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Universitas Humanística

versión impresa ISSN 0120-4807

univ.humanist.  no.78 Bogotá jul./dic. 2014

 

Frames y prácticas discursivas entre Estado y poblaciones negras en Colombia: racismo estructural y derechos humanos1

Frames and Discursive Practices between State and Black Populations in Colombia: Structural Racism and Human Rights

Frames e práticas discursivas entre o Estado e populações negras na Colômbia: Racismo estrutural e direitos humanos

Adriana Espinosa Bonilla2
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-FLACSO, Ecuador3
adrianespinos@yahoo.com

 

1Artículo de reflexión que profundiza uno de los temas de la investigación titulada "De lo local a lo Global en los Repertorios de Acción del PCN y Conflicto Armado en Buenaventura" presentada para optar al título de Magíster en Sociología de la Universidad del Valle. Dicha profundización amplía el análisis de los Frames como resultado de la sesión metodológica realizada para el curso Acción Colectiva y Movimientos Sociales del Doctorado en Ciencias Sociales con Especialización en Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales-FLACSO, Ecuador.
2
Magíster en Sociología.
3
Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos. Documento accesible en línea desde la siguiente dirección: http://revistas.javeriana.edu.co

Recibido: 22 de julio del 2013 Aceptado: 25 de noviembre de 2013


Cómo citar este artículo

Espinosa, A. (2014). Frames y prácticas discursivas entre estado y poblaciones negras en Colombia: racismo estructural y derechos humanos. Universitas Humanística, 78, 307-330. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.fpde


Resumen

Este artículo analiza la forma en que se han utilizado los discursos y contra-discursos en la construcción de frames por parte del actor-red, Proceso de Comunidades Negras, en su interlocución con el Estado colombiano en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 2007 y el 2013. Teóricamente se abordan las nociones de biopoder, biopolítica, gubernamentalidad y prácticas discursivas desarrollados por Michel Foucault y la teoría de los Frames de Snow y Bendford. Metodológicamente se analizan audios y videos de las audiencias ante la CIDH. En el análisis de la interacción Estado-peticionarios afro se identificaron frames, discursos y contradiscursos referidos al racismo, la territorialidad, la victimización de las poblaciones y mujeres afro y el conflicto armado. Las conclusiones identifican frames en torno al tema de derechos humanos, orientados al aprovechamiento de las oportunidades discursivas y políticas abiertas por la CIDH para incidir en las decisiones del actor estatal.

Palabras clave: prácticas discursivas; frames; derechos humanos; biopolítica; biopoder; gubernamentalidad; organizaciones negras; proceso de comunidades negras; racismo y mestizaje: practicas discursivas frente a los negros

 


Abstract

This article discusses the way the discourses and counter-discourses have been used in the construction of frames on behalf of the actor-network, Process of Black Communities, in its dialogue with the Colombian government within the framework of the hearings of the Inter-american Commission on Human Rights (IACHR) between 2007 and 2013. Theoretically, the notions of biopower, biopolitics, governmentality and discursive practices developed by Michel Foucault are addressed , as well as the theory of frames by Snow and Bendford. Methodologically, audios and videos of the hearings before the Commission are analyzed. In the analysis of the interaction between State and Afro petitioners there were identified frames, discourses and counter-discourses related to racism, territoriality, victimization of afro populations and women, and armed conflict. The findings identify frames around the issue of human rights, aimed at harnessing the discursive and political opportunities opened by the Commission to influence the decisions of the state actor.

Keywords: discursive practices; frames; human rights; biopolitics; biopower; governmentality; black organizations; process of black communities; racism and miscegenation: discursive practices against blacks


Resumo

Este artigo analisa a forma em que foram utilizados discursos e contradiscursos na construção de frames por parte do ator-rede, Processo de Comunidades Negras, na sua interlocução com o Estado colombiano no marco das audiências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) entre 2007 e 2013. Teoricamente são abordadas as noções de biopoder, biopolítica, governamentalidade e práticas discursivas desenvolvidas por Michel Foucault e a teoria dos Frames de Snow e Bendford. Metodologicamente analisam-se áudios e vídeos das audiências ante a CIDH. Na análise da interação Estado-peticionários afro identificaram-se frames, discursos e contradiscursos referidos ao racismo, a territorialidade, a vitimização das populações e mulheres afro e o conflito armado. As conclusões identificam frames em torno do tema de direitos humanos, orientados ao aproveitamento das oportunidades discursivas e políticas abertas pela CIDH para incidir nas decisões do ator estatal.

Palavras-chave: Práticas discursivas; frames; direitos humanos; biopolítica; biopoder; governamentalidade; organizações pretas; processo de comunidades negras; racismo e mestiçagem: práticas discursivas frente aos pretos


Históricamente, como lo plantea Wade (1997), los negros en Colombia han participado en dos procesos. Por un lado, se han adaptado a la cultura de la mayoría dominante, proceso mediante el cual se han dispersado geográficamente y han participado del proceso de mestizaje. Por otro lado, en ciertas regiones como el Chocó y la costa Pacífica, los negros se han concentrado geográficamente y en cierta forma, se han aislado, lo que les ha permitido mantener formas culturales que se reconocen como cultura negra.

A pesar de que se dio un mestizaje considerable, los rasgos raciales han sido importantes en la definición de la diferenciación social. Durante la Colonia, la llamada sociedad de castas estaba fundamentada en los grados de mezcla racial. Esta pirámide racial tenía en sus escalas más bajas a los negros e indígenas. En lo alto de la jerarquía, la élite política alardeaba de una supuesta pureza racial, libre de todo rasgo negro o indígena. En el lenguaje oficial se hablaba de limpieza de sangre. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, la ideología liberal que tomó el poder en la Nueva Granada, hizo perentoria la necesidad de modernizar el país y de convertirlo en un lugar moderno y progresista. Este esfuerzo implicaba, entre otras cosas, la eliminación de todo vestigio negro o indígena de la raza nacional.

