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Historia Crítica

versão impressa ISSN 0121-1617

hist.crit.  n.44 Bogotá maio/ago. 2011

 

LOS INDÍGENAS DE LA GUAJIRA Y SU ARTICULACIÓN POLÍTICA AL ESTADO COLOMBIANO (1830-1880)*

José Trinidad Polo Acuña
Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas en la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia), Magister en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia) y Doctor en Historia de la Universidad Central de Venezuela (Caracas, Venezuela). Sus intereses investigativos se centran en la historia rural del Caribe en la transición de los siglos XVIII-XIX. Profesor del departamento de historia de la Universidad de Cartagena. Miembro del Grupo de Investigación "Frontera, Sociedad y Cultura en el Caribe y América Latina (categoría A1 en Colciencias). Algunas de sus publicaciones son: Etnicidad, conflicto social y cultura fronteriza en la Guajira, 1700-1850, Bogotá, Universidad de los Andes/ Observatorio del Caribe colombiano, 2005; "Contrabando y pacificación indígena en la frontera colombo-venezolana de la Guajira (1750-1820)", América Latina en la Historia Económica 24 (julio-diciembre de 2005): 87-130; "Desde la otra orilla: las fronteras del Caribe en la historia nacional", en El Caribe en la nación colombiana. Memorias de la X Cátedra Anual de Historia "Ernesto Restrepo Tirado", comp. Alberto Abello Vives (Bogotá: Observatorio del Caribe colombiano/Museo Nacional de Colombia, 2006), 171-188. josepolo68@yahoo.com


RESUMEN

La articulación política de los indígenas de la península de la Guajira al Estado colombiano en el período 1830-1880 se basó en variadas estrategias políticas que incorporaron el reconocimiento de las autoridades indígenas, alianzas políticas con los jefes nativos, la designación de curas misioneros y el apoyo controlado al comercio nativo-criollo. Tales estrategias muestran que la sujeción nativa al Estado descansó sobre procesos complejos que implicaron negociaciones y acomodamientos situacionales de ambas partes.

PALABRAS CLAVE
Guajira, indígenas, Estado, Colombia, política.


THE INDIGENOUS PEOPLE OF THE GUAJIRA AND THEIR ARTICULATION WITH THE COLOMBIAN STATE (1830-1880)

ABSTRACT

The political articulation between the indigenous people of the Guajira and the Colombian state, during the period 1830 to 1880, was based on a variety of political strategies that involved the recognition of the indigenous authorities, political alliances with native chiefs, sending priests and missionaries to the region, and controlled support for native-creole commerce. These strategies show that the subjugation of the indigenous people to the state rested on complex processes requiring negotiation and accommodation on both sides.

KEY WORDS
Guajira, indigenous peoples, state, Colombia, politics.

Artículo recibido: 23 de abril de 2010; aprobado: 22 de febrero de 2011; modificado: 21 de marzo de 2011.


INTRODUCCIÓN

    En su descripción de la Provincia de Maracaibo el coronel Agustín Codazzi anotaba que, "Un corto trecho de 16 leguas casi todo de sabana que separa las Provincias de Maracaibo y Riohacha [...] lo poseen los Goajiros que han sabido conservar su independencia a pesar de los esfuerzos que se hicieron en otros tiempos para subyugarlos. Toda la península de la Goajira pertenece exclusivamente a esta nación guerrera; mandada por varios caciques, los cuales suelen estar entre sí en continua guerra, y algunas veces tienen sobresaltado los habitantes de Maracaibo y Riohacha"1.

Similar observación, con más detalles, se observa en un informe de 1837 dirigido al gobernador de la Provincia de Riohacha por parte de la jefatura militar de la misma, en la cual se anotaba que los indígenas guajiros,

    "[...] sólo han aprendido a hacer la guerra tan hábilmente como una nación guerrera, sus costumbres bárbaras en nada difieren, de tal modo que su gobierno puede decirse, sólo tiene por objeto el interior de las familias: nunca se ocupan en conservar un orden público con el ejercicio de una autoridad permanente, y si los trabajos comunes mantienen cierta unión entre los individuos de la misma parcialidad, es sobre todo para atacar al enemigo con ventaja: no se ve forma alguna de gobierno, ni se usa de los nombres de superior o inferior, demostrándose así la igualdad y la independencia que en ella reina; pues entre los salvajes sólo el poder de la riqueza en ciertos casos los sojuzga"2.

Las anteriores representaciones sirven para ilustrar tres dificultades que las autoridades de Colombia tuvieron que afrontar para incorporar políticamente los indígenas de la Guajira al dominio territorial estatal a partir de 1830. La primera, la autonomía que los grupos indígenas de la zona heredaron del período colonial, la segunda, la imposibilidad de entenderse con una estructura política de mando unificado en los nativos, y la tercera, la inestabilidad que se generaba con los vaivenes de la guerra al interior de estas comunidades3. Había otras dificultad no menos importante: una frontera abierta hacia el mar Caribe en la cual se daban cita contrabandistas procedentes de Jamaica, Aruba, Curazao y Bonaire, entre otras islas caribeñas, quienes traficaban con la venia de los jefes indígenas del extremo norte de la península de la Guajira, donde tenían control sobre los puertos de Bahía Honda, Portete, Puerto Estrella y Taroa, entre otros. Traficaban con ganado, mulas, perlas, tabaco y las armas de fuego que circularon abiertamente en las comunidades indígenas4.

Una vez resquebrajada la unión de la "Gran Colombia", el asunto de la articulación política de los Wayuu5 pasó a ser manejado por los nacientes Estados de Colombia y Venezuela, para quienes la población y el territorio indígena de la Guajira, dada la autonomía que heredaron del período colonial, se interponían en la construcción y reafirmación de sus soberanías. En otras palabras: los nativos guajiros y su territorio no respondieron a las lógicas de construcción y ordenamiento territorial estatal impulsadas desde Venezuela y Colombia, sino a sus propias formas de organización política-territorial. En ese orden de ideas, el problema del control y la incorporación de estos indígenas a los nacientes Estados de Colombia y Venezuela adquiere relevancia en la medida en que el proyecto de construcción del Estado nacional así lo requería: unificación de gentes, territorios y culturas. Tal proceso de incorporación tuvo dos manejos: uno desde Colombia y otro desde Venezuela. Estos, si bien presentaron rasgos similares en sus fines, también se diferenciaron en las estrategias y el manejo de las relaciones con los nativos.

En este artículo nos centraremos en las estrategias de articulación política que el Estado colombiano implementó para ganar el apoyo de los Wayuu, como se verá, éste no fue un proceso lineal en el que unos actores sociales eran objeto de decretos, leyes y reglamentaciones que lograban normatizar su pertenencia al conglomerado de la nación. El proceso fue más complejo e implicó, por un lado, mecanismos de resistencia, negociación y adaptación por parte de los indígenas, y por otro, un tratamiento práctico y situacional por parte de las autoridades. Se dio, como sostiene Charles Tilly al hacer referencia a otro tipo de procesos, una "dominación indirecta" por parte del Estado a través de negociaciones con los poderes existentes en la región y localidades, los cuales adaptaron la normatividad y la administración a sus necesidades particulares6. En ese sentido, se puede afirmar, como sostiene Judith Butler, que ciertamente los Estados son lugares de poder, pero el Estado no es la única forma de poder, pues hay fuerzas que le disputan territorios y el control de poblaciones7. De esta manera, la construcción de un orden estatal nacional desde Colombia con relación al territorio y las comunidades indígenas de la Guajira se vio matizado por estrategias políticas que incorporaron el reconocimiento de las autoridades indígenas en la fundación de pueblos en territorio étnico, alianzas políticas con jefes de clanes poderosos, la designación de curas misioneros, gratificaciones y el apoyo controlado al comercio de nativos con habitantes de la provincia de Riohacha. Sin embargo, tales estrategias no surtieron efecto de manera uniforme. Éstas fueron más o menos funcionales en el área conocida como Baja Guajira (sur), donde se presentó un marcado mestizaje entre indígenas, blancos y negros desde el siglo xvii, el cual originó alianzas políticas entre hacendados y clanes nativos poderosos. En la zona norte, conocida como Alta Guajira, los resultados fueron quiméricos por la heredada tradición de autonomía que estas comunidades tuvieron con relación a las autoridades y la sociedad de Riohacha. Sus habitantes fueron más proclives a establecer contactos con contrabandistas de Aruba y Curazao que con mercaderes riohacheros; el grado de mestizaje en esta área fue mucho menor que el que se dio en la Baja Guajira8.

