INTRODUCCIÓN

América Latina ha transitado por un convulsionado periodo de conflictos sociales caracterizado por disputas en torno a las actividades de extracción y apropiación de los recursos naturales, pero el asunto nunca había comprometido tanto la sostenibilidad de los entornos locales como ahora. Con el advenimiento de la década de los noventa, el modelo de ajuste estructural puso las bases para que se acentuaran la dependencia externa y la sumisión a los marcos institucionales foráneos, los cuales en las siguientes dos décadas, hicieron proliferar las industrias extractivas como lo señalan ^{Bottaro y Sola (2012)}. En contraste, para ^{Cordeiro (1995)} también confluyeron la ampliación de mecanismos formales de participación que acompañaron andamiajes de descentralización política administrativa, la aparición de gobiernos de izquierda (progresistas), defensores de las causas sociales y pro- motores de grupos de base.

En Colombia, a los ya añejos conflictos políticos exacerbados por el narcotráfico y la violencia política, se han venido sumando los que comprometen la soberanía territorial, la disponibilidad de recursos naturales y la seguridad alimentaria. En este sentido, el macizo colombiano¹, fuera de ser el venero del agua que consume la mayoría de la población nacional, se erige en el teatro de los más fuertes conflictos que comprometen la zona que integra el municipio de La Vega en el departamento del Cauca.² Por su ubicación estratégica (sureste del país), el modelo de desarrollo y el proyecto de modernización de principios de los noventa profundizó la inequidad y cercó a la pequeña propiedad rural, negando su ascenso productivo y de repartición de la riqueza, frente a lo cual los campesinos e indígenas de la zona se manifestaron en las postrimerías del siglo XX.

Más adelante, en la segunda década del siglo XXI, el problema se reeditó. Esta vez, con la presencia de explotación minera aurífera en la rivera de las fuentes hídricas vecinas del municipio. Bajo este renovado escenario y la herencia de las movilizaciones sociales de las décadas de 1980 y 1990, la pregunta es ¿qué tipo de reacomodos asociativos y de gobernanza se han producido tras los conflictos ambientales y la defensa de la sostenibilidad del territorio en los últimos diez años comprendidos entre 2006 y 2016?

Una conjetura que puede desprender sobre el particular es que la agudización de la violencia en la segunda década de 1990, con la intrusión de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto a la ofensiva de los grupos paramilitares y las fuerzas del Estado inspirados por la política de seguridad democrática pudieron haber opacado la acción colectiva³. Asimismo, el realineamiento de los partidos tradicionales, que atomizó el régimen político-electoral (transfuguismo político) en la primera década del 2000 (^{Congreso de la República, 2003}; ²⁰⁰⁹), fragmentó la cohesión, lo cual virtualmente fatigó el accionar de la movilización social y las formas de gobernanza y desembocó en arreglos monocéntricos⁴. No obstante, el objetivo de este documento se centra en determinar las nuevas transacciones asociativas tras las mencionadas movilizaciones, dentro de los cambios en el modelo de desarrollo, y su grado de mutabilidad hacia esquemas multiescalares, policentrados o multinivel.

En este orden de ideas, el derrotero para rastrear el tema parte de revisar la historia de la movilización en las últimas dos décadas del siglo XX mediante análisis documental, para luego analizar la transición del conflicto ambiental hacia algún tipo de gobernanza multinivel con ayuda del Análisis de Redes Sociales (ARS). Las redes sociales (RS) y el ARS como representación y medida de las formas de articulación respectivamente, dan cuenta de las ligaduras comunicacionales que se forman cuando los actores sociales y políticos se transmiten entre sí⁵. Para aprehender el fenómeno, se utilizó una encuesta (ver anexo 1) que buscaba identificar vínculos entre organizaciones no gubernamentales (fundaciones, corporaciones) y demás grupos comunitarios, entidades privadas y públicas, que junto con la categorización y los valores esperados, sirvieron para hacer algunos cálculos (v. g., densidad, centralidad, intermediación) y gráficos sobre la naturaleza relacional de los agentes involucrados.

De esta manera, el engranaje de los actores, en caso de que funjan como puentes en la trama de la interacción, permiten examinar cómo transcurre la legitimidad del sistema de gobernanza, sus elementos procedimentales y la forma en la cual se asume el cambio a partir de los diferentes lenguajes de administración de los recursos de uso común, las expectativas compartidas y aún las divergentes y competitivas, tal como lo señalan ^{Horning, Bauer y Cohen (2016)}.

