"DESCONDUCTADAS COSTUMBRES" Y "SEMILLAS DE LA DISCORDIA". PRÁCTICAS DE OPOSICIÓN Y RESISTENCIA A LOS JEFES POLÍTICOS EN EL NORDESTE DE ANTIOQUIA (1821-1843) ^*

Juan Carlos Vélez Rendón

Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Historiador de la misma universidad, Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia) y Doctor en Historia  Por El Colegio de México (México). Adscrito al Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos (Categoría A en Colciencias). Entre sus publicaciones se encuentran: "Contra el juego y la embriaguez. Control social en la provincia de Antioquia durante la primera mitad del siglo xix", en Todos somos historia. Control e instituciones, dir. Eduardo Domínguez (Medellín: Canal U, 2010), 60-77, y "Las luchas narrativas de una nación escindida. La historiografía colombiana de la primera mitad del siglo xix", en La nación y su historia. América Latina siglo xix, coord. Guillermo Palacios (México: El Colegio de México, 2009), 39-80. velez.rendon@udea.edu.co

"DESCONDUCTADAS COSTUMBRES" Y "SEMILLAS DE LA DISCORDIA". PRÁCTICAS DE OPOSICIÓN Y RESISTENCIA A LOS JEFES POLÍTICOS EN EL NORDESTE DE ANTIOQUIA (1821-1843)

RESUMEN

El artículo estudia tentativas de integración política del nordeste de Antioquia, por medio de los jefes políticos, en la primera mitad del siglo xix. Argumenta que el intento por extender redes de centralización en cabeza de los jefes políticos, con el fin de establecer mayor control social, político y administrativo, fue obstaculizado por alcaldes y otros servidores locales, así como por personas interesadas en preservar márgenes de autonomía para proteger intereses particulares. Estos conflictos dentro del propio andamiaje institucional muestran la simultaneidad de la expansión del aparato estatal y, al mismo tiempo, la persistencia de factores que limitaban su establecimiento local.

PALABRAS CLAVE:
Historia política, centralización, conflicto político, gobierno local, Colombia.

"MISCONDUCTED CUSTOMS" AND "SEEDS OF DISCORD". OPPOSITION AND RESISTANCE PRACTICES OF POLITICAL LEADERS IN NORTHEASTERN ANTIOQUIA (1821-1843)

ABSTRACT

This paper studies attempts to political integration made in Northeastern Antioquia by political leaders in the first half of the 19th century. It argues that the attempt to extend centralization networks led by political leaders in order to implement greater social, political, and administrative control was hindered by mayors and other local officials, as well as by those interested in preserving certain liberties in order to protect individual interests. These conflicts, when framed within the institutional structure, show simultaneously the expansion of the State and the persistence of the factors which limited its local establishment.

KEY WORDS:
Political history, centralization, political conflict, local government, Colombia.

Artículo recibido: 19 de septiembre de 2011; aprobado: 17 de febrero de 2012; modificado: 16 de marzo de 2012.

"DESCONDUTADOS COSTUMES" E "SEMENTES DA DISCÒRDIA". PRÁTICAS DE OPOSIÇÂO E RESISTENCIA AOS CHEFES POLÍTICOS NO NORDESTE DA ANTIOQUIA (1821-1843)

RESUMO

Este artigo estuda tentativas de integragao política do nordeste de Antioquia, por meio dos chefes políticos, na primeira metade do século xix. Argumenta-se que a tentativa por estender redes de centralizagao liderada pelos chefes políticos, com o objetivo de estabelecer maior controle social, político e administrativo, foi obstaculizada por prefeitos e outros servidores locais, assim como por pessoas interessadas em preservar margens de autonomia para proteger interesses particulares. Esses conflitos dentro da própria estrutura institucional mostram a simultaneidade da expansao do aparelho estatal e, ao mesmo tempo, a persistencia de fatores que limitavam seu estabelecimento local.

PALAVRAS-CHAVE:
História política, centralizagao, conflito político, governo local, Colombia.

INTRODUCCIÓN

El colapso de la Corona española en América iniciado en 1808 puso fin a la relación colonial, comprometió a las élites criollas con el Gobierno central de Nueva Granada y propició el desacomodo de instancias de gobierno local, aunque no hubo un desquiciamiento generalizado en ciudades, villas y sitios poblados. Proclamada la República en 1821, estas élites intentaron el restablecimiento del Gobierno, la vigilancia en zonas realistas y la instauración de presencia institucional en lugares que habían carecido de una firme y constante autoridad, principalmente situados en una extensa frontera geográfica interna que venía ocupándose y activándose productivamente.

En el modelo de centralización política adoptado constitucionalmente en 1821, algunas instancias locales de gobierno ocuparon un lugar notable y protagónico. Por ejemplo, el jefe político, figura inspirada en el modelo francés de administración del territorio, se concibió como eslabón entre el Gobierno central (intendentes y gobernadores) y el local (alcaldes pedáneos/parroquiales), para buscar el control tanto en lugares con una alta presencia de autoridades oficiales como en zonas en las que éstas eran ausentes y se reclamaban para garantizar el reclutamiento, el recaudo fiscal y el control social. Florentino González (1805-1874), uno de los pocos estudiosos de la administración pública en la Colombia de la primera mitad del siglo xix, explicó el carácter y función de las jefaturas políticas: el Gobierno central debía contar con un "agente" que llevara a la práctica sus órdenes, es decir, que garantizara que la acción de la autoridad fuera "transmitida" a diferentes puntos del país. Este agente era el jefe político, cuya función se asemejaba a la de los antiguos merino español, mair francés y sheriff inglés, dirigida, en general, a neutralizar poderes locales autónomos o "anular el poder feudal" a favor de una autoridad central ¹.

En la práctica, los jefes políticos realizaron una labor de intermediación política que incidió en la dispersión o concentración del poder, ya fuera porque se convirtieron en agentes locales para la realización de objetivos políticos, económicos y fiscales del Gobierno central, o porque se constituyeron en obstáculos para alcanzar tales objetivos. Por ejemplo, para el caso de México, Romana Falcón afirma que los jefes políticos contribuyeron a la organización del poder, tanto por sus atribuciones legales como por su desempeño cotidiano; por el lugar que ocupaban entre dos fuerzas: las que tendían redes de centralización y las que trataban de preservar cierta autonomía; por los intereses que defendían: unas veces a favor de poderes locales, en otras como parte de la cadena centralizadora y también, eventualmente, como voceros de pueblos. Es decir, las jefaturas políticas articularon diferentes esferas, constituidas por personas desprovistas de poder e influencia y quienes las dominaban; por sujetos que "definían y dirigían el mundo político formal" y los que estaban excluidos de él; por poseedores de armas y los que sufrían acciones violentas o eran reclutados contra su voluntad; por el poder del gobierno federal y el de las regiones, municipalidades villas e individuos ².

A diferencia de México, en Colombia no está del todo claro qué función desempeñaron los jefes políticos en el restablecimiento del orden y en la tarea de centralizar el poder político después de 1821. Referencias puntuales sobre esta instancia de gobierno permiten intuir su importancia dentro del andamiaje político administrativo en la primera mitad del siglo xix ³, pero no ahondan en el papel que cumplieron en la extensión de redes de centralización, en los factores que limitaron o propiciaron el control social, político y administrativo en zonas alejadas de la capital y en áreas de frontera interna carentes de control institucional directo, es decir, no profundizan en el estudio de algunos de esos procesos que fueron dando lugar a la formación del Estado nacional.

En la historiografía se viene llamando la atención sobre la importancia de conocer, desde ámbitos locales, el impacto de procesos políticos nacionales. La idea de algunos autores según la cual una historia política explorada desde lo que consideran una "óptica municipal", mostraría cómo se relacionaron los ciudadanos con el Estado, es decir, descubriría el intento por imponer sus proyectos a las poblaciones y las respuestas de éstas ⁴. Esta perspectiva permitiría contrastar la perspectiva oficial, concebida desde el centro, donde predomina el punto de vista de las élites⁵. De este modo, también se podría conocer la incidencia de sectores sociales diversos en la formación del Estado, revalorar la acción política de sectores subordinados, redescubrir conflictos latentes y formas de intermediación, de negociación y de resistencia política. Al respecto, el debate teórico y metodológico en la historiografía latinoamericana ⁶

Este artículo muestra el intento de los gobiernos central y provincial de Antioquia por expandirse y ejercer control institucional sobre el nordeste de la provincia, por medio de las jefaturas políticas. En primer lugar, se destaca el carácter fronterizo y relativamente autónomo de esta zona, reconocida por su riqueza aurífera y por su marginalidad con respecto del centro político administrativo. En segundo lugar, se expone la creación de una unidad cantonal, el impacto de la presencia de jefes políticos en la zona, a quienes correspondía extender redes de centralización política y se refiere particularmente a un enfrentamiento entre integrantes del Gobierno que derivó en acciones violentas.

