La banalidad del desplazamiento: de peleas estadísticas y vacíos en la representación étnica del desplazamiento forzado en Colombia¹

The Banality of Displacement: Turning a (Colour)Blind Eye on the Ethnic Representation of the Internally Displaced in Colombia

A banalidade do deslocamento: brigas estatísticas e vazios na representação étnica do deslocamento forçado na Colômbia

Ulrich Oslender²
Florida International University
Miami, Estados Unidos de América³
Ulrich.Oslender@ges.gla.ac.uk

Recibido: 04 de febrero de 2010, Aceptado: 04 de marzo de 2010, Documento final recibido: 28 de mayo de 2010

Resumen

Colombia tiene una de las mayores cifras de desplazados internos en el mundo. Sin embargo, hay un enigma. Mientras las cifras más recientes de las ONG calculan en 4 millones el número total de desplazados internos desde 1985, las cifras del gobierno colombiano muestran estimativos mucho más bajos, de 1,9 millones. De hecho, hay importantes discrepancias en las maneras como se identifica, cuenta y clasifica a los desplazados. Más aún, mientras ahora es una opinión generalizada el hecho de que el desplazamiento ha afectado de manera proporcionalmente mayor a las poblaciones negras en comparación con las poblaciones mestizas, no existen datos que respalden esa opinión. La población desplazada no ha sido representada en términos de su composición étnica. En este artículo, basándome en el trabajo de Hannah Arendt sobre el terror y la maldad, propongo la noción de «banalidad del desplazamiento» para explicar esa perspectiva daltónica en los discursos y la representación del desplazamiento en Colombia. Estudiaré en particular el caso de la población afrocolombiana, basado en datos de campo recopilados desde 1996, cuando comencé mi trabajo con el movimiento social de las comunidades negras en Colombia.

Palabras clave: terror, violencia, desplazamiento forzado, refugiados, Afrocolombia, comunidades negras, resistencia.

Abstract

Colombia has one of the highest numbers of internally displaced persons, or IDPs, world-wide. Yet, there exists a conundrum. While latest NGO figures put the total number of IDPs since 1985 at 4 million, Colombian government figures show much lower estimates of 1.9 million. In fact, there are significant discrepancies in the ways how IDPs are identified, counted and categorised. Moreover, whereas it is now commonly argued that displacement has affected black populations proportionately higher than mestizo populations, no data exists to sustain such a view. The displaced population has simply not been accounted for in terms of its ethnic composition. In this article, drawing on Hannah Arendt's work on terror and evil, I propose the notion of the "banality of displacement" to explain such a colour-blind approach in the discourses and representation of displacement in Colombia. I will refer in particular to the case of the Afro-Colombian population, drawing on fieldwork data collected since 1996, when I begun to work with the social movement of black communities in Colombia.

Key words: terror, violence, forced displacement, refugees, Afro-Colombia, black communities, resistance.

Resumo

A Colômbia apresenta uma das maiores cifras de refugiados internos no mundo. No entanto, existe um enigma: enquanto as cifras mais recentes das ONGs calculam o número total de desplazados em quatro milhões desde 1985, as cifras do governo colombiano demonstram estimativas muito menores, aproximadamente 1,9 milhões de pessoas. De fato, há consideráveis discrepâncias na forma como esses desplazados são identificados, contados e classificados. Agora é comum dizer, inclusive, que o deslocamento tem afetado em maior proporção as populações afro-colombianas, em comparação com as populações mestiças - embora não existam dados que respaldem tal afirmação. A população deslocada não tem sido representada em termos de sua composição étnica. Propõe-se neste artigo, com base no trabalho de Hannah Arendt sobre terror e maldade, o emprego da noção de «banalidade do deslocamento» para explicar esse vazio na representação étnica do deslocamento na Colômbia. Investiga-se, em particular, o caso da população afro-colombiana a partir de dados de campo coletados desde 1996, quando teve início o trabalho do presente autor com o movimento social das comunidades negras na Colômbia.

Palavras chave: terror, violência, deslocamento forçado, refugiados, Afro-Colômbia, comunidades negras, resistência.