La ideología racista estaba presente en todas las esferas de la vida republicana. A principios de la década de 1850 se organizó la comisión Corográfica, cuyo propósito era evaluar las posibilidades de desarrollo de la nueva República. Una de las conclusiones más importantes del trabajo de la comisión fue el rol que jugaban los negros en la nueva nación, al respecto dice Agustín Codazzi que "una raza que casi en su totalidad pasa sus días en una indolencia semejante, no es la que está llamada a hacer progresar al país" (Comisión corográfica citado en Wade, 1994, p. 266).

El sistema imperante durante esa época puede enmarcarse en los estudios recientes sobre la modernidad, entendiendo a esta como una condición histórica y una combinación de capitalismo, colonialidad y occidentalisms. De esta manera, es posible entender cómo un poder imperial como el español impuso regímenes como la encomienda y la esclavitud, dentro de las cuales se recrearon categorías de clasificación racial y étnica del hombre moderno: Blanco, indio, negro, mulato, mestizo, entre otros.

Este régimen produjo a su vez, sujetos y subjetividades racialmente diferenciadas. En otras palabras, prácticas con el poder de construir la verdad (Foucault, 1991). Los sujetos racializados reproducen las prácticas discursivas de las élites, lo cual implica que los mismos sujetos negros asumen el hecho de que sus rasgos raciales son un estigma y en consecuencia, el blanqueamiento se convierte en una meta de las nuevas generaciones.

El surgimiento del contra-discurso de la resistencia negra

En la década de 1980 empezaron a surgir organizaciones que reivindicaban la presencia negra en la historia del país. Estas estaban influenciadas por las luchas por los derechos civiles de los afroamericanos en USA y el pensamiento que surgió de la descolonización de África, entre cuyos pensadores se destacan Franz Fanon, Malcolm X, Angela Davis, y Martín Luther King. Esta nueva concepción del papel jugado por la diáspora negra en el mundo potencializa a los sujetos negros y hace que las movilizaciones de los mismos tomen la forma de resistencias al poder blanco dominante.

El concepto de resistencia en Foucault plantea que estas se articulan bajo la forma de contra-discursos o contra-conductas que aparecen dentro del poder y deben ser pensadas a partir del mismo poder, sin que esta dependencia signifique una pérdida de su potencia (Foucault citado en Muhle (2009)). Este enfoque nos ofrece pistas para entender la acción de los grupos sometidos:

La cuestión de la resistencia no se puede plantear fuera del análisis de las formas de poder; y han de ser planteadas bajo la forma de contra-conductas y de contra-discursos. No puede haber una "exterioridad del poder" en la analítica foucaultiana; la resistencia al poder está intrincablemente ligada a la dinámica misma del poder (sin por lo tanto desaparecer como resistencia), e inicia la interminable espiral de las estrategias de poder y de las contra-conductas a estas estrategias. Estas contra-conductas o contra-discursos no pueden por consiguiente venir de los intelectuales que desvelan las condiciones ideológicas en las que viven aquellos que están expuestos a las estrategias del poder tienen que venir más bien de aquellos mismos que están implicados, captados por el poder mismo (...) ( Muhle, 2009, p. 162).

Según una aproximación más constructiva del poder, su incorporación en el cuerpo social le otorga cierta direccionalidad, lo que hace pensar en que todos los sujetos de acuerdo a sus categorías y ubicaciones dentro de la sociedad son portadores de poder, tal y como lo expresa el autor:

[...] que el poder viene de abajo; es decir, que no hay, en el principio de las relaciones de poder, y como matriz general, una oposición binaria y global entre dominadores y dominados, reflejándose esa dualidad de arriba abajo y en grupos cada vez más restringidos, hasta las profundidades del cuerpo social (Foucault,1998, p. 100).

En el caso del sujeto denominado Comunidades negras o afro-colombianas, esto podría significar, entre otros aspectos, que las prácticas discursivas desarrolladas a partir de 1980, convierten a las organizaciones negras en portadoras de poder. Esto a su vez, podría estar transformando las relaciones históricas sostenidas entre las élites dominantes y los sujetos negros.

La larga lucha de las poblaciones afro en contra de la discriminación puede leerse en un continuom, que va desde el cimarronaje, pasando por el proceso de abolición, la lucha por la igualdad hasta llegar al reconocimiento de una identidad negra diferenciada. A partir de la reconstrucción de una historia propia, cuyo origen está en Afríca -lo que Friedemann (1993) llamó la afrogénesis- se construye una narrativa en donde se reivindica el cimarronaje como gesta del pueblo negro, en contra de una historiografía nacional que plantea las luchas por la independencia de España como origen de la nación (Castillo, 2007, p. 228). Así, discurso, historiografía oficial, y contra-discurso (la historia del pueblo afro-colombiano) se contraponen en la lucha por el reconocimiento del nuevo sujeto político negro.

La concreción de esas luchas ocurre con el hito histórico de la Constitución de 1991. La nueva carta constitucional, parte del principio pluriétnico y multicultural de la nación colombiana (Constitución, 1991, art.7), reconociendo oficialmente la existencia de diferencias étnicas en su composición. Adicionalmente y no menos importante, la Constitución le concede la propiedad colectiva a las poblaciones negras asentadas en las riberas de los ríos del Pacífico por medio de la Ley 70 de 1993. Esto es considerado por algunos investigadores y académicos como el logro más importante en afro-reparaciones a nivel continental (Lao-Montes, 2005), o como una revolución étnica (Sánchez, 2006).

