipos; mientras que Cook (2018) argumenta que, a pesar de que en países OCDE los resultados del PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences) no evidencian diferencias de género en destrezas matemáticas en adultos, y se han reducido las brechas, ambas tendencias no pueden explicar sistemáticamente las diferencias de género en matemáticas sobre esta población: para llegar a la igualdad de género las sociedades han de hacer algo más que empoderar educativamente a la mujer.
Finalmente, una cuarta tendencia a la que este artículo desea contribuir, además, apunta a la creación de nuevos índices demandados por investigaciones de aspectos concretos que reclaman su pertinencia, dado que, desde los indicadores diseñados por los organismos internacionales, no se profundiza lo suficiente: es el caso de Marsh et al. (2020) con su Well Being Profile - WBP (Perfil de Bienestar), Royuela (2020) con su Composite Index for European Identity - CIEI (Indice Compuesto para la Identidad Europea), Omair et al. (2020) con Saudi Women Participation in Development Index (Indice para la Participación en el Desarrollo de las Mujeres Saudíes), Dadon-Golan et al. (2018) con su propuesta para medir la desigualdad educativa de género en Israel, o Khan et al. (2017) con su Indice de Crecimiento por la Igualdad (Index Pro-Equality Growth) ante la discriminación de género en educación, salud y de mercado evidenciada en los países OCDE para el período 1980-2015.
De buena parte de los trabajos actuales se desprende, para concluir, la apreciación de que existe una política fragmentada sin narrativa clara sobre las desigualdades y sus intersecciones entre géneros, lo que sigue erigiéndose en demanda constante, en especial desde la literatura feminista y crítica (Martínez-Usarralde, 2021). De lo anterior se deriva, por tanto, la necesidad de seguir contando con comparaciones internacionales y debates sobre cómo la igualdad y su antónimo, así como la equidad de género en educación, deben erigirse en medidas como reflejos de esta aspiración y desde la atalaya de esa necesidad aludida de medir, así, "lo inmensurable" (Unterhalter, 2020, p. 12).
Metodología
La metodología empleada se ha fundamentado en dos líneas de análisis: la documental, sustentada en fuentes secundarias y en los informes de los organismos internacionales, desde los que se se han extraído los datos estadísticos y, en segundo lugar, la aplicación de las fases del método utilizado en educación comparada, desde el reconocimiento de que "esta se apoya en experiencias y datos derivados de múltiples contextos y diversos niveles para generar insights, facilitar la comprensión y explicar el cambio" (Powell, 2020, p. 57).
En el análisis documental se han recolectado y sistematizado fuentes secundarias generadas por las organizaciones internacionales encargadas de hacer seguimiento a la implementación de género en las políticas públicas a nivel internacional en Colombia. Por su parte, para el análisis comparado, se ha empleado el uso de datos estadísticos con la finalidad de reforzar los contenidos teóricos procedentes de las fuentes secundarias y así reflejar las brechas de género, lo que permite identificar su persistencia, pero también su evolución a nivel global en esta materia.
Los documentos utilizados en la búsqueda de información se han basado en la comprobación de indicadores en doce páginas web como punto de partida sobre la temática seleccionada que cada organismo examina,2 además de los informes consultados. Los organismos han sido divididos en dos grupos: los que acreditan una naturaleza social (el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer - Unifem, CEPAL, OIT, Unesco, OEI y PNUD) y los de naturaleza económica (BM, FMI y OCDE). Esta fragmentación ayudará a la comprensión de las tablas de yuxtaposición, ya que las unidades de comparación empleadas han sido índices e indicadores propios de cada organismo internacional sobre el binomio género y pobreza, que incide en la educación.
Cada organismo dispone de una base de datos estadísticos (por ejemplo, OECD.Stat) así como publicaciones anuales de informes sobre los resultados de sus estudios. Para esta investigación, se han consultado los informes comprendidos entre los años 2014 y 2018.
El empleo del método comparado, por su parte, tiene como finalidad contrastar los resultados obtenidos en función del análisis de la perspectiva de género, en busca de establecer similitudes y diferencias entre datos, aquí de los principales organismos internacionales, con el objetivo de conseguir información que conduzca a la visibilización de las mejoras en la implementación de las políticas de mainstreaming de género. Interpreta, de este modo, acontecimientos diacrónicos pero también sincrónicos, con la aspiración de identificar tendencias actuales, al tiempo que nuevos retos y problemas que emergen desde el futuro más inmediato (Egido y Martínez-Usarralde, 2019). Para constatar la hipótesis inicial, se analizan las afinidades y divergencias entre los dos modelos de organismos señalados, basándonos en una adaptación de la metodología de que contempla las siguientes fases: estudio descriptivo ("fase analítica"), en que se acomete un análisis de los dos modelos, al tiempo que se delimitan y clasifican las categorías de comparación; estudio comparativo ("fase sintética"), en que los datos son seleccionados y yuxtapuestos en tablas, a fin de facilitar su comparación, y, finalmente, la "fase de conclusiones comparadas", en que se reflexiona sobre los resultados hallados, al tiempo que se sugieren vías por las que seguir analizando e investigando sobre la temática, a la luz de la hipótesis presentada.
