INTRODUCCIÓN

El Departamento de Antioquia (Colombia) y, de modo específico, su ciudad capital, Medellín, se configuraron como el motor de la industrialización del país durante la primera mitad del siglo xx, situación que cambió después de la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo industrial de Bogotá (capital de Colombia) y, luego, debido a un marcado proceso de desindustrialización que desde la década de 1970 ha ocurrido en el país. A ello se sumaría después la adopción de políticas económicas neoliberales, en medio de una época de apertura económica en el país, que impactarían la industria nacional, y sobre todo a ciudades como Medellín, cuyo desarrollo se había basado en este sector. De igual forma, en las décadas de 1990 y 2000 se promulgaron reformas laborales que flexibilizaron los vínculos entre trabajadores y empresarios, con el fin de reducir los costos de contratación y privilegiar la competitividad de las organizaciones que se desenvuelven en un escenario de competencia global. En este contexto, Medellín realiza la apuesta de transformar su vocación económica industrial por una orientada hacia los servicios, en medio de altas cifras de informalidad laboral. Al no consolidarse aún esta apuesta de ciudad, muchas personas se ven obligadas a realizar actividades laborales por fuera del sector formal, entre las cuales se encuentra el comercio informal: según la ^{Personería de Medellín (2017}, p. 110), esta es una “problemática constante e histórica en Medellín, que se explica en buena medida por el nivel de informalidad existente en la ciudad”.

En este orden de ideas, en el presente artículo se busca analizar el proceso histórico vivido en Medellín, que ha configurado una economía de comercio informal, a partir de la incidencia que han tenido los factores económico - políticos de la desindustrialización y la promulgación de reformas laborales de inspiración neoliberal. Para esto, por medio de una revisión bibliográfica y documental, se realiza una contextualización del proceso histórico que han tenido estos factores y cómo se han presentado con ciertas particularidades en Medellín. La revisión bibliográfica se realiza por medio de la consulta de artículos de investigación publicados en revistas académicas y que abordan los factores mencionados; mientras que la documental se efectúa a través del registro de información especializada en dichos factores, así como cifras estadísticas sobre los mismos.

^{Agostino (2016)} indica que hay una diferencia entre trabajos informal y no registrado: para este autor, el primero permite que personas que fueron expulsadas por la economía formal - capitalista generen ingresos para su subsistencia y la de sus familias; mientras que el segundo busca la evasión impositiva con el fin de reducir costos, en pro de lograr una mayor competitividad y ganancias para los empresarios, lo cual tiene impacto en la seguridad social del trabajador, como resultado de la adopción de políticas neoliberales. Al respecto, ^{Crespo y Serrano (2012}, p. 42) plantean que “frente a un Estado garante de derechos sociales, la nueva función del Estado es la de asegurar las responsabilidades, la ética y las oportunidades de los ciudadanos. La referencia a la solidaridad colectiva está siendo desplazada por un énfasis creciente en la responsabilidad del individuo”.

A su vez, ^{Jorquera (2012)} señala que los trabajadores con una formación más especializada, deseable por el mercado, tienen mayores posibilidades de generar su propia autobiografía laboral (de generar procesos de individuación respecto a su propia historia y trayectoria laboral) que aquellos con menor calificación y experiencia, lo cual resulta muy problemático debido a que la proporción del segundo tipo de trabajadores es mucho más alta. Por ello, de acuerdo con ^{Jorquera (2012}, p. 232), “tiende a ser altamente mayor la fracción de trabajadores que participan de un mercado precario que favorece las vulnerabilidades sociales y las tensiones psicológicas”.

Para ^{Cabrales (2011)}, lo anterior genera una crisis del empleo, debido a que, de un lado, es un requerimiento del neoliberalismo; y de otro, a que la economía global continuará presentando períodos de estancamiento, los cuales producirán desempleo y precarización laboral (entendida esta última como el debilitamiento de los vínculos entre empleadores y empleados), y generarán una paulatina eliminación de los derechos de los trabajadores en pro de las necesidades de competitividad a las que se ven enfrentadas las organizaciones en el escenario globalizado actual. En esta línea, ^{Huertas (2013)} expresa que el neoliberalismo ha promovido la implantación de la flexibilidad en la contratación laboral, con lo que se han precarizado las condiciones del empleo remunerado. ^{Castro (2014)} complementa esta concepción, en tanto asevera que la globalización económica de finales del siglo xx ha ocasionado un incremento en la flexibilidad laboral, el desempleo y la precarización del trabajo, lo que ha permitido la consolidación de las alternativas informales para generar ingresos debido a que se presentan como soluciones inmediatas de subsistencia. Según ^{Castro (2014}, p. 2), este tipo de trabajo, así como lo comentó en un primer concepto la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “no ofrece condiciones laborales dignas, ni justas para el trabajador de este sector, y por el contrario su escenario de trabajo se precariza; observándose falta de protección social, remuneración baja y desigualdad frente a los trabajadores formales”.