En efecto, el discurso enunciado por los líderes de las organizaciones negras apela a un reconocimiento de la identidad afrocolombiana como diferencialmente situada con relación a la identidad de la mayoría mestiza o blanca y por otra parte de la indígena que hasta finales del siglo XX, fue considerada realmente como el grupo étnico por excelencia. Sin embargo, las cifras demográficas son un reto a esta representación. Mientras que los indígenas constituyen cerca de 3% de la población colombiana, los afrocolombianos representan, en los cálculos más tímidos, 18% (Barbary y Urrea, 2004).

Por otro lado, el discurso institucional les otorga nominalmente el carácter de afrocolombianos o comunidades negras y la ley 70, que es el resultado de la presión política, les otorga una relativa autonomía sobre los territorios ancestralmente habitados por ellos, al concederles la propiedad colectiva y la administración de los mismos4. Desde ahora, tendrán sus propias autoridades para dirimir los conflictos y administrar sus recursos. La potestad del Estado para ejercer dichas funciones ha sido reemplazada parcialmente por el poder otorgado a los nuevos Consejos comunitarios5.

Conflicto Armado y Biopolítica: giros en el discurso negro

Uno de los logros de la Ley 70 es la relativa autonomía que confiere a los Consejos comunitarios en la administración de los territorios colectivos. Sin embargo, desde el año 2000 estos sistemas de gobierno se encuentran en crisis debido principalmente, a la irrupción de los actores armados en los territorios colectivos. El conflicto armado en Colombia se desplazó a las zonas del Pacífico y produjo, en menos de cinco años, un literal vaciado de los territorios por cuenta del desplazamiento forzado.

El desplazamiento en el Pacífico tiene una característica que lo diferencia de otros procesos similares a nivel nacional y es que coincide cronológicamente, con el proceso de titulación colectiva ordenado en la Ley 70. Mientras que para la opinión pública general, no es más que la continuación del fenómeno a nivel nacional, para las organizaciones negras y para algunos investigadores, el fenómeno forma parte de una estrategia del capital transnacional (Escobar, s.f.), un etnocidio (Almario, 2002; Villa, 2010), una espacialización del terror (Oslender, 2006 y una contra-revolución étnica (Sánchez, 2003). En todo caso, estas últimas interpretaciones hablan de un proyecto dirigido ya sea por los intereses de una clase política o empresarial asociada a las multinacionales que buscan desalojar los territorios de la región para cambiar la vocación productiva y/o desde una clara intención de reconstruir la Nación a partir de la integración demográfica forzada y la relocalización de la población.

En el Auto No. 005 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo mediante el cual ordena al Estado a atender de manera urgente la situación humanitaria de la población afrocolombiana en condición de desplazamiento. Entre las explicaciones que ofrece la sentencia de la Corte a este fenómeno, se mencionan:

La pérdida de control social y cultural de sus territorios por parte de las comunidades negras ha estado asociada a fenómenos de repoblamiento y cambio de la composición étnica, como por ejemplo, en el Urabá, en algunos lugares de la costa de los departamentos del Cauca y de Nariño, en el Norte del Cauca y en Buenaventura. El repoblamiento del territorio en el norte del Cauca y más concretamente en los municipios de Suárez y Buenos Aires, ha sido causado por personas provenientes de Nariño, en Buenaventura por "paisas" y en el Urabá por "chilapos", venidos de Córdoba. (Corte Constitucional, Auto 005, 2009).

Frente a este hecho, algunos autores como Restrepo (s.f.) y Oslender (2006) hablan de una geopolítica de la guerra que está afectando de manera significativa a las comunidades afrocolombianas que, en el marco de la estrategia de desterritorialización, se han visto obligadas a abandonar su proyecto político alternativo de autonomía. De acuerdo con lo planteado por Villa y Hougthon (2005), se puede inferir que:

[...] a la construcción de una territorialidad colectiva y de tipo étnico, tanto de origen indígena como afrocolombiano, que se venía fraguando a lo largo del pacífico, se opone la territorialidad de corte privado que se sustenta en la militarización con base en fuerzas paraestatales o en su defecto la territorialidad construida como expresión contra estatal, de tipo insurgente, pero que igualmente evoluciona, en función de ejercer control de territorios asociados a la comercialización de coca o de corredores para el abastecimiento militar, o de áreas estratégicas en el proyecto de dominio territorial del que participan los diferentes actores. (Villa y Houghton, 2005, p. 137)

La biopolítica ejercida por los diferentes actores armados que disputan la territorialidad, dispone tanto de la vida como de la muerte de las poblaciones, lo que se ajusta a la interpretación negativa del biopoder (Foucault, 2006) desarrollada por Agamben (2002) en su noción de homo sacer De acuerdo a esta interpretación, los detentores del biopoder juzgan ciertas vidas como carentes de valor, precisamente porque se encuentran en las periferias del poder estatal y no tienen un status similar al resto de los ciudadanos.

Es posible vincular esta interpretación con las características del poder ejercido por el Estado colombiano sobre las poblaciones negras, en el caso concreto de los nexos entre los ejércitos estatales y los grupos paramilitares (alianzas denunciadas por las organizaciones negras en el marco de las audiencias ante la CIDH) que han sido responsables, junto con otros actores, de desplazar a las poblaciones de sus territorios. En un complejo entramado de intereses y recursos en disputa, tanto las fuerzas guerrilleras de tendencia izquierdista, como los ejércitos paramilitares de ideología derechista, así como las Fuerzas Armadas del Estado, disputan la soberanía sobre la región del Pacífico, afectando de paso a la población civil que se ha convertido en su principal víctima.

