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Introducción
Desde su inicio, el 18 de octubre de 2012, las negociaciones de paz entre el Gobierno del presidente Santos y las FARC, ambos considerados dentro de los principales actores del conflicto, han generado reacciones disímiles. En efecto, en este escenario de discusión se encontraron posicionamientos que identificaron las debilidades de los pactos en distintos niveles; por ejemplo, la discusión en torno a los mecanismos para la reparación de las víctimas y la implementación de la jurisdicción especial para la paz. Alrededor de este álgido tema se consolidaron focos de oposición, como algunos con cierta filiación ideológica con el conservatismo y los partidos de derecha como el Centro Democrático. Entre estos actores fue notoria la postura del controversial procurador para la época Alejandro Ordóñez.
Este artículo busca hacer un seguimiento a los mecanismos argumentativos a los que recurren los opositores a las negociaciones para deslegitimar la gestión del Gobierno de Santos durante el proceso de paz. Develaremos las vías argumentativas que recorren los planteamientos de la oposición, representada en este caso por Ordóñez, a las negociaciones de paz. Puede afirmarse que el escepticismo se manifiesta en su actitud descalificadora ante los avances de las negociaciones en curso y las condiciones o el lugar desde el que están negociando las FARC.
El texto analizado es la respuesta de Ordóñez a una carta escrita por Iván Márquez, jefe negociador de la delegación de las FARC, en junio del 2015, periodo en el que aún se encontraban en La Habana. Por una parte, nos proponemos identificar los elementos que aborda Ordóñez en su crítica, lo que abarca la primera parte de su misiva. Por otra parte, nos parece interesante para nuestro análisis que desde ese mismo lugar de enunciación se desplace hacia una postura más propositiva, que deriva en un giro hacia un propósito de persuadir. Así, desde los hallazgos de la primera parte, buscamos determinar si la función polémica puede articularse con una línea argumentativa más amplia.
En virtud del estatus diferenciado de los interlocutores, partimos de la premisa de que las réplicas dirigidas a Márquez consisten fundamentalmente en cuestionar la validez de su lugar de enunciación; es decir, las facultades que se atribuye, pese a ser vocero de un grupo subversivo que figura como responsable de varios crímenes. Creemos que la descalificación controvierte no solamente a los destinatarios directos, sino que también se extiende a quienes les han concedido dicho estatus de negociadores, o sea, al Gobierno del presidente Santos. Por otra parte, respecto al aparente giro de Ordóñez hacia una postura más persuasiva, consideramos que dicha transición es factible, pues su propuesta del Pacto para la Paz subsana todas las fallas del acuerdo que señaló en la primera parte de su misiva.
1. Presentación del corpus
La circulación de este texto está determinada por el ámbito oficial e institucional que rodea la producción del enunciado, esto es, la Procuraduría General de la Nación (2015), a través de su página web, en la cual es posible consultar documentos de interés. Su relevancia obedece, en parte, al carácter institucional que determina la situación de comunicación. Además, los intervinientes gozan de un alto nivel de reconocimiento en la sociedad colombiana, pues se trata de dos figuras situadas en una posición de poder dentro de las organizaciones que representan; por un lado, una institución estatal y, por otro lado, una organización armada. Con todo, dado que los dos interactuantes figuran como voceros, la relación se desarrolla de manera relativamente simétrica. Estamos entonces ante un escenario en el que se enfrentan dos marcos ideológicos con diferentes modos de deliberar y actuar, por lo cual situamos el documento por analizar dentro del discurso político.
En primer lugar desentrañaremos los mecanismos que Ordóñez usa en sus réplicas para deslegitimar el lugar que le han reservado a las FARC. Estas objeciones encuentran sus bases en el hecho de que esta organización armada está en condiciones de hacer respetar ciertas exigencias. En este punto será vital la noción de los complejos ilocucionarios que emergen en las réplicas de Ordóñez a Márquez.
La segunda parte del análisis abordará la faceta persuasiva. Se evidenciará que el despliegue de la polémica es tan importante como las operaciones de persuasión. En efecto, las numerosas objeciones de Ordóñez identifican varias fallas que se ven subsanadas en la propuesta del Pacto para la Paz, presentada como la opción más conveniente.
