Presentación del dossier "El patronato de la Iglesia americana: de la Monarquía a los Estados nacionales"

Lucrecia Raquel Enriquez, Rodolfo Aguirre

Profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por la Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (Francia) y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue coordinadora, en compañía de Francisco Cervantes Bello y Rodolfo Aguirre, del libro Tradición y reforma en la Iglesia Hispanoamericana (Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/IISUE-UNAM/Ediciones Bicentenario, 2011), y autora del artículo "La república chilena ante la cuestión indígena (1810-1830)", Hispania Sacra 62: 128 (2011): 627-652. lenriqua@uc.cl

Investigador titular del IISUE (México) y profesor en el posgrado de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Historia por la misma universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel m), y responsable del proyecto de investigación "La Iglesia y la conformación sociopolítica de Nueva España: redes parroquiales, jerarquías eclesiásticas y actores sociales". Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Un clero en transición. Población clerical, cambio parroquial y política eclesiástica en el arzobispado de México, 1700-1749 (Madrid/México: IISUE-UNAM/Bonilla Artigas Editores/ Iberoamericana/Vervuet, 2012), y, como coordinador, Espacios de saber, espacios de poder. Iglesia, universidades y colegios en Hispanoamérica, siglos XVI-XIX (Madrid/ México: IISUE-UNAM/Bonilla Artigas Editores/Iberoamericana/Vervuet, 2013). aguirre_rodolfo@hotmail.com

DOI: dx.doi.org/10.7440/histcrit52.2014.01

Sin duda, la era republicana en Hispanoamérica abrió para la Iglesia católica toda una etapa de reajustes y discusiones. Aunque los nacientes gobiernos republicanos pensaron inicialmente en la transformación del patronato real en nacional, esta ecuación no era admitida sin más por el clero hispanoamericano, por ciertos grupos políticos y por la Santa Sede. El patronato heredado de los reyes implicó un ejercicio de todas las regalías que le eran inherentes (pase regio, recursos de fuerza) y de las otras donaciones que los papas habían hecho a la Monarquía (diezmos). Tanto en los nombramientos eclesiásticos como en la disciplina del clero o el destino de los bienes y las rentas eclesiásticas, por ejemplo, los nuevos gobiernos pretendieron arrogarse el derecho de decidir como antaño lo habían hecho los monarcas españoles. Pero todo ello fue pronto cuestionado en Roma y en varias de las nacientes repúblicas, a la vez que comenzaron a discutirse ampliamente la naturaleza y la conveniencia del patronato para el futuro de los Estados nacionales y de la Iglesia.

Por tanto, el valor del presente dossier consiste en mostrar las diferentes situaciones políticas y eclesiásticas que se conjugaron en el ejercicio del patronato en el siglo XIX mexicano, uruguayo, chileno, colombiano, ecuatoriano y argentino. Muestra también que la discusión sobre la concepción del patronato se prolongó a lo largo del tiempo y que estuvo en íntima relación con las circunstancias políticas y eclesiásticas de cada república. Dicho proceso se debió sin duda a la necesidad de compatibilizar la idea del patronato como atributo soberano y las relaciones con la Santa Sede. Igualmente, estudia la relación entre los dos principales actores relacionados a través del patronato o del concordato: el Estado y la Santa Sede. Más allá de lo meramente conceptual y jurídico, o del análisis de discursos, estos artículos analizan documentación que muestra cómo se vincularon los actores nombrados en el siglo XIX por medio de esta relación patronal, aunque haya sido ésta supuesta por el Estado y sólo considerada como tal por ese actor.