Los repertorios de guerra utilizados por los distintos actores armados difieren muy poco en lo que respecta al tipo de violencia y represión ejercida sobre los cuerpos de las víctimas. La crueldad y el terror como estrategias de intimidación, resultan los dispositivos más contundentes para obligar a la gente a abandonar sus territorios. En el discurso de los líderes de las organizaciones negras, lo que los actores armados hacen puede asimilarse a una biopolítica del exterminio, en la cual la gente negra debe eliminarse o debe ser expulsada de los territorios del Pacífico para hacer posible su utilización en el marco de procesos de desarrollo caracterizados por la tendencia extractivista del nuevo ciclo neoliberal del capitalismo global6. De acuerdo a lo expresado por ellos, hay una secuencia fatal en los procesos de desplazamiento, entre los cuales está la deslocalización7, la victimización8 y la usurpación de los espacios9.

Las interpretaciones más contemporáneas de la biopolítica desarrolladas por autores como Negri y los denominados de-coloniales (Mignolo, Quijano, Walsh, entre otros) han influenciado notoriamente los discursos de los líderes afro en su explicación de los intereses del capital trasnacional sobre sus territorios. En estos discursos, la política de guerra del Estado resta importancia al hecho de que estos territorios estén habitados, por lo que las poblaciones a menudo quedan en medio del fuego cruzado. Como lo relata un líder del rio Yurumangui:

Hace dos meses la infantería de marina se instala en una vereda nuestra llamada Isla Pelada. Nos reunimos con ella y le dijimos por favor salgase del medio de la población porque de lo contrario nos toca orientar a nuestra población que se retiren de aquí y no estén aquí como escudos humanos y lo que responden es que "si la población se sale, nosotros pedimos refuerzo", nos dijeron. Lo que significa es que están utilizando como escudo a la población. Eso nos llevó a que solicitáramos a nuestra población a que se desplazara. En últimas terminan viéndonos como un obstáculo para el desarrollo de esas operaciones y venimos a ser estigmatizados de que estamos buscando otros intereses. (Entrevista a activista, PCN, citado en Espinosa, 2011)

Los contra-discursos del movimiento negro moderno: frames de DH

El concepto de frame desarrollado por Snow y Bendford (2000) se define como un esquema interpretativo que simplifica y condensa la experiencia al señalar y codificar los objetos, acontecimientos, situaciones producidas en el entorno presente o pasado de un individuo. En la teoría de los movimientos sociales, su función primordial es servir de base para atribuir y articular los significados que guían la acción colectiva. Esta atribución de sentido a la propia experiencia que permiten los marcos cognitivos tiene, a su vez, la función de reducir los márgenes de incertidumbre de la acción colectiva.

A través de los frames los movimientos se construyen como protagonistas de la acción, pero también construyen a sus antagonistas y a la audiencia a la que se dirigen (Florez, 2010). El éxito del movimiento estaría en función de imponer su visión de la realidad. Esta teoría incorpora la noción de motivación para explicar cómo un movimiento crea una identidad que articula la existencia de un nosotros. Así, identidad y estrategia quedan estrechamente vinculadas en los frames.

Estudios como los de Gamson, Fireman y Rytina (1982), conceptualizan los marcos de injusticia como modos de interpretación de las acciones colectivas y protestas de los movimientos sociales frente a las acciones de una autoridad, las cuales se visualizan como injustas. En esa medida, la injusticia ameritaría el despliegue de discursos y la elaboración de marcos que dan sentido a la acción de los Movimientos Sociales. Uno de los elementos a tener en cuenta en el análisis de los frames es el de la resonancia, proceso por el cual los frames tienen efecto no solo en el movimiento social en particular, sino en la opinión pública y el contexto político en general, impulsando la solidaridad de otros actores sociales (Snow y Bendford, 2000). Dicha resonancia es efectiva en la medida en que los protagonistas pueden demostrar empíricamente que se han cometido injusticias (cifras de desplazamiento, número de asesinatos, entre otros).

La teoría de los frames permite vincular analíticamente dos elementos importantes para la configuración del sujeto político de las comunidades negras en Colombia. Por un lado, está la forma en la que los frames permiten articular la noción de identidad en los discursos, de tal manera que crean la visión de un nosotros en confrontación o disputa con el otro. Esto es claro particularmente en la forma en que se configuró la identidad afrocolombiana, a partir de las discusiones alrededor de la formulación de la Ley 70 de 199310. Por otro lado, aparecen las estrategias que se alimentan de la energía de la identidad y que les da sentido, pues es en nombre de esa identidad que se pueden afrontar los riesgos y contingencias de la acción, que finalmente debe dar resultado al resolver las injusticias. La movilización y el uso de repertorios de acción que se adaptan a escenarios locales y globales solo se justifica si existe una motivación generada por la identidad.

En términos históricos, la relación de los afrocolombianos con el Estado ha estado marcada por procesos de racismo y exclusión, los cuáles ya han sido mencionados anteriormente. Sin embargo, es importante enfatizar el hecho de que la configuración de una comunidad política denominada comunidades negras o afrocolombianas es el resultado de la apertura de un campo de luchas y de la concreción de un proyecto político propio para este actor colectivo. En suma, no es posible hablar de frames y contra-discursos, sino que partimos de una concepción constructivista y de una teoría de la acción colectiva que vincula actores, frames y contra-discursos.

Dentro de las formaciones políticas generadas antes, durante y después del proceso constitucional de 1991, aparece el llamado Movimiento Social de Comunidades Negras de Colombia, que luego de la aprobación de la Ley 70 de 1993, sufre algunos cambios importantes en su configuración. Este movimiento es el resultado de las discusiones y movilizaciones en torno al proceso constitucional y reúne una serie de organizaciones étnico-territoriales de base, colectivos e individuos de todo el país que participaron en dichas discusiones. A partir de 1993, como resultado de encuentros y asambleas, algunos de esos actores no lograron llegar a un acuerdo unificado en torno al futuro del movimiento y decidieron actuar de manera independiente (Espinosa, 2011). Uno de estos actores es el Proceso de Comunidades Negras o PCN, que a partir de 1997 lidera el proceso de titulación colectiva en la región del Pacífico Colombiano11.