1. EL NORDESTE: UNA FRONTERA SOCIAL, POLÍTICA, ECONÓMICA Y CULTURAL

Desde finales del siglo xviii, un número significativo de personas salieron de los confines de la colonización española hacia la frontera interna neogranadina, entendida como ese territorio relativamente desconocido, fragmentado geográficamente, con escasa o nula presencia de autoridades civiles y religiosas, zona de refugio, parcialmente habitado por indígenas y aparentemente disponible para personas pobres (blancos pobres, mestizos, mulatos, esclavos negros), con el fin de desmontarlo y activarlo productivamente. Estos espacios de transición, dinámicos demográficamente, se fueron formando y cristalizando en áreas de producción minera y agropecuaria, y por medio de unidades administrativas parroquiales se trató de incorporar institucionalmente los asentamientos dispersos, a veces sin una clara idea acerca de la jurisdicción a la que correspondían. ⁸

La migración de individuos hacia espacios deshabitados, al margen de las autoridades, buscando salidas a problemas económicos o judiciales, se incrementó a partir de 1810, con quienes buscaban evadir el reclutamiento de los bandos patriota y realista, y con esclavos que aprovecharon la guerra para escaparse de haciendas y de cuadrillas mineras. Frecuentemente las autoridades expresaron su preocupación por la vida "suelta", "sin Dios ni ley", que llevaban estas personas en el campo abierto, donde con mayor facilidad evadían la justicia, defraudaban la hacienda pública, evitaban la conscripción, incumplían el servicio personal obligatorio en obras públicas o en cargos onerosos, e incurrían en uniones libres, consumo de licor, juego y vagancia.

En la provincia de Antioquia, el cantón del Nordeste (ver imagen 1) permite ilustrar el conflictivo e inacabado intento de un poder central por integrar política y administrativamente una zona de frontera interna. Esta zona, rica en oro, fue conquistada y explotada por los españoles desde el siglo xvi, pero todavía en el xviii era de difícil control institucional ⁹. Las autoridades de la provincia de Antioquia intentaban ejercer jurisdicción civil sin mucho éxito y la religiosa la compartían con Cartagena y Mompox; por razones de cercanía geográfica, tenía mayores vínculos comerciales con estas ciudades que con Santafé de Antioquia, lo que suponía la posibilidad de vivir, de hecho, con gran autonomía respecto del centro político institucional ¹⁰. Para el Gobierno, en asuntos específicos como la hacienda real, esta autonomía era favorable a intereses privados y contraria a los de la Corona.

Gente "evadida", móvil y diversa étnicamente vivía con gran autonomía social, política y económica años antes de la Independencia ¹¹. La decadencia minera de Zaragoza, Cáceres y Guamocó propició la pérdida de interés de las autoridades de Antioquia sobre un territorio en el que tenían jurisdicción formal; esto favoreció la impugnación de hecho de la institución esclavista, la formación de pequeños pueblos de cimarrones, la resistencia al pago de tributos entre indígenas y mazamorreros, así como las uniones "ilegítimas" ¹². Juan Antonio Mon y Velarde decía que la mayor parte de la gente de Zaragoza eran transeúntes sin domicilio fijo, que conformaban caravanas para ir a sitios mineros con el fin de extraer oro, en donde cometían "ofensas a Dios", se entregaban a "vicios" y contraían enfermedades; afirmaba que la zona era "refujio" de marineros y soldados desertores y no había a quién confiar los oficios de gobierno. El gobernador decía que la división de jurisdicciones entre Antioquia, Remedios y Cáceres había sido "ruinosa a su mayor prosperidad y fomento, pues la cortedad de sus productos, y la larga distancia de sus Jefes, impedía velar sobre las operaciones de los subalternos quienes abandonados, olvidándose del celo y esmero con que debían proceder en sus empleos, han convertido en propia sustancia los intereses del soberano" ¹³.

Con el fin de afianzar el gobierno en el área, espacios colindantes a la ciudad de Remedios se anexaron a la provincia de Antioquia desde 1757, pero dicha tarea era difícil, entre otras razones por el cruce de jurisdicciones ¹⁴. Por otra parte, desde fines del siglo xviii las relaciones entre autoridades locales y poblaciones fueron difíciles y tensas; aquellas enfrentaron prácticas de oposición de parte de vecinos que se resistían a pagar incrementos no acordados de impuestos, a aceptar alcaldes indeseables o grupos de poder que se aprovechaban de su hegemonía local para incurrir en excesos y arbitrariedades ¹⁵. Con estas prácticas políticas populares se trató de contener el gobierno de autoridades coloniales y republicanas, representado por alcaldes ordinarios que, a los ojos de vecinos y habitantes, carecían de legitimidad y reconocimiento.

1.1. "DEFRAUDADORES", "IRRELIGIOSOS", "DESCONDUCTADOS" Y "HECHICEROS". LA IMAGEN DEL NORDESTE CONCEBIDA POR LAS ÉLITES

El fin de la guerra de Independencia reactivó esfuerzos del Gobierno central por establecer el orden social, lograr el cumplimiento de las obligaciones públicas de los vecinos del nordeste y, especialmente, ejercer control fiscal. Pese a la baja densidad demográfica ¹⁶, la zona implicaba un reto para las autoridades republicanas que requerían incrementar el ingreso tributario derivado de la explotación minera y la circulación del oro. Desde 1819 venía en aumento el denuncio de minas en la jurisdicción de Los Remedios, el uso de técnicas para la explotación de minas de oro de veta y la producción minera ¹⁷. Este aumento de las minas de oro corrido lo hacía de especial interés para el Gobierno. José María del Castillo, secretario del Despacho de Hacienda, afirmaba en 1826 que, como "efecto de la inmoralidad heredada de nuestros antiguos opresores", en Remedios, Zaragoza y Yolombó se conservaba el "arraigado vicio" de defraudar a la República, pues sus mineros evitaban llevar el oro y la plata a las casas de amonedación (lo que implicaba el pago de impuestos) y lo sacaban clandestinamente hacia Cartagena ¹⁸.

Además de "defraudadores", los habitantes del nordeste fueron considerados sueltos, irreligiosos y desobedientes. Las élites ilustradas concibieron una imagen prejuiciada que marcó la relación del centro político administrativo con esta frontera social, política y económica de Antioquia. Manuel Uribe Ángel, geógrafo, médico, escritor e historiador, decía que sobre lugares como Remedios y Zaragoza se tejió un manto de "misterio, de horror y de aterradora superstición", relacionado con las distancias que había desde el centro de la provincia hasta esos lugares, con las selvas y animales feroces que habitaban las montañas y con las prácticas culturales de negros traídos violentamente del Congo, Senegal y Angola para explotar las minas de la zona. Según Uribe Ángel, a estos pueblos sólo iban "valientes" a buscar oro, quienes o pagaban con su vida el intento o regresaban a Medellín "refiriendo maravillas sobre encantos, hechicerías, brujerías, agüeros, magia y una gran lista de absurdas supersticiones" ¹⁹.

