INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad ha ratificado que la educación se constituye en el elemento conceptual por naturaleza para la transformación integral de los individuos y de su contexto. Por esta razón, esta investigación tiene como objetivo central establecer la incidencia de la educación en la generación de una ética tributaria en zonas de conflicto armado en Colombia, haciendo énfasis en el caso particular del municipio de Cartagena del Chairá, el cual se encuentra ubicado en el Departamento del Caquetá, colombiana. La proposición que se desea verificar expresa que por medio de un proceso educativo fundamentado en la ética, es posible generar en los actores económicos y en la comunidad, una cultura tributaria soportada en el respeto a las normas legales y en una visión colectiva del desarrollo para el municipio de Cartagena del Chairá.

Este lleva a cuestas una dolorosa historia como la de muchos otros en Colombia, marcada por las inclemencias del conflicto armado entre las guerrillas insurgentes (FARC-EP y el ELN), el Estado colombiano, los grupos paramilitares, el narcotráfico y la delincuencia común. En este contexto, es decir, en medio de la guerra, el municipio y sus habitantes fueron mutando de una cultura rural agraria y pacífica, a una signada por los vicios endógenos propios de la confrontación.

Lo anterior se explica en la transformación de la moral de los habitantes de Cartagena del Chairá, la cual, con anterioridad al conflicto se fundamentaba en la convivencia pacífica, en la armonía con el medio ambiente y en el respeto.

Con la llegada del conflicto, la población del municipio se vio inmersa en una violencia colectiva (^{López Ramírez et ál., 2019}) que desfiguró los principios éticos de la comunidad, y los convirtió en un reflejo de los principios de los violentos, estos son, el delito y la ilegalidad. Lo anterior, generó una cultura de la evasión de impuestos.

Con la firma del Acuerdo de Paz, el Estado colombiano emprende la recuperación de los territorios ocupados por la insurgencia y otros actores del conflicto, empezando así a promover la reconstrucción de una moral deteriorada por la guerra, al igual que el respeto por la institucionalidad y la confianza en el Estado. Dicha reconstrucción de la moral implicó la implementación de estrategias educativas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de recuperar la ética tributaria como un elemento de beneficio colectivo.

Con este panorama de fondo y con el ojo del Gran Hermano vigilante (los actores violentos), como lo llamara George Orwell en su obra 1984, se comenzaron a desarrollar actividades económicas en Cartagena del Chairá por fuera de los lineamientos legales establecidos constitucionalmente. El comercio, la ganadería, la agricultura, el esparcimiento, entre otras., rendían cuentas a quienes ejercían la extorsión: los comandantes de los frentes de la guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico o los extorsionistas; desarticulando y resquebrajando de esta manera la estructura económica del municipio, así como su organización tributaria y fiscal, por medio del delito (^{Castro, 2016}).

Bajo estas condiciones cobró fuerza un nuevo imaginario colectivo respecto a la cultura tributaria en Cartagena del Chairá. Los ciudadanos que estaban obligados legalmente a tributar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales (DIAN) ya no lo hacían, con el argumento popularizado de que los dineros pagados en impuestos se pierden por la vía de la corrupción (^{Lozano y Tamayo, 2016}). Con este razonamiento, particularmente los grupos insurgentes, han pretendido legitimar su extorsión y deslegitimar la política tributaria del Gobierno en sus zonas de influencia.

Para ^{Millán (2015)}, existen dos causas que afectan la cultura de pago y recaudo de impuestos en las zonas de conflicto; por una parte está el desplazamiento de aquellas personas que formalmente tributaban y que abandonan los territorios para salvar su vida y, por otra, la presión de los actores armados violentos sobre la población que no emigra, pero que por la vía del miedo se restringe de pagar los impuestos.

Por lo anterior, la ética a nivel individual y la moral en el conjunto social de Cartagena del Chairá, frente a las responsabilidades tributarias, disminuyó considerablemente. El carácter de los ciudadanos fue doblegado por la violencia y nuevas representaciones de la ética se apoderaron de su conciencia. Como lo señala ^{Boff (2019)}, si bien la ética está asociada al forja miento del carácter de los individuos y la moral a la práctica de las costumbres, el carácter de la población de Cartagena del Chairá fue mancillado, y por esta razón sus nuevas costumbres son el reflejo de los fenómenos socio-políticos, económicos y culturales que la vienen definiendo en las últimas décadas.

Debido a esto, es pertinente implementar estrategias educativas que conduzcan a la reconstrucción de la moral tributaria en Cartagena del Chairá. Según ^{García y Sanabria (2016)}, esta moral es la voluntad que tienen las personas para pagar sus impuestos, sin ignorar que a esta la condicionan también conductas características de la sociedad: religión, política, cultura, como es el caso de este municipio colombiano.

El soporte teórico de este trabajo reposa en los fundamentos históricos de la tributación, las principales corrientes desde el pensamiento económico y la evolución de la política impositiva, a medida que las sociedades y las economías evolucionan. Se estudian los conceptos de impuestos y de imposición tributaria como elementos esenciales para el recaudo de los ingresos nacionales y el sostenimiento del equilibrio económico de los territorios. Lo anterior, a partir de los estudios de ^{Hernández (2018)}, quien teoriza sobre las dos dimensiones de la tributación: económica y política. Por otra parte, se estudia a ^{Becerra, Arellano y Gutiérrez (2016)} y los análisis a los aportes históricos que dejaron sobre tributación de las sociedades de la antigüedad y la edad media, pasando por el mercantilismo, los fisiócratas, Adam Smith y David Ricardo.