2. Marco teórico
Las bases teóricas que sustentan nuestras indagaciones remiten a las tendencias contemporáneas del análisis del discurso (AD) francófono. Dicha corriente teórica está constituida por trabajos en torno a una teoría de la argumentación que desarrollan Perel-man, Perelman y Olbrechts-Tyteca (1958)Lenguajes y acontecimientos y Toulmin (2007); entre sus principales exponentes encontramos a Amossy (2002) y Plantin (2011). Pese a que no se unifican en torno a líneas de trabajo común, están unidos por su intención de retomar los estudios en torno a la tradición retórica. Para el presente artículo tomaremos dos postulados de trabajo de Amossy (2002).
En primer lugar, la autora (Amossy, 2002) plantea que el lenguaje es eminentemente intersubjetivo, debido a que es un "intercambio"; por tanto, la subjetividad es condición fundamental para que haya discurso. El reconocimiento de la subjetividad inherente al lenguaje es una condición esencial para concebir la toma de posición en la lengua, lo que la lleva a afirmar que existe una orientación axiológica o afectiva del discurso. En segundo lugar, enfatiza el carácter dialógico del discurso y el rol constitutivo del destinatario. Siguiendo esta perspectiva, puede afirmarse que buena parte del contenido del enunciado es formulado tomando en consideración ciertas presunciones que el locutor construye para sí del alucotario.
Estos supuestos teóricos resultan adecuados para el análisis de la destinación del discurso político, principalmente por la relevancia que se reconoce al destinatario. En este ámbito son pertinentes los aportes de García (1988), quien, adoptando algunos planteamientos de Verón (1987) a propósito de la enunciación política , trabaja en torno a la multifuncionalidad del discurso político.
En su propuesta sobre la heterogeneidad en la destinación, García (1988) expone que un mismo enunciado puede dar cabida a un encuentro de fuerzas ilocucionarias dirigidas a diferentes destinatarios; el lugar que posibilita esta concurrencia de intenciones es denominado complejo ilocucionario. Esta noción sugiere la figura del destinatario encubierto, a quien son dirigidas una serie de actos de habla que pueden ser identificados por medio de una labor cooperativa del alocutario, quien infiere dichos contenidos.
Su interés se centra en la figura del adversario, que aparece únicamente bajo la forma de un tercero discursivo. Siguiendo la propuesta de Verón (1987), quien distingue entre el prodestinatario, contradestinatario y paradestinatario, García (1988) se apropia de estos planteamientos y renombra las figuras, respectivamente, como los adherentes, los indecisos y los adversarios. Pese a que se percibe solo de manera subrepticia, la omisión de este destinatario que aparece como solapado no es algo menor. De hecho, la autora radicaliza su afirmación concerniente a la función del adversario, apelando al carácter dialógico del discurso y al papel constitutivo del destinatario en la construcción de sentido, aun cuando se trate de un tercero discursivo: "tal destinación [la del adversario] también es constitutiva del sentido del discurso [...] por lo tanto, no nos será posible acceder a la comprensión de ese sentido en la medida en que no descubramos esta multidireccionali-dad en el discurso político" (García, 1988, p. 87).
Dicha información, en cierto modo encriptada, dirigida al tercero discursivo, será la base para que se formulen diferentes tipos de actos ocultos, cuyo grado de explicitación de la direccionalidad puede ser más o menos evidente. Tomando estos aspectos como referentes, García (1988) distingue la destinación encubierta de la indirecta.
La destinación encubierta deriva de actos de habla dirigidos al destinatario explícito del mensaje, bajo fuerzas de aserción o promesa. En dichos casos, el destinatario encubierto sería objeto de amenazas o advertencias (García, 1988, p. 94), pues, partiendo de un supuesto cruce de intereses entre el locutor y el adversario, el éxito de uno constituiría el fracaso del otro. El caso de la destinación indirecta encuentra un anclaje diferente, pues a esta figura le son dirigidos actos en los que su voz resulta desacreditada o desautorizada (García, 1988, p. 95). Como se ha expuesto hasta el momento, el análisis de la enunciación política debe incluir la consideración de una serie de menciones tácitas e implícitas, que remiten a actores con distintos niveles de adhesión al marco ideológico de quien emite el discurso.
