Conductas y procedimientos fuera de la ley: comercio ilícito, líderes y prácticas

Conduct and Procedures Outside the Law: Illicit Commerce, Leaders and Practices

Condutas e procedimentos fora da lei: o comerco ilegal, líderes e prácticas

Macarena Perusset¹

macarena_perusset@yahoo.com.ar Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Recibido: 19 de agosto de 2006Aceptado: 20 de febrero de 2007

Resumen

El cierre del puerto de Buenos Aires en 1594 lejos de frenar el comercio ilegal realizado por los comerciantes de Buenos Aires, incentivó esa práctica ya que las ganancias obtenidas a espaldas de los de la Corona comenzaron a incrementarse notablemente. El contrabando cobró fuerza propia involucrando cada vez a una mayor cantidad de actores, y con el tiempo se «institucionalizó» adquiriendo una organización y normas propias y atravesó a toda la sociedad porteña de manera directa o indirecta. Por lo tanto, en este trabajo indagaremos en los orígenes del comercio ilegal, así como en las concepciones e ideología que los habitantes del puerto traían desde sus lugares de origen, para finalmente poder comprender el comportamiento de estos sujetos a la luz de nuevas interpretaciones.

Palabras Clave: contrabando, corrupción, siglo XVII, legislación, tolerancia.

Abstract

In this essay we are going to first analyze the beginning of Rio de la Plata’s importing and exporting process, contrary to the law. We will also consider the ideology of those people who established themselves in Rio de la Plata in the 17th century, in order to analyze and explain the rise of the smuggling process. We are approaching the issue from new perspectives to bring a novel and original view to this topic.

Key words: smuggle, corruption, 17th century, spanish law, economic practices.

Resumo

O fechamento do porto de Buenos Aires em 1594 longe de parar o comércio feito pelos comerciantes desta cidade, aguçou issa practica pois os lucros obtidos a costa da coroa começaram a crescer notávelmente. O muamba tomou força envolvendo cada vez uma maior cantidade de Pessoas, e com o tempo se “institucionalizou” obtendo uma organização e umas normas próprias que atravessou a sociedade Porteña de maneira direta ou indireta. Por isso em este trabalho se procurará os origens do comércio ilegal, assim como nas concepções e ideologia que os moradores do porto traziam desde seu lugares de origem, para poder entender o comportamento de istos sujeitos á luz de novas interpretações.

Palavras chave: muamba, século XVII, legislação, tolerância.

En este trabajo nos proponemos identificar y analizar los mecanismos utilizados por los vecinos del Río de la Plata que se establecieron en la ciudad a fines del siglo XVI y comienzos del XVII para acceder a los espacios de poder económico, político y de prestigio social. Nos interesa comprender las implicancias del comercio ilegal practicado por los miembros de la elite de Buenos Aires en relación con los intereses de la Corona y de los diferentes grupos locales de poder. ¿Cómo se había asentado esta práctica y enraizado en la estructura de poder local? ¿Cómo estaba caracterizada esa estructura de poder? ¿Quiénes componían la agrupación de comercio local?

Nos detendremos en dos cuestiones: por un lado los mecanismos de acceso al poder por parte de los comerciantes españoles y portugueses que se instalaron en el puerto de Buenos Aires a partir de la década de 1590. Por otro lado, nos detendremos en el origen y modalidad del comercio de ultramar, realizado a espaldas de la Corona española -pero con su complicidad- y la relación de ese comercio con el proceso de consolidación de la elite rioplatense del período colonial temprano.

Al indagar en los orígenes del comercio ilegal, intentaremos proporcionar una interpretación acerca del contrabando que no se quede estancada en sí misma. Para este fin, haremos uso de la perspectiva antropológica y de la nueva historia del derecho que no sólo nos permitirán dar una nueva y original mirada sobre los documentos utilizados, sino que además nos permitirán poner en tela de juicio aquellas visiones de la realidad sustentadas en el pensamiento social que redujeron la diversidad cultural en beneficio de la capacidad de generalizar valores universales.

El contrabando. Sus inicios

La ciudad de Buenos Aires nació envuelta en una serie de contradicciones políticas y económicas que influyeron en las concepciones y conductas de sus habitantes. El papel económico de la ciudad iba de la mano de las ideas mercantilistas que acompañaban las monarquías de la época. Los intereses y necesidades de la Corona fueron los que determinaron la circulación mercantil dentro del Virreinato del Perú, donde el objetivo de las imposiciones monopólicas era garantizar que los metales preciosos extraídos de América circularan hacia un único destino: España (Gelman, 1985). Para ello el oro y la plata se concentraban en Lima, la única ciudad del Virreinato autorizada a ejercer el comercio con España. En consecuencia Buenos Aires quedaba al margen del sistema y debía recurrir a Lima para sus intercambios ultramarinos. Esta situación se convirtió en un problema para la ciudad de Buenos Aires a partir de 1594, ya que desde 1580 el Puerto había sido escala de una ruta alternativa a la oficial. Pero a partir de 1594 el Monarca, basándose en informes del Virrey del Perú, y en defensa de sus intereses y de los comerciantes de Sevilla y Lima, convirtió a Buenos Aires en un puerto cerrado². A partir de entonces quedaba prohibida la entrada de esclavos y mercaderías procedentes del Brasil. Sólo se autorizaba el intercambio directo con España por medio de navíos sevillanos que contaran con licencia para ello.

Pese a la clausura del Puerto y a las prohibiciones de intercambio, una Real Cédula emitida en 1595 otorgaba a Pedro Gómez Reynell, un permiso para introducir esclavos por el Río de la Plata. Además, pese a las medidas decretadas, el Monarca cedió frente a los reclamos de los vecinos de la ciudad portuaria. Para evitar que se repitiera el despoblamiento del lugar pronunció, el mismo año que dictó el cierre del puerto, otra Real Ordenanza, en la cual se indicaba al presidente y demás miembros de la Casa de Contratación de Sevilla que:

Es menester que haya allí [en el Río de la Plata] alguna contratación de muchas cosas que faltaren, para que puedan vivir los que allí residieren con más comodidad, por que de otra manera no se podría poblar aquella tierra y los que están en ella se irían a Potosí y a otras partes del Perú, quedando aquello desamparado [...] sería necesario que vayan a esta ciudad hasta dos navíos medianos cada año, despachados en esa Casa [de Contratación de Sevilla], y que en ellos se lleven las mercaderías y cosas necesarias.³

Pese a estos envíos anuales, los reclamos de los vecinos del Puerto y de los procuradores de la ciudad en la Corte -con respecto a la pobreza del lugar y la falta de satisfacción de sus necesidades- comenzaron a reiterarse.⁴ Estos pedidos revelaron la necesidad de reanudar el comercio, solicitando autorizaciones que les permitieran restablecer el intercambio con Brasil para conseguir los suministros necesarios para su sustento. De esta forma, el Rey decidió otorgar ciertas facilidades a sus habitantes para mantenerlos en calma, otorgando permisos comerciales para que pudieran exportar algunos productos autóctonos al Brasil y a cambio obtener algunos bienes importados en navíos con autorizaciones especiales.⁵ Estos permisos respondían en realidad, a que con el cierre del puerto la pobreza ocasionada afectaría las rentas Reales y la defensa de la ciudad se vería perjudicada, pues los pobladores al no poder satisfacer sus necesidades y debido a la falta de premios y concesiones, abandonarían el lugar.⁶

Todas estas características dan cuenta que la Corona siguió una actitud pendular y antagónica hacia la situación de los moradores de Buenos Aires, pues a pesar de ordenar el cierre definitivo del puerto no se les permitió a sus habitantes abandonar el lugar, como así tampoco se les otorgó una solución a sus problemas de subsistencia. Pese a que la Corona disponía el envío de dos embarcaciones anuales con suministros, estos no alcanzaban a cubrir sus necesidades, y continuaba la política de no autorizar el comercio por el puerto de la ciudad. También debemos mencionar la prohibición de importar esclavos para los vecinos rioplatenses, a pesar que se otorgaban concesiones a diferentes agentes portugueses. Fueron estas características y las contradicciones y ambigüedades que se derivaban de ellas, como así también el hecho que los comerciantes habían invertido una importante suma de dinero en la organización del tráfico de esclavos, las que influyeron en la determinación del comportamiento de los vecinos del Puerto.

El tráfico de esclavos como práctica económica, había surgido como respuesta al cierre del puerto en 1594, y fue puesta en marcha por el entonces gobernador de la provincia, Fernando de Zárate. En sus inicios el contrabando implicaba una cantidad reducida de actores involucrados, pero poco a poco, cuando los réditos del tráfico ilegal se fueron incrementando, el mismo cobró una dimensión superior, albergando una mayor cantidad de sujetos organizados para la realización de esta empresa ilícita.

La red de contrabando

Al indagar sobre la composición y operatividad del comercio ilegal realizado durante las décadas de 1610 y 1620 llegamos a la conclusión de que la red de hombres dedicados al contrabando conformaba un grupo en términos de red social, con sus reglas de funcionamiento y su entramado de relaciones políticas, personales y familiares.⁷ La red de contrabando estaba conformada por las principales familias de Buenos Aires, muchos de cuyos jefes eran miembros del Cabildo, y estaban vinculadas por relaciones de parentesco. Internamente esta red era heterogénea en cuanto al origen social de sus miembros ya que la integraban grandes comerciantes procedentes de España, de otros puntos del Virreinato y de Portugal, encomenderos y terratenientes. También entraron dentro del grupo algunos gobernadores del Puerto, obispos y autoridades de alto rango en la estructura Imperial.⁸ Indirectamente la red considerada incluía al resto de la población en base a relaciones clientelares, laborales o patrimoniales.