El artículo está estructurado en cuatro partes. En la primera, se analiza la fundación de los pueblos de El Paso y Soldado como estrategia para contener las incursiones armadas de los nativos ubicados en las rancherías cercanas a Riohacha y las poblaciones circunvecinas de Tomarrazón, Barrancas, Fonseca y Moreno (Mapa 1). En la segunda, se aborda la designación de curas misioneros para El Paso y Soldado y su papel en la sujeción política de los indígenas. En la tercera parte, se estudian las alianzas entre la gobernación de Riohacha y algunos jefes nativos y su función en la pretensión estatal de unificación política de la sociedad indígena. La cuarta y última parte se ocupa de la necesidad de las autoridades de Riohacha de regular el comercio que se realizaba en distintos puntos de la península de la Guajira, con el objeto de controlar el apoyo que los nativos daban a los contrabandistas.


1. LA FUNDACIÓN DE PUEBLOS EN TERRITORIO INDÍGENA

A partir de 1830, el Estado colombiano limitó su presencia en la Guajira al sur de Riohacha; es decir, la ocupación "efectiva" se centró al sur del río Calancala, pues el norte era territorio controlado por los clanes indígenas guajiros (Mapa 1). Sin embargo, este espacio también comenzó a ser disputado por los nativos, quienes expandieron su radio de influencia hasta la intersección de caminos claves que comunicaban a Riohacha con Valledupar y Santa Marta. En efecto, los informes gubernamentales señalaban que partidas de indígenas armados "asaltaban" los predios de las poblaciones de Dibulla, Tomarrazón y Barrancas9. Se sabe que a mediados del siglo xix, las prolongadas sequías y el sobrepastoreo empobrecieron los suelos de la Media y la Alta Guajira (norte), lo que obligó a los indígenas a migrar al sur de la península. Esta migración, junto a la expansión ganadera y agrícola criolla, creó un estrechamiento espacial de la población, lo cual ocasionó agudos conflictos10.

Una de las primeras disposiciones del gobierno republicano de Colombia para hacer presencia en territorio étnico fue la creación de la parroquia Bolívar en 1827 en el sitio conocido con el nombre de Soldado, para ayudar a contener las incursiones armadas que los indígenas estaban haciendo en los caminos que comunicaban a Riohacha con los sitios de Guinxijare, Pantanito, Tomarrazón, Camarones, Dibulla y Moreno11. Sin embargo, no fue sino hasta 1835 que San Rafael de Soldado fue convertido oficialmente por las autoridades colombianas en un distrito parroquial, e igualmente se constituyó el caserío de El Paso; estas dos poblaciones se erigieron con el objeto no solamente de albergar a los nativos que se iban reduciendo, sino para que incorporaran familias de Riohacha12 (Mapa 1). El Paso y Soldado ya tenían antecedentes que datan de los últimos días del gobierno español, pues desde esa época en ambos lugares vivían clanes indígenas que interactuaron con mercaderes y tratantes porque sus predios eran pasos obligados del contrabando. En Soldado, por ejemplo, vivían tres familias riohacheras y una de indígenas, cuyo jefe era el nativo Marcos. Muerto éste, pasó a tomar la jefatura su hijo Pablo Gil, quien por un tratado celebrado con el gobernador de la provincia de Riohacha se dio a la tarea de reunir a sus parientes en ese sitio, además de algunos granadinos procedentes de Riohacha, Barrancas y Moreno13. De manera que lo que hicieron las autoridades colombianas fue erigir ambos pueblos en lugares previamente habitados por los nativos, y que constituían sitios claves para el ejercicio del contrabando entre las provincias de Riohacha y Valledupar.

El Paso, por su parte, se construyó en 1834 con indígenas conocidos como "rinconeros", que se encontraban viviendo cerca de Riohacha en sitios como Guairamana y El Retiro; su jefe era Basilio Bermúdez, con quien la gobernación de Riohacha estableció un tratado que lo acreditó como capitán del pueblo mencionado14.

En 1835, vivían ocho familias indígenas en Soldado y en El Paso se contabilizaron 233 habitantes15. Desde estas dos poblaciones el Estado de la Nueva Granada intentó articular políticamente a los Wayuu instándolos a que abandonaran su vida errante y se establecieran en los dos pueblos. En éstos se construyeron dos escuelas, se designaron dos curas misioneros y dos instructores respectivamente, quienes junto a los capitanes velarían para que en ellas se incrementase día a día el número de niños indígenas que aprendieran las "bondades" de vivir conforme a las leyes del Estado. Igualmente, los capitanes atraerían a otros nativos, entre parientes y aliados políticos, para que se radicasen en las dos poblaciones.

Sin embargo, la situación pronto se tornó difícil para las pretensiones del Estado por varias razones. Una, que en la práctica sólo se designó un misionero para Soldado, el cual no había adelantado mayor cosa en materia de religión, pues eran pocos los nativos que asistían a la iglesia ya que el cura difícilmente podía entenderse con ellos en su idioma; un informe subrayaba que aún no se lograba que los indígenas vistieran con ropas adecuadas16. Otra, que los capitanes indígenas Gil y Bermúdez, no lograban la pretendida unidad política entre los clanes más importantes que dominaban el resto del territorio étnico. Es más, dos años después, en 1838, el capitán Pablo Gil intentaba abandonar Soldado argumentando que "[...] cada día sufría atraco en sus bienes, porque la escasez de agua y pastos era tal, que en vez de adelantar su corta hacienda, se había disminuido considerablemente, y que por lo mismo estaba determinado a establecerla en la Goajira"17. Un grupo de vecinos "notables" de Riohacha argumentó en un extenso informe que el capitán Basilio, de El Paso, carecía de poder para sujetar los indígenas que tenía a su cargo, "[.] por lo cual no presta ninguna garantía"18. El mismo informe señalaba que parte de los nativos de ese pueblo se había regresado a la Guajira y Basilio se había quedado sólo con algunos de sus parientes19.

Otras dificultades no menos importantes que afrontaron las autoridades era que Soldado y El Paso se habían convertido en un refugio para criminales que afectaba la seguridad en la provincia20. En una ocasión, el alcalde de Soldado fue amarrado y lacerado a fuetazos por parte de una turba indígena, y en 1835, en inmediaciones de la mencionada población, fueron asesinados dos vecinos de la parroquia de Barrancas que transportaban dividivi hacia Riohacha21.

Ante estas dificultades y presionado por las quejas de algunas personas notables de Riohacha, quienes argumentaron una serie de perjuicios ocasionados en sus propiedades por parte de los guajiros, el Ejecutivo Nacional envió una solicitud a la gobernación de esa ciudad con el objeto de que se recabase información sobre el estado real de la provincia, incluyendo las poblaciones de Soldado y El Paso. El requerimiento pedía, además, opiniones sobre lo que se necesitaba para superar los males que aquejaban a la población. Entre estas últimas se menciona la necesidad de dotar con un cura misionero a El Paso, una guarnición permanente de veinticinco hombres para ambas poblaciones, la construcción de iglesias, la designación de un juez o un alcalde para El Paso y la continuación de alianzas con jefes de clanes22.

En 1879, cuando el Territorio Guajira ya era administrado por las autoridades centrales colombianas, se consideró inconveniente que la capital estuviese en Soldado, pues este punto se encontraba en los bordes del territorio étnico y distante de los clanes indígenas más poderosos que habitaban la costa, por donde precisamente se daba el mayor contrabando con extranjeros23. En consecuencia, el gobierno propuso trasladar la capital del territorio a un lugar que estuviese en el radio de acción de los nativos, cercano a la costa y en el camino que comunicaba a la Guajira con Riohacha24. La idea era que la nueva capital sirviera de contención para que cesaran el contrabando y "Las exacciones y toda clase de atentados cometidos por los venezolanos de lado de las Guardias [.]"25. A renglón seguido, las autoridades colombianas señalaban que "La autoridad nacional en el corazón mismo del Territorio goajiro, tiene también la influencia moral de que la República vecina vea el interés con que la Nación posee en pleno dominio ese territorio que pretende disputarle y el señor secretario sabe muy bien que no hay principio más propio para hacerse a un territorio que atraer sus habitantes por el trato continuo y los medios suaves"26. Diez años antes, en 1869, el gobierno colombiano de la época denunciaba que Venezuela mantenía guarniciones militares en la Guajira sin permiso de Colombia y que sus funcionarios ejercían libremente la autoridad27.