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicó un diseño metodológico de enfoque cualitativo, por medio de un estudio descriptivo y de tipo documental. Esto, con el fin de comprender los aspectos particulares de la cultura tributaria en una zona de conflicto armado como Cartagena del Chairá.

Dentro de los antecedentes de investigación, se tuvieron en cuenta de forma particular aquellos trabajos de investigación que relacionaran las variables educación, ética y moral tributaria con las zonas de conflicto armado en Colombia, de manera que se pudieran establecer triangulaciones conceptuales en torno a estas, permitiendo reflexiones de tipo cualitativo y axiológico.

El presente artículo de investigación consta de seis apartados. En primer lugar, se abordan algunas consideraciones conceptuales y teóricas sobre ética, moral, educación y tributación. El segundo apartado se centra en los aspectos metodológicos de la investigación. El tercero se encarga del tema de la educación y su relación con la ética tributaria como premisa para el posterior análisis de un caso particular. Enseguida, en el cuarto apartado, se tratan los aspectos sociales, económicos y tributarios del municipio de Cartagena del Chairá, enfocados hacia una nueva cultura ética de la tributación. En la quinta parte, se reflexiona sobre la dinámica de las variables educación y ética tributaria en zonas de conflicto armado, de las cuales hace parte Cartagena del Chairá. En el sexto punto, se muestran los resultados de la investigación, para cerrar con unas consideraciones finales.

1. ASPECTOS CONCEPTUALES Y TEÓRICOS SOBRE LA ÉTICA Y LA MORAL TRIBUTARIA.

El carácter asumido desde la ética conduce a la distinción entre aquello que está bien o mal, y es premisa para las decisiones de los individuos (^{Cortina, 2013}). Bajo este concepto, la sociedad colombiana atraviesa un periodo de su historia en el cual la ética y la moral resultan viciadas por la influencia de mensajes subrepticios permanentes, emitidos por diversos actores que deforman la episteme de los conceptos y del lenguaje. La honradez y la honestidad son valores representados convenientemente y la naturalización del delito y de la muerte pareciera no incomodar a nadie. Los niños y los jóvenes transitan su proceso de aprendizaje con una convicción signada por la práctica de lo inmoral.

Según ^{Boff (2019)}, esta falseada deconstrucción de la ética obedece a la permeabilización de los principios instituidos por el modo de producción capitalista. En palabras de ^{Boff (2019)}, estos principios se basan en que lo "bueno es lo que permite acumular más con menos inversión y en el menor tiempo posible. Su moral concreta reza: emplear la menor cantidad de gente posible, pagar menos salarios e impuestos y explotar mejor la naturaleza" (p. 2). Este estado de cosas se viene fortaleciendo con mayor intensidad a partir de los años noventa, periodo en cual se dio comienzo a la puesta en práctica del modelo neoliberal en Colombia (^{Ahumada, 1996}), y como consecuencia se comenzaron a socavar los principios ético-morales de la población.

A este fenómeno político, social y económico, se sumó la intensidad de tres fenómenos que atacaron a Colombia: el narcotráfico, la corrupción y el conflicto armado. El primero permeó todas las instituciones del Estado, las organizaciones privadas y gran parte de la vida cotidiana de miles de ciudadanos que retozaron con este en busca de dinero fácil y rápido; esta cultura de la mafia empezó entonces a formar parte de la identidad nacional de los colombianos (^{Mejía, 2011}). El segundo de estos vicios ya venía haciendo carrera en el lomo de la clase política, la cual, en contubernio con los narcotraficantes, institucionalizó el hurto al erario público y lo fue naturalizando hasta hacerlo parte del ADN de los colombianos, robar al Estado se volvió "legítimo", ya que los políticos lo hacían con los bienes y recursos de la población (^{Moreno, 2019}).

Por su parte, un conflicto armado de más de cinco décadas asonó al país convirtiéndolo en uno de los más violentos del mundo. Este también estableció concubinato con el narco y los corruptos, completando así los ingredientes de un coctel que bastaba con ser agitado para poner al país en situaciones de inestabilidad de todo orden (^{Trujillo, Montoya y Tirado, 2019}).

En tal contexto, y a través de la educación, ostenta ^{Hernández (2010)} la profunda importancia de la axiología en la educación, la cual radica en que, mediante su proceso, los individuos se forman de manera no solo individual sino colectiva, y es allí donde se "configuran los significados de la existencia, el deber, el ser y el hacer" (p. 217). Por otra parte, le asigna un papel preponderante al componente semiológico que opera en la educación, ya que por medio de él se construye la personalidad de cada individuo, personalidad que está conformada por "roles, actitudes y conciencia crítica (...) que posibilitan o impiden su desarrollo intelectual, afectivo o material" (p. 217).

Lo anterior es de suma importancia para los procesos educativos que se dan en Colombia en torno a la ética y la moral. Los ciudadanos se encuentran expuestos de manera permanente a un bombardeo simbólico que tiene como blanco los ya mencionados significados de su existencia: el deber, el ser y el hacer. Desde el amanecer y hasta el final de cada día, las personas escuchan, observan y perciben un innumerable volumen de información subliminal compleja de interiorizar, con el agravante de que mucha de esta información va cargada de un alto índice de subjetividad y manipulación por parte de los emisores. Esto conduce a análisis de diversa índole en el receptor: subjetivo, objetivo, verdadero, falso, intencional, entre otros. Por lo tanto, es inevitable el carácter influente del lenguaje moral en la sociedad colombiana. En este contexto, el deber ser se asocia con la trampa, la evasión de la responsabilidad y, la burla a la ley y a la justicia. El ser va asociado a los modelos de individuos con estatus o poder alcanzados por medio de la ilegalidad; y el hacer se asocia con la ventaja intencional, la corrupción, el aprovecharse de la confianza ajena y el sálvese quien pueda.

