La conformación de la frontera chileno-boliviana y los campesinos aymarás durante la chilenización (Tarapacá, 1895-1929)^*

Luis Castro C.

Académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso (Chile) e investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha (Chile). Doctor en Historia (mención Etnohistoria) por la Universidad de Chile. Entre sus últimas publicaciones se encuentran, en coautoría con Natalia Rivera, "La sociedad rural del oasis de Pica frente al proceso chilenizador: conflictos, interacciones y reacomodos (Tarapacá, norte de Chile 1880-1900)", Estudos Ibero-Americanos 37: 2 (2011): 271-300; y "Chilenización, tributos y arriendo de tierras en el espacio andino de Tarapacá (norte de Chile, 1883-1932)", História Unisinos 17: 2 (2013): 146-157. quismalc@yahoo.com

DOI: dx.doi.org/10.7440/histcrit52.2014.10

Artículo recibido: 3 de julio de 2012 Aprobado: 6 de diciembre de 2012 Modificado: 22 de enero de 2013

RESUMEN

Mediante documentación administrativa, y en el contexto de la chilenización de la región de Tarapacá y la nueva demarcación fronteriza entre Chile y Bolivia ocurrida entre las décadas de 1890 y 1920, en este artículo se describen y analizan tanto las dificultades que tuvieron en la zona del altiplano los campesinos-ganaderos aymarás para mantener tanto la propiedad y las modalidades de uso de sus recursos productivos, los dispositivos y acciones que emprendieron en su defensa, como las reacciones (algunas de ellas acentuadas más por elementos culturales que legales) de los funcionarios fiscales chilenos.

PALABRAS CLAVE

Aymarás, 1895-1929, recursos productivos, chilenización, frontera chileno-boliviana.

The Establishment of the Chilean-Bolivian Border and Aymara Peasants during the Chilenization (Tarapacá, 1895-1929)

ABSTRACT

Through administrative documentation, and in the context of the chilenization of the region of Tarapaca and the new demarcation of the border between Chile and Bolivia between the 1890s and the 1920s, this article describes and analyzes the difficulties faced by the aymara peasants to retain their property and the modes of use of their productive resources, the devices and actions they used to defend themselves, and the reactions (some accentuated more by cultural elements, rather than legal ones) of Chilean fiscal officers.

KEYWORDS

Aymaras, 1895-1929, productive resources, chilenization, Chilean-Bolivian border.

A conformação da fronteira chileno-boliviana e os camponeses aymaras durante a chilenização (Tarapacá, 1895-1929)

RESUMO

Mediante documentação administrativa e, no contexto da chilenização da região de Tarapacá e a nova demarcação fronteiriça entre o Chile e a Bolívia, ocorrida entre as décadas de 1890 e 1920, neste artigo, descrevem-se e analisam tanto as dificuldades que os camponeses-criadores de gado aymaras tiveram no planalto para manterem tanto a propriedade e as modalidades de uso de seus recursos produtivos, os dispositivos e ações que empreenderam em sua defesa, quanto as reações (algumas delas acentuadas mais por elementos culturais que legais) dos funcionários fiscais chilenos.

PALAVRAS-CHAVE

Aymaras, 1895-1929, recursos produtivos, chilenização, fronteira chileno-boliviana.

Introducción

Entre las décadas de 1880 y 1920, el territorio peruano de Tarapacá pasó a conformar (junto con el de Antofagasta y Arica) el extremo norte de Chile, como una de las secuelas de la Guerra del Pacífico¹, demarcando la activación de un proceso de transformaciones político-administrativas, sociales, económicas y culturales denominado genéricamente como chilenización². Este escenario -dinámico y complejo a la vez- frenó, aceleró y modificó un conjunto de conflictos entre los distintos actores locales y entre éstos y la agencia fiscal chilena. Una de estas consecuencias fue la dificultosa relación desatada entre las poblaciones aymaras residentes en el altiplano tarapaqueño y la nueva administración estatal asignada al espacio rural andino.

Buena parte de los inconvenientes a los que se vieron enfrentados los indígenas altiplánicos de la región de Tarapacá se situaron en la amenaza potencial de descomposición y fragmentación de sus recursos productivos (tierra, pastizales y agua), resultado de la nueva delimitación fronteriza que se comenzaba a generar entre Chile y Bolivia en esta zona, y de las disposiciones legales chilenas respecto a la naturaleza de la propiedad de estos grupos³. Ante este escenario, los aymaras de ambos lados de la frontera comenzaron a desplegar colectiva e individualmente una serie de dispositivos y mecanismos destinados, por una parte, a mantener sus recursos productivos y sus lógicas de uso y posesión, y por otra, a sacar ventaja en razón de intereses particulares.

Las características que tuvieron estas acciones emprendidas por los aymaras del altiplano tarapaqueño en defensa de sus terrenos y la reacción de la agencia fiscal chilena ante esta situación serán los aspectos centrales que se revisarán y analizarán en el presente artículo. Esto mediante el estudio de una serie de documentos administrativos, que ponen énfasis en las articulaciones dinámicas, más que en la búsqueda de antagonismos cerrados.

1. El espacio alto andino de Tarapacá entre fines del siglo XIX y comienzos del XX: frontera y chilenización

La geografía de la región de Tarapacá, situada en pleno desierto de Atacama, se encuentra conformada por cinco pisos ecológicos en orientación oeste-este: costa-cordillera de la costa, pampa, valles, sierra o precordillera y altiplano-cordillera de los Andes. Cada uno demarca características diferenciadas en altura, humedad, temperatura, presión atmosférica, presencia de recursos hídricos, entre otros. Durante el período colonial, el asentamiento humano mestizo y español se aglutinó, siguiendo en parte los patrones de poblamiento precolombino, en los valles y la sierra, por ser las franjas medioambientales con mayores recursos hídricos y, por tanto, con potencial agrícola y ganadero. A partir del siglo XIX, hasta la actualidad, las personas comenzaron a habitar masivamente la costa y la pampa, debido a la explotación minera del guano y el salitre, quedando desplazado el espacio rural andino de valles y sierras.

En este contexto, el altiplano siempre fue el lugar menos poblado y más alejado de los centros administrativos, una condición que será acentuada a partir de la anexión de este territorio a Chile a partir de la década de 1880. En efecto, la instalación del aparato administrativo chileno en Tarapacá se caracterizó por concentrarse en el área económicamente más relevante, la costa y la pampa, asociada a la explotación salitrera. Esto generó que su presencia en el espacio rural andino, especialmente en el altiplano, fuera precaria⁴. Por ejemplo, ningún interés fiscal chileno se dio durante este período para llevar e implementar en estos alejados lugares servicios tales como escuelas, caminos y resguardos de fronteras, es decir, la agencialidad modernizadora y civilizadora que propugnaba como soporte de su expansión⁵. Este escenario resultó para el espacio andino de Tarapacá, aun más para el altiplano, lo que Gabriela Karasik denomina una "integración subordinada", toda vez que quedó al margen de la esfera de los intereses económicos centrales del Estado chileno⁶.