Con lo dicho, el presente artículo se estructura en cuatro apartados. El primero contextualiza el proceso de configuración de un mercado del trabajo para el sector industrial, dada su importancia para el desarrollo de Colombia y el papel que tuvo Antioquia, y particularmente Medellín, en ese proceso. En el segundo se describe el fenómeno de la desindustrialización en Colombia y su impacto en la capital antioqueña, debido a su marcada vocación industrial. En tercera instancia se revisa la adopción del modelo neoliberal en el país, su repercusión en la industria y la promulgación de reformas laborales que tuvieron como fin privilegiar la competitividad empresarial, lacerada por la apertura económica, con lo cual se ha establecido una marcada flexibilidad laboral que ha precarizado el empleo en Colombia. Finalmente, se discute la estrategia asumida por Medellín a partir de estas circunstancias para trascender de una ciudad industrial hacia una de servicios e innovación, en medio de un proceso no consolidado aún y de altas cifras de informalidad laboral, situación que ha posibilitado la configuración de una economía de comercio informal en Medellín.

1. MERCADO DEL TRABAJO E INDUSTRIALIZACIÓN

Según ^{Agostino (2016)}, el mercado del trabajo se consolidó a partir de un proceso de proletarización violenta del campesinado, que fue despojado de sus medios de trabajo y se le obligó a vender su fuerza laboral. Para ^{Crespo y Serrano (2012)}, este proceso de transformación de campesinos en obreros dependientes de un salario fue resultado de una compleja ingeniería social, fundamentada en estrategias de coerción a partir de la amenaza de la pobreza y un discurso moral paternalista. Asimismo, ^{Crespo y Serrano (2012}, p. 37) afirman que “la resultante fue el establecimiento de nuevos hábitos de vida y de pensamiento, donde el trabajo se identifica con el empleo y la dignidad personal y la valía ética se sitúan en el compromiso con el puesto de trabajo”.

^{Botero (1984)} señala que el perfil típico de los obreros de Medellín en los albores de la industrialización, y hasta bien entrado el siglo xx, estaba compuesto fundamentalmente por mujeres jóvenes y solteras con un nivel de alfabetización aceptable para la época. Ello pone en evidencia un proceso de explotación de mano de obra con el fin de aumentar la competitividad de las empresas, y, sobre todo, las ganancias de los empresarios industriales de aquellos años.

Sólo hasta 1918, a partir de lo señalado por ^{Botero (1984)}, se aprobó la Ordenanza 25, en la cual se establecieron, entre otras disposiciones regulatorias a la explotación laboral en Antioquia, las prohibiciones del trabajo femenino cuando se estaba en estados avanzados de embarazo, de la jornada laboral para las mujeres de más de ocho horas diarias y del trabajo infantil (menores de diez años), así como el establecimiento de una jornada de ocho horas diarias para los menores de quince años. Tales medidas tenían excepciones o no quedaban del todo claras, por lo cual siguieron siendo aprovechadas por los empresarios antioqueños de la época para continuar explotando esta mano de obra más vulnerable, pero más rentable.

Estas regulaciones regionales estuvieron acompañadas de políticas estatales del orden nacional, que veían en los procesos de industrialización el camino idóneo para el desarrollo económico de la nación. Los gobernantes de la primera mitad del siglo xx de Colombia, y sobre todo la presidencia de 1930 - 1934 de Enrique Olaya Herrera, de acuerdo con lo señalado por ^{Poveda (1979)}, centraron su atención en la industria como factor clave de la economía nacional. ^{Poveda (1979)} señala que es probable que, en aquella época, la actividad industrial aportara el 10% del producto interno bruto (PIB) nacional y Antioquia representaba la mitad de dicha producción industrial. Por esto, afirma ^{Poveda (1979}, p. 187), “se fue configurando entonces una legislación cuyo espíritu era un signo claro de la consolidación del crecimiento fabril del país y de las transformaciones sociales que ello estaba acarreando”.

Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial y los años cercanos a la posguerra, comenzaron a ingresar al país capitales extranjeros para constituir nuevas empresas y comprar otras ya existentes. De acuerdo con ^{Poveda (1979}, p. 190), “la inversión extranjera (virtualmente toda norteamericana) en empresas manufactureras nacionales, que en 1939 era prácticamente nula, pasó a ser de doce millones de dólares en 1946”. A la par de esta nueva situación, en 1945 fue fundada la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en Medellín, a partir de una iniciativa de un grupo de empresarios antioqueños, que rápidamente se extendió a otras ciudades, con el fin de agremiar al sector industrial y coordinar sus relaciones con el gobierno.

Durante la década siguiente, a partir de lo registrado por ^{Poveda (1979)}, la industria antioqueña se caracterizó más por la expansión de las empresas industriales existentes que por la creación de nuevas unidades productivas. Por ello, Antioquia, que lideró el proceso de industrialización del país durante la primera mitad del siglo xx, y que en el censo industrial de 1945 ocupó el primer puesto entre los departamentos de Colombia, pasó al segundo lugar en el censo de 1956, detrás de Cundinamarca (departamento donde está ubicada la capital del país, Bogotá).