Así las cosas, en la edad adulta, cuando el individuo se enfrenta a las responsabilidades que le atañen como ciudadano frente al Estado, su educación, sus referentes semióticos y sus influencias morales sociales, surgen como la luz al presionar un interruptor. Por lo que, con esa estructura de valores adquirida a lo largo de su vida, tomará las decisiones que considere correctas (o incorrectas), y responderá ante la sociedad como miembro de la misma.

La educación para el caso de las cargas económicas impositivas del Estado (tema central de este escrito), se convierte en punto neurálgico en la construcción de una cultura tributaria en Colombia, ya que como lo afirma ^{Hernández (2010}): "[e]ntre las cualidades de la educación está la de ser la 'condición razonada' para la libertad humana (... ) la educación convierte lo inconsciente en conciencia" (p. 218), lo cual, en términos éticos, significa que toda libertad lleva implícita una responsabilidad (^{Savater, 1991}).

Colombia, como todos los países de la América Latina, ha heredado sus cimientos sociales, políticos y culturales del mundo occidental a partir del periodo de la Ilustración. Después de este, el mundo occidental se transforma radicalmente y su dinámica se mueve en torno a conceptos que revolucionaron las relaciones entre los hombres: razón, crítica, autonomía, naturaleza humana, humanidad, libertad, solidaridad, igualdad, justicia y emancipación (^{Bello, 1993}). A partir de estos conceptos, toda la filosofía del conocimiento, y con ella la ética y la moral, no han parado de ser estudiadas buscando su esencia en cada periodo de la historia de la humanidad.

La nación ya se ha habituado al actuar delictivo o sospechoso de los políticos y de los administradores públicos. La ética y la moral han sido arrumbadas por la situación de incredulidad en que se halla el país; a lo que se suma un sistema educativo que sacrifica la enseñanza de las humanidades, y que pone por encima de la razón a la técnica y la productividad prometidas por la Ilustración (^{Cortina, 2000}).

Con este panorama a la vista, ^{Cortina (2000)} alienta a la urgencia de la reconstrucción de una moral plural y colectiva en la que estén involucrados todos los estamentos que movilizan una democracia. Propone una moral que se exprese en las actitudes, este sería un buen comienzo para que la ciudadanía colombiana rehiciera su confianza en las instituciones y se sumara, como ya lo manifestará Castañeda (2014) citado en ^{García y Sanabria (2016)}, a contribuir voluntariamente por medio de los tributos con el desarrollo del país.

Sin embargo, como afirmara ^{Cortina (2000)}, "solo una moral de actitudes sigue siendo la única capacitada para alumbrar respuestas morales" (p. 77). Este es el gran peligro de la educación de niños y jóvenes en una sociedad donde la ética y la moral son conceptos de olfato a añejo, pero, sobre todo, conceptos revaluados y reemplazados por las premisas del capital sin control y sin asidero filosófico.

La cultura tributaria colombiana debe analizarse desde la óptica de una moral universal, es decir, de la recuperación de una moral que rescate a los colombianos de las fuerzas oscuras de flagelos como la corrupción, el narcotráfico, la violencia y la indecencia política. Una cultura de impuestos y tributación verdadera y eficiente, proviene de un contexto de convivencia, respeto, ética y moral que circule por la columna vertebral de una política digna de ser respetada y emulada, provocando en los contribuyentes la identidad propia de quien voluntariamente aporta sus impuestos para el desarrollo y felicidad de todos.

Para abordar la educación en dirección a un contexto específico (el tributario), es imperativo retomar los conceptos de ^{Hernández (2010)} cuando recomienda lo pertinente de comprender lo que ocurre cuando se considera "a la educación como un producto, no como un proceso" (p. 218). Esto debido a que, en el primer caso, considerarla un producto es reducirla a un estado material, inerte, que solo opera para la resolución de problemas prácticos y operativos, generalmente vinculados con una profesión. Para el segundo caso, su consideración como proceso la convierte en fuente de conocimiento, cultura y transformación constante a lo largo de la vida; es aquí cuando la educación surte un efecto significativo en cualquier contexto en que se aplique o tenga injerencia.

En el caso de la educación tributaria como proceso en Colombia, es una materia pendiente por desarrollar. El imaginario de la población sobre las responsabilidades con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es que es un tema del dominio de grandes empresarios o de profesionales de disciplinas relacionadas con las ciencias económicas, administrativas y contables.

A pesar de que los currículos de básica secundaria incluyen temas de formación ciudadana y una mínima noción del Estado, no son lo suficientemente amplios como para que los jóvenes interioricen el significado de pertenecer a una nación y las implicaciones morales que esto conlleva en términos del aporte que cada ciudadano debe hacer para su adecuado funcionamiento.

La educación tributaria es un concepto que va ligado al de la moral tributaria, definida por Castañeda (2014) citado en ^{García y Sanabria (2016)} como "la voluntad y capacidad que tienen los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones tributarias" (p. 6); o la de Lewis citado por García y Sanabria (2016) que la define como "la motivación propia de los individuos a pagar impuestos, de modo que la evasión es la forma como ellos expresan su inconformismo hacia el estado" (p. 6); por su parte Smith citado por ^{García y Sanabria (2016)}, expresa que esta consiste en "el diseño de un sistema tributario que se basa en la igualdad, justicia, conveniencia y eficiencia, destacando la importancia de la confianza que se le debe tener a las autoridades para que el pago de los impuestos resulte sincero y voluntario" (p. 6).

