Artículo de reflexión / REFLEXION ARTICLE

Desplazamiento, salud y pobreza: Obstáculos para el desarrollo de los adolescentes más vulnerables de asentamientos marginales de Barranquilla (Colombia)

Displacement, health and poverty: Obstacles in the development of vulnerable adolescents in marginal settlements of Barranquilla (Colombia)

Rodrigo Barceló Martínez¹

1 M.D, M.S.P., Ep. Profesor Departamento de Salud Familiar y Comunitaria, Universidad del Norte. Correspondencia: Carrera 38 N° 74-311. rbarcelo@uninorte.edu.co

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Resumen

Teniendo como marco el Proyecto UNI- Barranquilla y uno de sus productos, el Proyecto de Atención Integral a los Adolescentes Desplazados de Barranquilla, se analiza este fenómeno en el país y en Barranquilla, así como sus consecuencias, reflejadas en el estado de salud y la pobreza de los desplazados. Se hace énfasis en este proceso sobre orígenes, causas, características, respuesta del Estado y prospectivas del fenómeno. Con relación a este último aspecto se presentan algunas de las líneas de acción desarrolladas por el Proyecto de Atención Integral a los Adolescentes Desplazados del Suroccidente de la ciudad en los asentamientos de Loma Roja, Pinar del Río y la Paz

Palabras claves: Desplazamiento, pobreza, salud, reconocimiento, exclusión, Colombia.

Abstract

Based on the framework of the Barranquilla UNI Project and one of its products, the Comprehensive Care Program for Displaced Adolescent into Barranquilla, the people displacement phenomenon is reviewed both on an in-town and countrywide basis. Its consequences are also analyzed as impact on the health and on a poverty status of the displaced adolescents. Causes, features, State responsiveness, and phenomenon outlook are highlighted- In regard to the latter aspect, we showcase some courses of action worked up by the Comprehensive Care Program for Displaced Adolescent in the settlements of Loma Roja, Pinar del Río, and La Paz.

Key words: Forced displacement, poverty, health, recognition, exclusion, Colombia.

Fecha de recepción: 4 de junio de 2007
Fecha de aceptación: 16 de julio de 2007

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INTRODUCCIÓN

UNI Barranquilla (1) es un proyecto social, auspiciado por la Fundación W. K. Kellogg en el período 1994- 2006, que integra los esfuerzos de la Universidad del Norte (academia), los servicios locales de Salud de Barranquilla (servicios), de las comunidades de 15 barrios del suroccidente de Barranquilla (comunidad) y varias ONG (organizaciones no gubernamentales) para el mejoramiento del bienestar de 120.000 habitantes, propiciando cambios curriculares en la educación superior, particularmente en los programas de Medicina y Enfermería de la Universidad del Norte y facilitando el acercamiento de docentes y estudiantes a los nichos donde se generan las necesidades de la población, y así participar en sus soluciones, coadyuvar al fortalecimiento de los servicios locales de salud y de educación mediante el diseño e implementación de nuevos modelos de atención en salud, con énfasis en salud familiar y acciones de Promoción y Prevención, tanto en las instituciones prestadoras de servicios de salud locales como en los núcleos educativos en el contexto de las Escuelas Saludables, y por último, el fortalecimiento del proceso de construcción de ciudadanía, la organización y el desarrollo comunitario. Todo lo anterior ameritó algo más que una alianza estratégica, un trabajo en partnership, para cuya palabra inglesa no hay una traducción específica en el idioma español.

En el trabajo desarrollado por UNI (Una Nueva Iniciativa en la Formación de los Recursos Humanos en Salud) en el suroccidente de Barranquilla, especialmente en los asentamientos de La Paz, Loma Roja y Pinar del Río, identificamos un grupo de adolescentes ­en su mayoría desplazados­ que a diferencia del resto, no participaban ni se integraban a las actividades realizadas en el proceso de construcción de ciudadanía.

Lo anterior motivó a su identificación, localización y el desarrollo de un trabajo específico muy intenso con ellos.

Lo anterior dio lugar al desarrollo de un proyecto en los asentamientos ya mencionados denominado "Proyecto de Atención Integral para los Adolescentes Desplazados del Suroccidente de Barranquilla". De manera que lo que aquí presentaremos es parte del diagnóstico de la situación social y de salud de base encontrada entre esos grupos y parte de las experiencias con estos adolescentes y sus familias.