2. DESINDUSTRIALIZACIÓN

Más allá de esta situación es pertinente señalar que, con base en lo planteado por ^{Brando y Kalmanovitz (2010)}, desde 1974 y hasta el final del siglo xx, Colombia mostró una clara tendencia hacia la desindustrialización. Este proceso, caracterizado por la pérdida relativa del sector industrial en el conjunto de la economía nacional, en palabras de ^{Brando y Kalmanovitz (2010}, p. 209), “ha sido captado por indicadores como la creación de plantas, la generación de empleo, el total de su valor agregado y, de manera más global, las inferiores tasas de crecimiento registradas por este sector frente aquellas del PIB”. Asimismo, ^{Brando y Kalmanovitz (2010}, p. 209) sostienen que:

Las causas inmediatas de este fenómeno se buscan comúnmente en el proceso de globalización y liberación de la economía colombiana desde finales de los años setenta. La «retirada» del Estado de la economía, la apertura comercial y el fin de la represión financiera ciertamente afectaron el desempeño industrial, aunque no de manera contundente. La reducción del papel estatal se tradujo en una caída significativa de la inversión pública, especialmente desde mediados de los ochenta, que, no viéndose compensada por un repunte de la inversión privada, condujo a niveles más bajos de inversión total.

Es interesante revisar que, unos pocos años antes de que iniciara este proceso de desindustrialización, Raúl Prebisch, Director General del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de las Naciones Unidas, planteó unas recomendaciones para actores que tenían injerencia en materia de planeación en los países latinoamericanos. Con esto se pretendía evidenciar cómo a partir de estas medidas, en términos generales y adaptadas a las circunstancias específicas de cada país, se podían mejorar las condiciones de vida para una gran cantidad de la población que se identificaba excluida y vulnerable.

^{Prebisch (1970)} indicaba que existían unas fuerzas expansivas considerables en la economía de América Latina de la época, pero que estas se encontraban frenadas por unos factores internos y externos que les impedían a los países desarrollarse; por ello, llamaba la atención sobre la importancia de corregir en términos de meta la insuficiencia dinámica de la economía, de la cual su más grave manifestación es lo que definía como fuerza de trabajo redundante -que se puede entender como desempleada o inutilizada con fines productivos-. Según ^{Prebisch (1970}, p. 253), “Absorción de redundancia, progreso técnico y aceleración del ritmo de desarrollo son, pues, objetivos inseparables”.

En este orden de ideas, lo que buscó demostrar ^{Prebisch (1970)} fue la importancia del desarrollo para Latinoamérica, expresando tal postulado de una forma atractiva para las elites que históricamente han marcado el rumbo del subcontinente. ^{Prebisch (1970}, p. 255) sentenciaba en aquella época que “No hay solución a la insuficiencia dinámica, sin un impulso extraordinario a la industrialización de nuestros países”. Lo que se evidencia, por tanto, es un llamado de este autor a los actores que definían en aquellos años las estrategias económicas en América Latina, con el fin de evitar la dependencia económica de los países nombrados como desarrollados; esto en busca de que, por medio de la industrialización, las naciones latinoamericanas pudieran satisfacer su demanda interna e, inclusive, aumentar el mercado a partir de la absorción de redundancia, lo que evidentemente no se dio.

Según ^{Betancur, Urán y Stienen (2001)}, el cambio de patrón de acumulación a fines de la década de 1970, aunado después a las políticas macro de apertura económica, aceleró el proceso de desindustrialización en el Valle de Aburrá, subregión de Antioquia que está integrada por la capital, Medellín, y los municipios con mayor desarrollo urbano del departamento. De igual forma, señalan estos autores que esto se debió, en gran medida, a la ausencia de políticas industriales, tanto desde el ámbito estatal como de los empresarios propiamente, estos últimos acomodados a un régimen proteccionista que les ofrecía una rentabilidad relativamente estable sin la necesidad de esforzarse en demasía por plantear estrategias sostenibles de competitividad. ^{Betancur, Urán y Stienen (2001)} afirman que esta transformación en la dinámica productiva del Valle de Aburrá se dio en un contexto marcado por considerables brechas sociales y políticas heredadas entre empresas, organizaciones sociales y la academia, que no permitieron crear un tejido de soporte sobre el que se amortiguara la crisis económica. De igual forma, plantean que esta falta de política social por parte del sector productivo, que más tarde se nombraría deuda social, agravaría las condiciones generales de convivencia y productividad en la región, debido a que dio como resultado una generación de jóvenes desempleados, sin proyecto socioterritorial vinculante ni capacidades laborales para enfrentar de forma adecuada los nuevos retos. Por esta razón, para ^{Betancur, Urán y Stienen (2001)} no es extraño que el Valle de Aburrá sea una de las áreas metropolitanas del país donde el desempleo estructural ha crecido en mayor grado y se ha mantenido por más tiempo.