Las víctimas deambulan marcadas con el título de desplazados y
desterrados; excluidos y refugiados. Ellos son banalizados en informes
y números estadísticos de distintos gobiernos que minimizan las cifras
en disputas con las organizaciones no gubernamentales, a través de los
medios de información.
Abad Colorado (2007: 2)

Introducción: imágenes de destrucción, desplazamiento y desesperación

Entre marzo y junio de 2006, el Museo de Antropología de la Universidad de British Columbia en Vancouver organizó una exposición fotográfica titulada Memoria, lugar y desplazamiento: un recorrido de Jesús Abad Colorado. Las imágenes seleccionadas y exhibidas son el producto de la travesía fotográfica que ha emprendido el periodista gráfico colombiano Jesús Abad Colorado durante la última década para documentar el sufrimiento de los desplazados y los exiliados en Colombia. El visitante a la exhibición queda literalmente cara a cara con este sufrimiento (también puede conseguirse una selección de estas fotos en un catálogo impreso). Las miradas desamparadas de las víctimas de la violencia parecen tratar de conectarse con los ojos de los espectadores, como si esperaran a cambio comprensión, una sonrisa prometedora de solidaridad. Una anciana aferra con fuerza entre sus brazos al que podría ser su nieto, el trauma y la desesperación grabados en la expresión de su rostro, mientras se une a cientos de lugareños que huyen de una masacre en Bellavista, departamento del Chocó al noroccidente del país en el 2002. Un campesino, sentado sobre un neumático viejo de camión, se cubre el rostro en agonía, con su bebé apretado contra el pecho con el otro brazo, llorando la muerte de su esposa en un ataque guerrillero a un oleoducto que dejó 78 muertos en la población de Machuca en Antioquia en 1998. Una joven mira fijamente desde detrás de una ventana cubierta de gotas de lluvia; las líneas que acompañan la foto nos dicen que ella fue una de los cientos de personas que volvieron al pueblo del que habían huido por amenazas de grupos paramilitares, sólo para ser desplazados de nuevo unos seis meses después por el mismo grupo. En otra foto, una pequeña está parada entre los escombros, hojeando un texto escolar que rescató de lo que era su escuela en Juradó, Chocó, destruido por la guerrilla de las FARC en un ataque a la estación de policía contigua.

Las fotos de la exhibición describen muchos otros paisajes de miedo y destrucción que produce el conflicto armado en Colombia. Están las ahora bien conocidas imágenes de la iglesia destruida en la población de Bellavista en las riberas del río Atrato en el Chocó, donde 119 campesinos y pescadores hombres y mujeres afrocolombianos encontraron la muerte en lugar del refugio que habían buscado, al quedar atrapados en el fuego cruzado entre los subversivos de las FARC y los paramilitares en mayo de 2002. Durante el intenso combate, las FARC lanzaron un cilindro de gas que al parecer se desvió y fue a parar a la iglesia causando su derrumbamiento en medio de una colosal explosión. Las FARC luego pedirían disculpas por este «daño colateral» en su sitio web y señalarían la responsabilidad de los paramilitares que habían usado a la población civil como escudos humanos durante los combates. También acusaron al ejército colombiano de haber permitido que los paramilitares llegaran a la población de Bellavista, pasando al menos por tres retenes del ejército sobre el río Atrato. Todo eso está bien documentado hoy en día; en ningún lugar de manera más rigurosa que en el informe de las Naciones Unidas sobre la masacre, sus repercusiones y la investigación subsiguiente (ONU, 2002; véase también Oslender, 2007a).

Imágenes de esta tragedia se difundieron por toda Colombia, pues cientos de lugareños huyeron del lugar de la masacre en gran pánico en medio de los continuos combates entre los grupos armados. Se produjo una rara protesta generalizada en un país en el que la misma anormalidad del desplazamiento forzado ha adoptado un grado de cotidianidad que puede dejar pasmado al observador extranjero, pero que se ha vuelto parte integral de la realidad del día a día para muchos colombianos. Durante la última década, el desplazamiento forzado parece simplemente haber permeado el tejido de la sociedad colombiana (Cubides y Domínguez, 1999; Escobar, 2003; Jaramillo, Villa y Sánchez, 2004; Meertens, 2001a, 2001b; Pécaut, 2000a; Rojas Rodríguez, 2001; Segura-Escobar, 2000). La gente se ha acostumbrado; a ver mujeres y niños mendigando en los cruces de las calles; jóvenes balanceando machetes en las puntas de los dedos en los semáforos para atraer la atención de los conductores y una ocasional moneda o billete; a los boletines de noticias por la televisión informando sobre otra tragedia y el desplazamiento de grandes grupos de personas.

Pero mucha gente está enojada, muy enojada con esta evolución de las cosas. Uno de ellos es Jesús Abad Colorado, y sus fotografías no permiten que el espectador se acostumbre al desplazamiento forzado ni a la condición deshumanizante que produce. Sus fotos escandalizan.

