tramas y urdimbres sociales en la ciudad

Yuri Romero Picón ¹

Universidad Antonio Nariño (Colombia) yuri.romero@uan.edu.co

Recibido: 23 de agosto de 2005 Aceptado: 10 de noviembre de 2005

Resumen

En este artículo el autor analiza la definición de reconstrucción del tejido social en relación con los temas sobre el derecho a la ciudad, marginamiento urbano y desplazamiento forzado en Colombia. El autor considera la reconstrucción del tejido social como el conjunto de actos orientados a reconstruir las relaciones significativas que determinan formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano. Además, como un proceso pedagógico y vital donde son importantes las redes de apoyo social, la atención integral al ser humano, el fortalecimiento de la acción colectiva y el apoyo a la autogestión.

Palabras clave: tejido social, derecho a la ciudad, desplazamiento forzado, marginamiento urbano, barrios piratas.

Abstract

In this paper the author analyze the definition reconstruction of the social tissue in relation with the themes right to city, urban marginality and forced migrations in Colombia. The author considers the reconstruction of the social tissue as the set of acts to reconstruct the significant relations that determine particular forms of being, producing, interacting and projecting in the family, community, labour and citizen contexts. Also as a pedagogic and vital process where they are important the nets of social support, the integral attention to the human being, the invigoration of the collective action and the support to the self-management.

Key words: social issue, right to city, forced migrations, urban marginality, illegal neighbourhoods.

Derecho a la ciudad y marginamiento urbano: una relación en conflicto

El «derecho a la ciudad» ha sido trabajado por varios autores con el interés de abordar una problemática social en los estudios sobre ciudad. Lefebvre (1978: 138) lo definió como el derecho a una vida urbana transformada y renovada donde se recobren e intensifiquen las capacidades de integración y participación de sus habitantes. Otros autores, como Ansay y Schoonbrodt (1989:38), lo definieron como el derecho a la reivindicación legítima de cada individuo de ser participe de una forma de vida colectiva cada vez más socializada, reclamando del pacto social los recursos institucionales necesarios para su desenvolvimiento en la ciudad.

La justificación de estas definiciones se basa en la legitimidad que tienen los individuos como ciudadanos para ejercer un derecho a exigir sobre la ciudad y a manifestar su legítima pretensión de habitarla. El derecho a la ciudad es, en principio, el derecho a acceder y participar de la ciudad en tanto escenario que posibilita el acceso a los derechos políticos y a la ciudadanía. Sin embargo, tal como sucede en Colombia y otros países de América Latina, la ciudad es también un escenario donde se originan luchas por unas mínimas condiciones de vida, representadas en la mayoría de los casos por el acceso a la vivienda propia y los servicios públicos, por vías que no siempre cumplen con las normas del Estado (Romero, 2003:35).

Si bien domina la tendencia de trazar en teoría una línea divisoria entre lo que cumple con la norma oficial y lo que no, la frontera entre lo legal y lo ilegal es con frecuencia difusa. Aunque existe una reglamentación y unos requisitos que regulan la expansión y urbanización de la ciudad colombiana, se evidencia en la práctica una gran permisividad que ha facilitado la conformación, consolidación y posterior legalización administrativa (reconocimiento urbanístico y de las construcciones) de un gran número de barrios surgidos al margen de la ley: urbanizaciones piratas y barrios de invasión. Al respecto, es importante la observación que hacen varios autores cuando afirman que los barrios de invasión en Bogotá se consideran formas atípicas de asentamientos urbanos ilegales y que en la ciudad lo que han predominado son las urbanizaciones piratas (Brücher y Mertins, 1981:13; Mc Auslan, 1985:59; Gilbert y Ward, 1987:78; Torres, 1993:33).

Recordemos que la diferencia radica en que una invasión es un proceso de usurpación en el que un grupo de personas acceden de facto a un conjunto de viviendas construidas o a un terreno para construirlas. Puede ser un proceso paulatino, casi individual, o puede ser rápido y organizado. En el caso de las urbanizaciones piratas, la ocupación tiene la apariencia de una transacción legal: un grupo de personas compra lotes en un terreno fraccionado por un vendedor que bien puede ser el propietario, pero no tiene el permiso legal para fraccionarlo, o bien no lo es, ni tiene autoridad para venderlo. Las urbanizaciones piratas consisten en fraccionamientos ilegales que no cumplen con los criterios de planificación del gobierno, ni se rigen por el trámite de una licencia de urbanismo. En estas clases de asentamientos:

Lo observable es que la figura de oposición legalidad/ilegalidad con la que se clasifican las acciones que se ajustan o no a la norma oficial, se transforma en la lógica de las personas como una relación lineal legalidad – ilegalidad, en la que la línea de frontera es difusa. Por ejemplo, obtener los servicios públicos domiciliarios por medio de derivaciones piratas es una acción válida y aceptable mientras se puede normalizar la situación y en tanto responda a intereses colectivos en el barrio (Romero, 2003:45).

