1.1 ¿Qué es el anuncio del sentido del fallo?

La regla general, y uno de los importantes aciertos del CGP, es que las sentencias dictadas en los procesos declarativos, así como en los procesos ejecutivos en el caso en el que el ejecutado haya formulado excepciones, se profieren oralmente en audiencia¹, tanto las de única como las de primera y segunda instancia.²

Una vez se haya agotado la etapa correspondiente a los alegatos, debe dictarse la sentencia en la audiencia, la cual debe cumplir con los requisitos de forma y fondo previstos en los artículos 280 a 282 del CGP.³

No obstante, si no es posible dictar sentencia oral, el juzgador tiene la alternativa de proferir un acto procesal denominado anuncio del sentido del fallo, es decir, señalar su decisión de fondo e indicar brevemente sus argumentos.⁴ En ese caso, deberá dejar constancia de las razones expresas de por qué no fue posible dictar sentencia de forma oral e informar de dicha circunstancia al Consejo Superior de la Judicatura.⁵ Si el juez adopta esta opción, la sentencia deberá proferirse por escrito dentro de los diez días siguientes a la celebración de la audiencia, y se notificará por estado.

En consecuencia, bajo esta alternativa, la sentencia se dicta en dos etapas (con las precisiones que haremos en los acápites posteriores respecto de este acto procesal): i) en audiencia, de forma oral, mediante el anuncio del sentido del fallo; y ii) por escrito, dentro de los diez días siguientes, por medio de la sentencia.⁶

Sin embargo, el CGP no es preciso, ni tampoco ha sido desarrollado con claridad por la jurisprudencia, en cuanto a si existen restricciones a la utilización de esta herramienta. Adicionalmente, tampoco es claro -en la práctica, principalmente- cuál debe ser el contenido del anuncio del sentido del fallo para poder entenderse como tal.

1.2 ¿Cuál es la finalidad del anuncio del sentido del fallo?

Para entender el funcionamiento del acto procesal del anuncio del sentido del fallo es preciso analizar a qué propósito obedece.

En primer lugar, debe diferenciarse entre lo que se considera como una regla técnica y un principio. Los principios son el norte del sistema procesal, no admiten contrarios, son permanentes, de obligatoria observancia e inmodificables. Por el contrario, las reglas técnicas hacen referencia a lineamientos que, al ser desarrollados bajo un contexto en específico, resultan útiles o no, dependiendo de la época o la comunidad a la cual pretenden aplicarse⁷.

De conformidad con el artículo 3 del CGP, "Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva".⁸ En ese sentido, el CGP contempla por un sistema mixto, es decir, no se optó en su totalidad por la regla técnica de la oralidad⁹ ni tampoco por la escritura, al permitirse llevar a cabo actuaciones de forma escrita como excepción a la oralidad.

De acuerdo con la regla técnica de la oralidad, las actuaciones que se lleven a cabo en el transcurso del proceso se surten de forma verbal, dejándose registro mediante un sistema de grabación y constancia escrita solamente de los aspectos más relevantes.¹⁰ En ningún caso se harán transcripciones del contenido de las grabaciones.¹¹

Aunado a ello, la oralidad genera las circunstancias propicias para imprimir celeridad al proceso judicial, con miras a superar la congestión judicial, que es uno de los más grandes inconvenientes de los que ha padecido el sistema judicial en Colombia.¹²

A nuestro juicio, en la práctica no existe una clara preponderancia entre lo oral o lo escritural, simplemente existen determinadas actuaciones que la ley procesal prevé que se llevarán a cabo mediante uno u otro sistema.¹³ Si bien el artículo 3 del CGP dispone que las actuaciones se llevarán a cabo de forma oral y por audiencias, lo cierto es que existe una importante cantidad de actuaciones que, de acuerdo con la misma legislación procesal, deberán acontecer por fuera de audiencia y, por tanto, se tramitarán por escrito.¹⁴

Por otro lado, otra regla técnica que rige nuestro sistema procesal colombiano -y que tiene relación con la materia bajo estudio- es la de la inmediación. De acuerdo con el artículo 6 del CGP, el juez deberá practicar de forma personal todas las pruebas y realizar de manera presencial las demás actuaciones que se adelanten en el proceso.¹⁵ Precisamente, una de las grandes ventajas del modelo actual es facilitar el contacto del juez con las partes y con las pruebas practicadas en el proceso.