Provocan y abruman por su cruda inmediatez del sufrimiento humano que retratan.⁴ Tomé la foto de la estatua de Cristo vuelta añicos en el piso entre los escombros de lo que alguna vez fue la iglesia del pueblo de Bellavista (Figura 1). Parece que se hubiera destruido algo más que el edificio material. La fe misma recibió un golpe. Y los miembros patéticamente quebrados de un Cristo -ya no en la cruz sino en el suelo- envían un potente mensaje simbólico sobre la absoluta desesperación y el tejido social roto que dejó tras de sí el ataque armado en la población de Bellavista. La imagen del Cristo roto puede leerse como una metáfora del asalto al bienestar espiritual de un pueblo y el horror insoportable que las realidades de la guerra y el terror imponen en la población civil.

Ahora bien, esta es una imagen muy generalizada, por supuesto. Hay muchos esfuerzos concretos en marcha para combatir la normalización de un fenómeno que hiere profundamente, que desgarra el tejido social, y mata, tortura y desplaza personas. Muchas ONG trabajan con los desplazados, a menudo acompañándolos en el difícil viaje de retorno a restablecer sus vidas en las poblaciones y localidades de las que se vieron forzados a huir.5 La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados también juega un papel importante en proporcionar apoyo -material, discursivo y simbólico— a los desplazados internos. Mi argumento de la banalidad del desplazamiento no pretende ignorar estos esfuerzos. Muy al contrario, pretende descentrar los supuestos normalizadores que subyacen en los debates sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Al hacerlo, también espera proporcionar un antídoto contra la peligrosa actitud de acostumbrarse a este fenómeno social profundamente alarmante.

Un aspecto de la normalización del desplazamiento es la manera cómo se recopilan y presentan las estadísticas sobre los desplazados. El conteo de desplazados se ha convertido en un complejo proceso burocrático. Aquí analizaré por separado estos procesos de conteo para ilustrar cómo puede revelarse la banalidad del desplazamiento, y cómo una negligencia permea los ejercicios de recopilación estadística en conflicto que aún no logran dar cuenta de aspectos cruciales, como la diferenciación étnica de la población desplazada.

El conteo de los desplazados

En Colombia, existen en la actualidad dos organismos principales que generan estadísticas sobre el desplazamiento forzado interno; el organismo gubernamental Acción Social y el organismo no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).⁶ Las discrepancias que por lo general se encuentran en las respectivas estadísticas se deben en gran medida a las diferentes metodologías que emplean estas organizaciones en la recopilación, el análisis y la presentación de los datos sobre el desplazamiento. Es importante explicar estas diferencias aquí, pues numerosos entes gubernamentales, ONG nacionales e internacionales, organismos de la ONU y académicos se basan en estos datos pese a sus amplias diferencias para demostrar sus argumentos. En cualquier caso, es importante darse cuenta de que las cifras dadas son sólo estimaciones. Nunca podrán dar cuenta por completo de la dimensión de este fenómeno.

Acción Social

Acción Social es el organismo de gobierno encargado de tratar todos los aspectos relativos al desplazamiento forzado interno. Aun cuando las migraciones forzadas han ocurrido a lo largo de la historia colombiana -y de hecho se ha afirmado que forman parte del proceso de construcción de la nación (Molano, 1992)- no fue hasta 1995 que el gobierno colombiano reconoció formalmente el problema del desplazamiento en el país y adoptó una política dirigida a él. El documento CONPES 2804 de 1995 describe las responsabilidades del gobierno para proteger a quienes son obligados a huir de sus hogares como resultado de la violencia política (DNP 1995). Esta primera declaración de intención oficial se base en importantes datos suministrados por la Conferencia Episcopal del año anterior y forzó al gobierno a asumir una postura sobre este problema. El documento CONPES 2804 se convertiría posteriormente en la Ley 387 de 1997, la principal legislación que dispone en detalle los programas de ayuda oficial, con énfasis en la ayuda de emergencia a los desplazados, así como en la provisión de ayuda en el posterior retorno y los programas de reasentamiento en las áreas rurales previamente abandonadas.

