El Estado-sistema frente a la cuestión indígena. Análisis de los modos de reconocimiento de derechos a la identidad huarpe, al agua y a tierras comunales en Mendoza (Argentina)¹

The State-System Faced with the Indigenous Issue. Analysis of the Rights Acknowledgement Modes for the Huarpe Identity, Water, and Communal Lands in Mendoza (Argentina)

O Estado-sistema frente à questão indígena. Análise dos modos de reconhecimento de direitos à identidade huarpe, à água e terras comunais em Mendoza (Argentina)

Leticia Saldi²
CONICET-IANIGLA, Argentina³
leti_sal@yahoo.eom.ar

¹Artículo de investigación elaborado a partir de uno de los capítulos de la tesis doctoral "Procesos identitarios, naturaleza y políticas estatales en el noreste de Mendoza, Argentina" defendida en la UNCuyo en el 2012 y financiada con Beca Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
²Doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo
³Becaria Postdoctoral, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, perteneciente al CONICET

Recibido: 22 de julio de 2015 Aceptado: 13 de noviembre de 2015 Disponible en línea: 9 de mayo de 2016

Cómo citar este artículo

Saldi, L. (2016). El Estado-sistema frente a la cuestión indígena. Análisis de los modos de reconocimiento de derechos a la identidad huarpe, al agua y a tierras comunales en Mendoza (Argentina). Universitas Humanística, 82, 191-218. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.uh82.esfc

Resumen

En un contexto de reconocimiento de comunidades indígenas en toda la República Argentina y por medio de un estudio etnográfico en el centro-oeste nacional, se analiza el quehacer cotidiano así como discursos y representaciones de funcionarios de dos instituciones estatales de la provincia de Mendoza, Una encargada de la gestión del agua y la otra del territorio departamental donde habitan comunidades indígena-huarpe, Los funcionarios de ambas instituciones conciben a dichas comunidades de forma diferencial, La primera desacredita su presencia actual y justifica a partir de discursos cientificistas el rechazo a enviar dotaciones de agua. La segunda reconoce sus derechos aunque limita su capacidad de acción colectiva a partir de diversas y contradictorias formas de interpelación identitaria. Se expone que a pesar de las diferencias, ambas adoptan formas fingidas de reconocer derechos de autonomía, de participación y de acceso a bienes naturales, camuflando intereses particulares y un cierto autoritarismo estatal.

Palabras clave: Estado provincial; funcionarios; comunidades indígenas huarpe; bienes naturales; reconocimientos fingidos

Abstract

In a context of acknowledgement of indigenous communities across the entire Argentinian Republic - and by means of an ethnographic study in the center-west of the nation - we analyze the daily work, as well as discourses and representations of the officers of two state institutions of the Mendoza province. One of these is in charge of water management and the other is in charge of the department territory that the Huarpe indigenous community inhabits. The officers of both institutions understand said communities in different ways. The first discredits their current presence and justifies with scientist discourses their refusal to send water provisions, The second acknowledges their rights, although it limits their capacity for collective action based on several contradicting forms of identity questioning. We present that, despite the differences, both adopt feigned forms to acknowledge rights related to autonomy, participation, and access to natural lands, covering private interests and some state authoritarianism,

Key words: provincial State; officers; Huarpe indigenous communities; natural lands; feigned acknowledgement

Resumo

Em um contexto de reconhecimento de comunidades indígenas em toda a República Argentina e por meio de estudo etnográfico no centro-oeste nacional, analisa-se o quefazer cotidiano mesmo que discursos e representações de funcionários de duas instituições estaduais da província de Mendoza, Uma, encarregada da gestão da água, e outra, do território departamental onde habitam comunidades indígenas-huarpe, Os funcionários de ambas as instituições concebem tais comunidades de forma diferencial, A primeira, desconsidera a sua presencia atual e justifica, a partir de discursos cientificistas, a rejeição a encaminhar alocações de água, A segunda, reconhece seus direitos embora limita sua capacidade de ação coletiva a partir de formas de interpelação identitária diversas e contraditórias. Expõe-se que, além das diferenças, ambas as duas adotam formas fingidas de reconhecer direitos de autonomia, de participação e acesso aos bens naturais, camuflando interesses particulares e até certo autoritarismo estatal.

Palavras-chave: Estado provincial; funcionários; comunidades indígenas huarpe; bens naturais; reconhecimentos fingidos

Comunidades huarpe en el contexto nacional y provincial

En la República Argentina la consolidación del Estado nacional hacia las dos últimas décadas del siglo XIX se dio de la mano de una política de blanqueamiento que consistió en negar e invisibilizar cualquier herencia y presencia indígenas y en resaltar el legado de Europa occidental en los aspectos ideológicos, políticos, sociales, culturales y económicos. Esta política llevó a que se justificara la matanza, el traslado y el encierro (en cárceles, ingenios azucareros o reservas) de grupos aborígenes durante y después del avance militar sobre territorios indígenas y a silenciar y/o estigmatizar a todo grupo o persona que se auto identificara como originaria.

Recién en la década de 1990 y bajo un contexto internacional de reconocimiento de poblaciones indígenas, en Argentina se reconoció la presencia nativa y sus derechos de propiedad y posesión comunitaria de la tierra, de ejercicio de sus costumbres y mantenimiento de instituciones y formas económicas de subsistencia (De acuerdo a la ley nacional 23.302, artículo 1) bajo un gobierno fuertemente neoliberal, promotor de la flexibilización laboral, la mercantilización de la diferencia y del aumento de la jerarquización social. El reconocimiento étnico dio paso a la revalorización étnica, la visibilización de grupos indígenas que ya tenían una importante trayectoria étnica (mapuches en el sur argentino, collas en el centro norte, o qom en el noreste argentino) y a posibilitar procesos de etnogénesis en todo el país tanto en áreas rurales como urbanas.