Tomando como referencia el método comparado, tras la descripción del problema, se ha comenzado la investigación realizando un estudio descriptivo (fase analítica), ya realizada, a la que le siguen los resultados (fase sintética), en la que se diseñan los cuadros de yuxtaposición de cada uno de los modelos escogidos para detectar los criterios de comparación que permitan clasificar y sintetizar la información de cada uno de ellos, para desembocar en la fase de conclusiones comparadas.
Resultados: fase sintética
En la fase sintética se ha revisado la información recopilada de los informes de los organismos internacionales, clasificados en dos grupos, a fin de discernir los criterios de comparación (tertium comparationis) que han posibilitado el diseño de las siguientes dos tablas (ver tabla 1 y tabla 2), lo cual ha permitido, en palabras de Kãvalko y Brunila (2019), deconstruir la lectura discursiva y releerla, siguiendo los criterios de clasificación estipulados:
Tabla 1 Cuadro de índices e indicadores de organismos de desarrollo económico para Colombia, 2014-2018
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos estadísticos de cada organismo.
Tabla 2 Cuadro de índices e indicadores de organismos de desarrollo social para Colombia, 2014-2018
Fuente: elaboración propia de autoras a partir de las bases de datos estadísticos de cada organismo.
En las tablas 1 y 2 existe un vínculo evidente entre los conceptos que visibilizan los resultados de los índices e indicadores. La medición de la pobreza es representada y medida por los organismos, en efecto, bajo diferentes parámetros de acuerdo con el modelo de desarrollo del que parte. Por ejemplo, en CEPAL, la media de personas en situación de pobreza extrema para el año 2014 fue de un 5,75 %, pero para el BM, con las mismas características, es igual a un 5 %.
En relación con la contribución que la mujer colombiana hace a la economía, la evaluación de la participación femenina en puestos directivos presentada por la OIT se diferencia de la estudiada por BM, en el sector que analizan, dado que el BM establece como criterio de análisis el sector privado. El indicador empleado "Empresas con alta gerencia femenina (% de empresas)", presentado por BM, hace referencia a las empresas del sector privado que tienen mujeres en cargos de alta gerencia, siendo este un 18,9 % en 2017 y la "Participación femenina en el empleo en puestos directivos (%)" es constituida por el número de mujeres sobre el total del empleo en la gerencia, sin especificar el sector analizado, representando las mujeres un 53,4 % en 2009. Otro dato relevante se encuentra en el indicador "Fuerza laboral con educación avanzada, mujeres (%)", desde el que se observa que la población femenina en edad laboral con educación avanzada alcanza una media de 75 %, mientras que su representación en los puestos directivos es casi un 20 % inferior.
Con respecto al ámbito educativo, al mismo tiempo, no hay que olvidar la interconexión que evidencian en buena parte de las líneas programáticas por parte de los organismos internacionales que acreditan una visión afín de desarrollo: es el caso de la semejanza persistente entre los indicadores medidos por la Unesco y los determinados por la OEI, responsables de medir e impulsar el desempeño de las personas en el ámbito educativo.
La parametrización de la alfabetización permite conocer el desarrollo educativo que dispone cada país. Colombia, en esta línea, ha experimentado grandes avances en sus tasas, pero sigue reflejando dificultades en el aumento del número de personas que concluyen el ciclo escolar. En efecto, y según el indicador "Tasa de alfabetización población entre 25 y 64 años, % mujeres", las cifras evidencian que más del 95 % están alfabetizadas, pero los resultados del "Porcentaje de personas que ingresan a la educación superior" o el "Porcentaje de graduados por sexo" muestran una disimilitud bastante preocupante. Esta tendencia, en parte, es producida por la desigualdad social que, medida por el Indice de Gini, ha contribuido a profundizar las disparidades en el acceso a la educación y el cumplimiento de logros en Colombia. Según el informe Educación en Colombia. Aspectos destacados, publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2016), el organismo clasifica como barreras en el alcance del desarrollo educativo la "pobre" preparación de las personas que acceden al bachillerato, los recursos públicos que no están alineados con las necesidades de los y las estudiantes y la existencia de una carencia de vínculos entre universidades públicas y empleadores. El análisis que hemos realizado de los informes posteriores consultados ratifica esta tendencia.