El procesamiento de los datos sobre el desplazamiento ha pasado por diferentes fases y ha incluido a varios entes de gobierno. La primera recopilación de datos muy básica entre 1995 y 1999 fue administrada por el Ministerio del Interior y de Justicia. En julio de 1997 se estableció una primera base de datos electrónica para sistematizar la información y ofrecer una imagen más amplia del problema del desplazamiento en el país. En marzo de 1999, la Red de Solidaridad Social (RSS) fue designada para coordinar la recopilación de datos y el análisis con las políticas de asistencia a la población desplazada. Como herramienta estadística para estos fines, la RSS lanzó en abril de 2001 la base de datos informativa SUR (Sistema Único de Registro). SUR buscaba registrar y sistematizar todos los datos sobre la población civil no combatiente que el Estado reconocía como desplazados internos. Por primera vez, se adoptó un formato estándar para la recopilación de información sobre la población desplazada. Esta información incluía nombres, edad, sexo y estado civil. Es de señalar, sin embargo, que no considerara el origen étnico de los desplazados, una omisión sobre la que me extenderé más adelante. Posteriores modificaciones a los programas de gobierno sobre el desplazamiento se dieron en julio de 2005, con la creación del organismo de la presidencia Acción Social para reemplazar la RSS, y luego en junio de 2006, cuando se reemplazó el sistema de datos SUR con el sistema de información en línea SIPOD (Sistema de Información de Población Desplazada), más elaborado. Todo esto puede sonar un tanto confuso, pero es importante para entender los cambiantes procesos a través de los cuales se han recopilado los datos sobre el desplazamiento forzado en Colombia.

La metodología del SIPOD en la captura de los datos sobre el desplazamiento se basa en la declaración personal de que una persona que se considere desplazada debe hacerlo frente a una institución del gobierno. Este es un prerrequisito para los desplazados con el fin de recibir ayuda de emergencia (como alimentos y ropa) y soporte continuo (como vivienda, educación y atención médica). En otras palabras, si la persona desplazada no entrega dicha declaración oficial, él o ella no recibirán ningún tipo de ayuda ni aparecerán en el registro oficial para los desplazados. Esta es una de las principales críticas lanzadas contra las cifras en relación con el desplazamiento. Que dejan por fuera de sus estadísticas a todos aquellos que o temen registrarse como desplazados (bien sea por miedo a las represalias y a la persecución o por la estigmatización), o que no tienen los documentos de identificación requeridos con ellos al intentar registrarse (los documentos de identificación pueden haberse perdido al huir de una masacre), o que ni siquiera están informados de este requisito o de sus derechos. Existen otras muchas razones por las que un desplazado puede terminar no registrándose como tal. La desconfianza hacia las instituciones del gobierno puede disuadir a las víctimas de la violencia de registrarse formalmente, en particular en un contexto como el de Colombia, donde las fuerzas militares del país han sido encontradas responsables de importantes abusos contra los derechos humanos, por no hablar de su frecuente aquiescencia y colaboración con organizaciones paramilitares de derecha en los asesinatos y masacres de campesinos y líderes comunitarios (Avilés, 2001; Giraldo, 1999; ONU, 2002; Richani, 2002; Taussig ,2005).

Aun si el desplazado decide registrarse con las autoridades locales, esto aun no garantiza que se lo reconocerá como tal (y que se lo incluirá en las estadísticas de desplazamiento). Para esto, comienza un proceso separado de validación, en el que funcionarios del gobierno evalúan la declaración del desplazado. Si ellos encontraran razones suficientes para creer que la declaración no fue hecha de buena fe, se rechazará la solicitud del desplazado y él o ella ingresarán a la categoría de los «no incluidos». Según un reciente hallazgo de CODHES, esta «no inclusión» en el periodo de 2000 a 2003 constituyó casi el 20% de todas las declaraciones. De las casi 250.000 solicitudes que revisó la RSS durante este periodo, se negaron casi 50.000 (Figura 2).

Como se muestra en la Figura 2, hay una tendencia creciente en el porcentaje de las solicitudes negadas durante este periodo. En el 2004, esta tendencia aumentaría aún más a 33,42% de solicitudes rechazadas.⁷ Además, aunque esta es la tendencia nacional, al mirar en más detalle a escala regional, encontramos que en algunas provincias -como Chocó y Norte de Santander- la RSS declinó más de la mitad de las solicitudes. Es claro entonces que tal confianza en los registros y la validación personales en el conteo de los desplazados tiene graves limitaciones (sin mencionar el efecto muy real que tiene para la persona la no inclusión en el registro de desplazamiento, pues se le impide recibir asistencia en situaciones de emergencia).

Más aún, en ocasiones los hallazgos del mismo gobierno son contradictorios. Por ejemplo, un informe del gobierno en 1999 afirma que 400.000 personas fueron obligadas a huir de sus hogares como resultado del conflicto armado entre 1995 y 1999 (DNP 1999). Sin embargo, como lo ha demostrado Piffano (2005), el número oficial de desplazados que han ingresado al registro central es sólo de 77.551. En otras palabras, el 81% de las personas que habían sido desplazados entre 1995 y 1999 no aparecen en el conteo.