Si bien los trabajos que aquí se publican pueden tener muchas lecturas, a continuación se expone, brevemente, el contenido de los artículos siguiendo la perspectiva arriba expuesta. José David Cortés Guerrero, en "Las discusiones sobre el patronato en Colombia en el siglo XIX", bosqueja en su artículo tres épocas sobre el proceso del patronato en Colombia. La primera, a partir de 1824, cuando la República decidió heredarlo argumentando un derecho inherente a su soberanía. El patronato republicano delineó entonces las relaciones entre el Estado y la Iglesia con respecto a los nombramientos eclesiásticos, la vida de las comunidades religiosas, el diezmo o el fuero eclesiástico. El Presidente debía nombrar los obispos y cuidar las iglesias; sin embargo, el asunto fue ampliamente debatido no sólo por los legisladores sino también en la prensa de la época. El clero de Bogotá también rechazó el patronato republicano. La segunda etapa se caracterizó por las dificultades para la aplicación del mismo, por ejemplo, cuando el arzobispo Mosquera se negó a convocar a concurso para llenar los curatos vacantes en Bogotá. Por este acto, el Congreso decidió enjuiciar al arzobispo y expulsarlo del país.

Por entonces los liberales iniciaron la discusión sobre la separación Estado-Iglesia, considerando que era más importante la libertad de cultos que la continuidad del mismo patronato. Para el presidente Obando, por ejemplo, la independencia de la Iglesia era indispensable, pues la religión no era materia de gobierno sino que obedecía a un derecho individual. En 1853 el patronato republicano desapareció. En la tercera etapa, una vez finalizada la guerra civil de 1859-1862, se formó una Comisión de Negocios Eclesiásticos, en donde se volvió a discutir el regreso del patronato, concluyéndose, sin embargo, que ello conduciría a un concordato con Roma, algo que rechazaron los liberales. Más teniendo en cuenta que el patronato se entendía como una alianza del Estado con el clero que afectaba la soberanía popular. En tal sentido, la Constitución de 1863 ratificó la separación Estado-Iglesia y no retomó el patronato, dejando pendiente el concordato, el cual fue aprobado en 1887.

Lucrecia Enríquez, en "¿Reserva pontificia o atributo soberano? La concepción del patronato en disputa. Chile y la Santa Sede (1810-1841)", estudia las diferentes concepciones sobre el patronato que se sostuvieron en Chile a partir de su autonomía de la Monarquía, en 1810. La discusión de fondo que se dio dentro de los gobiernos a partir de la paulatina separación de la Monarquía giró en torno a si era una concesión papal o un atributo soberano. Después de la Independencia, en 1818, el Director Supremo, Bernardo O'Higgins, sostuvo las dos concepciones, según se fortaleciera su autoridad en relación con la Iglesia local. Si bien al principio asumió el patronato como herencia real, decidió pedir a la Santa Sede la concesión del patronato tal como había sido otorgado a los reyes de España. La negativa papal a concederlo, en el contexto de la misión Muzi, propició que en los ensayos constitucionales de la década de 1820, y en la definitiva Constitución de 1833, la República chilena asumiera el patronato como atributo soberano. Pero ya en 1828 comenzaron las preconizaciones papales, sin consulta y sin presentación del Gobierno. Las bulas episcopales enviadas a Chile decían expresamente que dichos nombramientos eran una reserva pontificia, excluyendo nuevamente el patronato republicano.

Esta afirmación entraba en contradicción con las leyes de la República, lo que planteó el problema de la defensa de la soberanía nacional. Pero también el Cabildo Eclesiástico de Santiago comprendió que los nombramientos papales exclusivos lo desplazaban del gobierno de la Diócesis, por lo que no reconoció la autoridad del vicario apostólico nombrado por el Papa en 1828, aduciendo que había un obispo exiliado y que correspondía a la Diócesis ser gobernada por un vicario capitular. La controversia duró varios años, llegándose incluso a la situación de que al morir el obispo en el exilio, en 1832, el Cabildo se dispuso a elegir un vicario capitular, lo que fue frenado por el Gobierno, por las consecuencias que tendría en el contexto de las relaciones con la Santa Sede. Finalmente, se encontraron subterfugios legales para afirmar que el Papa procedía con el acuerdo del Gobierno o se retuvieron cláusulas de las bulas episcopales. Roma había recuperado el control del episcopado cedido a los reyes de España más de trescientos años antes, siendo esto una "llave maestra que abría la puerta a la romanización de la Iglesia".