Los índices creados por los organismos internacionales aquí son claros: en la Brecha Global de Género (GGP) del BM, la educación (logro educativo), medida por la tasa de analfabetismo y la tasa de matriculación, se acompaña de medidas de desigualdad existente entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, de salud y supervivencia, de esperanza de vida saludable y empoderamiento político. Por su parte, el Indice de Igualdad de Género (GEI) de la Unesco mide la educación, la participación económica y su participación política (women empowerment) y, también de este organismo, el Indice de Paridad está midiendo la igualdad de condiciones de acceso entre niños y niñas, el número de repetidores, el personal docente y la esperanza de vida escolar. Finalmente, el PNUD defiende el Indice de la Desigualdad de Género (IDG), que recalcula su IDH en función de las desigualdades patentes en mortalidad materna, fecundidad adolescente, escaños parlamentarios, porcentaje de población con un nivel de educación secundaria, salud reproductiva y tasa de participación en la fuerza laboral. Para el caso referido, la mujer colombiana se retrata con un 0,7290 en 2018 de GGP, con un 0,963 de GEI y con un 0,41 de IDG, todas ellas disímiles, dado que se consideran parámetros diferentes desde los que el ámbito educativo es solo uno de ellos.
Ahora, en relación con a la vertiente social, la OCDE, con su Gender Equality and Development, relaciona políticas de género a la cooperación al desarrollo y, complementando las tendencias manifestadas de ámbitos anteriores, los datos presentados por PNUD para Colombia lo clasifican como un país con un desarrollo humano alto, pero con un progreso paulatino durante 2014-2018. El IDH-D y el Indice de Gini evidencian datos similares con respecto a la medición de la desigualdad en Colombia. La mujer colombiana sigue estando perseguida por la discriminación dentro de las instituciones sociales, con un aumento, tal como lo muestra el "Indice de Instituciones Sociales y Género", en casi un 6 % en 2019 respecto a 2014. Según SICI 2019 Global Report Transforming Challenges into Opportunities (OCDE, 2019), 44 % de la población mundial de mujeres se enfrenta a ser discriminada en la familia, otorgándole la responsabilidad doméstica en un 60 %. La normativa surgida en torno al género en algunos países las continúa discriminando, a pesar del aumento en las reformas legales a través de la Política de Equidad de Género para la mujer 2013-2016 que promueven una mayor igualdad de género, como se ha podido comprobar en el marco teórico sobre el caso de Colombia. Para el 2019, Colombia ha disminuido los porcentajes de discriminación en la familia, pero a nivel mundial no hay evidencia de que algún país haya alcanzado la protección legal de la mujer para todas las formas de violencia. Con relación a la discriminación generada hacia el género femenino en pleno desarrollo de libertades civiles, resulta relevante mencionar que en este país el porcentaje representado es el más significativo: la mujer sigue estando oprimida en el ámbito que comprende el acceso a las tierras, a los recursos financieros y derechos laborales. La exclusión de las mujeres de los ámbitos públicos desemboca, por todo ello, en la prolongación de las desigualdades en otras áreas (OCDE, 2019).
Para concluir, se desea apuntar a que, a pesar de las divergencias propias de la idiosincrasia de cada organismo, se ha detectado en este análisis comparado cómo, además de que todos los organismos descritos aglutinan sus análisis estadísticos, índices e indicadores elaborados según el ámbito prevaleciente de cada institución colaboran entre sí y toman prestados indicadores de otros con el fin de legitimar sus postulados. Coinciden con ello con estudios anteriores en los que se ratifica que los organismos internacionales han uniformado los instrumentos de medición de las cuestiones de género: se perciben afinidades entre Banco Mundial y OCDE, pero también entre el primero y Unesco (Martínez-Usarralde, 2015). Por ejemplo, en la página web del BM, este presenta los datos relativos al desarrollo, incluyendo los indicadores presentados por la Unesco, PNUD, OIT, etc. Asimismo, la OIT también incluye, en los resultados que muestra, estadísticas elaboradas por la Unesco, dependiendo de la medición del indicador. Al mismo tiempo, en correspondencia a todos los organismos internacionales y sus plataformas de base de datos estadísticos, CEPAL evidencia su ventaja sobre los demás. Ello puede ser debido a que, al centrarse sobre la región específica de América Latina y Caribe, las investigaciones se desarrollan en profundidad en las citadas regiones con informes y discusiones sólidamente fundamentadas sobre los datos recolectados y propuestas de mejora. Sin embargo, a las presiones de convergencia, que llaman a la uniformización, bajo la consolidación de una vulgata discursiva (Nóvoa y Yariv-Mashal, 2003), los análisis institucionales siguen mostrando persistentes diferencias (Powell, 2020) y este artículo ha querido también reflejarlas en sus tablas de yuxtaposición.