3. Destinación y lugar de enunciación múltiples
Para analizar el funcionamiento del complejo ilocucionario es necesario identificar el destinatario directo y los destinatarios indirecto y encubierto, incluidos en el tercero discursivo (García, 1988). Con este fin es preciso detenerse en las figuras generales de enunciador y alocutario, y con esta base examinar los respectivos actos de habla que les son dirigidos. De este modo será posible profundizar en los actos ocultos a los que dan lugar.
Antes de dedicarnos al análisis de las estrategias que buscan cuestionar la validez de los avances en las negociaciones, nos centraremos en los lugares desde donde se formula el comunicado. Para la presentación de los participantes nos hemos guiado por las formulaciones de Kerbrat-Orecchioni (1986), quien asevera que se debe iniciar por definir el estatus intratextual de los diferentes actantes de la enunciación.
Estatus del locutor y del alocutario
La figura del locutor es presentada de varias maneras. En primer lugar, encontramos la primera persona del singular con verbos ocasionalmente subjetivos como "resaltar" (Procuraduría General de la Nación [PGN], 2015, p.1-I), coincidir en (p. 3-VI) y modalizadores, como "quiero subrayar" (p. 2-III). En segundo lugar, el enunciador filtra su presencia bajo otras formas, en algunas ocasiones habla en nombre de la Procuraduría, aunque se refiere a esta en tercera persona, por mencionar solo algunos: "la Procuraduría General tiene la obligación constitución y legal de representar los intereses de la sociedad [...] eso la obliga a pronunciarse sobre los acuerdos parciales" (p. "la procuraduría comparte" (p. 4-VI), y "la Procuraduría General de la Nación reitera" (p. 5-IV).
En tercer lugar, se inserta en un nosotros inclusivo , que parte de supuestos como la unidad de criterio de "los colombianos", con la cual se identifica. Apoya una supuesta actitud de recelo frente a los actos de las FARC: "los colombianos no creemos eso" (PGN, 2015, p. 3-II). Finalmente se inserta en un "nosotros" que emite enunciados con cierto grado de modalización, en este caso manifiesta una reacción de intranquilidad frente a la postura desde la que se sitúan las FARC en su misiva: "Vemos con suma preocupación que en su carta desconocen el 'poder constituido'" (p. 1-III).
Anotamos el desplazamiento de Ordóñez desde el punto de vista del lugar de enunciación. En efecto, él parte de un yo explícito, lo que no impide que luego hable en nombre de la Procuraduría General de la Nación, para finalizar identificándose como integrante del nosotros inclusivo de "los colombianos". Este resalte es relevante en la medida en que se observó que este dinamismo solo se evidencia desde el punto de vista del locutor.
En un primer momento se reconoce que la carta inicia dirigiéndose a Márquez: "Resalto que usted me informe asuntos relevantes sobre lo que está pasando en el proceso". Sin embargo, este es el único fragmento que da cuenta de esta interacción dirigida a la figura individual del delegado de las FARC. En los siguientes ejemplos se corrobora que una vez que Ordóñez genera una identificación del destinatario directo, Márquez, con las FARC, la orientación de la misiva se mantiene invariable. Con todo, se observará más adelante que la relativa estabilidad en el plano de la interacción con el destinatario explícito es la contraparte de una intensa actividad en el marco de las destinaciones indirecta y encubierta.
La totalidad de los índices de alocución más explícitos refieren a la segunda persona del plural, cuyas acciones son presentadas como reprochables: "crímenes por ustedes cometidos" (PGN, 2015, p. 2-III). Además, apela a objetos discursivos propios de los discursos fundacionales de las guerrillas liberales, como "justicia social con igualdad" y "calidad de vida al alcance del pueblo", como herramienta para señalar las inconsistencias de su modo de proceder en el pasado reciente: "sus acciones violentas son incompatibles con la lucha por la 'justicia social con igualdad' [...] o la 'calidad de vida al alcance del pueblo' que ustedes pregonan" (p. 3-II). Por otra parte, el destinatario explícito de esta misiva es presentado como un sujeto que comprende poco de sus posibilidades de acción, debido a su prolongado estado de aislamiento: "lo que hace mucho daño a la búsqueda de la paz es su desconexión con la realidad" (p. 3-I).
