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Historia Crítica

versão impressa ISSN 0121-1617

hist.crit.  no.53 Bogotá maio/ago. 2014

 

La revolución, los comandantes y el gobierno de los pueblos rurales. Buenos Aires, 1810-1822*

Raúl O. Fradkin**

** Profesor titular de Historia de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), investigador del Instituto Ravignani de la misma universidad y profesor asociado de Historia de América de la Universidad Nacional de Luján (Argentina). Entre sus publicaciones recientes se encuentran: Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la Conquista a la crisis de 1820, t. II (Buenos Aires: UNIPE/EDHASA, 2012), y "Guerra y sociedad en el litoral rioplatense en la primera mitad del siglo XIX ", en Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado en América Latina, siglo XIX , eds. Juan C. Garavaglia, Juan Pro y Eduardo Zimmermann (Rosario: Prohistoria, 2012), 319-356. raul.fradkin@gmail.com


RESUMEN:

Este trabajo analiza las disputas en los pueblos rurales de la campaña bonaerense por el control de las comandancias militares. Se busca identificar las posibilidades que se abrieron durante el proceso revolucionario para transformar el gobierno local en un contexto de aguda contradicción entre la voluntad del gobierno superior de controlar la campaña y la aspiración de autogobierno de los pueblos. De este modo, se aspira a precisar algunos de los componentes de sus culturas políticas que eran producto de una peculiar combinación y apropiación selectiva de las tradiciones coloniales y los discursos revolucionarios.

PALABRAS CLAVE:

Buenos Aires, gobernabilidad, gobierno local, medio rural, liderazgo político.


Revolution, Commanders, and Government of Rural Towns. Buenos Aires, 1810-1822

ABSTRACT:

This paper analyzes the disputes that took place in rural towns during the Buenos Aires Campaign for the control of military commands. We seek to identify the opportunities that arose during the revolutionary process to transform the local government in a context of deep contradictions between the will of the upper government to control the campaign, and the aspirations of self-government of the towns. Through this, we identify some of the components of the political cultures that were a product of a singular combination and selective appropriation of colonial traditions and revolutionary discourses.

KEYWORDS:

Buenos Aires, governance, local government, rural environment, political leadership.


A revolução, os comandantes e o governo dos povos rurais. Buenos Aires, 1810-1822

RESUMO:

Este trabalho analisa as disputas nos povos rurais da companhia bonaerense pelo controle das comandân-cias militares. Pretende-se identificar as possibilidades que se abriram durante o processo revolucionário para transformar o governo local em um contexto de aguda contradição entre a vontade do governo superior de controlar a campanha e a aspiração de autogoverno dos povos. Desse modo, aspira-se precisar alguns dos componentes de suas culturas políticas que eram produto de uma peculiar combinação e apropriação seletiva das tradições coloniais e dos discursos revolucionários.

PALAVRAS-CHAVE:

Buenos Aires, governabilidade, governo local, meio rural, liderança política.

Artículo recibido: 01 de abril de 2013 Aprobado: 02 de julio de 2013 Modificado: 10 de julio de 2013

DOI: dx.doi.org/10.7440/histcrit53.2014.02


Introducción

La renovación de los estudios de las independencias hispanoamericanas se ha producido en un contexto en el cual coexisten diversas perspectivas analíticas e interpretativas1. Sin embargo, pueden identificarse algunas convergencias que permiten delimitar problemas que ameritan una especial atención. Entre ellos, cabe señalar la importancia que tuvieron las transformaciones y las disputas por el gobierno de las áreas rurales y de sus pueblos. Por ejemplo, las indagaciones del constitucionalismo gaditano han puesto en evidencia los dilemas desencadenados por la inclusión de las poblaciones rurales en la ciudadanía política2, y los estudios de las guerras demostraron el protagonismo de los pueblos rurales y sus aspiraciones autonómicas3.