Según lo anterior, son varios los factores que durante décadas vienen debilitando la cultura de la tributación en Colombia, entre ellos: la pérdida de confianza en las instituciones del Estado producto del fenómeno de la corrupción, la falta de voluntad para cancelar los impuestos, la desmotivación de los contribuyentes provocada por la ausencia de retribución del estado y la cual no se refleja en servicios ni en infraestructura para la comunidad, la evasión como respuesta a un Estado que no cumple las expectativas de la ciudadanía, la desigualdad, la injusticia y la inefi-ciencia administrativa estatal en el manejo de los recursos financieros. Lo anterior, se resume en la inmoralidad del Estado al exigir una moralidad tributaria que no posee fundamento ético, técnico ni práctico.

Por su parte, ^{Rodríguez (2018)} explica las debilidades del sistema tributario en Colombia, que provienen de un deficiente proceso de educación tributaria para la ciudadanía en general, pero también para los administradores institucionales responsables de la política, el recaudo y la aplicación de impuestos en el país.

Dichas debilidades se resumen en: una tributación insuficiente para cumplir con las demandas nacionales; la necesidad de más recursos con miras al posconflicto; un promedio de recaudo del 21,7 % por debajo del recaudo promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual Colombia ya pertenece, y el cual está en un 34,4 %; unas tasas de impuestos anti técnicos; una tributación inequitativa en donde quienes más riqueza poseen contribuyen menos; y una distribución del ingreso de las más desiguales del mundo.

Con ese contexto como telón de fondo, los ciudadanos colombianos que son sujetos de tributación según la normatividad vigente, coinciden en estar desmoralizados. Esto implica una moral tributaria deteriorada por la vía del mal ejemplo, esto es, de la apropiación indebida de los dineros del Estado, es decir, de todos. Para ^{Cortina (2014)}, esta desmoralización es el comienzo de los desequilibrios e insatisfacciones de los ciudadanos con sus representantes, y del establecimiento y validación de un imaginario colectivo que legitima la evasión como sentimiento de protesta ante el hurto administrativo del erario público.

Para ^{Savater (2013)}, la sociedad se queda sin referentes válidos a imitar, pues se tiende a emular aquello que es ejemplar, que posee las cualidades suficientes para ser imitado y reproducido; y en una nación donde el referente principal es el delito de cuello blanco, la urgencia de una educación tributaria regida por la ética y la moral es inaplazable.

La educación tributaria en Colombia se reduce a campañas de beneficios económicos por pronto pago, como si se tratara de una relación financiera entre los contribuyentes y el Estado. Como se ha venido anotando, la ciudadanía es el reflejo de su propio Estado y de la acción de su Gobierno. En esta medida, la educación tributaria de los colombianos como su moral tributaria, no corresponde a la expresada por ^{García y Sanabria (2016)}, según la cual, es la voluntad que los contribuyentes adquieren a través del tiempo para pagar sus impuestos, basado en un conjunto de percepciones, criterios, hábitos, actitudes y grado de conocimiento que la sociedad tiene respecto a la tributación, que además se relacionan con los niveles de percepción hacia el Gobierno.

Esta definición deja en claro varios aspectos en relación con la moral tributaria en Colombia, la cual proviene sin duda de una adecuada educación tributaria. En primer lugar, el concepto de voluntad se encuentra desfigurado; si bien los impuestos llevan implícito un componente coercitivo, la percepción es de obligatoriedad, con lo cual el análisis moral se trastoca.

Por otra parte, se encuentra el tiempo, lapso en el cual el individuo ha debido ser primero educado tributariamente, ya que, en ese mismo periodo, este elabora sus percepciones e imaginarios colectivos, es decir, morales, frente a determinada acción. En este caso, la voluntad para el pago de los impuestos, de no ser así, no se edifica moral tributaria. Luego está la percepción de los contribuyentes hacia el Gobierno. A este respecto es importante reflexionar sobre el papel del Gobierno en la organización de la economía.

Si bien el Gobierno es el administrador del Estado por voluntad democrática de los ciudadanos, siempre ha existido la disyuntiva sobre la mucha o poca injerencia de este en los hechos económicos del país (^{Banrepública, 2006}). Es claro que es responsabilidad del Gobierno velar por la estabilidad de la economía nacional, pero de igual manera, le corresponde cuidar que los recursos de los colombianos no se malversen por los sinuosos caminos de la corrupción administrativa y política. Este es un paso importante en la construcción de una moral tributaria que parta de los estamentos directivos de la nación. En Colombia, el propio Gobierno se ha venido encargando de deformar su imagen ante los ciudadanos. Las continuas noticias relacionadas con actos de corrupción en todos los sectores, deterioran la percepción que tiene la sociedad sobre el Gobierno.

No se trata del rechazo per se a los impuestos. Los ciudadanos de las sociedades industrializadas más desarrolladas cuentan con altas tasas de contribución al Estado, producto de una elevada y estable moral tributaria, originada en la organización y transparencia de sus Gobiernos (^{El Financiero, 2020}). Los datos sustentan la teoría de que una responsable y eficiente organización política de un Estado, conduce a una correcta educación tributaria y, por consiguiente, a la construcción de una moral civil que respalda las acciones políticas de sus gobernantes.

Lo anterior se encuentra estrechamente vinculado con el fenómeno de la corrupción como uno de los factores que determinan y condicionan la moral tributaria. Este fenómeno en Colombia ha venido poco a poco legitimando la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes, en la medida en que estos pierden la confianza en sus gobernantes y en las instituciones, al observar que sus aportes no son aplicados de forma eficiente. En términos de la moral tributaria, se ha llegado a establecer que la corrupción es uno de los factores que la afectan negativamente; entendiéndose la moral tributaria como la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos (^{Castañeda, 2015}).