Estas condiciones hicieron que durante las décadas de 1880 y 1920 el área de frontera entre Tarapacá y Bolivia no sólo fuera un lugar de dominación -en el contexto de la conformación de una soberanía nacional más allá de la presencia efectiva del aparato estatal chileno-, sino a la par, y de modo intenso, una región con límites permeables que terminó, siguiendo a Russ Castronovo, siendo ventajosa para los que la cruzaron con intensidad, entre ellos, los indígenas, y para la circulación de ciertas formaciones ideológicas que comenzaron a estructurar una realidad social⁷.

Desde esta perspectiva, como sugiere para estos casos Alejandro Grimson, el área de frontera chileno-boliviana de Tarapacá se desplegó dualmente durante este período. Por un lado, fue una "frontera en expansión" que soportó una asimetría estructural entre el Estado chileno y las poblaciones locales al reproducirse y asentarse la nueva soberanía nacional, y, por otra, una "frontera política" que contuvo una asimetría mínima formal entre el aparato estatal chileno y las mismas poblaciones andinas en el despliegue cotidiano de la vida fronteriza. Así, la frontera chileno-boliviana de Tarapacá se fue conformando a partir de "acuerdos históricos" emergidos como parte de las "relaciones de fuerza" desatadas entre el Estado chileno y, en menor medida, el Estado boliviano y los residentes (casi todos indígenas aymaras) fronterizos⁸.

Por ello, no debe extrañar que durante este tiempo los rasgos culturales en juego -los que operaron la diferencia respecto a los Estados y la nación vecina, y los que acentuaron la identificación entre las localidades aymaras a ambos lados de la frontera, y que las distinguieron de sus propios Estados nacionales- fueran acentuados o minimizados a partir de intereses funcionales y, sobre todo, circunstancias históricas relacionales⁹. De este modo, comenzaron a convivir con el mismo dinamismo e intensidad entre los aymaras altiplánicos identificaciones compartidas sustentadas en la interacción rutinaria, lo que Grimson llama una "identidad fronteriza"¹⁰, y los constantes roces y conflictos.

Si se considera lo precaria que fue la presencia agencial estatal chilena en la zona andina de Tarapacá, sobre todo en la franja fronteriza con Bolivia, al poner su acento estratégico en la pampa y la costa a causa de la industria y la renta salitrera, adquiere pleno sentido el planteamiento de Grimson de que las relaciones entre poder e identidad en las fronteras y entre las fronteras y sus respectivos Estados nacionales son precisamente "problemáticas", a causa de que la agencia estatal "no puede siempre controlar las estructuras políticas que establece en sus extremidades"¹¹, un rasgo que se acentúa aún más si se advierte que el Estado boliviano tuvo la misma "distancia" respecto a la frontera, a causa de su precaria agencialidad. Por ejemplo, en 1910 Zenón Bacarreza informaba que no existían aduanas o resguardos en la extensa frontera con Chile, una deficiencia que será ratificada por el subprefecto de la provincia de Nor Lípez en 1911, al informar que en su jurisdicción los resguardos aduaneros "no existen", y por el prefecto de Oruro en 1929, al comunicar que en la provincia a su cargo apenas había tres policías y que en los pueblos fronterizos con Chile los locales policiales eran "inadecuados y carecen de los muebles más indispensables así como de armamento"¹².

Al tener en cuenta lo anterior, adquieren pleno sentido los planteamientos que realiza Grimson respecto a abordar las fronteras políticas, no sólo buscando "mixturas identitarias fronterizas", sino también distinciones y conflictos. En otras palabras, poner el acento en las "combinatorias transfronterizas" y en las lógicas locales de disputas interfronterizas, a efecto de ilustrar las permeabilidades y las luchas de poder contenidas en ellas, con el propósito de recuperar la "dimensión de agencia" de las poblaciones fronterizas¹³. En síntesis, visualizar la frontera chileno-boliviana de Tarapacá de fines del siglo XIX y comienzos del XX como un proceso que contuvo tantos las normas y prácticas estatales como las prácticas de los actores locales¹⁴.

2. La defensa de los recursos productivos andinos: entre la modalidad funcional, los elementos étnicos y los procesos administrativos

Si bien durante el período de la chilenización la demarcación de los límites entre Chile y Bolivia en la provincia de Tarapacá no estuvo exenta de reclamaciones de ambas partes, estos inconvenientes nunca lograron impedir o alterar el fuerte dinamismo de circulación de personas y mercancías. Es probable que una de las causas que explica esta característica de la franja fronteriza chileno-boliviana de Tarapacá, además de los requerimientos de la industria salitrera¹⁵, tuviera que ver con que una buena parte de estos conflictos, más que situarse en el ámbito de lo político entre dos Estados-nación que se disputaban un territorio, fueron producto de acciones emprendidas por numerosos campesinos y ganaderos andinos que buscaban tanto recomponer la modalidad de ocupación complementaria del espacio productivo -que había quedado particionado a uno y otro lado, a partir de los nuevos límites nacionales- como asentar el carácter de propiedad privada-particular de haciendas y pastizales diversos.

En este contexto, no fueron pocas las veces en que el actuar de los funcionarios estatales chilenos y bolivianos obedeció a la resolución de este tipo de problemas, que entendían más bien como domésticos -locales, interétnicos, personales-familiares-, y no como políticos. Y también, a que en la reubicación y destrucción de los hitos estuvieran involucrados individuos (sobre todo indígenas) que lo hacían a partir de sus intereses particulares -en cuanto individuos o comunidades-, con el propósito de mantener la integridad de las pertenencias mineras azufreras y borateras, y primordialmente, de los pastizales y tierras de cultivo altiplánicos que reclamaban como suyos. Ante este panorama, no resulta para nada extraño que entre mediados de la década de 1880 y comienzos de la de 1900 fueran escasos los informes policiales o administrativos que notificaran la intervención de los hitos (o linderos) poniendo en tensión a Chile y Bolivia, y que, al contrario, las denuncias sobre ocupación ilegal de terrenos por parte de indígenas de ambos lados de la frontera fueran bastante nutridas.