Este actor se compone por una red de organizaciones que surge en 1993 a partir de las negociaciones entre Estado y delegados negros durante el proceso de formulación de la Ley 70 de 199312. El PCN tiene presencia a nivel nacional, pero su campo de influencia más importante es la región del Pacífico. Se organiza a través de Palenques a escala regional: Palenque el Kongal en Buenaventura, Palenque Kusuto en el Caribe, Palenque Nariño y una serie de organizaciones y colectivos, así como un equipo de coordinación nacional que opera en Bogotá y un equipo internacional, que tiene su sede en Estados Unidos.

Del discurso anti-sistémico al de los Derechos Humanos

A finales de la década de 1990, el PCN emprende una serie de campañas internacionales para visibilizar las consecuencias del conflicto armado en la región del Pacífico y denunciar la grave crisis humanitaria por la que atravesaban sus territorios. Con este objetivo, se unen a la Red Acción Global de los Pueblos (AGP) que patrocinan, asesoran, organizan y acompañan los viajes de los activistas por diferentes países, principalmente de Europa. El discurso anti-sistémico de los activistas de este período, se centra en el desafío al neo-liberalismo y al sistema capitalista en general, proponiendo alternativas de vida y de producción basadas en las prácticas ancestrales de las poblaciones negras.

Posteriormente a partir de 2007, el PCN hace uso de oportunidades discursivas que aparecen en el contexto internacional y que derivan en frames bastante especializados. El ejemplo más claro es el uso reciente del discurso de los Derechos Humanos (DH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para lograr medidas y respuestas a sus demandas.

Este discurso de los DH es adoptado por los líderes de las organizaciones negras (AFRODES, PCN, CIMARRÓN, entre otras) una vez se comprueba que es el único que tiene resonancia y efectividad en el marco global de la Justicia Transnacional. Entonces la estrategia es la apelación a este tipo de justicia para incidir en el actor estatal y lograr remediar o frenar las consecuencias devastadoras que el conflicto armado estaba provocando.

Por esa razón, se generan las relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)13, escenario en el que se denuncia la situación de las poblaciones afrocolombianas víctimas del conflicto armado. Hasta el momento, las organizaciones negras, con el Proceso de Comunidades Negras (PCN)14 a la cabeza, han participado en ocho audiencias ante la CIDH, en las cuales se le han solicitado al Estado colombiano, medidas que garanticen la protección de los derechos de las poblaciones afrocolombianas, con especial énfasis en las poblaciones desplazadas y afectadas por el conflicto armado y la generación de medidas contra la discriminación estructural e histórica de los afrocolombianos (Ver tabla 1).

El análisis de las audiencias ante la CIDH es una excelente oportunidad para observar de manera simultánea tanto los frames elaborados por los líderes del PCN, como los discursos del actor estatal. En tanto que discursos estatales y contra-discursos negros se ponen en juego frente a un tercer actor (CIDH), tenemos un contraste interesante desde el punto de vista del contenido de los frames, del sentido de los discursos, así como de su resonancia.

Las intervenciones en las audiencias públicas realizadas en Washington expresan la forma particular en que los líderes de las organizaciones negras perciben la relación con el Estado colombiano y los intereses contrapuestos entre ambos. Frente a esto, las organizaciones han construido frames que podrían incluirse dentro de un marco general y amplio de los DH. Estos incluyen, el derecho a la vida en los territorios, la visibilización y eliminación del racismo estructural y el derecho a definir su propia propuesta de desarrollo, entre otros (Ver gráfica 1).

Un ejemplo de esto es la intervención ante la CIDH, de una líder del corregimiento de La Toma (Departamento del Cauca), frente a las amenazas de desalojo de la comunidad por cuenta del otorgamiento de títulos mineros a foráneos por parte del Gobierno colombiano15:

Nosotros estamos aquí porque queremos vivir, y se lo reiteramos al Gobierno queremos vivir y queremos vivir dignamente, la comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas no estamos en contra del desarrollo, pero el desarrollo para nuestras comunidades no debe significar desplazamientos, amenazas, no debe significar, muerte, desplazamiento. Entendemos que el interés de muchos porque se instalen las empresas pero reclamamos el derecho a la participación en el marco de nuestras propias aspiraciones culturales. (CIDH, 2009)

Las respuestas dadas por el delegado del gobierno nacional ponen en evidencia las prácticas discursivas del Estado colombiano frente a los afrocolombianos en relación a los aspectos de territorialidad:

El gobierno tiene el deseo y el interés de trabajar conjuntamente con las comunidades del Norte del Cauca, para garantizar tanto su seguridad como el disfrute del territorio y eso lo queremos reiterar y respetuosamente quisiera hacer algunas aclaraciones a las intervenciones. El tema de la violencia, no es porque haya un modelo de desarrollo en la zona. Tal como lo explicó el General, la violencia obedece a que es la zona por donde se puede transitar desde las zonas de producción de coca hasta la Costa Pacífica, zonas donde se puede comercializar la coca. La segunda razón es a la presencia de coca en la zona y el tercer tema es la presencia de grupos armados ilegales. Esa es una anotación que nosotros hacemos respetuosamente, en el ánimo de que empecemos a diagnosticar conjuntamente. (CIDH, 2009)

    Para el caso de esta audiencia, es posible observar las diferencias significativas de dichas prácticas entre delegados negros y delegados del gobierno. Por un lado, la concepción de desarrollo y gobernabilidad que tienen las organizaciones negras, que expresan su deseo de tener autonomía en sus territorios, y por el otro, el interés del gobierno por demostrar que no es su responsabilidad la existencia de factores de conflicto armado en la región. La aparente falta de gobernabilidad del Estado se convierte en una justificación frente a las denuncias presentadas por los peticionarios de la audiencia.