La historiografía rioplatense no ha quedado al margen de esta renovación y ha demostrado que el eje principal de los conflictos abiertos por la crisis revolucionaria estuvo constituido por las disputas en torno a la retroversión de la soberanía a los pueblos entre la antigua capital virreinal y las ciudades principales, así como entre ellas y sus ciudades subordinadas. Por cierto, no se trataba de una peculiaridad únicamente rioplatense4, aunque el examen de la experiencia en este contexto sugiera que los orígenes de esta suerte de "revolución territorial" no pueden atribuirse tan sólo a la influencia de la Constitución de Cádiz5.

A uno y otro lado del Atlántico los proyectos revolucionarios centralistas afrontaron la amenaza de que pudieran confluir las aspiraciones federalistas de los pueblos con el creciente activismo político popular. Y es en ese sentido que cobra particular interés la experiencia rioplatense, por cuanto, como se ha señalado, en ella se produjo "la más radical versión de la retroversión de la soberanía a los pueblos": así, la confrontación entre la dirigencia revolucionaria de Buenos Aires y la insurgencia oriental liderada por José G. Artigas permitió que desde ella emanara un discurso que no sólo proclamaba la legitimidad de la retroversión de la soberanía a los pueblos —como en el resto del imperio—, sino que también postulaba que era la nueva Provincia Oriental la depositaria de la soberanía y ella misma era el producto de la "unión de los Pueblos libres"6. Sin embargo, las implicancias de estos principios para toda la estructura política y territorial también se hicieron evidentes en los pueblos que se mantuvieron leales al gobierno supremo de la revolución, a pesar de su tendencia creciente al centralismo.

Ahora bien, tematizar adecuadamente el gobierno de los pueblos rurales supone desplazar el foco de atención acostumbrado desde las ciudades y las élites urbanas hacia las áreas rurales, sus pueblos y los modos de ejercer el gobierno local7. Este trabajo busca avanzar en esta dirección considerando una dimensión no siempre atendida por los historiadores: las disputas desatadas en los pueblos rurales por el control de las comandancias militares en un contexto de activa movilización política y armada de amplios sectores sociales8. Considerarla puede ayudar a develar facetas menos conocidas de las luchas políticas, así como modos de intervención que ampliaban los márgenes de la participación y excedían los canales abiertos por las nuevas prácticas electorales9.

Para ello, se analizará la experiencia de la campaña bonaerense, un espacio que, si bien no era el epicentro de la guerra, se convirtió en la decisiva retaguardia del gobierno revolucionario. Su estudio permite observar los modos en que el Directorio —el régimen político imperante en las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1814 y 1820— intentó gobernar esa campaña y el papel que asignó a los comandantes militares de los pueblos. Se trataba, de alguna manera, de la versión local de un proceso más amplio que suponía la militarización de ese gobierno y la transformación de sus ejércitos en su base de sustentación social por excelencia10. Ese proceso suponía un grado de control inédito sobre la población rural, y se desarrolló en un contexto de infructuosa reticencia de las autoridades superiores y de la élite urbana a la inclusión de los vecindarios rurales en la ciudadanía política11.

Esa situación puso en evidencia la contradicción entre la voluntad del gobierno superior de controlar la campaña y la aspiración de autogobierno de sus pueblos. Los comandantes militares estuvieron así en el ojo de la tormenta, por lo que analizar las disputas que se desataron en torno a ellos permite situar el desarrollo de las nuevas prácticas electorales en un contexto más amplio y más denso de estrategias desplegadas por los vecindarios rurales, y precisar algunos de los componentes de sus culturas políticas. Sin embargo, la cuestión es tan significativa como elusiva a la observación histórica y sólo puede rastrearse a través de indicios dispersos y fragmentarios. Por ello, se apeló a un corpus documental heterogéneo compuesto básicamente de los partes y las comunicaciones entre autoridades locales y superiores, los sumarios militares y algunos juicios tramitados ante la justicia ordinaria12.

Para presentar el argumento se ha dividido el trabajo en tres apartados: primero se ofrece un panorama de las transformaciones operadas en las formas de gobierno local de los pueblos de la campaña bonaerense durante la década de 1810; luego se presentan las evidencias de las disputas abiertas en los pueblos por el control de las comandancias militares; y por último se analiza la situación de los comandantes durante la crisis desatada por la desintegración del régimen directorial, cuando la aspiración pueblerina para elegir a sus comandantes emergió en plenitud13.