Tanto es así que en todo este período apenas se ha podido registrar el oficio enviado en el mes de febrero de 1884 por el funcionario de la Intendencia de Tarapacá Abel Garretón al Ministro de Relaciones Exteriores, comunicándole y adjuntándole la reclamación presentada por Manuel Granier, en representación de la sociedad Farfán y Cía. de Bolivia, y no por autoridades políticas bolivianas, de que el capitán chileno Ignacio Toro, ayudante de la Comandancia General de Armas, había removido los linderos que separaban el territorio tarapaqueño del boliviano afectando con ello sus propiedades mineras¹⁶. Este suceso, bajo el marco descrito, no pasó de ser tipificado por la administración chilena provincial y central de la época como una cuestión estrictamente comercial y privada, al igual que un hecho aislado que no alteraba el ambiente de tranquilidad en la frontera de la región; y por el lado de la administración estatal boliviana, parece que tampoco se le dio mayor importancia, ya que no hubo ninguna gestión de su parte para enterarse, revisar o gestionar una solución a lo denunciado.

Precisamente, lo que aquí se observa es que la partición de los territorios productivos a partir de la delimitación político-administrativa entre Chile y Bolivia no fue un problema relevante para la agencia estatal chilena, puesto que desde un comienzo fue entendida como una "frontera abierta" a partir de las demandas de insumos por parte de la industria salitrera. De igual forma, porque se concebía como una materia resuelta en lo que tocaba a las relaciones bilaterales y la soberanía, más allá de la labor específica de los peritos -que quedó sancionada en marzo de 1906- en el posicionamiento específico de los hitos delimitadores que correspondían a la provincia de Tarapacá. En cambio, sí lo fue para la economía agropastoril de los aymaras a ambos lados de la frontera, y, en menor medida, también para los emprendimientos mineros llevados a cabo por indígenas en yacimientos ubicados literalmente sobre la línea demarcadora chileno-boliviana.

Un buen ejemplo de esta problemática lo presenta el oficio enviado el 25 de mayo de 1895 por el subdelegado de Tarapacá, Evaristo Sanz, al Intendente provincial, con el propósito de reseñar el incidente que había protagonizado el Inspector de Cariquima al violar, en compañía de un grupo de vecinos de esa localidad altiplánica, la frontera boliviana para recuperar animales robados. Por cierto, el Inspector de Cariquima, que era un aymara residente de la zona en la localidad de Cariquima, en lo tocante al cruce de la frontera para rescatar los animales sacados supuestamente de modo ilegal desde su comunidad, actuó al amparo de parámetros étnico-locales que tenían que ver con diferencias y rivalidades con grupos indígenas bolivianos, más que con el criterio propio de un agente chileno al amparo de una directriz política estatal. En este sentido, el Subdelegado de Tarapacá fue muy sagaz en su informe denotando claramente este aspecto, a pesar de su carga discriminatoria, al referirse a estos hechos:

"Sobre la reclamación que hace el corregidor boliviano de Llica en su nota del 22 de abril pasado la encuentro hasta cierto punto justa, pues el infrascrito tenía ya conocimientos que el Inspector de Cariquima con una partida de indios traspasó la línea en busca de reparaciones de animales perdidos, y habiéndosele insolentado uno de los indios bolivianos lo hizo amarrar a un árbol.

Por lo expuesto verá SS. que los ánimos de una y otra indiada se encuentran muy agravados y que no será muy difícil, atendiendo el carácter fuerte y poco civilización, se vayan a las manos el día menos pensado sucediendo algunas desgracias que pudieran traer por consecuencia reclamaciones en contra de esta Subdelegación por no haber tomado medidas en tiempo de los reclamos de ambas tribus"¹⁷.

También, en este contexto resulta ilustrativa la nota enviada el 25 de septiembre de 1902 por el subdelegado de Tarapacá, Clovis Ochoa, al Intendente informando sobre el reclamo del Inspector del Distrito de Cariquima, otro aymara de apellido Challapa, sobre la intromisión de ingenieros bolivianos -en apoyo a los comuneros indígenas de la localidad transfronteriza de Llica- en la remarcación hacia territorio chileno, con el propósito de perjudicar a los campesinos y ganaderos de su circunscripción¹⁸. Lo notable de esta notificación es, por un lado, la constatación y explicación que hace este Inspector de un conflicto interétnico de larga data ante las autoridades chilenas de la provincia, a efecto de validar derechos situados más allá de los preceptos legales vigentes, y, por otro, el uso de un lenguaje funcionalmente chilenizador, con la evidente intención de resolver esta dilatada disputa por tierras entre los residentes de Cariquima y los de Llica, en los mismos términos que los bolivianos, es decir, con la complicidad y el apoyo de los agentes de la administración estatal de ese país:

"Con todo respeto espongo que a este pueblo del territorio chileno han llegado los injenieros bolivianos remarcando el terreno de Chile cinco leguas adentro. Con los ingenieros ha venido un tal Emeterio García con diez hombres de Llica i ha sido la causa para que marquen estos lugares que pertenecen a la República de Chile. US. pondrá en conocimiento al Sr. Intendente de Iquique para que tome las medidas necesarias i eleve estos abusos intolerables que nos quieren quitar nuestros terrenos que poseemos desde tiempo inmemorial i nos quieren despojar de nuestras habitaciones estos bolivianos validos de sus caprichos. Es preciso que Ud. tome parte i haga lo posible para evitar que nuestro pueblo sea perteneciente a Bolivia"¹⁹.

De lo informado por Challapa queda en evidencia cómo, para lograr el compromiso del Subdelegado y, a través de éste, del Intendente, buscó vincular los hechos a un conflicto entre los intereses territoriales chilenos respecto a los bolivianos, así como acentuar sus derechos inmemoriales desconociendo la condición étnica de los participantes. Este rasgo de funcionalidad por parte de campesinos-ganaderos indígenas va a ser recurrente en todo lo que tenga que ver con tierras y aguas altiplánicas colindantes y/o superpuestas a la frontera; así, recurrirán indistintamente a la condición nacional y a los derechos tradicionales en directa relación con sus conveniencias, al amparo de una modalidad que finalmente buscaba readecuar el uso colectivo de los recursos productivos bajo criterios de complementariedad, modalidad que comenzaban a ser restringida estructuralmente, o bien asentar o generar propiedades particulares.

En el caso específico de la demanda de Challapa, la respuesta por parte del subdelegado Ochoa no le será completamente satisfactoria. Entendiendo este funcionario que en el reclamo en cuestión el dilema manifestado no tenía nada que ver con las relaciones político-fronterizas entre Chile y Bolivia, sino con diferencias que se situaban en el estricto marco de diferencias domésticas entre las comunidades indígenas de ambos lados de la frontera, le señalará al Intendente que "parece algo exajerado el temor de los indígenas de Cariquima, sobre cuyo pueblo jamás Bolivia podrá alegar derechos"²⁰. La idea de que los indígenas actuaban exageradamente en estas materias con el objetivo de involucrar a las administraciones fiscales de ambos países, aduciendo un conflicto limítrofe en asuntos que eran en realidad de carácter local, será una percepción recurrente de muchos funcionarios chilenos a lo largo de las décadas de 1890 a 1930.