Como se observa, hay una preocupación directa del Estado colombiano por vincular el territorio étnico guajiro y articular políticamente sus habitantes con el país "nacional" a través de una intervención en el territorio, con el objeto de frenar las "incursiones" del vecino Estado de Venezuela. Sin embargo, la pretendida articulación política a través de Soldado y El Paso se malogró porque las poblaciones tuvieron una existencia tortuosa y precaria. El Paso, junto a Menores y Moreno, desaparecería en la década de 1850 y Soldado fue destruido por los indígenas en 1882 en represalia por los abusos cometidos por criollos contra los nativos28. En este último año se hizo un esfuerzo por erigir un poblado, San Antonio de Calancala, a dos millas al oriente de Riohacha en la ribera oriental del mencionado río, pero también fue de efímera existencia29. Como se deduce, al igual que durante el período colonial, la fundación de pueblos en cercanías o en el corazón mismo del territorio étnico fracasó porque la presión indígena se convirtió en una barrera que frenó las pretensiones del Estado por mantener vigilados a los nativos.


2. MISIONEROS Y DIOCESANOS

Después del alzamiento armado de 1769 y las vicisitudes de la guerra de independencia, los Wayuu casi no volvieron a tener misioneros en su territorio hasta 1834, año en que se designó a Lorenzo Franza, misionero capuchino, como cura de la parroquia de Soldado, quien se posesionó de su cargo en 183530. Las expectativas de Franza cuando llegó a Soldado no fueron halagadoras, más bien, se observa su desencanto ante lo que él consideró limitaciones y precariedades: lo que alguna vez había sido la iglesia se estaba derrumbando, los indígenas y los mestizos que allí vivían estaban dispersos por caseríos cercanos al pueblo y la cohesión social estaba "desecha"31. Había algo peor según el misionero: el presupuesto del fondo de misiones, establecido por el gobierno central, o no se ejecutaba o sus recursos eran desviados a otro tipo de inversiones. En estas circunstancias comenzó Franza su labor: solicitó doscientos pesos al fondo de gratificaciones para construir una escuela, dotarla de enseres necesarios y el pago de un maestro, tal como lo dejó expuesto el tesorero de la gobernación de Riohacha en 1835:

    "El doctor Lorenzo Franza, cura de la Parroquia de Soldado, que es eclesiástico de bastante capacidad y juicio, me ha hecho presente cuán interesante sería establecer una escuela allí para enseñar a los indígenas la Doctrina Cristiana, a leer, a escribir por lo menos, y yo creo que este es el medio más seguro de civilizarlos y atraerlos a nuestras costumbres, pero como es difícil montar el establecimiento conforme a la ley, porque ni hay rentas en aquel lugar para el pago del maestro ni los vecinos pueden sufragar para ello, por ser pocos y pobres, me veo en el caso de solicitar al Gobierno de que la suma destinada para fomento y gratificaciones de las tribus de indígenas, se señalen doscientos pesos anuales para compensar de su trabajo al maestro [...]"32.

Como se deduce de la petición del tesorero, en la práctica las misiones no tenían un presupuesto destinado especialmente para ellas, sino que estaban supeditadas a un fondo que se utilizaba como herramienta política para lograr un acercamiento a los indígenas, las gratificaciones, que quizás era más importante para las autoridades. Para disminuir los costos de la construcción de la escuela, el fraile capuchino debió trabajar con el capitán Pablo Gil, quien velaría para que los indígenas a su cargo cortasen y transportasen la madera al pueblo, además de convencer a los padres para que llevaran a sus hijos al establecimiento educativo33. En la práctica, las funciones de Franza se extendieron también a las poblaciones de Moreno y El Paso, pueblos que presentaban un estado similar de precariedad.

Muy pronto se develó que el enemigo de las misiones no sólo era la falta de recursos: un incendio consumió la casa misional de Soldado, donde el cura sostuvo que el fuego "[.] devoraba cuanto hacía mi fortuna que consistía en una regular biblioteca que saqué con bastante dificultad de Europa, con otras obras compradas en la Nueva Granada, mi ropa, algunas alajas, muebles y documentos cuanto había traído conmigo"34. Igualmente, el fuego destruyó los cursos "científicos" que el misionero enseñaría en la escuela, los de predicación, diplomas y credenciales obtenidas en las diferentes misiones donde había estado35. Las primeras pesquisas de las autoridades apuntaron a que fue un acto intencional en el que participaron tanto indígenas como mestizos y zambos que vivían en la población, lo cual quizás tuvo algo que ver con el recelo que éstos tuvieron a la llegada del misionero: "Excelentísimo señor, he tenido una continua lucha con dos clases de hombres [indígenas y mestizos], ambos indomables, exponiendo a deterioración también mi buena salud"36. En efecto, la salud del misionero comenzó a deteriorarse y solicitó al gobernador de la provincia una licencia por dos meses para trasladarse a Santa Marta con el objeto de iniciar un tratamiento médico. Al vencimiento de la licencia, Franza solicitó una prórroga de la misma argumentando que el proceso de curación aún no había terminado37.

La gobernación no estaba muy convencida de los argumentos de Franza porque éste no se presentó después de terminada la prórroga de su licencia, por lo cual se le suspendió el sueldo que devengaba38. Ignoramos si Franza regresó o, por el contrario, se quedó en Santa Marta, pero lo cierto es que la misión de Soldado estaba en crisis: el número de indígenas había disminuido considerablemente, el capitán Pablo Gil regresaba al territorio étnico y la asfixia económica se acrecentaba: algo muy parecido a lo ocurrido durante la segunda mitad del siglo xviii con las misiones capuchinas.

Las misiones en la Guajira entraron en una suspensión hasta 1868, año en que el padre Rafael Celedón ocupó el cargo de Vicario Foráneo de la iglesia de Riohacha, desde donde se propuso fundar una misión en la Guajira con el apoyo del Vicario Apostólico de Santa Marta, José Romero. Un año después, Celedón se reunió con la clase dirigente de Riohacha para crear la Junta Misional, la cual consideró que el sitio más apropiado para ubicar a la misión era Marauyén, situado en el camino que comunicaba a Riohacha con Maracaibo, sobre la margen derecha del río Calancala39. En este sitio se erigieron una capilla construida en madera, con techo pajizo, y una escuela, donde entraron a estudiar varios niños indígenas. Sin embargo, la misión de Marauyén no gozó de apoyo efectivo por las autoridades, se levantó en un sitio inadecuado para su establecimiento porque no había agua ni pasto y, como lo anotaba Jorge Isaac, "[.] probablemente contribuyó mucho al mal éxito [de la misión] el defectuoso sistema de catequización, de meras predicaciones y ceremonias, lidiándose con tribus que siempre habían rechazado o recibido con befa y desdén a los misioneros católicos"40. Ante estas circunstancias, la misión fue abandonada en 1873, aunque se intentó levantar nuevamente con dos presbíteros de nacionalidad holandesa procedentes de Curazao: Juan Antonio Te-Riele y Fernando Eduardo C. Kieckens. No obstante, este intento también fracasó en 1880, quizás porque la iglesia colombiana vio con sospecha la llegada de los misioneros en cierto contexto de expansión del protestantismo en América41. Nuevamente, las misiones religiosas habían fracasado en su intento por persuadir a los nativos a que se redujeran a población, y de paso también fracasó la colaboración entre la iglesia y las autoridades riohacheras.


3. ALIANZAS POLÍTICAS CON CLANES Y GRATIFICACIONES

Las autoridades de Riohacha consideraron conveniente establecer contactos pacíficos con jefes nativos con el objeto de comprometerlos en alianzas políticas que garantizaran la seguridad de la zona y sobre todo, su lealtad con la República. De esa manera, los acercamientos se hicieron con clanes que estaban dispuestos a colaborar con las autoridades, sólo que esa colaboración pasaba necesariamente por las necesidades políticas, económicas y de defensa de los nativos, como veremos más adelante. Tales negociaciones fueron conducidas por la gobernación de Riohacha en cabeza del gobernador, quien era el encargado de buscar un entendimiento con los jefes más poderosos e importantes de los guajiros. Así, entre 1834 y 1835, la gobernación de Riohacha firmó dos tratados de amistad y alianza política con dos jefes indígenas: Basilio Bermúdez y Pablo Gil42. En ambos casos los jefes se comprometieron a dar cumplimiento a los siguientes aspectos claves para las autoridades riohacheras:

a) se establecerían con su familia en los sitios de El Paso y Soldado respectivamente, donde se construirían los pueblos;
b) velarían por el buen orden de la población, motivando a que sus nativos asistiesen a la iglesia y los niños, a la escuela;
c) se empeñarían en labrar la tierra y criar ganado43.