Las características de los habitantes del nordeste representaban un reto para las autoridades republicanas empecinadas en la búsqueda del orden. Félix Gálvez, alcalde de Remedios, denunciaba los frecuentes "desórdenes" e irrespetuosos "atentados" contra el templo y las autoridades de Dios, los cuales justificaban procesos criminales que sirvieran de "antídoto" a los "irreligiosos" moradores del pueblo ²⁰. La mayor parte de los habitantes vivían dispersos, dedicados a actividades económicas estacionales y a prácticas sociales mal vistas por las autoridades locales. Gregorio de Sangermán, alcalde de Zaragoza (y denunciante de minas en Zaragoza), decía que sus habitantes se sostenían de "fiados" que les hacían negociantes y rescatantes locales; tan pronto lograban el sustento se retiraban a "vagamundear" a sitios de mazamorreo, en los que siempre había individuos "entrampadísimos" que sólo iban a la ciudad en horas de la noche; además, tenían un carácter "insubordinado" y practicaban "desconductadas costumbres" ²¹. Mariano Ospina Rodríguez calificó a los zaragozanos como estúpidos y cobardes, a los que ocasionalmente se les "metía el diablo en el cuerpo", se alborotaban y hacían "revoluciones"; eran, en su opinión, como "la familia de Caín", un pueblo "maldito por Dios" ²². Estas palabras, en boca del prestigioso político, explican en parte la actitud con que algunas autoridades ejercían el gobierno en la zona.

1.2. LA "ANTIGUA ANTIPATÍA" HACIA LAS AUTORIDADES. LOS MOTIVOS LOCALES DEL RECHAZO DE LAS AUTORIDADES

Las imágenes que concibieron las élites sobre los habitantes del nordeste se fundaban en gran parte en prejuicios de gobernantes sobre una población étnicamente diferente, con actividades productivas difíciles de controlar y hábitos sociales proscritos por la Iglesia católica. Así mismo, se inspiraban en prácticas políticas populares que las autoridades interpretaban como actos de desacato, insubordinación y rebeldía, pero que, vistas desde la perspectiva local, respaldaban reclamos de justicia contra situaciones provocadas por esas autoridades y reivindicaciones políticas concretas como la de contar con gobernantes propios.

Con frecuencia, los habitantes del nordeste se quejaron contra las autoridades civiles y militares de distinto rango, en parte porque la distancia con respecto a Medellín propiciaba abusos y excesos en materia de impuestos, trabajo obligatorio y servicios adicionales que requerían tales "funcionarios". María Ygnacia Castro, vecina de Cancán, decía que "los jueses inferiores de los partidos", por estar alejados del centro, tenían la costumbre de "abusar de la autoridad" que se les había confiado, "hoyando los Derechos de los ciudadanos", con el agravante de que las multas y exigencias no siempre beneficiaban la hacienda o el bienestar público, sino que servían a intereses particulares. Denunció, en particular, a Joaquín Moreno, Teniente Gobernador de Remedios (y denunciante de minas en el mismo lugar), quien le impuso el "gravamen" de llevar en su mula una carga de diez arrobas de tabaco, haciéndole creer que "era del estado" cuando en realidad pertenecía a los señores Joaquín, Vicente y Luis Moreno del vecindario de Yolombó. Para la señora Castro, el teniente faltaba a "la legalidad con que por su empleo debía conducirse" y perjudicaba a los habitantes a favor de su propio interés, razón por la cual pedía que se corrigiera "el exceso" y se le "decretara un pago" por sus servicios ²³.

Situaciones como la anterior creaban mutuas prevenciones entre autoridades y pobladores, al punto que los primeros notaban explícitamente el rechazo de que eran objeto por parte de los habitantes del área. El ya mencionado alcalde Sangermán decía que la mayoritaria "clase humilde" de Zaragoza profesaba "una antigua antipatía" a la autoridad, y cuando ésta recaía en una persona que no era de la "fracción de ellos", se la miraba con "desprecio y desobediencia". Como ejemplo citaba lo sucedido en febrero de 1824, cuando un tal Escolástico Ortiz "hizo una pública y escandalosa resistencia" a una orden del gobierno provincial. Desde entonces, según testimonio de Sangermán, la autoridad del alcalde/juez se desconocía, la gente "burlaba" lajusticia escondiéndose en el monte, algunos habitantes no se quitaban el sombrero en su presencia y en ocasiones lo enfrentaban con "piedras y machete en las manos", de tal modo que las autoridades vivían muy "escarmentadas" ²⁴.

Esta "pública y escandalosa resistencia" no era aislada o circunstancial, pues se originaba en una reivindicación política antigua, transmitida frecuentemente al gobierno provincial sin mayor resonancia en Medellín. Desde aquel acontecimiento de 1824, según fuente oficial, se hizo de "pública voz" el comentario según el cual en Zaragoza "estaban dispuestos a rrecistirse" en caso de que las personas que destinaran para gobernarlos "fuesen sujetos de color blanco", pues querían que su alcalde fuese un "vecino criollo y de los pardos" ²⁵.

El desconocimiento de este reclamo por parte de la gobernación dio origen a conflictos posteriores y llevó a los habitantes a oponerse a los "funcionarios" designados desde la capital de la provincia.

2. LA CREACIÓN DEL CANTÓN DEL NORDESTE

Para fortalecer la presencia institucional en el nordeste, las autoridades centrales y provinciales apelaron a la excepcionalidad normativa ²⁶. Desde la declaración de Independencia de España en 1812, intentaron integrar el territorio lejano, relativamente despoblado y en ocasiones renuente a la presencia de autoridades gubernamentales. Durante la guerra, las escaramuzas entre el bando patriota y las fuerzas realistas llevaron a los primeros a designar un teniente gobernador para controlar el extenso nordeste. Con el fin de ejercer mayor control social, político y fiscal, entre las unidades político-administrativas creadas en 1824, se encontraba el cantón del Nordeste ²⁷. La sede administrativa del cantón fue Remedios, pero también fue deseada por Cancán y Amalfi, de tal modo que, por lo menos hasta 1847 se expresaron rivalidades por acceder a esta preeminencia institucional.

El cantón más grande espacialmente de los existentes en la provincia de Antioquia quedó integrado por las parroquias de Remedios, Anorí, Cancán, Nechí, San José, San Bartolomé, Zaragoza y, posteriormente, Amalfi. Comprendía un territorio menos quebrado que los de la parte central de la provincia, pero era selvático, aislado y distante, pues su cabecera estaba situada a treinta y tres leguas de Medellín ²⁸. Un visitante de la zona afirmaba que, cuando alguien se "internaba" en el cantón, quedaba incomunicado con su familia y con sus amigos, a tal punto que "ni los susurros del pueblo ajitado" llegaba a sus oídos; decía que la vida que se podía llevar podía ser "apetecible" para "el deudor fallido acosado i perseguido por sus acreedores", pero un hombre habituado a la "sociedad" podía perecer por la falta de "ajentes que lo vivifiquen" ²⁹.

Como una excepción en Antioquia, seguramente por el interés fiscal que representaba para el Gobierno central, se destinó del presupuesto de la nación un rubro para el pago y manutención del jefe político del cantón del Nordeste. La municipalidad no tuvo, por lo menos hasta 1832, rentas municipales propias y las que se crearon en ese año eran de "poca consideración" ³⁰. El salario del jefe político no era alto y debía alcanzar para sufragar gastos administrativos de la oficina, situación que comprometía la estabilidad económica de quienes ocupaban el cargo ³¹. En 1827, el jefe político Bacilio Ceballo se quejó ante el gobernador porque, para asumir la "judicatura", había tenido que suspender su "industria", pese a que tenía una extensa familia que sostener y créditos pendientes que cumplir. Para el desempeño de sus funciones le había tocado cubrir los gastos de papelería y de amanuense, razón por la cual la "ruina [había] tomado imperio" sobre su casa y familia³².

Otro aspecto que se insinuó previamente es que en las parroquias del cantón del Nordeste no había una élite local tradicional reconocida, arraigada, con experiencia en cargos político-administrativos, con méritos políticos o con vínculos fuertes en la capital de la provincia ³³. Por estas razones, la gobernación designó con frecuencia jefes políticos que no pertenecían a Zaragoza o Remedios, lo cual motivó conflictos con habitantes y autoridades locales. Tal como se aprecia en la tabla 1, uno de los grupos que ejerció el control de la jefatura política fue el de los Moreno y los Ceballos, con intereses en la zona, pero residentes principalmente en Yolombó y Cancán. Algo similar puede decirse de Francisco Antonio Obregón, residente en Medellín.