Se entiende por "desplazado" (2) toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia y las actividades económicas o formativas cotidianas porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o están directamente amenazadas. Esta definición la utilizamos para identificar a las familias y a los propios adolescentes que estaban en situación de desplazamiento, porque en los asentamientos hay personas que si bien están marginadas, no llenan todos los requisitos para ser considerados desplazados.

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EL CONTEXTO Y EL PROCESO

Los países en vías de desarrollo se han caracterizado por la inequidad en la distribución de la renta y la riqueza, y se ha encontrado que en América Latina el 44% de la población vive en la pobreza. Esa condición afecta a los jóvenes de nuestros países, por cuanto 58 millones son pobres y 21,9 millones están en condiciones extremas de pobreza. Los más afectados son jóvenes de áreas rurales de sexo femenino o pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad (3). Uno de esos grupos son los desplazados, agobiados por la pobreza extrema y que, a pesar de su potencial productivo, deben mendigar en las ciudades, donde generalmente no son bien acogidos, no tienen acceso a los servicios de educación ni de salud, con una nutrición inadecuada y una vivienda poco digna. Es de anotar que más del 80% de las familias desplazadas que están en los asentamientos tenían tierras o parcelas en el lugar del cual fueron desplazadas (4).

Durante las décadas de los ochenta y los noventa Colombia tuvo un incremento significativo de la pobreza y un bajo nivel de crecimiento que enmarcó su crisis fiscal y el incremento de la deuda externa además de la social. Precisamente en esas dos décadas y los primeros años del presente siglo se ha recrudecido el fenómeno del desplazamiento forzado en el país.

En Colombia se ha producido un crecimiento del PIB desde el 2002, el cual se ha mantenido por encima del 5 % en el presente año. Según el gobierno colombiano (5), eso implica que se tiene una base económica fuerte que ha favorecido la reducción en la tasa de desempleo y la reducción de la pobreza, de manera que la primera llegó en abril del 2006 al 12,1%, la más baja desde el 2001, y la pobreza pasó del 58% en el 2002 al 49% en el 2006, lo que ha recobrado la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, posición respetable pero no compartida por otros investigadores (6,7), que han calculado que la pobreza durante el presente año está por encima del 60%. Independientemente de lo anterior, la cifra que se obtuvo depende de diferencias conceptuales respecto a la pobreza y la calidad de pobre, así como de la metodología utilizada para el cálculo. Lo cierto, aun si se aceptara la posición del gobierno de que se cumplió el primer objetivo del Milenio (reducir la pobreza por debajo del 50%), la pobreza sigue siendo alta, particularmente en las áreas rurales, donde cada año un nuevo grupo de personas pierden sus haberes y son expulsados de sus territorios, pasando a engrosar el volumen de desplazados.

Hay diferencias en el acceso a los servicios sociales y bienes para los jóvenes en América Latina, donde aquellos de estratificación social alta pueden aspirar a niveles educativos, de salud y vivienda similares a los de los jóvenes de los países desarrollados, pero los más pobres, entre ellos los desplazados por la violencia, ven reducidas sus expectativas de bienestar, con escasas oportunidades para recibir educación, servicios de salud y de ingresar al mercado laboral, por lo que tienen muy pocas oportunidades de llegar al nivel social y económico que tenían antes del desplazamiento. Independientemente de ese panorama, los adolescentes de los asentamientos de Barranquilla refieren haber cursado algún nivel de primaria (64,7%) y el 32% algún grado de educación secundaria, datos que difieren de los hallazgos de Ospina, quien encontró que de cada 100 adolescentes desplazados, 21 no han tenido acercamiento alguno a la educación primaria (8).

La familia en Latinoamérica, aun en los estratos sociales pobres, es un elemento central para los adolescentes, donde éstos obtienen apoyo, afecto, equilibrio emocional y solución a muchos de sus problemas. Los estudios al respecto muestran resultados contradictorios. En nuestro caso se encontró en las familias de los adolescentes que tienen una alta cohesión familiar (65,7%) (3), lo que les da cierta protección contra los problemas de exclusión y rechazo que encuentra en su nuevo espacio, pero tienen una disfuncionalidad familiar superior al 80%, que pone en riesgo la cohesión encontrada. En otros estudios se ha encontrado rotura de la cohesión familiar (9).

Kliksberg (10) hace referencia a la Encuesta de Hogares del año 2002 afirmando que encontró que la mayoría de jóvenes de 15 a 29 años viven con sus familias de origen, y predomina en la estructura la familia nuclear (58%), seguida ésta de la familia extendida (33%). Es de anotar que en Colombia el 84% de los jóvenes viven con su familia de origen.