No obstante, más que el tránsito de un estado de ilegalidad a uno de legalidad, la verdadera naturaleza de la lucha radica en solucionar diferentes clases de problemas que implican hacer habitable el barrio como espacio de vida. En el conjunto de las representaciones sociales de sus habitantes la vivienda propia representa un bien que permite asegurar algo en el presente pensando en el futuro de la familia. Es una base desde la cual se mantiene el hogar y se intenta mejorar el nivel de vida. Es una forma de ascenso social con respecto a cualquier situación de inquilinos.

La posibilidad de obtener a corto plazo un terreno para construir una vivienda, sin requisitos exigidos para hacer el negocio y con la posibilidad de pagarlo mediante cuotas mensuales ajustables a las posibilidades económicas, constituye una oportunidad de aquellas que no ofrecen ni el Estado ni los urbanizadores formales, sino personas con intereses de urbanizadores informales (o piratas, en el lenguaje popular), quienes procuran introducir confianza y camaradería en sus relaciones con las personas al insertarse en la lógica de sus prácticas cotidianas y moverse en las redes sociales de los grupos populares de bajos recursos económicos de la ciudad.

Este comportamiento es sin duda un elemento importante para entender la extensión de las urbanizaciones piratas como una forma de hacer ciudad en relación con la denominadas «urbanizaciones formales», aquellas que aparentemente reúnen todos los requisitos de la norma oficial. No hay que olvidar que en la clasificación de los asentamientos urbanos al margen de la ley existe una tercera forma que podemos denominar: condominios disfrazados de legalidad, es decir, aquellos conjuntos residenciales de clase alta y media, edificados burlando la norma oficial -por ejemplo en zonas de reserva ambiental-, mediante procedimientos y artimañas no menos cuestionables a las invasiones y urbanizaciones piratas, y que rara vez son señalados por los medios de comunicación.

Al analizar la trama de relaciones e intereses que se teje en el devenir de asentamientos como las urbanizaciones piratas y los barrios de invasión en Bogotá, Soacha y otras ciudades, se develan aspectos significativos sobre las prácticas sociales, económicas y políticas que han favorecido esta polémica forma de construir ciudad. En estos escenarios, el derecho a la ciudad no es sólo el derecho a acceder y participar de unas mejores condiciones de vida en la ciudad; también es el derecho a negociar por ellas. Se negocia con los políticos, las autoridades locales, los funcionarios públicos, los vecinos, etc.

Es una negociación permanente en una cadena de legalidades e ilegalidades donde se participa cada vez menos en la construcción de un pacto colectivo que involucre a la sociedad en su conjunto. En esas urbanizaciones o barrios, la norma oficial se asume como un elemento de negociación y un factor de poder de aquellos pocos que logran comprender y manejar la lógica de los procedimientos burocráticos, las reglamentaciones técnicas y los favores clientelistas, en lugar de ser un elemento de cohesión social que posibilite la construcción de vínculos y acuerdos duraderos para vivir en sociedad. Al respecto:

La crisis de la justicia y, en términos generales, de la capacidad punitiva del Estado, determina el deterioro de la representación mental que los individuos tienen del Estado y del derecho. […] Cada vez es más frecuente que los individuos justifiquen su comportamiento a partir de una posición extra-contractual: ¿por qué habría yo de comportarme de esta manera cuando todos hacen lo contrario? ¿no es acaso una violación del principio de igualdad el hecho de que se me imponga un comportamiento –legal– que me pone en desventaja –por ejemplo, en términos comerciales– con los demás ciudadanos? (Santos, 2001:53).

