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Historia Crítica

versão impressa ISSN 0121-1617

hist.crit.  n.35 Bogotá jan./jun. 2008

 

Posada, Eduardo. La nación soñada. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006, 383 pp.**

Camilo Sánchez Meertens*

María Lucía Guerrero Farías

* Estudiante de Historia y Ciencia Política de la Universidad de los Andes. cami-sal@uniandes.edu.co

Estudiante de Historia de la Universidad de los Andes. ml.guerrero55@uniandes.edu.co


Hegemonía Conservadora, por ejemplo, rara vez es estudiada a la luz de sus logros democráticos. Sin embargo, el autor incurre en la falla que él mismo denuncia: a la hora de resaltar estos logros, no se remite a ninguna suerte de evidencia empírica. Asimismo, aunque durante este periodo la convivencia entre conservadores y liberales era un hecho, Posada olvida que la violencia no se reduce a la contienda partidista. No hace referencia al conflicto laboral y social que empezaba a manifestarse en la década de 1920. Otros historiadores1 han destacado la centralidad del problema social en este periodo, coincidiendo en calificar la actitud del Estado en esta materia como represiva. Afirmar esto no implica negar los avances económicos e institucionales del momento, simplemente se pretende matizar el carácter pacífico y democrático que le atribuye Posada a este periodo, y recordar que la “paz” no sólo es la paz entre los partidos.

Para dar cuenta de la tradición liberal y democrática del país, el autor busca rescatar los logros obtenidos al respecto. Se destaca entonces las limitaciones formales y efectivas al poder ejecutivo, la tradición civilista (comprendida como ausencia de dictaduras) y la tradición electoral.

En cuanto a la primera, se muestra cómo las divisiones regionales conllevaron a una descentralización efectiva (aunque no formal sino hasta 1991), con lo cual se restringe el poder ejecutivo central. Éste también se vio limitado por la acción de distintas instituciones: el Congreso y las Cortes han tenido un poder de veto frente al Ejecutivo. La Iglesia Católica y en general la sociedad civil han logrado oponer sus intereses a los estatales, gracias a la libre asociación y a la libertad de prensa. El número de veces que ha sido clausurado el Congreso es reducido. Incluso durante el periodo del Frente Nacional la necesidad de dividir milimétricamente la repartición de cargos públicos da cuenta de la debilidad del poder ejecutivo (p. 115). No obstante, debe preguntarse: ¿Repartición entre quiénes? Además, no debe olvidarse que el país vivió alrededor de medio siglo bajo el estado de sitio, siendo que en toda democracia ésta es una medida de carácter excepcional y, por tanto, de corta duración. De igual forma, puede que en la historia colombiana sea excepcional la existencia de dictaduras militares, pero ¿no puede acaso un gobierno civil y democráticamente elegido abusar de su poder y ejercer una fuerte represión? (Piénsese, por ejemplo, en las graves denuncias que hizo Amnistía Internacional a raíz de la violación a los derechos humanos durante el gobierno del presidente Turbay).

También es muy discutible el papel que se otorga a la Iglesia Católica como alentador de una sociedad liberal. En términos generales, la actuación de esta institución ha sido en favor de los sectores dirigentes, defendiendo una concepción de sociedad totalmente jerarquizada. Un orden excluyente que rechaza y ubica en una categoría inferior a las minorías étnicas, religiosas, políticas y sexuales. Además, existía, hasta hace poco, un acuerdo explícito con el Estado que otorgaba prerrogativas a la Iglesia2, actuación lejos de estar conforme con una tradición liberal.

Para rescatar la tradición civilista, Posada expone las ideas de políticos e intelectuales tales como Alfonso López Michelsen y Alberto Lleras Camargo, que defienden con vehemencia principios liberales y sienten una fuerte antipatía frente a los porfirismos. Se afirma incluso que durante la Hegemonía Conservadora toman fuerza las corrientes republicanas en el Partido Conservador (p. 108). Sin embargo, esto no es garantía de una actuación conforme a esos ideales: sectores mayoritarios del Partido Conservador apoyaron abiertamente el franquismo3. Es más, defensores en un principio de la democracia como en el caso de Laureano Gómez, terminaron apoyando durante la Segunda Guerra Mundial las potencias del Eje. Su actuación como Presidente de la República tampoco siguió los lineamientos liberales y democráticos. En 1953, por ejemplo, se celebraron elecciones a la Cámara, en las cuales liberales y sectores conservadores tuvieron que abstenerse por falta de garantías4. No se trata de un personaje aislado y excepcional, se trata del director del Partido Conservador, lo que supone cierto apoyo a su proyecto. Además, Posada no hace mención alguna de grupos de intelectuales que defendieran regímenes totalitarios, tal como era el caso de Los Leopardos5. Esto se trae a colación no con el propósito de afirmar que Colombia haya sido un país “fascista”. Tan sólo pretende mostrar que las ideas no-liberales no constituyeron un fenómeno secundario y excepcional. Las ideas liberales no necesariamente fueron aceptadas sin mayor resistencia, como a veces pareciera dar a entender Posada.