La inmediación alimenta el interés del administrador de justicia en el conflicto que está llamado a resolver, pues este dirige la actividad probatoria, lo cual le facilita, precisamente, la emisión de la sentencia, pues le permite el recuerdo del debate probatorio, sin requerir repasar actas o grabaciones para llevar a cabo su labor. Por ello, la sentencia está llamada a ser dictada de forma inmediata, luego de la confrontación, dentro de la misma audiencia sin solución de continuidad, en un proceso íntegramente concentrado.¹⁶

En concordancia con lo anterior, el artículo 5 del CGP preceptúa la regla de la concentración, consistente en que el juez deberá programar las audiencias y diligencias de forma que el objeto de cada una se cumpla sin solución de continuidad, es decir, de forma concentrada.¹⁷ Lo anterior tiene mucho sentido, dado que el transcurso de los días entre la culminación de la etapa probatoria y la emisión de la sentencia oscurece los recuerdos del juzgador, obligándolo a acudir a actas y grabaciones para emitir su fallo.¹⁸

Ahora bien, en desarrollo de estas reglas técnicas, el CGP ha previsto que, por regla general, las sentencias se dictarán de forma oral. Sin embargo, lo anterior no cercena la posibilidad de que el juez, en los casos en los que considere necesario, pueda proferir la sentencia por escrito. Como veremos, al tener que anunciar el sentido del fallo en audiencia, se generan una serie de inconvenientes a nivel práctico, principalmente, en torno a cuál debería ser su contenido y qué pasaría en el caso en el que el juzgador cambie de opinión una vez estudiado el asunto.

1.3 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del anuncio del sentido del fallo?

El acto jurídico supone una conducta desarrollada por el ser humano con la voluntad de alcanzar ciertos fines jurídicos.¹⁹ Ahora bien, dentro del género de los actos jurídicos se encuentran los actos procesales. El acto jurídico procesal²⁰ es aquel que tiene importancia jurídica respecto de la relación procesal, dado que tiene consecuencias en la constitución, modificación o definición de la relación procesal y que puede provenir de cualquiera de los sujetos de esta, es decir, de las partes o del administrador de justicia.²¹ Lo anterior quiere decir que la característica propia de los actos procesales es que surten efectos solo dentro del proceso en el que se ejecutan.²² En ese orden de ideas, los actos procesales dan lugar al inicio del proceso y transcurren o son consecuencia de este.²³ El acto procesal más relevante, proveniente del juez, es la sentencia. La sentencia es un acto que define la relación procesal, consistente en la resolución del operador judicial, en la que se decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito, cualquiera que sea la instancia en la que se dicte, así como las que resuelven los recursos de casación y revisión.²⁴ En ese orden de ideas, la sentencia es un acto de composición procesal, toda vez que se da una vez el operador judicial ha adquirido y elaborado los elementos de juicio necesarios con los cuales va a resolver el litigio.²⁵

Ahora bien, una de las clasificaciones de los actos procesales ha sido por su estructura.²⁶ En ese sentido, se distinguen los actos procesales según consistan en uno o en varios actos concurrentes para la obtención de un solo efecto jurídico procesal. De acuerdo con lo anterior, existe un acto simple cuando la ejecución total de un solo acto procesal conlleva el efecto jurídico correspondiente. En cambio, se tratará de un acto complejo cuando para alcanzar el efecto jurídico procesal correspondiente es necesaria la concurrencia de varios actos que, en todo caso, permanecerán relacionados por su unidad o interdependencia de causa.²⁷