Como se puede apreciar, la industrialización fue un proceso adoptado en Medellín como estrategia de desarrollo económico durante la primera mitad del siglo xx. Este se vio afectado por diversos factores internos y externos que generaron una paulatina desindustrialización en la ciudad, lo que, por obvias razones, afectó el empleo y la situación económica y social de los habitantes de Medellín, que veían reducidas sus posibilidades de vincularse laboralmente. Este proceso de desindustrialización, que continuó hasta nuestros días, provocó un aumento en las tasas de desempleo de la ciudad. Dicha situación se vería agravada por las reformas laborales de 1990 y 2002: si bien estas fueron promulgadas con el fin de privilegiar la competitividad empresarial y atenuar las tasas de desempleo creciente con base en una mayor flexibilidad laboral, se ha evidenciado a la postre una mayor precarización del empleo, que conduce a fenómenos como el aumento de la informalidad laboral.

3. NEOLIBERALISMO Y REFORMAS LABORALES

Durante la década de 1980, Colombia inició un proceso de apertura económica que se tradujo, entre otros, en la disminución de aranceles a las importaciones de bienes que antes protegían la producción nacional. Este proceso terminó de consolidarse en la década de 1990, cuando se promulgó una nueva constitución que marcó una renovación política después de más de 100 años de haberse promulgado la Carta Magna de 1886.

^{Díaz (2009)} plantea que, a la par que la Constitución Política de Colombia de 1991 definió al país como un Estado social de derecho y como un Estado democrático, participativo y pluralista, durante los primeros años de la década de 1990, el gobierno del presidente César Gaviria desarrolló la apertura económica a partir de los principios del modelo económico neoliberal. Según ^{Díaz (2009}, p. 210), “estos dos hechos eran contradictorios principalmente porque ambos se fundamentaron en principios sobre el Estado y la economía diferentes”.

Según ^{Díaz (2009)}, uno de los ejemplos de esta incompatibilidad fue la expedición de varias leyes que, con la implementación de la apertura económica en Colombia, limitaron o desmantelaron las principales instituciones de bienestar con el argumento de proteger el sistema económico de efectos considerados autodestructivos e ineficientes, como la reforma laboral de 1990 o la de la seguridad social de 1993. De forma paralela se implementaron políticas asistencialistas, las cuales buscaron mitigar los efectos de la política económica asumida por el Estado colombiano a partir de esa época y evitar, a su vez, y en palabras de ^{Díaz (2009}, p. 217), “los conflictos sociales, pero no para garantizar una vida digna a todos los colombianos”. De igual forma, ^{Díaz (2009}, p. 219) argumenta que “con la Reforma Laboral, Ley 50 de 1990, principalmente se disminuyó el costo de la fuerza de trabajo: con la reglamentación y funcionamiento de las agencias de empleo temporal y la conformación de contratos a término fijo menores a un año se redujo los costos laborales y se garantizó el movimiento, rotación y reemplazo de los trabajadores”.

^{Arenas (2002}, p. 212) señala que con esta Ley se introdujeron en la legislación colombiana mecanismos para la flexibilización laboral: “entre ellos, se facilitó que los empleadores contrataran directamente trabajadores por períodos de corta duración (contratos de trabajo a término fijo inferior a un año), situación que la legislación anterior dificultaba”.

La Ley de 1990 fue reformada durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. ^{Isaza (2003)} expresa que las reformas estructurales que reducen el costo laboral fueron la orientación de la reforma aprobada por el Congreso de Colombia en 2002 (Ley 789). Sin embargo, enfatiza ^{Isaza (2003)}, a partir de una comparación internacional de los costos laborales por hora para la industria, estos muestran que en Colombia los salarios son, de hecho, bastante bajos; además, el aumento en los niveles de desempleo ha estado acompañado, durante los últimos años, de un aumento sostenido en la pobreza y la inequidad en la distribución de la riqueza. Asimismo, ^{Isaza (2003}, p. 36) afirma que:

De otro lado, los fundamentos teóricos subyacentes en la reforma laboral colombiana (y la de otros países latinoamericanos) pasan por alto que la demanda de trabajo frente a las variaciones del salario es inelástica. Esto apunta a que las políticas que buscan aumentar los empleos mediante reducciones en la remuneración de los trabajadores, conducen, ceteris paribus, a reducciones en la masa salarial y eventuales aumentos en la pobreza.

Sin embargo, según ^{Jaramillo (2010}, p. 72), esta nueva Ley tuvo por objeto flexibilizar las normas laborales y bajar los índices de desempleo que vivía el país, “estableciendo un sistema de protección social, de manera que puede inscribirse dentro del modelo flexiseguridad al que apunta la actualidad y el mañana del Derecho del Trabajo”. ^{Gaviria (2004}, p. 24) afirma que, si bien la Ley 789 tuvo un efecto importante en la contratación de aprendices, “los resultados sobre la formalización del empleo son los más contundentes y (en conjunto) no parecen consistentes con un efecto positivo de la reforma. Algo similar puede decirse acerca de los resultados sobre la tasa de ocupación”.