Las fuentes de gobierno están prestas a admitir que entre 1995 y 1999 -antes de que la RSS implementara una base de datos más sistemática- la exactitud de la información sobre los desplazados es algo limitada (Acción Social 2007:6). Si bien se espera que puedan resolverse estos contratiempos iniciales con la última adaptación tecnológica al SIPOD, deben quedar serias dudas sobre una representación estadística fidedigna de los desplazados en Colombia, en especial porque los números que por lo general se presentan son datos acumulados. El Gobierno colombiano ha recopilado datos desde 1995, cuando por primera vez reconoció la condición del desplazamiento forzado en el país. Sin embargo, dada su rígida adhesión a contar sólo los desplazados internos que hayan logrado una declaración formal, sus cifras acumuladas serán siempre inferiores a las dadas por las ONG que tienen una definición de desplazamiento más amplia e incluyente y que usan datos recopilados desde 1985. Una breve mirada a la manera cómo CODHES cuenta los desplazados ayudará a arrojar luz sobre estas diferencias.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES

Fundada en 1992 como organización sin ánimo de lucro, CODHES es la principal ONG que trata todos los aspectos del desplazamiento forzado en Colombia. Desde 1995 ha manejado el sistema de información SISDHES, que recoge información cualitativa y cuantitativa sobre el desplazamiento en Colombia. En primer lugar, produce estimados estadísticos de las cifras de desplazados consultando y comparando una variedad de más de 450 fuentes de información diferentes, incluyendo a organizaciones de desplazados, grupos de base de campesinos y comunidades, ONG de derechos humanos, autoridades locales y regionales, organizaciones internacionales de derechos humanos, organismos de la ONU, así como múltiples medios de comunicación. Esta sistemática operación de recopilación y comparación de datos le permite al SISDHES producir informes trimestrales de gran confiabilidad sobre los números de desplazados. Entre 1995 y 1998 estos datos se recopilaron y presentaron por departamento. Desde 1999 se ofrece estadísticas más minuciosas por municipio. Todos estos datos pueden consultarse públicamente en el sitio web de la organización (www.codhes.org).

Segundo, CODHES rechaza la noción de que un desplazado tenga que lograr registrarse para ser considerado e ingresar al registro nacional como persona desplazada. Desde 1998, la ONG realiza encuestas sociodemográficas anuales de las poblaciones desplazadas. Esto proporciona importantes datos cualitativos sobre la condición de los desplazados internos. Entre otros, cubre las causas de la migración forzada y los actores responsables, las rutas en las que los desplazados huyen de sus hogares, y las características de las zonas de expulsión y llegada. Desde el 2003 esta información se recopila usando un formato estándar.

Para datos anteriores a 1995 (antes de que comenzara a funcionar el SISDHES), CODHES aplica el estimativo presentado por la Conferencia Episcopal en un informe de 1994, según el cual el desplazamiento forzado en el país había afectado a 720.000 personas entre 1985 y 1994.⁸ Estas cifras no aparecen en los informes del gobierno, pues son datos anteriores a 1995, cuando el gobierno colombiano reconoció de manera formal que el desplazamiento interno existía en el país y necesitaba atenderse. Esto, en primera instancia, explica la discrepancia en los informes de las ONG y las estadísticas del gobierno. El subregistro mencionado anteriormente asciende a casi 35% y distorsiona mucho más las cifras comparativas entre las ONG y estadísticas del gobierno.

Sin embargo, como lo ilustra la Figura 3, desde el 2000 ambos sistemas de recopilación de datos están saliendo con resultados similares. El gráfico siguiente incluso señala que entre el 2001 y el 2003 el número de desplazados registrados por el gobierno fue mayor que el estimado del CODHES. Esto les sorprenderá bastante a quienes aseguran que las cifras del gobierno son siempre inferiores a los estimativos de las ONG. El gráfico muestra que las mayores discrepancias existieron en los años entre 1995 y 1999, antes de que los datos del gobierno fueran recopilados de manera más sistemática a través de la RSS. Sumándole a esto los 720.000 desplazados entre 1985 y 1994 (como lo estimó la Conferencia Episcopal y lo aplicó CODHES, pero no el gobierno), y podemos dar cuenta de la gran brecha en los datos acumulados totales presentados por CODHES y el gobierno, respectivamente. Las cifras presentadas por Acción Social en 2007, por ejemplo, ponen el número acumulado total de desplazados internos registrados en Colombia en 2.169.874, mientras que los estimativos acumulados de CODHES muestran un total de 3,8 millones de desplazados. En lugar de rechazar de plano las cifras del gobierno, como desafortunadamente lo hacen muchos observadores, podría ser más útil, en consecuencia, analizar las cifras anuales de desplazamiento desde el 2000 en lugar del total acumulado. De esta forma, tenemos una percepción más importante de las tendencias actuales del desplazamiento en Colombia.