2.1. LA INFLUENCIA POLÍTICA DE LOS "DESORGANIZADORES I AMBICIOSOS". LOS GAMONALES LOCALES

El interés de las autoridades centrales y provinciales por controlar la zona chocó con h actitud de algunos alcaldes y de vecinos que rechazaron el modo como trataban de establece] el orden social, político y fiscal. Los conflictos casi siempre involucraban el tema de recurso; locales: los habitantes trataban de defenderlos, algunos alcaldes los apoyaban y las autoridades cantonales buscaban extraerlos. En pocas ocasiones los enfrentamientos se resolvieron localmente; de hecho, los involucrados, principalmente jefes políticos, apelaban a la gobernación para que interviniera con el fin de reforzar su autoridad dado el poco apoyo que recibían de sus subalternos.

El establecimiento local del sistema republicano pudo haberse recibido con beneplácito de parte de los vecinos del nordeste, pero las exigencias de algunas autoridades despertaron intranquilidad y malestar local. A principios de 1821, en Zaragoza y Cancán las autoridades civiles y militares requirieron de la población una contribución en forma de transporte (caballerías), raciones y bagajes para militares en tránsito por la zona. El señor Antonio Ramban, alcalde pedáneo, explicó que el pueblo era "reducido", pobre, en "decadencia" y carecía de animales para el transporte, razón por la cual no alcanzó a reunir el dinero, recursos y medios que le correspondían según el reparto. Las exigencias de las autoridades "inquietaron" a la gente del pueblo y el alcalde sintió su deber planteárselo a su superior, por un lado, para evitar la percepción de que actuaba con "morosidad" en la recolección de contribuciones, y por el otro, para recibir instrucción acerca de dónde extraer tales recursos dada la situación de la población ³⁴.

Estas situaciones generaron tensiones con la autoridad cantonal que exigía contribuciones y con el alcalde parroquial que debía recogerlas directamente de los vecinos. Para el jefe político Félix Gálvez, el alcalde Ramban se rehusaba a colaborar con autoridades superiores tal como lo ordenaba la ley. Por esta razón solicitó al gobernador de la provincia que intercediera para recordarle al alcalde que Zaragoza estaba "sujeta" a contribuir con los "transportes, raciones y pensiones"; que debía franquear el transporte de la tropa entre Cancán, San Bartolomé y Zaragoza; y que contribuía muy poco con esta clase de "auxilios" ³⁵. Las fricciones dentro del propio Gobierno se originaban, casi siempre, por el malestar de jefes políticos con subalternos que no acataban órdenes, pero también por rivalidades arraigadas, posiblemente motivadas por las disputas con algún gamonal local que se servía de su cargo para fortalecerse políticamente. Feliz Galvez, a cargo de la jefatura en 1823, denunció ante el gobernador de la provincia al alcalde de Remedios, Bernabé Pérez, por desobedecerlo e insultarlo. Advertía el jefe político que si la gobernación no ponía "remedio" a la "insubordinación" del alcalde, éste volvería a desobedecerlo, pues sabía que le chocaba estar bajo sus órdenes ³⁶.

Esta situación, frecuente en el cantón, era asociada con la presencia de personas que ejercían un influjo "negativo" en las parroquias. En 1829 el jefe político Francisco Antonio Obregón (quien sería gobernador de la provincia desde 1837), afirmó que el incumplimiento y abusos de algunos "funcionarios" locales de Remedios para el suministro de información, se debía a la "distancia" a la que se encontraban de los jefes. Al evaluar la actitud de Bernabé Pérez, su antecesor, Obregón cuestionó el tipo de influencia que ejercía localmente, pues decía que incidió para que disposiciones sobre reparto de caminos se quedaran "sin efecto en su jurisdicción", para que algunos reos solicitados no fueran remitidos, y para que se hiciera "ilusoria" la recaudación de un empréstito; adicionalmente, dudaba del cumplimiento debido y oportuno de las órdenes relacionadas con las elecciones parroquiales ³⁷.

Este tipo de situaciones no pasaban por alto para las autoridades centrales y provinciales, las cuales buscaban un mayor control, sobre todo en materia fiscal. En 1835, previa autorización del Gobierno central, la gobernación envió en "comisión" como jefe político a Francisco Machado, para poner orden en la administración de rentas del cantón: le otorgó facultades para organizar el sistema de recaudación, liquidar y cobrar deudas atrasadas y exigir responsabilidad de empleados y defraudadores. Pese a su esfuerzo por "establecer el orden" y a su "celo" en el cumplimiento de leyes y órdenes superiores, su labor fue infructuosa. Reconocía la honradez de algunos vecinos, pero notaba que predominaban los "desorganizadores i ambiciosos" que maquinaban para que el Nordeste siguiera en su "estado de trastorno, aniquilación y adormecimiento". Afirmaba que estos "desorganizadores" desarrollaron en su contra una "encarnizada persecución", conspiraron con el fin de sacarlo del cargo y le declararon la "guerra" a los "funcionarios" que lo apoyaron en su propósito ³⁸.

En las comunicaciones se pone en evidencia la influencia social, política y económica de personas que encontraban en este jefe político una amenaza para sus intereses. Uno de los considerados "conspiradores" era Joaquín Moreno, quien fue teniente gobernador antes de 1821 y jefe político en 1833. Dice Machado que este personaje viajó de Remedios a Zaragoza con el fin de buscar suscriptores para una petición dirigida al gobernador solicitando su destitución como jefe político; en Zaragoza reunió nueve firmas, pero en Remedios obtuvo un mayor número de adherentes a la petición. Para Machado, quienes suscribieron el documento eran "personas oscuras", que tal vez ni tenían "el derecho de ciudadanos", sujetos engañados, algunos resentidos por el cobro de su deuda con el erario y empleados morosos que debían darle cuenta de su labor. No le parecía extraño, entonces, que en un cantón con más de tres mil habitantes se encontraran cuarenta y cuatro vecinos "resentidos, fascinados o seducidos que hayan solicitado [...] mi separación del empleo" ³⁹.

Machado notaba que en la propia administración se ganó el rechazo de algunos "funcionarios" locales, tal como lo podían certificar el juez letrado de hacienda, el tesorero provincial y los administradores de diversos ramos. En el cantón reinaban "el desinterés y apatía" entre empleados que lograron el triunfo de "la fuerza de inercia" sobre órdenes expedidas por autoridades superiores, razón por la cual se vio precisado "a exitarlos al cumplimiento de sus obligaciones por medio de notas enérjicas, revestidas de la firmeza necesaria", aunque admitía que "el lenguaje" usado no era el más "propio" y "cultivado", pues aprendió a "obedecer y a hacer obedecer en la carrera militar". Previno al gobernador porque algunos "funcionarios" lo denunciaron como "defraudador" y por "cobros indebidos", pero afirmaba que los recaudos los había ingresado a las cuentas de la hacienda nacional; de hecho, expresó que había sufrido "perjuicios", pues debió reponer "algunas [pequeñas] cantidades" que por descuido de los jueces de Remedios no se recolectaron ⁴⁰.

Estas situaciones generaban descontento local y presionaban a los habitantes del cantón a expresar directamente sus opiniones a las autoridades provinciales. A propósito de la designación del jefe político para 1841, en un anónimo firmado por "La Mayoría", algún(os) personaje(s) se aprovechó(haron) del hecho de que el Concejo Municipal no había presentado terna con candidatos para pedir al gobernador que, "en atención a los innumerables padecimientos" experimentados en el cantón en los cuatro años anteriores, desechara cualquier intento de reelección y nombrara un "hombre con conocimientos, de buenas costumbres i que propenda de una manera positiva" por el progreso del nordeste ⁴¹. La solicitud hacía eco a esa antigua aspiración consistente en un gobierno cantonal mucho más cercano a los intereses del nordeste, aunque seguramente estaba respaldada por un grupo marginado del poder local.

2.2. EL JEFE POLÍTICO: "LA SEMILLA DE LA DISCORDIA"

Las tensiones entre jefes políticos, alcaldes y vecinos en el cantón del nordeste tenían una lógica propia que correspondía, por un lado, a la idea de élites políticas ilustradas de cómo instaurar localmente la autoridad en una zona que se oponía frecuentemente al control social, político y administrativo; por otro lado, a las respuestas de poderes locales que controlaban cargos parroquiales y tenían la posibilidad de movilizar algunos vecinos. Planteado en otros términos, obedecía a una lucha entre un poder con pretensiones hegemónicas y a la resistencia que localmente ejercían personas con intereses, influencia social, política y económica.