De esta forma, la persistencia de este tipo de conflictos que entrecruzarán el reordenamiento político-administrativo de la frontera y las lógicas de los residentes andinos, especialmente del altiplano, pasará a ser parte regular de un escenario que además tendrá como componente la escasa presencia del aparato administrativo chileno (y boliviano) en lo referente al resguardo fronterizo²¹; un rasgo que Gabriela Karasik adscribe al hecho de que estas fronteras (la argentino-boliviana, en su caso, y la chileno-boliviana, en el de este artículo) tuvieron durante mucho tiempo, hasta mediados del siglo XX al menos, un carácter básicamente aduanero, en donde las presencia de los Estados nacionales no implicó un "proceso de construcción propiamente política de frontera"²².

Así dejará constancia Miguel Azocar, inspector 2^do de la Prefectura de Policía, en su informe remitido el 19 de febrero de 1905 al Subdelegado de Tarapacá, en el que informaba sobre la tarea que le había encomendado la Intendencia en torno a la verificación de una supuesta invasión ilegal de bolivianos a territorio chileno:

"Las informaciones tomadas entre los pobladores de esos puntos, quienes parecen tener conocimiento perfecto de lo que me proponía indagar por ser nacidos y criados ahí permiten afirmar que la zona [...] se encuentra bajo vigilancia de las autoridades bolivianas, siendo que una comisión de ingenieros de parte de Chile constituidos allí en época anterior y que delinearon ese punto lo dejó anexado a esta provincia. Las mismas informaciones afirman que esos pobladores por no haber conocido otras autoridades que las de Bolivia, los derechos o contribuciones que han tenido que pagar las han pagado siempre en aquella República. Como hasta hoy no se ha señalado definitivamente la demarcación de límites en esa región, parece que el Sr. Subdelegado de Tarapacá puede haber atribuido como invasión del territorio a la emigración a esta provincia de indios de Bolivia la que se ha producido por la escases de trabajos en esos puntos [...]"²³.

Lo que constató Miguel Azocar será ratificado meses más tarde por el inspector del Distrito de Isluga, el aymara Simón García, al comunicarle el 30 de marzo de 1906 al Subdelegado de Camiña que:

"[...] el día 25 del presente llegaron a Pisiga a la estancia de los Colque cuatro soldados bien armados en compañía de diez hombres mas de Savaya: en primer lugar la pirámide del Vilque de Quiuza-Cruz la han voltiado i la han empujado a una distancia más o menos de 607 metros de donde estaba, i lo peor que le han quebrado la coronación de la plancha fundida; i así sucesivamente del cerro Prieto lo retiraron 7 metros, el del cerro Toldo otro tanto i más le han roto unos remaches i le han sacado una pieza [...]"²⁴.

Es evidente que la presencia de los "hombres de Sabaya" deducía que el actuar de los policías bolivianos en la alteración de los hitos que demarcaban el límite de la estancia de los Colque hacia Bolivia, en la zona de Pisiga, poco tuvo que ver con un actuar asociado a una reivindicación territorial de tipo político-nacional, sino más bien con una demanda interétnica (que ya tenía su tiempo) por redimensionar el tamaño de esta hacienda ganadera a favor de los residentes de Sabaya, una situación que seguramente empeoró aún más las relaciones entre las partes a partir de la anexión de la provincia de Tarapacá a Chile. En este sentido, los ganaderos aymaras de ambos lados de la frontera fueron muy sagaces en darse rápidamente cuenta de que en el nuevo escenario que se inauguraba en la década de 1880 no iba a ser suficiente aducir únicamente argumentos étnicos y prácticas tradicionales, para conseguir una división conveniente de los recursos productivos; en otras palabras, tierras cultivables y pastizales, o lograr que éstos no se fraccionaran alterando sus modalidades económicas, al considerar determinante adscribirse a los intereses nacionales vinculando las demandas particulares a la integridad territorial de Chile o Bolivia.

Con ello se terminó reproduciendo una compleja modalidad de adscripción por parte de los ganaderos aymaras, sobre todo del lado chileno, que terminó sosteniendo un tipo de conflicto fronterizo donde hubo una clara complicidad entre poder y resistencia, todavía más cuando ciertos "puntos de resistencia", en la nomenclatura de Castronovo, actuaron como "adversarios", y otros, como "apoyos"²⁵. En efecto, en concordancia con lo que plantea Alejandro Grimson, es posible entender los conflictos fronterizos desatados en el altiplano chileno-boliviano -que convocaron cuestiones de frontera, al involucrar territorialidad, y asuntos de propiedad, al contemplar demandas por recursos productivos- a causa de que los ganaderos aymaras, por ser adyacentes, inevitablemente tuvieron un mayor contacto, composición que elevó los niveles de conflicto.

De esta forma, la zona fronteriza chilena-boliviana de Tarapacá fue "un sistema relacional sustentado en el conflicto", en donde ese "carácter relacional" fue producto de los contactos sociales que los pobladores de las localidades fronterizas tenían entre sí, y en menor medida, de aquellos que poseían con sus respectivas metrópolis regionales (Iquique y Oruro) y nacionales (Santiago y La Paz), con las cuales se estableció una "distancia estructural", que terminó dando forma a esa idea del "carácter relacional", a las identificaciones/articulaciones y a los numerosos conflictos presentados²⁶, un engranaje que terminó validando dentro de las comunidades aymaras altiplánicas el recurso de encubrir -aunque fuera parcialmente- los conflictos locales como nacionales²⁷.

3. La descomposición de los hitos fronterizos y la recomposición del espacio productivo indígena

Las incursiones indígenas desde el lado chileno hacia territorio boliviano y desde la parte boliviana hacia tierras chilenas tendrán regularmente el propósito de alterar los hitos y/o linderos para recomponer, aunque fuera parcialmente, los pastizales, las estancias ganaderas y los yacimientos mineros de acuerdo con los patrones de ocupación que se venían utilizando desde la época colonial, y que durante la administración peruana algunos de ellos se habían mantenido inalterables. Precisamente, esta dinámica es la que describirá el Sub-prefecto boliviano de Lípez al denunciar, en octubre de 1910, la incursión de Pascual Esteban, Tiburcio Esteban y Marcelo Esteban, todos indígenas de Cariquima, en los hitos Apacheta de Tola y Alto de Pahuantalla, con el objetivo de realizar trabajos de barbecho:

"[...] han cometido hechos que constituyen avances de territorio boliviano habiendo verificado trabajos de barbecho en la línea divisoria del Cantón Llica como lo tengo comunicado a Ud., y destruyendo en especial los linderos limítrofes marcados con los N°36 al 55 en los lugares Apacheta de Tola y Alto de Pahuantalla, con cuyo motivo se ha recibido en esta Sub-Prefectura órdenes impartidas por mi gobierno, así como también por parte del Señor Prefecto y Comandante General de este departamento (Potosí) a efecto de que en lo sucesivo se eviten iguales avances sobre territorio boliviano. En virtud de estas prevenciones, insinúo a su autoridad se sirva ordenar a quien corresponda la conveniencia de que restablezcan los mojones derribados, por haber sido colocados estos linderos de acuerdo entre los comisionados de límites de ambas naciones"²⁸.