A la postre, proliferaron nuevas formas de tramitar el conflicto que, si bien acumulan conocimiento endógeno, ostentan todavía baja densidad y diversidad de actores. Otros autores han podido registrar fenómenos análogos en la medida en que los países del sur son los más amplios y profundamente afectados, pero, aunque la producción intelectual sobre el particular ha redundado en zonas de Asia, África y América Latina, no hay mucha documentación sobre Colombia, y en particular, el macizo colombiano; se esquiva así, la complejidad de la zona y las implicaciones sobre la sostenibilidad del desarrollo nacional.

La mayoría de estudios ahondan en la utilización de diseños cualitativos valiosos, entre otras cosas en la exploración de las subjetividades. De esto dan cuenta las elaboraciones de autores como ^{Avcı (2015}) y ^{Walter (2008)}. Esta investigación, sin embargo, agrega el tratamiento cuantitativo y relacional de los agentes para rastrear las formas asociativas de asumir el problema.

Este trabajo está divido en cinco partes. En la primera se describe el contexto de la problemática. Luego se exploran lineamientos teóricos en torno al conflicto y la gobernanza. De forma posterior, se expone la metodología, se señalan los indicadores principales del comportamiento de la red, tales como densidad y la centralidad con los signos esperados. Acto seguido, se explican los resultados y finalmente se concluye.

1. EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO REGIONAL

A principios de los noventa, el Estado colombiano y de manera subsidiaria, el departamento del Cauca, dio un nuevo aliento económico a zonas con virtual abundancia de recursos naturales, so pena de dar la espalda a las ventajas comparativas que ofrecían los mercados externos. Tres siglos antes, la comarca y la zona del macizo tenían protagonismo en el plano económico colonial por encontrarse en el camino real entre Popayán, Almaguer y Quito. Destacaba por ser un real de minas con enormes yacimientos de oro (^{Molano, 2011}; ^{Varela, 2014})⁶. A mediados del siglo XIX su base productiva fue la parcela campesina de mestizos, indígenas, y negros, por lo que empezó a aflorar un conflicto entre dos lógicas distintas: por un lado, la tensión entre una economía minifundista y de subsistencia; frente a otra, latifundista de enclave, con ascendiente señorial y de alto estatus simbólico colonial. En este orden de ideas, habría bajas aspiraciones de inserción internacional, pero altos réditos político-electorales.

El siglo XX no sería ajeno a esta tendencia, con un ingrediente adicional: políticas estatales zambullidas en un modelo de desarrollo que establece subsidios focaliza- dos en detrimento de los pequeños productores y de las comunidades rurales. Ya entrado el siglo XXI, a esta trama se le sumó la que opondría a la dinámica parcelaria y de pequeña empresa, y la de un gigantesco proyecto de explotación minera de origen externo que evoluciona a la vera de pequeños polos de explotación. La irrupción tiene convulsionada la zona, una región agreste, de difícil topografía que contrasta con la gran oferta natural de su paisaje⁷.

El municipio de La Vega, (departamento del Cauca) es el municipio más extenso de esta vasta subregión y no ha sido ajena a las realidades de los otros municipios del macizo. En particular, los actores de la confrontación forman un núcleo que vincula a los moradores, los inversionistas y el Estado y, en la periferia, a cazadores de rentas y grupos al margen de la ley. En un primer momento, es importante resaltar el auge que ha tenido la minería ilegal de tipo socavón, jalonada por las trepadas de precios internacionales; y en un segundo momento, las licitaciones de las multinacionales para la exploración y explotación de oro en minas a cielo abierto, tal como lo señalan ^{Duarte et al. (2013)} y ^{Duarte et al. (2014, p. 317) 8.}

No obstante, desde el punto de vista de la planeación del desarrollo, los proyectos minero-auríferos, enmarcados en lo que se denominó las locomotoras del desarrollo, pretendieron privilegiar la rentabilidad privada, seguida de la apropiación tributaria del Estado con facultad del gobierno central para la posterior redistribución vía regalías (^{Cortés y Gómez, 2015}; ^{Botero et al. 2015}). Bajo este escenario, se desarrolla una lógica de apropiación medular tipo enclave en la cual el gobierno central reparte las ganancias a las zonas marginadas, aunque no sean generadoras directas de la riqueza, en lo que comporta el modelo de descentralización político administrativo. A la postre, los impactos ambientales negativos sobre los sistemas socio-ecológicos se intentan paliar con un plan de manejo ambiental o con la instrucción de una tasa impositiva por parte del Estado a los inversionistas.