Debido a estas características, y desde un punto de vista operativo, este grupo se encontraba estructurado en su interior jerárquicamente. Podemos considerar su estructura interna como una pirámide, encontrándonos en la cima con sus dirigentes principales: Juan de Vergara y Diego de Vega, ambos comerciantes y el primero miembro del Cabildo. Ocupaban este lugar gracias a los contactos y al poder económico que detentaban. Un escalón por debajo encontramos a importantes funcionarios públicos, personas poderosas y renombradas (como el tesorero Real Simón de Valdez, el obispo Carranza y otros funcionarios, además de grandes comerciantes). Estos hombres poseían a su vez a otros mercaderes bajo sus alas. Cerraban el círculo agentes centrales para la operatividad del contrabando como fueron la mayoría de los gobernadores de Buenos Aires y oficiales de la Audiencia, entre otros.

El poder y la influencia que estos hombres ejercieron variaron en función del contexto en el que se desempeñaron. Esta flexibilidad del poder, o microfísica del poder (Foucault 1981), hacía que sus mecanismos y dispositivos estuvieran esparcidos por toda la red, y que su reproducción fuese garantizada por medio de las prácticas realizadas por sus miembros en situaciones específicas.⁹ En el contexto estudiado la autoridad o liderazgo de un individuo sobre otro, se debía a la relación que este mantenía con los espacios donde se llevaban a cabo los hechos significativos de la sociedad rioplatense, y era el comercio ilícito la principal actividad económico-social del período estudiado. Por lo tanto, poseer los mejores contactos en diferentes regiones geográficas, o disfrutar de la mayor cantidad de capitales financieros, era fundamental para erigirse en líder.¹⁰

Dentro de las diferencias de poder e influencia al interior de la red de comercio ilícito, la originalidad y superioridad de los líderes se encontraba en los instrumentos que utilizaban para lograr sus fines: las alianzas en virtud del parentesco o la amistad, las relaciones clientelares por endeudamiento y los vínculos políticos locales, regionales y transatlánticos gracias al rédito que concedía la actividad y que el líder viabilizaba. Veamos a continuación de qué clase de vínculos hicieron uso Juan de Vergara y Diego de Vega para convertirse en líderes de la red, así como la utilización que hicieron de los mismos para organizar y articular al grupo.

Por un lado, Juan de Vergara, sevillano de nacimiento, antes de establecerse en Buenos Aires residió en Potosí y en el Tucumán colonial (Molina, 2000), donde se casó por primera vez. Llegó al Puerto en 1602, como secretario y escribano de Juan Pedrero de Trejo, quien había sido enviado para investigar las causas de contrabando realizadas en la ciudad¹¹. Fue también teniente de gobernador de Hernandarias en 1609, y estuvo bajo sus órdenes en su disputa contra los fraudes realizados por el contador Hernando de Vargas. Sin embargo, no tardó en asociarse con el tesorero real Simón de Valdez y el comerciante portugués Diego de Vega, con quienes organizó el grupo dedicado al tráfico ilícito de esclavos por el Puerto. En Buenos Aires contrajo matrimonio dos veces: con Isabel de la Vega, hija de su amigo portugués Diego de Trigueros; y por tercera vez con la sobrina de Diego de Vega, María Freyre.

Tempranamente, durante el gobierno de Diego Marín Negrón (1609-1613) Vergara comienza a perfilarse como uno de los personajes más importantes al interior de esta agrupación. Con la complicidad del gobernador condujo a oficiales públicos y reales. Finalmente, a la muerte de Marín Negrón logró involucrar a Mateo Leal de Ayala en la incipiente organización comercial, quien había quedado momentáneamente a cargo de la gobernación. Hacia 1614 Juan de Vergara fue elegido alcalde de primer voto para el Cabildo de Buenos Aires y se volvió regidor perpetuo a partir de la compra del cargo en 1617. Con la llegada de Diego de Góngora a la gobernación (1618) Vergara se transformó en una de las autoridades indiscutidas de la organización, y fue durante este período cuando se cometieron los peores crímenes: el apresamiento de su principal opositor, el ex gobernador Hernandarias; el destierro del escribano del Cabildo Cristóbal Remón al África -destierro que terminó con su muerte-; y la deportación del juez comisionado por el Consejo de Indias, el licenciado Matías Delgado Flores.

Por otro lado, el portugués Diego de Vega era originario de la Isla de Madera. Su migración al Brasil –de acuerdo con Molina (1958-59)- estuvo relacionada con las persecuciones sufridas a causa de sus creencias religiosas. Al llegar a Brasil, comenzó a establecer importantes empresas y tomó conocimiento de las expediciones iniciadas en el Río de la Plata por el obispo del Tucumán, Francisco de Victoria. Llegó a Buenos Aires en 1590, y pese a que nunca integró las filas del Cabildo local, con el incremento de sus negocios consiguió obtener carta de vecindad y acumular una gran fortuna, a partir de la cual estableció redes de crédito y endeudamiento.

Tanto Juan de Vergara como Diego de Vega eran importadores-exportadores a gran escala y propietarios o accionistas de una o más embarcaciones que utilizaban en sus transacciones comerciales.¹² Además del dinero necesario, ambos tenían la habilidad y la experiencia, para establecer contactos financieros fuera del Puerto. Esta disponibilidad de capitales actuaba articulando grandes espacios geográficos:

[Diego de Vega es] mercader portugués que favorece, ayuda, apoya y receta a los demás que trajinan el cual ha veinte años que trata y contrata en este puerto y tiene correspondientes en Flandes, Portugal, Brasil y el Perú, que es compadre del dicho Justicia Mayor [Mateo Leal de Ayala] y amigo íntimo y compañero del dicho Tesorero [Simón de Valdez], y reside en este dicho puerto con su mujer y familia (En Molina, 1958-59).

También Juan de Vergara, «de buen caudal de hacienda y trata […] y otras cualidades de que se aprovecha»,¹³ lo convertía en líder. La disponibilidad de grandes cantidades de dinero permitía, como vemos, la articulación de la red local con otros puntos geográficos y centros financieros.

El contacto principal en África se encontraba en Angola, desde donde traían a los esclavos destinados al Nuevo Mundo, «el gobernador de allí [Villa de Loanda] con quien se correspondía el dicho Juan de Vergara en materia de esclavos [...] con que se prueba haber tenido tratos asentados en la costa del Brasil y en Angola con los dichos portugueses».¹⁴

La persecución y cumplimiento de sus intereses económicos era el vínculo más fuerte que relacionaba a los líderes con la totalidad de los miembros del grupo. También esta relación era la que generaba el acercamiento, y posterior inclusión, de quienes intentaban convertirse en miembros de la red, ofreciendo algún beneficio a cambio. Un ejemplo de los beneficios otorgados en contrapartida a la inclusión dentro de este conjunto de personas fue el obispo de Buenos Aires, Pedro de Carranza, «que por la confederación que tiene con los navegantes que vienen de mar en fuera y sus factores y encubridores por los tratos que con ellos hace y las ganancias que le dan los defiende poderosamente oprimiendo la jurisdicción Real».¹⁵ En España ambos líderes se valían de los lazos que Simón de Valdez como tesorero de la Real Hacienda podía ofrecerles debido a su cargo en la administración pública.¹⁶

Paralelamente al uso de los capitales financieros para establecer relaciones con otros empresarios y funcionarios, Juan de Vergara y Diego de Vega hacían un uso estratégico de los lazos que generaba el lugar de procedencia. Diego de Vega explotó su condición de portugués, para entrar en contacto con aquellos coterráneos que luego de expulsados de Portugal, se dirigieron hacia otras regiones de Europa y América, generando con ellos vínculos comerciales. De la misma manera generaba un vínculo que estimulaba la entrada de portugueses a la ciudad de Buenos Aires, quienes podían verse ayudados por sus coterráneos, que los auxiliaban a desembarcar e internarse en el Virreinato en el caso que no se establecieran en la ciudad.¹⁷ Estos portugueses arribados y ayudados por los que se encontraban en Buenos Aires, se incorporaban a la red y prestaban lealtad a sus líderes y demás miembros:¹⁸ «a todos los demás portugueses [que] vienen del Brasil y otras partes [...] a todos ampara [Diego de Vega] y todos se valen de él y negocian por su mano».¹⁹

Por otro lado, en la constitución del poder e influencia de Juan de Vergara y Diego de Vega, el papel de parientes y amigos fue significativo. Ambos supieron utilizar los lazos de parentesco como una manera de articular y a la vez, ejercer influencia sobre su grupo y el resto de la sociedad porteña. Ambos estaban relacionados a través del parentesco, vínculo que actuaba respaldando sus intereses económicos, pues los miembros de la familia constituían una importante reserva de influencia y recursos. El tipo de parentesco por afinidad era tan vinculante como el consanguíneo, al convertir a todos los parientes de un cónyuge en parientes del otro.²⁰ El parentesco consanguíneo también entraba en juego, pues influía sobre el tipo de recursos sociales de que disponían para actuar fuera del medio familiar. Por lo tanto las relaciones privadas basadas en la confianza debido al parentesco podían convertirse en relaciones de lealtad en el sector público.²¹

Por otro lado, la relación de la amistad entre dos personas no era producto de una situación ya dada, sino que se construía. En este vínculo, cada uno de los componentes de la relación actuaba como potencial eslabón de conexión con otras personas externas al grupo local. De esta forma Diego de Vega podría ofrecer conexiones al interior del espacio peruano y en Portugal y en los centros financieros de Holanda; y Juan de Vergara, gracias a su desempeño en la función pública, podía ofrecer contactos con miembros más importantes de la burocracia Imperial. La amistad actuaba como articulación en su intento de establecer nuevos contactos que ampliaran o resguardaran los recursos de ambos líderes de la red.