Ahora bien, al hablar de la condición de marginamiento que se vive en aquellas urbanizaciones o barrios, se manifiesta un juego de tensiones entre diversos actores acerca de la forma como se organiza la sociedad, el cual termina cuando se alcanzan ciertos objetivos comunes como, por ejemplo: la normalización de los servicios públicos, la escrituración de predios y la legalización administrativa de los barrios. Es una imagen delineada por situaciones económicas específicas que favorecen, en casos extremos, acciones asistencialistas, pero al mismo tiempo tiende a ser manipulada por intereses políticos como parte de la protesta social. Es más, hay razones para decir que en tales asentamientos confluye un gran número de intereses como para seguir pensando que con ellos se construye una forma de ciudad de manera espontánea (Romero, 2003:48).

En contraste, la diversidad y riqueza de los significados sociales y culturales en la vida de los habitantes de aquellas urbanizaciones o barrios no se derivan de tal condición de marginamiento ni deben ser leídas como algo exótico, diferente o ajeno a nuestros propios significados sociales, como si hubieran sido autoproducidos en un sistema cerrado al que se accede para estudiarlo desde el exterior y desde una posición privilegiada. La idea de marginamiento social, en dichos escenarios, es sólo eso: una idea difundida en estudios urbanos donde se construye a un «otro social» a partir de diferencias económicas. Incluso, la noción de «comunidad» se generaliza de tal manera, en estudios urbanos y por funcionarios públicos, que es despojada de su contenido antropológico. En mi concepto, la idea de comunidad connota vínculos de identidad (en la diversidad y la diferencia) y comunión, en la manera como las personas se piensan, se organizan, asimilan su pasado, asumen su presente y construyen su futuro. Es más, siguiendo a Daly y Cobb (1997:160): «Una sociedad sólo podrá llamarse comunidad si: 1) sus miembros participan ampliamente en las decisiones que gobiernan sus vidas, 2) la sociedad en conjunto se responsabiliza de sus miembros, y 3) esta responsabilidad incluye el respeto».

Reconstrucción del tejido social en poblaciones desplazadas: un proceso pedagógico y vital

Una de las problemáticas que más ha suscitado interés académico y de los medios de comunicación en Colombia, desde la década de 1990, ha sido el desplazamiento forzado (cfr. Bello, 2004; López, 2002; OIM, 2002), debido al gran número de emigrantes de las zonas rurales a los suburbios de las principales ciudades del país y municipios vecinos. Claro que esta problemática ya antes había sido expuesta en algunos estudios sobre la Violencia, de la década de 1950. En ese entonces, monseñor Germán Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna (1962:151), afirmaban: «El grupo errante que lucha y el tipo de comunidad desplazada, sin recursos, desconcertada, lastimada, deshecha en su psicología elemental, se originan por acción de la violencia».

Con el transcurrir de los años, en época reciente, las principales causas del desplazamiento forzado son: la agudización del conflicto armado entre actores al margen de la ley por el control territorial (guerrillas vs. paramilitares) y el conflicto por la tenencia de la tierra en algunas zonas donde intervienen grupos vinculados al narcotráfico. En cualquiera de los dos casos, la población campesina ha resultado afectada por diferentes acciones violentas en su contra que la han obligado a huir y asentarse en barrios periféricos, donde las condiciones de vida resultan más deprimentes que las de sus lugares de origen.

Hombres, mujeres y niños desplazados llegan al sitio de reasentamiento (por lo general barrios muy pobres sin una adecuada infraestructura de servicios públicos), bajo el amparo del asistencialismo caritativo, sometidos al rebusque cotidiano y afectados emocionalmente tanto por las circunstancias que provocaron su migración como por el hecho en sí de llegar a un sitio extraño no deseado. Aunque la política del gobierno busca crear las condiciones para el retorno, sólo un porcentaje menor de desplazados deciden volver a sus lugares de origen porque la mayoría no ven garantías claras para ello.

La situación que se presenta en los barrios receptores de desplazados muestra un rápido proceso de inserción de ellos en las redes sociales de familiares y coterráneos que también han vivido esa experiencia. Dichas redes favorecen el acceso a una vivienda autoconstruida en sitios que no reúnen los requisitos exigidos por la norma oficial, pero gozan de cierta permisividad de las autoridades nacional y local porque operan como «válvula de escape» a la tensión generada por la demanda de vivienda (Romero, 2003:41).

En esos barrios deben empezar a tejer nuevamente las relaciones significativas que determinan sus formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano, es decir, «reconstruir su tejido social» en un nuevo entorno social que les presenta resistencia y los estigmatiza por su condición de víctimas de la violencia. A mi juicio, la reconstrucción de tejido social debe ser ante todo un proceso pedagógico y vital, asumido e impulsado con claros fines de cambio social. Que reconoce la importancia del apoyo externo, expresado en apoyo psicosocial y fortalecimiento de la acción colectiva y la autogestión.