^{Castro (2014)} indica que, desde los inicios de la globalización de la economía de finales del siglo xx, el mundo del trabajo ha sufrido afectaciones significativas, observándose un aumento en la flexibilidad en las formas de ejecución de actividades laborales, el desempleo y la precarización del trabajo. Así, se han incrementado diversas maneras flexibles de producción, entre las cuales el trabajo informal se ha destacado por ofrecer una solución inmediata para la generación de ingresos y la subsistencia de los individuos.

Dado lo anterior, y según ^{Coronel (2005)}, Colombia estará lejos de solucionar el problema del desempleo si se continúa abogando por un mercado más flexible en materia de contratación y salarios; además, cada vez se estará más lejos de consolidar un mercado laboral en el que prime el trabajo decente, promovido por la OIT. Por el contrario, de acuerdo con ^{Coronel (2005}, p. 147), “seguiremos polarizando la población y marginando a cierta parte de ella (trabajadores en general y especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia)”.

A su vez, ^{Nieto (1998}, p. 16) plantea que el proceso de apertura ha tenido efectos perversos sobre el empleo urbano en Colombia: “en conjunto, se constata una reducción absoluta del volumen de ocupados -especialmente en aquellos sectores que, por ser generadores de bienes transables, han sido fuertemente golpeados por la liberalización económica- y una recomposición de la estructura del empleo, que favorece las alternativas más precarias, como son la prestación de servicios, el trabajo independiente y la informalidad”.

Para este autor, la tercerización se ha convertido en Colombia en un signo de deterioro laboral, habida cuenta de que las actividades que cobran mayor fuerza en este sector son aquellas asociadas “con las estrategias de supervivencia, características de las situaciones de marginalidad y exclusión social y económica” (^{Nieto, 1998}, p. 12). En este sentido, ^{García (2008)} afirma que el sector informal es grande y su importancia se ha mantenido estable, ya que representa cerca del 60% de los empleos generados en Colombia en los últimos 15 años (más o menos cuando inicia el proceso de apertura económica). ^{García (2008}, p. 75) agrega al respecto que, “en su mayoría, la informalidad se sitúa en el sector terciario, principalmente en los servicios personales y el comercio, con tasas de informalidad de 100% y 78% en 2006, respectivamente. La principal fuente de empleo informal es de cuenta propia o actividades llamadas de “rebusque” con un peso en el empleo urbano de 26,5% en 2006”.

^{Jiménez y Páez (2014)} complementan lo anterior: identificaron que, entre 2008 y 2012, los trabajadores asalariados que devengan hasta un salario mínimo legal vigente, sin un contrato laboral, únicamente con afiliación a salud y con una jornada de trabajo inferior a las 48 horas que establece la Ley, son los de mayor frecuencia en las 13 principales áreas metropolitanas de Colombia. Por esto, concluyen que la situación de los asalariados del país es precaria, debido a que la mayoría ostenta empleos de baja calidad. Afirman, además, que:

[…] a pesar de que las cuentas agregadas nacionales informen de reducciones en la tasa de desempleo e incrementos en la ocupación, los empleos que están posibilitando dicha dinámica en los indicadores del mercado laboral colombiano, son empleos precarios, dadas las características que ofrecen a los asalariados y que difícilmente aportan para mejorar la calidad de vida o para garantizar un nivel mínimo de bienestar individual. (^{Jiménez y Páez, 2014}, p. 152)

En este sentido, las reformas laborales de inspiración neoliberal promulgadas por el gobierno nacional han tenido un efecto en las condiciones del trabajo en Medellín; sobre todo por la apuesta que asumió la ciudad a comienzos del siglo xx de pasar de ser una ciudad industrial, a una de servicios basados en la innovación. En la medida en que esta transformación no ha logrado consolidarse, se ha abierto espacio a la configuración de un sector servicios compuesto, en su mayoría, por empleos en el campo del comercio con altos niveles de informalidad.

4. COMERCIO INFORMAL EN MEDELLÍN

^{Sánchez (2013)} plantea que la combinación de los factores relacionados con el desmonte de la estrategia sustitutiva y el abaratamiento de las mercancías extranjeras, así como el aumento de la violencia que padecía la ciudad por cuenta del narcotráfico, dejó a Medellín sumida en una profunda crisis urbana, caracterizada por una fuerte inestabilidad institucional y un pesimismo generalizado. Sin embargo, según ^{Sánchez (2013}, p. 188), la ciudad supo reinventarse: “los niveles de violencia disminuyeron, los indicadores sociales y económicos mejoraron y la ciudad buscó el resurgimiento urbano orientando su economía hacia la generación de conocimiento apalancado en la innovación y el uso intensivo de la tecnología”, a partir del convencimiento de que su época como ciudad industrial había terminado, por lo que no se insistió en un resurgir mediante el fortalecimiento de la industria manufacturera tradicional.