En el estudio de los diversos procesos de conformación de comunidades, la relación Estado-poblaciones étnicas era insoslayable por lo que más allá de las diversas perspectivas con que cada autor abordara la problemática étnica actual⁴, se consideraba que el Estado era ineludible a la hora de analizarla. Sin embargo, a pesar de considerar al Estado en relación con los procesos de identificación y etnogénesis, la mayoría de los estudios no hizo hincapié en los discursos, representaciones y prácticas cotidianas de los funcionarios estatales para con las comunidades indígenas y la implicancia de estos en el manejo y la distribución de bienes naturales.

Por lo tanto y con el interés de contribuir a los estudios sobre poblaciones indígenas y Estado y focalizando en cómo funcionarios estatales conciben a las comunidades indígenas y al manejo de bienes naturales, en el presente trabajo analizo cómo dos instituciones estatales con importante presencia en tierras comunitarias indígenas y sus alrededores conciben la diversidad interna así como los recursos que estos demandan, especialmente el agua y la tierra. Ello bajo la consideración de que las formas con que formuladores y ejecutores representan, promueven y llevan a cabo determinadas políticas públicas pueden ser instrumentos valiosos a la hora de analizar cómo se materializan las instituciones estatales (Shore, 2010).

Aludo a las comunidades indígenas huarpe situadas en el centro-oeste argentino en una amplia área degradada ambientalmente, denominada Guanacache, en donde sus habitantes viven básicamente del ganado trashumante. Esta área se encuentra en el departamento de Lavalle y abarca, luego de un agudo proceso de concentración hídrica, el 97% del territorio departamental. El otro 3% forma parte de la periferia del oasis norte, el más importante de la provincia donde se condensan las actividades agrícolas e industriales y se encuentra el núcleo poblacional⁵.

Cuando en la década de 1990 en el centro-oeste del país comenzó a evidenciarse la emergencia indígena huarpe en las ciudades de San Juan (provincia situada al norte de Mendoza) y Mendoza, prontamente el movimiento étnico-indígena adquirió mayor visibilidad en Guanacache, donde sus pobladores también llevaron un proceso de etnogénesis que obtuvo el apoyo de diversos sectores sociales como el eclesiástico, el estatal, la prensa y los grupos académicos e intelectuales locales (Escolar, 2007). Por el apoyo recibido, y en el contexto de reconocimiento nacional de poblaciones indígenas en todo el país, en 1997 se aprobó la ley provincial 6920 que reconocía la presencia indígena huarpe actual en Guanacache y su derecho a la tenencia comunitaria de la tierra.

Debido a que en Guanacache se consolidaron comunidades indígenas que reclamaron no solo la tenencia de tierra sino también la dotación de agua, dos instituciones quedaron implicadas en forma permanente: la Municipalidad de Lavalle y el Departamento General de Irrigación (en adelante DGI). La primera es el gobierno local encargado de administrar a todo el territorio departamental y de canalizar todas las políticas nacionales y provinciales que arriban al departamento. La segunda es la encargada de administrar el agua de deshielo de todos los ríos y afluentes provinciales por medio de una red de instituciones distribuidas en las áreas bajo riego.

Teniendo en cuenta los contextos nacionales de reconocimiento de poblaciones indígenas y la incidencia del Estado en sus diversas escalas, analizo las prácticas cotidianas y las representaciones por las cuales desde el DGI y la Municipalidad de Lavalle se procesa la presencia huarpe y los reclamos por tierra y agua generando discursos identitarios de incorporación de la diversidad así como de jerarquización, tanto cultural como ambiental. Para ello me pregunto: ¿Cómo cotidianamente el DGI y el municipio incorporan la presencia y la participación de comunidades indígenas en sus políticas? ¿Cómo los reclamos por la tenencia de tierra, agua y participación comunal son incorporados y procesados por estas instituciones?

De acuerdo a los postulados de Philip Abrams (1988), concibo al Estado no como una entidad homogénea ni coherente, sino como una máscara de los sectores dominantes para ocultar la historia real de relaciones de sujeción por medio de prácticas cotidianas de un conjunto de instituciones más o menos articuladas que componen el Estado-sistema.

A pesar de la inexistencia de un Estado omnipotente y omnipresente, su imagen de homogeneidad no es arbitraria sino necesaria para presentarse como un poder institucionalizado que se muestra como antiguamente integrado, cuyas instituciones están cohesionadas bajo un interés en común, siempre y cuando no demuestren su secreto: su inexistencia (Abrams, 1988).

La distinción de las dos dimensiones (la de Estado-sistema y la del Estado como representación) permite al menos dos niveles de análisis complementarios. Uno que coloca el lente en cómo funcionarios y población civil construyen y/o reactualizan la ilusión de considerar al Estado como un todo coherente, homogéneo y globalizador (Mitchell, 1991; Taussig, 1995), mientras que el otro enfatiza el análisis de las prácticas cotidianas de las distintas instituciones que se articulan para controlar a su población (Scott, 1998; Ferguson y Gupta, 2002).

En la relación entre una y otra perspectiva, el estudio de cómo las políticas son representadas, transmitidas y vivenciadas por sus ejecutores se vuelve importante a la hora de analizar la relación Estado-población. Para ello, dos conceptos resultan importantes: el de políticas públicas y el de burocracias estatales, vistos no como formas coherentes, homogéneas y perfectamente articuladas. De acuerdo con Shore, las políticas públicas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él por medio de modelos más bien implícitos de sociedad y de formas de relacionamiento de los individuos proveyendo un plan de acción, una meta o finalidad en común y generando narrativas retóricas que sirven tanto para justificar como para condenar el presente, así como para fundamentar posiciones de autoridad y jerarquizaciones sociales. Las políticas públicas también otorgan modelos que intentan ser coherentes a acciones a menudo incoherentes, desorganizadas e inciertas del gobierno, tratando de ordenar, coordinar y articular diversas instituciones así como individuos y grupos sociales (Shore, 2010).

Por su parte, las burocracias estatales son las que cristalizan las políticas públicas por medio de agencias burocráticas que a medida que implementan políticas públicas definen la naturaleza misma del Estado. En este sentido la burocracia, es decir el aparato institucional estatal, sería "un sistema de producción formalmente investido con la misión de satisfacer ciertos objetivos, valores, expectativas y demandas sociales" (Oszlak, 2006, p.14). Se debe destacar que la relación entre políticas públicas y burocracias estatales no siempre es directa por lo que similares políticas pueden tener impactos distintos según los contextos, la formación burocrática local y los intereses y representaciones tanto de sus ejecutores como de sus destinatarios.