Vale anotar que en la constitución colombiana el subsuelo no pertenece a los lugareños y se puede concesionar a un privado. Para los territorios en donde se asientan comunidades étnicas, la cuestión no procede de forma directa, porque las explotaciones no consideran el mecanismo de consulta previa⁹. No obstante, para casos como este, siendo la población en su mayoría mestiza, las zonas de explotación no están sujetas a la norma contenida en este mecanismo; razón por la cual la sostenibilidad y gobernanza del territorio se desenvuelve en forma distinta (^{Duarte et al., 2013}).

Según analistas como ^{Calderón (2012)} y ^{Castro et al. (2015)}, América Latina ha propiciado una corriente de movilización originada en conflictos ambientales producto de la extracción de recursos, expansión de vertederos y riesgos de contaminación para quienes el ambiente es la base material de sustento. En este sentido, se puede pensar también que las movilizaciones sociales de finales de las décadas de 1980 y 1990 respondieron a esta suerte de alteraciones, como quiera que reclamaban soberanía alimentaria, equidad y autocontrol de los recursos naturales. De esto da cuenta, según ^{Mamián et al. (2013)}, la primera movilización efectuada en 1987, liderada por municipios como Santa Rosa y Bolívar y que luego, escaló con el bloqueo de la carretera Panamericana en 1999. Todas estas se muestran coincidentes con voces contestarías de países del sur como México, Argentina y Perú¹⁰.

En efecto, en el ámbito regional el movimiento logró movilizar más de 10.000 marchantes que condujeron al final a una negociación, que, si bien para algunos no fue significativa en términos de consecución de recursos, sí lo fue desde el punto de vista político. Después de un bloqueo de más de veinte días en la carretera Panamericana, el movimiento dejó su impronta en las arenas del poder, según lo narra ^{Tocancipá (2005)}. Por ello, desde que el Movimiento del Macizo Colombiano (MMC) puso en escena la importancia de esta zona de vida como un territorio estratégico para la conservación de recursos naturales, el país pudo identificar el grado de afectación que revestiría el desconocimiento de la dinámica socio-ecológica, aunque no se eliminaran sospechas de su conexión con las estrategias guerrilleras, de acuerdo con lo planteado por ^{Duarte et al. (2013)}.

Entre 1996 y el 2000, casi que se incrementaron el número de manifestaciones, alcanzaron su punto máximo en el 2000, para luego declinar al comienzo del nuevo siglo. De allí en adelante, empezó un periodo de aletargamiento, explicado por la dispersión y las disidencias, pero también por los nuevos arreglos institucionales que vivía el país en materia política y de orden público. Sin embargo, los fenómenos globales y regionales siguieron adelante. La cuestión entonces que se ha de discutir es si el prototipo de escenario conflictual y los niveles de transformación en materia de movilización, pudieron generar arreglos asociativos nuevos y complementarios frente a herramientas como los taponamientos viales. De allí, la necesidad de explorar el tema bajo categorías distintas de relacionamiento.

2. CONFLICTO AMBIENTAL VS GOBERNANZA: PERSPECTIVAS SOBRE EL ASUNTO

Desde la teoría económica imperante, el punto de partida para el análisis de fenómenos como el que comporta la explotación minera en el macizo colombiano se resolvería en términos de externalidades. Por ejemplo, en el enfoque neoclásico se explican las externalidades como efectos negativos (o a veces positivos) no recogidos en los precios del mercado¹¹. Mientras tanto, algunas tesis alimentan la idea de que el crecimiento de las economías resulta en una mejora de las condiciones ambientales (^{Baumol y Oates, 1971}). En contraste, otras le atribuyen el origen de estos a fenómenos ligados a los procesos conflictivos que rondan las asimetrías redistributivas y de poder (^{Hogenboom et al., 2014}). Pero más allá de considerarlos averías al régimen de propiedad privada por la no incorporación en los costos que soportan los precios; la dinámica de estas problemáticas no solo convoca factores exógenos (como los activistas de organizaciones ambientalistas) al Estado y a las empresas, sino a los ecosistemas y comunidades afectadas por un proyecto de extracción de recursos naturales que en su entorno, recrea la nueva fase de fijación de la acumulación capitalista en los países del sur, al parecer de ^{Martínez-Alier (2006)}