El contexto rioplatense ayudaba al fortalecimiento de los miembros de la red de comercio ilícito, pues debido a que los salarios de los funcionarios de la Corona, por lo general, no resultaban suficientes para permitirles vivir según sus aspiraciones, muchos terminaban por depender de dicha agrupación para obtener créditos y préstamos. Para el funcionario esto representaba un favor muy especial, pero para el comerciante era sólo una cortesía que implicaba socavar su imparcialidad. Este tipo de relaciones ligaban a las autoridades de la red de contrabando de Buenos Aires con los miembros de la burocracia, y extendían la influencia de estos más allá del parentesco, de los lazos de amistad y de los vínculos étnicos (Moutoukías, 1992).

Estos contactos podían establecerlos con otros burócratas que se encontraran al interior del Virreinato, cuyos cargos podían ser más importantes e influyentes, y hasta con burócratas que se encontraran en la Corte Real. El vínculo se hacía posible gracias a los cargos que detentaban, y gracias a los favores que habían prestado o recibido de otros funcionarios.²² Juan de Vergara poseía varios vínculos en diferentes regiones del Virreinato, gracias al hecho de haber ocupado diferentes cargos públicos, así dice que «he servido a Vuestra Majestad en muchos oficios de pluma, justicia y milicia en la Villa de Potosí, y en las provincias del Tucumán y en el puerto de Buenos Aires».²³ En el Alto Perú se pueden inferir los vínculos que poseía, cuando menciona que el gobernador Francisco de Céspedes lo había enviado preso a la Audiencia de Charcas, «sin causa y sin delito», y que si no hubiese sido por «el presidente [de la Audiencia] don Martín del Gues, no me dejaran venir a mi casa».²⁴

El ejercicio de un oficio en la administración pública resultaba de vital importancia en la medida en que le permitía a los líderes de la elite comercial, el acceso a mecanismos de control político e influencia judicial.

Finalmente, estos líderes terminaron por consolidar su poder y autoridad llevando a cabo distintas venganzas o represalias contra aquellos que se les opusieran en la concreción de sus intereses, lo que generaba temor en el resto de la población:

Diego de Vega […] y el deudo que tiene con el dicho Juan de Vergara, y el por su mano y amistad con el gobernador y justicias […]estos dos hombres tienen tiranizada la libertad de esta república, de forma que contra su dictamen y voluntad nadie se mueve ni osa hablar, y de suerte que esto es así que en común todos los que viven y asisten en este puerto y los que vienen de fuera de el, nadie osa tenerlos disgustados, ni dejar de darles gusto, porque los que no se le dan y quedan en la ciudad no tienen cosa segura ni quietud […] y de manera, se hacen temer con su poder, favor de justicias y trazas que tienen que generalmente nadie osa casi hablar, visitar ni tratar a las personas a quien ellos tienen enemistad conocida.²⁵

Veamos en casos concretos cuál era el procedimiento que estos hombres seguían cuando alguien se les interponía en la concreción de sus objetivos: «[A] Cristóbal de los Cobos [...] por haber declarado en dicha pesquisa [...] le quitaron los indios que tenía por encomienda real, como persona benemérita e hijo de poblador y conquistador».²⁶

También en otros casos:

En odio y venganza de haber declarado la verdad algunos vecinos de esta ciudad a favor de la Real Hacienda, y contra el dicho Juan de Vergara y sus Confederados, se les han seguido notables daños en honras, vidas y haciendas, por lo cual están muchas familias pobres, huérfanos y destruidos , como se hizo con Cristóbal Remón, que por haber declarado [...] sobre los fraudes que el dicho Juan de Vergara hacía [...] le hicieron causas inicuas [...] le prendieron en las casas del fuerte donde vivía el dicho gobernador, D. Diego de Góngora, y se le pronunció sentencia de tormento contra él, que la ordenó el dicho Juan de Vergara [...] y allí llevaron el burro y lo desnudaron [a Cristóbal Remón], siendo hombre honrado y escribano del Cabildo, y le pusieron en el dicho burro y le dieron muchas vueltas de cordel, el cual es público lo llevaron [...] y le dieron tormento.²⁷

Asimismo, actuaban en contra de los funcionarios que podían alterar sus intereses:

Don Alonso Pérez de Salazar, oidor de Vuestra Majestad en la Audiencia de La Plata, llegó tiempo en este puerto en que no se atrevía hombre a entrar en su casa […] lo que el obispo y Juan de Vergara y sus amigos predicaban y hablaban del dicho oidor todas las cosas ajenas de tan gran ministro.²⁸

El contrabando en acción

Como vimos anteriormente, contrabando fue una reacción inmediata al cierre del puerto en 1594, y fue el gobernador de la provincia del Paraguay y Río de la Plata, Fernando de Zárate quien inauguró dicha práctica, ideando una alternativa al cierre del puerto. La misma consistía en permitir la llegada de buques que solicitaban la necesidad de arribada forzosa, fingiendo haber perdido el rumbo o requerir el arreglo de la embarcación. Bastaba con admitir el ingreso al Puerto, apoderarse del cargamento (que solían ser esclavos), y adquirirlo en una subasta pública en beneficio del gobernador o de un testaferro suyo:

La traza y orden que tenía en el desembarcar los negros, que venían de arribada para que no se vendiesen, era que llegaban los navíos fronteros de este puerto, diciendo que habían llegado de arribada y que hacían mucha agua, que tenían necesidad de pertrecharse. Habiendo dado ellos propios barreños al navío. Y con esto los mandaban ir al Riachuelo y desembarcaban allí para aderezar el dicho navío. Y con ocasión de haberse desembarcado, venían los maestres a este puerto, y los armadores y trataban con los alguaciles mayores, que querían vender algunas piezas, y que les avisarían cuando las vendían, y dónde estaban, para que denunciasen de ellas y de las demás.²⁹

Esta práctica iniciada por Fernando de Zárate continuó siendo utilizada a lo largo de los años, alcanzando cada vez mayor fuerza y organización, e involucrando una mayor cantidad de individuos. Para dar cuenta de ellos nos circunscribimos a cinco mandatos gubernamentales: el de Diego Marín Negrón (1609-1613), el de Mateo Leal de Ayala (1613-1615), de Francés de Beaumont y Navarra (1615), el de Diego de Góngora (1618-1623) y el de Francisco de Céspedes (1624-1631).

Consideramos el gobierno de Diego Marín Negrón (1609–1613) un período clave en cuanto a la acumulación de riquezas y poder por parte de quienes se convertirían en las autoridades principales de la red de contrabando. Durante este momento el escribano, notario del Santo Oficio y tesorero de la Santa Cruzada Juan de Vergara y el potentado comerciante portugués, Diego de Vega, desplegaron sus herramientas de manipulación y presión sobre el grupo de los beneméritos para incorporar a los miembros de su organización al Cabildo local (Perusset, 2005). Paralelamente, comenzaron a ejercer su preponderancia y extender sus redes y contactos para conformarse finalmente en los líderes de la red de comercio ilícito.

Uno de los aspectos claves en la estructuración de la red de comercio ilegal fue la participación de algunos gobernadores de Buenos Aires de los réditos que daba el tráfico de esclavos. Desde el comienzo de su mandato, el gobernador Marín Negrón participó de los beneficios del comercio ilegal en alianza con sus principales exponentes.³⁰ Sin embargo, poco después se produjo una fricción entre este mandatario y algunos miembros de la red de contrabando, posiblemente Marín Negrón veía que su participación en los beneficios del comercio ilegal estaba siendo arrasada por una oleada de portugueses que llegaban al Puerto de Buenos Aires, con capitales y contactos, dispuesta a liderar el tráfico de esclavos:

En tiempo del gobernador Diego Marín Negrón vino del Brasil Juan Pérez de Arze [...] y juntamente con él una barca cargada de esclavos y tablas y otros géneros de madera, el cual habiendo descargado las dichas tablas y esclavos envió en la dicha barca, al piloto de la dicha nao, en que vino a la isla de San Gabriel, en achaque de traer leña para que trajese una partida de esclavos, que había dejado allí, y la trajeron en la dicha barca con leña y los dichos esclavos, y este testigo los vio desembarcar en el Riachuelo como a la oración, y traer por la pampa ocultamente los dichos esclavos. Y los metió en su casa [...] y supo que los dichos esclavos se ocultaron y no pagó de ellos los derechos a S.M. el dicho Juan Pérez de Arze. Y los vendió ocultamente a los mercaderes del Perú, que estaban aquí.³¹