A partir de la definición del Estado, Estado-sistema, políticas públicas y burocracias estatales, analizo los modos con que diversas instituciones estatales conciben y representan la diversidad cultural, así como sus derechos a la participación e inclusión en políticas públicas incorporando diferencialmente los reclamos por tierra, agua e identidad y generando sentimientos de pertenencia, a la vez que actualizando jerarquizaciones internas y los parámetros de inclusión-exclusión.

Presento en primer lugar la metodología de trabajo y los desafíos metodológicos a la hora de realizar entrevistas y observaciones en las distintas instituciones. Posteriormente expongo las formas por las que el DGI y luego la Municipalidad de Lavalle administran sus recursos y conciben a las poblaciones huarpes de Guanacache y a sus derechos de autonomía, agua y tierra. Finalmente presento y reflexiono sobre cómo a pesar de los diferentes modos de concebir la alteridad étnica interna, ambas deslegitiman sus reclamos y obstaculizan el carácter colectivo que pueda devenir de las comunidades.

Etnografía en el Estado-sistema y sus desafíos metodológicos

La consideración del Estado desde sus dos dimensiones lleva a analizar las políticas públicas y las burocracias estatales desde las prácticas, representaciones y discursos cotidianos impartidos desde las diversas instituciones estatales. Para ello, la etnografía se presenta como una metodología que permite conocer y entender la polisemia de las políticas públicas, el día a día de los funcionarios, sus relaciones entre pares y con los destinatarios de sus proyectos, así como el capital simbólico condensado y desplegado en discursos oficiales, folletos, documentación oficial y fiestas populares. En base a los postulados de Rosana Guber (2001), concibo a la misma no solo como una metodología cualitativa sino también una forma y estilo de escritura, de expresión y de análisis, "en su afán por comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros" (2001, p. 16).

Bajo el interés por comprender las formas de inclusión de la otredad desde los funcionarios estatales, existieron ciertos retos o desafíos metodológicos que considero forman parte del quehacer etnográfico en instituciones estatales. Uno de ellos fue el discurso cristalizado que los funcionarios transmiten en entrevistas, conversaciones y exposiciones públicas. En cierta manera, esto se relaciona con que, como anuncia Becker (1977), los funcionarios deben mentir porque las cosas raramente son como deberían ser, por lo que ellos desarrollan distintas maneras de negar o suavizar el fracaso de las instituciones. Asimismo, es de destacar que las políticas públicas impartidas por medio de leyes, normas, decretos, etc., no tienen el mismo significado en todas partes sino que adquieren diversas formas de implementación de acuerdo al contexto institucional local (Shore, 2010) por más que estos localismos sean negados o suavizados por los mismos funcionarios.

Por lo tanto, el deber de los funcionarios de promocionar bien su trabajo y el del Estado en general, negando o atenuando fracasos y/o particularismos, llevó a que tuvieran discursos más o menos rígidos para expresarse, dar cuenta de sus acciones y de su labor cotidiana, lo cual hizo que las entrevistas en profundidad por ejemplo, fueran difíciles de realizar. Considerando la solidez de determinados discursos, las primeras entrevistas consistieron en conocer el repertorio meta-comunicativo (Briones, 1998) de los funcionarios, es decir el discurso más bien armado de lo que pensaban que ellos tenían que decir.

Otro desafío que se presentó fue la relación jerárquica que se establecía entre entrevistadora - entrevistado. Como contrariamente sucede cuando los antropólogos/as trabajan con actores subalternos en donde hay una relación de poder de los primeros hacia los segundos (Guber, 2001; Vasilachis de Gialdino, 2007), en las entrevistas a los funcionarios sucedía más bien lo contrario. Por lo tanto fue crucial, además de conocer el meta-discurso estatal, igualar la relación entre ambos. Para ello la interacción prolongada con estos por medio de las observaciones, así como con los pobladores del lugar, el preguntar sobre casos o episodios puntuales y el mencionar leyes y textos legales para demostrar conocimiento fueron importantes a la hora de realizar entrevistas, igualar posiciones e intentar desnaturalizar y reflexionar sobre el discurso formalizado de los propios entrevistados.

En este ejercicio, así como en el análisis, fue imperante incorporar una heterogeneidad de fuentes de información como textos legales, literarios y periodísticos y material fotográfico. Este fue confrontado, relacionado y vinculado con las voces de los funcionarios y el marco teórico conjuntamente construido. La articulación de todas estas fuentes de información permitió elaborar un texto heteróclito, de género híbrido, capaz de integrar elementos heterogéneos con el fin de desentrañar las representaciones sociales, culturales de los actores implicados (Ghasarian, 2008; Laplantine, 2008).

El trabajo de campo se realizó durante cuatro años consecutivos, desde 2007 hasta 2011. Variadas fueron las estadías en el Departamento de Lavalle, así como visitas al DGI situado en la ciudad de Mendoza, a 36 km de la villa cabecera departamental. La labor etnográfica propiamente dicha se realizó a través de distintas instancias de observación, participando en actividades organizadas tanto por el DGI como por la Municipalidad de Lavalle. Las entrevistas abarcaron una amplia gama de funcionarios de ambas instituciones y sobre todo de los que habían tenido y tienen cierta incidencia en el otorgamiento de tierras y/o de agua.

La articulación de todo el heteróclito material compuesto por entrevistas, observaciones, textos institucionales, material fotográfico, etc., permitió dar cuenta de y reflexionar sobre las distintas formas de concebir a las poblaciones indígenas locales y de reconocer o no sus derechos de participación en la agenda pública, de acceso a los bienes naturales y de incorporación estatal de la diferencia.