La gobernación, por su parte, se comprometió a suministrar en especie y dinero los recursos que se necesitaban para lograr los anteriores puntos, además de pagarles un sueldo mensual a los capitanes por desempeñar las funciones de dirección de los pueblos. Igualmente, prometieron apoyar a los jefes nativos en el establecimiento del orden público con tropas, si fuera necesario en caso de algún conflicto con otros clanes. El capitán Gil, por ejemplo, gozaba de un sueldo mensual de dieciséis pesos asignado en su calidad de capitán fundador y de dieciocho pesos, dos y medio reales por ser capitán del ejército en retiro44.

En otra oportunidad, se estableció un convenio con el jefe indígena apodado "El Toro", quien a juicio de las autoridades había demostrado en oportunidades anteriores apego por las leyes de la República. Además, "Toro" había respaldado el orden legal en la Guerra de los Supremos, cuando rechazó la invitación que José Rafael Pimienta le hizo para acometer a las autoridades de la ciudad45.

Las alianzas políticas que el Estado estableció a través de las autoridades de Riohacha con los jefes indígenas, se vieron envueltas en una trama de "amistad-enemistad" con los clanes nativos, porque en ellos no existía una unidad política de mando unificado. En ese orden de ideas, las autoridades tuvieron que combatir y a la vez negociar con diferentes jefaturas políticas, algunas cercanas y otras adversas, dependiendo del grado de cercanía o lejanía con los intereses en juego. En una ocasión, por ejemplo, el capitán Basilio Bermúdez se vio envuelto en una guerra con miembros de otro clan por el asesinato de un hermano suyo a manos de otros nativos. Bermúdez, que sabía para qué se había firmado el tratado, le solicitó al gobernador pasar al territorio étnico para dar sepultura a su hermano, y le pidió, además, el cumplimiento de uno de los puntos del tratado: defenderlo a él y su familia en caso de alguna guerra con otro clan46. La gobernación no desconocía esto, sin embargo era muy cautelosa en defender a Basilio abiertamente porque un conflicto entre dos clanes se podía extender a los habitantes criollos de la provincia47. De esta manera, el papel de la gobernación de Riohacha en sus relaciones con los aliados jefes indígenas osciló entre el apoyo y el distanciamiento, dependiendo de si estaba o no en peligro la seguridad de la provincia.

En la segunda mitad del siglo xix, una alianza política de trascendencia fue la que las autoridades riohacheras hicieron con el jefe José Dolores, del clan arpushana. Hijo de la jefa Rosa, una de las mujeres más poderosas en el conjunto clanil hacia 1850, José Dolores heredó de su hermano Ortiz, una vez fallecido éste, la jefatura del clan48. Su residencia estaba ubicada en la zona de Carraipía, cercana a los Montes de Oca; por su riqueza y poder era llamado el "jefe de la sierra". Las autoridades riohacheras entablaron un acercamiento con José Dolores, quien mantenía, además, relaciones de amistad y quizás algún grado de parentesco con el general conservador Juan Manuel Iguarán49. Aprovechando esta alianza, las autoridades de Riohacha le encomendaron el apoyo a las misiones capuchinas procedentes de Guarero, a las cuales ayudó con recursos para su establecimiento; se sabe que cuatro hijos suyos asistían a la escuela que los misioneros tenían50.

Teniendo en cuenta el poderío de José Dolores, las autoridades de Riohacha vieron la oportunidad para articular políticamente a los Wayuu mediante el apoyo a éste contra otros clanes con los que se encontraba en conflicto y que eran poco cercanos a los intereses del gobierno. Dolores había logrado controlar a los grupos nativos de la sierra y hegemonizar su poder en la zona; contaba con los aliados del clan Hipuana, de donde procedía su mujer, y la adhesión de los jefes Caichompa, José María Flórez, Sarapo, Nicolás Tile, Masapur, Pradeiro y Florencia. La meta que se había propuesto era extender su control hacia la costa occidental. En esta última se encontraba una alianza que lideraba el clan Epinayú, al frente del cual se hallaba la jefa Laura Bonivento, con el apoyo de los jefes Petrico, Tupa, Vicentechón, Coyasi y Ramoncito51.

Pese a contar con el apoyo gubernamental, Dolores no pudo someter militarmente a los clanes de la costa y se desgastaba en conflictos cortos que implicaron muertes y robos de parte y parte52. Ante esta situación, y temiendo que el conflicto se generalizara sin que Dolores unificara políticamente los clanes, la posición del gobierno fue la conjuración de una guerra que amenazaba con extenderse a toda la Guajira. No obstante, las relaciones entre las autoridades de Riohacha y José Dolores continuaron, al punto que en la Guerra de los Mil días el mencionado jefe fue un apoyo clave para las fuerzas gobiernistas en la zona. Dado que Dolores ocupaba una zona vital de comunicaciones entre las provincias de Riohacha, Maracaibo y Valledupar, las fuerzas del gobierno entraron en negociaciones con él para que se convirtiera no solamente en abastecedor de sus tropas, sino en apoyo militar en la contienda. Entre los jefes que apoyaron a Dolores estaban José María Flórez, de quien se dice era su cuñado y tenía relaciones de parentesco con el general Juan Manuel Iguarán y Caichompa, conocido como Juan Bautista Rosado, quien también estaba emparentado con el general Iguarán por ser casado con una prima hermana de éste53.

Las alianzas políticas se retroalimentaron permanentemente con las gratificaciones, las cuales se usaron preferiblemente para "premiar" a los miembros de clanes que se encontraban viviendo en territorios de la provincia de Riohacha54. Así, se gratificaba a los nativos que dieran información sobre los movimientos de los clanes considerados enemigos, a los que prestaban servicios a la "patria" en diferentes guerras y a los que se establecieran en pueblos. De esta manera, se gratificó al capitán Pablo Gil con diez cabezas de ganado vacuno en compensación por haber perdido dos parientes suyos en la guerra que la provincia de Riohacha encabezó en 1830 contra el general Rafael Urdaneta. Gil acompañó a las huestes de Pedro Carujo, las cuales fueron derrotadas en inmediaciones de El Molino por las tropas de José Félix Blanco en 183 155. Al capitán Basilio Bermúdez se le gratificó en una ocasión con "herramientas, semillas y vestidos para los indígenas de su parcialidad", además de ochenta machetes, cuarenta hachas, treinta azadas y tres piezas de coleta, los cuales sumaron doscientos cuarenta pesos56. En otra ocasión, se gratificó con treinta y dos pesos al jefe Pedro Quinto, quien llegó a Riohacha a visitar al gobernador en compañía de tres jefes más57. Por su participación en el combate de Carazúa, en la Guerra de los Mil Días, en el que Dolores hizo estragos en las fuerzas venezolanas lideradas por el general Dávila, el presidente José Manuel Marroquín le envió cien mil pesos de gratificación, y así selló una alianza que aunque no había logrado el objetivo de unificar políticamente a los Wayuu, sí permitía contar con un aliado permanente en territorio étnico58.

La dimensión adquirida por las gratificaciones como un mecanismo del Estado colombiano para granjearse el apoyo y reconocimiento de los clanes se convirtió de hecho en una política pública básica para mantener alianzas con los Wayuu. La representación del comandante de la línea militar Sinamaica-Las Guardias en 1845, del vecino Estado de Venezuela en la zona, ayuda a comprender de mejor manera la importancia de este mecanismo:

    "Cómo podré de dejar de recompensar a un indio que se desprende de su casa en la Goajira, para venir a esta casa fuerte [de la Guardias] con el único fin de avisarme de algún proyecto maquinado por los enemigos; o el día y hora en que otros se disponen para salir y sorprender y robar este vecindario; ¿de qué manera pueden evadirse o excusarse estos gastos, cuando para alguna salida o persecución contra los cocina [segmento étnico Wayuu dedicado a la guerra] es indispensable tomar y pagar indios que nos dirijan por vías escudadas que aseguren el buen éxito de la operación?, ¿Cómo hará esta comandancia, sin ofrecer gratificaciones concurran a hacer cuerpo en una expedición contra los cocina?"59

Es posible que las autoridades de Riohacha hayan observado y practicado los rituales de reciprocidad y compensación que rigen la vida social de los guajiros para llevar de mejor manera el trato que se debía tener con ellos. En efecto, sabemos que los conflictos que afectan a los Wayuu están atravesados por estos principios, que se convierten en la médula de su sociedad, ya que influyen en las esferas política, moral, económica y de derecho60. Entre los Wayuu se considera que un agravio u ofensa recibida por una persona tiene que ser compensada o pagada de acuerdo al grado de afectación que se genere; la compensación va más allá de las individualidades para situarse en lo colectivo, en lo público, lo cual implica la participación de parientes en diversos grados61. Quizás este principio de reciprocidad estaba actuando también por fuera de los conflictos para situarse en todas las dimensiones de la vida cotidiana a través de gestos rituales de amistad. Como sostiene Lévi-Strauss, los intercambios -regalos-, son guerras resueltas en forma pacífica62. Posiblemente las gratificaciones dadas a los jefes indígenas fueron perfectamente calculadas por las autoridades con el objeto de comprometer al clan en su conjunto, en lo que Marcel Mauss llama un sistema de prestaciones totales, porque es todo el clan el que adquiere compromisos, por lo que posee y lo que hace por intermedio de su jefe63.