El Estado por su parte cuenta con mecanismos sancionatorios para aquellas personas que son sujetos de la evasión. Sin embargo, estos mecanismos no son suficientes, ya que los contribuyentes han venido perdiendo la credibilidad en este. Por este motivo, se confirma que la corrupción es un determinante de lo que se conoce como la moral tributaria en una sociedad, y aunque esta afecta la sostenibilidad fiscal de un país, pues induce a la población a no cancelar sus impuestos, es un fenómeno de orden estructural de difícil erradicación (^{Castañeda, 2015}).

Cuando la corrupción se instala en el aparato político del Estado, deteriora no solo la confianza de la sociedad en él, sino en la democracia en general. Un sistema político corrupto incorpora en los estamentos de administración y legislación del Estado a personas inmorales que no cumplen con los mínimos éticos para guiar los destinos del país, y menos para legislar desde una concepción del delito. Es aquí cuando se socavan en lo más profundo los preceptos y principios de la democracia, pasando a una dictadura de la ilegalidad en cabeza del propio Gobierno.

En Colombia ya se tienen suficientes ejemplos de lo ingrato que resultó para el país la presencia de narcotraficantes como Pablo Escobar en el seno del Congreso de la República y de senadores vinculados con grupos paramilitares. La educación por vía del ejemplo en este contexto es fatal para la moral tributaria y para cualquier otra moral. En palabras de ^{Castañeda (2015)}, "la corrupción pone en entredicho la legitimidad del sistema político" (p. 106).

Después de las reflexiones anteriores, se sigue confirmando que, en cualquier sociedad de cualquier tiempo y espacio, sin importar los desequilibrios de todo orden que esta contenga, hay una verdad de difícil y compleja refutación, que es por medio de la educación como se sortean los periodos difíciles que afronta la humanidad en cada uno de los grupos sociales que la constituyen. Que es la familia, la escuela y la sociedad, las amalgamas que se mezclan en un proceso llamado educación, para estructurar la escala de valores de cada individuo y que cada una de ellas aporta desde su contexto los elementos que harán de cada ser un ciudadano apto para la vida en sociedad. Y que "la educación es en cierta forma el taller de elaboración consciente de un proyecto de vida (...) para construir la ética de mínimos de los ciudadanos" (^{Hoyos, 2011}, p. 33).

2. METODOLOGÍA

Existen fenómenos asociados a un conflicto armado que deben ser abordados para su estudio necesariamente desde un enfoque cualitativo. La multidimensionalidad de las variables en un contexto de guerra se hace más compleja por tratarse de componentes de un sistema estructural dinámico que incorpora manifestaciones humanas. Es el caso de la educación, la ética y la moral; aspectos totalmente inherentes a los individuos y constituyentes de un todo holístico del cual no se pueden separar para tratarse de forma independiente, ya que están en fuerte interacción con el contexto en el que se hallan operando (^{Martínez, 2007})

A pesar de que se contó con el apoyo del paradigma positivista, este solamente fue útil en la medida en que amplía las posibilidades de análisis de la realidad empírica. En palabras de ^{Sandoval (2002)}, esto significa que para el análisis del problema de la educación en la construcción de una ética tributaria, se requiere necesariamente de sujetos cognoscentes, para este caso, la población sujeta de tributación en Cartagena del Chairá. Estos individuos son influenciados social y culturalmente de manera particular por una realidad que, para este caso, está representada en el conflicto armado que tuvo lugar en su territorio. Siguiendo a ^{Sandoval (2002)}, para comprender esta realidad particular de la tributación en zonas de conflicto, se requiere "del conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes" (p. 28), lo que enmarca de hecho esta investigación dentro de un enfoque hermenéutico interpretativo.

Por medio de un tipo de investigación descriptiva, en un escenario de relaciones humanas, se busca comprender la problemática tributaria en el marco de la realidad de un conflicto armado, utilizando técnicas ideográficas que sirven para visualizar una realidad empírica por fuera de lo meramente nomotético. Lo que sigue ubicando la investigación dentro de un paradigma cualitativo (^{Sandoval, 2002}).

Esta metodología busca interpretar las razones por las cuales en Cartagena del Chairá, se estableció una cultura tributaria de la evasión, rompiendo con los principios morales del bienestar común. Se busca darle sentido a este fenómeno en relación con el conflicto armado y a la manera como ha venido afectando la política fiscal y el recaudo de impuestos. Si bien existe información cuantitativa que permite establecer en términos económicos el valor nominal de los recaudos y su correlación con la inversión en el territorio, la investigación no se reduce a un análisis tan estrecho, sino que busca comprender desde la subjetividad del ciudadano y el objeto de investigación, una realidad específica.

3. EDUCACIÓN Y ÉTICA TRIBUTARIA EN CARTAGENA DEL CHAIRÁ: REQUISITOS PARA UN NUEVO PARADIGMA

En un escenario de guerra como el que tuvo que atravesar el municipio de Cartagena del Chairá, tanto la educación como las demás instituciones que le dan estructura al Estado, se ven debilitadas por los paradigmas establecidos e impuestos por los actores violentos que operan en la región. Esta situación obliga a la población y a las autoridades educativas a restringir la enseñanza basada en los currículos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y ceñirse a las órdenes que sobre contenidos indiquen las fuerzas insurgentes (^{Lizarralde, 2012}).

Para ^{Lizarralde (2012)}, con este este nuevo modelo educativo impuesto, los imaginarios, los significados y los paradigmas bajo esta forma educación impuesta, provocan cambios en la cultura de los pobladores, que se manifiesta en transformaciones sobre el territorio y sus dinámicas, entre ellas, la moral tributaria.