Si el asunto rebasa la esfera de la movilización o los movimientos sociales, hace pensar en estos como sucesos enquistados a su vez en la hechura de las políticas del desarrollo, cuestión que deriva en problemas de gobernanza, un fenómeno que registran autores como ^{Merino (2015)} y ^{Correa y Rodríguez (2005)}. Para autores como ^{Walter (2006)}, si bien por décadas se ha hablado de los problemas ambientales como equivalentes a los conflictos ambientales, su origen gira alrededor de la colisión de intereses, una cuestión que contrasta con el nivel de identificación neoclásica. Para ello, solo basta pensar en las características biofísicas, los rasgos de los actores e incluso hasta la temporalidad de los fenómenos. Es más, el mismo término conflicto, difiere del de problema ambiental, dado que, desde la perspectiva etimológica, la palabra conflicto proviene del latín conflictus que significa choque.

Por lo tanto, confluye en una situación en la que un(os) actor(es) se encuentran en oposición consiente a otro(s) actor(es), que pueden ser persona(s), grupo(s), organizaciones sociales o instituciones. Al respecto, según Martínez-Alier (2004), los actores comportan disputas ecológico-distributivas y esto los hace agentes inmersos en el tratamiento de la ecología política. De esta forma, el conflicto ambiental supone una diferencia posicional con respecto a algún valor o conjunto de valores relevantes para una sociedad. Por su parte, siguiendo a ^{Ille (2016)}, también involucra al menos dos actores que se debaten frente a la posesión o no de algún objeto, los directamente implicados llevan a cabo medidas observables e interrelacionadas, que se encuentran por fuera de los procedimientos de regulación y que ponen en peligro las funciones básicas del Estado, el orden internacional o su decisión de debatirlo.

Sin embargo, los conflictos socioambientales son conflictos sociales relacionados con las actividades extractivas que no necesariamente derivan de problemas del diseño de las políticas, sino de divergencias que trascienden el ejercicio temporal del gobierno y se expresan a manera de diferentes ontologías políticas. Es decir que, particularmente encarnan una interpretación sobre los vínculos entre el ambiente y la sociedad que refleja determinados valores y relaciones de poder, posición que comparten ^{Martínez-Alier (2006)} y ^{Mondéjar (2015)}.

Ahora bien, según el tipo de intereses a debatir, el abanico de posibilidades de acuerdo con su origen (mediación o metabolismo social), pueden derivar de problemas de información, de la naturaleza de las relaciones, o de intereses, estructuras y valores, en el caso de los mecanismos de mediación u objeto de divergencia. De acuerdo con la etapa del proceso productivo involucrado, puede ser de extracción, transporte o vertimiento de residuos. Para el caso que nos ocupa, los tipos de conflictos involucrados parecen encajar en los de mediación y dentro de estos, conflictos por relaciones, en la medida en que contemplan la desconfianza generada por incumplimientos del Estado que redundan en las movilizaciones (ver tabla 1).

Tabla 1 Clasificación de los conflictos ambientales 

Fuente: síntesis de elaboración propia con base en ^{Walter (2006)} y ^{Martínez-Alier (2006)}

Asimismo, abarca los conflictos por valores, en tanto la dinámica del aprovecha- miento del pancoger choca con la racionalidad económica maximizadora arrastrada por los programas del Estado y las incursiones de minería ilegal y/o foránea. Por el lado del metabolismo, claramente la tensión se presenta en la etapa de extracción que involucra la explotación del mineral, sin introducción de valor agregado y sin retornos financieros o de inversión a la zona de aprovechamiento, en lo que la literatura económica reconoce como economías de enclave, cuestión en la que coinciden ^{Falero (2015)}, ^{Barbier (2016)} y ^{Côte y Korf (2016) 12}.

