CATERINA, LUIS MARÍA. LOS EMPRESARIOS Y EL OBRERISMO EN TIEMPOS RADICALES 1916-1930.ROSARIO: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DEL ROSARIO, INSTITUTO DE HISTORIA, 2008, 394 PP.

Decsi Arévalo Hernández
Economista, Magíster en Historia y Magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia), y Doctora en Ciencias Económicas de la Universidad París X (Nanterre, Francia). Profesora Asociada del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Hace parte del grupo de Protección Social, adscrito al CID de la Universidad Nacional y a la Universidad de Los Andes. darevalo@uniandes.edu.co.

Desde la publicación de su tesis doctoral, La Liga Patriótica Argentina. Un grupo de presión frente a las convulsiones sociales de la década del 20, el profesor y juez de la República, Luis María Caterina, ha presentado diversas reflexiones sobre las acciones gubernamentales y el comportamiento empresarial en materia laboral durante los mandatos de Yrigoyen y Alvear. La preocupación fundamental del profesor Caterina, presentada en el libro que aquí se reseña, consiste en encontrar "las razones por las cuales la legislación social fue tan fragmentaria, se demoró tanto y por qué, luego, se consolidó con determinadas características" (p. 7). En efecto, en el caso argentino la discusión en torno a la conformación de un código laboral se inició a finales del siglo xix, y en 1904, 1921, 1928, 1933 y 1941 las diversas iniciativas que se presentaron ante el Congreso no lograron convertirse en leyes. Sin embargo, se expidieron normas sobre diversos asuntos del mundo laboral, por ejemplo el descanso dominical (1905), el trabajo femenino e infantil (1907), los accidentes de trabajo (1915) y la limitación de la jornada laboral (1929).

Como lo anticipa el título del libro, el énfasis recae sobre el empresariado, analizado a través de las asociaciones de empresarios, particularmente la Asociación del Trabajo, organización que agrupa empresas y empresarios de diversas ramas de la actividad económica y que fue creada en 1918 durante uno de los períodos más críticos de la movilización obrera. Sostiene el autor que aunque la Asociación tuvo varios fines misionales, su principal función fue contrarrestar la fuerza del movimiento obrero a través de acciones diversas, entre ellas el cabildeo ante distintas instancias del Estado, la provisión de fuerza de trabajo, transporte y vigilancia para las empresas que enfrentaran huelgas o boicoteos, el desarrollo de labores de inteligencia —entendidas en su momento como un mecanismo para prevenir los conflictos sociales— y la asistencia a los trabajadores que no estuvieran vinculados a las federaciones obreras.

En esta perspectiva, la Asociación del Trabajo es un agente central para el estudio de la evolución de la legislación laboral, la cual se interpreta como el resultado de la tensión entre el Estado, los empresarios agremiados y los trabajadores sindicalizados. La interacción de estos tres actores se aprecia en el capítulo tercero del libro, titulado "Las grandes batallas por los puertos". En esa sección se exponen con gran detalle las movilizaciones obreras de 1919, 1921 y 1924, para dejar en evidencia las formas como actuó cada una de las partes en conflicto, la manera como a la par del desenvolvimiento de la confrontación se fueron transformando las actitudes de los contrincantes y los resultados del enfrentamiento.

Cuando se articula el estudio presentado en el libro con los que se ocupan de la dinámica del patrón de desarrollo y de los movimientos sociales, se tornan más claras las razones que explican las diferencias de posición dentro de los grupos empresariales y la falta de consenso de las propuestas del ejecutivo en el Congreso. Si bien desde el último cuarto del siglo xix se expande la industria, los sectores más dinámicos estaban conectados a la producción agropecuaria de exportación y no a la manufactura, esta última empezó su auge en la década de los treinta. Así las cosas, el empresariado dominante estaba ligado a la propiedad territorial y expresaba una visión señorial de la sociedad en la que hay un pequeño abanico de alternativas sobre el ejercicio de la relación obrero-patronal: a) respeto a las jerarquías sociales, entendidas como naturales e inmutables; b) paternalismo empresarial, equivalente a la relación padre-hijo; y c) armonía cristiana, en la que la buena voluntad guía la acción de las partes. ésta, por supuesto, no es la misma mirada con la que los empresarios tayloristas observan la relación capital-trabajo. De ahí que, aun cuando las dos visiones empresariales claman por limitar intervención del Estado, no lo hacen por las mismas razones ni en los mismos grados.

Por otra parte, como lo señala Bergquist¹, el movimiento obrero argentino de comienzos del siglo xx se mantuvo fuerte en ramos que, si bien estaban articulados a la producción exportadora, no constituían el núcleo de la acumulación de capital, que residía en la producción agropecuaria. Esto genera un importante elemento de contradicción en tanto las luchas y las demandas de los trabajadores de actividades fundamentalmente urbanas bien podían tener como interlocutor a empresarios y congresistas con visiones señoriales.