Discusión y prospectiva de estudio: fase de conclusiones comparadas
En esta fase, desde la perspectiva de que "la comparación considera la conexión como oportunidad para la reflexión y la reflexión sobre comparación como un aspecto útil para la práctica" (Unterhalter, 2020, p. 12), se trata de demostrar, en definitiva, si las políticas de los organismos internacionales responden de manera adecuada a la realidad de las mujeres en Colombia, o, al contrario, se alejan de esta. Junto a ello, se plantea la construcción de un índice que fotografíe la situación de la mujer en Colombia de una manera más acorde con la visión defendida desde la investigación y que garantice la transparencia en los datos para que, a posteriori, los programas y proyectos a ejecutar sean más eficaces desde la perspectiva aducida que vincula la igualdad, la educación y la participación de las mujeres colombianas.
Las limitaciones que se han presenciado en la investigación comparativa entre las cifras de los organismos internacionales residen en la peculiaridad de la desactualización anual de datos estadísticos. Otra limitación a mencionar se identifica con que cada organismo ratifica sus propias hipótesis legitimadas en los datos que muestra, aunque avalada por un equipo cada vez más hiperespecializado de técnicos expertos en estadísticas que constituyen auténticos "think tanks" dentro de las organizaciones, con un papel cada vez más estratégico.
Puede añadirse, a lo anteriormente señalado, que la representación de indicadores resulta más encauzada que la utilización de índices, porque muestra con precisión lo que desean transmitir. Los índices están compuestos por diferentes indicadores, y cada índice aglutina diferentes indicadores en los que los datos pueden ser desiguales según lo que miden, pero el resultado presentado es la media entre todos, lo cual no permite actuar con exactitud en el ámbito más vulnerable, a no ser que se presenten los indicadores de forma independiente.
Continuando con este apartado de limitaciones del presente estudio, la temporalidad establecida para el presente análisis comparativo, 2014-2018, ha tenido como pretensión identificar el progreso para este ámbito teniendo en cuenta los propósitos ambiciosos erigidos por las Naciones Unidas. Los resultados de los trabajos realizados, tanto por la puesta en funcionamiento de los ODM como de los ODS para erradicar las problemáticas en distintas áreas han avanzado poco, quedando aún grandes retos por cumplir en materia de igualdad de género.
Con el propósito de superar estas limitaciones, se propone finalmente un nuevo constructo, el "Índice de Participación Equitativa de Género" (IPEG). De creación propia, nace con la aspiración de implementar y proponer mejoras en cuanto a la medición y presentación de resultados relativas al progreso de las mujeres en Colombia, y también contemplando la posibilidad de que esta evolución pueda ser contrastada con los datos obtenidos para el colectivo conformado por hombres.
El objetivo es que el índice determine de manera holística y equilibrada el progreso de la mujer en todos los ámbitos vinculados a la participación y desde la equidad como principio económico, social, cultural y político para caminar hacia la igualdad. Todo lo anterior, bajo la premisa de que, en efecto, se aborda un campo "inmensurable" cuando se refiere a la medición de realidades, en este caso, sociales y educativas como la escogida en este trabajo, con lo cual lo que se ofrece es un ejercicio intelectual intencionalmente heurístico y con miras a ser desarrollado más pormenorizadamente en futuras investigaciones. Además, se fusionan de manera deliberada indicadores procedentes de diferentes organismos internacionales que se buscan y necesitan, en este índice, de manera inapelable y con miras siempre a la visión más holística posible. Así, este índice es constituido en torno a diez indicadores, obedeciendo su elección a una selección premeditada en la que se ha priorizado la perspectiva de derechos, pero también de responsabilidades (políticas, públicas y privadas), así como la toma de decisiones y su capacidad de agencia. En la línea señalada, los indicadores que se incluirían serían los que se muestran en la figura 3.
Ampliando a continuación cada uno de los diez indicadores, estaríamos aludiendo a:
1. Responsabilidad política: número de mujeres entre 15 y 64 años que ocupan puestos gubernamentales y con poder de decisión en la creación, implementación y ejecución de políticas públicas.