Las iniciativas locales apuntan a constituirse en proyectos comunitarios de vida como alternativas a la ayuda externa y al asistencialismo. En ello juegan un papel importante la autogestión, autoorganización, revalorización de los recursos del entorno y el fortalecimiento de las redes interpersonales existentes. Para avanzar en la generación de las iniciativas locales es necesario el fomento de actividades productivas que favorezcan la articulación de las ofertas y demandas que surgen en lo local y el establecimiento de vínculos formales de cooperación entre las comunidades y su entorno sociocultural. Esta visión ofrece la posibilidad de desarrollar programas estratégicos en pro de crear sinergias entre organizaciones sociales para la consolidación de propósitos comunes. (Romero y Jiménez, 2004:99)

Es significativo el hecho que entre los desplazados prevalece la proporción de mujeres adultas a la de hombres: esto implica el aumento de mujeres jefas de hogar, a causa de la violencia (por pérdida del compañero), o a causa de las rupturas familiares, provocadas por el desarraigo y las nuevas dinámicas sociales en el medio receptor. También lo es, que al iniciarse el proceso de reconstrucción de tejido social el desempleo afecta más duro a los hombres que a las mujeres, ellos pierden su estatus de proveedores y sienten más vulnerada su autoestima ante las actividades irregulares e informales del rebusque (Meertens, 2004:200). Bajo estas circunstancias y teniendo presente que son aquellas mujeres las que asumen la primera responsabilidad de la supervivencia de los hijos, entonces tienden a ser más receptivas a participar en proyectos de fortalecimiento de los valores comunitarios, alfabetización, capacitación para la autogestión e instrucción organizativa.

La experiencia investigativa muestra, además, que en aquellos barrios la mayoría de las iniciativas productivas locales son impulsadas por mujeres. Estas iniciativas contribuyen a mejorar no solo su condición socioeconómica, sino también la apreciación que tienen sobre sí mismas y el control sobre sus propias vidas. Sin embargo, ellas reconocen que las dificultades del diario vivir las obliga a «guardar en su ser» el trauma del desplazamiento.

Sin duda, la problemática del desplazamiento forzado sigue beneficiando a los urbanizadores piratas, a pesar de ser señalados eventualmente por el dedo inquisidor de los medios de comunicación e investigados por la justicia ordinaria. Por lo general, el desplazado se ubica primero en arriendo (en condiciones casi de hacinamiento), aprovechando el apoyo económico del gobierno y algunas formas de rebusque económico. Luego entra en la dinámica de la autoconstrucción de su vivienda y dotación de servicios públicos domiciliarios en terrenos ofrecidos por urbanizadores piratas. Este proceso de lucha por unas condiciones materiales de vida es similar a lo que ocurre en diferentes ciudades del país (cfr. Romero, 2003). Sin embargo, se presentan algunos otros aspectos importantes a tener en cuenta.

Por ejemplo, la tensión que se genera entre la población receptora y la población desplazada recién llegada obstaculiza la integración entre las personas y el fortalecimiento de la solidaridad social. Esto no excluye la posibilidad de que se conformen pequeños círculos comunitarios. Sin embargo, en su interior predomina la desconfianza y el silencio. Tales círculos se cierran en un «nosotros» donde se construyen nuevos significados sociales y culturales. En cierta forma, dan sentido y direccionalidad a sus vidas y, en algunos casos, permiten consolidar prácticas orientadas a la solución interna de sus conflictos. Estas prácticas son diferentes a lo que normalmente se entiende como «justicia comunitaria» (Gómez, 2001) y también son diferentes a lo que podría considerarse como la construcción de «prácticas jurídicas locales» (Santos, 1991). En tales círculos, el derecho a la ciudad es también el derecho a rehacer sus vidas y a que se les reconozca como ciudadanos, es decir, como legítimos habitantes de la ciudad.