Como se observa, durante el siglo xix las alianzas políticas con los clanes como recurso y estrategia para articular políticamente a los Wayuu, se vieron mediadas en la práctica por los intereses de los clanes, quienes no se convirtieron en meras fichas del proyecto de formación y consolidación del Estado colombiano. Es posible ver que tal articulación también pasó por sus propias necesidades y oportunidades en el contexto de la República.


4. LA REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO Y DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE RIOHACHA

La importancia que fueron adquiriendo los intercambios de bienes entre nativos y vecinos en la provincia de Riohacha, así como las alteraciones del orden público surgidas de su dinámica, obligaron a las autoridades a intervenir en el desarrollo del comercio. Para ello, la gobernación de Riohacha y el gobierno central emitieron reglamentaciones que buscaban "normalizar" y "normatizar" el comercio indígena con los vecinos en la zona, no porque representara un rubro económico de primer orden para la "nación", sino porque de su buen manejo dependía la estabilización política del área, dada la capacidad de movilización de fuerzas que tenían los indígenas en caso de algún conflicto. La reglamentación del comercio estuvo acompañada por una delimitación del territorio de la provincia de Riohacha, en oposición o diferencia con relación al territorio nativo. En ese orden, el gobernador de Riohacha, Nicolás Prieto, emitió en 1833 un decreto en el que se contemplaban los siguientes artículos y medidas:

1. Empadronamiento por parte de los jefes políticos de los indígenas que se hallaban viviendo en la provincia de Riohacha y que quisieran voluntariamente ser considerados como vecinos;
2. los nativos que no quisiesen ser empadronados deberían desalojar los predios territoriales de la provincia y regresar a la Guajira;
3. los nativos encontrados con armas o sin ellas en la provincia, que no estuviesen empadronados y no tuvieran permiso o pasaporte de la gobernación serían considerados como salteadores y seríanjuzgados conforme a las leyes del Estado;
4. los nativos empadronados tenían que acatar las leyes del Estado;
5. los indígenas que fueran empadronados no podrían transitar libremente de una parroquia a otra sin el debido permiso de algún juez, en ningún caso podían ir armados;
6. ningún nativo empadronado podía ir al territorio étnico sin pasaporte de la gobernación, al que pasara el río Calancala para internarse en la Guajira sin el debido pasaporte sería borrado y no se le permitiría regresar;
7. las vías habilitadas para los indígenas con el objeto de hacer el comercio serían las bocas del río Calancala, y debían dejar allí sus armas;
8. cualquier nativo que estuviese viviendo en la provincia y que ocultara algún indígena no empadronado sería expulsado de la provincia;
9. los nativos autorizados para hacer el comercio en Riohacha estarían en la ciudad entre las seis de la mañana y las cuatro de la tarde;
10. todo indígena que deseara radicarse en la provincia tendría que presentarse ante los jueces y éstos emitirían un salvoconducto que utilizaría para movilizarse;
11. la distinción entre indígenas empadronados y los que no lo estaban radicaría en el uso de pantalones y camisas por parte de los empadronados;
12. era deber de los ciudadanos delatar a los indígenas que no tuvieran los distintivos ya fuese en salvoconducto o ropa; y
13. en el pueblo de Soldado también se aplicarían tales reglas64.

En esta reglamentación se observan una fuerte intención de control social y territorial que implicaba la nominalización de los indígenas que estuvieran dentro o fuera del territorio de la provincia. Así, los nativos podían adquirir la categoría de vecino si decidían vivir en la provincia de Riohacha y no en el territorio nativo, las áreas se diferenciaban claramente sobre la negación de una de ellas65. De esta manera, los que habitaban al sur del río Calancala, es decir en predios de la provincia, eran los que estaban bajo el manto del régimen civil y de policía del Estado, tenían derechos y obligaciones; los que se hallaban al norte del río, estaban por fuera de la "civilización" y ausentes de toda implicación jurídica por parte de las autoridades y las instituciones. Judith Butler sostiene, por ejemplo, que el Estado no solamente tiene una función vinculante con comunidades de diverso origen, sino también excluyente, de destierro y expulsión, que pueden darse por medios emancipatorios ("dejando ir o "liberando") o a través de prisiones66. En este sentido, la voluntariedad que se observa en el artículo primero no es más que un sofisma que esconde precisamente la voluntad de exclusión plenamente consciente por parte de las autoridades de la provincia.

Este decreto emitido por la gobernación de Riohacha también contemplaba tres dispositivos de control social y político que incluían la identificación individual, la tipificación de delitos y distintivos corporales y jurídicos a través de la ropa y el salvoconducto. En efecto, el empadronamiento implicaba la identificación de los nativos en un censo que tenía como objeto "develar" su existencia para el Estado a través de una cifra numérica, la cual permitía conocer su ubicación y familia, entre otros aspectos. Benedict Anderson ha mostrado cómo "La ficción del censo es que todos están incluidos en él, y que cada quien tiene un lugar -y sólo uno- extremadamente claro. Nada de fracciones"67. El empadronamiento, por tanto, actuaría en la consecución de las certezas que el Estado debía tener con relación a los nativos de la Guajira.

Por otra parte, la tipificación de los delitos actuaba como complemento de la identificación del indígena, pues si no se encontraba registrado en el censo y ocupaba un lugar que no era su territorio ancestral, se le identificaba como "salteador", delito que se juzgaba por las leyes del Estado y consecuentemente permitía a éste incorporar, en una fase transitoria, al individuo penalizado para ser "tratado". De otro lado, el uso de distintivos en pantalones y camisas por parte de los indígenas nos remite, al decir de Foucault, a un tipo de tecnología política del cuerpo que nos recuerda unas relaciones de poder y subordinación, las cuales a menudo son matizadas y hasta ocultadas por la recurrencia al cuerpo vestido como símbolo de la civilización68. Norbert Elias ha mostrado cómo el llamado proceso de civilización ha implicado también la imposición del autocontrol de los cuerpos y de las emociones, y en el cual el vestido oculta las partes del cuerpo que nos recuerdan un pasado "salvaje"69.

Tres meses después de emitidos los decretos por la gobernación, un grupo de ciudadanos miembros de una sociedad que se hacía llamar "Riohacheros defensores de la Constitución y Leyes del Estado", le remitieron al Presidente Santander una comunicación en la que hacían un análisis de las relaciones civiles y comerciales entre los indígenas guajiros y los criollos de la provincia de Riohacha. En ella, los miembros de la Sociedad narran cronológicamente los males que los Wayuu habían recibido de los criollos y

    "[...] animados de los más buenos sentimientos a favor de las tribus de indígenas conocidas bajo el nombre de Goajiros, testigos de sus desgracias, ante Vuestra Excelencia, respetuosamente dicen: Que la sensibilidad padece de un modo extraordinario el contemplar la desgraciada condición a que se hayan reducidas poblaciones numerosas que pudiendo cooperar a hacer más respetable y fuerte el Estado hoy son miembros inútiles y algunas veces perjudiciales por falta de civilización y por carencia de justicia de parte de las autoridades de Riohacha y sus subalternas de la provincia"70.

