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Revista Colombiana de Gastroenterologia

Print version ISSN 0120-9957

Rev Col Gastroenterol vol.18 no.2 Bogotá Apr./June 2003

 

Medicina, educación y normas legales

Jaime Alvarado Bestene (1)

(1)MD. Profesor Titular de Medicina Interna y Gastroenterología. Facultad de Medicina. Universidad Javeriana. Ex presidente Asociación Colombiana de Gastroenterología. Bogotá, D. C.

Recientemente, con motivo de una reunión internacional, en uno de esos escasos momentos li-bres, dialogaba con un colega peruano, profesor universitario, sobre el ejercicio profesional y la formación médica en nuestros dos países. Una de sus preocupaciones era la segura entrada al mercado de la modalidad de medicina prepagada y la inminente promulgación de normas legales a ese respecto.

Me preguntó mi opinión sobre el tema, ya que somos vistos en el continente como "expertos" en la nueva ola conceptual de seguridad social que se extiende por casi todo el mundo. Empecé mi relato por la aparición de la Ley 100, los cientos de decretos reglamentarios, las tres contrarreformas parciales, la ley 80 de educación, la aparición del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, la Autonomía universitaria consagrada en la constitución nacional, la explosión de programas de medicina, la aparición de los exámenes de estado para recién egresados, la acreditación de requisitos esenciales para facultades, hospitales, consultorios; las leyes que reglamentan algunas especialidades y no otras, la necesidad de acreditar formación académica para el ejercicio profesional, etcétera.

Sorprendido me preguntó si estaba exagerando ya que él no recordaba que en su país se hubiera promulgado más de una ley sobre estos temas en los últimos años, a lo cual le respondí que no.

A mi regreso me puse la tarea de investigar el número de normas de diferente altura legal que tuviesen que ver con la medicina en cualquiera de sus aspectos y me fatigué al contar la ciento cincuenta en los dos últimos años y suspendí mi tarea.

¿Qué es lo que nos pasa que hace que ocurra esta epidemia de normas legales? ¿Cuál es la explicación sociológica que permita entender la necesidad de cada grupo, asociación, comunidad de intereses o personas de promover una ley o decreto que le regule la práctica a una profesión liberal como la nuestra? ¿Será el camino de las normas, requisitos, certificaciones y recertificaciones el que nos conduzca a un mejor, justo y ético ejercicio profesional o, por el contrario, será el mecanismo perfecto para permitir una mayor intromisión en la praxis médica de elementos o personas que enturbian el ambiente y dificultan el fin último de nuestra profesión: los pacientes?

Trataré, en pocas líneas, de dar mi visión sobre el problema describiendo lo que corresponde a cada uno de los actores de este complejo sub-sistema social: el Estado, la Universidad, las Sociedades Científicas, la Academia Nacional de Medicina, los Médicos y la Comunidad.

El Papel del Estado

En concordancia con los principios constitucionales le corresponde al Estado asegurar los derechos fundamentales de los individuos dentro de los cuales están la educación, la salud y el trabajo.

Igualmente, le corresponde el papel de la suprema vigilancia de estas actividades cuando las delega total o parcialmente en particulares como ocurre en el caso de la Educación, respetando por supuesto la autonomía de las personas y de la universidad y no suplantándolas o colocando límites arbitrarios al pleno uso de esos derechos. Se trata, pues, de un rol estimulante y propulsor, por un lado, y vigilante por el otro que requieren la práctica de un difícil equilibrio conceptual y normativo.

Cuando un Estado delega a particulares buena parte de la educación, de la administración de la salud y no puede ofrecer trabajo a todos los ciudadanos, no puede por otro lado normatizar en exceso porque corre el riesgo de impedir el uso de derechos fundamentales. El único camino es la búsqueda de la calidad a través de procesos vigilados y estimulados desde el Estado y el Gobierno.

La explosión de normas, algunas de vida media tan corta, podría indicar la ausencia de unas políticas claras alrededor de la educación, la salud y el derecho al trabajo en condiciones dignas de las profesiones de la salud. La simultaneidad de procesos, algunos de ellos contradictorios, generan caos y ansiedad y no permiten ver para donde vamos.

La Universidad

Las instituciones de Educación Superior, el ámbito natural de la creación y conservación del conocimiento, son el escenario normal para la formación en todos los niveles de los profesionales de la salud y su papel formador no puede ser suplantado por ninguna razón por el Estado o por particulares. Existe una clara y legal delegación del Estado hacia la universidad y una obligación legal y ética social de formar el mejor profesional por parte de ella.