Es importante anotar que frente al discurso de los peticionarios negros, en el cual DH y DIH tienen un protagonismo claro y en el que se incluyen los derechos territoriales adquiridos por cuenta de la ley 70, el gobierno antepone el discurso de la seguridad y del desarrollo como propios del Estado de derecho. Ni las nociones de seguridad, ni las visiones de desarrollo coinciden para ambas partes. Frente a esta circunstancia hay un contra-discurso sobre el desarrollo y sobre las relaciones entre este modelo y la victimización de la que son objeto las poblaciones negras. Un ejemplo de esto es lo expresado por una activista del PCN, que deja ver claramente el frame construido para explicar las acciones estatales:

Esta prevalencia de derechos económicos sobre los derechos humanos de los afrodescendientes ha favorecido la toma del control armado sobre los territorios ancestrales y colectivos de las comunidades negras urbanas y rurales, esto es particularmente cierto en el caso de los grupos paramilitares, a quien el gobierno se niega desafortunadamente en reconocer [...] y que son los principales responsables de las amenazas que nuestras mujeres tienen [...].(CIDH, 2013)

Las prácticas discursivas de los peticionarios y los delegados del gobierno también dejan entrever una particular visión de la gobernabilidad. Lo que nos permite concluir que existen dos visiones encontradas y en apariencia irreconciliables. Tal vez, esto se deba a que el Estado no asimiló ni reglamentó de manera precisa los derechos territoriales de los afrocolombianos, dejando muchas inconsistencias y vacíos en su implementación. Entre tanto, para los líderes negros estos derechos territoriales constituyen una oportunidad política para posicionarse frente al resto de la sociedad y a la vez, para defenderse contra las amenazas de las que son víctimas.

Con respecto al racismo estructural señalado por los peticionarios de las organizaciones negras como uno de los factores determinantes de la situación de pobreza y exclusión de estas poblaciones en el país, podría señalarse que se han dado giros discursivos interesantes. Por ejemplo, en la audiencia de Marzo 12 de 2008 el delegado del Estado colombiano afirmó:

En relación al diagnóstico el Estado colombiano tiene diferencias. En primer lugar tenemos una discrepancia en relación a las causas de la situación. Hay un planteamiento del informe que se ha reiterado en término de lo que se denominan causas estructurales y estas causas no están claramente definidas. Entonces uno pudiera deducir que hay una política de discriminación y en segundo lugar unas estrategias o intereses o acciones que implican la expropiación de unos territorios y el mantener a estas poblaciones en una situación de pobreza cada vez peor. Nosotros creemos por el contrario, que las causas estructurales están en problemas como los mismos que producen la pobreza para muchos colombianos [...]. (CIDH, 2008, marzo)

En el mismo año, se realiza una audiencia que tiene como tema la "discriminación racial y acceso a la justicia de las comunidades negras", el mismo funcionario del Estado dice lo siguiente en esta ocasión:

Nosotros hemos reconocido reiteradamente de que evidentemente hay un problema que exige acciones afirmativas, en Colombia hay expresiones de racismo. Se ha reconocido que el racismo es estructural. Lo dijo el vice-presidente en la instalación de la comisión que se encargará de ese tema. Ahora nosotros tenemos diferencias de apreciación, nosotros creemos que hoy es menor la expresión de racismo, hay más apertura a hablar de esos temas, y creemos que hoy también está más visibilizado. (CIDH, 2008, octubre)

De lo anterior, podría inferirse que el frame de racismo estructural ha surtido su efecto, al menos en el discurso formal del actor estatal. Algunas evidencias como la legislación y las nuevas medidas de la Corte Constitucional frente a hechos de racismo, podrían mostrar cambios en este campo.

No obstante, la situación de DH de las poblaciones negras ubicadas en zonas de conflicto, sigue siendo crítica. En este sentido, la interpretación extrema de Agamben (2002) de las vidas deleznables u homo sacer se convierte en una realidad. Las tecnologías de seguridad desplegadas sobre la población no se ajustan a las de un Estado moderno propiamente dicho, sino a un Estado de excepción.

El análisis del escenario de las audiencias desarrolladas entre 2007 y 2013 en la CIDH, nos permite observar cómo los discursos, contra-discursos y frames dibujan un campo de luchas en el que los  activistas, en nombre de una categoría denominada comunidades negras, dan sentido a la realidad de su gente a partir de discursos sobre violación de DH, victimización, racismo estructural, invisibilización y desterritorialización (ver gráfica 1). A su vez, dichos frames son interpelados por el Estado con discursos sobre conflicto armado, narcotráfico, subdesarrollo y pobreza.

Los principales frames pueden describirse de la siguiente manera:

  1. Invisibilización Se refiere a la intencionalidad estatal de negar o desconocer la importancia de aspectos relacionados con la exclusión, desterritorialización y violación de Derechos Humanos de los afrocolombianos.
  2. El frame de racismo estructural se construye sobre la acusación al Estado de desconocimiento del problema del racismo del que han sido víctimas las poblaciones negras históricamente. Al negar su existencia, no hay una voluntad manifiesta de resolverlo. El desconocimiento del racismo impide la construcción de programas y políticas estatales que disminuyan la brecha existente entre los afrocolombianos y el resto de la nación.
  3. El frame de desterritorialización relaciona las razones del conflicto y de los megaproyectos con un plan dirigido para vaciar los territorios de sus habitantes y darle vía libre a la explotación de los recursos naturales.
  4. El frame de víctimización de las poblaciones negras y específicamente de las mujeres afrodescendientes, se presenta como una estrategia más de la violencia naturalizada a partir del conflicto y que expresa una doble discriminación en términos de raza y género.