Este documento sorprende por varias razones. En primer lugar, está dirigido al Presidente de la República y no al gobernador de la provincia, lo cual pudiera estar sugiriendo cierto distanciamiento de los miembros de la Sociedad con el manejo de la cuestión indígena por parte del gobernador. En segunda instancia, es interesante el desplazamiento del foco de análisis que hace de la situación, ya que no achaca los males de la provincia de Riohacha al actuar de los indígenas, sino a la provocación ejercida por los criollos, que generaron una reacción violenta de defensa por parte de los nativos71.

Este informe incidió para que el Presidente Francisco de Paula Santander emitiera un decreto por el cual se regularizaban las relaciones comerciales, civiles y políticas entre indígenas y criollos. Vale la pena citar el encabezamiento del mencionado decreto, porque contrasta con el que emitió el gobernador de Riohacha:

    "Vistos los informes de la Gobernación de Riohacha de 7 y 19 de marzo, y 8 de junio del presente año, y la memoria dirigida al Gobierno por la sociedad nombrada "Defensores de la Constitución y Leyes del Estado", en que se experimentan las dificultades que a cada paso se tocan en las relaciones comerciales y civiles entre los habitantes de la provincia y las tribus Goajiras, y las fatales consecuencias que se experimentan permanentemente, hasta llegar el caso de hacerse una guerra de exterminio [...]"72.

Por su parte, el encabezamiento del decreto emitido por el gobernador de Riohacha se expresa de la siguiente manera:
"1°. Que los robos y depredaciones que con frecuencia cometen en el territorio de la provincia las tribus Goajiras son originados en gran parte en la libertad que tienen de entrar y salir en él, sin respetar nuestras leyes.
2°. Que es necesario hacer entender a los indígenas que vienen a habitar entre nosotros, que serán castigadas las faltas que cometan, según esas mismas leyes.
3° Que para el artículo 3° de la ley de 11 de marzo de 1825 me está encomendado de cuidar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la provincia y de sus propiedades; y
4° En fin: que para hacer esta seguridad efectiva, es necesario dictar medidas de policía respecto a los indígenas mencionados, que frecuentan el territorio, y habitan en él [...]"73.

La comparación del encabezamiento de ambos decretos revela la percepción y orientación que una y otra autoridad le daban al manejo de las relaciones con los indígenas. El gobernador se inclinaba por un tratamiento policivo-punitivo y el presidente, por el contrario, creía más en un trato persuasivo con protección a los indígenas como veremos por los contenidos de este decreto. Éstos, planteaban que:
Artículo 1 La gobernación debía por sí o por intermedio de otra persona de reconocida honradez inspirarles confianza y buen trato a los indígenas, quienes serían tratados como granadinos y sus bienes y personas no sería ofendidos;
Artículo 2 La gobernación debía insistir en hacer uso del manejo de fondos de gratificaciones para ir atrayendo a los nativos a la sujeción;
Artículo 3 Cualquier propiedad tomada por la fuerza a los indígenas sería devuelta en especie o su equivalente indemnización y el juez correspondiente verificaría que así sucediera;
Artículo 4 Los vecinos de la provincia de Riohacha que quisiesen pasar al territorio étnico a negociar con los nativos debían tener un pasaporte expedido por la gobernación;
Artículo 5 El gobernador trataría de impedir por medios prudentes que los nativos viajasen armados, y debía procurar que las autoridades velaran para que no se les maltratara o robara, y se castigara con prontitud a quien cometiera tales faltas;
Artículo 6 A los vecinos que se les haya observado mal comportamiento en el territorio étnico les sería prohibido volver a comerciar allí;
Artículo 7 La gobernación levantaría un empadronamiento de los indígenas que voluntariamente expresaran su deseo de ser considerados vecinos;
Artículo 8 Se señalaban las bocas del río Calancala y la casa de teja en El Salado como sitios de tránsito para el comercio, allí mismo se debían dejar las armas que llevaren consigo;
Artículo 9 Todo trato o contrato con los indígenas tenía que estar vigilado por el jefe político con el objeto de impedir el engaño de los nativos74.

Como se deduce, la prudencia, moderación, buen trato y estricta vigilancia de las autoridades de Riohacha para la protección de los indígenas se impuso en el decreto emitido por el Presidente Santander. Los agasajos, las gratificaciones y la amistad eran los fundamentos para mejorar el comercio nativo-criollo y articular políticamente de manera pacífica a los Wayuu.

En 1856, el gobernador de Riohacha, actuando como Prefecto del Territorio Guajiro, propuso una reglamentación del comercio por mar y tierra con el territorio mencionado, en ésta se buscaba controlar la extracción de sal en las salinas de El Pájaro. En efecto, el decreto de la gobernación señalaba que cualquier embarcación, grande o pequeña, que circulara por mar hacia la Guajira, debía tener el debido permiso expedido por la gobernación, el cual constaba de una guía de productos y una fianza de quinientos pesos para las embarcaciones grandes y doscientos para las pequeñas, a favor de la gobernación. El horario de carga y movilidad era de seis de la mañana hasta las seis de la tarde, y después, del embarque tenían que pasar por los sitios autorizados por la aduana de Riohacha para corroborar la carga y poder calcular el valor del arancel a pagar75. Con respecto al comercio terrestre, no había mucha novedad con relación a lo estipulado en 1833: se necesitaba el debido permiso de la gobernación para internarse en Territorio Guajiro con el objeto de hacer el comercio; presentar una fianza de doscientos pesos y los permisos no se darían por más de cincuenta días76.

El impulso y a la vez control del comercio indígena en la Guajira fue una estrategia que el Estado colombiano desplegó para impedir el contrabando, el mercadeo irregular de los indígenas y la circulación de armamento de guerra por mar y tierra. Con ello, se esperaba incrementar la dependencia de los nativos hacia la ciudad de Riohacha para abastecerse de lo que necesitaban y abandonasen las actividades contrabandistas que realizaban con extranjeros en los puertos de la Alta Guajira. No menos importante era que la pretendida dependencia deviniera en una sujeción política de los guajiros a las leyes del Estado. Sin embargo, el control del comercio no pasó de ser un anhelo, puesto que en la práctica las autoridades no tenían los recursos necesarios para ello: había poco o ningún pie de fuerza en las costas del norte, por donde los indígenas mantenían un activo contrabando con extranjeros, además de una débil aduana que se encontraba en la ciudad de Riohacha77.


CONCLUSIONES

La formación y consolidación del Estado en Colombia supuso la unificación de gentes, territorios y culturas en torno a un proyecto nacional, en el que las élites vieron la oportunidad de "integrar" a indígenas y afrodescendientes con el objeto de vincularlos al mercado y la sociedad; tal integración partía del supuesto que indios y negros eran iguales ante la ley78. Sin embargo, tal unificación e integración no fue impuesta de manera instrumental a través de normas emanadas por el sistema jurídico y las instituciones del Estado, sino que en no pocas ocasiones tuvieron que ser adaptadas por las circunstancias de la interacción y las prácticas sociales de los grupos implicados. El concepto de prácticas sociales, como lo define Pierre Bourdieau, permite mostrar el engranaje de las disposiciones normativas con el accionar de los individuos y grupos sociales desde sus necesidades concretas79. En ese orden de ideas, el presente trabajo ha mostrado de qué manera se intentó desarrollar la articulación política de las comunidades Wayuu con respecto al Estado colombiano en el período 1830-1880, no como un proceso impositivo, sino sobre formas concertadas, adaptadas y acomodadas a dinámicas históricas relacionadas con la construcción nacional y las necesidades de los indígenas80. A la postre, la anhelada articulación tuvo resultados precarios.

El Estado colombiano concentró sus esfuerzos en fortalecer a Soldado y El Paso, poblados que bordearon el territorio nativo durante buena parte del siglo xix. Sin embargo, también hay que decir que estos pueblos fueron "erigidos" en lugares donde vivían previamente comunidades indígenas, y que además eran "pasadizos" para el contrabando de mercaderías que iban de la Guajira a Valledupar y viceversa. Allí se nombraron misioneros, alcaldes y capitanes indígenas; con estos últimos la gobernación de la provincia, siguiendo la tradición colonial, estableció alianzas con jefes nativos con el objeto de articular políticamente a las parcialidades no sujetas. Los tratados que hizo la gobernación de Riohacha con jefes como Pablo Gil, Basilio Bermúdez y José Dolores, entre otros, muestran cómo la recurrencia a la mediación fue una estrategia clave para la consecución de la articulación política de los indígenas al Estado colombiano. Sin embargo, otra vez la estructura política descentralizada de los guajiros y la falta permanente de recursos se convirtió en una dificultad para las autoridades estatales en la pretendida unificación de los clanes81.