En el caso de los (las) adolescentes de los asentamientos de Barranquilla, el tipo de familia predominante de origen es la nuclear (69%) y el 76% de los adolescentes viven con su familia de origen. En nuestro estudio encontramos en varios casos que el padre del adolescente pierde la legitimidad de su autoridad al dejar de ser el aportante principal al sostenimiento de la familia por la falta de acceso permanente o parcial a un trabajo remunerado. Lo anterior genera conflictos en los adolescentes por la falta de expectativas claras y las dudas sobre lo que se espera de ellos. Ante esa situación, muchos jóvenes han abandonado su hogar, lo cual pone en riesgo a los adolescentes y la integridad familiar.

La información sobre el perfil epidemiológico de niños, adolescentes y jóvenes en la región es escasa, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (11), pero además no se consiguen datos desagregados en las categorías de edad de 10 a 14 años, de 15 a 19 y de 20 a 24. Tampoco estaban discriminadas por sexo. Lo anterior representa un obstáculo para realizar comparaciones locales, nacionales e internacionales. Por supuesto que esas limitantes y dificultades metodológicas son mayores en la población adolescente que está en situación de desplazamiento.

En Colombia, durante el 2002 las causas externas fueron las principales causas de Mortalidad entre los adolescentes, incluidos homicidios, suicidios, accidentes y traumatismos, seguidos de tumores malignos, enfermedades infecciosas, enfermedades del corazón y las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. La mortalidad en adolescentes y jóvenes es mayor en el sexo masculino que en el femenino. Es de anotar que la mortalidad de los adolescentes es menor que la de cualquier otro grupo de edad, lo que no le resta su importancia (12).

En el caso de los adolescentes desplazados hay una tendencia semejante, y en el caso particular de los que están en los asentamientos de Barranquilla ya mencionados las muertes reportadas para el 2002 (3) se debieron a muertes violentas por causa externa atribuible a accidente de tránsito en su totalidad, y ya para 2003 y 2004 se reportaron 4 casos de homicidios, dos en cada uno de esos años (13), hecho que se debe tener en cuenta si se considera que la población en riesgo en los asentamientos mencionados es algo inferior a los 500 adolescentes.

En nuestro estudio se encontró que las primeras causas de morbilidad en los últimos seis meses del 2002 en los adolescentes desplazados de Barranquilla se debió a enfermedades infecciosas y parasitarias, seguidas de la desnutrición crónica, sin aparecer otras enfermedades crónicas, pero sí trastornos relacionados con la desorganización social, tales como ingestión de alcohol, adicción a drogas y hábito de fumar (3). Se encontró que el hábito de consumo de sustancias tóxicas supera el 7.5%, siendo, en su orden de importancia, el consumo de alcohol (15,6%), las sustancias psicoactivas (9,5%) y el cigarrillo (7,9%).

En América Latina (14), las enfermedades crónicas no son causas frecuentes de morbilidad. Últimamente han emergido nuevas causas, tales como los trastornos del aprendizaje, el déficit de atención y la violencia intrafamiliar, entre otras, lo cual no difiere mucho de lo encontrado en adolescentes de Colombia y de Barranquilla. Es de resaltar que el equipo de UNI detectó en los asentamientos de Loma Roja y Pinar del Río varios casos de violencia intrafamiliar, particularmente de violaciones y agresión física a menores. Estos eventos en general pasan desapercibidos y son ocultados en esas comunidades.

Los casos de SIDA en adolescentes representaron en 1996 el 4% del total de los casos notificados, proporción que aumentó en 1999 (14). En 1995, el 50% del total de los casos de VIH se presentaron en personas con edades menores de 24 años. No se reportaron casos de SIDA en los adolescentes de los asentamientos de Barranquilla, lo cual no significa que no existan, si se tiene en cuenta que la información se obtuvo mediante un cuestionario que fue autodiligenciado por los adolescentes y hay la posibilidad de algún sesgo en el suministro de la información; de hecho, después de realizada la encuesta se detectaron dos casos, uno en Loma Roja y otro en Pinar del Río.

Las diferentes situaciones estresantes que afrontan los adolescentes en situación de desplazamiento alteran su estabilidad emocional, lo cual da lugar a la pérdida de su salud mental. En el caso de Barranquilla encontramos que el 52% de los adolescentes o algún familiar tenían problemas psicológicos al parecer asociados al proceso del desplazamiento, expresado como angustia, depresión o aislamiento. De otra parte, el 31,8% tenían comportamiento violento.