Por otra parte, la Autonomía Universitaria, norma constitucional, puede ser un derecho colectivo peligroso si es utilizado irresponsablemente y parece haber desencadenado una política de control previo, de exigencias de requisitos mínimos, de acreditación y reacreditación, de exámenes de estado inmediatamente después de alcanzado el título universitario, de categorizaciones de facultados por los resultados de esos exámenes, etc.

La universidad, los estudiantes y el colectivo social se desgastan preparándose para esos eventos y consumen parte de sus escasos recursos. Parecería más lógico la creación de una cultura universitaria sobre la Calidad y el ejercicio responsable de la autonomía, con la formación de ligas de "consumidores" o usuarios de la educación superior que auditaran las instituciones, el camino adecuado para evitar tantas normas y procesos de vigilancia.

Las Asociaciones Científicas

Las asociaciones o sociedades científicas, constituidas, como su nombre lo dice, alrededor de una área específica del conocimiento han ido cambiando su carácter científico por el gremial buscando permanentemente reivindicaciones profesionales y cada una preocupándose por tener una Ley que "blinde" el ejercicio específico; leyes que casi siempre terminan por ser total o parcialmente declaradas inconstitucionales ya que le ponen obstáculos a la única profesión plenamente reconocida: ser Médico.

Deberíamos preguntarnos la efectividad de esas normas legales reglamentarias de especialidades y la justificación social y ética de impedir el acceso de alguna parte de la población a recursos de salud y exámenes diagnósticos cuando no exista el recurso académicamente formado pero si existan médicos con entrenamiento empírico sólido o entrenados cuando no existían o eran insuficientes los programas académicos de su momento.

El país esta "ad portas" de ser testigo de cómo una gran cantidad de profesores universitarios y exdignatarios o fundadores de asociaciones científicas no podrán ejercer esa área del conocimiento médico, mientras sus alumnos sí. Ante esa situación potencial, no sé de ningún pronunciamiento de las directivas de esas sociedades. Parecería que no estuviéramos pensando con la cabeza sino con el bolsillo.

Las sociedades deberían pensar en fortalecer su actividad de educación continua, de extender su radio de acción a los médicos generales buscando actualizarlos y capacitarlos para que cada uno haga bien lo que le corresponda hacer. Y recordar que la ley, salvo contadas excepciones no les otorga el carácter de "consultivos" legales y por ello no entrar en competencia con la Academia Nacional de Medicina o los Colegios médicos que sí lo son.

Academia Nacional de Medicina y Colegios Médicos

Las normas legales les otorgan el carácter de órganos consultivos y reguladores de la practica medica, para cada caso, y sería nuestro deber apoyarlos para que logren su cometido, agrupándonos a su alrededor, sacrificando protagonismo de grupo, haciendo cada uno la labor que le corresponda. Son el escenario natural para definir las políticas alrededor de los grandes temas de salud y son los interlocutores con el Estado.

La experiencia, prestigio y representatividad de los miembros de la Academia y los resultados de los interesantes y metódicos debates del pasado reciente, alrededor de la educación medica y la ley de seguridad social es buena muestra de la seriedad de esa institución.

Queramos o no, los Colegios Médicos tendrán mucho que decir sobre nuestra posibilidad de ejercer la medicina y más vale que formemos parte de ellos e influyamos en la selección de sus dignatarios y políticas.

Los Médicos

Los últimos veinte años han permitido ser testigos oculares de la degradación del ejercicio profesional, de la pauperización de los ingresos, de la intromisión de grupos económicos externos en la relación médico-paciente, del deterioro de la calidad medica y la pérdida de valores éticos. Nuestra profesión formó parte de la hecatombe social del país en las dos ultimas décadas y nosotros, o al menos la gran mayoría, fuimos espectadores pasivos y no actores del cambio y luego nos dedicamos a llorar sobre "la leche derramada", sin proponer alternativas inteligentes que no estuvieran centradas exclusivamente sobre el ingreso mensual.

Nos corresponde retomar el liderazgo social, actuar humanísticamente, respetando a los enfermos y a nuestra profesión y abandonar el papel de burócratas con horario. En fin, honrar nuestro juramento y volver a sentir que ejercemos la más bella profesión social.

Son estas algunas ideas, posiblemente desordenadas, de lo que nos pasa. Pienso que sobran leyes, decretos y normas, sobran esfuerzos aislados e incordinados y falta más sentido común y respeto por nuestro ejercicio profesional. Sobra protagonismo y falta inteligencia para analizar globalmente los problemas.

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