El COVID-19 ha representado un problema importante de salud pública en nuestro país en los últimos meses. El pasado 6 de marzo se reportó el primer caso en nuestro territorio; a partir de este momento el gobierno nacional ha instaurado diferentes medidas para evitar la propagación y transmisión del mismo, buscando como objetivo principal “aplanar la curva” de contagios, generando inicialmente estrategias de control en el sector educativo y población adulta mayor, así como impartiendo recomendaciones acerca de los cuidados básicos necesarios para disminuir el número de contactos.

El 26 de marzo se decretó cuarentena a nivel nacional, teniendo en cuenta los lineamientos del decreto 457 del 22 de marzo de 2020, y posteriormente el 8 de abril se emitió el decreto 531 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público” ^{1), (2}. En el artículo 3 se definen los lineamientos y excepciones para la circulación de las personas durante el estado de emergencia sanitaria, entre los que resalta el segundo punto debido a su importancia, ya que corresponde a la adquisición de bienes de primera necesidad, que ha sido regulada de diferentes formas para evitar la aglomeración de personas, mediante estrategias como pico y género en Bogotá o pico y cédula en otras regiones del país.

A pesar de la implementación de estas estrategias previamente mencionadas, los medios de comunicación han evidenciado actos de desobediencia por parte de la ciudadanía, entre los que se destacan fiestas clandestinas, uso de instalaciones al servicio del estado para realizar reuniones sin las medidas de seguridad necesarias, movilización espontánea de pacientes positivos para COVID-19, “paseos de olla”, así como un sinfín de conductas adicionales, rompiendo los parámetros decretados en la cuarentena. Sin embargo, paralelo a esto existen otras condiciones o motivos, quizás menos mencionados e indagados, que pueden favorecer estos actos de desobediencia de las medidas implementadas, como son los problemas sociales del país, que han aflorado durante la crisis sanitaria y económica.

Partiendo de lo anterior, en medio del estado de pandemia por COVID-19 decretado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es importante resaltar que muchas de las estrategias planteadas por el gobierno como contingencia nacional no se han logrado cumplir a cabalidad por múltiples factores, entre los que resalta la desigualdad socioeconómica que vive el país. Al revisar los datos sobre la incidencia de pobreza multidimensional obtenidos por el DANE a partir de la fuente censal del 2018, observamos tasas elevadas en Uribia (La Guajira) con 92,2%, Cumaribo (Vichada) con 91,4% y Alto Baudó (Chocó) con 90,6%; en contraste con esto vemos que los municipios con menor incidencia de pobreza multidimensional fueron Sabaneta con 4,5%, Envigado con 4,9% en Antioquia y Chía (Cundinamarca) con 6,7%, que van íntimamente relacionados con el índice de bajo logro de nivel educativo ³.

Basados en estos altos índices de pobreza y la desigualdad socioeconómica abismal entre municipios, resulta complicado el abanderarse con lemas como: “quédate en casa” o “es por tu salud y la de tu familia”, debido a que mientras a una parte de la población le es fácil acatar estas medidas puesto que gozan de ciertas comodidades y/o solvencia económica, existe un gran grupo poblacional para el que ese “quedarse en casa” representa un problema en la consecución de su sustento básico. Esta problemática se hace evidente en el último reporte del DANE, en donde se muestra una disminución de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de ocupación laboral de marzo del presente año (51,7%) comparado con la observada en 2019 (56,4%); adicionalmente la tasa de desempleo total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas más influyentes en la economía nacional fue del 13,4%, representando un aumento de 1,4 puntos porcentuales con respecto al año anterior y dejando al descubierto que un gran número de colombianos viven del comercio informal, registrando tasas hasta de 47,9%. Esto implica que la mayoría de la población vive de lo que produce en su día a día, y por tal razón se les hace necesario tener que elegir entre exponerse al contagio o dejar su familia sin sustento; recientemente se han implementado muchas políticas por parte del gobierno nacional, algunas de ellas como el ingreso solidario que representa un apoyo económico para hogares en condición de pobreza y que ha tenido una acogida en su gran mayoría favorable, mientras que otras estrategias como las medidas especiales para ciertos sectores de la economía y actividades laborales se han visto distorsionadas por individuos que buscan sacar ventajas personales y evadir las directrices del aislamiento obligatorio, dejando claro que existe una ausencia global de conciencia colectiva en el uso racional de recursos, una falta de apoyo sectorial y una economía sostenible ⁴.