Una vez desaparecido Marín Negrón, el tráfico de esclavos se incrementó: «[Mateo Leal de Ayala] favorecía a todos [los maestres y armadores de esclavos y navíos] que entraban y salían, en que se fuesen y cargasen sus navíos y en que hurtasen los negros».³² Cuando el Consejo de Indias tuvo noticias de los comportamientos ilegales de los miembros de la red de contrabando porteña, y su apañamiento por Mateo Leal de Ayala, quien había quedado a cargo de la gobernación, por la muerte de su titular, optó por reemplazar a este último y nombrar de manera interina a Francés Beaumont y Navarra.³³ Sin embargo continuaban sucediéndose los mismos hechos: «en tiempos del gobernador Don Francés [Beaumont y Navarra], llegó a este puerto un navío de Antonio Pérez Picón [...] y supo este testigo, como el susodicho, había echado 16 a 18 esclavos que traía en el dicho navío, en tierra […] Y los trajo a esta ciudad y los ocultaron».³⁴ Amparados nuevamente por el propio gobernador, los integrantes de la red prosiguieron con su accionar económico fuera de las leyes

Veamos en estos momentos qué decía el ex gobernador Hernandarias³⁵ sobre el portugués Diego de Vega, uno de los líderes de la red de comercio ilícito:

Diego de Vega como hombre poderoso y de gran correspondencia en el Brasil, Angola, Islas, Portugal y Flandes tiene prendados y supeditados, no sólo a los vecinos de este puerto y provincia, empero también a los de la de Tucumán, Chile y Perú con mucha suma de haciendas y esclavos que les ha fiado por lo cual los mercaderes que entraban en este puerto corrían y se gobernaban por su parecer y sacaban las dichas haciendas y esclavos de esta provincia contra las cédulas y ordenanzas de Vuestra Majestad, que manda se consuman y gasten en ella.³⁶

Con el gobierno de Diego de Góngora la nueva elite de Buenos Aires ya estaba totalmente consolidada y asentada en el poder.³⁷ A los miembros de la misma que estaban involucrados en el comercio ilegal, empezaron a añadirse una cantidad mayor de individuos con lo cual la red del tráfico prohibido comenzó por alcanzar más fuerza y una estructura organizada. Los comportamientos fuera de la ley que estos hombres mantenían, se habían vuelto cotidianos, algo que todos realizaban y conocían: «por que ya era costumbre el modo que tenían en hacerlos. Que era estando avisados de las partes [...] han sido tantas [las veces] que no se acuerda en particular quienes son, ni se acuerda de sus nombres».³⁸ El comportamiento de estos hombres mantuvo, durante el gobierno de Góngora, las mismas características que en 1594:

Habiendo venido en tiempo del dicho gobernador don Diego de Góngora muchos navíos de arribada maliciosa a este dicho puerto […] el que aconsejaba a los dichos justicias, el dicho Juan de Vergara, para que habiendo llegado los dichos navíos de arribada maliciosa y fingida.³⁹

El concepto de corrupción en la historiografía

Los comportamientos económicos y políticos fuera de la ley fueron caratulados por la historiografía como parte de una corrupción generalizada de la sociedad colonial. Hacia la década de 1960 van Klaveren fue el primero en ocuparse de la corrupción colonial de forma sistemática. Con sus interpretaciones weberianas sobre este fenómeno se focalizó tanto en lo que ocurría en la Península como lo que sucedía al otro lado del Atlántico. En sus diferentes artículos sobre la materia le otorgó un lugar destacado y la tomó como un componente fundamental de la historia económica de España, reintroduciendo el fenómeno de la corrupción administrativa en los debates historiográficos acerca de la naturaleza de la dominación colonial. A partir de sus estudios muchos investigadores comenzaron a reconsiderar el rol que jugó la corrupción en la sociedad americana, concluyendo que este fenómeno no era un síntoma de decadencia política de la Corona en las colonias, como lo planteaban autores como Ots Capdequí (1941) y Parry (1953). Al contrario, la corrupción pasaba a ser considerada como una práctica necesaria y hasta positiva en la vida política americana.

De acuerdo a las investigaciones de Phelan (1960 y 1995) y de Vicens Vives (1968) y siguiendo con el modelo de la corrupción existente tanto en España como en Indias, se consideraba su principal razón de existencia el hecho que la administración imperial intentaba dominar la realidad económica indiana con legislación que no se ajustaba a las circunstancias. La hipótesis de Vicens Vives se refería a que en España, a pesar de las leyes vigentes, la administración pública tuvo que poner en funcionamiento el comercio americano utilizando diversas estrategias, a partir de las cuales habrían surgido las prácticas corruptas (Vicens Vives, 1968). Por su parte, Phelan haciendo uso de las herramientas metodológicas propuestas por Max Weber, postulaba que la corrupción resultó de la descentralización política del gobierno colonial, donde la autoridad se dividía en una serie de organizaciones administrativas privadas y públicas. Los oficiales gubernamentales en este «sistema patrimonial» carecían de una serie bien establecida de tareas. De la misma forma la relación entre superiores y subordinados era una relación informal y no se encontraba reglamentada por las leyes (Phelan, 1995). Ambos autores concluían que la corrupción institucionalizada, durante ciertos períodos históricos devenía en una suerte de «válvula de escape» para los mecanismos de dominación que la metrópoli ejercía sobre sus colonias, al incrementar la participación política de los colonos americanos y al ayudar a mantener el equilibrio del poder (Barbier, 1972). Las ideas de van Klaveren y Vicens Vives sobre la corrupción presentaban ideas más avanzadas que las expuestas por Phelan, ya que asignaron al fenómeno en cuestión el rango de un sistema destinado a hacer funcionar el mecanismo del comercio colonial a pesar de las leyes y reglamentaciones imperiales, las cuales tendían a asfixiar el intercambio entre Europa y el Nuevo Mundo.

Pietschmann (1982 y 2003) al retomar las ideas de Vicens Vives añadía que la corrupción en América Latina debía ser considerada como sistemática, debiendo ser explicada además, en términos de una tensión permanente entre el Estado español, la burocracia real y la sociedad colonial. Estas tres áreas deberían a su vez vincularse con la distribución de poder y riqueza. Este autor fue uno de los primeros en señalar que además de los oficiales de la burocracia, debíamos tener presente que la trasgresión de normas no se producía sólo por los miembros de la administración. También hizo lo suyo el «público en general» que requirió de los servicios de la burocracia, como lo testimonia la presencia del contrabando en el Virreinato de Nueva España (Pietschmann, 1982). Concluye enunciando que la corrupción en América fue un abuso que estuvo presente en todas las épocas desde el siglo XVI y en todas las regiones de manera regular.

Teniendo en cuenta a los oficiales de la burocracia real, Andrien (1982 y 1984) considera que la corrupción ocupó un lugar destacado en las colonias a partir de la venta de cargos. Esto contribuyó a su vez, a erosionar el control ejercido sobre estos oficiales, quienes se vieron cada vez más relacionados con las colonias que con su tierra natal (Andrien, 1984). Igualmente este autor sostiene que la corrupción permitió a las elites locales ganar y consolidar su influencia y poder. Tanto Pietschmann (1982) como Andrien (1982 y 1984) buscaron examinar no sólo cómo los miembros del aparato administrativo abusaron de sus poderes legales, sino también cómo el abuso de los mismos por parte de una elite local ayudó a socavar el aparato del estado colonial.

La noción de corrupción en las sociedades de Antiguo Régimen

Si bien las investigaciones de los autores antes señalados marcaron un importante rumbo en el estudio de los actos de corrupción, la mayoría de ellos no se cuestionó sobre la utilización del término en contextos más específicos, es decir, que no reflexionaron sobre la aplicabilidad del término «corrupción» para designar una realidad del mundo de Antiguo Régimen. Reflexión necesaria, puesto que como bien advierte Quarleri (2001) la analogía de comportamientos al margen de la ley de algunos funcionarios coloniales con la corrupción contemporánea puede afectar nuestra visión sobre las prácticas pasadas.⁴⁰

Una de las grandes distinciones entre la sociedad política del Antiguo régimen y la contemporánea es que en las primeras, el interés privado y el interés público no se encontraban separados como en teoría se encuentran en el presente. Otra diferencia radica en que en las sociedades de Antiguo Régimen, como la estudiada, la política no surgía como una actividad distinta de la acción social de los actores, sino que traspasaba todas las relaciones que los sujetos sociales entablaban entre sí en su vida diaria (Guerra, 1989). Más específicamente, retomando a Justo López, una relación política implicaba una interacción social que conllevaba el despliegue de diversas tácticas con el fin de inclinar las voluntades ajenas y regir así sus comportamientos hacia un objetivo preestablecido (Justo López, 1973). Los actores sociales del Antiguo Régimen eran actores colectivos, conjuntos estructurados y permanentes, formados por individuos que desarrollaban una acción unitaria. Poseían sus propias formas de autoridad, sus reglas de funcionamiento y articulación interna, sus lugares y formas de sociabilidad y de comportamiento, sus valores e imaginarios. Por lo tanto, al estar basadas en el grupo, las relaciones entre los actores se fundamentaban en las de la asociación. Las rivalidades o las alianzas en la cima de las mismas implicaban y comprometían a todos sus miembros.

La acción política tenía entonces -en el Antiguo Régimen- un aspecto esencialmente grupal porque buena parte de esta política buscaba conseguir para sí mismo o para parientes y allegados cargos directivos en los cuerpos y en los que produjeran los mayores beneficios o influencias. Incluso las acciones que a simple vista podrían parecer individuales se encontraban todas íntimamente unidas a estrategias de grupo. Cada uno de los grupos que conformaban este tipo de sociedades tradicionales, actuaba en función de preservar y acrecentar sus privilegios y su poder. También lo hacían para cubrirse frente a los ataques de los miembros de grupos opuestos.