Lo anterior cobra fuerza con la ausencia del Estado en dos frentes: el militar, para la defensa de los territorios y la protección de la población; y el educativo, para la promoción de la tributación dentro de los agentes económicos. Según ^{Armas y Colmenares (2009)}, el papel del Estado es enseñar a los ciudadanos a tomar conciencia de la importancia de la cultura tributaria y del principio constitucional que como miembros de la sociedad es un deber aportar para el desarrollo común.

Este proceso educativo en tiempos de conflicto fue imposible de llevar a cabo tanto en la escuela como en los sectores de la economía de Cartagena del Chairá, por las razones anteriormente expuestas. Sin embargo, dentro de los imaginarios nacionales se ha dado por pensar que ha sido el conflicto armado el responsable de todos los desajustes sociales, entre ellos la educación y los impuestos. Pero no existen estudios empíricos que indiquen que este ha sido determinante para el desarrollo del país, y que con el Acuerdo de Paz vendrá la prosperidad, el crecimiento económico y un recaudo tributario boyante (^{García y Quiroga, 2017}). Lo anotado indicaría que hay responsabilidades de fondo y de diverso orden en cabeza del Gobierno, entre ellas, la promoción de una cultura tributaria a través de programas educativos desde la escuela, las familias y los actores económicos. Entendida la educación, en palabras de ^{Anca (2019)}, como un proceso continuo y permanente de transformación integral y estructural de un individuo para la convivencia pacífica en la sociedad.

Es de relevancia plantear que la educación y la ética tributaria en Cartagena del Chairá, está ligada indisolublemente a una educación para la paz, requisito sine qua non en la etapa de posconflicto para la generación de un nuevo paradigma social en esta zona de conflicto. ^{Anca (2019)} considera al respecto que "la finalidad de la educación para la paz es la de formar caracteres llenos de valores de paz y dispuestos a ponerlos en práctica en cualquier momento" (p. 379). Esto significa una educación dirigida a la reconstrucción de los valores y de la ética, conceptos que cuando están bien fundamentados en los individuos permiten cambiar paradigmas, es decir, transformar la concepción del mundo y de la realidad con el objeto de construir un modelo de sociedad con bienestar general, cuando esto se logra, el conflicto mengua y los compromisos con el Estado se cumplen conscientemente.

La educación y la ética tributaria en Cartagena del Chairá presentan todavía síntomas de fragilidad. Es claro que se requiere de un proceso de mediano y largo plazo para recuperarlas. No es fácil cambiar de un paradigma fundamentado en actos violentos y coacción, a uno nuevo y diametralmente opuesto cuya base es la paz. Los agentes económicos de Cartagena del Chairá vienen de practicar una cultura económica y tributaria que tuvo desarrollo en medio de la guerra y la ilegalidad. Por lo tanto, no existe aún una estrategia educativa diferente a la sancionatoria, que permita el tránsito hacia una moral tributaria en donde el conocimiento, la consciencia y la voluntad, sean los preceptos que guíen el pago de los impuestos.

Retomando el marco conceptual, y de este los aportes de ^{Cortina (2013)} referidos a la ética como constructora del carácter de los individuos, la educación para una nueva cultura tributaria en Cartagena del Chairá depende de los mecanismos que se utilicen para sensibilizar a los sujetos tributarios en el corto plazo, sobre su responsabilidad ciudadana frente a los aportes que deben hacer a la nación. Adela Cortina puntualiza en que es el carácter el que guía las decisiones de las personas, por lo que una nueva cultura de la tributación requiere de ciudadanos libres y autónomos, condiciones que por razones del conflicto les fueron enajenadas a los habitantes del municipio.

El Estado es responsable de poner a disposición de los chairenses, todo su aparato humano y logístico educativo, para emprender el camino en la búsqueda de un nuevo imaginario y resignificación de la ética tributaria.

4. CARTAGENA DEL CHAIRÁ: SOCIEDAD, ECONOMÍA Y TRIBUTACIÓN

El municipio de Cartagena del Chairá está ubicado en el sur de Colombia en el Departamento del Caquetá, tiene una extensión de 12.826 km cuadrados, cuenta con aproximadamente treinta mil habitantes, de los cuales el 80 % vive en el sector rural. Es un territorio rico en biodiversidad a nivel mundial, allí se encuentra localizado el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, con importantes fuentes hídricas y un ecosistema de selva único en el planeta. Contradictoriamente, la región históricamente ha sido víctima del abandono por parte del Estado, un 93 % de sus habitantes rurales vive en la pobreza y el 9,7 % en la pobreza extrema. Su infraestructura vial, educativa y de salud es precaria y en muchos lugares del municipio no existe. A esto se suma que su territorio, desgraciadamente, fue escogido por las FARC-EP como uno de sus centros de operaciones más fuertes en el territorio nacional. A partir de ese momento, la población, entre ella los comerciantes, los ganaderos y los pocos industriales, se vieron inmersos en una dinámica autoritaria bajo la presión del fusil de la guerrilla con al menos doscientos veintiocho operaciones armadas por año (^{Ortega y Jurado, 2019}).

En el anterior contexto se desarrollan las interacciones sociales de los habitantes de Cartagena del Chairá. Como se aprecia, el municipio, como la mayoría de aquellos que están ubicados en zonas de conflicto, sufren dos tipos de violencia: la de la guerrilla y la institucional. La primera, invadiendo los territorios rurales y sometiendo por la vía de la violencia a la población civil, agudiza sus padecimientos históricamente sobrellevados con estoicismo. La segunda, nombrada en espacios académicos como "violencia de Estado", la cual está relacionada con el abandono de aquellas comunidades que por su lejanía, no son tenidas en cuenta por el Gobierno para brindarles los medios que les permitan un desarrollo en condiciones de equidad con los habitantes de las ciudades (^{Pita, 2017}).