Los misioneros capuchinos y los curas diocesanos fueron desplegados en la Guajira como otro medio "persuasivo" para lograr la sujeción de los nativos a través de los preceptos cristianos, sin embargo, su labor fue limitada en la medida en que no contó con el apoyo de todos los jefes indígenas y la clase política de Riohacha. Precisamente, personajes conocedores de la sociedad indígena guajira como el obispo José Romero, recomendaron nombrar autoridades nativas en los pueblos de misión con el objeto de entenderse de mejor manera con los indígenas, pero a la postre esta idea tampoco dio los frutos esperados.

Para complementar estas estrategias, se implementaron las gratificaciones a los nativos, que también fueron compartidas por las autoridades del Estado venezolano. Éstas se convirtieron en un mecanismo para establecer acercamientos, alianzas y pactos con los distintos clanes. Se gratificaba por diversas acciones: llegar a comerciar con las poblaciones criollas, avisar sobre contrabando en las costas, alertar sobre los movimientos de las parcialidades consideradas enemigas y desarrollar "espionaje" sobre los movimientos de las tropas del Estado vecino. Las gratificaciones también mostraron cómo las autoridades estatales no solamente tuvieron en cuenta la práctica del ritual de compensación que rige la vida social de los Wayuu, sino también su puesta en práctica para mejorar las relaciones con los nativos.

El impulso pero a la vez control del comercio indígena que intentó realizarse por mar y tierra fue una estrategia de las autoridades colombianas para acabar con el mercadeo irregular y el contrabando que se realizaba con extranjeros en las costas del norte de la península de la Guajira. Tales medidas, si bien buscaban incrementar la dependencia de los guajiros hacia Riohacha y así lograr una dependencia y sujeción política a las leyes del Estado, también estuvieron limitadas por la precariedad de los recursos con que se contaba: poco pie de fuerza marítima y una sola aduana ubicada en la ciudad de Riohacha. Los indígenas ubicados en la Alta Guajira siguieron en gran parte sin una sujeción real a las leyes y autoridades del Estado colombiano, en cambio, intercambiaron libremente bienes con contrabandistas de Aruba, Curazao y Jamaica.


Comentarios

* El artículo es resultado del proyecto de investigación "La articulación política de las comunidades indígenas del Caribe colombo-venezolano con el Estado-Nación. El caso de los Wayuu en la península de la Guajira, 1830-1890", el cual fue financiado por la Fundación para la Promoción de la Investigación y la Tecnología, del Banco de la República (Bogotá, Colombia), proyecto 2181.

1. El Constitucional de Maracaibo, 71, 1.o de abril de 1838, 3.

2. Archivo General de la Nación, Colombia (en adelante AGN), República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 397 r. 1837.

3. Éste no era un problema nuevo. De hecho, la corona española tuvo que afrontar este desafío en diversas zonas de lo que actualmente es México, Chile y Argentina, entre otros territorios de frontera, donde el control estatal era precario o inexistente y la resistencia indígena muy fuerte.Para el caso de la frontera norte de México véase, entre otros trabajos, a Philip W. Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600) [1975] (México: Fondo de Cultura Económica, 1985); David Weber, La frontera española en América del Norte [1992] (México: Fondo de Cultura Económica, 2000); Robert Jackson, "Una frustrada evangelización: las limitaciones del cambio social, cultural y religioso en los pueblos "errantes" de las misiones del desierto central de Baja California y la región de la costa del Golfo de Texas", Fronteras de la Historia 6 (2001): 9-36; Ana María Alonso, Thread ofBlood. Colonialism, Revolution, and Gender on Mexicos's Northern Frontier [1995] (Tucson: Universidad de Arizona, 1997). Sobre la frontera del Arauco entre Chile y Argentina puede consultarse a Guillaume Boccara, "Etnogénesis mapuche: resistencia y restructuración entre los indígenas del centro-sur de Chile (Siglos xvi-xvm)", en Hispanic American Historical Review 79: 3 (1999): 452-461; Leonardo León Solís, "Las invasiones indígenas contra las localidades fronterizas de Buenos Aires, Cuyo y Chile, 1700-1800", Boletín Americanista 36 (1986): 75-105.

4. José Polo Acuña, "Indígenas, poderes y mediaciones en la Guajira en la transición de la Colonia a la República (1750-1850)". (Tesis para optar al título de Doctor en Historia, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2010), 180-190.

5. Wayuu (Waiu) es el etnónimo de gente, indígena de la Guajira. Los que no se consideran nativos son denominados Ali juna. Miguel Ángel Jusayú y Jesús Olza Zubiri, Diccionario sistemático de la lengua guajira (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Lenguas Indígenas, 1988), 33 y 187.

6. Charles Tilly, "Cambio social y revolución en Europa, 14921992", Historia Social 15 (1993).

7. Judith Butler y Gayatri Chakra-vorty Spivak, ¿Quién le canta al estado-nación?, prólogo de Eduardo Grüner (Buenos Aires: Paidós, 2009), 43.

8. José Polo Acuña, "Indígenas, poderes y mediaciones", 52-73.

9. AGN, República, indios, 1, ff. 784 r. 1827. En 1889 todavía persistía esta situación. Véase el informe del Prefecto de la Provincia de Padilla sobre usos y costumbres de los indígenas Guajiros y Arhuacos (Riohacha: Imprenta de Juan B. Ceballos, 1889), 8-9.

10. Socorro Vásquez y Hernán Darío Correa, "Hacia la construcción de la etnohistoria Wayuu. Aspectos de los cambios culturales y la reubicación territorial a comienzos de síglo" (Informe final de ínvestígación presentado al Instituto Colombiano de Antropología Bogotá: mecanografiado, 1986), 6-7.

11. AGN, República, indios, 1, f. 784 r.-v. 1827.

12. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 8, ff. 008 r. 1836.

13. AGN, República, Gobernaciones- Riohacha, legajo 9, ff. 725 v. Se sabe que el lugar donde se construyó el pueblo de San Rafael de Soldado en 1835 fue el mismo sitio conocido como Monte de Soldado u Ojo de Caro hacia finales del siglo xvin, pasadizo de mercaderías de contrabando que iban a la provincia de Valledupar. Celestino Arauz Monfante, El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo xvrn -tomo II (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1984), 139, 175.

14. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 724 r. 1837.

15. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo PAGE8, ff. 008 v.1836.

16. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 8, ff. 009 r. 1836.

17. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 781 r.-v. 1838.

18. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 724 v. 1838.

19. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 724 v. 1838. Entre los "notables" se encontraban hacendados, políticos y comerciantes de la ciudad como Miguel Cotes, José María Cataño, Ramón Freyle, José Zuñiga y Manuel Antonio Barliza.

20. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 403 r. 1837.

21. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo PAGE9, ff. 403 v. 1837.

22. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 418 v. 1837.

23. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, 12, ff. 504 r. 1879.

24. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, 12, ff. 504 v. 1879.

25. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, 12, ff. 504 v. 1879.

26. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, 12, ff. 505 r. 1879.

27. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, 12, ff. 458 r. 1879.

28. René de la Pedraja, "La Guajira en el siglo xix: indígenas, contrabando y carbón", Desarrollo y Sociedad 6 (1981): 344.

29. Jorge Isaac, Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana 1951), 163.

30. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 7, ff. 009 r. 1836.

31. AGN, República, Gobernacio-nes-Riohacha, legajo 7, ff. 009 r.-v. 1836.

32. AGN, República, Gobernacio-nes-Riohacha, legajo 6, ff. 025 r.-v. 1836.

33. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo PAGE6, ff. 026 r. 1836.

34. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 7, ff. 009 v. 1836.

35. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 7, ff. 009 v. 1836.

36. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 7, ff. 009 v. 1836.

37. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 8, ff. 585 r. 1837.

38. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 148 r. 1837.

39. Carlos Alberto Uribe, Pioneros de la antropología en Colombia: el padre Rafael Celedón, disponible en http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesban-rep/bolmuseo/1986/bol17/boc0a.htm (Consultado el 20 de marzo de 2010).

40. Jorge Isaac, Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena, 164. Seguramente, Isaac no desconoció la experiencia que tuvieron las misiones capuchinas durante la segunda mitad del siglo xvm, época en que fueron prácticamente expulsadas del territorio indígena a raíz del alzamiento armado de 1769.

41. Vicente Taroncher, "La presencia capuchina en el norte de Colombia 1888-1906" (Valencia, 1986), 3. Texto inédito; Jorge Isaac, Estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena, 164.