Por último, en relación al uso del concepto de corrupción nos interesa recalcar que para comprender el fenómeno de evasión de las normas en el contexto estudiado por nosotros, no debemos centrarnos en la definición de corrupción como la trasgresión del comportamiento preestablecido legalmente, por aquellos oficiales públicos interesados en acrecentar su bienestar o el de algún grupo de interés particular (Andrien, 1984). A nuestro entender, esta definición sufre algunas limitaciones, pues las acciones corruptas no eran desplegadas sólo por quienes gobernaban, para llevar a cabo una determinada política económica, sino también por quienes se sirvieron de estos funcionarios para lograr obtener sus propios beneficios económicos o sociales, como algunos miembros de la elite del lugar.⁴¹

Al cuestionar la aplicabilidad de un término, en este caso el de corrupción, estamos dando cuenta de los juicios de valor que forman parte de la propia realidad social del investigador. El empleo que hacemos de ciertas categorías en contextos específicos somete a los significados culturales a revalorizaciones prácticas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues bien, pese a que ciertas variables de análisis y algunas inferencias sobre la corrupción política en la actualidad coinciden con las utilizadas y elaboradas para dar cuenta de algunos comportamientos dentro de la administración pública colonial (Quarleri, 2001) nada garantiza que los actores sociales coloniales, con distintos intereses y biografías sociales, hayan estimado las categorías existentes de manera similar a como las utilizamos en el siglo XXI. Por lo tanto, sólo puede comprenderse la corrupción colonial cuando es estudiada bajo la luz de la tradición cultural de la cual formaba parte, y no cuando es estudiada desde los valores que maneja el investigador. Es entonces cuando me pregunto si es correcto utilizar el término corrupción para referirnos a las prácticas no sólo de la burocracia, sino de algunos miembros de la elite colonial. ¿Podemos afirmar que existían prácticas corruptas, en el sentido en que un agente investido de autoridad obtenía una ganancia personal evadiendo un cuerpo de normas o bajo condiciones formalmente legales? (Laporta, 1997).

Creo que si bien esta definición es admisible de ser aplicada, es probable que encontremos algunas divergencias de acuerdo a cada caso en particular. A continuación buscamos dar cuenta del contexto político y económico más amplio dentro del cual el contrabando rioplatense se originó y fortaleció, con el fin de reflexionar sobre la inclusión de esta práctica dentro del concepto de corrupción.

El contexto colonial y los episodios de contrabando

La ampliación de los dominios de la Corona española, con la inclusión de diferentes reinos, tuvo su expresión en el derecho. Bajo la monarquía de los Austrias la legislación elaborada dio cuenta de las características del giro producido por los gobiernos monárquicos hacia el incremento de los poderes centrales. La misma representó una incesante acumulación de disposiciones, generando como resultado que, en Indias, gran parte de la superabundante legislación emanada del Rey y su Consejo se volviera confusa y contradictoria. El contacto de la tradición jurídica española con la realidad americana produjo un reajuste de las instrucciones peninsulares al nuevo ambiente para amoldarse a las necesidades locales. De acuerdo con esta legislación, los mecanismos estipulados para levantar expedientes con testigos diversos, con consultas a autoridades de distintas jerarquías, con informaciones a los superiores, tenía como consecuencia la prolongación de la solución de los problemas y pleitos entablados. Además, este sistema se dedicaba a estudiar una realidad legal frecuentemente ambigua o contradictoria y al estudio de cada caso y problema en forma individual.⁴² Por lo tanto, esta legislación daba lugar a que las distintas jerarquías administrativas o judiciales opinaran de forma diversa, lo cual resultaba en interpretaciones contrapuestas entre sí y con la realidad legal (Pietschmann, 2003).

Un conjunto de instituciones se crearon o traspasaron a América para controlar y legislar sobre los asuntos coloniales. Inmediatamente debajo del Rey se hallaba el Consejo de Indias, que residía en suelo español y actuaba como asesor de la Corona y como representante de su voluntad. En suelo americano el representante del Rey era el Virrey, quien era controlado en sus funciones por la Audiencia y los visitadores nombrados por el Consejo de Indias. A este lado del Atlántico también se hallaba la Audiencia, máximo tribunal de justicia americano que contaba con la capacidad de revocar las decisiones de los virreyes y gobernadores. Cada virreinato se dividía en provincias las cuales eran administradas y dirigidas por el gobernador o corregidor, según la región. Ambos eran funcionarios con sueldo fijo y cargo temporario que concentraban en sus manos la autoridad del gobierno militar y judicial. Su poder era limitado en tanto que estaban subordinados a la autoridad del Virrey, como así también sus funciones generalmente entraban en contradicción con las de los cabildos de las ciudades, aunque en la práctica y de acuerdo a la región podían actuar con cierta autonomía. Esta autonomía era mayor o menor de acuerdo a las características de la región, es decir, conforme a la distancia de las autoridades superiores y políticas dentro del virreinato.⁴³ Al margen del control del cabildo y del gobernador, se hallaban los oficiales de la Real Hacienda que se encargaban de conducir la economía y las finanzas coloniales. Una de sus tareas principales era la recaudación de los impuestos a manos de un contador y tesorero real.

Si bien cada una de estas instituciones tenía cierta autonomía funcional dentro de su propia competencia, existían limitaciones y controles destinados a evitar los abusos de poder a los que podían sentirse inclinados los mandatarios, a veces muy alejados de la metrópoli. En teoría, las cartas y memoriales enviados por todas las autoridades constituían un medio privilegiado de control y de información no sólo en lo relativo a los problemas de gobierno, sino también en lo concerniente a la conducta de cada una de las autoridades. Y esa información podía originar medidas correctivas y hasta el envío de visitadores si el caso así lo requería.

Sin embargo, el ordenamiento jurídico-político de Antiguo Régimen dejaba amplios márgenes e intersticios fuera del texto escrito de la ley y en esos espacios se insertaban usos, costumbres y prácticas que llenaban los vacíos legales, o se entramaban con las leyes en el momento de su aplicación.⁴⁴ La acción política en el Río de la Plata colonial, como la estamos delineando, implicaba entonces un «ilegalismo tolerado», en términos de Michel Foucault (citado por Tau Anzoátegui) ya que la inobservancia de ciertos preceptos legales formaba parte de la vida política y económica (Tau Anzoátegui, 2001). Este «ilegalismo» tenía su propia coherencia y consistía tanto en privilegios como en inobservancias masivas de normas que no llegaban jamás a aplicarse o cumplirse.

Las constantes denuncias sobre el tráfico ilegal realizado por el puerto de Buenos Aires demostraban la ineficacia de las prohibiciones y diversas medidas tomadas por la Corona. Finalmente el Rey se decidió a crear una aduana en Córdoba, paso obligado de Buenos Aires al Alto Perú. La creación de la «Aduana Seca de Córdoba» nació por una orden real del 8 de septiembre de 1618 (Molina, 1962). Sin embargo, a través de diversos procedimientos dilatorios llevados a cabo por los gobernantes y vecinos del Puerto, la misma no había sido establecida, razón por la cual en 1623 fue enviado el oidor Alonso Pérez de Salazar quien estuvo encargado de su cumplimiento e instalación. La creación de la aduana de Córdoba nos indica que la Corona estaba al corriente de los delitos que se llevaban a cabo por el puerto de Buenos Aires y al ordenar la instalación de la misma -por la cual se debía pagar el cincuenta por ciento de los derechos de las mercancías- estaba demostrando una suerte de tolerancia hacia los comportamientos que ella misma prohibía a sus habitantes.

Los actores sociales coloniales eran conscientes entonces, de que la rigidez textual de la ley tenía una funcionalidad, en términos de Agüero ad terrorem (Agüero, 2003). Esta tolerancia ejercida por el Soberano hacia los delitos practicados por los miembros de la red de contrabando rioplatense, parece poner en escena la facultad de disimulo, estrategia política utilizada como compensación hacia los servicios prestados por los colonos de ultramar y para recomponer su relación con ellos frente a situaciones específicas de necesidad o de inobediencia sistematizada. Este accionar de la Corona -de no poner un punto final al comercio ilegal realizado por el puerto de Buenos Aires- puede presentarse como expresión de la relación existente entre gracia y justicia que conformaba la mentalidad de la época, y que por esta razón, consentía que los súbditos rioplatenses se movieran entre el cumplimiento y la inobservancia de la legislación, de acuerdo con las condiciones de cada caso (Agüero, 2003).