Representaciones desde el DGI:"Inexistencia huarpe"

La creación del DGI deviene de la formulación de la Ley de Aguas de 1884, de jerarquía provincial y propiciada en un momento de consolidación del Estado, tanto provincial como nacional, una vez apropiados los territorios indígenas en todo el país. La particularidad de dicha ley es que el Estado provincial es el encargado de distribuir el agua proveniente de sus ríos y todo tipo de afluentes dentro del territorio mendocino. La distribución fue organizada a partir de la dotación de derechos de agua únicamente a las propiedades privadas y dedicadas a la producción vitivinícola y frutícola.

La institución estatal encargada de ejecutar dicha ley fue el DGI, teniendo la particularidad de ser autárquico y autónomo, pudiendo formular sus propios reglamentos y administrarse por medio del pago de la prorrata por parte de sus usuarios. Por lo tanto el DGI se establece desde finales del siglo XIX como parte del Estado, pero siendo la única institución estatal en la provincia que puede tomar sus propias decisiones y administrar el dinero según sus propios intereses.

En base a esta ley, el agua de los ríos y afluentes provenientes de la cordillera de Los Andes fue repartida únicamente entre propietarios, es decir entre elites provinciales e inmigrantes europeos con cierto capital económico. Por lo tanto, el agua se aglutinó en pocas manos-propiedades que consolidaron los denominados oasis. Se podría decir entonces que, a diferencia del Estado nacional o provincial que deben en teoría velar o representar a toda la población dentro de su territorio, el DGI no vela por todos como plausibles de un derecho humano al agua sino únicamente por aquellos que obtuvieron un derecho de agua, es decir un grupo minoritario conformado por propietarios. Desde esta consideración, se deduce que el agua se delimitó espacialmente, su manejo fue centralizado y su obtención pasó a evidenciar jerarquías y exclusiones sociales de acceso al agua.⁶

Esta distribución desigual del agua fue considerada por los propios funcionarios de irrigación, tanto de las primeras décadas del siglo XX como de las actuales, como la base de un principio 'justo' y 'equitativo', no impregnado de intereses políticos. Como anunciaba un superintendente en 1918 "la distribución del agua no es un asunto político sino matemático" o un funcionario del DGI en el 2011: "nosotros necesariamente tenemos que medir para distribuir bien, para ser justos, hay que medir" (funcionario de la subdelegación del río Mendoza perteneciente al DGI)⁷. Esta lógica, basada en la elaboración y ejecución de modelos matemáticos en el reparto del agua se relaciona con los principios de la ciencia moderna en donde la naturaleza, así como la sociedad deben ser cuantificadas, plausibles de traducirse a modelos matemáticos que simplifican y estandarizan todo objeto a ser controlado y administrado estatalmente (Scott, 1998). Asimismo y como argumenta Shore (2010), la presentación de las políticas públicas, en este caso en torno al agua, bajo principios matemáticos, separados de 'lo político' y sin un autor material concreto, dificulta la posible resistencia por parte de los afectados.

El principio de medición y mercantilización de agua y sus consecuencias implícitas de mayor jerarquización de zonas y actores, se agudizó hacia las dos últimas décadas del siglo XX cuando en el DGI se llevó a cabo un proceso de descentralización en un contexto neoliberal que en teoría consistió en disminuir los costos del Estado y agilizar los temas y problemáticas que hacían al reparto hídrico, otorgándole mayor participación a sus usuarios (Bustos, Saldi y de Rosas, 2010)⁸. En este contexto neoliberal se agudizó la percepción del agua como recurso económico íntimamente vinculado a las necesidades del mercado y al aumento de la participación de los usuarios del agua. Pero ¿cómo se articuló la mercantilización, el aumento de la participación de los usuarios del agua y el reconocimiento de grupos étnicos que demandaban, entre otras cosas, por agua y tierra?

Una forma de indagar sobre esta última pregunta fue conocer entre los documentos realizados en las últimas décadas por el DGI, cómo se representan a las poblaciones indígenas en la narrativa histórica de la irrigación en Mendoza. En un documento de evaluación y proyección de las políticas hídricas titulado "Planes directores de ordenamiento de los recursos hídricos de la provincia de Mendoza"⁹ y realizado en el 2004 por el DGI junto con otros organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se resume la historia sobre la distribución del agua.

El relato histórico comienza aclarando que los "indios hidráulicos no construyeron ningún canal, sino que solamente utilizaron las condiciones favorables de los derrames del Zanjón¹⁰ para aplicarlos a su incipiente agricultura" (Departamento General de Irrigación, 2004, p. 1). Párrafo seguido, se lee la frase de Domingo Faustino Sarmiento "el agua es un símbolo de civilización. Asimismo, el agua en movimiento es progreso, mientras que el agua estancada es atraso" (Departamento General de Irrigación, 2004, p. 1), la cual adquirirá mayor sentido cuando en entrevistas a funcionarios del DGI se advierte que 'el agua estancada', como la de lagunas de Guanacache, es improductiva, mientras que 'el agua en movimiento' es representada como la que produce mercancías, la que trabaja.

La segunda página de este libro se refiere a la pérdida de pureza de los huarpes por la influencia incaica, es decir que desde antes del arribo español: "Reemplazaron la lengua Millcallac por el quechua, incorporaron el culto al sol, la luna y el lucero y perfeccionaron las técnicas de irrigación y cultivo, como también textiles y de alfarería" (Departamento General de Irrigación, 2004, p. 2).

Sin nombrar las fuentes de esta información y hasta contradiciéndose con su postulado de que los indígenas tenían un precario sistema de riego cuando llegaron los españoles, los realizadores de este escrito sugieren que los huarpes, desde antes de la conquista española, no eran 'tan huarpes' puesto que ya se habían mestizado. Luego el relato continúa con la llegada de los españoles al territorio, su consecuente ocupación e inicio de lo que el DGI llama 'el primer sistema hidráulico' en la ciudad de Mendoza así como en zonas aledañas, inclusive las de Guanacache donde se formaban lagunas habitadas mayoritariamente por indígenas y "donde se había desarrollado la vid, higueras, perales, olivos y maíz" (Departamento General de Irrigación, 2004, 5)¹¹.