Desde el punto de vista de la teoría foucaultiana, los frames construídos por el sujeto político de las comunidades negras tienen una relación con las prácticas discursivas, que caracterizan tanto a estos grupos como al Estado colombiano.

Al discurso étnico recién construido sobre la diferencia y el derecho a ella, se suman otros sobre la injusticia, el desconocimiento y el racismo. Por su lado, el régimen de verdad que plantea la justicia tras-nacional, tiene un marco normativo de los derechos humanos (DH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que sirve de base para las reclamaciones. La contradicción a la que se enfrenta el Estado colombiano es que en la práctica, su política de guerra y su estrategia económica permiten la proliferación y agudización del conflicto en los territorios; pero por otra parte, su adscripción y acatamiento formal de la convención interamericana de derechos que regula la CIDH, lo obliga a responder por sus violaciones e incumplimientos.

La frecuente apelación a la CIDH por parte de las organizaciones negras, ha incidido en la atención y la resonancia que tienen las denuncias en el Estado colombiano, pero sus efectos son muy lentos y a veces inoperantes. Un ejemplo de ello es la última audiencia realizada en octubre 29 de 2013 sobre la situación de líderes 8mujeres y hombres) afrodescendientes en Colombia16. En dicha sesión las y los representantes de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) relataron a la CIDH las múltiples amenazas y atentados contra la vida de los que han sido víctimas en los últimos años.

Muchos de estos son cometidos aún en los lugares donde han tenido que reubicarse, después de haber sido expulsados de sus sitios de origen. Esto habla de un continuom en las acciones que no terminan cuando las personas se desplazan a otros sitios, lo que podría indicar que el desplazamiento no es el propósito final de las amenazas. Los líderes que declaran ser perseguidos, continúan con algún tipo de liderazgo o acciones a favor de los desplazados en su lugares de llegada. Es probable que la intención de los actores armados con la revictimización, sea acallar la capacidad de reclamación de sus víctimas.

Por otro lado, la estructura de oportunidad política (EOP) puede limitar o facilitar un marco de acción colectiva. La resonancia de algunos marcos tiene efecto dependiendo de la apertura del campo político. Un ejemplo, es el cambio de régimen del gobierno de Uribe Vélez a el de Santos que tiene como una de sus políticas centrales La Ley de Víctimas. Esto implica una política dirigida a la reparación que habla de un escenario de post-conflicto. Pese a esto, las secuelas y factores del conflicto armado siguen siendo una dolorosa realidad en los territorios.

Por otra parte, la resonancia de los frames tiene mucho que ver también con la EOP en diferentes escalas: el marco construido alrededor de la discriminación y la invisibilidad es más efectivo en la escala global que en la local. Esto explica la reiterada apelación a instancias como la CIDH.

Los efectos de esta interacción en las audiencias ante la CIDH y los frames utilizados allí, también tienen sus límites. La reiterada utilización de este mecanismo y la elaboración de nuevas prácticas discursivas alrededor de las denuncias de los peticionarios por parte de los representantes del Estado colombiano, pueden derivar en desgastes poco efectivos. Es interesante observar cómo en el marco de las audiencias se formalizan las reclamaciones y sus soluciones se convierten en un interminable trámite burocrático. Las organizaciones negras no escapan a esta inercia, pues sus delegados tienden a especializar la acción y los discursos. de tal forma que se crea un ambiente de negociación en el cual se argumenta mucho, pero se resuelve poco. La misma acción de la CIDH queda reducida a la verificación de los acuerdos entre las partes, sin ordenar medidas efectivas contra la violación de los DH.

Una de las consecuencias de la utilización de este discurso de DH, puede ser su naturalización. A la manera de la analítica foucaultiana podemos observar cómo los DH se convierten en un objeto naturalizado, tanto por los peticionarios afro, como por el Estado. En esa medida, su utilización pierde eficacia pues se cree en sus efectos de verdad per se y no se valora su real significado y alcance en un contexto de conflicto como el colombiano. Como consecuencia, se presenta una especie de punto de saturación en el cual ya no es suficiente ni eficiente apelar al recurso de los DH.

Reflexiones finales

La analítica del poder de Foucault sirve como modelo explicativo parcial para interpretar las prácticas discursivas presentes en las relaciones entre el Estado y las comunidades negras en Colombia. En ese sentido, los conceptos de biopolítica, biopoder y gubernamentalidad, son instrumentos útiles para entender algunas de las variables de estas relaciones. También es cierto que tanto Estado como poblaciones negras han instrumentalizado el discurso étnico para alcanzar ciertas metas. Sin embargo, los nuevos derechos se han convertido en factores de protección para la gente frente a los embates del conflicto armado. Por su parte, para el Estado esto ha significado entre otras cosas, la interlocución con un nuevo sujeto político (las comunidades negras) proceso que a largo plazo, permite consolidar su gubernamentalidad y hegemonía sobre el territorio nacional.

El racismo de Estado, posterior a la abolición de la esclavitud y que marcó las relaciones con las poblaciones negras, es sustituido en nuestro siglo, por una particular forma de biopolítica que administra las vidas y los territorios de los sujetos étnicos. Las determinaciones de este biopoder hacen que las relaciones se transformen constantemente y que las resistencias de los sujetos y organizaciones negras se expresen, entre otras cosas a través de frames de DH que apelan al valor de la vida, la autonomía sobre sus territorios y la necesidad imperante de que el Estado reconozca y remedie la secuela histórica del racismo estructural.