La Figura 3 también muestra que desde el 2003, los datos de Acción Social han estado de nuevo por debajo de los estimativos de CODHES. Hay dos explicaciones para esta tendencia. Primero, los datos del gobierno son muy variables, pues las personas tienen hasta un año para registrarse como desplazados. Los datos para cualquier año en particular se ajustan así de manera retrospectiva, incluso hasta cuatro años después debido a las posibles demoras en la evaluación de las declaraciones y el procesamiento de los datos. Esto significa que los números de Acción Social desde el 2003 hasta la actualidad tienen muchas posibilidades de subir aún más en los próximos años.

Segundo, sin embargo, los datos desde el 2003 reflejan una tendencia relativamente reciente de confinamiento forzoso en muchas zonas rurales. Allí, las poblaciones locales no son tanto desplazadas ya, sino más bien limitadas a moverse con libertad en ciertas zonas rurales. Estos espacios de confinamiento son impuestos por los diferentes grupos armados en su intento por establecer control territorial sobre ciertas regiones. Esta tendencia es muy llamativa en la región de la costa Pacífica, donde por épocas se prohibe el paso en cuencas de ríos completas a los pobladores (Oslender 2007a, 2008). Los habitantes de estas zonas no pueden registrarse como desplazados con Acción Social. No obstante, CODHES los considera víctimas de la guerra territorial en Colombia y como tales desplazados, pues ellos, tampoco, pueden ejercer sus derechos territoriales, amenazados y controlados como están sus movimientos por los grupos armados. En este caso, las definiciones divergentes sobre el significado del desplazamiento y bajo cuáles circunstancias se afianza esta condición pueden explicar la discrepancia en las cifras presentadas por CODHES y el gobierno, respectivamente.

¿Por qué importan las cifras? Implicaciones para la representación étnica del desplazamiento

Sean cuales sean las falencias de los diferentes sistemas de conteo para los desplazados internos en Colombia, es importante señalar la total magnitud del problema. Se dice generalmente que después de Sudán, Colombia tiene el mayor número de desplazados internos del mundo (aunque éstas, también, son representaciones variables en el tiempo, pues la actual ocupación estadounidense en Iraq bien puede haber generado un desplazamiento aun mayor, que simplemente no ha sido contado aun). Pero, pídale a cualquier persona que enumere los «cinco primeros» países en los escalafones de desplazamiento interno, y es muy probable que no se mencione a Colombia. A diferencia de países como Sudán, República Democrática del Congo, Uganda o Iraq, para muchas personas Colombia no se asocia normalmente con este problema. Latinoamérica en general no viene a la mente de inmediato al pensar en refugiados internos. Este relativo silencio e ignorancia sobre el caso colombiano ha llevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a referirse al desplazamiento interno en Colombia como «la mayor crisis humanitaria oculta del mundo». La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados también se ha unido a la Conferencia Episcopal colombiana y a CODHES en su solicitud de que se declare el 2007 como el Año de los Derechos de los Desplazados Internos en Colombia. Con esto, se marca el décimo aniversario de la primera legislación nacional importante sobre el desplazamiento interno. La Ley 387 fue sancionada en 1997, «por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia».

Al mismo tiempo ha surgido un movimiento en Colombia y más allá que lucha contra la invisibilización de los afrocolombianos como grupo étnico diferencial dentro de las estadísticas de desplazamiento. Es común hoy en día oír declaraciones de que las comunidades afrocolombianas han sido desproporcionadamente afectadas por la violencia en general y por el desplazamiento en particular. Los activistas negros en Colombia señalan, por ejemplo, que un tercio de todos los desplazados son afrocolombianos. Para ellos es frustrante -como debería serlo para cualquier otra persona interesada en este problema- que no existan datos confiables sobre la composición étnica de la población desplazada en Colombia. Una activista del Proceso de Comunidades Negras -PCN-, una de las principales organizaciones de base afrocolombianas, me expresó esta frustración en el 2004. Ella también había sido forzada a huir de su hogar en Tumaco, población al sur de la costa Pacífica, tres años antes, cuando grupos paramilitares la amenazaron a ella y a su familia debido a su trabajo comunitario. Sentada conmigo en una concurrida cafetería en el centro de Bogotá una tarde de diciembre del 2004, ella explicaba:

El Estado no ha propuesto las políticas necesarias para atender a la población desplazada. Por ejemplo, desde que estoy aquí [en Bogotá], ya hace tres años, nosotros en el PCN hemos estado recalcando la necesidad de una atención diferencial al problema. Es decir, en este país hay desplazados de las comunidades indígenas, hay desplazados afrocolombianos, hay desplazados campesinos y desplazados mestizos. Por eso dijimos que debe hacerse una diferencia entre esta variadísima población desplazada, de modo que al menos se tenga idea de cuántas personas de cierto grupo étnico han sido desplazadas. Y también qué tipo de ayuda necesita esta gente según sus características étnicas y culturales. Eso no existe en Colombia en este momento. Aunque hemos insistido en esto por algún tiempo. Hemos hecho campañas. Hemos hablado con funcionarios del gobierno. Eso simplemente no ha pasado. Organizamos una misión observadora aquí en Colombia, por ejemplo, y una de las recomendaciones para el Estado colombiano que surgió de allí fue la necesidad de establecer programas de atención diferencial según las diversas necesidades de los grupos étnicos. Pero hoy usted ve este formulario de la Red de Seguridad Social [RSS] y no encuentra esa diferenciación por ninguna parte. No hay preguntas que establezcan esta diferencia. No existen registros en Colombia que digan cuántos desplazados afrocolombianos hay, cuántos desplazados indígenas, cuántos campesinos, y así sucesivamente. Lo poco que existe, y es poco, son datos manejados por las ONG, como CODHES. Ellos tienen algunas estadísticas, la Red [RSS] tiene otras estadísticas, y otras ONG tienen otras distintas. Entonces cuando usted se sienta a escribir un informe tiene que vérselas con todos estos números distintos, porque no hay estadísticas reales. Siempre se habla de estimativos aproximados, pero no hay estadísticas claras, porque en Colombia simplemente no registramos las cosas.

Creo que esta cita algo larga es reveladora de la profunda sensación de frustración que experimentan los activistas afrocolombianos en su intento de recibir reconocimiento por las formas diferentes en que como grupo étnico han sido afectados por el conflicto armado y los procesos de desplazamiento en el país.

Arocha (1998) observó una relación ausente entre etnia y guerra en los estudios sobre la violencia en Colombia. Parece que dicha ausencia también permea los estudios sobre el desplazamiento forzado, pues se ha prestado relativamente poca atención a la experiencia específica de los afrocolombianos en este fenómeno.⁹ Existe un peligro de que la «invisibilidad» de las poblaciones negras en Colombia —una estrategia históricamente establecida de discriminación y exclusión por las clases dominantes de la nación contra la población de piel más oscura— se extienda ahora a los estudios sobre el desplazamiento.¹⁰ Mucho se ha escrito sobre el racismo estructural que sigue existiendo en Colombia y que se esconde tras los discursos oficiales de inclusión (Wade, 1993). En parte es este racismo camuflado (en ocasiones no tanto) arraigado en las estructuras estatales lo que puede explicar esta actitud de negligencia en los círculos de gobierno, en lo que se refiere a cuantificar la población desplazada afrocolombiana. Sin embargo es también la irreflexión lo que está envuelto aquí en la percepción de que el desplazamiento forzado hace parte normal de la vida cotidiana en Colombia. Se ha vuelto algo trivial, y la banalidad del desplazamiento impide que nos hagamos preguntas más complejas sobre la especificidad de la experiencia en su carácter étnico. ¿Cómo puede explicarse de otra manera que más de veinte años después de que comenzara a identificarse el desplazamiento como fenómeno social en 1985 sólo hasta el 2004 el sistema de recopilación del gobierno comenzara a preguntarse (y medir) la pregunta obvia: ¿a qué grupo étnico pertenece la persona desplazada? Algunas cifras serán suficientes para ilustrar esta frustrante irreflexión en la representación étnica del desplazamiento en Colombia.

Las cifras gubernamentales ya mencionadas (publicadas por SIPOD) arrojan un número total de 128.386 desplazados identificados como negros o afrocolombianos. Esto sería inferior al 6% de la población desplazada total en el país. Una cifra tan irrisoria e irrelevante como el dato del censo nacional de 1993 que afirmaba que el 1,5% de colombianos pertenece a comunidades negras (cuando el censo del 2005 milagrosamente multiplicó este porcentaje para hallar que la población negra en Colombia era de un 10,5%; mientras que la mayoría de expertos siguen coincidiendo en decir que se acerca más al 26%). El último censo del 2005 parece señalar que los afrocolombianos han sido desproporcionadamente afectados por el desplazamiento forzado en comparación con el resto de la población nacional. Encuentra que el 5,6% de todos esos afrocolombianos que cambiaron de residencia en los últimos cinco años anteriores al censo afirman haberlo hecho por amenazas a sus vidas en comparación con el 3,8% de la población nacional (DANE 2006: 41). Sin embargo, dado que no existen datos reales y concretos, ni siquiera en los estimativos de las ONG, será difícil sostener el argumento de que los afrocolombianos constituyen un tercio de la población nacional desplazada.