Los habitantes del cantón vivieron, entre agosto de 1846 y febrero de 1848, una situación de cris-pación política por el choque de estas fuerzas. Gregorio María Del Valle fue designado jefe político, posiblemente desde agosto de aquel año. De origen vizcaíno, hizo parte del ejército real pero pasó al bando patriota y reconoció posteriormente a las autoridades republicanas. Pese a no ser vecino ni tener intereses en la zona, Mariano Ospina Rodríguez, gobernador de Antioquia, lo designó en el cargo con el fin de poner orden administrativo y mayor control del área. La designación de Del Valle despertó el malestar de algunas personas residentes en el cantón, que lo consideraban incompetente para "conservar la majestad de la ley", "respetar y sostener garantías individuales" y "procurar la felicidad del país" ⁴². Pocos días después, bajo el seudónimo de "Cambombolito", El Amigo del País (periódico de tendencia liberal, adverso al gobernador Ospina) publicó una nota en la que acusaba a Del Valle por haber sido Teniente Coronel de los Reales Ejércitos Españoles, condición que, al parecer, lo inhabilitaba para ocupar el cargo (esto según la reforma de 1825, pero después de 1834 se retiró el requisito); además, había un auto judicial en su contra que lo suspendía temporalmente del servicio ⁴³.

Para avivar el debate contra Del Valle, algunos "ciudadanos" sacaron a relucir su pasado político y revivieron el fantasma de la restauración española. Lo definieron como un español "arrojado del seno de una revolución" y nutrido con "las formas de un poder monárquico" que oscureció el cielo neogranadino con los humos de la "humillación i la ignominia". Interpretaron su designación como "una fatalidad inexplicable", que devolvía el nordeste a los "tiempos ominosos i bárbaros" en los que eran tratados como "viles esclavos sujetos al poder de los Borbones". Hechos ocurridos en los primeros días de la gestión de Del Valle les sirvieron de pretexto para denunciar que "la sangrienta escena de los Enriles, Boves i Morillos" se había repetido en el cantón y sólo faltaba que los hicieran "correr con los pies descalzos i desollados sobre arena, vidrios y guijarros" ⁴⁴.

La gobernación sostuvo a Del Valle en el cargo pese a este rechazo, pero la situación empezó a agravarse cuando "funcionarios" locales se expresaron en su contra. A principios de 1847, el jefe político debió excusarse en repetidas ocasiones ante la gobernación por el incumplimiento en el envío de información de industria, contribuyentes con servicio personal y guardia nacional del año anterior, necesarias para la realización de informes de gobierno. Para justificar la demora de su reporte administrativo, Del Valle denunció una aparente desidia y negligencia de diferentes "funcionarios" subalternos, en particular los alcaldes de Remedios y Nechí, quienes no suministraron los datos pese a oficios y multas impuestas ⁴⁵.

Para subsanar la situación, el jefe político tomó medidas coactivas que debían ser pagadas por el alcalde de Remedios: el envío de un "comisario" a la parroquia, el pago de costos de correo y una multa de $25 si no remitía los informes antes del 25 febrero. Un día después de esta orden, el jefe político le manifestó al gobernador que era "absolutamente imposible" remitir los cuadros estadísticos porque el alcalde de Remedios argumentó que "había sido objeto de burlas y desprecios" por parte de personas que se aprovecharon de su "inocencia" y obstaculizaron la recopilación de dicha información ⁴⁶. Por otro lado, Del Valle acusó al alcalde de Nechí por la "falta de veracidad" en los informes sobre el Cabildo, que consideraba "injuriosos" y vagos; en su opinión, el alcalde quería salir "superficialmente de [sus] responsabilidades, sin reparar en los medios" ⁴⁷. Del Valle perdió la pugna con estos alcaldes, pese a las órdenes y multas impuestas: el 7 de abril de 1847, de nuevo, el jefe político informó a la gobernación que no podía enviar los datos solicitados debido a que los mencionados alcaldes no habían remitido aún la información ⁴⁸.

Del Valle también actuó administrativamente contra Juan Antonio Pacheco, tesorero cantonal, residente en Amalfi. Previa queja del Concejo Municipal del cantón, el 12 de febrero solicitó al gobernador la remoción de Pacheco por varias razones: no se sabía si su nombramiento era interino o en propiedad; no aseguró "el manejo de sus rentas" dando lugar a "resoluciones desagradables" y desobedeció las disposiciones para hacerlo; puso "trabas" en trámites propios de la oficina. Pacheco fue destituido y en su lugar fue nombrado Jenaro Ceballos, pero aquél no entregó oficina, libros, comprobantes y documentos relacionados con su ejercicio. El jefe político y el nuevo tesorero conminaron a Pacheco a realizar dicha entrega; lo amenazaron con abrirle un sumario e imponerle "penas pecuniarias", pero éste se resistió, no pagó la multa de $25 y evitó un auto de prisión en su contra; la autoridad de aquellos fue desconocida también por el alcalde de Amalfi, quien no prestó apoyo para hacerlo prisionero. Finalmente, Pacheco pagó la multa, pero entregó "unos cortos papeles con algunos intereses", que no le sirvieron al nuevo tesorero Ceballos para rendir cuentas de rentas municipales, manumisión y fondo de guardia nacional ⁴⁹.

La negligencia y el desinterés de los "funcionarios" subalternos eran también muestras de rechazo, hostilidad y resistencia abierta contra el jefe político Gregorio María del Valle. En un sumario por "motín" y "asonada" en su contra, ocurridos en noviembre de 1846, Benito Alejandro Balcazar, juez letrado del cantón, fue acusado como cabeza del movimiento. Pese a las denuncias y a un retiro temporal del cargo, Balcazar fue restituido como juez letrado, pero Del Valle lo conminó en varias oportunidades para que acreditara su situación legal y se presentara ante el Tribunal Superior en Medellín; como se negó a dicho traslado, ordenó su detención y el pago de una multa de $25 ⁵⁰. Estas acciones cesaron cuando desde Medellín se informó que Balcazar era juez letrado en propiedad, pero el conflicto entre las principales autoridades civil y judicial del cantón se sostuvo.

Las hostilidades entre el juez letrado y el jefe político continuaron en otro terreno, bajo la iniciativa del primero y con la participación de algunos sectores locales. En Remedios, en mayo de 1847, el juez Balcazar allanó la casa de Manuel Sencial, amigo del jefe político, y ordenó la detención y encarcelamiento de la señora Vicencia Moreno, considerada "mujer honrada, honesta i desente", la cual fue excarcelada por el alcalde Crispín León, por órdenes de Del Valle. Por otro lado, Balcazar se negó a notificar, como establecía la ley, la relación de causas seguidas en el cantón en el segundo semestre de 1846. Por último, citó a una "multitud de individuos, la mayor parte peones jornaleros", para que permanecieran armados y a su disposición. Para contrarrestar esta última actuación, el alcalde León ordenó la reunión de cincuenta miembros de la Guardia Nacional, pero fue desobedecido y detenido por el juez Balcazar, quien le notificó una suspensión por liberar a la señora Moreno. Para el acalde León, el procedimiento "a más de vejatorio i ultrajante", era "ilegal i apasionado". Sin embargo, en su opinión, lo más preocupante era que el juez letrado había hecho "causa común con las plebes", había puesto armas en manos de "tantos forajidos" y las había dirigido contra la autoridad política con el fin de "acabar" y "hacer desaparecer la poca moralidad que aun quedaba" ⁵¹.

Ante la detención del alcalde de Remedios, Crispín León, asumió el cargo el presidente del cabildo. En su primer acto administrativo, el nuevo alcalde solicitó la presencia del jefe político para resolver una situación que había llegado a un extremo porque faltaba "la confianza" de los ciudadanos en la autoridad pública, porque se armaban empleados contra empleados y porque ellos mismos debilitaban las leyes que buscaban hacer respetar. Afirmaba que "con tales ejemplos de inmoralidad acaba de corromperse un pueblo falto de civilización i lleno de forajidos perdidos, de cuyas armas se vale el Juez Letrado de este circuito para perseguir al hombre honrado i pacifico". Como colofón, agregaba que para él o para quien lo sucediera, la tarea de "hacer respetar la autoridad política" sería una "operación difícil" en la medida en que tuvieran que entenderse con el representante del poder judicial ⁵².