La respuesta del subdelegado de Tarapacá, Mauricio Reynaud, a este funcionario boliviano fue que la "primera y única" referencia que tenía sobre los acontecimientos denunciados se adscribía a la carta que él, en su calidad de Sub-prefecto de Lípez, le había hecho llegar con fecha 18 de octubre; no obstante lo anterior, iba a informar oportunamente al Intendente y, a su vez, a pedir un informe al Inspector del Distrito de Cariquima²⁹.

Lamentablemente, los oficios que Reynaud señaló que iba a cursar no se pudieron ubicar; por tanto, no hay certeza de si instruyó en debido tiempo y forma al inspector del Distrito de Cariquima la confección del reporte, y si este último funcionario realizó finalmente un documento de este tipo. No obstante, antecedentes aportados a mediados de 1916 por el inspector del Distrito de Isluga, Salvador Vilches, permiten corroborar que las advertencias contenidas en la nota del funcionario boliviano de Lípez no pasaron a mayores. En efecto, informando al subdelegado de Camiña, para que éste a su vez remitiera los datos al Gobernador del Departamento de Pisagua, en consideración de la denuncia cursada por la remoción de algunos hitos fronterizos, el mencionado Inspector precisaba que la destrucción de estos linderos no era reciente, sino que se había realizado "hace muchos años" atrás sin provocar intervención alguna tanto de los funcionarios fiscales chilenos como bolivianos³⁰.

Este incidente se refería a la desaparición de los hitos denominados Capitán, Cerrito Prieto, Cerrito Toldo, Tres Cruces y Alto Pollequere, que el gobernador de Pisagua había tenido que comunicar a la Intendencia inicialmente con fecha 24 de junio de 1916, a raíz de que había sido cursada una denuncia al Ministerio del Interior y además publicitado en la prensa local.

Con este fin, el 19 de agosto señalaba la determinación de instruir al sub-inspector de Policía Luis Prieto para que se dirigiera a la frontera y elaborara un detallado parte de los hechos³¹.

Las averiguaciones del gobernador de Pisagua arrojaron rápidos resultados, especialmente a partir de un minucioso oficio cursado por el inspector del Distrito de Isluga, Salvador Vilches, al Subdelegado de Camiña para el conocimiento de las autoridades competentes. De este documento se desprendía que en el tema de la remoción de los linderos fronterizos no sólo se relacionaban conflictos entre aymaras del lado chileno e indígenas residentes en el sector boliviano, sino que también -y en muchas ocasiones de modo principal- tenía vínculos con una dilatada, compleja y violenta disputa territorial³² entre los residentes indígenas de Cariquima con los igualmente pobladores indígenas de Isluga:

"Estas tropelías señor subdelegado las cometen los de Cariquima, por despojar a los propietarios de Isluga de algunos pastales que desde tiempo inmemorial los poseemos con títulos antiguos é inscripciones posteriores en el Conservador de Bienes Raíces del Departamento. Los de Cariquima, para salvaguardar sus fechorías alegan que su distrito pertenece al departamento de Tarapacá i que según un plano fiscal la línea norte que lo demarca esta abrasa toda nuestra propiedad y que por eso les pertenece, como si una división de distritos pudiera quitar una propiedad particular en beneficio de otro. Nosotros los de Isluga poseemos desde tiempo inmemorial esos pastales, como lo tengo ya dicho, i además nos asiste la convicción de que Cariquima pertenece al departamento de Pisagua por las divisiones i creación de la Provincia de Tarapacá i sus departamentos [...] Esta inspección se hace un deber en pedir por su intermedio ante las autoridades superiores amparo a fin de que cesen estos desmanes i se castigue a los delincuentes como se merece i nos paguen los perjuicios recibidos i se aclare los límites de la división territorial de éste distrito de Isluga"³³.

Considerando los datos aportados por Hans Gundermann y Héctor González, es posible deducir que fue este problema, surgido y denunciado a mediados de 1916, el que llevó puntualmente a la comunidad de Isluga al año siguiente a efectuar en el Conservador de Bienes Raíces del puerto de Pisagua una inscripción de la totalidad de las tierras situadas en lo que consideraban su territorio productivo, ejercicio que tendrá una rúbrica relevante con la publicación en 1918 en el puerto de Pisagua de un folleto que buscaba validar el conjunto de la propiedad colectiva de pastizales, tierras de cultivo y agua de esta localidad, titulado "Comunidad de Santo Tomás de Isluga. Antecedentes y documentos relacionados con los títulos de dominio"³⁴.

El conjunto de estos antecedentes permite señalar que la disputa territorial entre los Cariquima e Isluga traspasó, en algunos momentos, el escenario interétnico para situarse funcionalmente (por una disposición de los propios involucrados) en el ámbito de la delimitación fronteriza, por cuanto las diferencias explicitadas por las partes no sólo tuvieron que ver con los límites de estas comunidades-localidades dentro del territorio chileno, sino también con una franja que traspasaba hacia el país vecino. Lo anterior tiene sentido, si se considera a estos indígenas, además de "cruzadores" de fronteras, como "reforzadores" de fronteras. Por esta razón, el proceso de "construcción y definición" de la frontera chileno-boliviana de Tarapacá entre las décadas de 1880 y 1920 no se agota ni se puede comprender exclusivamente en las acciones estatales, sino que comprende las acciones de los actores locales³⁵.

La persistencia de este actuar que utilizaba la destrucción o corrida de los linderos fronterizos a causa de conveniencias particulares o comunitarias quedará graficada en la información cursada en septiembre de 1921 por el subdelegado de Challacollo, Manuel Arias, al intendente, Recaredo Amengual, respecto a la inspección que había realizado en compañía del sargento Salvador Reyes y del ingeniero Eugenio Urrelo de los deslindes de ciertas propiedades azufreras, que se ubicaban en los alrededores del volcán Okana, en el límite entre Chile y Bolivia. Arias, asombrado por el número de hitos derribados, le recalcará a la máxima autoridad política de Tarapacá que estas acciones las habían emprendido los propios azufreros con el propósito de dejar sus pertenencias mineras dentro de territorio boliviano³⁶. A su entender, teniendo en cuenta que la mayoría de estos azufreros eran indígenas de nacionalidad boliviana, era evidente que esta conducta anómala estaba "sucediendo por la mala fe o ambición de individuos sin escrúpulos"³⁷.