Por otro lado, con el fortalecimiento del Imperio español también se evidenció el surgimiento de una burocracia especializada, compuesta por un cualificado estrato de legistas que proveía de personal a esta nueva maquinaria administrativa. La misma nació subordinada al Soberano y al servicio de la organización estatal. Por lo tanto, su papel original en relación con la decisión política sólo era pasivo y de obediente ejecutora. Con la especialización de la misma se confió el gobierno de las Indias a funcionarios nombrados directamente por el Rey, que actuaban durante un tiempo limitado, recibían un sueldo fijo y estaban sometidos a las órdenes y a la vigilancia de las autoridades superiores. El ideal perseguido era el del funcionario imparcial incorrupto, que se dedicara por completo al logro del bien de la Corona y del público (Haring, 1990). Sin embargo, la administración pública traicionó los fines que le estaban encomendados, pues no sólo creció desmesuradamente, sino que transformó su carácter y su función, ayudando a la formación y consolidación del poder de oligarquías opuestas a los intereses de la Corona. Por lo tanto, los funcionarios de la burocracia pasaron de ser simples ejecutores de las decisiones políticas del Monarca a participar activamente en la política americana. Este comportamiento es clave debido a que la mayoría de los funcionarios que encontramos desenvolviéndose en este contexto eran corruptos, mezclándose con los intereses locales de los líderes y miembros de la red de contrabando. Por ejemplo, el accionar del tesorero real Simón de Valdez:

Que generalmente en todos los navíos que entraron, el tesorero Simón de Valdez, cuando iba a visitarlos, apartaba a los maestres y les hablaba al oido [...], y oyó decir muchas veces al dicho tesorero, a los dichos maestres y cargadores, que le llevasen mercaderías, de ropa, lienzo, vino y otras cosas. Y se las vio llevar este tesorero muchas veces, a la dicha su casa.⁴⁵

Por otro lado, encontramos a distintos gobernadores cuyos comportamientos eran también deshonestos

Todos estos excesos cometidos por los gobernadores, ayudados y aconsejados de Juan de Vergara [...] Don Diego de Góngora que se hizo con el dicho Juan de Vergara y el obispo de este obispado, y no sólo hicieron más excesos [arribadas de negros] más que a Hernandarias de Saavedra le tuvieron tres años preso, le vendieron todas sus haciendas.⁴⁶

De la misma manera, «yendo el dicho gobernador [Francés de Beaumont y Navarra] a ver el dicho navío [...] sacaban en un batel cantidad de esclavos, por mandato del dicho gobernador Don Francés».⁴⁷

Por otra parte, la Contrarreforma católica experimentada a mediados del siglo XVI en España, se convirtió en el fundamento que permitió conservar la tradición medieval de tipo escolástica, convirtiéndose en la base justificadora, legal y ética del comportamiento político en América. Esta doctrina llevaba en boga la subordinación del derecho positivo a una ley natural o divina. Este poder divino otorgaba al Monarca un dominio que implicaba, entre otras cosas, gobernar bajo el pleno consentimiento de sus súbditos. Una ley injusta era inmoral y podía ser desobedecida por estos siempre y cuando tal resistencia no causara un daño irreparable al cuerpo de la «nación». La teoría contractualista -de raíz medieval- implicaba que la relación de vasallaje con el Rey estaba sellada por un contrato de obligaciones y deberes mutuos. Estos convenios se expresaban a través de prácticas consuetudinarias como mediante estatutos y privilegios escritos y conllevaban el derecho de resistir a la autoridad cuando esta era considerada despótica, o a desobedecer las leyes cuando estas eran injustas para el bien común. Frente a un hecho que los sujetos consideraban como el quiebre de ese pacto o las que consideraban ser lesiones contra sus derechos, ahí emergían las distintas reacciones que hacían frente a las circunstancias.⁴⁸

Los hombres que conformaron el sector principal de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XVII y hasta mediados del mismo, vinieron de España con ideales de riqueza y preeminencia social; también traían consigo los valores y la ideología vigentes en la península y en especial la noción del pacto medieval⁴⁹. Pero la situación real con la que se encontraron los hombres que abandonaron su España natal cuando llegaron a este lado del Atlántico fue muy diferente a la que ellos fantaseaban. A diferencia de Potosí cuya riqueza se encontraba en las minas de plata principalmente y del Tucumán cuya riqueza se basaba en la explotación de la mano de obra indígena y en las haciendas, en el Río de la Plata, sin centros mineros, ni abundante población indígena, la riqueza debería buscarse por otro lado. En este contexto el comercio fue el principal medio de obtención de bienes, y el comercio ilegal, de enriquecimiento.

Pero quienes llegaron y se asentaron en Buenos Aires también se encontraron, a partir de 1594, con la exclusividad del monopolio sevillano–limeño que dejaba al puerto de dicha ciudad al margen de toda actividad comercial e influía negativamente en las aspiraciones políticas y económicas de los integrantes de esta red de comercio ilegal al limitar su campo de acción. Igualmente el comportamiento de los funcionarios enviados a estos territorios estuvo reglamentado por una legislación abundantísima, asignándoles un sueldo fijo y la prohibición de ejercer cualquier actividad que proporcionara ingresos adicionales.

A continuación veremos una serie de pedidos, súplicas, y nociones sobre determinados derechos que distintos actores sociales enviaron al Rey para intentar obtener una solución a sus necesidades.

Lo cierto es que en faltando navíos como faltan es la tierra más desventurada [Buenos Aires] que hay en el mundo, no tiene más que pan y carne y todo lo demás les falta [a los habitantes] no tienen con que comprarlo ni de dónde les venga sino es por la mar, con que a trueque de sus frutos se pueden vestir, y así mucho que se habían venido a avecindado a esta ciudad [Buenos Aires] se han ido de ella, dejando sus casas y haciendas perdidas, y lo hubieren hecho otros a no [habérseles] impedido.⁵⁰

Y haciendo alusión al cumplimiento del pacto por parte de los habitantes del Río de la Plata y a las prohibiciones dictadas por el Rey:

Todas las ocasiones que afligen y ponen en necesidad las repúblicas parecen han ocurrido a un mismo tiempo contra esta de Buenos Aires, habiéndose poblado y sustentado con sangre y trabajo de muchos pobres, cuyos hijos y nietos, parientes y deudos lo están sin esperanza de remedio según el aprieto de la prohibición que se esta ejecutando con la falta de moneda y permisiones de ropas y esclavos [...] las necesidades que estamos experimentando muchas personas españolas por falta de capa y manto, no oyen misas ni salen de sus posadas.⁵¹

Finalmente, las ideas que los actores tenían sobre las concesiones que les correspondían de acuerdo al pacto establecido con la Corona:

Tenemos esperanza se restaurará alguna cosa y la mayor en la merced que Vuestra Majestad ha de hacer a esta república que tan fielmente le ha servido y le ha de servir, concediéndole de nuevo las permisiones que en otros tiempos, las cuales también le han faltado desde antes que llegara D. Diego de Góngora, al cual Vuestra Majestad le mande favorezca a esta pobre gente ayudando a todos como quien tiene presente las necesidades.⁵²

A todas estas particularidades con las que se enfrentaron quienes se establecieron en la ciudad porteña de principios del siglo XVII, añadamos la legislación ambigua y contradictoria que emanaba del Rey y que estaba destinada a la situación del Puerto, las demoras debidas a la distancia y al tiempo que transcurría antes de que las noticias de Europa llegaran a Buenos Aires y viceversa, y la distancia de los centros de poder político en el Perú.

La tolerancia y sus límites

Volviendo a los temas tratados anteriormente me pregunto ¿Cuál es la diferencia entre una práctica corrupta y una práctica ilegal? ¿Existe tal diferencia? ¿Son sinónimos? Evidentemente una práctica es ilegal cuando la misma transgrede la ley que la regula, cuando no se respeta lo que la misma prohíbe. Pero una práctica ilegal no necesariamente implica la noción de corrupción. Como se desprende de las categorías anteriores, una práctica corrupta principalmente se refiere al mal uso o mal desempeño de ciertas prácticas. Aquí comienzan a operar valores morales, y generalmente un comportamiento corrupto resulta en un perjuicio al bien común.

¿Cómo es posible saber qué conducta política, entendida como forma de acceso al poder, es buena o mala o aceptable en un sistema político en particular? Sólo mediante el estudio del contexto en el cual se llevan a cabo estas prácticas.

Charles Taylor (1996) concluye que las nociones de «bienestar general» son construidas por cada sociedad de acuerdo con sus patrones previos tanto morales como cosmovisionales, por lo tanto, siempre hay un marco identitario referencial que hace que cada sociedad construya sus propios significados y esto se encuentra vinculado con el espacio moral, que es tanto de lugar como de tiempo (Lorandi, 2000) ¿Cómo es posible evaluar, entonces, que un comportamiento determinado sea tolerable en un contexto político dado?

Todo lo anteriormente señalado evidenció una Buenos Aires como una sociedad sin reglas, o mejor dicho, que los habitantes de la ciudad no cumplían con las mismas. Ahora bien, me pregunto qué es lo que hace que se produzca una sociedad que no tiene respeto por las normas que están destinadas a regular y ordenar su vida. Y es ahí donde se hace necesario tener presente, en conjunto, todas las características que mencionáramos a lo largo de este trabajo, acerca de la sociedad española que se trasladó al Río de la Plata y se desarrolló en el temprano siglo XVII.

Un aspecto interesante en este análisis es el de la legislación destinada a Indias. Como señalamos, la característica principal de este sistema era el casuismo, a través del cual el derecho no se presentaba como un rígido conjunto de leyes de estricta aplicación sino como una reunión de preceptos de diverso origen, naturaleza y alcance, que se aplicaban conforme las situaciones (Tau Anzoátegui 2001). Las condiciones de su aplicación no eran iguales en todo el Imperio: en las áreas periféricas, como el Río de la Plata, la legislación se encontraba condicionada por las costumbres locales, por lo cual au flexibilidad aumentaba pese a que el derecho escrito fuese considerado como una guía importante que convenía seguir, salvo que existiesen motivos para lo contrario.

El siglo XVII en el Río de la Plata es un ejemplo que ilustra perfectamente cómo se creaba una distancia profunda entre las intenciones de la metrópoli -plasmadas en leyes y ordenanzas- y las de los colonos en Indias. En esta área los usos consuetudinarios tenían una enorme importancia pese al robustecimiento de la autoridad legal y de las pretensiones de unificación legal. Por lo tanto, estos usos y prácticas mantuvieron una presencia jurídica notoria, que no estaba reducida a los límites estrechos de una fuente formal, acosada por la ley. Ella tendía a ocupar los espacios normativos vacíos y en mayor medida cuando era incipiente (Tau Anzoátegui, 2001).