Este primer indicador de "responsabilidad política" incorpora la fusión de los indicadores de "autonomía en la toma de decisiones" presentados por la CEPAL, que, por su parte, separa los datos de modo tripartito con base en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, respectivamente.
2. Responsabilidad pública: número de mujeres entre 15 y 64 años que ocupan puestos funcionariales.
La OIT es la encargada de publicar este indicador, que mide la ocupación de los puestos de trabajo, según el sexo y los años de estudio, así como el sector de procedencia.
3. Responsabilidad del hogar: porcentaje de mujeres y hombres que ejercen roles en familia.
La introducción del presente indicador emerge del ODS 5, donde Naciones Unidas establece como indicador el 5.4.1.: proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación.
4. Derechos laborales: número de mujeres gerentes y aceptación social de las madres trabajadoras. Incluye la protección laboral durante el embarazo, igualdad salarial, baja maternal y parental.
Los diferentes convenios aprobados por la OIT establecen aspectos relevantes en lo referente a la contratación en igualdad de oportunidades, para proteger a las madres trabajadoras. Estos rasgos han sido recopilados de manera comprehensiva en el indicador creado, "derechos laborales".
5. Percepción ciudadana: número de mujeres y hombres que aceptan la discriminación ejercida en todos los sectores.
Este indicador se ha creado a partir de diferentes encuestas de ANDA (Archivo Nacional de Datos) de Colombia que analizan la opinión ciudadana en referencia a la aceptación de la discriminación.
6. Ingresos según el sexo y años de instrucción: mide los ingresos que perciben la mujer y el hombre en igualdad de condiciones laborales y educativas.
Para este caso, se toma el indicador de CEPAL "relación del ingreso medio entre los sexos por años de instrucción y área geográfica", que mide la proporción del ingreso medio de las mujeres asalariadas e independientes respecto del ingreso medio de los hombres asalariados e independientes, de 15 años y más, según años de estudio y por área geográfica de residencia.
7. Equidad en educación a lo largo de toda la vida: número de niñas y niños que acceden en igualdad de condiciones a la educación primaria, secundaria y terciaria y número de mujeres y hombres que, según años de instrucción, perciben los mismos ingresos.
El indicador está compuesto por dos campos de estudio que para el índice se fusionan en un único indicador. La primera parte está determinada por la Unesco y la segunda parte, referente a los años de instrucción e ingresos, por la CEPAL.
8. Participación en la evaluación de políticas de género, por sexo: número de mujeres participantes en la evaluación de políticas de género a nivel local, nacional e internacional.
Se recurre a la creación de este indicador dado el poder diagnóstico que, per se, tiene la evaluación de las políticas, en este caso, de género, y en los proyectos de cooperación internacional.
9. Ejecución de las políticas de género, según sexo: número de mujeres participantes en la ejecución de las políticas de género a nivel local, nacional e internacional.
Al igual que el indicador anterior, hace falta que tanto en la evaluación como en la ejecución de políticas de género exista un equilibrio en la presencia entre los géneros, a fin de que los resultados sean justos desde la óptica redistributiva y su corrección atienda las necesidades presentadas.
10. Grado de adopción de decisiones locales, provinciales y nacionales según sexo: porcentaje de mujeres que participan en la adopción de decisiones. Resulta trascendental la equidad en la toma de decisiones, ya que mujeres y hombres pueden tener perspectivas (intereses, necesidades y aspiraciones) diferentes y lo anterior puede repercutir sobre su resolución final. Para ello es importante que este se incluya en el análisis segmentando por sexo.
Se ha planteado la idea de que la frecuencia de recogida de datos para este índice se realizaría anualmente y enfocados desde su sector respectivo. Por lo tanto, la información obtenida habría de responder a una amplia gama de indicadores que será recogida desde diferentes ámbitos tanto nacionales como locales. Solicitaremos para ello la colaboración de los organismos, dado que, a pesar de que estos se mueven normalmente, según Powell (2020), por la competición, también lo hacen, como sería este caso, desde la colaboración, confiando en que, fruto de ello, cultiven sus destrezas para trabajar interculturalmente y comparar más explícitamente a través de proyectos transnacionales.
Con la elaboración de este indicador, extendemos a la vez la necesidad de abrir oportunidades para desarrollar herramientas y continuar construyendo desde la agencia concedida a este sector de análisis, planificación, gestión e implementación de una visión responsable de género (Unterhalter y Howell, 2019). Todo lo anterior, también, desde la perentoria exigencia de detentar nuevas visiones de medir las capacidades de la mujer colombiana.