Entre julio y agosto de 1847, las hostilidades se convirtieron en un franco y abierto enfrentamiento entre Del Valle y Balcazar. Este último fue detenido, se fugó de la cárcel y admitió que había reunido treinta personas para que estuvieran dispuestas en "caso de alarma"; al parecer, también atentó físicamente contra Del Valle. En su defensa, el jefe político acusó a quienes se le oponían como "una pandilla de hambrientos calumniadores", que no querían "autoridades celosas del orden, amantes de la ley i fieles ejecutadoras del gobierno". Decía que como no habían quedado satisfechos con el intento de asesinato, habían acudido a la gobernación para transmitir "pérfidos resentimientos" ⁵³. El enfrentamiento de estos "funcionarios" llegó a su fin el 7 de agosto de 1847, cuando José María Melguiso, funcionario de la jefatura política del nordeste, informó al gobernador que había "reducido a prisión" a Del Valle y le habían suspendido sus derechos como ciudadano "por estar encausado criminalmente" por aquellos sucesos.

En septiembre de 1847 apareció una nota publicada en El Antioqueño Constitucional en la que se reflexionaba sobre las razones que explicaban la situación del nordeste, pero en realidad se defendía la decisión del gobierno provincial de haber sostenido al depuesto jefe político. En primer lugar, condenaba el atentado contra Del Valle porque era un "hecho escandaloso i alarmante que perjudica[ba] la moralidad de los pueblos" y pedía a las autoridades el descubrimiento de sus autores. En segundo lugar, valoraba la acción del jefe político, pues sin ella no se habrían conocido "los innumerables i escandalosos delitos", aunque por ello no pasaba ni un mes sin que hubiera algún desorden ocasionado "por las tropelías" del jefe político y por la "continua i sangrienta lucha" en su contra. Por último, el autor de la nota no desestimaba las denuncias contra el jefe político, pero consideraba que varias personas tenían motivos para odiarlo porque estaban "mal enseñados" con otros jefes políticos que no hacían "nada", mientras que éste perseguía la vagancia y otros vicios ⁵⁴

Por otra parte, se argumentó que el nombramiento y sostenimiento de Del Valle en el cargo, contradecía el apoyo dado por el nordeste a la república. Algunos habitantes de Remedios, aludiendo a los "cruentos i heroicos sacrificios" por la libertad y por la independencia, advertían que a instancias de la jefatura política se habían cometido "excesos contra sus personas i escandalosas violaciones de las leyes" inadmisibles en un gobierno republicano por el que habían luchado ⁵⁵. Los "nordestanos" enfatizaron en una antigua reivindicación política de contar con gobernantes propios, un factor que muestra parte del fondo del conflicto. En una hoja suelta publicada en diciembre de 1847, cuando la gobernación designó a Cecilio Marroquín como sustituto del jefe político, algunos "inconformes" tomaron la vocería "del pueblo del nordeste" y manifestaron su preocupación porque aquella designación evidenciaba una "ciega fatalidad" que los perseguía. Al respecto, le preguntaban al gobernador de la provincia:

"¿Por qué, pues, a nuestro pesar, se nos obliga a ser siempre gobernados por forasteros, con mengua de los hijos del país, siendo un hecho demasiado cierto que el que admite un destino fuera de su país natal, es porque sus escases lo obligan i entonces el alago del sueldo tiene la mayor parte en la admisión del destino? US al hacer tal nombramiento no ha tenido en cuenta el pedir siquiera una lista de elejibles al respetable concejo municipal; de donde se deduce por precisa consecuencia que todos los individuos de este cantón somos inteligencias negativas degradados en nuestra misma pequeñez, indignos por consiguiente de rejir los destinos del país; i si no, ¿por qué se nos priva de ser gobernados por individuos de nuestro mismo cantón? [...] Negársenos el que rija nuestros destinos un individuo de nuestro mismo cantón es idea mui triste Señor Gobernador; porque es un hecho demasiado cierto que estos pueblos no carecen de hombres que tengan tanta capacidad como el Señor Marroquín, más práctica que él, mejores conocimientos en lo relativo a la prosperidad i adelanto del cantón i ventajosos precedentes. Quizá al hacer su Señoría aquel nombramiento no estaría penetrado de los males que nos han causado algunos de los empleados enviados como por befa a empuñar en esta tierra (digna de otra mejor suerte) el cetro de bronce, i mandarnos con el fuete en la mano como viles esclavos, de cuyo manejo nada propio para hombres libres. [La designación de "forasteros"] nos ha traído la fatal semilla de la discordia, virus corrosivo que todo dilacera i a cuyo solo aspecto tiembla el hombre honrado" ⁵⁶.

Esta decisión, que al parecer fue ratificada por el gobernador, vino acompañada de una disposición drástica. A propósito de una propuesta de reforma político-administrativa en 1847, los habitantes de Remedios, capital del cantón del nordeste, debatieron con vecinos de Cancán y Amalfi, que aspiraban al traslado de la sede de la jefatura. El argumento para el traslado eran las características "malsanas" y "difíciles" de Remedios, que habían impedido "proveer dignamente" el cargo de juez letrado del circuito, situación que, según algunas personas, se subsanaría si se trasladaba la sede a uno de los dos distritos parroquiales aspirantes ⁵⁷.Las autoridades provinciales "resolvieron" temporalmente la disputa a favor de Amalfi considerando que el traslado serviría para quitar "los estorbos que se presentaban para la marcha regular de los negocios en el espresado cantón"⁵⁸.

Pese a esta decisión, los "estorbos" no desaparecieron y el nordeste (y Bajo Cauca) siguieron como una frontera interna dentro de Antioquia.

CONSIDERACIONES FINALES

La tentativa de integración política del nordeste de Antioquia permite ilustrar el proceso contradictorio del establecimiento institucional sobre áreas periféricas en la primera mitad del siglo xix. El despliegue por el territorio, intentando extender redes de centralización, con el fin de establecer mayor control social, político y administrativo, fue obstaculizado por "agentes" locales del Gobierno, interesados en preservar márgenes de autonomía, con el fin de proteger intereses particulares. Algunos jefes políticos designados por el gobierno provincial chocaron con poderes formales e informales locales, con capacidad para oponérseles y resistirlos, incluso mediante las armas. Estos conflictos dentro del propio andamiaje institucional muestran la simultaneidad de la expansión del aparato estatal y, al mismo tiempo, la persistencia de factores que limitaban su establecimiento local.

La creación de cantones y el ejercicio de jefes políticos en zonas relativamente marginales fue, a veces, una experiencia conflictiva y violenta para poblaciones habituadas a márgenes amplios de autonomía. El intento por lograr obediencia de subalternos y vecinos, derivó en enfrentamientos que le dieron un cariz violento a este proceso y provocó, al mismo tiempo, la actualización de tradiciones políticas locales de oposición y resistencia contra el propósito de aquellas autoridades de extraer recursos, impuestos y hombres para el ejército. Estos aspectos reforzaron una tensión entre tendencias centralizadoras y fuerzas orientadas al gobierno local autónomo, que fragmentaron de manera cotidiana el poder político.

Entre los gobiernos central y provincial y los poderes locales emergió un conflicto por la designación y acción de los jefes políticos, caracterizados por algunos habitantes como "semillas de la discordia" y por las autoridades como los instauradores de la "moral" y el "orden". Los jefes políticos debieron enfrentar una doble resistencia: por un lado, antiguos jefes políticos, jueces, alcaldes y tesoreros, reacios a la injerencia externa, no obedecían, ignoraban y desairaban órdenes superiores; de hecho, apelaron a acciones directas, enfrentamientos físicos y asonadas contra sus aliados dentro del entramado político administrativo local. Por el otro, sectores sociales con una tradición de resistencia política, que planteaban por la vía formal reclamos sobre medidas de las autoridades, parroquiales y cantonales, consideradas abusivas e ilegales. Estos poderes locales no se doblegaron frente a los agentes del gobierno provincial y, en los hechos registrados, inclinaron la balanza del poder político a su favor. Puede decirse, entonces, que el gobierno central fue "domesticado" local-mente, aunque ello no significa que fuera inexistente o irrelevante.