Buenos Aires, con las características culturales señaladas y en tanto región periférica, se constituyó en un ámbito donde los intereses locales modelaron su fisonomía definiendo un conjunto de comportamientos que contradijeron de distinta forma los intereses de la metrópoli. Además de las particularidades de la sociedad porteña, la ubicación de Buenos Aires lejos de España y también de los centros de poder español en Lima, y cerca de los portugueses en Brasil, hizo que fuera casi imposible imponerle un control. Frecuentemente los gobernadores provinciales actuaban con un grado de libertad e independencia que puede parecer inconsistente con su rol de intermediarios del Rey.

Además, como mencionamos más arriba, si bien ninguna comunidad podía actuar a su antojo, consideraba posible desobedecer al Rey cuando se creaba la situación del régimen tirano. Y amparándose en esta doctrina e interpretando a su gusto los intersticios dejados por la legislación, surgía constantemente el comportamiento de obedecer pero no cumplir la legislación que iba contra el bien común.⁵³ Sin embargo esta situación se producía ante determinadas normas, especialmente aquellas relacionadas con cuestiones económicas y jurídicas. Esta inobservancia era posible en definitiva, por que las disposiciones expedidas por el Monarca no eran ordenanzas rígidas, sino que incluían cierta tolerancia dentro del cumplimiento de tales disposiciones (Tau Anzoátegui, 2001).

Pese a los intentos uniformadores de las leyes y códigos ,las leyes eran flexibles pues contemplaban las lagunas que podían producirse en su interpretación. Debido a la abundancia de leyes emanadas para Indias, muchas de las mismas entraban en contradicción, y aprovechando tales intersticios, los miembros principales de la red de contrabando comenzaron a interpretarlas de acuerdo a su propia conveniencia. Este comportamiento «abusivo» fue el que utilizaron para tomar ventaja de las normas impuestas, con la intención de satisfacer fines propios aún cuando ello frustrara los intereses de la Corona.

Entonces, observamos entre los miembros del grupo de comercio ilícito la existencia de un conjunto de normas propias que definían lo que era bueno y justo para sus intereses y también encontramos la presencia de un código social en el que se hacía posible aplicar estas normas. Por lo tanto, los actores sociales no sólo respondieron por necesidades físicas sino por las nociones que tenían acerca del pacto, por cuestiones que ellos mismos consideraban injustas o que atentaban contra su bienestar. Estas prácticas que surgieron se encontraron estrechamente relacionadas con la ruptura de ese contrato implícito celebrado entre el Rey y sus súbditos indianos, donde el primero dejó de cumplir con las reglas del juego.

Así podemos observar detrás de la aparentemente rígida legislación las normas culturales que operaban en ella. Por un lado, encontramos pautas que respondían a la cultura de la época, a las retribuciones e intercambios de servicios por privilegios (por ejemplo las recompensas por los servicios de los vasallos que sirvieron al Rey en la conquista, prestando servicios en la milicia, entre otros). Por el otro, encontramos aquellas normas que correspondían a una economía del dolor punitivo, es decir, cuando los delincuentes eran numerosos no era necesario ser riguroso con todos ellos, como tampoco lo era la severidad o crueldad cuando el delito era ocasional (Agüero, 2003:55). La concesión y el disimulo por parte del Rey a cambio de mantener poblada la ciudad portuaria y a cambio de la fidelidad y obediencia de sus súbditos indianos, influyeron en el establecimiento y naturalización de estas prácticas ilegales.

Todas las particularidades mencionadas confluyeron para que en la sociedad rioplatense de principios de siglo XVII se generase una tendencia recurrente, tanto de los funcionarios de gobierno como de los miembros de la red de comercio ilegal, a la inobservancia de ciertas normas jurídicas y por lo tanto a la ilegalidad.

El contrabando aparecía entonces como respuesta -o solución- a las normas jurídicas impuestas. Aparecía como una práctica que comenzaba a desempeñarse a la par de la ley, sin estar subordinada a esta última, la cual se encontró en un área de fricción entre las leyes, el poder político de la Corona y la práctica económica local. El surgimiento y fuerza de este comportamiento ilícito fue posible ya que se trataba de un sistema donde reinaba el casuismo, la variedad y la flexibilidad. El contrabando puede ser entendido, entonces, como una práctica que en un primer momento surgió de la necesidad de subsistencia de los habitantes del Puerto pero que en una segunda instancia y como consecuencia de diversas situaciones, logró naturalizarse y entró en contradicción con las leyes vigentes.

Al hacer hincapié en tener presentes todas estas características, el punto que queremos enfatizar es que el fenómeno del comercio ilegal reconoce una pluralidad de factores que están interpenetrados y que se refuerzan entre sí, con lo cual se agrega a aquellas hipótesis que consideran el surgimiento del contrabando como funcional a la sociedad colonial o como una válvula de escape con respecto al ahogo económico impuesto por la centralización del poder de la Corona.

Entonces no sólo las leyes escritas tenían el peso y la fuerza propias de la ley, sino que también contaban con peso propio aquellos comportamientos que iban asentándose, y que por lo tanto se iban naturalizando dentro de ciertos sectores de poder, como el contrabando realizado por algunos miembros de la elite porteña. Por este motivo resultaba altamente improbable que los involucrados en esta empresa denunciaran o reprendieran los comportamientos ilícitos, que si bien se realizaban al margen de las ordenanzas vigentes, al volverse cotidianos y naturalizarse dejaron de ser considerados como reprensibles, a la vez que contaban con el aval –indirecto- de la misma Corona. El reproche tampoco tenía sentido en un sistema donde el disimulo operaba como parte de una misma estrategia destinada a fortalecer los vínculos de lealtad y obediencia de los súbditos indianos. Añadamos además los avales –directos o indirectos- que la Corona prestaba a estas prácticas,⁵⁴ avales que operaban como parte de una cultura que tenía una imagen negativa de los pleitos, en la medida en que estos representaban la antítesis de la caridad y fidelidad cristiana (Agüero, 2003:66).

En el caso específico del Río de la Plata, donde las leyes iban en dirección opuesta al bienestar de la elite, algunos de sus miembros encontraron conveniente para sus intereses dejar de cumplir las leyes vigentes que los perjudicaban. Detrás de este comportamiento ilícito se encontraba una percepción sobre el daño ocasionado si se seguía la observancia de las mismas, y los beneficios que se seguirían de su incumplimiento.

El hecho de que esta sociedad no cumpliera, o no tuviera respeto por las leyes que habían sido despachadas para organizar su vida, responde a mi entender a que el incumplimiento de las mismas –contrabando- se había convertido en una ilegalidad naturalizada, una práctica que había adquirido tanta o más fuerza que la ley escrita. Por otra parte, actuaba como una respuesta, por un lado, al exceso de regulaciones en materia económica que resultaban –según las concepciones que portaban los actores- éticamente ilegítimas. Y eran respuesta a las contradicciones que por la misma razón la Corona tenía con respecto a ciudad de Buenos Aires, por el otro. De la misma manera este incumplimiento de las normas daba cuenta de las características propias de una sociedad tradicional, en la cual no existía una separación entre los intereses públicos, propios de la Monarquía, y los intereses particulares, entendidos como los intereses, negocios o bienes propios de un individuo o familia.

Si aceptamos el surgimiento de la ilegalidad como respuesta a las condiciones creadas por la Corona y a las condiciones de vida de la colonia, esta puede ayudarnos a echar luz sobre las conductas ilegales como una demostración de que el costo de cumplir con las leyes era excesivamente alto y que el costo del incumplimiento de las mismas, lejos de ser bajo, era redituable y sumamente ventajoso. Estos problemas a los que se vieron enfrentados los miembros de la elite los solucionaron pensando en términos de necesidades e intereses de grupo. Con esta explicación podemos entender mejor por qué la brecha entre la ley escrita y su aplicación en América iba en aumento tanto en la práctica de los vecinos como de los funcionarios coloniales en la esperanza de que junto con la distancia y aislamiento a su favor, pudieran lograr sus objetivos. Y queda claro también el papel que el contrabando jugó actuando positivamente como neutralizador de las decisiones políticas «incorrectas» tomadas por la Corona –según las concepciones de los integrantes de la red de comercio ilícito- y en revertir el descontento social, interpretando las mismas de acuerdo a los intereses del grupo.

En conclusión, el comportamiento ilícito que se daba en el Puerto representaba el surgimiento de una nueva práctica -originada en una necesidad- que al establecerse y naturalizarse se posicionó a la par de las leyes reales, la cual cobró forma defensivamente en oposición a los constreñimientos y controles realizados por el Monarca. De esta manera es como podemos interpretar desde una nueva mirada el surgimiento del comercio ilícito en el Río de la Plata del temprano siglo XVII. Sin embargo queda por analizar qué es lo que sucedía en un segundo momento cuando esta práctica se naturalizó y traspasó la satisfacción, por amplios márgenes, de las necesidades por las cuales había surgido. El contrabando como comportamiento económico y la necesidad de mantenerlo, desataron otros mecanismos o comportamientos políticos y sociales que analizaremos a la luz de las concepciones de corrupción tratadas previamente.