Ignacio Martínez, en "Circulación de noticias e ideas ultramontanas en el Río de la Plata tras la instalación de la primera nunciatura en la América ibérica (1830-1842)", propone estudiar los actores y las circunstancias que construyeron en la Confederación argentina una Iglesia católica en torno a la imagen y la autoridad del Papa en la década de 1830 y principios de la de 1840. El tema se analiza con base en el intercambio epistolar de los presbíteros Mariano José de Escalada y Pedro Ignacio de Castro Barros, y el encargado de negocios de la Santa Sede para las repúblicas españolas, con sede en Río de Janeiro, Domenico Scipione Fabbrini. La Confederación argentina, encabezada por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, nunca reivindicó el patronato, sosteniendo además que no era inherente a la soberanía, pero lo ejerció de hecho. Sin embargo, un decreto estableció el control de la correspondencia con Roma en 1837, ocasionando que Rosas retuviera las bulas de institución de varios obispos, no pudiendo tomar posesión de sus diócesis.

La comunicación del obispo Escalada con el nuncio en Brasil fue fuertemente controlada y, por eso, el contacto directo se hizo a través del presbítero Castro Barros, exiliado en Montevideo, lo que devino en un contacto dinámico entre los partidarios de la autoridad papal, formándose una verdadera red. Además de materias netamente eclesiásticas, también se intercambiaba información de corte político-institucional destinada a orientar las decisiones romanas, y se evidencia la intención de difundir entre la población las ideas ultramontanas. Desde esta perspectiva, el autor aporta elementos al concepto de "romanización de la Iglesia", analizado tradicionalmente como una iniciativa romana, pero que actualmente se visualiza como una reforma de la Iglesia apoyada en grupos laicos y eclesiásticos que confluyeron con los intereses romanos. Su artículo confirma esta última perspectiva al mostrar que la red eclesiástica-civil que estudia buscó en Roma una legitimidad que no encontraba en las autoridades políticas, y, a la vez, actuó estratégicamente según sus propias aspiraciones en el contexto político específico del Río de la Plata.

Sebastián Hernández Méndez, en la sección de espacio estudiantil, en "El patronato en la erección de la diócesis de Montevideo: el caso del Cabildo Eclesiástico y el Seminario Conciliar", estudia la peculiar relación entre el Gobierno uruguayo y la Santa Sede, que se desarrolló a partir de la erección de la diócesis de Montevideo en 1878. La República uruguaya había incluido en su Constitución que el patronato era un atributo soberano del poder ejecutivo, al mismo tiempo que se habían establecido las instancias de apelaciones a los tribunales civiles de las sentencias eclesiásticas. Pero el patronato no había sido ejercido por la falta de obispos e instituciones eclesiásticas que requirieran presentaciones a la Santa Sede. El modelo agroexportador del último cuarto del siglo XIX creó las circunstancias que permitían financiar un obispado, solicitado a la Santa Sede. La bula de erección establecía tribunales eclesiásticos, sin apelación a los civiles, por lo que contradecía las leyes uruguayas al respecto. El Papa afirmaba que la erección de la diócesis era una iniciativa romana y que, por tanto, no había intermediarios en la relación con su clero.

No obstante, tanto el gobierno de Latorre como los posteriores gobiernos dificultaron el establecimiento del Cabildo Eclesiástico y del Seminario Conciliar, debido a que la crisis económica de 1879 postergó la adjudicación del presupuesto estatal para esos fines. La situación no cambió con los años; es más, se complicó porque el Gobierno exigía el ejercicio del patronato para designar a los canónigos, y el obispo se resistía a estos nombramientos para evitar que, a través del Cabildo, se abriera la posibilidad de que el Gobierno interviniera en la disciplina eclesiástica. Las dificultades cambiaron de tono a raíz del anticlericalismo de los gobiernos uruguayos, que derivaron en 1917 en la separación de la Iglesia y el Estado. Por lo que recién en 1922 se instaló el Cabildo Eclesiástico. En contraste, el seminario fue creado rápidamente, con el objetivo de ser dirigido por los jesuitas. Como el Estado no contribuyó con los fondos prometidos, los seminaristas fueron muy escasos. Pero el autor advierte que la situación del seminario no sólo puede explicarse por el incumplimiento estatal, sino que sería una medida preventiva de la Iglesia uruguaya contra el patronato, con el fin de impedir la intervención del Estado en su dirección.