^{Higuita - Palacio (2015)} indica que, si bien durante la década de 1990 la ciudad realizó esfuerzos por desarrollar una nueva vocación económica y generar procesos de emprendimiento, innovación y desarrollo científico y tecnológico, solo hasta 2004 la administración de Sergio Fajardo (2004 - 2007) empezó a gestar un plan tendiente a hacer de Medellín una ciudad del conocimiento. Asimismo, ^{Kantis, Federico y Menéndez (2012)} sostienen que Medellín ha desarrollado una política de promoción de la actividad emprendedora de forma sistemática desde 2004, con la cual se ha establecido la promoción de la cultura del emprendimiento, así como el apoyo a la formación y desarrollo de nuevas empresas como un eje estratégico de la ciudad. Para ^{Higuita - Palacio (2015)}, Medellín ha escogido un camino de transformación social, urbana y económica desde entonces, basado en tres factores clave: educación, emprendimiento e innovación. Esta última le valió ser galardonada en 2013 con el premio de la Ciudad del Año en Innovación, en el marco de una competencia liderada por Citi Group, el Wall Street Journal y el Urban Land Institute.

De acuerdo con ^{Vélez - Tamayo (2014}, p. 26), la ciudad “opta por el proceso de terciarización con la aprobación de su Plan de Ordenamiento Territorial mediante el Acuerdo 046 del 2006, que propone un cambio de la estructura productiva industrial hacia el sector servicios”. ^{Vélez - Tamayo (2014}, pp. 37 - 38) señala que “Durante el transcurrir de la primera década del siglo xxi, el proceso de terciarización se ha evidenciado mediante la dinámica del empleo, lo cual se nota por un crecimiento de los empleos en el sector servicios en general”. Sin embargo, si bien este crecimiento del empleo en el sector terciario ha contribuido a la disminución de las tasas de desocupación de Medellín, según ^{Vélez - Tamayo (2014}, p. 38), “problemas como la remuneración, así como lo limitados en el tiempo de estos empleos, hacen pensar en rezagos que aún no se han superado en esta materia”.

En este orden de ideas, el cambio de vocación económica que ha vivido Medellín -otrora ciudad industrial- hacia un enfoque en los servicios, que se debió en gran medida a los procesos de apertura económica neoliberal que se consolidaron en la década de 1990 y que al entrar el siglo xxi parecieron acentuarse, ha causado que la capital antioqueña base su dinámica económica en la creación de empresas en clúster estratégicos, para configurarse como una ciudad de conocimiento e innovación. Sin embargo, esta apuesta no logra consolidarse propiamente aún. Por ello, a la par con el aumento en la flexibilidad del empleo que es validado cada vez más por las reformas laborales (1990 y 2002), alternativas de generación de ingresos denominadas “rebusque” continúan siendo una opción para la supervivencia económica de gran parte de la población de Medellín, entre otras apuestas laborales con marcados rasgos de informalidad y precariedad.

La tasa de desempleo de Medellín cayó del 13,4% al 12,2% entre 2010 y 2011, para luego comenzar un proceso de ascenso desde 2014: pasó del 8,8% al 9,0% en 2015, y al 9,4% en 2016. Este comportamiento también se puede apreciar en las cifras de Medellín junto con su área metropolitana, que registra un descenso en la tasa de desempleo entre 2009 y 2014: pasó del 15,7% al 10,2% para luego tomar una senda de aumento hasta 2016, cuando se registró una tasa del 10,7% (^{Medellín Cómo Vamos, 2017}). Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2017, Medellín y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo del 10,8%, lo que significa que la ciudad continúa con una tendencia de aumento en este sentido.

Asimismo, a partir de 2010, cuando se registró una tasa de informalidad laboral en Medellín y su área metropolitana del 48,4%, se ha venido presentando un descenso en esta tasa: en 2016 se registró una informalidad del 42,3%. Según ^{Medellín Cómo Vamos (2017}, p. 89), “al cierre de 2016 [el valor señalado] representó la segunda tasa de informalidad más baja entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas que el DANE estudia”. De igual forma, a diciembre de 2016 había en Medellín y su área metropolitana un total de 1.846.000 empleados en empresas de hasta cinco trabajadores (^{Personería de Medellín, 2017}), de los cuales el 42,3% eran empleados informales. Esta cifra resulta muy diciente sobre todo si se tiene en cuenta que, con base en lo indicado por el Informe de calidad de vida 2016 (^{Medellín Cómo Vamos, 2017}), el 87% de las empresas formales de la ciudad son microempresas.