Ahora, si se intentan definir nuevas formas de articulación y manejo del conflicto en términos de cohesión y acción colectiva, se puede concebir con ^{Jessop (2008)} la gobernanza como una trama compleja de interacción cuya finalidad es recoger la armonización económica, política y social en pos de mejores niveles de bienestar¹³. No obstante, en una dimensión más concreta sobre el asunto, permite comprenderlo como un proceso por el cual un conjunto de organizaciones aborda y resuelve asuntos comunes bajo un acuerdo institucional a la usanza de ^{Young et al. (2008)}. ¿Cómo entonces examinar el despliegue de este fenómeno en el macizo?

Uno de los factores identificados como importantes para la operación aceitada de los sistemas de gobernanza, de los cuales depende una gestión efectiva de recursos naturales, son los vínculos comunicacionales que se forman cuando los actores sociales y políticos se transmiten mensajes y se reúnen entre sí. La disposición dinámica de cualquier campo de acción social está marcada por diferentes capacidades de poder e intereses articulados a través de procesos históricos de estructuración de redes, tal como lo asumen autores como ^{Ribeiro (2007)}. En consecuencia, su forma de articulación, más allá del acto coactivo, habla de las gamas de gestión del conflicto y el riesgo asociado a su desenvolvimiento, cosa que recoge ^{Berardo (2016)}.

Una red social corresponde a un conjunto bien definido de actores, individuos, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades globales que están vinculados unos a otros a través de una o un conjunto de relaciones sociales, dentro de lo planteado por ^{Scholz et al. (2008)} y ^{Bodin y Crona (2009)}. La cuestión ahora es cómo plasmar el asunto en términos del plexo de relaciones virtualmente construidas para atender el conflicto.

3. METODOLOGÍA

Para ^{Hanneman (1998)}, ^{Brenner, (2010)} y ^{Alfie, (2013)} las estructuras sociales pueden desplegar altos o bajos niveles de engranaje y gobernanza frente a escenarios conflictivos. Los resultados son variables dependiendo de los patrones que se tejan en materia de vínculos entre los actores. Siendo así, las redes sociales y el Análisis de Redes Sociales (ARS) recrean el espacio institucional en el cual distintos agentes se reúnen y generan interacciones delimitadas. De allí que la teoría de grafos, que asume su representación visual, constituye la base de las medidas de interacción en términos de ensanchamientos o rupturas de cooperación. El primer indicador atinente a esta clase de fenómenos es la densidad, que mide el número de vínculos existentes¹⁴, sobre todos los posibles en la red. Para este caso, los valores extremos son cero, para vínculos inexistentes y uno para articulaciones plenas (ver tabla 2).

En el sucesivo, se consideraron otras medidas como el grado de centralidad, la cercanía y la intermediación que evidencian el protagonismo de los intervinientes en el sociograma. Como se puede inferir de la tabla 2, una red es más monocéntrica o egocéntrica entre menos densa sea, mayor nivel de centralidad tenga y más cercana se muestre. Si por el contrario llega a ser más prolífica, es decir más densa, menos centrada en un actor y que ostente menos intermediación, más policéntrica, multinivel y multiescalar será. Para los fines pertinentes, en este estudio se aplicó una encuesta (ver anexo 1) que indagó sobre los niveles de relacionamiento, a partir del registro de organizaciones sociales campesinas inscritas en la Secretaría de Agricultura del Departamento del Cauca para el 2015.

Tabla 2 Análisis de Redes Sociales: valores y signos esperados 

Fuente: elaboración propia con base en ^{Bodin y Crona (2009)} y Encuesta sobre conflictividad, redes sociales y gobernanza en La Vega (nov. 3, 2015)

Como la pregunta reina giraba alrededor de los lazos de colaboración frente a la defensa del agua y el territorio en forma de proyectos, mingas y convenios, tras las avanzadas mineras de finales de los noventa, el método de muestreo respondió al de bola de nieve. Consistió en revisar el tipo de articulación entre estas, siguiendo la cadena de alusiones de una entidad a otra a las que remitían iterativamente los miembros de los cuerpos directivos de las asociaciones, corporaciones, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) entrevistadas. Cabe agregar que la trama de entrevistas que enlazaban terminó cuando los vínculos se mostraron redundantes.

Los datos se procesaron con el programa Ucinet (61.2) y se inició con entrevistas a ONG representativas de la región de aquella gran época de movilizaciones, como la Fundación de Integración del Macizo Colombiano (Fundecima) y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc). Con esto, se realizaron los gráficos correspondientes (grafos)¹⁵ que concernirían a virtuales arreglos cohesivos monocéntricos, con decisiones cifradas en un actor central; sociocéntricos, cuando se concentraron en un grupo de actores, pero en los que la información puede redundar; y policéntricos, con altos niveles de diversidad y conexiones externas a la zona o ámbito político de origen.