Los conflictos entre autoridades y vecinos en el cantón del Nordeste tienen un contenido menos explícito, relacionado con el propósito de la élite local de Medellín de establecer su proyecto hegemónico en áreas periféricas de la provincia. Las tensiones y enfrentamientos revelan la tentativa de estas élites de arraigar grupos sociales móviles, de obligarlos a pagar impuestos, de someterlos a la justicia, de exigirles vínculos matrimoniales según parámetros de la Iglesia católica y de imponerles modelos culturales ajenos a sus tradiciones locales. Este intento de homogenización sobre el nordeste, que tenía como instrumento algunos jefes políticos, fue rechazado cotidianamente y no logró avanzar significativamente en la primera mitad del siglo xix.

Comentarios

^* Este artículo tiene origen en la tesis con la que el autor optó al título de Doctor en Historia en El Colegio de México, titulada "Establecimiento local del sistema republicano en Colombia. Gobierno, representación política y administración de justicia en la provincia de Antioquia, 1821-1853". Las adecuaciones al texto para su publicación se hicieron dentro de la Estrategia de Sostenibilidad 2009-2010, del Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia).

¹ Florentino González, Elementos de ciencia administrativa. Comprende el bosquejo de un sistema de Administración Pública para un Estado Republicano, tomo II (Bogotá: Imprenta de J.A. Cualla, 1840), 95-99.

² Romana Falcón, "Force and the Search for Consent: The Role of the Jefaturas Políticas of Coahuila in National State Formation", en Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern México, eds. Gilbert Joseph y Daniel Nugent (Durham: Duke University Press, 1994), 109-111 y 133, y "Los jefes políticos: eslabones del poder", en Historia general del Estado de México. República restaurada y porfiriato, coord. Manuel Miño Grijalva (México: Gobierno del Estado de México/El Colegio Mexiquense, 1998), 102.

³ Malcolm Deas, "Algunas notas sobre la historia del caciquismo en Colombia", en Del poder y la gramática, y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993), 211 y 217; Joseph Leon Helguera, The First Mosquera Administration in New Granada, 1845-1849 (Ann Arbor: University Microfilm International, 1981), capítulo iv; José Escorcia, Sociedad y economía en el Valle del Cauca, 1880-1854, tomo ni (Bogotá: Banco Popular, 1983), 99-103; Richard Stoller, Liberalism and Conflict in Socorro, Colombia, 1830-1870 (Duke: Duke University Press, 1991), capítulo 5; del mismo autor, "Ironías del federalismo en la provincia del Socorro, 1810-1870". Fronteras 2: 2 (1998): 11-32. Marco Palacios y Frank Safford, Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia (Bogotá: Norma, 2005), 295-297.

⁴ Véase el prefacio a la segunda edición de Maurice Agulhon, The Republic in the Village. The People of the Var from the French Revolution to the Second Republic (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), ix-xvi. Guy Thomson, "'La Republique au Village' in Spain and México, 1848-1888", en Nation Building in Nineteenth Century Latin America, eds. Hans-Joachim König y Marianne Wiesebron (Leiden: Research School CNWS, 1998), 37.

⁵ Carlo Ginzburg, "Acerca de la historia local y la microhistoria", en Tentativas (Morelia: Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, 2003), 256-257.

⁶ Gilbert Joseph y Daniel Nugent, eds., Everyday Forms; Florencia E. Mallon, Campesinos y nación. La construcción del México y Perú poscoloniales (México: El Colegio de San Luis/El Colegio de Michoacán/Ciesas, 2003); Romana Falcón, "Patrones de dominio. Estado contra itinerantes en la frontera norte de México, 1864-1876". En Los ejes de la disputa. Movimientos sociales y actores colectivos en América Latina, siglo xix, coords. Antonio Escobar Ohmstede y Romana Falcón (Madrid: Iberoamericana/Ahila, 2002), 201-231; Romana Falcón, coord., Culturas de pobreza y resistencia. Estudios de marginados, proscritos y descontentos. México, 1804-1910 (México: El Colegio de México/Universidad Autónoma de Querétaro, 2005).

⁷ Michael Baud y Alma Parra, "Respuestas, resistencias y acomodos a los procesos modernizadores en América Latina. Viejos problemas y nuevas perspectivas", en Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo xix, comps. Antonio Escobar Ohmstede, Romana Falcón y Raymond Buve (México: El Colegio de San Luis/Cedla, 2002), 246.

⁸ La definición de frontera implícita en este párrafo se inspira en: Marco Palacios, El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política (Bogotá: El Colegio de México/El Áncora Editores, 1983), 154, y Jane Rausch, La frontera de los Llanos en la historia de Colombia (1830-1930) (Bogotá: Banco de la República/El Áncora Editores, 1999), 16-17.

⁹ Emilio Robledo, Bosquejo biográfico del señor Oidor Juan Antonio Mon y Velarde Visitador de Antioquia, 1785-1788, tomo n (Bogotá: Banco de la República, 1954), 40-41.

¹⁰ María Teresa Arcila y Lucella Gómez, Libres, cimarrones y arrochelados en la frontera entre Antioquia y Cartagena. Siglo xvm (Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, 2009), 38-39.

¹¹ Por ejemplo, la ciudad de Nuestra Señora de Los Remedios tenía, en 1778, 652 mulatos, 335 mestizos, 320 blancos, 266 negros, 58 zambos, 27 indios (1.658 en total). César Augusto Lenis Ballesteros, Una tierra de Oro. Minería y sociedad en el nordeste de Antioquia, siglos xvi-xix (Medellín: Idea, 2007), 105. En 1809 registra, en total, 1216 personas. José Manuel Restrepo, Ensayos sobre la geografía (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2007), 115.

¹² Ver: María Teresa Arcila y Lucella Gómez, "Una sociedad de frontera. El Bajo Cauca-Nechí a fines del periodo colonial", en Fronteras, territorio y metáforas, comp. Clara Inés García (Medellín: Hombre Nuevo Editores/Iner, 2003), 281-285.

¹³ Emilio Robledo, Bosquejo biográfico, 314.

¹⁴ Desde 1756, el gobernador Manuel López de Castilla, advertía que la "concurrencia de jurisdicciones" en el área de Remedios era el origen de "perjuicios" porque los reos se pasaban de una a otra jurisdicción, aprovechándose de que los jueces no los perseguían por "el riesgo de quedar desairados". Citado por César Augusto Lenis Ballesteros, Una tierra de oro, 92.

¹⁵ Anthony McFarlane, "Desórdenes civiles y protestas populares", en Colombia en el siglo xix, comps. Germán Mejía Pavony y Michael LaRosa (Bogotá: Planeta, 1999), 42-43, y Margarita Garrido, Reclamos y representaciones. Variaciones sobre la política local en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1815 (Bogotá: Banco de la República, 1993), 125-136.

¹⁶ Según Camilo Botero Guerra, la población del nordeste pasó de 3.590 habitantes en 1828 a 6.268 en 1843; sin embargo, entre este año y 1883, casi se triplicó su población, que llegó a los 17.019 habitantes. Citado por César Augusto Lenis, Una tierra de oro, 148.

¹⁷ Los registros de títulos o amparos de minas muestran ese incremento notorio en la titulación, sobre todo entre 1813 y 1825. José María Mesa Jaramillo. Minas de Antioquia. Catálogo de las que se han titulado en 161 años, desde 1739 hasta 1900 (Medellín: Imprenta Oficial, 1906), especialmente, los índices del tomo 2, 3 y 4, 12-39.

¹⁸ José María del Castillo, "Exposición del Secretario de hacienda, presentada al Congreso de 1826", en Administraciones de Santander, 1826-1827, comp. Luis Horacio López Domínguez (Bogotá: Presidencia de la República, 1990), 88-89.

¹⁹ Manuel Uribe Ángel, Geografía general del Estado de Antioquia en Colombia (Medellín: Autores Antioqueños, 1985), 177 y 187.

²⁰ Comunicación de Félix Galvez, alcalde de Remedios al Gobernador de la Provincia, 16 de mayo de 1821, en Archivo Histórico de Antioquia (aha), Medellín-Colombia, Fondo República, t.927, doc. 14190, f.80r.