Finalmente, tal como en otras experiencias de América Latina, en el tránsito de la economía agroexportadora a la industrial, la configuración de relaciones capitalista implica la incidencia del Estado en la relación capital-trabajo, con el fin de normalizar la relación salarial. En este paso se desarrollaron prácticas de institucionalización del movimiento obrero, en las cuales el gobierno dice abandonar la vía de la represión y avanzar en políticas concertadas, a la vez que determina el formato dentro del cual puede actuar el movimiento obrero, y profundiza la fragmentación del movimiento de trabajadores. En Argentina el Gobierno generó un mayor acercamiento con la federación ferroviaria, organización que obtuvo condiciones laborales y de protección social superiores al del resto de los trabajadores.

Otro componente importante del estudio realizado por Caterina tiene que ver con la interacción de los tres actores señalados alrededor de la Ley de Jubilación, que operó entre 1923 y 1926, año en que fue suspendida. Pero antes de reseñar este punto, es necesario hacer una precisión. Dentro del conjunto de preguntas que orientan el libro está la de ¿qué actitud asumieron los agrupamientos empresarios más importantes, frente a las organizaciones gremiales, a los sucesivos gobiernos, a la dirigencia política en su conjunto, a las nuevas ideas y proyectos legislativos, en suma a la "cuestión social"? Este último concepto ha sido objeto de un extenso número de trabajos. En éstos, la perspectiva histórica ha encontrado una fuerte conexión entre la "cuestión social" y el mundo laboral, pero no se asimila la legislación del trabajo a ésta.

Una de las definiciones con mayor audiencia es la presentada por Castel, para quien

"la "cuestión social" es una aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone de nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en términos políticos se denomina una nación) para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia"².

En esta perspectiva, la cuestión social no es condición exclusiva de las sociedades en vías de industrialización ni está compuesta por una específica y particular canasta de necesidades.

La precisión es importante, porque en el desarrollo de los sistemas de protección social (respuestas a la cuestión social) se han destacado aquellos vinculados al mundo laboral. Por su puesto, el primer referente son los estados de bienestar europeos y luego el aseguramiento social en América Latina, sistemas que tuvieron como ancla la relación salarial; la diferencia es que en Europa el régimen salarial se extendió a un porcentaje muy alto de la población trabajadora, mientras que en América Latina su expansión fue restringida. No obstante, hay otras muy variadas formas de proveer protección social: la familia, los vecinos, la beneficencia y la asistencia social tanto pública como privada.

Por su parte, la legislación laboral, entendida como un mecanismo de regulación de la relación capital-trabajo, se orienta a garantizar el desarrollo de la actividad productiva en un ambiente que minimice las expresiones del conflicto gracias al establecimiento de los canales institucionales para saldar las diferencias entre las partes, de modo que la estabilidad propicie el incremento de la productividad. Ahora bien, parejo a la legislación sobre condiciones laborales, históricamente se crearon sistemas de protección social para los trabajadores, a través de la figura del aseguramiento social y, en la mayoría de las experiencias de América Latina, quedaron fundidos estos dos temas no sólo en los códigos laborales, sino también en los organismos de dirección del Estado.

Volviendo a la Ley de Jubilación, es de resaltar cómo en el trabajo se caracteriza el pensamiento de las agremiaciones empresariales en torno al seguro de jubilación. De allí se podría derivar que, al igual que en otros países, la aproximación al sistema de jubilación de los empresarios se enmarca en su visión de la sociedad, es decir, se asume como ahorro forzoso y en esa medida se justifica si es una respuesta a la miopía de los pobres —que no ahorran para su vejez— o si se crea un sistema en el que los beneficios dependan de los aportes. Esto es una traducción práctica de principios individualistas de la concepción de la sociedad, según los cuales el aseguramiento social no juega su papel de redistribuidor de riesgo ni tiene como objetivo permitir la conservación del ingreso en el futuro, de modo que el individuo (y sus dependientes) no desmejore el lugar social que tenía durante el tiempo en que hizo parte del mundo laboral. Por supuesto, la lenta asunción del riesgo de jubilación tiene que ver con la oposición de los dirigentes obreros a la ley, quienes —como lo señala el autor— además de seguir las tesis opositoras de los socialistas, expresaban su desconfianza frente al Estado que los había perseguido y ahora les pedía contribuciones; a ello se podría agregar la dificultad de concebir beneficios a largo plazo cuando se está en situación de bajos ingresos en el presente.

Por último, quiero subrayar una de las conclusiones del profesor Caterina, quien afirma que los gobiernos de los radicales quisieron ubicarse como árbitros entre el capital y el trabajo, con el fin de lograr el equilibrio social, pero "haber dado lugar al nacimiento de la Asociación del Trabajo puede ser visto como el más grande error del radicalismo en el terreno social" (p. 375), puesto que la estrategia y la fuerza con que actuó dejó al Estado como espectador de los enfrentamientos. Una proposición de esta naturaleza nos regresa a un importante problema en las interpretaciones de la historia de América Latina: el Estado. Las discusiones sobre la naturaleza del Estado, del que no sólo hace parte el ejecutivo; las relaciones en éste y el Congreso; o la capacidad de injerencia de los grupos de presión en las decisiones de Estado son temas que siguen en el orden del día.

Comentarios

¹. Charles Bergquist, Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y Colombia (Bogotá: Siglo xxi editores, 1988), 173.

². Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado (Buenos Aires: Paidós, 1997), 20.