Los medicamentos constituyen la respuesta más común ante cualquier situación de salud. En teoría son útiles para prevenir, diagnosticar, curar o aliviar los problemas de salud de los individuos. Mucho se ha escrito sobre su papel simbólico y sobre su capacidad de movilizar las respuestas del organismo humano, lo que se conoce como el efecto placebo. Algunos medicamentos "salvan vidas", pues su uso oportuno puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es entonces razonable que nuestra cultura no los considere bienes comunes. Se han denominado bienes meritorios, bienes esenciales e incluso, muy a pesar de los economistas académicos, "bienes públicos".

Pero los medicamentos son al mismo tiempo bienes comerciales. Son productos industriales, que como cualquier otro, se fabrican por empresas que tienen por objeto vender, y que, de acuerdo con los imperativos de la economía capitalista, procuran crecer, es decir, vender más y más y más. En consecuencia, se mueven en un mercado, en el que existe una oferta y una demanda. Un mercado profundamente imperfecto, porque el que elige no paga, el que paga no elige, y el que lo usa no está calificado para evaluar su "satisfacción" con los resultados.

Por su carácter meritorio o esencial, los medicamentos han sido siempre objeto de regulaciones sanitarias más o menos intervencionistas. Y ciertamente, por lo imperfecto del mercado, también han sido objeto de intervenciones regulatorias, especialmente en calidades y precios.

En esa compleja doble naturaleza, el papel de los productores y comercializadores ha sido, sin atenuantes, el de maximizar la rentabilidad (con honrosas excepciones como Jonas Salk, que se negó a patentar la vacuna de polio, o la Universidad de Toronto que vendió la patente de la insulina por un dólar), y el papel de los gobiernos el de tratar de balancear el afán de lucro con las necesidades de los ciudadanos a quienes debe proteger. Que nadie se quede sin el medicamento que necesita, pero que los productores puedan mantener su negocio funcionando.

Lejos de un equilibrio, en el caso de la industria farmacéutica y especialmente en los últimos 25 años, hemos sido testigos (y al mismo tiempo víctimas) de la impotencia y la incapacidad de los estados de equilibrar los intereses de los ciudadanos con los intereses económicos. En parte, sin duda, como consecuencia de la ideología del libre comercio, el neoliberalismo y la fe en las leyes del mercado, tan populares en los gobiernos, los centros de pensamiento y los bancos multilaterales en lo que va de este siglo. En parte también por el ejército de lobistas, juristas y firmas de asesores, dedicados a influenciar las decisiones regulatorias, las leyes y los gobiernos, todos tan propensos a ser influenciados.

Lo anterior no ocurre solamente en Colombia o América Latina. Es un problema global, en el que las decisiones se toman en los países desarrollados, atendiendo a sus lógicas y sus aspiraciones. Prueba de ello es lo que pasó con las vacunas en la pandemia . Puede afirmarse que el margen de acción de los gobiernos de los países en desarrollo ha sido y es muy limitado.

Esta "tensión" entre el interés del ciudadano de recibir oportunamente el medicamento que necesita y la industria que quiere maximizar ganancias se expresa de manera dramática en los precios y en el crecimiento del gasto.

La figura de los medicamentos que salvan vidas ilustra muy bien este debate. En realidad no existe un medicamento que salve una vida. Para que una muerte prematura o prevenible se pueda evitar con un medicamento eficaz, se requiere primero de un diagnóstico, que hoy por hoy no significa solamente un médico, y después de un sistema de salud que asegure que el medicamento se encuentre donde y cuando se necesite. Y muy importante, que alguien lo pague. El medicamento es solamente un actor, sin duda imprescindible, pero tan imprescindible como el médico que hace el diagnóstico y como el personal de enfermería que lo aplica. Y en el medio existen toneladas de conocimientos acumulados y ordenados para que un sistema de salud resuelva un problema de salud, una urgencia individual o colectiva. Siempre existirá un actor que quiera llevarse todo el mérito.

El lobby farmacéutico ha conseguido posicionar un concepto según el cual un medicamento que salva vidas debería tener un precio equivalente a lo que la sociedad considere que vale una vida. Argumento que se suma a otro según el cual el medicamento más caro es el que no existe, por lo que cualquier medicamento novedoso que sirva para resolver una necesidad terapéutica debe tener un precio alto. Dicho precio se justifica adicionalmente por el modelo especulativo de la innovación farmacéutica.

Todo este preámbulo es importante para explicar las patentes para medicamentos, sus implicaciones y la actual crisis del modelo de innovación farmacéutica. Y su correlato, las licencias obligatorias y la Declaración de Interés Público para el dolutegravir, recientemente promulgada por el Ministerio de Salud de Colombia.

Las patentes son un mecanismo legal para que nadie pueda producir o comercializar un medicamento, excepto el titular (dueño) de ese derecho de propiedad intelectual, que no suele ser el inventor, sino un licenciatario. Ese derecho de exclusividad permite que el medicamento se comercialice a precios de monopolio. Así se asegura una remuneración temporal que permita recuperar los gastos de la investigación que llevó al producto y asegurar que se tenga una base financiera para seguir investigando.

Al otro extremo, los precios de monopolio significan una radical excepción a la competencia y al mercado, que tiene como consecuencia una escasez artificial. Un medicamento (o una vacuna) no será para todos los que lo necesiten. El precio de monopolio no suele ser el más alto posible. Es aquel que permite la máxima rentabilidad, al encontrar el más alto precio al que se puede vender el mayor número de unidades. A un precio mínimo todos lo compran pero a un precio muy elevado solamente unos pocos. Ese punto de la máxima rentabilidad es un balance entre precios y cantidades, que deja forzosamente a mucha gente sin medicamento. En algunos textos de economía se denomina "peso muerto" a esa exclusión de clientes potenciales, lo que en medicamentos puede tener un sentido literal.

Si los medicamentos fueran un bien como cualquier otro, o una mercancía como cualquier otra, no habría mayor problema. Serían bienes de lujo. Sería un mercado de bienes de lujo. Tratándose de bienes esenciales, la exclusión es contraria a los derechos humanos. Un medicamento o una vacuna socialmente manejada como si fuera un bien de lujo llegará primero a los más ricos y muchos de los más pobres nunca la recibirán. Llegará a los países ricos y no a los países pobres. Algo totalmente inaceptable. Lo que nos pasó con la pandemia y las vacunas. Lo que pasó y sigue pasando con el tratamiento del VIH y los antiretrovirales patentados.

Es un modelo de innovación que le sirve mucho a la gran industria farmacéutica de innovación, y que le funciona a los países ricos, pero no a los países en desarrollo como el nuestro.