Por último, en cuanto a la tradición electoral se muestra que desde 1853 se instauraron elecciones bastante incluyentes (la mujer no podía votar, pero igual sucedía en el resto del mundo). Además de sólo haber sido detenidas excepcionalmente, casi siempre tuvieron un alto grado de competitividad, incluso durante el periodo del Frente Nacional. Pero ¿cómo es posible hablar de competitividad en un régimen resultado de un pacto bipartidista? Según Posada, suele olvidarse que durante este periodo la competencia se había desplazado hacía el interior de los partidos (p. 191). Claro, las divisiones internas sólo pudieron manifestarse como partido con el aval de liberales o conservadores, pero, aún así, militantes del Partido Comunista pudieron ser partícipes de la contienda electoral (p. 192).

Este retrato del país no debe ignorarse, pero es necesario tener en cuenta que la definición de democracia que adopta el autor se identifica exclusivamente con el poder de las mayorías y, por tanto, con la libre contienda electoral (pp. 152-153). Semejante definición resulta útil en la medida en que es fácilmente cuantificable (observable) y que el sufragio presupone a la vez ciertas garantías de corte liberal. Pero ofrece una imagen incompleta del pasado: la garantía de derechos sociales y económicos es también fundamental si se quiere garantizar libertad e igualdad, ambos pilares de toda democracia. En Colombia, intentos deliberados por garantizar el acceso a la propiedad, tales como los de Alfonso López Pumarejo en 1936 o de Carlos Lleras Restrepo 1961, fueron contrarrestados6.

El panorama electoral no es mejor: el hecho de que se realicen elecciones no dice nada sobre cómo ocurren. No hay que olvidar las diferencias regionales al respecto: las prácticas electorales en Bogotá no se asemejan a las de muchas regiones con fuerte presencia de actores armados, que sabotean o ejercen presión para que se vote o no por cierto candidato. El mero hecho de las elecciones no dice nada tampoco sobre quiénes tienen derecho a participar en ellas: la masacre de los militantes de la Unión Patriótica, UP, no impidió la realización del sufragio, pero eso no vuelve al país más democrático y tolerante. Este no es un fenómeno aislado, candidatos a distintos cargos son asesinados todos los años, cosa que no sucede en otros países de Latinoamérica. Por otro lado, que se permita el voto tampoco dice nada sobre los candidatos: éstos, en muchos casos, son apoyados directa o indirectamente por actores ilegales. Su elección puede ser democrática, su actuación no.

En conclusión, el intento por revertir las imágenes tradicionales sobre el país es valioso en tanto permite, por un lado, visualizar un futuro más esperanzador para la Nación y, por otro, mostrar una realidad más compleja y menos estereotipada del pasado político colombiano. Aunque ello lo lleve a formular importantes aportes para la historiografía colombiana, Posada incurre en imprecisiones históricas y conceptuales, que debilitan la argumentación del libro.


** Esta reseña es producto de un trabajo realizado para la clase de Historia de Colombia, dictada en el segundo semestre de 2007, por el profesor Ricardo Arias del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, a quien agradecemos la revisión del manuscrito, así como sus sugerencias.

1 Ver David Bushnell, Colombia: Una nación a pesar de sí misma (Bogotá: Editorial Planeta, 1997). También, Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994 (Bogotá: Norma, 1995).

2 Nos referimos al Concordato de 1887, que estuvo vigente hasta 1993.

3 Álvaro Tirado, “El gobierno de Laureano Gómez: de la dictadura civil a la dictadura militar”, en Nueva Historia De Colombia (Bogotá: Editorial Planeta, 1989), 83.

4 Álvaro Tirado, “El gobierno de Laureano Gómez”, 97.

5 Al respecto ver Ricardo Arias, Los Leopardos. Una historia intelectual de los años 1920 (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales - CESO, Departamento de Historia, 2007).

6 Ricardo Arias, “Del Frente Nacional a Nuestros Días”, en Historia de Colombia. Todo lo que hay que saber (Bogotá: Taurus, 2006), 332.

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