A partir de la experiencia investigativa podemos plantear la siguiente pregunta: ¿Qué clase de sujeto social se está construyendo en aquellos barrios?, si se tiene en cuenta que en el conjunto de las relaciones que se tejen, valores como el liderazgo, la solidaridad, la reciprocidad y la confianza en el otro, por citar sólo algunos, no son reconocidos plenamente como motores que dinamicen alguna forma de acción social conjunta, en pro de alcanzar mejores condiciones de vida. La tendencia dominante (más no la exclusiva) es el individualismo, la envidia, el egoísmo y el manejo del rumor mal intencionado para obstaculizar el progreso del otro. Esta observación, sin duda sirve de base para replantear los alcances reales de la ayuda que se tiende a ofrecer y en la manera como se proyecta una labor de reconstrucción del tejido social.

Algo más sobre reconstrucción de tejido social

Por lo general, el tejido social se entiende como una red de relaciones sociales, de modo que reconstruirlo es simplemente reconstruir esa red. Pero cualquier persona, así haya tenido que migrar a la fuerza, está inserta en una red de relaciones sociales en el lugar de reasentamiento, entonces ¿qué es lo que se quiere reconstruir?

Tal como ya se mencionó, el tejido social es un conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano. Esto puede visualizarse como círculos concéntricos que representan los diferentes entornos en los que se desenvuelve la vida de un individuo en interacción con otros. En el círculo más interno se entretejen las relaciones familiares. Algunos de los problemas más sensibles que allí se presentan es la violencia intrafamiliar.

En el círculo o entorno inmediato se entretejen las relaciones vecinales y comunitarias. Algunos de los problemas más sensibles que presenta son el chisme, la envidia, la falta de respeto por la propiedad ajena, etc. Aquí es muy importante fomentar valores comunitarios como la solidaridad, reciprocidad, el liderazgo y respeto por el otro; en general, pautas de buena convivencia.

Luego sigue un círculo o entorno mayor donde se entretejen las relaciones laborales. En situaciones de pobreza, este entorno es afectado por el desempleo, la mendicidad, el asistencialismo y en casos extremos la delincuencia. Las pocas opciones de conseguir recursos por la vía legal las ofrece el rebusque. De ahí la importancia de fomentar la autogestión, autoorganización, revalorización de los recursos del entorno y participación en redes de apoyo social.

En el círculo o entorno más externo se entretejen las relaciones ciudadanas. Los principales problemas que allí se presentan son el clientelismo, la marginalidad, la exclusión y la ausencia de un pacto social que comprometa a la sociedad en general. La lucha que se libra es, por ejemplo, por el derecho a la ciudad, basado en la legitimidad que tienen los individuos como ciudadanos para exigir sobre la ciudad y a manifestar su legítima pretensión de habitarla.

Entonces, volviendo a la pregunta ¿qué es lo que se quiere reconstruir?, una posible respuesta es actuando en el entramado de relaciones que se presenta en cada entorno, teniendo presente cuáles son las representaciones de la realidad que hacen los individuos. En este sistema de relaciones es importante considerar la interdependencia entre los distintos entornos para establecer una dialógica entre los procesos internos y externos que se dan en el sistema.

Palabras finales

El derecho a la ciudad es tanto el derecho a acceder y participar de unas mejores condiciones de vida en la ciudad, como el derecho a negociar por ellas. Pero en el caso de las personas en situación de desplazamiento forzado, es también el derecho a reconstruir su tejido social en la ciudad. Del mismo modo que la noción de derecho a la ciudad amplía su significado con el análisis de diferentes situaciones socioculturales, la noción de tejido social también amplía su significado si se tiene en cuenta que la multiplicidad de redes que modelan la sociabilidad de las personas se tejen en una «pluralidad de mundos», donde se desenvuelve la unidad existencial de cada individuo.

Siguiendo a Boltanski y Thévenot (1991:266), cada individuo debe afrontar cotidianamente una diversidad de situaciones referidas a mundos distintos (y a lógicas diferentes), debe saber reconocerlos y mostrarse capaz de adaptarse a cada uno de ellos. Esto configura sociedades que pueden ser calificadas como complejas, en el sentido que sus miembros deben poseer la competencia necesaria para identificar la naturaleza de las situaciones y atravesar por situaciones inscritas en mundos (y lógicas) diferentes.

Con base en lo expuesto, considero que al hablar de reconstrucción del tejido social es muy importante hacerlo en relación con la idea de contribuir en la formación de individuos sociales que, de algún modo, logren verse a sí mismos y ver a los demás como parte una comunidad donde se pueda «hacer mundo con otros» (Lleras, 2003:273). O, dicho en otros términos, que puedan participar de manera consciente del diseño de espacios que sean emancipatorios a su realidad social actual. Espacios que también se inscriben en el derecho a la ciudad.

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