Con esta nueva información y la de las movilizaciones, se esperaba que la conflictividad socio-ecológica de la década de 1980 y sobre todo la de 1990, se hubiera alejado de los horizontes monocéntricos y que hubiera migrado en las casi primeras dos décadas del 2000, en arreglos policéntricos, con alta densidad y bajo nivel de protagonismos corporativos; con lo cual se habrían ampliado los procesos de autoactividad y acción colectiva; se habrían ensanchado las formas de gestión del conflicto ambiental y por supuesto, se habría alcanzado mayor gobernanza territorial.

4. RESULTADOS

El análisis pudo mostrar cuestiones paradójicas de la actividad asociativa frente a la amenaza del extractivismo y la minería a gran escala. En efecto, la densidad resultó baja, como quiera que las conexiones se extienden tan solo en 7,6% dentro del 100% de articulaciones posibles. Mientras que, dentro de la centralidad, el actor más visible, poderoso y prestigioso es la organización Somos Agua de esta Tierra, con un eingenvector de 57,13 que define el patrón principal de distancias entre todos los actores¹⁶. Un eingenvector mide la capacidad de influir de un nodo en la red, siendo más importante entre mayor sea su guarismo, cosa que un alto valor, indica que los actores son más centrales al patrón principal de distancias entre todos los demás. De esta forma, luego de Somos Agua de esta Tierra, siguen Wairasitay y Abriendo Trocha con un eigenvector del 56,46. No obstante, el indicador global de centralidad para la red es de 47,15%, lo cual significa que, en total, las ventajas posicionales se distribuyen de forma desigual con un alto grado de centralidad en varias organizaciones sociales.

De otro lado, el indicador de cercanía que mide la distancia media de cada actor con respecto al resto¹⁷, pero discriminado por sus capacidades de recibir y transmitir información, mostró dos tipos de organización con altos niveles de proximidad. Por el lado de la capacidad de recibir información (incloseness) está el Proceso Campesino y Popular de la Vega (PCPV) con 6.667 intermediaciones, seguido del Proceso Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) con 6.250 y el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) con 6.231. De otro lado, en cuanto a la capacidad de transmitir información a otra (outcloseness) o el poder de expandirse en otros vínculos, están las organizaciones Abriendo Trocha y Wairasitay con un 10.811, seguido de Somos Agua de esta Tierra con un 10.695 (Ver anexo 2).

Por su parte, el indicador de intermediación que revela la medida en que se encuentra cada actor frente a la interfaz de posición intermedia muestra a la organización social Conciencia Campesina como el actor de mayor intermediación con 9.000 vínculos. La siguen la organización Abriendo Trocha con 4.000 y con menores valores a Apimacizo, Somos Agua de esta Tierra y Wairasitay¹⁸. Además, los resultados arrojan a actores con un grado de intermediación igual a cero, lo que significa que no hay dependencia con los demás actores (v.gr. Asoprocomqui, Brisas del Macizo).

Fuente: elaboración de los autores a partir de encuesta aplicada y procesada en el programa UCINET.6 y la interfaz Netdraw 1.48

Figura 1 Grafo de organizaciones sociales y actores sociales - La Vega, Cauca 

En suma, tomando como punto de partida el municipio de La Vega (ver figura 1), el tipo de relacionamiento más pronunciado en la región es de tipo sociocéntrico, tal como lo tipifica ^{Rodríguez (2013)}. Este se caracteriza por no estar estructurado en torno a un foco preciso, como lo hace la red egocéntrica, con un sujeto social difuso, pero que tiende a concentrar la acción colectiva en ramificaciones que no tienden puentes lejanos con otras organizaciones, instituciones, grupos y actores de afuera; que además puede concentrar la información y el poder en un puñado. Desde luego, destierra el prototipo de estrella monocéntrico (egocéntrico) poco deliberativo y cuasiautocrático (ver figura 1), pero no llega a ser tan amplio y flexible como el policéntrico. En efecto, al interior se distinguen como actores poderosos, el PCPV, seguido de cerca por el CIMA, y Pupsoc. El resto de organizaciones o actores carece de poder u ocupan un rol marginal.