En cuanto a problemas asociados al comportamiento sexual (el haber tenido un hijo o haber embarazado o haber estado embarazada) están alrededor del 16,5%. Este dato difiere de lo encontrado por Ospina (8), en cuyo estudio el 30% de las adolescentes residentes en zonas marginadas ya son madres o están embarazadas de su primer hijo.

Las principales causas del desplazamiento son los conflictos por la tierra y por el territorio. En el primer caso se manifiesta por el antagonismo entre latifundistas con poder económico y político y minifundistas generalmente pobres, de manera que hay competencia por la propiedad y el control de la tierra. En el segundo caso se trata del control del territorio como espacio político y económico por parte de grupos con poder económico, político y/o militar para sacar a quienes cuestionen su poder o ven como obstáculo para sus fines. El uso de la violencia en ambos casos puede ser causa o efecto del conflicto para concretar espacios productivos rurales (15,16). Otra causa es el enfrentamiento armado entre diferentes fuerzas, en cuyo caso la población abandona sus pertenencias y su territorio para no caer en el fuego cruzado o evitar estar fuera del conflicto. También se incluyen otras manifestaciones, tales como violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y otros condicionantes asociados a las situaciones previamente mencionadas, tales como el narcotráfico.

En el caso de las familias de los adolescentes desplazados de Barranquilla, las principales causas de desplazamiento fueron: Violencia generalizada asociada (35,4%), acciones paramilitares asociadas a conflictos por tierra o territorio (29,9%), acciones guerrilleras (17,1%), combates de fuerza pública con paramilitares o guerrilla (6,1%) y otras causas (11.6%).

Las familias expulsadas de sus tierras y/o de sus territorios migran y se restablecen en condiciones poco dignas en otras poblaciones y en la periferia de muchas ciudades, lo cual genera un gran problema social, tanto para ellos en su condición de desplazados como para las comunidades y autoridades locales. Esta condición produce secuelas funestas en los miembros de las familias, particularmente en niños y adolescentes, y propicia la pérdida del proceso formativo, lo cual incrementa los riesgos para su salud física y mental y aumenta todos los riesgos sociales asociados a la desorganización social.

Mientras que en otros países el desplazamiento se asocia a estados de guerra específicos, en Colombia es un hecho que históricamente está en la memoria del país desde la fundación de la república hasta el presente, con períodos de relativa estabilidad.

Las áreas con mayor desplazamiento en Colombia son las más productivas, que corresponden a áreas donde la producción está ligada a la explotación del petróleo, la ganadería, la minería y los cultivos ilícitos. Los adolescentes de los asentamientos de Barranquilla proceden en un 87% de los departamentos de la costa norte, entre los cuales Bolívar, Magdalena y Córdoba aportan el 35.4, 28,7 y 7,9% respectivamente. De los departamentos diferentes de la Costa Atlántica, Antioquia aporta un porcentaje relativamente alto (7,9%). Esos resultados concuerdan con los mostrados por el nivel nacional (15).

Al llegar a la ciudad se intensifican en principio las situaciones de exclusión e intolerancia. En consecuencia, se suscitan luchas por el reconocimiento del derecho a la nación y a la ciudad, que debían ser responsabilidad de todos. Independientemente de lo anterior, los adolescentes de los asentamientos de Barranquilla manifestaron que han recibido una buena aceptación por los adolescentes residentes en comunidades adyacentes y por varias ONG que trabajan en los asentamientos.

En el país se ha producido el éxodo de poblaciones enteras, desarraigadas de sus territorios, lo que las obliga a buscar nuevos lugares de refugio para salvarse y reconstruir sus vidas y alejarse del control autoritario de grupos armados que intentan la exclusividad del poder en sus territorios. Esa no ha sido la situación de las familias de los adolescentes desplazados residentes en Barranquilla.

La creciente delincuencia organizada en torno a la producción y el comercio de las drogas ilícitas agrava el problema del desplazamiento en Colombia. Muchos de los familiares de los adolescentes desplazados residentes en Barranquilla y algunos de ellos eran antes del desplazamiento recolectores de coca.

El desconocimiento, la indiferencia y el silencio que rodea al desplazamiento hacen que el fenómeno no tenga comparación con los modelos interpretativos vigentes y sea completamente diferente de las experiencias vividas por otros países. El fenómeno apenas comienza a tener el reconocimiento internacional y de la opinión pública, y sólo en años recientes empezó a tener algo de relevancia en la agenda gubernamental.