Del mismo tipo será el informe emitido a mediados de 1929 por el ingeniero Johannes Felsch a petición del gobernador de Pisagua, Alejandro Escobar y Carvallo, producto de una denuncia del Inspector del Distrito de Camiña de que policías bolivianos habían violado el espacio fronterizo chileno en el sector de Isluga y pampa Parajalla³⁸. De acuerdo con Escobar, de los comentarios de Felsch se desprendía que los hechos denunciados no revestían la gravedad que en un principio parecían tener³⁹. Puntualmente, en este documento se precisaba:

"Mis informaciones sobre la violación del límite se basan en datos reunidos de varios indígenas, y especialmente de un indio de edad y que sabe leer y escribir: Salvador Vilches. Las indicaciones sobre caminos, etc., proporcionadas por Vilches han sido siempre exactas, de modo que tengo motivos para creer que las indicaciones sobre la violación de fronteras por carabineros bolivianos, serán también verdaderas. Durante mi estada en Isluga no hemos visto ningún carabinero boliviano en territorio chileno. Según las indicaciones de Salvador Vilches, entraron algunos meses y semanas atrás, dos carabineros bolivianos vestidos de paisanos con armas, unos 2 a 5 kilómetros en territorio de Chile, para llevarse un cordero de vecinos del caserío de Sitani. El punto más grave en esta violación del límite, es que los carabineros bolivianos se llevaron los corderos impagos. Según asevera Salvador Vilches, los carabineros bolivianos no han hecho ninguna exploración en territorio chileno, y no han molestado tampoco a los habitantes"⁴⁰.

Dos aspectos resultan claros de los comentarios de Felsch. Primero, el uso estacional del espacio de abajo y de arriba de la hoya hidrográfica de Isluga por parte de los campesinos indígenas, que remarca con ello un patrón tardío y residual de complementariedad y dualidad andina. Segundo, una vez más se observa la incursión transfronteriza a causa de intereses privados, lo que bien puede ejemplificarse en la apropiación de un cordero de propiedad de un ganadero de Sitani por parte de dos policías bolivianos de ascendencia indígena. En estos términos, tal como lo precisó el mismo ingeniero, el inconveniente se reducía finalmente al no pago del animal por sobre la violación de la frontera; un aspecto que adquiere más sentido si se tiene en cuenta, por una parte, que los residentes indígenas de la cuenca del río Isluga tenían más vínculos con Bolivia que con Chile y que, por otra, para las autoridades chilenas asentadas en Iquique el asunto perdía interés si la intromisión no involucraba atropellos y despojos a ciudadanos chilenos.

Por ejemplo, en el oficio remitido el 6 de agosto de 1929 por el intendente Nemesio Valenzuela al gobernador de Pisagua se ordenaba que en lo tocante a la violación de la frontera entre Isluga y pampa Parajalla llevara los hechos de manera amistosa a las autoridades bolivianas, para que en lo sucesivo se evitaran estos incidentes que terminaban "perturbando las buenas relaciones de ambos países", siempre y cuando los afectados fueran intereses chilenos (es decir, fiscales) y de residentes de nacionalidad chilena (en otras palabras, particulares)⁴¹.

En definitiva, el eje, desde la perspectiva de la agencia estatal chilena, se fijó en el hecho de que los asuntos no resueltos entre "indios" por los recursos productivos fronterizos no eran un tema que se pudiera adscribir a las relaciones bilaterales y de límites entre Chile y Bolivia. Con esto, la estrategia funcional usada por los campesinos-ganaderos aymaras -del lado chileno, principalmente, aunque también, y con mayor complicidad de las autoridades locales, por los del lado boliviano- para resguardar sus derechos adquiridos sobre los recursos productivos altiplánicos se debilitó, quedando a partir de este momento -fines de la década de 1920 y comienzos de la de 1930- los componentes étnicos a merced de las nuevas disposiciones legales positivas (e impositivas a la vez) de corte liberal-republicanas propias de dos Estados nacionales que demarcaban sus soberanías nacionales como una tabla rasa, sin historia pasada.

Conclusiones

Al tener en cuenta que el traspaso político-administrativo del territorio de Tarapacá desde Perú a Chile implicó un conjunto de transformaciones situadas en distintos niveles e intensidades (algunas de ellas contienen rasgos compulsivos, y otras, en cambio, soportan más bien dinámicas negociadoras, adaptativas y reacomodaticias), es posible situar analíticamente la estrategia funcional-étnica utilizada entre las décadas de 1880 y 1930 por los ganaderos aymaras altiplánicos de ambos lados de la nueva frontera chileno-boliviana, para defender la propiedad y el uso de sus recursos productivos. En efecto, si bien el resultado final les fue adverso, especialmente a los ganaderos indígenas del sector chileno, no cabe duda de que fueron capaces de generar una agencialidad endógena que, amparada en tres componentes (la utilización de las plataformas administrativas y legales aportadas por los propios Estados nacionales, el recurso sagaz de la nacionalidad para demandar derechos y la superposición de lo étnico en los hitos fronterizos), logró poner en tensión los aparatos estatales y disminuir, en ocasiones, las asimetrías y las posiciones de subordinación.

Por lo mismo, cabe reconocer cierto protagonismo indígena en los rasgos que tomó el proceso de chilenización en el espacio de frontera tarapaqueño, que no sólo se debe entender respecto a las tensiones entre los agentes estatales chilenos y los campesinos-ganaderos del altiplano, sino también en cuanto a los conflictos interétnicos, que se acentuaron o despertaron a raíz de las posibilidades que algunos de los importantes e influyentes aymaras vieron en el nuevo escenario de frontera desatado a partir de la presencia del aparato estatal chileno.

Lo anterior no resulta una cuestión menor, ya que permite señalar, siguiendo a Pablo Vila, que en Tarapacá el Estado chileno no fue el exclusivo reforzador de la frontera con Bolivia, sino también un conjunto de agentes sociales como los propios indígenas aymaras⁴². Pero también posibilita mencionar, siguiendo las ideas de Alejandro Benedetti, que en Tarapacá el trazado de límites entre Chile y Bolivia no supuso la desarticulación inmediata de todas las dinámicas espaciales locales que ponían en contacto las localidades vecinas a uno y otro lado de la frontera, sino que, por el contrario, se terminaron reforzando y manteniéndose por algunas décadas⁴³. En consecuencia, no es posible presentar tajantemente el trazado de los límites chileno-bolivianos en el período de interés de este trabajo como el inicio de un proceso de establecimiento de fronteras nítidamente interestatales.