42. Tanto Basilio como Pablo eran bilingües y tenían relaciones de amistad y compadrazgo con algunos miembros del comercio en Riohacha. Pablo era hijo del jefe Marcos, de quien heredó la jefatura. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 9, ff. 725 r. 1837.

43. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 5, ff. 306 r. 1835. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 10, ff. 530 r.1835.

44. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo PAGE10, ff. 530 r. 1837.

45. AGN, República, Gobernaciones-Ríohacha, legajo 13, ff. 920 v. 1842.

46. AGN, República, Gobernaciones-Rio-hacha, legajo 11, ff. 212 r.-v. 1839.

47. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 11, ff. 213 r. 1839.

48. Fray Atanasio de Soler, "El cacique José Dolores", Boletín de Historia y Antigüedades 81 (1915): 568.

49. Sabas Socarrás, Recuerdos de la Guerra de los Mil Días. En las Provincias de Padilla y Valledupar en el departamento del Magdalena. 1899 a 1902 (Bogotá:Tercer Mundo, 1977), 72.

50. Fray Atanasio de Soler, "El cacique José Dolores", 570.

51. José Ramón Lanao Loaiza, Las pampas escandalosas (Manizales: Casa Editorial y Talleres Gráfico Arturo Zapata, 1936), 67.

52. José Ramón Lanao Loaiza, Las pampas escandalosas, 69-70.

53. Carlos Eduardo Jaramillo, Los guerrilleros del novecientos (Bogotá: Cerec, 1991), 89.

54. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 4, ff. 098 v. 1834.

55. Fue necesario que la gobernación de Riohacha enviara una circular a las diferentes parroquias para invitar a los hacendados a colaborar con la gratificación del capitán Gil, porque reconocían no solamente su valor en la guerra, sino porque así "[...] se iría a evitar la obstrucción de los caminos, los robos y tal vez el rompimiento de una guerra". AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 1, ff. 197 r. 1832.

56. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 4, ff. 352 v. 1834.

57. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 11, ff. 423 r. 1839.

58. Carlos Eduardo Jaramillo, Los guerrilleros del novecientos, 88.

59. Archivo de la Cancillería de Venezuela [ACV], Reducción y Civilización de Indígenas del Estado Zulia, Caja 136, Expediente 27, ff. 78 r. 1845.

60. Eduardo Barrera Monroy, Mestizaje, comercio y resistencia. La Guajira en la segunda mitad del siglo xvin, (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia,2000), 45.

61. Benson Saler, "Principios de Compensación y el valor de las personas en la sociedad Guajira", Montalbán 17 (1986): 53-65.

62. Claude Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco (Buenos Aires: Paidós, 1991), 107-108.

63. Marcel Mauss, Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas (Buenos Aires: Katz, 2009), 77.

64. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 2, ff. 358 r.-359 r. 1833. Diez años más tarde, en 1843, la Cámara provincial arreciaba el control sobre los nativos residentes cerca o en la ciudad con medidas que intentaban disciplinar y controlar los cuerpos: "Los indígenas goajiros residentes en la ciudad que se encuentren por las calles sin mantas, y los trabajadores en el puerto que están desnudos, y los que hagan sus necesidades de exonerar el vientre en la calle de la marina o en cualquiera otra de la ciudad, serán reducidos a arresto por 24 horas o pagarán una multa por 2 pesos". Cámara Provincial de Riohacha, Ordenanzas de la Cámara provincial de Riohacha expedidas en las sesiones de 1843 (Cartagena: Imprenta de Francisco de Ruiz, 1843), 76. Biblioteca Nacional de Colombia, Miscelánea, n. o 788.

65. La representación cultural hegemónica, como lo ha mostrado Nathaly Rodríguez, crea nociones y mentalidades en contra de otros colectivos, y ayuda a una fabricación expresa de identidad social y cultural. Nathaly Rodríguez Sánchez, "De fronteras, bárbaros y civilizados. Construyendo nación en Colombia. Unión nacional, ciudadanía y diferenciación 1810-1850", en Leopoldo Múnera Ruiz y Nathaly Rodríguez Sánchez eds., Fragmentos de lo Público-Político. Colombia siglo xm (Medellín-Bogotá: La Carreta/Universidad Nacional de Colombia, 2009), 135. Por otra parte, la categoría de "vecino" implicó una distinción: eran los habitantes urbanos y rurales que habían establecido su domicilio en algún pueblo con el ánimo de permanecer en él por un determinado tiempo; era el habitante varón de su localidad, católico, de reconocida reputación y miembro de una comunidad política que adquirió deberes, obligaciones y derechos. Para una relación entre los términos de vecino y ciudadano en el período 1750-1850 puede verse a Cristóbal Aljovín de Losada, "'Ciudadano' y 'vecino' en Iberoamérica, 1750-1850: Monarquía o República", en Javier Fernández Sebastián dir., Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 (Madrid: Fundación Carolina/Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,2009), 184-185.

66. Judith Butler y Gayatri Chakra-vorty Spivak, ¿Quién le canta al Estado-Nación?, 45.

67. Benecit Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo [1993] (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), 231.

68. Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (México: Siglo xxi, 1984), 30.

69. Norbert Elias, El proceso de la civilización. Investigaciones socio-genéticas y psicogenéticas (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 99-253.

70. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 2, ff. 901 r. 1833. El acta de instalación y los estatutos de la Sociedad pueden consultarse en este mismo legajo entre los folios 418 r. y 423 v.

71. El documento puede consultarse completo en AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 2, ff. 901 r. a 908 r. 1833.

72. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo PAGE2, ff. 896 r. 1833.

73. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 2, ff. 538 r. 1833.

74. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 2, ff. 896 r.-898v. 1833.

75. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 23, ff. 332 r.-334v. 1856.

76. AGN, República, Gobernaciones-Riohacha, legajo 23, ff. 334 v.1856.

77. Muriel Laurent, Contrabando en Colombia en el siglo xix. Prácticas y discursos de resistencia y reproducción (Bogotá: Uniandes/Ceso, departamento de Historia, 2008), 147.

78. Frank Safford, "Race, Integration, and Progress: Elittes Attitudes and the Indian in Colombia, 1750-1870", The Hispanic American Historical Review 71: 1 (1991): 1-33.

79. Pierre Bourdieu, El sentido práctico (Madrid: Taurus, 1991), 137-165.

80. Uno de los casos más ilustrativos de negociaciones entre comunidades indígenas y el Estado colombiano se dio en el Cauca a mediados del siglo xix, donde los nativos en no pocas ocasiones obligaron a las instituciones estatales y partidos políticos a comprometerse y respetar sus resguardos y organización política. Lo hicieron redefiniendo, desde sus necesidades, el concepto de ciudadanía sin renunciar a su identidad indígena, y así generaron lo que James Sanders denomina "republicanismo indígena". James Sanders, "Pertenecer a la gran familia granadina. Lucha partidista y construcción de la identidad indígena y política en el Cauca, Colombia (1849-1890)", en Claudia Leal y Carl Langebaek comps., Historias de raza y nación en América Latina, (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010), 95-133. Similar orientación subyace en Sergio Paolo Solano de las Aguas y Roicer Alberto Flórez Bolívar, "Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875", Historia Crítica 34 (2007): 92-117.

81. La recurrencia a tratados de amistad con los nativos independientes no fue exclusiva de la Guajira, pues las provincias del Cono Sur en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe firmaron tratados con los Ranqueles y los Pampas; la provincia de Mendoza acordó una paz con los Pehuen-ches, y Corrientes hizo lo propio con los Abipones. En México, los representantes de Iturbide firmaron tratados con los Caddos en 1821, y con los Apaches Lipán y los Comanches en 1822. Para una mirada comparativa de las relaciones entre autoridades estatales y grupos indígenas independientes entre 1700 y 1850, véase a David Weber, Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la ilustración (Barcelona: Crítica, 2007), 395-396.


Referencias

Fuentes primarias

Archivos:
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Archivo de la Cancillería de Venezuela, Caracas, Venezuela. Reducción y Civilización de Indígenas del Estado Zulia, Caja 136, Expediente 27.        [ Links ]

Publicaciones Periódicas:
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Fuentes Primarias Impresas:
Cámara Provincial de Riohacha. Ordenanzas de la Cámara Provincial de Riohacha expedidas en las sesiones de 1843. Cartagena: Imprenta de Francisco Ruiz, 1843.        [ Links ]

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