Llama la atención, el aislamiento de entes de naturaleza estatal como la Alcaldía, la Secretaría del Medio Ambiente Municipal y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) que estarían llamadas a intermediar en la problemática. De otra parte, sorprende el casi total aislamiento de los cabildos indígenas de la zona, donde la comunidad yanacona¹⁹ tiene alta presencia y esgrime como elemento de defensa territorial, la soberanía sobre el patrimonio ancestral allende a los recursos naturales. De igual manera, la total invisibilidad de organismos de cooperación internacional y ONG multilaterales que evidenciarían la articulación del tema como parte de un conflicto sistémico y mundial.

Así las cosas, los niveles de gobernanza en materia reticular y policéntrica parece un poco débil, aunque ostenta niveles de articulación entre unos cuantos actores que lideran los procesos y que podrían agilizar la toma de decisiones en el corto plazo, pero cuya principal amenaza es la redundancia de la información y con ello, la disposición de mayores recursos para sostener en el largo plazo la posición de defensa ante los grandes andamiajes de las corporaciones multinacionales y los actores armados presentes en la zona.

5. CONCLUSIONES

Si bien la dinámica del extractivismo promete transmitir expectativas de un mayor crecimiento económico presumiblemente local, sus extrapolaciones no han transformado el bienestar social de la población. Más bien, parecen aislar al macizo colombiano de la gobernabilidad económica y socioambiental del resto del territorio nacional, se segrega así a la región en una especie de zona apropiada para el buen salvaje, que según retoma ^{Yagüe (2010)}, además debe contribuir con el agua y sus recursos naturales para hacer méritos y lograr su inclusión en las agendas del desarrollo nacional²⁰. Tampoco logra los réditos necesarios para vislumbrar cambios radicales en materia de gobernanza y sostenibilidad de la zona, dada la estrechez de los puentes externos y vínculos con las organizaciones inscritas en la región. A eso podrían estar contribuyendo la accidentalidad topográfica, el bajo nivel de control estatal y la presencia de grupos armados.

De contera, el desenvolvimiento de los escenarios de conflictividad y gestión de acciones colectivas tienden a la generación de una suerte de acumulación por desposesión (^{Harvey, 2005}) asistida por el Estado colombiano a partir de legislaciones favorables y flexibles a la desterritorialización de los actores asentados en la zona. Empero, luego del empuje de las movilizaciones de las décadas de 1980 y 1990, la configuración de redes de gobernanza, que han sido de corte sociocéntrico, congregó su fortaleza en el conocimiento de los actores dentro de una suerte de burbuja que permite ubicar la información en actores relevantes. No obstante, no ampliar y diversificar dicha burbuja puede conllevar un tipo de anquilosamiento que ralentice la acción colectiva por efecto de la redundancia de la información, que afloren los liderazgos mesiánicos y las capturas de rentas y pulule la desconfianza.

Los resultados no son radicalmente distintos a los hallazgos de otros autores como ^{Avcı (2015)}, que hace un estudio comparativo para algunas zonas del Ecuador y Turquía y rastrea la dinámica del conflicto extractivo y la construcción de subjetividades alrededor del papel del Estado y las relaciones de resistencia entre los actores. Por su parte, ^{Walter (2008)} para el caso de la Esquel, Argentina y ^{Sovacool y Andrews (2015)} en Azerbaiyán, reconstruyen las características de la organización de una red de comunidades afectadas con base en el ciclo del conflicto: su inicio, sus puntos de inflexión, los actores, sus percepciones y lenguajes de valoración, para así considerar qué estuvo en juego en las diferentes etapas.

En general, los resultados asociativos aparecen endebles, en tanto se presentan una serie de disputas en torno a la información y la percepción del riesgo que socavan la confianza de la comunidad en las acciones colectivas y sus impulsores. Bajo este panorama, los resultados en el caso del municipio de La Vega parecen asintomáticos en esta etapa del desarrollo: se muestra baja capacidad de generar vínculos tipo puente, dificultades en la articulación de múltiples actores y un tinte de desconfianza que, si bien comanda las acciones colectivas hoy, amenaza la cohesión interna hacia el futuro. No obstante, la madurez del proceso podría potencializar las acciones colectivas hacia una mejor administración del conflicto que propicie mejores escenarios de negociación en el ambiente de aperturas y reacomodos que permite la globalización.