Por último, indicar que si bien la anexión de Tarapacá al Estado-nación chileno hacia fines del siglo XIX acentuó la subordinación de las poblaciones indígenas a un modelo modernizador -el rentismo salitrero y la inserción de la minería del salitre al modelo capitalista-, no es menos cierto que los aymaras para nada fueron pasivos y que, por el contrario, lograron reconfigurar en parte su identidad étnica y sus mecanismos de etnicidad a partir de un nuevo posicionamiento político-social en un escenario de transformaciones aceleradas. Es decir, fueron capaces de darle ciertos contenidos endógenos a una relación tácitamente asimétrica. Esto no deja de ser interesante si se tienen en cuenta con mayor cuidado los elementos configuradores (en cuanto a la generación de espacios de relación) de los procesos de etnicidad, un efecto analítico que debiera posibilitar la descripción de las agencialidades indígenas dentro de una historia de dominación⁴⁴.

Comentarios

^* Este artículo forma parte del proyecto FONDECYT 1100060, "Agentes fiscales, poblaciones indígenas y sociedad regional: articulaciones y conflictos durante el proceso de chilenización (Arica-Tacna y Tarapacá, 1880-1930)". 

¹ Desde 1880 hasta 1883, debido a sus triunfos militares en la Guerra del Pacífico, Chile se hizo cargo del entonces departamento peruano de Tarapacá, en calidad de región anexada. En octubre de 1883, mediante el Tratado de Ancón, Perú le cede a plenitud y perpetuidad este territorio, lo que le permite al año siguiente crear la provincia de Tarapacá, que se organizó en una gobernación (Pisagua) y subdelegaciones a cargo de las distintas secciones territoriales.

² Respecto a la chilenización de las regiones del actual extremo norte de Chile, revisar: Luis Castro, "Una escuela fiscal ausente, una chilenización inexistente: la precaria escolaridad de los aymaras de Tarapacá durante el ciclo expansivo del salitre (1880-1930)", Cuadernos Interculturales 3 (2004): 57-68; Luis Castro y Natalia Rivera, "La sociedad rural del oasis de Pica frente al proceso chilenizador: conflictos, interacciones y reacomodos (Tarapacá, norte de Chile, 1880-1900)", Estudos Ibero-Americanos 37: 2 (2011): 271-300; Alberto Díaz y Rodrigo Ruz, "Cuando se agitaron las banderas. Conflicto y chilenización en la sierra ariqueña: el caso de Antonio Mollo (1901-1926)", en Tarapacá un desierto de historias. Historia, cultura y memoria en el norte chileno, siglos XIX y XX, comps. Macarena Gálvez, Rodrigo Ruz y Alberto Díaz (Iquique: Fondart Regional-Región de Tarapacá, 2003), 6183; Sergio González, Chilenizando a Tunupa. La escuela pública en el Tarapacá andino 1880-1990 (Santiago de Chile: DIBAM/Universidad Arturo Prat, 2002); Sergio González, El Dios cautivo. Las Ligas Patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-1922) (Santiago: LOM, 2004).

³ Sobre este tema de la propiedad de la tierra, los aymaras y la legislación chilena, ver: Rodrigo Ruz, "La tenencia de tierras comunales como fuente de conflicto en la precordillera de Arica. Putre (1854-1935)" (Tesis de Magíster en Antropología, Universidad de Tarapacá y Universidad Católica del Norte, 2009); René Aguilera, "Evaluación de la política estatal chilena establecida para reconocer los derechos de propiedad de la tierra aymara post ley N°19.253", Cuadernos Interculturales 15 (2010): 15-42.

⁴ Luis Castro, "El Estado chileno, los agentes fiscales y el temprano ordenamiento administrativo del espacio andino de la provincia de Tarapacá (1880-1930)", Chungara 40: 2 (2008): 219-233.

⁵ Luis Castro, "Estado chileno y poblaciones indígenas: articulaciones y conflictos en el período del rentismo salitrero y la chilenización (Tarapacá 1880-1930)" (Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Chile, 2012), 9-10 y 19-20.

⁶ Gabriela Karasik, "Tras la genealogía del diablo. Discusiones sobre la nación y el Estado en la frontera argentino-boliviana", en Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro, comp. Alejandro Grimson (Buenos Aires: CICCUS /La Crujía, 2000), 153.

⁷ Russ Castronovo, "Narrativas comprometidas a lo largo de la frontera: la línea Mason-Dixon, la resistencia y la hegemonía", en Teoría de la frontera. Los límites de la política cultural, comps. Scott Michaelsen y David E. Johnson (Barcelona: Gedisa, 2003), 207.

⁸ Alejandro Grimson, "Introducción ¿Fronteras políticas versus fronteras culturales?", en Fronteras, naciones e identidades, 19-20.

⁹ Fredrik Barth, introducción a Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales, comp. Fredrik Barth (México: FGE, 1976), 9-49.

¹⁰ Alejandro Grimson, "Introducción", 20.

¹¹ Alejandro Grimson, "Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur", en Cultura, política y sociedad. Perspectivas latinoamericanas, comp. Daniel Mato (Buenos Aires: CLACSO, 2005), 131.

¹² Zenon Bacarreza, "Informe técnico sobre la provincia de Carangas (1910)", en Ensayos históricos sobre Oruro, eds. Magdalena Cajías et al. (La Paz: IEB/Asdi, 2006), 385; Raimundo González, Informe del Prefecto del Departamento de Oruro (Oruro: Prefectura de Oruro, 1929), 31; "Informe sobre la provincia de Carangas", San Cristóbal, 4 de octubre de 1911, en Archivo Histórico de Potosí (AHP), Potosí-Bolivia, Fondo Prefectura del Departamento,         [ Links ] Subprefectura Nor Lípez, N°3636, s/f.

¹³ Alejandro Grimson, "Fronteras, estados e identiicaciones", 129.

¹⁴ Laetitia Rouviere, "¿Un territorio político transfronterizo? Formas de legitimación de acción política intermunicipal entre Bolivia, Chile y Perú (BGP)", Si Somos Americanos IX: 2 (2009): 15.