Además de esta reducción en la tasa de informalidad, en el área metropolitana de Medellín se observa una pequeña tendencia de incremento de trabajadores particulares (del 52% en 2004 al 55% en 2016), mientras que los trabajadores por cuenta propia disminuyeron levemente (del 30% en 2007 al 28% en 2016). En Medellín, los trabajadores particulares aumentaron del 54% en 2014 al 56% en 2016, mientras que los trabajadores por cuenta propia se redujeron de 32% en 2014 a 31% en 2016. En este sentido, este leve aumento en la participación de los empleados particulares frente a los trabajadores por cuenta propia es positivo en materia de formalidad laboral, en la medida en que, de acuerdo con ^{Medellín Cómo Vamos (2017}, p. 85), “cerca del 60% de los empleos pertenecientes a la posición de trabajador por cuenta propia son informales, frente a 20% en la posición de empleados particulares”.

Por lo anterior, la situación descrita es de sumo interés para la realidad económica y social de la ciudad; tanto así que ^{la Personería de Medellín (2017}, p. 111) señala: “puede que se esté o no de acuerdo con las cifras, pero lo cierto del caso es que como ciudad se tiene un reto inmenso en materia de empleo y en materia de caminar hacia la formalización”. Para ^{Agostino (2016)}, el trabajo informal es aquel que se realiza por fuera del trabajo formalizado. Por ello, este concepto no se podría igualar al de trabajo no registrado, ya que este “tiene una lógica de evasión impositiva y de reducción de costos que tiene implicancias en la seguridad social del trabajador y que fue resultado de políticas económicas neoliberales de los años 90” (^{Agostino, 2016}, p. 222). Por el contrario, para este autor, el trabajo informal está relacionado con prácticas que tienen que ver con la reproducción de la vida del trabajador y de su familia y que, por la lógica de la economía capitalista, se encuentran por fuera de la economía formal; por esto, “el trabajo informal es trabajo productivo y reproductivo que sostiene y permite que subsistan los trabajadores que fueron expulsados por la economía formal (capitalista)” (^{Agostino, 2016}, p. 222).

A pesar de que la informalidad laboral y la participación de ocupados por cuenta propia hayan disminuido en Medellín y su área metropolitana, es importante señalar que la población de ocupados de la ciudad actualmente se concentra de forma predominante en los sectores de comercio, restaurantes y hoteles, y servicios comunales, sociales y personales, y solo de forma secundaria en la industria manufacturera. En este orden de ideas, se resalta la importancia que tiene en materia de empleo el sector terciario, representado por las dos primeras áreas nombradas, debido a que, tanto para el área metropolitana como para Medellín, estas concentran el 50% de los ocupados. Por su parte, el sector secundario (manufacturero) ha venido presentando una disminución en su participación: en el área metropolitana, pasó del 25% en 2004 al 20% en 2016; y en Medellín, del 19% en 2014 a 17% en 2016. Según ^{Medellín Cómo Vamos (2017}, p. 82), esta distribución de los ocupados, en la que tres de cada diez pertenecen al sector comercio, tiene implicaciones relevantes en términos de la formalidad laboral, “pues según las mediciones de empleo informal del DANE para 2016, en el sector comercio hay una informalidad del 40%, mientras que en la industria manufacturera la informalidad en el empleo solo llega al 12%”.

Según la OECD (2015), en materia de empleo se debe generar en Medellín una demanda para capital humano orientado a la innovación, con la cual se propicie que todas las empresas (no solo aquellas de alto contenido tecnológico y de conocimiento, sino el sistema empresarial local en su conjunto) consideren la adquisición de recursos humanos calificados hacia la innovación. Sin embargo, como se aprecia en las cifras, si bien la ciudad se encuentra en un proceso de consolidación de una economía de servicios basada en la innovación, la realidad actual del sector terciario es que está conformado de forma predominante por comerciantes, los cuales presentan una mayor tasa de informalidad que los trabajadores de la industria manufacturera.

En este sentido, este tipo de comercio se puede configurar como una alternativa de generación de ingresos para cierto tipo de habitantes de Medellín, debido a que la ciudad ha visto reducida su demanda laboral por factores como la desindustrialización -que la ha obligado a reinventarse como una ciudad enfocada en el sector de los servicios- y la adopción del modelo económico neoliberal por parte de los gobiernos nacionales, que ha generado la promulgación de reformas laborales que incentivan la precarización del empleo. A pesar de esta realidad actual de la ciudad, que es en sí misma compleja, mantener o no reducir de manera importante las altas tasas de informalidad es todavía más preocupante a largo plazo, ya que, como lo resaltan ^{OCDE/CEPAL/CAF (2016}, p. 265), “los empleos informales y menos productivos podrían ser los primeros en ser destruidos por el cambio tecnológico”. El informe Perspectivas económicas de América Latina 2017 (^{OCDE/CEPAL/CAF, 2016}) señala que, para 2030, podrían desaparecer alrededor de 3,4 millones de empleos, lo cual representa un 1 - 2% del empleo total en Latinoamérica; y aunque ese número absoluto permanece relativamente bajo, el desplazamiento de empleo de unos sectores a otros podría ser mucho más fuerte, concentrándose los trabajos en el sector comercio al por mayor y de detalle.