La comunidad de Cartagena del Chairá en el devenir de los tiempos fue sometida a una transformación abrupta de sus esquemas culturales, sociales, comunitarios y familiares que desembocaron en fenómenos como el desplazamiento forzado, el abandono de las escuelas y las tierras, el secuestro y el asesinato, para enfrentar un desarraigo proveniente de los dos tipos de violencia referidos anteriormente (guerrilla y Estado). Para aquellos que se quedaron en el municipio también todo cambió, incluidos sus imaginarios morales y éticos, los cuales fueron minados por la acción conjunta entre el Gobierno central y las fuerzas insurgentes. La sociedad Chairense se sumió en los hábitos cotidianos del conflicto y sus actuaciones inmorales, comenzando por la guerra, hasta llegar a la cultura delictiva y de corrupción que se ha venido tomando al país en las últimas décadas, en especial a la clase política (^{Newman y Ángel, 2017})

En el campo económico, a finales del siglo XIX Cartagena del Chairá presenta una historia construida inicialmente por comunidades indígenas que vivían del pan. A comienzos del siglo XX la economía fue cambiando y dinamizándose con la llegada de colonos que buscaban mejorar sus condiciones de vida producto de la bonanza del caucho. Más adelante y por primera vez, aparece y se instala la compañía petrolera Shell, la cual no tuvo los rendimientos calculados y terminó retirándose al poco tiempo. Llegado el año 1938 hace presencia la empresa petrolera Rusbell, razón para que se construyera una vía que comunicara a Cartagena del Chairá con el municipio de La Montañita; esta fue una de las primeras grandes obras de infraestructura de la región, obviamente para facilitar la salida del crudo de los pozos de explotación de petróleo (^{Ortega y Jurado, 2019}).

Como se indica, Cartagena del Chairá presenta un diagnóstico de su evolución económica muy similar a la de todos los municipios de Colombia en los que se combina las variables: ruralidad, recursos naturales, abandono estatal y conflicto armado. Combinación de factores que después de doscientos años de independencia, no han logrado generar el desarrollo ni la equidad para sus habitantes.

Ya para la década del setenta del siglo XX, llegan a Cartagena del Chairá los primeros insumos para el procesamiento de la coca, lo cual provocó un boom económico que generó una inmigración de gran cantidad de personas provenientes del interior del país, y marcó el comienzo de un nuevo flagelo social y de un nuevo fenómeno económico por medio del desarrollo del narcotráfico (^{Ortega y Jurado, 2019}). Los habitantes nativos de Cartagena del Chairá que no soportaron la carga de costos de producción para sus cultivos agrícolas, terminaron por vender sus tierras o arrendarlas a los cultivadores de coca, viéndose por primera vez involucrados en la producción ilícita de cocaína (Ortega y Jurado, 2019). De esta manera, se trastocó la economía de la región y a finales del siglo XX, los grupos violentos (guerrilla y paramilitares) también entraron al negocio de la coca, inyectando para sus causas miles de dólares que falsearon la economía, el imaginario de bienestar y que de paso fueron causa de la muerte de miles de personas.

El siglo XXI fue recibido por Cartagena del Chairá en unas condiciones económicas ficticias y difíciles, herencia de una bonanza coquera que se suponía que duraría para siempre. Lo que desconocían los habitantes oriundos como los inmigrantes del municipio, era que aquellos capitales conseguidos sin mucho esfuerzo y de forma ilegal, quedan en manos de los grandes narcotraficantes, y lo poco que ellos ganaron fue a parar a la economía subterránea de los bares, los prostíbulos y mercancías de contrabando (^{Pontón, 2013}), pero además, que es un dinero que pone en funcionamiento grandes corporaciones internacionales y locales del crimen, que no solo fracturan la economía nacional y municipal, sino que atentan contra la vida de las personas que se ven involucradas.

Como ya se había anotado, el orden tributario se divide en dos dimensiones: la política y la económica. La primera está normalizada en Colombia a través del Decreto 624 (1989) por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Este decreto establece la normatividad a la que están obligados todos aquellos ciudadanos colombianos que, según dicho estatuto, sean objeto de tributar impuestos en virtud de su actividad económica, sus ingresos y las tasas que para el efecto estén contenidas en este.

Como se anota, la legislación tributaria es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos colombianos y en todo el territorio nacional sin excepción alguna. En este sentido, Cartagena del Chairá, como cualquier municipio de Colombia, desarrolla su actividad administrativa y política bajo estos mismos supuestos. Sin embargo, su condición de zona de conflicto armado ha hecho que la cultura tributaria que allí impera sea la de la evasión o la elusión.

Como ya se indicó, las actividades ilegales y del narcotráfico requirieron de la "legalización" del dinero producto de la comercialización de la droga, lo que se conoce como lavado de activos. En este círculo de dinero ilegal, algunos negociantes de la región prestan su nombre o el de sus entes jurídicos para poner a circular estos recursos en la economía legal. Por consiguiente, el Estado solo recauda por aquellos dineros que logran lavar, pero aquellos que no legalizan se quedan sin tributar, lo que pone en desequilibrio las finanzas de los municipios.

Según el Informe de Competitividad (2015) citado por ^{García (2016)}, la evasión del impuesto al valor agregado IVA está por el orden del 23 %, pero según el Fondo Monetario Internacional esta estaría alrededor del 40 %. El mismo informe indica que las personas jurídicas evaden por este mismo concepto un 39 % y que, según la DIAN, el contrabando llega a una cifra entre los seis y los siete millones de dólares al año.