¹⁵ La industria salitrera, por situarse en la pampa (zona agreste y con exiguos recursos hídricos), no tuvo la opción de autoabastecerse; por tanto, requirió obligatoriamente traer desde otros lugares todo aquello que le permitiese funcionar. Este factor llevó a que se convirtiera en impulsora de distintos circuitos de tráfico mercantil provocando que las fronteras en conformación se volvieran espacios de circulación de mercancías bastante dinámicos. Así, tanto desde el noroeste argentino como desde Bolivia se generó un intensivo arrieraje de animales de carga y de consumo, más otros productos complementarios, tales como hojas de coca, charqui, quinua, papa chuño, sogas de lana, entre otros. Sobre este comercio transfronterizo, consultar: Luis Castro, "Tráfico mercantil desde y hacia Bolivia, comerciantes indígenas y fiscalización estatal durante el ciclo salitrero (Tarapacá 1880-1930)", en VI Encuentro de Historiadores y Cientistas Sociales Bolivia-Chile, comp. Orietta Ojeda (Santiago: Universidad Bolivariana, 2007), 379-389; Viviana Conti, "Entre la plata y el salitre. Los mercados del Pacífico para las producciones del norte argentino (1830-1930)", en Una tierra y tres naciones. El litoral salitrero entre 1830y 1930, comps. Viviana Conti y Marcelo Lagos (Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy, 2002), 119-149; Sergio González, "El arrieraje en Tarapacá durante el ciclo salitrero", Camanchaca 8 (1989): 10-35; Azucena Michel, Lilia Pérez y Elizabeth Savic, "Exportaciones de Salta al norte chileno. Fines del siglo XIX y comienzos del XX", Estudios Trasandinos 2 (1998): 99-113.

¹⁶ "Oficio al Ministro de Relaciones Exteriores por remoción de hitos fronterizos", Iquique, febrero de 1884, en Archivo Nacional de Chile (ANG), Santiago-Chile, Fondo Intendencia de Tarapacá (IT), vol. 67, s/f.

¹⁷ "Informe del Subdelegado de Tarapacá al Intendente de la provincia sobre inconvenientes fronterizos en Cariquima", Tarapacá, 20 de mayo de 1895, en ANG, IT, vol. 197, s/f.

¹⁸ Esta queja y alarma ante el Subdelegado fueron dirigidas por el mencionado Inspector del Distrito de Cariquima, el 21 de septiembre de 1902.

¹⁹ "Oficio del Subdelegado de Tarapacá al Intendente comunicando remarcación ilegal boliviana de la frontera", Tarapacá, 25 de septiembre de 1902, en ANG, IT, vol. 450, s/f.

²⁰ "Oficio del Subdelegado de Tarapacá", s/f.

²¹ Sobre el escaso resguardo fronterizo, ver: Luis Castro, "El Estado chileno", 219-233.

²² Gabriela Karasik, "Tras la genealogía del diablo", 157.

²³ "Informe sobre inspección de la frontera con Bolivia", Iquique, 18 de febrero de 1905, en Archivo Regional de Tarapacá (ART), Iquique-Chile, Fondo Intendencia de Tarapacá (IT), vol. 5: Notas de la Policía 1905, s/f.

²⁴ "Oficio del Inspector del Distrito de Isluga al Subdelegado de Camiña", Isluga, 30 de marzo de 1906, en ART, IT, vol. 4: Gobernación de Pisagua 1906, s/f.

²⁵ Rus Castronovo, "Narrativas comprometidas", 212.

²⁶ Alejandro Grimson, "Introducción", 17-18.

²⁷ Michel Brunet, "Frontera cerdana e identidades nacionales en el siglo XIX", Manuscrits Revista d' História Moderna 26 (2008): 123 y 127.

²⁸ "Carta del Sub-Prefecto de Lípez al Subdelegado de Tarapacá", San Cristóbal, 18 de octubre de 1910, en ART, IT, vol. 7: Subdelegados 1910, s/f.

²⁹ "Carta respuesta del Subdelegado de Tarapacá al Sub-Prefecto de Lípez", Tarapacá, 5 de noviembre de 1910, en ART, IT, vol. 7: Subdelegados 1910, s/f.

³⁰ "Oficio del Gobernador de Pisagua al Intendente informando desaparición de hitos fronterizos", Pisagua, 19 de agosto de 1916, en ART, IT, vol. 1: Gobernación de Pisagua 1916, s/f.

³¹ "Oficio del Gobernador de Pisagua", s/f.

³² El nivel de violencia llevó a que las partes en disputa, especialmente los Cariquima, llevaran acciones tales como quemas de casas, robo de dinero y ganado, agresiones físicas que causaron heridos y muertos, amenazas con carabinas, pocitas, azadones y cuchillos, entre otros.

³³ "Oficio del Inspector del Distrito de Isluga al Subdelegado de Camiña", Isluga, agosto de 1916, en ART, IT, vol. 1: Gobernación de Pisagua 1916, s/f.

³⁴ Hans Gundermann, "Comunidad, sociedad andina y procesos socio-históricos en el norte de Chile" (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de México, 2001), 107 y 228; Héctor González y Hans Gundermann, 'Acceso a la propiedad de la tierra, comunidad e identidades colectivas entre los aymaras del norte de Chile (1821-1930)", Chungara 41: 1 (2009): 59.

³⁵ Alejandro Grimson, "Disputas sobre las fronteras. Introducción a la edición en español", en Teoría de la frontera, 16-17; Alejandro Grimson, "Fronteras, estados e identificaciones", 131.

³⁶ "Oficio del Subdelegado de Challacollo al Intendente", Cerro Gordo, 5 de septiembre de 1921, en ART, IT, vol. 28: Subdelegaciones 192, s/f.

³⁷ "Oficio del Subdelegado de Challacollo", s/f.

³⁸ "Oficio del Gobernador de Pisagua al Intendente", Pisagua, 14 de junio de 1929, en ART, IT, vol. 9: Confidenciales Remitidos 1929, s/f.

³⁹ "Oficio del Gobernador de Pisagua al Intendente", 14 de junio de 1929, s/f.

⁴⁰ "Informe conidencial de Felsch a Gobernador de Pisagua sobre violación de la frontera con Bolivia", Pisagua, 1° de julio de 1929, en ART, IT, vol. 9: Confidenciales Remitidos 1929, s/f.

⁴¹ "Oficio del Intendente al Gobernador de Pisagua instruyéndolo respecto a la denuncia de trasgresión boliviana en la frontera", Iquique, 6 de agosto de 1929, en ART, IT, vol. 19: Oficios Generales 1929, s/f.

⁴² Pablo Vila, "La teoría de frontera versión norteamericana. Una crítica desde la etnografía", en Fronteras, naciones e identidades, 99-120.

⁴³ Alejandro Benedetti, "La Puna de Atacama como construcción geopolítica (1879-1900). La redefinición del mapa político argentino tras la Guerra del Pacífico", Si Somos Americanos VII: 2 (2005): 156.

⁴⁴ Luis Castro, "Estado chileno y poblaciones indígenas", 19-21.

Referencias

Fuentes primarias

Archivo:

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Documentación primaria impresa:

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Fuentes secundarias

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