De este modo, Ordóñez se propone dejar en evidencia lo improcedente de las pretensiones de su interlocutor, por medio de verbos subjetivos con un efecto modalizante como "pretender": "Ustedes pretenden que las víctimas son exclusivamente las producidas por agentes estatales [...]" (2-V) o "pensar", que en este contexto tiene una connotación de aspirar a algo de modo descontextualizado y poco realista: "¿ustedes piensan que el país y el mundo creen que las atrocidades que perpetra las FARC están motivadas por el 'altruismo y la solidaridad humana?'" (3-II).
También se encontraron otros pasajes en los que se usan verbos con una carga axiológica, como "se equivocan": "Se equivocan al pretender que la rebelión y el delito político [...] es compatible con el terrorismo", (PGN, 2015, p. 3-IV). En suma, los anteriores ejemplos son modos de presentar la información con los que el procurador se propone ratificar que las intenciones de las FARC son peticiones desmedidas y carentes de bases concretas: "lo que equivale a refundar el Estado y soñar despiertos con derrocar el orden constitucional vigente a punta de libelos, sin haber logrado la revolución" (p. 1-III).
A partir de la presentación del estatus del locutor y del alocutario se observó que la figura de un solo enunciador discursivo da lugar a la manifestación de diferentes enuncia-dores o puntos de vista. Como prueba de ello subrayamos los desplazamientos del lugar de enunciación. Por otro lado, el análisis del destinatario directo mostró que el alocutario es visto como unitario o que, en todo caso, cambió una sola vez en la identificación de Márquez con las FARC. Sin embargo, tomando como base los planteamientos de García (1988) respecto de la destinación múltiple del discurso político, la predominante intención polémica de la misiva evoca a otros actores diferentes al destinatario explícito.
Con el fin de develar las alusiones a otros actores que se inscriben en el cuerpo del texto, se identificará el modo en que es construido el tercero discursivo, cuya representación en este discurso polémico es el adversario. Es preciso identificar las instancias a las que remiten los destinatarios encubiertos e indagar si dentro de esta destinación encubierta es posible hallar algún destinatario indirecto. Con este objetivo, nuestro análisis comprenderá el tratamiento de tres bloques discursivos . Los dos primeros abarcan la descalificación del proceso en curso y del lugar desde el que las FARC negocian, el último estará enfocado en la propuesta del Pacto para la Paz.
4. Descalificación del proceso en curso
En esta primera parte se cuestiona la legitimidad del proceso. Esta observación apuntala que hay una falta de rigor desde el punto de vista de los lineamientos dados por la Corte Penal Internacional. Según Ordóñez, esta entidad debe avalar dicho proceso:
Es irrelevante el mecanismo que se emplee para refrendar los Acuerdos si estos no respetan esos estándares. Si eso sucede, ni un referendo, ni una Asamblea Nacional Constituyente, ni facultades extraordinarias concedidas al Presidente, ni nada, es suficiente garantía. Quienes les dicen lo contrario les meten los dedos en la boca. (Subrayas nuestras), (PGN, 2015, p.2-II)
Este fragmento puede comprenderse como el acto directo de descartar o invalidar los escenarios en los que Márquez vislumbra una posibilidad de refrendar los acuerdos. En efecto, en el momento de calificarlos de "irrelevantes" hace manifiesta su postura frente a los mecanismos del referendo y la Asamblea Nacional Constituyente. Enseguida incluye el sintagma "facultades extraordinarias" dentro del grupo de opciones descartadas, lo que desautoriza las pretensiones que le atribuye al destinatario encubierto, en este caso, el presidente Santos. Esto nos lleva al núcleo de la destinación encubierta, pues negando la validez de dichas facultades, Ordóñez emite actos ocultos de amenaza o, en todo caso, declaraciones que vaticinan el fracaso de esta iniciativa.
