Un diccionario completo de términos en el área de la salud y especialmente en medicina se ha tomado gran parte de las tertulias médicas de las reuniones y asambleas de las asociaciones para el ejercicio de la profesión. Creo que debemos ponernos serios, comentar sentidos y alcances de estas definiciones y lo que significan en nuestro ejercicio del día a día.

Ni el mismo Ministerio de Protección Social ha conseguido unificar los criterios con los cuales se deben aplicar en forma inequívoca estos sistemas, y su reglamentación ha ido cambiando de acuerdo con la óptica de quienes reclaman por sentirse golpeados en su actuar o en sus intereses.

El sistema de habilitación establece los estándares mínimos requeridos para el funcionamiento de los prestadores de servicios de salud, lo cual incluye la reglamentación tan deseada por las especialidades médicas para el ejercicio de las mismas. Esto trajo desde luego, el malestar de gran número de entidades y profesionales que habían encontrado una forma de subsistencia dentro de las especialidades en forma “empírica”, léase, sin formación académica previa que lo acreditara como especialista, desplazando del ejercicio a quienes sí lo eran, no queriendo indicar con ello la experiencia y mucho menos la capacidad de uno u otro. Pero mientras nos debatimos entre nosotros sobre cómo legalizar lo irregular, se han planteado artificios académicos o “venta” de certificaciones universitarias con títulos engañosos para las autoridades y peor aún, para la sociedad que utiliza los servicios. Posiblemente esto se haga al amparo de los intermediarios de la salud interesados únicamente en el manejo de tarifas y mantenimiento del negocio, teniendo mano de obra legalizada y a bajo costo. Mi propuesta a discutir es buscar una salida académica de certificación por un centro especializado en el área, con criterios claros y definidos, por una única ocasión y no la simple legalización de dichas personas que llevará a la perpetuidad y la reincidencia de la irregularidad.

La filosofía del Ministerio no fue sacar médicos con buena práctica al mercado, sino tratar de organizar un poco la casa estableciendo normas claras que servirían de punto de partida para un ejercicio digno de la medicina, el cual mirado desde el punto de vista administrativo, venía siendo degradado por los mismos practicantes, con la disculpa de “es que a esas tarifas”, cualquier situación era permisible y tolerable. Debemos pensar en sentido positivo y asumirlo como una forma de dignificar la profesión.

Hablando de gastroenterología, que debe ser realizada por gastroenterólogos, sean clínicos, cirujanos o pediatras, pero especialistas en el tema, lo cual no se ha planteado como punto de discusión. Sólo se ha discutido la endoscopia digestiva, la cual requiere un entrenamiento formal, pero como parte integral de la gastroenterología. Queriendo ir un poco más allá, debería acompañarse del estudio y entrenamiento en el manejo de una unidad de endoscopia que incluya reprocesamiento de equipos, requisitos de una sala de endoscopia, monitorización de pacientes, consentimiento informado, controles y registros, cálculo de costos, manejo de accesorios, etc. La práctica de la gastroenterología no es tan simple como saber introducir un endoscopio y diferenciar una gastritis. El equilibrio e idoneidad del conocimiento es lo que nos va a enseñar la pertinencia y el adecuado uso de los recursos tanto propios como de nuestros contratantes. Es mi pensamiento, que las asociaciones científicas de la especialidad tienen que trabajar en este sentido, propender por complementar los vacíos de la formación de nuestros especialistas y mantener su actualización de acuerdo con los cambios.

El Ministerio, al establecer los estándares mínimos en la habilitación, ha tratado de unir estos conceptos, los cuales nos parecen exagerados muchas veces, no porque no deban ser, sino porque no los tenemos, no los conocemos o peor aún, porque les restamos importancia para no hacerlos, tratando de disminuir costos y seguir siendo competitivos. Su aplicación racional es una ayuda para el ejercicio más adecuado y digno de nuestra profesión y deberíamos en lugar de buscarles quiebres, tratar de implementarlos y mejorarlos, buscando cambios en pro de la profesión, de los pacientes y de nosotros mismos.

La acreditación, no obligatoria como la habilitación, se puede interpretar como una forma de gestión de calidad en salud, diferente de lo que antes se denominó sistema de garantía de calidad. No es fácil garantizar la calidad como tal, pero se da un gran paso si se establecen estándares básicos que nos permitan trabajar con parámetros claros de aceptación, garantizando uniformidad (habilitación). La acreditación es establecer un sistema adicional de mejoramiento continuo, con estándares de alta calidad que permitan evaluar, corregir o readaptar, validar y/o mejorar el sistema que se ha venido empleando previamente. Es un proceso que una vez implementado en una institución, es dinámico, progresivo y tiende a garantizar que cada vez seamos mejores.

El Gobierno, por medio del Ministerio de la Protección Social, quiere que las instituciones prestadoras de servicios de salud se acrediten y no sólo se habiliten, para buscar alta calidad del sistema de salud, basado en una teoría sana y es que, entre dos prestadores con diferentes características de calidad, se puede pagar más al mejor. Pero, lamentablemente,  con el sistema actual de salud sabemos que lo único que prima entre dos es escoger al de menor costo. La calidad sólo entra a valer al negociar servicios con costo similar. La acreditación implica mayores costos para las instituciones, pero nos puede servir para mejorar nuestro trabajo, optimizando los recursos aumentando la productividad, disminuyendo los costos y siendo finalmente más competitivos.