De acuerdo con lo anterior, el acto procesal de anuncio del sentido del fallo hace parte de un acto procesal complejo llamado sentencia. Como se mencionó, de conformidad con el numeral 5 del artículo 373 del CGP, el juez tiene la alternativa de optar por dictar sentencia por escrito, anunciando el sentido del fallo de forma oral en audiencia. En ese orden de ideas, tanto el anuncio del sentido del fallo como el fallo dictado por escrito hacen parte de la sentencia, y los actos procesales que lo componen se encuentran relacionados y conforman una unidad inescindible.

En suma, bajo la normatividad procesal civil colombiana, el fallo es un todo indivisible y uniforme, conformado por: i) el anuncio del sentido del fallo; y ii) la sentencia dictada por escrito. Esto quiere decir que debe existir una unidad temática entre ambos actos procesales que constituyen uno complejo, por lo que sus alcances deberían coincidir.²⁸

1.4 ¿Cuál es el contenido que requiere el acto procesal del anuncio del sentido del fallo para entenderse como tal?

De conformidad con el mencionado artículo 373 del CGP,²⁹ para optar por la alternativa de dictar sentencia por escrito, el administrador de justicia deberá: i) dejar constancia expresa de las razones concretas de por qué dictará la sentencia por escrito; ii) informar al Consejo Superior de la Judicatura de esta circunstancia; iii) anunciar el sentido de su fallo; y iv) hacer una breve exposición de sus fundamentos.³⁰

No obstante, si bien el CGP se cuidó en establecer los anteriores requisitos para el caso en el que el operador judicial opte por anunciar el sentido del fallo y dictar la sentencia por escrito, a nuestro juicio, resultan bastantes ambiguos -tanto en la teoría como en la práctica- dos de estas exigencias: i) las razones por las cuales el juez puede optar por esta opción; y ii) qué quiere decir anunciar el sentido del fallo.³¹ Vamos a analizar cada uno de ellos.

En primera instancia, debe mencionarse que la norma no indica razones taxativas ni enunciativas para optar por la alternativa de anunciar el sentido del fallo y dictar, posteriormente, sentencia por escrito. No obstante, es preciso indicar que estas razones, en nuestro criterio, no podrán corresponder en manera alguna a que el juzgador no tenga plenamente formado su convencimiento acerca de la decisión, ya que, como se mencionará, deberá señalarse de forma precisa la parte resolutiva de la sentencia. Sencillamente, si el administrador de justicia no se encuentra convencido y, por tanto, considera que no puede dictar sentencia, tampoco podrá anunciar el sentido del fallo.³² Por ello precisamente el CGP prevé la posibilidad de que el operador judicial realice un receso de hasta dos horas, con el fin de que dilucide las dudas que puedan haberle surgido en la audiencia respecto de la decisión que debe tomar, sin perjuicio de que tiene el deber de asistir a la audiencia con el pleno conocimiento del expediente y del asunto que está llamado a dirimir.

Así las cosas, los motivos que podrá aducir el juzgador para optar por el anuncio del sentido del fallo deberán ser distintos, por ejemplo, por razones de tiempo en cuanto a la lectura del fallo o con el fin de preparar de forma adecuada la parte motiva de la sentencia, sin que esto implique que no tenga seguridad de la decisión que va a tomar. En todo caso, tampoco menciona el CGP si estas razones podrán ser controvertidas, asunto que será objeto de estudio en acápites posteriores de este escrito.