La parte final del ejemplo muestra el modo en que Santos es desplazado de la destinación encubierta a la indirecta; en este punto le son dirigidos actos en los que su voz resulta cuestionada. De hecho, alude de nuevo al presidente o a su equipo de Gobierno por medio del pronombre relativo "quienes", presentados como aquellos que tienen intenciones de engañar: "Quienes les dicen lo contrario les meten los dedos en la boca". De esta manera se descalifica el marco actual en el que se sitúa el proceso y, por tanto, lo dicho por el tercero discursivo que figura como responsable de las negociaciones.
4.1 Descalificación del lugar desde el que las FARC negocian
Por otra parte, su crítica señala la ausencia de imparcialidad, condición fundamental en un proceso de este tipo. Desde esta perspectiva hace hincapié en su condición de "victimarios": "pasan por alto que las atrocidades que describen: el asesinato, el desplazamiento, las masacres, las desapariciones, la tortura y desmembrar personas, son también predicables de las FARC". Dicho esto, la objeción del procurador apunta a que su responsabilidad por dichos actos debería deshabilitar buena parte de las facultades que ahora tienen. En lugar de esto pueden negociar el tratamiento que van a recibir:
Las penas efectivas y proporcionales a la gravedad de los crímenes por ustedes cometidos son una exigencia del derecho internacional y del ordenamiento interno [...]. En el marco de un proceso de paz debe ser asumida [la pena de reclusión] y reconocida por la sociedad como una demostración de la genuina voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas y del propio victimario. (Subrayas nuestras), (PGN, 2015, p. 2-III)
Además de reiterar el lugar que Ordóñez asigna al destinatario como autor de crímenes graves, el destinatario encubierto se ve aludido en este fragmento, en cuanto representante del Estado y autoridad nacional. Subrayamos en el fragmento los procedimientos que el procurador evoca, con el ánimo de dejar claro, por un lado, que conoce cómo se debe proceder en estos casos, y, por otro lado, que las instituciones responsables representan un lugar de autoridad de mayor envergadura, por lo cual sus resoluciones deben ser consideradas por la Comisión Negociadora. Lo anterior está ligado a los numerosos enunciados de tipo deóntico, desde los que da pautas de acción para ciertos procedimientos: "Quienes deben ocupar las sillas de la verdad como expresión de sincero arrepentimiento son los victimarios y quienes deben hacer escuchar su voz, son las víctimas" (PGN, 2015, p. 4-IV).
Desde una postura similar cuestiona la ausencia de neutralidad en las negociaciones: "¿Qué imparcialidad tiene una Comisión que se proponga la verdad si en el procedimiento de su conformación los victimarios deciden? No hay independencia, no hay autonomía. Es el peligro de la 'verdad negociada'" (PGN, 2015, p.4-V). El sentido global de esta intervención está permeado por una orientación negativa, que se sustenta en el uso del sustantivo axiológico de función desvalorizadora: victimarios. Sin embargo, este señalamiento se presenta a través de un complejo ilocucionario. Por un lado, se formula un acto de habla directo que busca interpelar por medio de una pregunta retórica, con la que el procurador sugiere que no hay imparcialidad en el proceso, dada la participación de los victimarios en la determinación de las condenas.
Lo anterior lleva a cuestionar la negociación, no solo en su gestión y eficacia, sino desde sus inicios, esto es, las condiciones desde las que fue planteada. Este resalte nos conduce a la alusión al tercero discursivo, el Gobierno, al que le es dirigido un acto encubierto con una fuerza ilocucionaria de negación que señala la ausencia de autonomía e independencia de las negociaciones. Ambas apreciaciones conllevan graves implicaciones, considerando la posición en la escala de poder de las figuras referidas: un presidente y su equipo de Gobierno. En último término, el procurador controvierte la naturaleza y el funcionamiento de la Comisión; con el verbo "proponerse" sugiere la idea de una acción que se emprende sin muchas posibilidades de éxito, considerando las circunstancias en las que se negocia.
4.2 Propuesta del Pacto para la Paz
A continuación se mostrará de qué modo la función polémica, materializada en este caso en la descalificación del proceso en curso y del lugar de enunciación, está relacionada con una intención de persuasión. Es preciso hacer una breve revisión del despliegue argumentativo que se ha analizado hasta ahora: inicialmente se cuestionó el lugar desde el que se expresan las FARC, así como la legitimidad del proceso que están llevando con el Gobierno.