En Colombia, el desplazamiento forzado no obedece a la identidad cultural y/o política de las personas desplazadas (17), ya que no son personas que correspondan a un grupo en particular. La única característica en común que poseen es su condición de víctimas del conflicto armado; su exclusión, la falta de reconocimiento y la ausencia de la reparación por las pérdidas materiales y de vidas de sus familiares. Son personas de diferentes grupos étnicos, de diferentes culturas, religiones y aun clases sociales, es decir, grupos muy heterogéneos.

Con el desplazamiento, además de las pérdidas materiales y humanas se pierde la identidad previa, la identidad cultural y al decir de Alfredo Correa De Andreis (18), la pérdida de la personalidad jurídica de los desplazados, debido a las nominaciones externas que les atribuyen los actores armados del conflicto, muchas veces arbitrarias y no relacionada con lo que ellos hacen, piensan, creen o desean. En esos términos, son calificados como auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares o informantes del Ejército. Bajo esas condiciones, los desplazados pasan de víctimas a ser parte de la guerra y responsables de su propia situación. En ese contexto, la sociedad los juzga y los discrimina.

Al comienzo del Proyecto de Atención Integral al Adolescente Desplazado del Suroccidente de Barranquilla pudimos apreciar que muchos adolescentes negaban su identidad, su lugar de procedencia, así como las actividades realizadas por sus familias.

Las situaciones vividas por los desplazados durante su fase de acoplamiento en los asentamientos da lugar a un nuevo entramado social y moral de una historia común vivida, con pérdidas asociadas a la exclusión y ausencia de reconocimiento. Es en ese nuevo tejido social donde los desplazados encuentran elementos de autoconocimiento y reconocimiento que les dan nuevas identidades, desde las cuales articulan sus demandas de estabilización socioeconómica, reconocimiento social, inclusión política y reparación moral.

El desplazamiento en Colombia se torna más grave al afectar a niños, niñas y jóvenes que por su mayor vulnerabilidad enfrentan situaciones de desarraigo que lesionan sus derechos, complican su presente y hacen más incierto su futuro.

Según el CODHES (19), en Colombia durante el período 1985 - 1999 fueron desplazados 392.000 hogares, que integran una población aproximada de 1.900.000 personas, de las cuales 1.100.000 corresponde a menores de edad. Por los menos 450.000 niños, niñas y adolescentes vivieron el desarraigo y la violencia entre 1985 y 1994, mientras que más de 650.000 enfrentan esta situación desde 1995. En 1998, del total estimado de desplazados (308.000), 172.480 corresponde a menores de 18 años. Para 1999 el desplazamiento forzado afectó a 272.000 nuevas personas, de las cuales cerca de 176.800 fueron niños, niñas y jóvenes menores de edad. De manera que un número significativo de niños y adolescentes fue víctima de la migración forzada.

Es de resaltar que el 52.8% de los desplazados en el país son personas menores de 18 años. Las jefes de esos hogares en una buena proporción son mujeres jóvenes menores de 30 años, con bajos niveles de educación, el 17% de las mismas no han completado su primer año de primaria y el 36% no ha terminado la primaria. Esos datos difieren de los encontrados en nuestro estudio, en el que las mujeres cabeza de hogar de las familias de los adolescentes desplazados tienen una mayor escolaridad.

El éxodo de los desplazados por el conflicto armado y el narcotráfico es generalmente interno y en algunos casos hacia el exterior. La migración interna frecuentemente la hacen a ciudades consideradas polos de desarrollo. En el caso particular de los desplazados de departamentos de la costa norte, el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla son los principales ejes de recepción, tanto que hoy día Barranquilla es la segunda ciudad a nivel nacional que recibe desplazados forzados (15), pero esta ciudad no tiene aún la planeación ni la debida organización para dar solución a la problemática generada por los desplazados que buscan refugio en su seno, por lo cual su manejo es bastante caótico. Es de anotar que el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla en términos generales no son productores de desplazamiento, pero sí unos de los principales receptores de desplazados del país.

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EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

Hay una legislación abundante para la protección de los y las adolescentes que es aplicable a los que están en situación de desplazamiento, legislación a la cual ha recurrido UNI y el Proyecto de Atención Integral al Adolescente Desplazado del Suroccidente de Barranquilla en defensa de sus derechos.

Con base en los principios del derecho internacional de los derechos humanos (20) Colombia asumió compromisos ante la comunidad internacional para luchar por el cumplimiento de los derechos de niños y niñas, adolescentes de ambos sexos y de las mujeres.