La presión para lograr una representación estadística más significativa de la población desplazada afrocolombiana no viene sólo de las organizaciones de comunidades negras en Colombia. El 11 de julio de 2007, dos congresistas estadounidenses introdujeron la Resolución de la Cámara 426 para discutir en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la cual reconocería a las comunidades afrocolombianas como afectadas desproporcionadamente por la violencia y el desplazamiento en Colombia e invita al gobierno estadounidense a prestar particular atención a la condición de estas comunidades. Posteriormente, se envió la Resolución de Cámara 618 del 3 de agosto de 2007 a la Cámara de Representantes de los EE.UU. y se remitió luego al Comité de Asuntos Exteriores para reconocer la importancia de atender la difícil situación de los afrocolombianos. Estas maniobras estratégicas en los Estados Unidos forman parte de las estrategias de creación de alianzas más amplias que han emprendido las comunidades negras en Colombia durante la última década. De cara a la discriminación en casa, han llevado su lucha por el reconocimiento al plano internacional, haciendo lobby con organismos multilaterales, ONG internacionales, y sindicatos y redes de resistencia globalizadoras (Oslender 2007a). En particular en un contexto como el de Colombia, donde la violencia estatal y paraestatal a menudo está dirigida directamente contra estas comunidades, cobra mayor importancia esa internacionalización de su protesta y su activismo. Es curioso que con frecuencia son los senadores afroamericanos en los Estados Unidos quienes estén a la cabeza de la presión a su gobierno para que insten a sus homólogos colombianos para que no sólo reconozcan la situación de las comunidades afrocolombianas, sino también que las protejan. Esta movilización de solidaridad a través de la diáspora africana está cobrando central importancia para el activismo afrocolombiano.

Conclusiones

Comencé este artículo con algunas reflexiones sobre una exposición de fotografías del periodista gráfico colombiano Jesús Abad Colorado que describe los rostros de sufrimiento de las víctimas de la violencia, la guerra y el desplazamiento forzado en Colombia. Es a través de exposiciones como esa que se proyecta un sentido de personificación de la violencia que puede perderse muy fácilmente en la creciente normalización que ha absorbido los debates y discursos sobre el desplazamiento forzado en Colombia. El desplazamiento forzado como tema y la presencia de miles de desplazados a la fuerza en las ciudades se han vuelto tan comunes en Colombia que se perciben como algo que puede simplemente hacer parte de lo que es ser colombiano. A medida que pasa el tiempo y más y más desplazados llegan a las ciudades, esta presencia visual produce un sentido de normalidad, o cotidianidad, a la que uno se acostumbra. He tratado de plasmar ese proceso de cotidianización con la noción de la «banalidad del desplazamiento».

Un aspecto de esa banalidad del desplazamiento ha sido la incapacidad del Estado de explicar el impacto diferencial que ha tenido el conflicto en Colombia en los diferentes grupos étnicos. Fue sólo hasta el 2004 que se hizo un primer esfuerzo discreto de contar realmente la población desplazada afrocolombiana. Dada la naturaleza de la manera cómo se producen y presentan las estadísticas sobre el desplazamiento como datos acumulados, lo que no tiene en cuenta de manera retrospectiva el número de afrocolombianos que pueden haber sido desplazados entre 1985 (cuando se observó por primera vez la importancia del fenómeno) o 1995 (cuando el gobierno colombiano reconoció formalmente la necesidad de atenderlo) y 2004, es muy poco probable que los actuales procesos de conteo lleguen a arrojar datos significativos sobre el total de la población afrocolombiana desplazada. Por años, los organismos gubernamentales y no gubernamentales han ignorado la representación étnica del desplazamiento en Colombia. Esto puede explicarse en parte por los procesos camuflados de racismo estructural que atraviesan las estructuras estatales, al igual que la conciencia colectiva nacional. Sin embargo es también la irreflexión -en términos de Arendt- y la banalidad del desplazamiento lo que explica el no haber tomado en serio la necesidad de distinguir las maneras cómo se han visto afectados por el desplazamiento los diferentes grupos étnicos. Esto ha empezado a cambiar ahora, en parte como resultado de la intensa movilización de los afrocolombianos, en el país y el exterior. Pero aún falta un largo trecho por recorrer para reflejar de manera significativa la representación étnica del desplazamiento en Colombia. Y uno mayor aún para atender y combatir las circunstancias que conducen al desplazamiento forzado en primer lugar.

Pie de página

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