De esta manera, los frames aparecen como estrategias cambiantes que se adaptan a momentos específicos de la apertura de oportunidades en el contexto transnacional y que permiten a los actores acumular cierto poder. En un sentido más amplio, los frames de racismo estructural, desterritorialización y victimización se convierten en dispositivos que logran tener resonancia tanto internacional como local y que le otorgan sentido a la acción del actor colectivo.

Sin embargo, la eficacia es relativa y se debilita con el paso del tiempo. Desde el año 2007 a la fecha, las audiencias realizadas ante la CIDH han configurado un patrón de acción que hace cada vez menos efectivas las denuncias al formalizar y burocratizar las acciones de ambos actores. Por una parte, la acción tiende a especializarce en las organizaciones afro y por la otra, el Estado incorpora una burocracia especializada para responder a las denuncias. Esto se refleja en términos generales, en una especie de inercia bajo la cual las medidas se quedan en la mera intención formal y no dan respuesta efectiva a las reclamaciones.

Así mismo, siendo la elaboración de frames un asunto estratégico, depende en gran medida de las aperturas o cierres del contexto político lo cual los hace, hasta cierto punto, contingentes. Esto representa a largo plazo, una dificultad para la consolidación del proyecto político para el actor colectivo y un reto para los líderes, que deben pensar no solo en las luchas a corto plazo, sino en la configuración de un campo político en el cual se sigan fortaleciendo los procesos de igualdad y de desarrollo humano para los afrocolombianos.


Pie de página

4La titulación de tierras de las comunidades negras o afrocolombianas no fue reglamentada directamente por la Constitución de 1991, sino a través del artículo transitorio 55. Resultado de esta gestión fue la Ley 70 del 27 de agosto de 1993 que reconocía y reglamentaba el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras.
5Con el Decreto 1745 del 12 de octubre de 1995 se reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las "tierras de las comunidades negras". De acuerdo a este Decreto dicho, territorio titulado colectivamente, sería administrado por la Junta del Consejo Comunitario, que estaría a cargo de su delimitación y asignación en usufructo "de las áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y comunitario" (Artículo 11, parágrafo 6, Decreto 1745/95); y de la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad (Artículo 11, parágrafo 4, Decreto 1745/95).
6Desde la colonia, la región cuenta con extensos yacimientos de oro. Adicionalmente, las características topográficas de la región (alta nubosidad y selva espesa) impiden la visibilidad aérea sobre los cultivos ilícitos, sumado esto a la multiplicidad de esteros y la presencia del mar Pacifico,, la convierten en una zona ideal para el negocio del narcotráfico.
7El desplazamiento forzado ha expulsado de los territorios rurales un total aproximado de 69.373 personas en el período comprendido entre 2000 y 2009. Esto significa en términos demográficos, una relocalización de aproximadamente 21.4 % de la población del municipio (Espinosa, 2011).
8De acuerdo con esta información, la tasa de homicidios en el municipio de Buenaventura aumentó abruptamente en el 2006, en que se registró una tasa de 121,5 por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa departamental (82,31) y triplicando la nacional (40,27). Vale decir que en todos los años del período, Buenaventura superó las tasas departamentales y triplicó las tasas a nivel nacional. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, 20% del total de homicidios presentados entre 2003 y 2007 está asociado a la confrontación armada (Espinosa, 2011).
9"[...] numerosos relatos referidos al impacto del desplazamiento interno e intra-urbano sobre comunidades enteras. Por ejemplo, el desplazamiento masivo de comunidades de la región del Bajo Calima, Valle del Cauca, por acción de grupos paramilitares; el desplazamiento de los afro-colombianos que residen en la ciudad de Buenaventura quienes al regresar encuentran que sus casas han sido ocupadas por orden de grupos paramilitares". (CIDH, 2008)
10Las discusiones en el seno de la Comisión Especial para Comunidades Negras (1992-1993) giraron entre otros aspectos, alrededor de la identidad étnica de los nuevos propietarios de los territorios reglamentados por la Ley 70.
11El Proceso de Comunidades (PCN) es un actor-red del Movimiento Social de Comunidades Negras. Compuesto a su vez por organizaciones de base étnico-territorial, Consejos comunitarios, colectivos urbanos y activistas, entre otros actores.
12La ley 70 de 1993 autoriza la constitución de Territorios colectivos para las comunidades negras
de zonas tradicionalmente habitadas por estas poblaciones. Dichos territorios los administran los Consejos comunitarios como máxima autoridad.
13La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tiene su sede en Washington, D. C. El otro organismo del sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión
está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en Derechos Humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno. Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
14El término organizaciones negras, agrupa una serie de organizaciones surgidas a partir del proceso constitucional de 1991. Son expresiones diversas, de diferentes regiones del país, entre las cuales se pueden destacar las organizaciones étnico-territoriales de los ríos del Pacífico colombiano y los colectivos urbanos de diferentes ciudades del país. Actualmente, la más representativa de estas es el Proceso de Comunidades Negras (PCN), que es una red de cobertura nacional con múltiples aliados a nivel internacional. El PCN ha producido marcos de pensamiento y discursos acordes con las tendencias de los movimientos sociales a nivel mundial, cuyas premisas son la defensa de la identidad étnica afro, la biodiversidad y la lucha contra el Neoliberalismo, entre otras.
15El caso del consejo comunitario de La Toma en el norte del Cauca se presenta a partir de una serie de hechos desencadenantes como son la amenaza al desalojo de las comunidades mineras
de los territorios, a favor de concesiones hechas a personas foráneas por el Ministerio de Minas, las amenazas de muerte a varios líderes de la región tanto indígenas como campesinos negros y el ambiente general de zozobra provocado por la presencia de los grupos paramilitares denominados de la nueva generación.
16Disponible en www.cidh.org.com


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