En el artículo 93 de la Constitución política de Colombia de 1991 se establece que los convenios y tratados internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno, por lo tanto estos tratados y convenios tienen en el país una jerarquía supralegal. Esos instrumentos son una guía para la interpretación de los derechos consignados en la carta magna.

Colombia se acogió a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1969, la Convención contra la Tortura en diciembre de 1987, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en septiembre de 1981, la Convención sobre la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño en enero de 1982 y enero de 1991 respectivamente (20).

El Comité de los Derechos del Niño recomendó tomar medidas para garantizar a los niños el derecho a la vida, principalmente de los niños más vulnerables. Otra de las recomendaciones fue la capacitación de los trabajadores de la salud que laboran con niños y adolescentes, y el ofrecimiento de asesoría a adolescentes para evitar o disminuir los embarazos entre ellas.

Desde 2002 diferentes entidades gubernamentales y otros organismos nacionales e internacionales elaboraron un proyecto de ley para la atención integral de infantes y adolescentes para modificar el anterior Código del Menor y actualizar la legislación sobre niñez del país, de manera que estuviera a tono con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los otros instrumentos internacionales de derechos humanos y los mandatos de la Constitución de 1991, lo cual fructificó con la expedición de la Ley 1098 de noviembre de 2006, denominada Código de la Infancia y la Adolescencia (21).

Pese a la legislación existente se violan con frecuencia los derechos de niños, niñas y adolescentes, de manera que hay una gran diferencia entre lo que se legisla y lo que se aplica.

En relación con el desplazamiento forzado, Colombia se acoge a lo establecido en la normatividad internacional sobre Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; el primero tiene una serie de instrumentos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, los Protocolos I y II del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

De otra parte, el Derecho Internacional Humanitario establece las normas que por razones humanitarias tratan de limitar los efectos de los conflictos armados protegiendo a las personas que no participan o que han dejado de participar en dicho conflicto, de acuerdo con lo establecido en los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los dos tratados relacionados con los protocolos adicionales de 1997 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados.

Adicionalmente hay otros textos que protegen algunas categorías específicas de personas, bienes o usos de armas, tales como la Convención de La Haya de 1954, que protege bienes culturales en caso de conflictos armados, la Convención de 1972 sobre el uso de armas bacteriológicas, la Convención de 1993 sobre el uso de armas químicas, el Tratado de Ottawa sobre el uso de armas antipersonal y el Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativos a la participación de los niños en los conflictos armados.

Las Naciones Unidas, con la convicción de que los desplazamientos internos son uno de los fenómenos más trágicos de nuestro tiempo, expidió en 1998 los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (22), en los que define la condición de desplazado interno y los derechos de las personas desplazadas acogiéndose a la normatividad del Derecho Internacional. El propósito de ese documento es el de orientar a los estados, autoridades, grupos y personas en el acercamiento y tratamiento de la población desplazada, pero no es de obligatorio cumplimiento. Independientemente de lo anterior fue acogido por Colombia.

En 1997 se expidió la Ley 387, que establece normas sobre la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos (2). Esa ley creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, establece las responsabilidades del Estado ante situaciones de desplazamiento forzado; define los objetivos del sistema de atención integral a los desplazados por la violencia y establece un plan nacional para su atención. Este último contempla la creación de la red nacional de información para la atención de dicha población, las medidas del gobierno nacional para prevenir el desplazamiento forzado y aquellas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia, entre otros aspectos. Varios artículos de la ley han sido modificados por algunos decretos, pero ésta conserva su esencia primaria.

Es de resaltar que la Ley 387 establece mecanismos para el retorno de los desplazados a su territorio, pero en el caso de los que están en los tres asentamientos señalados de Barranquilla, el 99% no han decidido volver a su lugar de origen.

En marzo de 1999 se expidió el decreto 290, con el cual se dictan medidas para facilitar la inscripción en el Registro Civil de Nacimientos y la expedición de documentos de identificación de las personas desplazadas debido al conflicto armado interno (23).

En marzo de 1999 se expidió el Decreto 489, que le asigna a la Red de Solidaridad Social las actuaciones y funciones que realizaba la Consejería Presidencial para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia.

En 2001 se expidió el Decreto 2007 con la finalidad de proteger el patrimonio de los desplazados. Se establecen medidas para proteger los bienes rurales y fortalecer el patrimonio de los desplazados y evitar que los bienes rurales abandonados por ellos no sean vendidos por coacción de los actores armados causantes del desplazamiento. Hace referencia a la estabilización socioeconómica de carácter transitorio y para coadyuvar a la atención oportuna de los desplazados que deseen continuar con actividades agropecuarias se adoptan predios de paso y asentamientos temporales en sitios que se haya hecho extinción de dominio o que estén bajo la responsabilidad del INCODER.