Por otro lado, la exigencia de que el juez deba anunciar el sentido del fallo obedece a que las partes tienen derecho a que, si no se profiere sentencia en audiencia, al menos puedan conocer el sentido del fallo y saber quién de ellos tuvo la razón y resultó vencedor.³³

En concordancia con lo mencionado en el acápite precedente, el anuncio del sentido del fallo hace parte de la sentencia misma.³⁴ Así las cosas, y teniendo en cuenta que con el anuncio del sentido del fallo se busca que las partes conozcan quién resultó vencedor en el proceso, el contenido de este acto procesal deberá ser la parte resolutiva de la sentencia, es decir, deberá indicarse de forma precisa y específica si se accedió -total o parcialmente- o no a las pretensiones y si prosperó alguna excepción de mérito. En ese sentido, no podrá considerarse como anuncio del sentido del fallo, por ejemplo, el señalamiento por parte del operador judicial de que se accede "parcialmente" a las pretensiones, pero sin indicar de forma precisa a cuáles y en qué medida.

Ahora bien, y tal como lo prevé la norma, el señalamiento de la parte resolutiva del fallo deberá ir acompañado de una breve exposición de la parte motiva, sin perjuicio de que el análisis respectivo sea consignado en la sentencia que se dictará por escrito.

2.1. ¿En qué consiste la prerrogativa de cambiar el sentido del fallo?

Para responder el interrogante planteado, analizaremos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en torno a la posibilidad de cambiar el sentido del fallo una vez ha sido anunciado.

A través de la sentencia del 21 de marzo de 2018,³⁵ la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió una acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se reprochaba una vía de hecho en virtud de haberse modificado en la sentencia escrita el sentido del fallo emitido en la audiencia. En ese orden de ideas, el accionante indicó que existía una incongruencia entre el acto procesal del anuncio del sentido del fallo y la sentencia.

En el caso concreto, en la audiencia, de forma posterior a escuchar las alegaciones de las partes, el operador de justicia manifestó que se dictaría sentencia de segunda instancia de forma escrita, ya que se trataba de un asunto extenso y con varios problemas jurídicos por resolver. En este punto es relevante mencionar que, en concordancia con lo mencionado en acápites anteriores, resulta erróneo a nuestro juicio que la Sala de Casación Civil haya considerado estas razones como atendibles para dictar el fallo por escrito, dado que de ninguna manera optar por dicha alternativa se puede justificar en que la cuestión por resolver resulte bastante compleja, puesto que para ello el administrador de justicia cuenta con la posibilidad de decretar un receso con el fin de dilucidar las dudas que pueda tener, y, en todo caso, debió asistir a la audiencia con el suficiente conocimiento del asunto sometido a su decisión.

Ahora bien, en la sentencia citada, por las razones expuestas, se anunció que el fallo sería modificatorio de la sentencia de primera instancia, que se extendería la condena al pago de perjuicios a la aseguradora, y que en todo lo demás que no hubiere lugar a modificar, se confirmaría lo dictado por el juez de primera instancia. Sin embargo, al momento de dictarse sentencia por escrito, la sala acogió la excepción propuesta por los demandados denominada "compensación de culpas" y redujo la condena inicial.

Por ello, los demandantes presentaron la mencionada acción de tutela, aduciendo que no era admisible la modificación del sentido del fallo anunciado en la sentencia escrita, ya que dicha circunstancia vulnera el derecho fundamental al debido proceso, al resultar a todas luces incoherente e incongruente el anuncio del sentido del fallo con la sentencia que fue proferida por escrito. Para resolver la cuestión descrita, la alta corporación estudió si este tipo de pronunciamiento transgredía los derechos fundamentales del accionante. Como primera medida, la Corte consideró que estrictamente el sentido del fallo no fue modificado, ya que en audiencia se anunció que todo aquello que no fuera necesario modificar, se confirmaría. Es preciso en este punto anotar que, según lo analizado en el acápite precedente, dicha aseveración no satisface lo que debería contener el anuncio del sentido del fallo ni su finalidad, consistente en que las partes conozcan la parte resolutiva de la sentencia, sino que, por el contrario, resulta ser un sentido del fallo bastante oscuro e insuficiente, circunstancia que infortunadamente se ha tornado bastante común en la práctica. Además, la Corte concluyó que con la decisión cuestionada no se violaba ningún derecho fundamental, ya que no existe causal de nulidad alguna que sancione este evento.³⁶ Aunado a ello, afirmó que una pauta de procedimiento de carácter instrumental, como lo es el acto procesal del anuncio del sentido del fallo, no puede restringir al juez variar el sentido de la decisión si de no hacerlo está cercenando un derecho sustancial, teniendo en cuenta que existe una prevalencia de este en la interpretación de las normas procesales.³⁷

Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia aseveró que es viable variar el sentido del fallo y dictar por escrito una sentencia diferente a la anunciada, ya que no existe disposición normativa alguna que lo impida o sancione. En todo caso, a juicio de la Corte, dicha situación no constituye por sí sola una vulneración de las garantías procesales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco implica la invalidez de la decisión.

No obstante, es preciso mencionar que la Corte advirtió que la variación del sentido del fallo se debe presentar en casos excepdonalísimos, sin indicar cuáles ni con qué criterios identificarlos, y que el juzgador deberá argumentar de forma suficiente el porqué de la variación.

Así mismo, la alta corporación recalcó que las reglas técnicas preponderantes en el sistema procesal civil colombiano son las de la oralidad, inmediación y concentración, por lo que, de igual modo, deberá procurarse por el ideal de que los fallos sean dictados en audiencia y que la excepcional medida sustituta de anunciar el sentido del fallo para posteriormente dictar la sentencia por escrito no podrá volverse la regla general, como en efecto está sucediendo en la práctica.

2.2. ¿Cambiar el sentido del fallo contraría el ordenamiento jurídico colombiano?

A nuestro juicio, la figura del cambio del sentido del fallo -contemplada, claro está, de forma jurisprudencial y no legal- contraría el ordenamiento jurídico colombiano, principalmente por dos razones: i) va en contra de lo dispuesto en la legislación procesal civil respecto de las reglas que rigen el anuncio del sentido del fallo y la sentencia; y, como si esto fuera poco, i) vulnera las garantías procesales de las partes. Vamos a analizar cada una de estas razones.

3.1 Mecanismos procesales aptos para lograr que el anuncio del sentido del fallo cumpla con su contenido legal, cuando el juez no lo ha atendido

Podrá solicitarse al juez que el acto procesal del anuncio del sentido del fallo cumpla con su contenido, en el evento en el que el operador judicial no lo haya satisfecho. Como fue mencionado, en el acto procesal denominado anuncio del sentido del fallo deberá indicarse:

En relación con lo anterior, y a nuestro juicio, de forma desafortunada, la ley procesal no contempla mecanismo procesal alguno para cuestionar los motivos aducidos por el operador judicial para dictar la sentencia por escrito, habida cuenta de que:

Por otro lado, es preciso enfatizar que esta no es la oportunidad procesal para cuestionar el sentido de la decisión mediante la interposición de algún recurso, comoquiera que este acto procesal no es la sentencia misma, sino que deberá esperarse hasta que esta se dicte de forma escrita y se configure la sentencia para ejercer los medios de impugnación del caso.

Ahora bien, conviene preguntarnos ¿qué mecanismo procesal podrá ejercerse por las partes en el supuesto en el que el anuncio del sentido del fallo resulte incompleto, por no señalar de forma expresa la parte resolutiva del fallo o por no realizarse una breve exposición de la parte motiva? No puede perderse de vista que en el evento bajo estudio, la providencia no provoca inconformidad en sí misma por las partes ni se pretende la revocación o reforma de la decisión, por lo que no podremos hacer referencia a un medio de impugnación.

A pesar de no ser de común ocurrencia que las partes realicen solicitudes respecto del anuncio del sentido del fallo, sino que, por su incompletitud, suelen aguardar hasta la notificación de la sentencia, estas claramente podrán solicitar la adición de la providencia, consagrada en el artículo 287 del CGP.