Debemos tener presente que reducir a los individuos a su dimensión biológica, es decir, al simple hecho de existir, no significa que estos sujetos debieran ser encerrados o limitados a su vida biológica. Estos sujetos tenían además una vida social y política que aunque desaparecía en la perspectiva de la Corona, subsistía en la de los actores sociales. En esta vida social entraba a jugar también la noción de justicia, al considerar esta situación que les tocaba atravesar como no justa (de acuerdo con las ideas y utopías que traían y la ideología que habían ido forjándose, y de acuerdo a la ley natural que exigía que las medidas de gobierno no afectaran la supervivencia de los individuos). La delimitación de esta ideología se estableció entre lo que los actores consideraban dentro de límites tolerables y lo que consideraban como intolerable. Estas realidades vividas entraban fuera de los límites de lo tolerable, realidades que ofendían la conciencia y los intereses de los habitantes del Río de la Plata y que fueron las que definieron, en gran medida, las prácticas que los mismos llevaron a cabo.

Si tenemos presente las utopías de riqueza y preeminencia social con las que vinieron los comerciantes españoles y portugueses, veremos que las mismas, al entrar en contradicción con la realidad que se les presentaba y en la que se vieron envueltos, se convirtieron en un contraste entre lo que era la realidad concreta y lo que «debería» haber sido. Fue ahí donde el concepto de utopía cobró su significado político, que excedió en mucho al mero entretenimiento literario de describir una sociedad y un Estado imaginarios.⁵⁵ Podemos hablar de la existencia de utopías en el Río de la Plata del siglo XVII en el momento que en que los miembros del grupo de comercio ilegal, guiados por una apasionada representación del bienestar de su agrupación y por una decidida voluntad de acción –en la cual intentaban cambiar el orden de las cosas- ocultaron algunos aspectos de la realidad y dirigieron su actividad política hacia el cambio del orden existente, sin tener límites en su conducta.

En la actividad política⁵⁶ de los miembros de la red de contrabando se involucraron las ideas y creencias que habían traído consigo desde sus lugares de origen. La ideología política, en tanto una compleja estructura de pensamiento –ideas, representaciones y creencias, con valores enraizados en ellas- obró como factor de la actividad política de los integrantes de la elite comercial, tanto respecto de los ocupantes de los cargos de la administración pública como de los restantes vecinos y empresarios comerciales. Lo que prevaleció en todo momento, en toda acción, fue esa compleja estructura de pensamiento compuesta por utopías, valores y creencias que operaron en pro del cambio de su situación social.

Estos sujetos no tenían escrúpulos y tenían la plena convicción, al ver la imposición de medidas que dañaban sus intereses, de transformar las mismas para finalmente lograr cumplir con sus propósitos. Cuando se enfrentaron a situaciones limitantes, en lugar de renunciar a sus creencias, las transformaron de tal manera que se convirtieron en el fundamento de sus prácticas.

En este sistema de exposición de penurias y carencias para lograr ciertas políticas por parte de la Corona, el discurso y los argumentos que fueron utilizados para convencer a la Corona de darles diferentes permisiones se vuelve de especial interés. Sin embargo, pese a usar una retórica «conmovible», se vieron en la necesidad de recurrir a ciertas prácticas, ya que la Corona no les otorgaba una respuesta acorde. Estas prácticas pronto dejaron de tener un objetivo inmediato basado en la necesidad de sobrevivir para pasar a satisfacer necesidades de otra índole, que comenzaron a rozar también la corrupción. Este comportamiento se cristalizó en determinadas prácticas políticas que realizaron los miembros principales de la red comercial, basado en representaciones formadas por un conjunto de normas y valores sobre la base de la cual este grupo social consideraba lo que era bueno y justo.

¿Por qué consideramos estas prácticas como corruptas? Para dar una respuesta ejemplifiquemos con las formas de acción política que llevaron adelante los integrantes de la red de contrabando. Es entonces cuando debemos prestar especial atención a las estrategias utilizadas que llevaron a cabo los miembros de la red de comercio ilegal. Es en este momento cuando nos encontramos frente a un comportamiento político, cuando en la interacción social se busca alcanzar ciertos objetivos, cuando un sujeto tiende a que el comportamiento de otros sea el que él se propone. No hay duda que el poder es una relación de influencia. En este sentido no importa el modo de acción de los promotores ni la naturaleza de la empresa por realizar, ni la transitoriedad o permanencia de la colaboración. En este momento es cuando vemos a los grupos de interés mutar a grupos de presión, donde desplegaron su acción para influir y coaccionar sobre otros sujetos con el fin de lograr sus objetivos. Estos grupos de interés se volvieron grupos de poder, en el sentido en que originariamente se formaron en torno de intereses comunes, con la finalidad esencial de defenderlos. Pero se volvieron grupos de presión en el momento en que en cumplimiento de su propia finalidad, influyeron sobre los ocupantes del Cabildo de la ciudad. No podemos dejar de considerar el acaparamiento del Cabildo por violencia, por apresamiento o a través de otras estrategias, y las represalias y asesinatos cometidos, que serían igualmente medios para alcanzar un fin, como comportamientos corruptos (Perusset, 2005). No hay contexto económico o social que justifique o ampare el surgimiento y mantenimiento de estas prácticas.

El contrabando fue utilizado en el Buenos Aires del siglo XVII por los miembros de la red de tráfico ilegal como un medio de acceso al poder político y económico. Uno podía involucrarse en sus filas y obtener riquezas considerables y contactos sociales. No sólo los más altos funcionarios, quienes ocupaban un lugar central, intervenían en estas operaciones ilícitas. La violencia ejercida para lograr la conquista del Cabildo y las represalias realizadas por algunos integrantes de la red de contrabando implicaban relaciones de poder. Pero ¿cómo explicamos que una relación de poder se vuelva una relación de violencia? Esto se generaba cuando existía una ideología que lo permitía, es decir, que un sujeto que realizaba un cierto accionar, una cierta conducta abría un espacio para la violencia al entrar en contradicción con las propias prácticas realizadas.

La dimensión más importante que no tenemos que perder de vista es que no había una esencia de lo intolerable, sino que la intolerancia devino de una situación histórica, en donde intervinieron las condiciones antes descriptas. Esta característica -que viene de una historia particular- se manifestó en las políticas y prácticas económicas y políticas. Pero los mismos actores que defendieron estos principios se acomodaron fácilmente en su inobservancia.

Entonces, la ideología y la concepción que estos actores sostenían se articulaba con las prácticas económicas y políticas que llevaron a cabo. Era esta ideología, cuyo principal exponente era la concreción de utopías y el respeto al pacto con el Rey, la que fundaba y justificaba a la vez las conductas políticas y económicas de los miembros de la elite. Estas dos lógicas se encontraban en relación dialéctica por que por un lado, la ideología fundaba las prácticas económicas y políticas, pero al justificarlas, era secundaria a ellas, por el otro.

La necesidad se convirtió en la retórica de legitimación para casi cualquier uso, práctica o derecho exigido, de ahí que el uso no codificado e incluso, codificado y prohibido, estuviera en constante flujo y fuese más fuerte en algunos casos que el derecho estatuido. Una necesidad terminaba por adquirir –como el caso del comercio ilícito en el Río de la Plata del siglo XVII- visas de derecho para los actores coloniales.

La ilegalidad se generó en la disonancia entre estas dos dimensiones. El surgimiento del contrabando como incumplimiento de las leyes estaba dando cuenta de la contradicción y ambigüedad emanada de las leyes reales, como así también de la disociación existente entre los intereses de la Corona con respecto al Puerto y los ideales y aspiraciones políticas y económicas de la elite portuaria y el camino para realizarlas. Lo que vemos es que estas creencias, esta estructura de creencias e ideologías actuaron como motor de las prácticas económicas y políticas anteriormente descriptas, de los miembros de la red comercial. Estas no eran dos realidades diferentes, sino que iban de la mano.

Conclusión

En el Río de la Plata del temprano siglo XVII, los miembros de la red de comercio ilícito marcaron claramente sus prioridades. Los mecanismos utilizados para acceder al poder -basados en la acumulación de capital principalmente- fueron la respuesta y la solución a una acumulación de decisiones tomadas por el Monarca que intentaban marcar el rumbo y los límites de las acciones de los habitantes de Buenos Aires, a través de la emanación de una legislación que limitaba las aspiraciones de estos sujetos y además, los perjudicaba.

Los comerciantes portugueses y españoles que llegaron a Buenos Aires, en su mayoría, vinieron con capitales y recursos para sumarse al rédito del tráfico comercial que se realizaba desde el puerto de Buenos Aires. El cierre del puerto en 1594, lejos de frenar la actividad, incentivó la misma ya que las ganancias obtenidas a espaldas de los intereses de la Corona española comenzaban a ser más importantes. Como principal riqueza de la elite porteña, el comercio ilegal cobró fuerza propia involucrando cada vez más a las principales familias, a funcionarios locales, virreinales e imperiales, y también a un sector de la Iglesia. Con el tiempo el comercio ilegal conocido como «contrabando» se «institucionalizó» adquiriendo una organización y normas propias y atravesó a toda la sociedad porteña de manera directa o indirecta.⁵⁷ Esta inversión de capitales financieros y el contexto en el que se encontraron estos hombres produjeron un fenómeno que marcó un hito y dio inicio a una serie de comportamientos económicos y políticos sin escrúpulos destinados a la obtención de sus objetivos de riqueza y poder. Como principal medio de acceso a la riqueza y de conservación del poder político, el contrabando fue indestructible y tuvo una vida activa hasta que los últimos Borbones decretaron, a fines del siglo XVIII, el libre comercio.

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