En el 2005 se expidió el Decreto 2005, por el cual se intenta proteger los bienes patrimoniales rurales de los desplazados o en riesgo de desplazamiento, mediante el aseguramiento jurídico e institucional de los bienes afectados.

Muy a pesar de la magnitud del problema, de sus funestas consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas y de la basta legislación existente, es muy poco el impacto de las acciones emprendidas para superar el problema del desplazamiento en el país.

Hay muchas barreras para superar el problema del desplazamiento en Colombia (24), entre las cuales podemos mencionar:

1. Escasa información de las personas afectadas y de muchos de los responsables de prestar la atención a los desplazados.

2. Desconocimiento, por parte de los desplazados, de sus derechos o de las formas de hacerlos valer.

3. La ignorancia de muchas instituciones locales de sus responsabilidades para la prestación de servicios y canalización de recursos para los desplazados.

4. Desconocimiento de muchas entidades gubernamentales de las acciones prioritarias que deben realizar con la población afectada por el desplazamiento.

5. Muchos actores no gubernamentales desconocen las acciones emprendidas por las instituciones del Estado.

6. Se ignoran con frecuencia las condiciones especiales de los grupos más vulnerables de desplazados, particularmente, niños, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados.

7. Son escasas las medidas que toman las autoridades de los diferentes niveles para evitar el desplazamiento.

8. Muchas personas y familias ocultan su condición de desplazados por temor a poner en peligro su vida, y mantienen un bajo perfil en el lugar al que llegan.

9. La ruptura de la familia, la desaparición de lazos sociales y culturales y la ausencia de empleo remunerado.

10. La falta de satisfacción de necesidades vitales.

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EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE DESPLAZADO EN ACCIÓN

La problemática del desplazamiento nos impone retos múltiples y difíciles debido al impacto que el mismo tiene sobre el bienestar de la población, la productividad y la economía del país, por lo que se deben generar leyes, políticas públicas, planes, programas y proyectos tendientes a mitigar en el corto plazo sus consecuencias y a largo plazo terminar con la problemática planteada, cumpliendo, entre otras cosas, con las estipulaciones del Derecho Internacional.

Los Actores

Ante la problemática planteada, en 2000 iniciamos el Proyecto de Atención Integral al Adolescente Desplazado en el Suroccidente de Barranquilla en los tres asentamientos mencionados, estableciendo una alianza estratégica entre la Universidad, los servicios locales de salud (Hospital la Manga y sus centros de salud), la Fundación la Paz, el centro de atención Corporación San Camilo, la Oficina de Juventudes de la Secretaría Social del Distrito de Barranquilla y dos organizaciones de adolescentes, una del asentamiento Loma Roja y otra de Pinar del Río; con este tipo de organización horizontal se realizó un proceso de sensibilización a las familias desplazadas respecto a los objetivos y mecanismos de operación del proyecto con la finalidad de obtener su aceptación, participación y/o colaboración, aclarándoles que debían ser participantes activos del proceso, particularmente los adolescentes. Este trabajo ha sido permanente y se han utilizado diferentes estrategias de comunicación.

Las Estrategias

Las principales estrategias utilizadas en el proyecto para operativizarlo fueron las alianzas estratégicas, el trabajo en partnership, la concepción de la salud como un proceso de construcción social, la promoción y la prevención, el fortalecimiento de la participación social y la construcción de ciudadanía, la capacitación, la investigación participativa, el fortalecimiento del liderazgo, la integración funcional en la base y el trabajo en red.

En el proceso se fueron identificando a los adolescentes de los asentamientos, y con los que estuvieron decididos a participar se crearon diferentes grupos de trabajo en los cuales se identificaron sus necesidades vocacionales, educativas, de salud, sociales, culturales y políticas; algo similar se hizo con los adultos. Simultáneamente realizamos con miembros del partnership y adolescentes de las áreas un diagnóstico participativo de las condiciones sociales y de salud de los adolescentes desplazados y sus familias. Con base en esos dos productos establecimos un plan estratégico con planes de acción anuales que se llevaron a cabo en el período 2000 - 2005.