²¹ Oficio de Gregorio de Sangermán, alcalde de Zaragoza, al gobernador Comandante, 16 de julio de 1827, en aha, FondoRepública, t.1250, doc. 17434, f.295.

²² Citado por Estanislao Gómez Barrientos, Don Mariano Ospinay su época, 1805-1849, tomo I (Medellín: Imprenta Editorial, MCMXII), 299.

²³ Queja de María Ygnacia Castro contra el Teniente Gobernador del Nordeste sobre el alquiler de una mula, en AHA, República, t.961, doc.14368, f.3r.

²⁴ Oficio de Gregorio de Sangermán, alcalde de Zaragoza, al Gobernador Comandante, 16 de julio de 1827, en aha, República, t.1250, doc.17434, f.295.

²⁵ Oficio del Teniente Gobernador del Nordeste al Gobernador de Antioquia, Remedios, 14 de febrero de 1824, en aha, República, t.971, doc.14431, f.353r.

²⁶ El artículo 22 de la Constitución del Estado de Antioquia de 1812 establecía una excepción para el Nordeste en el sentido de que, como no había cabildo, y "atendiendo a la distancia de los lugares que lo componen, los apoderados serán también electores, y reunidos en la parroquia más central que asigne la Lejislatura". Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, Constituciones de Colombia, tomo I (Bogotá: Banco Popular, 1986), 497.

²⁷ Congreso de la República, "Decreto por el cual se divide el territorio en doce departamentos", Gaceta de Colombia, N°. 142, Bogotá, 4 de julio, 1824, s/p.

²⁸ "Provincia de Antioquia, 1852. Distancia de los cantones a Medellín", en Agustín Codazzi, dir., Geografía fisica y política de la Confederación Granadina. Estado de Antioquia, vol. IV, eds. Guido Barona Becerra, Augusto J. Gomez López y Camilo Domínguez Ossa (Medellín: Universidad Nacional de Colombia/EAFIT/Universidad del Cauca, 2005), 194-198.

²⁹"Correos", El Censor, Medellín, 18 de febrero, 1849, 150.

³⁰"Mensaje de la Gobernación a la Cámara Provincial", Constitucional de Antioquia, Medellín, 20 de septiembre, 1835.

³¹ En 1847, del tesoro nacional se le pagaba al jefe político $1200 y al secretario $400. "Informe que Mariano Ospina, Gobernador de Antioquia, presenta a su sucesor al entregarle el mando de la provincia, sobre el estado de los negocios que corresponden al despacho del gobernador", El Antioqueño Constitucional, Medellín, 18 de julio, 1847, 181. En un proyecto de ordenanza del gobernador de la provincia, de septiembre de 1850, se proponía un sueldo de $6400 para el jefe político, $4000 para un secretario Contador, $1600 para un oficial. "Proyectos que el Gobernador de la Provincia presentará en la Cámara", La Estrella de Occidente, Medellín, 22 de septiembre, 1850, 4.

³² Comunicación de Basilio Ceballos, del juzgado político del Nordeste, al gobernador de la provincia. Cancán, 12 de agosto de 1827, en AHA, República, serie Gobierno Provincial, t.1242, doc.17414, f.167r.

³³Mon y Velarde había notado esa ausencia cuando admitía que, para mantener ocupado el cargo de alcalde de Zaragoza, debió "disimular la continuación de un alcalde por cerca de tres años", y en Cáceres no había "un sujeto que sea digno de obtener un empleo de república, y toda la jurisdicción se ejerce por un capitán a guerra que es receptor de Real Hacienda". Citado por Emilio Robledo, Bosquejo biográfico, 315.

³⁴Comunicación de Antonio Ramban al Secretario y Comandante General, Zaragoza, febrero 22 de 1821, en aha, República, t.929, doc.14195, f.360r.

³⁵Comunicación de Félix Gálvez al Comandante General de la Provincia, Remedios, 8 de marzo de 1821, en aha, República, t 933, doc.14204, f.174r.

³⁶Comunicación del jefe político del Nordeste, Félix Galvez, al Gobernador, en aha, República, t.954, doc.14339, f.489.

³⁷Comunicación del jefe político del Nordeste, Francisco Antonio Obregón, al Prefecto del Departamento de Antioquia. Yolombó, septiembre de 1830, en AHA, República, serie Gobierno Provincial, t.1229, d.12525, f.153r.

³⁸Francisco Machado, "A mis conciudadanos", Medellín, 1835, Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia (bcüdea), Colección Patrimonial, Fondo Hojas Sueltas, rollo 1, doc.18, f.29.

³⁹ Francisco Machado, "A mis conciudadanos", f.29.

⁴⁰ Francisco Machado, "A mis conciudadanos", f.29.

⁴¹ "Jefatura política para el Cantón del Nordeste. Aviso a la Gobernación de la Provincia", Medellín, noviembre 27 de 1840, en BCUDEA, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 1, doc.226, f.276.

⁴² No queremos a Manuel Sencial ni a Gregorio Maria Del Valle por jefe político, Medellín, 8 de diciembre de 1846, en BCUDEA, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 1, doc.169, f.193.

⁴³ Cambombolito, "Preguntas de unos pobres nordestanos", El Amigo del País, Medellín, 15 de diciembre, 1846.

⁴⁴ "Grito de Libertad", Medellín: Imprenta de Manuel Antonio Balcazar. Remedios, octubre 28 de 1846, en BCUDEA, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 2, doc.166, f.189.

⁴⁵Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político de Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, febrero 7 de 1847, en AHA, República, t.1585, doc.1, f.07.

⁴⁶Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, enero 16 de 1847, en aha, República, t.1578, doc.1, ff.38, 43 y 200; Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, febrero 20 y 26 de 1847, en aha, República, t.1585, doc.1.

⁴⁷Oficio de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, febrero 28 de 1847, en aha, República, t.1585, doc. 1, f.52.

⁴⁸Oficio de Gregorio Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, abril 7 de 1847, en aha, República, t.1585, doc.1, f.97.

⁴⁹Oficios de Gregorio María Del Valle, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, de febrero 12, abril 17, abril 30 y mayo 21 de 1847, en aha, República, t.1585, doc.1, ff.21, 115, 154 y 211. Para las razones que justificaban remover al empleado e iniciar un procedimiento penal en su contra, véase el oficio de Francisco de Marroquín, Jefe Político del Cantón del Nordeste, al Gobernador de la Provincia, enero 14 de 1848, en aha, República, t.1613, doc.1, f.16.

⁵⁰Oficios de Gregorio María Del Valle, enero 2, 7, 21, 30 de 1847, ff. 167, 212-213 y 235.

⁵¹Oficios de Gregorio María Del Valle, mayo 2, 27, 28 de 1847, ff. 167, 230 y 234.

⁵²Oficios de Gregorio María Del Valle, mayo 2, 27, 28 de 1847, ff. 167, 230 y 234.

⁵³Oficios de Gregorio María Del Valle, agosto 1 y 5 de 1847, ff.384 y 398.

⁵⁴"Jefatura Política del Nordeste", El Antioqueño Constitucional, Medellín, 8 de septiembre, 1847, 195-196.

⁵⁵"Grito de Libertad", f.189.

⁵⁶"Sor. Gobernador de la Provincia", Medellín, diciembre 9 de 1847, en BCUDEA, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 2 doc.185, f.214.

⁵⁷Para los de Remedios se trataba, en realidad, de intereses particulares representados por los "empleados langosta", por los "murciélagos de empleados", en fin, por personajes como "el astuto zorro que se propone desde ahora beberse la miel de nuestras colmenas". "Cabecera del Cantón del Nordeste", Medellín, mayo 12 de 1847 (firmada en Remedios, 13 de marzo de 1847), en BCUDEA, Colección Patrimonial, Hojas Sueltas, rollo 2 doc.178, f.206. Los de Cancán consideraban que estaban mejor situados con respecto de las demás poblaciones, en tierras feraces y con buenos edificios. César Augusto Lenis Ballesteros, Una Tierra de oro, 151.

⁵⁸Continúa el informe del Sor. Gobernador a la Cámara de la Provincia", El Antioqueño Constitucional, Medellín, 26 de septiembre, 1847, 221.

Referencias

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