Posterior a la presencia española, el artículo se refiere al siglo XIX y menciona la radicación de inmigrantes europeos luego de la labor efectuada en la Campaña del Desierto en el sur mendocino cuando "las tribus indígenas, desarraigadas y encomendadas para el trabajo en los campos, se dispersaron y mestizaron, asimilándose paulatinamente a la población rural y urbana". (Departamento General de Irrigación, 2004, p. 12). Proceso que se presenta como natural, propio de la evolución socio-cultural y económica de la provincia.

Para el DGI el aporte del europeo llevó al progreso de la sociedad mendocina sin que a pesar de ello, los mendocinos dejaran de ser mendocinos. Este mismo razonamiento no se respeta para las poblaciones huarpes ya que se considera que al recibir la influencia incaica dejaron de ser huarpes. Del primero se acepta el cambio y hasta es bien valorado, mientras que al segundo, el cambio es considerado como pérdida de identidad, de pureza.

En conclusión, a partir de declarar la pérdida de pureza huarpe y en el relato histórico en general, el DGI niega la existencia de poblaciones indígenas actual en todo el territorio mendocino. Asimismo niega cualquier influencia de grupos indígenas en el sistema de riego. Los canales de la provincia serían patrimonio exclusivo de españoles primero y de radicados inmigrantes europeos después, lo cual lleva a denegar la posibilidad de reconocimiento de que alguna vez existieron canales realizados por poblaciones indígenas como las de Guanaeaehe que el propio Estado provincial negó sistemáticamente.

Este relato histórico fue relacionado con las representaciones actuales de los funcionarios del DGI. Al conversar con ellos sobre las lagunas en Guanacache y demandas por obtención de agua por parte de sus pobladores, surgían las representaciones que ellos tenían sobre la cuestión indígena actual:

Todos los años vienen algunos pedidos de la gente que está... digamos así, por el río hacia abajo, camino a las Lagunas del Rosario [Más reconocido poblado de Guanacache] pero la realidad es que para poder mantener una dotación de agua hasta allá... son muchos kilómetros de río y la pérdida que hay por infiltración es muy importante. Lo que hay que sacar del embalse son muchos metros, muchos metros... Ese es el problema, digamos así, de esos usos de esos tipos de usos que son muy lejanos y, digamos así, pocos. Porque no tiene sentido lo que hay que bajar del embalse, que estamos hablando de millones y millones de metros cúbicos para que allá en el puesto la gente o las cabras se puedan tomar unos poquitos litros. Pero, mientras tanto, yo tuve que perder, no son pocos, son millones y millones de litros. (Funcionarios de la subdelegación del Río Mendoza, DGI, 2010)

Bajo principios matemáticos se formula una decisión política al sugerir que enviar agua a aquellos lugares circundantes al sistema de riego, aunque representados como 'muy lejanos' sería irracional, ilógico, no rentable. Como vimos, el agua es considerada como una mercancía, algo que se utiliza para producir y generar un plus valor y no para la subsistencia y el ganado trashumante. Por lo tanto, estos pedidos de agua son desestimados por considerarlos como una 'pérdida' de agua y de rentabilidad.

En la declaración de Guanaeaehe como sitio Ramsar en 1999¹², se presenta el deber de enviar agua por los cursos naturales con el fin de mantener sus humedales. Para justificar la negativa de dotación de cierto caudal hídrico, los funcionarios contestaron:

[...] no podemos volver a la época en que estaban... cuando llegaron los españoles. Ya se decidió que acá se iba a hacer un oasis y la gente iba a poder vivir. Y para eso hay que distribuir el agua... Entonces, el que quiera por ahí venir y decir: "bueno, pero a mí me gustaría que haya una laguna". Acá cambiamos, el hombre actuó para cambiar el paisaje para poder vivir acá. Si no, nos tendríamos que ir todos. Otra vez dejamos las lagunas, muy bonitas y nos vamos a otro lado porque no podríamos vivir. (Funcionarios de la subdelegación del Río Mendoza, DGI, 2010)

En primer lugar, el funcionario justifica su negativa de enviar agua a los bañados por medio de discursos de escasez y eficiencia en la distribución hídrica. A esto se suma que en caso de llegar el agua, esta se desperdiciaría al ser improductiva. En este sentido, el agua en las ciénagas y lagunas sería el agua estancada de Sarmiento, contraria al agua que fluye, que produce y genera mercancías. En segundo lugar, se representa a lagunas como en una etapa precolonial donde todo era naturaleza, inclusive las poblaciones indígenas. Por medio de la frase: "El "hombre' habría llegado después para transformar", el funcionario del DGI niega al indígena su carácter de humanidad, relacionándolo más bien con la naturaleza intacta, inerte, estancada. En tercer lugar, se continúa legitimando el reparto del agua dado hacia finales del siglo XIX y principios del XX, aunque bajo discursos que atienden a decir que toda la sociedad y no solo una elite provincial de la época, participaron en esta decisión de formar un oasis. La evolución fue para ellos este pasaje desde los pájaros y lagunas casi sin humanos, a los canales confeccionados matemáticamente, con viñedos y árboles alineados, una naturaleza positivada, humanamente controlada (ver figura 1). Llevar agua a las lagunas significaría para funcionarios del DGI, retroceder, involucionar.

La representación del agua como mercancía y en permanente movimiento y producción se evidenció por ejemplo en la Fiesta Provincial del Agua de 2008 a donde, como es habitual, asistieron únicamente los trabajadores del DGI y autoridades del Estado provincial. En el discurso de la máxima autoridad, el superintendente, acompañado por imágenes que se proyectaban al público, vinculó el con la cantidad de dinero que había implicado realizar una canalización o impermeabilización, por lo que las imágenes tratan de maquinaria en movimiento y trabajadores realizando estas obras para que el agua fluya y produzca.