Acciones y Resultados obtenidos

Como fruto de lo anterior se desarrollaron varias líneas de trabajo, entre las cuales podemos mencionar:

1. Acciones para evitar la exclusión, buscar la solidaridad y lograr el reconocimiento de los desplazados, para lo cual se hicieron reuniones y talleres en diferentes espacios para difundir entre los participantes los derechos de los desplazados, y en particular, la de los niños y adolescentes con base en la legislación existente. Tales reuniones abarcaron a las comunidades colindantes o cercanas a los asentamientos, autoridades de diferentes secretarías del distrito de Barranquilla y diversas organizaciones gubernamentales y ONG que tienen que ver con la atención de los desplazados, buscando el reconocimiento de sus derechos, particularmente de niños, niñas y adolescentes.

2. Seminarios y talleres con los adolescentes y familiares de los mismos para socializar con ellos sus derechos como ciudadanos y en calidad de desplazados, así como la discusión de los diferentes mecanismos legales para exigirlos.

3. Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo de los adolescentes, buscando su participación eficiente, mejorando su propia organización y llevándolos al desarrollo y la búsqueda del propio reconocimiento. La formación recibida les ha permitido el ejercicio de un liderazgo participativo y la utilización del diálogo y técnicas de concertación en la resolución de conflictos y en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos.

4. Fortalecimiento de la educación para el autocuidado, el control de factores y conductas de riesgo mediante el uso, en diversos espacios, del enfoque de habilidades para el desarrollo saludable de la vida de adolescentes.

5. Acciones llevadas a cabo por un equipo interdisciplinario y multiprofesional para adolescentes y miembros de sus familia para apoyar a los que necesitaran terminar duelos inconclusos por las pérdidas.

6. Construcción de un Centro de Documentación donde los adolescentes y adultos reconstruyen su historia y la de los asentamientos y registran el sentido histórico y colectivo de esos acontecimientos; de otra parte, el centro tiene la dotación de varios microcomputadores para búsqueda de información vía Internet y su utilización en manejo de datos, para lo cual recibieron el debido entrenamiento por parte del proyecto.

7. Fortalecimiento del trabajo productivo de los adolescentes mediante la creación de una precooperativa denominada "Precooperativa Multiactiva de Jóvenes Trabajadores" (PRECOMJOT), quienes recibieron la capacitación del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) y el apoyo técnico y logístico del proyecto. Bajo esa forma asociativa, los adolescentes administran el Centro de Documentación y tienen entre sus líneas de trabajo la prestación de servicios informáticos y la disponibilidad de salones del Centro para eventos educativos o de salud, además de ser un referente para las reuniones, cursos y talleres sobre organización y desarrollo de los desplazados.

8. Incorporación y aceptación de los de adolescentes desplazados en centros escolares de comunidades adyacentes como parte del proceso de inclusión.

9. Realización de diferentes eventos educativos para adolescentes, a fin de brindarles las técnicas para establecer diálogo, concertación y negociación con las diferentes entidades gubernamentales y ONG que tienen que ver con la disponibilidad del manejo de recursos y servicios para los desplazados. De hecho, la precooperativa logró un acuerdo con la Alcaldía distrital, de manera que ésta paga los servicios públicos del Centro de Documentación. A cambio, la Oficina de Juventudes del distrito utiliza, de acuerdo con horarios preestablecidos, los salones del centro para actividades educativas y recreativas con los adolescentes.

10. El trabajo en red con otras organizaciones e instituciones que laboran en los asentamientos, comenzando con los procesos de reconocimiento y conocimiento de las partes, lo que permitió el desarrollo de un trabajo más articulado y armónico, con menos duplicación de funciones.

Las anteriores son algunas de las acciones del proyecto llevadas a cabo en los asentamientos. Pese a sus buenos resultados inmediatos, lo realizado es insuficiente para el mejoramiento sustancial de las condiciones de estos grupos.

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CONCLUSIÓN

Combatir el problema del desplazamiento es una responsabilidad máxima de la sociedad y el Estado colombiano que exige su compromiso, empoderamiento, organización y gestión. Compromiso de luchar contra la iniquidad y la injusticia social por ser éstos determinantes de la violencia. Empoderamiento de las comunidades, autoridades de diferente orden, el sector privado y las ONG, entre otros, para asumir como propio el problema y la búsqueda e implementación de soluciones. Gestión de planes, programas y proyectos de alta eficacia y costo efectivos en beneficio de los desplazados por la violencia.

Agradecimientos

Se agradece a la Fundación W.K. Kellog por su auspicio, asesoría y asistencia técnica en el desarrollo del proyecto.

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