En este renglón, la ley colombiana es débil. En otras sociedades la evasión de impuestos constituye en un delito (^{García, 2016}), bajo la premisa de que se están apropiando de los recursos de toda la sociedad. Colombia se encuentra lejos de acortar esta brecha en comparación con otros países de mayor desarrollo, una de las razones es que muchos de los representantes políticos que deben cumplir con el deber de redactar las leyes, practican este delito con argumentos de elusión que previamente ellos mismos han aprobado.

Por estas razones, en Cartagena del Chairá se viene presentando un alto nivel de evasión y elusión; la primera se define como la violación de la norma tributaria a sabiendas de que existe la obligación de cumplirla, y se materializa con el no pago de los impuestos generados. La segunda corresponde a la violación indirecta de la ley tributaria, esto se lleva a cabo aprovechando ciertos vacíos de la legislación, y su finalidad generalmente es realizar un pago mucho menor del que se debiera en condiciones legales íntegras. La diferencia entre las dos es que la segunda no viola la ley. Según ^{La República (2019)} la evasión de impuestos en Colombia equivale a un 30 % de lo recaudado en un año.

En la dimensión económica, el imaginario colectivo que la población de Cartagena del Chairá se ha formado sobre los impuestos es el mismo de todos los colombianos en general, esto es, que los impuestos han de ser reinvertidos en la sociedad pero que esto no sucede producto de la corrupción (^{Newman y Ángel, 2017}). Bajo este criterio, los ciudadanos sujetos de tributación en este municipio manejan una moral tributaria heredada de tiempo atrás por el contexto que vivió la región en medio del conflicto armado y sus diferentes modalidades delictivas.

Hay un común denominador entre Cartagena del Chairá y los municipios en zonas de conflicto armado en lo referente a la inversión de los impuestos, es decir, a la retribución que el Estado está en la obligación de hacer en ellos. Este común denominador está relacionado con la ubicación geográfica tan distante de los municipios con las ciudades grandes o intermedias, esta es una de las razones que a menudo esgrime el Gobierno y la clase política para soslayar la problemáticas de las regiones más apartadas del país (^{Arzadun, Mora, y Solís, 2020}), otro factor es la corrupción, pues a pesar de que los recaudos son importantes en relación con el tamaño del municipio, estos no son invertidos y no se verifica desarrollo en infraestructura ni en los principales reglones de la administración pública, estos son, educación, salud, cultura y seguridad.

Algunos datos específicos del Departamento del Caquetá, definidos en el Boletín de resultados del nuevo índice de desempeño fiscal (IDF) medido al año 2019, evidencian una alta dependencia de las transferencias de la nación. Según este informe, el departamento se encuentra con IDF 49,73 puntos, ubicándolo dentro de la cuarta categoría, donde están los departamentos con peor desempeño fiscal.

Por su parte, el municipio de Cartagena de Chairá, si bien ha mostrado una tendencia creciente de recaudo tributario desde el año 2016 al 2019, pasando de $79.108 millones a $157.836 millones, también ha incrementado su dependencia al sistema general de participación, pasando de 70,2 % (2016) al 91,1 % en el año 2019. Lo anterior muestra que el recaudo fiscal sigue siendo insuficiente y que el Índice de desempeño fiscal es de los más bajos del país, evidenciando poca cultura tributaria, deficiencias en el recaudo y baja gestión de los mismos.

5. RESULTADOS

Para el año 2012, cuando se inician los nuevos diálogos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, se incorpora una estrategia de cultura tributaria conocida como los Núcleos de Apoyo Contable y Financiero (NAF), los cuales inician un periplo por los municipios del departamento del Caquetá. Inicialmente no fueron bien recibidos estos núcleos, pero con el paso del tiempo, con la firma de los acuerdos y la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP, se intensificó el trabajo de los NAF con el apoyo del Ministerio de Hacienda Pública, la DIAN, la Universidad de la Amazonía juntos con los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, quienes por ser habitantes de la región, tuvieron mayor acceso al territorio y mejor recepción por parte de la comunidad, en especial del sector productivo y los comerciantes (^{Vásquez, 2017}).

Llegado el periodo de Posconflicto, la cultura y la moral tributaria se habían recuperado casi en su totalidad, lo que permitió establecer en el territorio oficinas satélites institucionales de la DIAN, para prestar asesoría e ir incorporando la economía al aparato jurídico-tributario oficial, y emprender programas de desarrollo social y de infraestructura, que reforzaran la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad del Estado (^{Vásquez, 2017}).

Aunque este proceso todavía está en camino de desarrollo, debido a los altibajos que ha tenido la implementación de los acuerdos, a partir de agosto de 2018 nuevamente el territorio del Caquetá se ha visto asolado con la presencia de grupos armados ilegales, lo que ha generado de nuevo inestabilidad en el aparato económico y tributario de la región. Actividades como el testaferrato y el lavado de activos, han traído como consecuencia la evasión de impuestos y nuevamente la gestación de una cultura y una moral tributaria viciada por el delito.

CONCLUSIÓN

Concluyendo, la salida de la encrucijada ético-moral que atraviesan las zonas marcadas por el conflicto armado en Colombia, en lo referente a una educación para construcción de una cultura y una moral tributaria, están sujetas y dependen de la combinación de estrategias estatales que incluyan a la educación como eje central del proceso, a la presencia del Estado como generador del desarrollo de estos territorios y a la recuperación de la confianza de los habitantes como dinamizador de su propio progreso.