En virtud de lo anterior, uno de los pilares de la propuesta del Pacto para la Paz son las garantías jurídicas que, en teoría, ofrecería este nuevo pacto. Dado que se trata de un documento que aún está por construirse, el procurador aclara que el éxito de la aceptación de estas negociaciones depende en gran medida de un respaldo político, lo que implica buscar un consenso con varios actores: "Para eso, la Procuraduría, en ejercicios de su competencia legal, ha propuesto un Pacto para la Paz, al que concurran quienes acompañan al Gobierno en la coalición de la Unidad Nacional y quienes hoy son fuertes críticos del proceso" (PGN, 2015, p.5-I).
El inicial ánimo de descalificación del proceso es reemplazado por una suerte de indulgencia. En este punto, Ordóñez plantea la opción del Pacto para la Paz, que presenta como la única que gozará de legitimidad. Desde esta perspectiva, dicho pacto brindará a largo plazo más garantías a las FARC:
Ninguna sostenibilidad puede tener un Acuerdo que se imponga en un país polarizado y profundamente dividido. El acuerdo final debe convocar a la concordia nacional, no a un nuevo conflicto. ¡Ustedes lo saben! Se necesita un Pacto para la Paz que garantice que lo que se firme se cumpla. (PGN, 2015, p. 5-II)
A partir de lo observado en los dos últimos ejemplos, los argumentos que dan un sustento a su propuesta del Pacto señalan dos debilidades centrales de las negociaciones, que fueron mencionadas por Ordóñez desde el inicio. En primer lugar, se asegura que el nuevo escenario proporciona una seguridad jurídica; sin embargo, detrás de esta afirmación se solapa la idea de que el proceso que se estaba llevando dejaba de lado las opiniones de varios actores políticos. En suma, más allá de la incertidumbre en varios aspectos jurídicos, la propuesta de la Procuraduría aboga en mayor medida por la inclusión de los críticos del proceso. En segundo lugar, en contraposición a la polarización frente al tema de las negociaciones, el procurador alude a las condiciones favorables en que sería recibido el Pacto, pues sería formulado en el marco de una concordia nacional.
5. Conclusiones
A partir de lo trabajado anotamos que la dimensión polémica predominante en la misiva de Ordóñez encuentra sus cimientos en la caracterización del destinatario directo, en este caso Márquez, en cuanto representante de las FARC. Los señalamientos giran en torno a su legitimidad para desempeñarse como interlocutores del Gobierno. Desde esta perspectiva no debe concedérseles el lugar de negociadores legítimos, por su calidad de autores de crímenes o victimarios.
Por otra parte, el procurador emite de modo paralelo actos encubiertos dirigidos a un tercero discursivo, materializado por la figura de Santos y de su equipo de Gobierno. El soporte de la función persuasiva es dado por los elementos señalados desde la función polémica. Con este propósito, contrapone la supuesta invalidez de las medidas adoptadas por el destinatario indirecto, es decir Santos y su equipo de Gobierno, a la propuesta del Pacto para la Paz.
Pese a su aparente ánimo de persuasión, Ordóñez no cede ni reformula nada de su postura frente a las FARC. Consideramos entonces que, más allá de sus intentos de concertar, esta misiva sería un recurso para reafirmar el concepto que el procurador tiene de la agrupación a la que Márquez representa. No solo frente a los otros representantes de la oposición, que en términos de Verón (1987) serían los prodestinatarios, sino también frente a los sectores de la sociedad que muestran cierta afinidad con dichas ideas ante las negociaciones de paz, es decir, los paradestinatarios.
Por último, entre las múltiples fuerzas o actos ilocutivos que concurren en los complejos ilocucionarios a lo largo de cada bloque discursivo, encontramos, por un lado, el cuestionamiento de un actor por la responsabilidad jurídica de sus actos y, por otro lado, la reprobación de las acciones de otro actor, quien es presentado como responsable de planear acciones sin la certeza de que puedan realizarse.