Asimismo, este informe señala que la economía colaborativa, o economía “gig”, es una tendencia con fuerte impacto en los futuros empleos para la región, ya que crea nuevas oportunidades laborales y de negocios y fomenta la innovación, a partir de la generación de ingresos con trabajos suplementarios. Sin embargo, este tipo de negocios, según ^{OCDE/CEPAL/CAF (2016}, p. 264), generan dudas, en la medida en que “estos trabajos extra confieren más flexibilidad y autonomía a los trabajadores, pero se basan fundamentalmente en acuerdos laborales atípicos que tienden a ofrecer menos derechos de protección social”.

Dentro de esta tendencia también podrían considerarse lo que se ha nombrado como ventas directas o de marketing multinivel, las cuales fueron reglamentadas en Colombia por la Ley 1700 de 2013. ^{Maisterrena (2014}, p. 3) señala que “las empresas multinivel han crecido en mayor medida en épocas de crisis, ya que los asociados, en su mayoría jóvenes, se ven en la necesidad de buscar alternativas para mantener una estabilidad económica en sus vidas”. Para este autor, ese tipo de empresas generan más ganancias para el fundador y menos gastos, casi nulos, con base en la premisa de que es más simple que muchas personas vendan una pequeña cantidad de productos a que unas pocas hagan lo propio con grandes cantidades de estos (^{Maisterrena, 2014}). En una empresa tradicional, el dueño debe pagar un salario al vendedor del producto o servicio que oferta en un lugar determinado como un punto de venta; en cambio, de acuerdo con ^{Maisterrena (2014}, p. 3), “en una empresa multinivel, particularmente una de marketing multinivel, el distribuidor consume el producto o servicio, paga por vender el producto o servicio, y consigue a personas para que hagan el mismo proceso de distribución”.

En resumen, la apuesta que asumió Medellín de convertirse en una ciudad de servicios, a la que se vio enfrentada por el proceso de desindustrialización y la adopción del modelo neoliberal y sus correspondientes leyes laborales, requiere poner especial atención a la generación de empresas y de empleos con altos niveles de innovación y de cualificación, con el fin de reducir la informalidad laboral y la participación de ocupados en el comercio informal, quienes presentan mayores condiciones de vulnerabilidad en materia social y económica.

5. CONCLUSIONES

En el presente artículo se ha realizado un análisis del proceso histórico que ha vivido Medellín y que ha configurado una economía de comercio informal en la ciudad, a partir de la incidencia que han tenido los factores económico - políticos de la desindustrialización y la promulgación de reformas laborales basadas en premisas neoliberales.

Es pertinente precisar que el proceso de desindustrialización vivido por Colombia a partir de la década de la década de 1970, por el cual Medellín se vio profundamente afectada debido a que su vocación económica había sido la industria desde comienzos de dicha centuria, ha obligado a la ciudad a replantear su estrategia enfocándose en el sector de los servicios, con base en una apuesta por la innovación tecnológica. Sin embargo, y a pesar de haber logrado algunos resultados importantes, e incluso haber sido galardonada en 2013 con el mencionado distintivo de Ciudad del Año en Innovación en el ámbito mundial, este proceso todavía dista mucho de consolidarse (desde su inicio formal en 2004); por ello, Medellín aún presenta no solo tasas de desempleo relativamente considerables, sino también una alta proporción de ocupados informales.

Esta precarización del trabajo ha sido intensificada por los procesos de aplicación de políticas neoliberales en el país, a través de las cuales se privilegia la competitividad empresarial en busca de reducir costos, por encima de asegurar una mayor estabilidad y formalización de los trabajos. Todo esto se ha visto reflejado en la promulgación de reformas laborales que flexibilizan cada vez más los vínculos entre empleadores y empleados, con el argumento reiterado de la competitividad empresarial y de un supuesto aumento en las tasas de ocupación del país.

Por esta razón, los elementos mencionados causan que muchas personas de ciudades como Medellín, excluidas del empleo formal y con sueños de mejores condiciones materiales de vida, deban asumir actividades laborales informales para asegurar su subsistencia y la de sus familias, con niveles de precariedad muy altos -el mencionado “rebusque”-; como se apuntó anteriormente, autores como ^{Agostino (2016)} las diferencian del trabajo no registrado, en tanto este último apunta a la evasión de impuestos y la reducción de costos con implicaciones en la seguridad social de los trabajadores.

En este punto, el comercio informal se ha presentado como una alternativa para gran cantidad de habitantes de Medellín, en la medida en que el 50% de los ocupados de la ciudad se ubican en el sector comercio, que a su vez presenta una informalidad laboral aproximada del 40%. En este sentido, dada la alta vulnerabilidad actual -y, sobre todo, futura- que tienen los empleos informales, es imperioso que la ciudad fortalezca y consolide su transición en su vocación económica del sector industrial hacia los servicios basados en la innovación, con el fin de que este sector mantenga un proceso de aumento en la generación de empleos en la ciudad, pero en ramas diferentes al comercio.