A partir del 27 de abril, según lo establecido por el gobierno nacional en su decreto 593 del 24 de abril de 2020, se indica la reapertura de algunos sectores de la economía como lo son la manufactura y construcción ⁵, esto bajo ciertas directrices en las que los empleadores y empresas que estén registrados en la Cámara de Comercio deberán ofrecer las condiciones y elementos de protección personal (EPP) a sus empleados con el fin de prevenir contagios por COVID-19. Según lo reportado por el DANE en el primer trimestre del presente año, el total de personas ocupadas o empleadas fue de 21,3 millones aproximadamente, siendo la industria manufacturera la cuarta rama de actividad que más genera empleo en el país, mientras que la construcción ocupa el octavo puesto, dando como sumatoria 17,7% de las personas ocupadas en el país⁴. Partiendo de esto, podemos decir que aproximadamente cuatro millones de personas iniciaron su desplazamiento con el fin de poder asistir a sus respectivos sitios de trabajo, muchos de estos utilizando servicios públicos de transporte, garantizados en el artículo 4 del decreto 531 del 8 de abril de 2020²; y dando paso a otra problemática social.

Según lo establecido por el gobierno nacional, el transporte público durante este estado de emergencia deberá trabajar a un 35% de su capacidad con el fin de disminuir la exposición de los usuarios y evitar el aumento de casos ⁶. A pesar de estas medidas, los medios de comunicación nos muestran el colapso de empresas de transporte masivo como Transmilenio en Bogotá donde, aunque no se ha superado la capacidad planteada, existe evidencia fotográfica en redes sociales de aglomeraciones dentro de los buses y como algunos pasajeros omiten la señal de prohibición en algunas sillas⁷; por otro lado, en Bucaramanga aunque se aumentó la frecuencia de rutas de Metrolínea, se denuncian demoras en el acceso a las mismas debido a que “los buses no paran porque ya completaron el cupo del 35% de pasajeros”, dificultando así el desplazamiento de los usuarios y en ocasiones haciendo necesario el uso de medios de transporte como taxis, a los cuales pocas personas pueden acceder regularmente por su costo ⁸. En contraste, Transmetro en Barranquilla se convirtió en la primera empresa de transporte masivo en suspender servicios hasta nueva orden debido a superar el 35% de su capacidad ⁹. Todo lo expuesto anteriormente pone en evidencia la deficiencia que presenta Colombia en cuanto a un sistema de transporte masivo asequible para la población, oportuno y que tenga una amplia cobertura, situación que no se presenta de un dia para otro, puesto que a lo largo de los años hemos visto cómo los sistemas de transporte público son insuficientes para el volumen poblacional y tienden al colapso, sin presentarse estrategias realistas que permitan la solución a este problema.