La adición de providencias procede en el caso en el que el juez omita resolver sobre algún aspecto que debía ser definido en la providencia que pretende adicionarse, ya sea por haber sido planteado por las partes, o porque la ley dispone que debe ser objeto de pronunciamiento, como sucede en el asunto bajo estudio.⁴⁹

A nuestro juicio, cualquiera de las partes podrá solicitar la adición del anuncio del sentido del fallo de forma inmediata, toda vez que, como fue expuesto, este es proferido en audiencia, so pena de que se considere extemporánea. En virtud de la solicitud presentada, el operador judicial deberá proferir un auto en audiencia que adicione el anuncio del fallo, de forma que cumpla con los requisitos de contenido especificados de forma precedente.⁵⁰

Veamos un ejemplo. Piénsese en el evento en el que, escuchados los alegatos de las partes, el operador judicial manifiesta que no hará uso de su derecho a decretar un receso de hasta dos horas para el pronunciamiento de la sentencia, sino que procederá a anunciar su sentido y a dictarla por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes, de conformidad con el artículo 373 del CGP. Para ello, indica que:

Notificado este auto por estrados, cualquiera de las partes, al evidenciar que el contenido de este acto procesal se encuentra evidentemente incompleto, podrá solicitar su adición o complementación, con el fin de que el administrador de justicia indique, de forma certera, cuál es el sentido del fallo, es decir, en nuestro ejemplo:

En consecuencia, y se itera, a pesar de su poca o nula ocurrencia, las partes sí cuentan con un mecanismo procesal para solicitar que el anuncio del sentido del fallo se realice de forma completa y no, como suele acontecer, se profiera uno escueto e inacabado.

3.2 Mecanismos aptos para atacar el acto procesal complejo denominado sentencia, cuando no existe coherencia entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia proferida

Consideramos que cuando no existe coherencia entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia proferida, debido a que el operador judicial ha cambiado su sentido, existen mecanismos procesales aptos con el fin de controvertir dicho acto -conformado por el anuncio del sentido del fallo y la sentencia dictada por escrito-. Ahora bien, en el presente apartado estudiaremos los mecanismos que resultan viables con el propósito de controvertir la discrepancia entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia dictada por escrito, mas no el contenido mismo de la decisión de uno u otro.

Como primera medida, los involucrados podrán interponer recurso de apelación en contra de la sentencia, claro está, solamente si esta es apelable.⁵¹ Ahora bien, para ello, deberán cumplirse los presupuestos procesales para que alguna de las partes pueda ejercer este mecanismo de impugnación, toda vez que las normas procesales no reconocen a todos los individuos y en todos los supuestos la facultad o posibilidad jurídica de impugnar las providencias.⁵²

Principalmente, y en relación con la materia objeto de estudio, nos interesa el requisito relativo a que deberá recurrir dicho acto procesal quien tenga interés para ello. Se tendrá interés o legitimación para recurrir si se ha sido derrotado en el proceso, es decir, si se ha perdido la causa, comoquiera que en la sentencia no se han visto acogidas las pretensiones o excepciones formuladas.⁵³ Así las cosas, si bien es innegable que a ambas partes se les vulnera el debido proceso por el solo hecho de habérseles variado el sentido del fallo, solamente tendrá interés para recurrir, ya sea el demandante o el demandado, según las reglas que se formulan a continuación, entre otras cosas, ya que no resultaría lógico ni razonable que quien no se vio perjudicado con la sentencia interponga el respectivo recurso:

Por otro lado, el recurrente deberá formular los correspondientes reparos concretos, habida cuenta de que el CGP asumió el sistema de pretensión impugnaticia y no de competencia panorámica,⁵⁴ dentro de las cuales deberá referirse expresamente a la incoherencia entre el anuncio del sentido del fallo y el fallo dictado de forma escrita.