A partir de lo anteriormente analizado, se deduce que el DGI niega y desestima toda presencia indígena a la vez que les obstaculiza todo otorgamiento hídrico por considerarlo improductivo, atrasado, contrario a las prácticas de manejo del agua desde el DGI. Al negar al indígena su carácter de posible usuario de agua a la vez de humanidad, el DGI reivindica los discursos de extinción indígena y de progreso civilizatorio. Desde esta consideración, se explica por qué durante el trabajo de campo realizado nunca pude asistir a ningún evento donde pobladores de Guanacache se reunieran con funcionarios del DGI puesto que estos son permanentemente descartados como destinatarios del agua¹³.

Representaciones desde el municipio:'huarpes incompletos'

En Argentina el municipio ostenta los mismos elementos que el Estado: territorio, población y poder (Ábalos, 2008), por lo que su influencia está pautada según límites territoriales, incluyendo a una determinada población y con la capacidad de administrar bienes y recursos tanto en áreas rurales como urbanas. Al igual que el DGI, los municipios atravesaron un proceso de descentralización a partir de la última reforma constitucional de 1994. Por su artículo 123, cada provincia debe respetar y asegurar la autonomía municipal permitiéndole a los municipios recibir recursos financieros nacionales o internacionales en forma directa sin intermediar otra institución estatal.

A partir de la declaración de autonomía municipal y sumado a que el departamento de Lavalle ha sido históricamente relegado, su municipio pudo obtener el financiamiento de variados proyectos económicos, sociales y culturales financiados por diversas instituciones en forma superpuesta (Yáñez, David y Benedetto, 2007)¹⁴. De acuerdo a los funcionarios, estos proyectos ayudan a cambiar la imagen de atraso que tiene el departamento para convertirlo en una zona productiva. La preocupación por modificar tal representación de atraso era notoria en todos los funcionarios entrevistados así como en los discursos y guiones presentados en las fiestas populares realizadas por integrantes del mismo municipio donde año a año se resalta la labor cotidiana de los pobladores de Lavalle por evitar el avance del desierto, del atraso y la pobreza.

Las diferencias entre el área irrigada y la no irrigada, de acuerdo a los funcionarios municipales, residen en que en la primera hay una mayor incidencia estatal en lo que respecta a los servicios (educación, salud, luz, gas, agua, productos en general) y a su inserción en el mercado provincial y nacional a partir de las distintas producciones agrícolas. En cambio en el área no irrigada, todos estos servicios y por ende la incidencia del Estado es más bien irregular, inestable. Como me describió una de las empleadas del área de Catastro al mostrarme un mapa de Lavalle: "[en referencia al área irrigada] Acá está todo ordenado, con sus propiedades; en cambio acá [en referencia a Guanacache] es tierra de nadie" (2007).

Extender el área irrigada 'ganándole al desierto' se vuelve una tarea imprescindible para el municipio. Ante esta misión los funcionarios reconocen que habría una cierta inclinación de proyectos y presupuestos hacia Guanacache por más de que sea menos poblado en relación al resto del departamento. Para gestionar estos proyectos se encuentra la Jefatura de Zonas no Irrigadas cuya máxima autoridad tiene contacto directo con el intendente sin necesidad de mediar otras instancias municipales. Dicha jefatura se ocupa de todos los temas sociales, ambientales, educativos y económicos en Guanacache, interactuando con otras áreas del municipio (Dirección de delegaciones, relaciones con la comunidad y deportes, Dirección de Hacienda, Dirección de obras y servicios públicos, Dirección de desarrollo humano, Dirección de ambiente, Dirección de Vivencia, Dirección de Turismo y Cultura) pero sin depender de ellas, siendo un 'gobierno local' que representa al municipio en tierras no irrigadas.

Desde esta jefatura, el municipio tiene algunos lineamientos provinciales como la Ley provincial 6086 de Arraigo del puestero de 1993, la ya mencionada Ley provincial 6920 de reconocimiento étnico huarpe. La primera ley define al puestero como quien ocupa la tierra realizando 'actos de aprovechamiento agropecuario' para integrarlo en cooperativas de producción y legalizar la posesión y tenencia individual de la tierra. Esta ley confluyó con la segunda ley provincial: la Ley 6920 promulgada en el 2001 para legitimar la presencia actual de las poblaciones huarpe en Guanacache y promover la adjudicación de tierras a las comunidades, exceptuando los territorios otorgados por la ley de arraigo del puestero (Ley 6920 art. 8)¹⁵. De ésta manera los pobladores de Guanacache fueron interpelados jurídicamente o bien como productores ganaderos bajo la denominación de 'puesteros' o bien como pertenecientes a una de las comunidades huarpe¹⁶.

Ambas interpelaciones se mantuvieron continuamente entre los funcionarios municipales por considerarlas no contradictorias sino complementarias, como me explicó el Jefe de las Zonas no Irrigadas luego de una asamblea en una de las comunidades de Guanacache para acordar el proceso de conformación de territorios indígenas. Según él, el otorgamiento de tierras comunitarias sería más bien para un grupo de puesteros sin que necesariamente pertenezcan a la comunidad, ya que en definitiva la comunidad no era más que 'un conjunto de puestos'.

Como afirmó el intendente de Lavalle en el 2008 en un reportaje periodístico:

Hay que tener en cuenta que las comunidades huarpes son una figura jurídica; es como una unión vecinal o una cooperativa. Las tierras las poseen los puesteros, no las comunidades huarpes. (Fernández, 2008)

La definición de comunidad indígena como una unión vecinal hace referencia al conjunto de individuos, en este caso de puesteros, reunidos para reclamar o comunicar problemas que hacen al área no irrigada. Además alberga la idea de que cuando los problemas o necesidades de estos vecinos sean resueltos, el conjunto se disgregarla. La representación de la comunidad como unión vecinal fue también manifestada en las entrevistas, en las que además se adjudicó la idea de que los representantes de las comunidades no tienen suficiente legitimidad hacia adentro de la comunidad. Ante esta situación, un funcionario expresó: "Pero nosotros como Estado seguimos hablando con toda la gente que podemos y lo vamos a seguir haciendo, porque no sentimos que el presidente de las comunidades sea un verdadero interlocutor entre lo que la gente necesita, quiere, sus preocupaciones [...]" (Entrevista a funcionario municipal, 2010). Al negarle legitimidad al presidente comunal (por aquel entonces en desacuerdo con el accionar del intendente), los funcionarios y por extensión el municipio, se presentan como el verdadero o legítimo representante de los pobladores de Guanacache.