Los dos artículos que cierran este dossier abordan el uso político coyuntural de la figura del patronato. Rosalina Ríos, por ejemplo, en "El ejercicio del patronato y la problemática eclesiástica en Zacatecas durante la Primera República Federal (1824-1834)", analiza las iniciativas que durante la Primera República Federal impulsaron las autoridades del naciente Estado Federativo de Zacatecas (en el norte de México), con el fin de solucionar los problemas sobre el ejercicio del patronato en el ámbito regional. Asuntos como el nombramiento de los cargos eclesiásticos, la recaudación del diezmo, la creación de un banco a partir de la desamortización de obras pías o la participación del clero en política y educación ocuparon la atención de los sectores políticos y eclesiásticos zacatecanos. Lo interesante es advertir, como muestra la autora, que los problemas derivados del ejercicio del patronato se articularon por completo en el proyecto político de construir y ejercer una soberanía estatal.

Así, pues, la apuesta de los liberales en el poder durante esa década fue lograr el patronato eclesiástico regional, en tanto el gobierno de la República lograba el reconocimiento de Roma y nuevos términos para el patronato nacional. Igualmente, debe destacarse la intención de los políticos zacatecanos de impulsar un nuevo obispado que coincidiera con los límites estatales de Zacatecas. Todas estas propuestas sirvieron para la defensa e impulso del federalismo, para fortalecer el territorio zacatecano y para delinear una sociedad secular y liberal. No obstante, se provocó también una fuerte división política en la región, que terminó sumándose a los obstáculos nacionales para la consolidación del primer federalismo.

Por su parte, Ana María Goetschel y Eduardo Kingman, en "El presidente Gabriel García Moreno, el Concordato y la administración de poblaciones en el Ecuador de la segunda mitad del siglo XIX", abordan la transición del patronato al concordato a través del estudio del proyecto de asistencia social del presidente Gabriel García Moreno y el papel de las instituciones eclesiásticas entre 1860 y 1875. García Moreno buscó una renovación del Estado aprovechando la autoridad y los recursos de la Iglesia, los cuales fueron dirigidos a la asistencia de la población, pero también a su disciplinamiento moral y social. El "garcianismo", como se denomina por los autores, pretendió terminar la anarquía y el desorden que, según el Presidente, predominaron en la primera era republicana. El Gobierno intentó normalizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado mediante el Concordato firmado en 1866, que sustituyó al patronato buscando consolidar su proyecto de nación católica. Igualmente, se dieron prerrogativas especiales a las autoridades eclesiásticas para juzgar a las personas y al clero por causas morales. La acción pastoral de la Iglesia debía apoyar el cumplimiento de la ley, y las instituciones eclesiásticas debían estar al servicio del proyecto presidencial, mientras que García Moreno promovió el arribo de órdenes católicas europeas para tareas educativas y asistencialistas.

En tal sentido, la acción de la Policía debía ser complementaba con la de la Iglesia, dándose una estrecha vinculación con ciertas corporaciones caritativas católicas como la del Buen Pastor, el Camarote de Santa Marta, las casas de temperancia o los lazaretos. El Estado también controló los diezmos y los redistribuyó entre la Iglesia, las casas asistenciales y los centros de enseñanza católicos. El garcianismo puede ser entonces caracterizado como una corriente de renovación conservadora apoyada por el clero. Para el garcianismo, el avance del liberalismo en el mundo estaba rompiendo las bases del engranaje social -la familia, la educación y la religión-, y, por eso, no era posible pensar en el progreso sin desarrollar sus fundamentos morales, es decir, la familia y la educación de la mujer como personificación del cuidado, guardiana del hogar y fundamento de la civilización cristiana. Sin embargo, para los liberales ecuatorianos el Concordato atentaba contra la soberanía del pueblo y la libertad de conciencia y permitía la intervención de una potencia extranjera en la nación.