Por otro lado, dentro de la problemática que genera la desigualdad social planteada como tema central de este artículo, vemos como el acceso a información por distintos medios se ve involucrado en la misma medida que los puntos anteriormente expuestos. Desde el 16 de marzo de 2020 se encuentran suspendidas las actividades presenciales en colegios y universidades, públicos y privados, algunos de ellos continuando con su agenda de forma virtual, estrategia que parecía resolver el acceso a la educación de la población durante el periodo de cuarentena ¹⁰. Sin embargo, durante el desarrollo del aislamiento obligatorio, y en el marco de la extensión del mismo que conllevo a la continuación o reanudación en algunos casos de las clases virtuales por riesgo latente de contagio, se evidenciaron ciertas dificultades para una gran parte de la población en cuanto el acceso a estas herramientas y por tanto a su educación ^{11), (12), (13}. Padres de familia y estudiantes expresan su descontento en cuanto a este retorno a las actividades escolares a través de “clases virtuales”, manifestando que en muchos de los hogares no se cuenta con computadores, tabletas o dispositivos similares para poder cumplir sus obligaciones, mientras que en muchos otros hogares, principalmente los de zona rural, no cuentan con acceso a internet. La educación apoyada en Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) no es una estrategia nueva, por el contrario, ha sido implementada por colegios y universidades hasta el punto de crear programas académicos que no requieren ser presenciales y pueden realizarse a distancia. A pesar de no tratarse de una estrategia innovadora, no se encuentra aterrizada sobre el contexto social del país y por lo tanto es un recurso que se limita a un sector pequeño y favorecido de la población. Según el DANE para 2018 existía aproximadamente un 40% de hogares que no poseían dispositivos electrónicos como computador de escritorio, portátil o tablet, y que por lo tanto se verían afectados para el ingreso a clases virtuales; paralelo a esto se encontró que solo el 53% de los hogares colombianos tiene acceso a internet, sea este fijo, móvil o en algunos casos ambos; dentro de las razones por las cuales los hogares no tienen este servicio, el 44% manifestó que no saben utilizarlo, el 24% no lo considero necesario y el 18% lo encontró demasiado costoso ¹⁴. Esto evidencia que el problema de acceso a clases virtuales afecta a una cantidad considerable de la población, siendo sólo para uso exclusivo; adicionalmente pone en evidencia que la solución no solo radica en la entrega de herramientas tecnológicas a los estudiantes como se ha expuesto por los medios de comunicación, puesto se trata de un problema más profundo en el que no existe la suficiente cobertura y oportunidad para el acceso al servicio de internet no solo en las zonas rurales, también en ciertos sectores de las cabeceras municipales.

Durante este estado de emergencia, el uso de internet se posicionó como una solución que busca evitar la aglomeración de personas, no solo en el sector académico expuesto anteriormente, también en el acceso servicios bancarios y pagos electrónicos. Sin embargo, de la misma forma, se han presentado múltiples problemas en la implementación de estas estrategias. Algunas personas indican desconocer la forma de uso de estas tecnologías o desconfianza en la seguridad de las mismas, otras señalan un costo adicional para realizar transferencias, fallos en los sistemas digitales, limitaciones por las entidades bancarias como requerir acercarse a un cajero electrónico o a una de sus sucursales para activar estos servicios digitales, ocasionando aglomeraciones de personas para acceder a estos servicios y realizar oportunamente sus pagos, obligando al incumplimiento de las medidas impartidas por el gobierno nacional.

Finalmente, podemos decir que la mayoría de las estrategias planteadas por el gobierno colombiano han tratado de ceñirse a los parámetros teóricos ideales para afrontar esta pandemia; sin embargo, estos intentos se han visto frustrados por grandes problemas sociales de origen antiguo, dichas situaciones han existido por décadas en nuestra sociedad, nos hemos conformado a vivir con ellas y hasta hemos llegado a ignorarlas. El estado de emergencia desencadenado por la pandemia de COVID-19 solo dejó en evidencia que el país no se encuentra preparado para afrontar una crisis, ya que presenta con anterioridad múltiples falencias; por tanto, toda estrategia encaminada al manejo de la situación actual debe acomodarse al contexto que vivimos como país y no simplemente dedicarnos a replicar modelos de otros países que sencillamente no son aplicables en nuestro contexto nacional. Esta situación ha disparado las alarmas del país y nos hace ver que en un futuro cercano debemos empezar a cambiar pensamientos y estrategias, en búsqueda de mejorar la capacidad de respuesta de nuestro país.