Esta práctica de deslegitimación también se observó durante una reunión entre el Jefe de Zonas no Irrigadas e integrantes de otra de las comunidades en Guanacache donde se conversaba sobre la posibilidad de gestionar, entre otras cosas, un servicio colectivo para regular a dicha comunidad en un contexto de una fuente interna dentro de la comunidad. En esta trama, la autoridad estatal apoyaba abiertamente al que consideraba que seguía fielmente el accionar municipal mientras que descalificaba a los que no lo hacían como extraños, de dudosa huarpidad.

Otra descalificación hacia las comunidades se realiza cuando llegan a incorporar características de unión vecinal. Cuando esto sucede, los funcionarios las acusan de haber perdido su identidad, el carácter colectivo e histórico de las mismas: "parecen uniones vecinales, los que son presidente, secretario, tesorero, parece una unión vecinal, no tiene nada que ver con una comunidad originaria" (Entrevista a funcionario del Concejo deliberante de la Municipalidad de Lavalle, 2010).

Al modificar en forma permanente y contradictoria el modelo a ser de las comunidades indígenas, estas nunca llegan a ser como 'deben ser' y por lo tanto, nunca se presentan como instituciones legítimas, dignas de ser reconocidas por el municipio, llevando a que este se presente finalmente como el único garante para impartir y ejecutar proyectos y representar 'legítimamente' a los pobladores de Guanacache.

De acuerdo a Ferguson y Gupta (2002) las prácticas estatales adquieren dos formas, una vertical y otra horizontal. La primera se refiere a que el Estado debe presentarse como separado y por encima de la sociedad, a la vez representante de ella, lo cual se relacionaría con que los funcionarios del municipio muestran como los verdaderos representantes, los capacitados para formular proyectos y políticas públicas a ser aplicadas a la población que representan. El segundo término alude a una acción abarcadora (encompassment) tratando de contener todos los aspectos de la vida humana como dispositivos que hacen al biopoder, administrando y controlando a todos los habitantes como seres vivientes (Foucault, 2007). En el caso de Lavalle el municipio hace permanentes esfuerzos por llegar a su población visitando a cada puestero, participando en asambleas realizadas por las comunidades y promocionando distintos proyectos de producción, trabajo, educación y recreación. Para abarcar tantos aspectos, diversas dependencias municipales interpelan a los destinatarios de sus políticas como 'gauchos', 'puesteros', 'artesanos' o 'huarpes', poniéndose en juego diversas concepciones sobre las poblaciones internas y el manejo de los recursos¹⁷.

Lo que guardan en común todas estas interpelaciones es que todas ellas apuntan al carácter individual y solitario de los integrantes de las comunidades a la vez que presenta al municipio como el garante de la unión entre ellos e intermediario ante los programas o proyectos generados desde el gobierno provincial o nacional. De esta manera los funcionarios apelan a su rol de representantes unívocos del Estado remarcando su posición jerárquica a la vez que abarcadora.

El DGI y la municipalidad de Lavalle: Entre la negación y la fingida inclusión de la 'otredad'

Como planteé en la introducción, el Estado como tal, es decir como un ente homogéneo y coherente en todas su prácticas no existe, es más bien un conjunto de instituciones y políticas cuyos planificadores hacen permanentes esfuerzos por presentarse como sinécdoques de un todo globalizador, abarcador y superior con capacidad de decidir por y representar a los diversos grupos sociales presentes en un determinado territorio. En este proceso, las políticas públicas y sus ejecutores promueven discursos que fundamentan y/o perpetúan desigualdades a la vez que los aglutinan.

Por ejemplo, el DGI debe administrar toda el agua que fluye por los ríos y afluentes provinciales aunque delimita los destinatarios de sus políticas a los que obtuvieron derechos de riego en un contexto donde, como admitió uno de sus funcionarios, reciben permanentes pedidos de dotaciones de riego en Guanacache. De esta manera, el agua de toda la provincia es fuerte y repetidamente negada a determinadas poblaciones por las políticas públicas así como por las representaciones y acciones de sus ejecutores. Estos últimos, para presentarse como legítimos repartidores y aún como representantes de todo el 'pueblo mendocino' apelan por un lado a la inexistencia huarpe, incluso desde tiempos precoloniales y por el otro, a su carácter de inhumanidad. Esta representación se ve acompañada por la invocación al conocimiento científico y la visión mercantilista -ambos supuestamente neutrales y anónimos- y que aportan una meta representada y contrastada con imágenes que aluden a asociar los paisajes de lagunas a la idea de 'estancamiento' y pérdida de productividad, de mercancías; mientras que los paisajes donde el agua fluye por canales, preferentemente impermeabilizados, son asociados al capital, su fluidez y la generación de plus valor.

En el caso del municipio, sus funcionarios advierten e incorporan en sus discursos y prácticas institucionales a las comunidades y pobladores de Guanacache aunque esta inclusión es contradictoria. Si bien se trabaja para que las diversas comunidades obtengan sus títulos de tierra, también se obstaculiza este proceso cuestionando la legitimidad de las autoridades comunales electas, promoviendo modelos difusos de comunidad y cuestionando permanentemente su capacidad de acción colectiva.

Por lo tanto, la articulación del reconocimiento estatal de poblaciones y comunidades indígenas con la agudización de las lógicas mercantiles vinculadas cada vez más hacia los bienes naturales, adquiere formas perversas. Como advierte Dagnino (2004), la participación en contextos neoliberales se concibe únicamente si es individual; a los grupos identitarios se los reconoce pero como una suma de individuos, los derechos indígenas (pero también humanos) a la tierra y al agua se los menciona a la vez que se los cercena en base a las prioridades del capital económico. Para ello, las diversas instituciones que conforman el Estado camuflan no solo su inexistencia, sino también sus intereses económico-políticos y su afán por controlar e imponer lógicas de administración individualizantes por medio de modelos numéricos, promoción de paisajes simplificados y estandarizados e identidades esencializadas. Aunque estas prácticas nunca son del todo exitosas. De hecho, las identidades huarpes nunca se extinguieron del todo. El agua, a pesar de su fuerte control y concentración, continúa buscando sus antiguos cauces, llenando esporádicamente las lagunas de Guanacache. Los históricamente excluidos del sistema hídrico continúan realizando reclamos por tierra y por agua así como formando colectivos que si bien pueden ser difusos y flexibles, logran en diversos grados, evadir la pretensión de control por parte del Estado, cuestionar a los distintos funcionarios, así como relativizar el logro de sus esfuerzos.