Ahora bien, los trabajos de Sebastián Hernández Méndez, Ignacio Martínez y Lucrecia Enríquez, aunque analizan diferentes países y diferentes momentos del siglo XIX, tienen en común el análisis de las consecuencias de la no concesión del patronato por parte de la Santa Sede en la política gubernamental. Sea cual fuere la concepción del mismo -no reivindicado por Rosas como atributo soberano, pedido como concesión a la Santa Sede en Chile y luego considerado inherente a la soberanía, o concebido como atributo soberano en la Constitución uruguaya, sin poder ejercerlo porque no había obispos propietarios ni instituciones eclesiásticas en gran parte del siglo XIX-, el patronato reconfiguré las relaciones entre los tres actores involucrados desde su concesión por el Papa a la Monarquía: la Santa Sede, la Iglesia local y los gobiernos, ahora republicanos. Roma pudo entrar en una relación directa con múltiples países independientes y participar, también en forma directa, en la erección, los nombramientos episcopales y desarrollo de iglesias nacionales. Los grandes desplazados de esta nueva situación parecen haber sido los cabildos eclesiásticos, o por no estar establecidos, como en Uruguay, o porque comprendieron que perdían autoridad frente al Papa en el gobierno de la Iglesia local, como en Chile, en 1830.

Las repúblicas no tuvieron cómo hacer sentir su peso en la selección de los obispos, simplemente porque el Papa consideró los nombramientos como exclusiva reserva pontificia. Ignorando reclamos y afirmaciones soberanas, Roma nombró los obispos y creó nuevos canales de comunicación directa con las iglesias americanas, tal como lo descubre y analiza Ignacio Martínez. Inevitablemente se formó un grupo defensor y representante de la autoridad papal en cada país. Por su parte, los artículos de Rosalina Ríos y de Ana María Goetschel y Eduardo Kingman muestran muy bien cómo los asuntos eclesiásticos y del patronato podían articularse con los proyectos políticos del siglo XIX. En consecuencia, las discusiones y decisiones en torno al mismo estuvieron en función no sólo del espinoso asunto de la relación Estado-Iglesia católica, sino también de su utilidad o no para la consolidación de los nuevos gobiernos republicanos, tanto de corte conservador (el de García Moreno en Ecuador) como de corte liberal federalista (el de Zacatecas).

La clave para estudiar el patronato hispanoamericano en el siglo XIX, según demuestran los artículos antes reseñados, no está sólo en su concepción sino también en su ejercicio por las nuevas autoridades republicanas. Así, pues, Rosas no lo reivindicó en la Confederación argentina, pero lo ejerció. La República chilena lo consideró como atributo soberano, pero fue ignorado por la Santa Sede cada vez que se intentó aplicarlo. En Colombia el patronato desapareció con la separación de la Iglesia y el Estado, pero fue posteriormente reivindicado por el Concordato con Roma. Los liberales zacatecanos lo consideraron central para aumentar la autonomía de su estado federal. En el Ecuador de García Moreno, la relación con la Santa Sede se estableció también a través de un concordato, que se entendió como una de las bases para fundar un Estado católico. En fin, los coordinadores y autores de este dossier confían en haber estimulado nuevos interrogantes y líneas de investigación a propósito del patronato en las nacientes repúblicas hispanoamericanas.

Referencias

Connaughton, Brian. "La Iglesia en el siglo XIX". En La iglesia en el México colonial. Coordinado por Antonio Rubial. México: Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Ediciones de Educación y Cultura, 2013, 535-541.         [ Links ]

García Ugarte, Martha Eugenia. Poder político y religioso. México siglo XIX. México: Cámara de Diputados/IIS-UNAM/Asociación Mexicana de Promoción y Cultura Social/Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana/ Miguel Ángel Porrúa, 2010.         [ Links ]

Leturia, Pedro. Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica 1493-1835, tomo 1. Caracas: Sociedad Bolivariana de Venezuela, 1959.         [ Links ]

Martínez de Codes, Rosa María. "Reivindicación y pervivencia del derecho de Patronato en el período independiente: el caso de México". En El mundo iberoamericano antes y después de las independencias, coordinado por Miguel Pena González. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2011, 33-46.         [ Links ]

Martínez de Codes, Rosa María. La Iglesia católica en la América independiente (siglo XIX). Madrid: Mapfre, 1992.         [ Links ]

Serrano, Sol. ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845 -1885). Santiago: FCE, 2008.         [ Links ]