Ahora bien, es preciso mencionar que este es el único recurso con el que cuentan las partes para controvertir la discrepancia entre dichos actos procesales que conforman el acto procesal complejo denominado sentencia, habida cuenta de que este supuesto no está cobijado por las causales específicas del recurso de casación.

Por otro lado, es preciso analizar si, eventualmente, cabría la posibilidad de alegar una nulidad frente a esta circunstancia que, a nuestro juicio y como lo mencionamos, resulta violatorio del derecho al debido proceso.

La nulidad es una sanción que tiende a privar de efectos a un acto procesal en cuya ejecución no se han acatado ciertas normas. En ese orden de ideas, mediante la nulidad lo que se pretende es invalidar el acto por no haberse seguido las formas procesales esenciales y de garantía, si con dicho desconocimiento se ha vulnerado el derecho al debido proceso ya que, de lo contrario, producirá efectos.⁵⁵

Sin duda alguna, existe un vínculo fundamental y estrecho entre el derecho fundamental al debido proceso y la institución de las nulidades procesales, comoquiera que su finalidad última es invalidar aquellos actos que, por el desconocimiento de las formas, han vulnerado dicho derecho.⁵⁶

Sin embargo, el régimen de nulidades del CGP está regido por la regla de la taxatividad, según la cual solamente se sancionan los eventos previstos en la ley, principalmente, en el artículo 133 del CGP. En ese orden de ideas, ningún acto procesal puede ser declarado nulo si la ley no prevé expresamente dicha sanción, por lo que no está permitida la aplicación analógica o extensiva de los supuestos de nulidad.⁵⁷

Ahora bien, la regla de la taxatividad resulta muy cuestionable, en la medida en que existen bastantes irregularidades que representan graves vulneraciones al debido proceso y que no aparecen enlistadas en el catálogo diseñado por el legislador,⁵⁸ como la que es objeto de estudio en el presente escrito.

Por ello, para sanear las irregularidades que resultan violatorias del derecho al debido proceso, pero que no se encuentran consagradas en el listado contenido en el CGP, podrá acudirse también a la acción de tutela⁵⁹ destinada a proteger la violación de derechos fundamentales. Para ello, se dará aplicación a la teoría de transgresión del derecho al debido proceso, conforme a las causales de procedibilidad, generales y específicas, de la acción de tutela en contra de las providencias judiciales desarrolladas por la Corte Constitucional.⁶⁰ De todas maneras, para el caso que nos ocupa, en virtud de la subsidiariedad⁶¹ que caracteriza este mecanismo de amparo,⁶² deberán agotarse de forma previa los mecanismos procesales con los que se cuente para atacar el acto procesal que, en este caso, es solamente el recurso de apelación.

No obstante, respecto de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 21 de marzo de 2018,⁶³ providencia ya mencionada en este escrito y a la cual nos oponemos rotundamente, consideró que en el supuesto acá planteado, es decir, frente a la discrepancia entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia proferida por escrito, no podía afirmarse la ocurrencia de defectos procesales manifiestos, comoquiera que en el proceso civil las causales de nulidad son taxativas, a diferencia del proceso penal donde existe una nulidad virtual como sanción a toda actuación que resulte transgresora del debido proceso. Adicionalmente, la alta corporación afirmó que el mismo artículo 133 del CGP señala que las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se alegan oportunamente por los mecanismos que la legislación procesal establece.⁶⁴

En todo caso, sin perjuicio de la providencia mencionada, y por las razones anteriormente expuestas, ante el evento de incoherencia entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia dictada por escrito, consideramos que se tienen dos mecanismos con el fin de atacar la violación al debido proceso por el cambio del sentido del fallo: i) el recurso ordinario de apelación; y ii) la acción de tutela, como mecanismo subsidiario. Sin duda alguna, las alternativas con las que cuentan las partes son limitadas, teniendo en cuenta que dicha irregularidad resulta abiertamente transgresora del derecho al debido proceso, como se concluyó en acápites anteriores.