Bajo esta última consideración, advierto una diferencia con quienes postulan una idea de éxito de las prácticas estatales, de concebir a las políticas públicas y burocracias estatales como formadores y moldeadores de subjetividades, individuos y relaciones sociales, puesto que si bien y en cierta manera todo ello ocurre, quedan puntos de fuga que evaden, cuestionan, relativizan y resisten el control que las diversas instituciones pretenden ejercer sobre poblaciones, territorios y recursos en general.

Pie de página

⁴Entre una multiplicidad de trabajos sobre procesos de reconocimiento étnico-indígena en todo el país se pueden mencionar: Gordillo, (2006; 2010) e Isla, (2009). Para el estudio de poblaciones indígenas en el norte, Escolar, (2007; 2010), Katzer (2010) y Saldi (2012). Para el centro-oeste Lazzari (2007) en la zona centro; y para el sur argentino, Briones y Ramos (2010), Rodríguez (2011), Cañuqueo, (2015), entre otros. También en las áreas urbanas de todo el país se llevaron a cabo procesos de reconocimiento étnico considerando la migración y la 'integración' a las zonas representadas básicamente de origen europeo como ejes centrales de la construcción de la identidad indígena (Vivaldi, 2010; Szulc, 2004).
⁵Hasta las primeras décadas del siglo XX, los cordilleranos ríos Mendoza y Tunuyán inferior desagotaban en Guanacache formando un sistema lacustre que permitía a sus pobladores vivir de múltiples actividades agrícolas, ictícolas y ganaderas, sin embargo, a partir de la fuerte intervención del Estado sobre la distribución hídrica, se llevó a cabo un acelerado proceso de concentración en lo que pasó a denominarse oasis. En este proceso, habitantes de Guanacache emigraron pero también otros persistieron viviendo en unidades domésticas dispersas en un amplio territorio con una economía de subsistencia en un área que abarca alrededor de un millón de hectáreas.
⁶La exclusividad de la tenencia del agua se evidencia en la Fiesta Provincial del Agua que el DGI realiza año a año desde 1946. A este evento solo son invitados quienes trabajan para dicha institución y autoridades del gobierno provincial haciendo de este un evento privado a pesar de que el agua es un bien común y centro de la historia del desarrollo económico, político y cultural de la provincia,
⁷Este mismo superintendente, el ingeniero Cipolletti, opinaba que la política debía estar separada de los trabajos hidráulicos y de la distribución del agua (Martín, Rojas y Saldi, 2010). En 1946 otro superintendente de irrigación y de matriz peronista afirmaba que la distribución del agua debía ser a partir de modelos matemáticos, separados y divorciados del quehacer político. Estas posturas se replican en los funcionarios actuales de Irrigación,
⁸Para conocer más sobre las reformas del Estado en el contexto liberal, así como de los procesos de descentralización estatal y sus implicancias reales, ver Oszlak (1997).
⁹Este documento ha sido base del Plan Agua 2020 confeccionado en el 2013 por el DGI y en donde se presentan las políticas hídricas a implementar durante los próximos años en toda la provincia. Sitio web de consulta: www,agua,gob,ar/2020/,
¹⁰Este canal es considerado como uno de los más antiguos, el cual atraviesa la ciudad de Mendoza y llega hasta el departamento de Lavalle,
¹¹De esta cita se desprende que el mismo DGI reconoce la presencia de canales en el noreste desde antes de la formulación de Ley de Aguas de 1884, aunque lo invisibiliza en los momentos de demanda de agua por parte de los pobladores de Guanacache que en diversos periodos han solicitado dotaciones hídricas (Escolar y Saldi, en prensa).
¹²La declaración de Guanaeaehe como sitio Ramsar implica un reconocimiento internacional de los humedales allí presentes así como por parte el Estado nacional, quienes se comprometen a mejorar la situación de degradación de los humedales y de su biodiversidad,
¹³El descartar al DGI como gestor de derechos de riego en Guanaeaehe es más bien aceptado por los pobladores de Guanacache quienes para realizar un pedido de agua, lo hacen por medio de otras instituciones como el municipio o la Dirección General de Hidráulica (de menor jerarquía que el DGI), aunque ambas finalmente dependen de la decisión que se tome desde el DGI.
¹⁴"Los ejecutados por el INTA a través de su Agencia de Extensión Rural (AER), los programas descentralizados del Programa Social Agropecuario (PSA), las acciones del Programa de Arraigo de Puesteros, el Plan Trabajar (ahora Jefes de Familia y Plan Familia), el Plan Manos a la Obra, el Plan de Vivienda Rural y los variados programas que se diseñan desde el Municipio" (Yáñez et. al., 2007, p. 20).
¹⁵Esta ley canaliza en territorio provincial el otorgamiento de tierras en todo el país bajo la ley nacional 26.160, siendo coherente con esta última,
¹⁶Esto llevó a que los pobladores de Guanacache comenzaran la titulación de sus tierras por ambas vías legales, aunque fueran excluyentes entre sí. Consultar Saldi (2012).
¹⁷Cabe destacar que todas estas formas de designar a las poblaciones de Guanacache son retomadas por estos últimos y resignificadas para volverlas también como formas de resistencia frente al control que pretende ejercer el municipio sobre ellos y sus territorios. Por lo tanto, si bien estas asignaciones son formas individualizantes y de división de un colectivo, también pueden ser, según los contextos y situaciones, formas de evadir y modificar por parte de los pobladores, el control estatal (confrontar Saldi, 2012).

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