1. El gobierno de la campaña bonaerense y sus pueblos durante la era revolucionaria

Al iniciarse el siglo XIX la campaña de Buenos Aires era una angosta franja recostada sobre el Río de la Plata limitada por sus fronteras con los grupos indígenas de las pampas. A pesar de ello, la sociedad rural presentaba un marcado dinamismo que se ponía de manifiesto tanto en su crecimiento demográfico y productivo como en la notoria movilidad y autonomía de una población que en su mayor parte estaba conformada por un amplio espectro de medianos y pequeños productores rurales14. Ese hinterland de la ciudad de Buenos Aires no era una unidad administrativa ni integraba completamente la jurisdicción de su Cabildo. Por el contrario, formaba parte de una Intendencia que, instaurada en 1783, no sobrevivió indemne al vendaval revolucionario y, para 1815, estaba restringida a la campaña de la ciudad15. Las consecuencias de esta situación fueron múltiples, dado que el gobierno de esa campaña pasó a convertirse en una necesidad perentoria, ya que debía proveer el creciente número de reclutas y buena parte de los recursos necesarios para sostener el esfuerzo de guerra. Pero: ¿cómo gobernar esa campaña y sus pueblos para que ello fuera posible?

Un desafío fue definir el lugar de la población rural en el orden político en construcción. En este sentido, conviene recordar que si bien para 1813 los vecinos de esa campaña fueron convocados a participar en la elección de diputados para la Asamblea General Constituyente, el paso más decisivo fue la sanción de un Estatuto Provisional en abril de 1815, que extendía el ejercicio de la ciudadanía política a los vecindarios rurales. Pero esa decisión era sólo un efecto de la crisis coyuntural del poder directorial, pues, una vez que se consolidó un nuevo reglamento sancionado en 1817, volvió a excluirlos.

Mientras tanto, se buscó militarizar el gobierno de la campaña. Así, en 1814 se constituyó una Comandancia General de Campaña separada de la Comandancia de Fronteras existente desde fines de la década de 1770. La primera tenía asignada la tarea de organizar seis nuevos regimientos milicianos de caballería, al frente de los cuales fueron puestos oficiales regulares que venían a sumarse al de Voluntarios de la Frontera, instituido en 180116. La segunda tenía el mando sobre las guarniciones fronterizas con los indios: sus jefes eran también veteranos pero sus fuerzas eran totalmente milicianas. Un paso adicional se dio en 1818 con la constitución de una Delegación Directorial de Campaña, que pretendía ser una suerte de gobierno político y militar centralizado de ella, y al año siguiente se intentó subdividir la campaña en tres departamentos militares.

El rediseño de la arquitectura general era, con todo, más sencillo que redefinir cómo se gobernaría cada pueblo y cada partido. La tradición colonial les asignaba el rol principal a los jueces territoriales, los Alcaldes de Hermandad y sus tenientes. Se trataba de jueces legos reclutados entre los principales vecinos y designados por los dos Cabildos que tenían jurisdicción en este territorio, primordialmente el de Buenos Aires y el de la Villa de Luján. Esos Alcaldes eran la principal autoridad civil de cada partido, que generalmente tenía como cabecera un poblado. Hacia 1810, había unos 28 pueblos que se habían formado en torno a antiguas reducciones, y la mayor parte, alrededor de parroquias y fuertes fronterizos; sólo uno de ellos, el de la Villa de Luján, tenía un estatuto jurídico específico y estaba dotado de su cabildo y contaba con sus propios partidos dependientes. El resto se empleaba como cabecera de partido al mando de un Alcalde, mientras que algunos de la frontera ni siquiera ostentaban esa condición y estaban a cargo del comandante de la guardia17.

De este modo, el margen de autogobierno local era extremadamente limitado y sólo se ampliaba en la práctica por las restricciones que hallaba el gobierno superior para hacer efectiva su autoridad. En consecuencia, en los pueblos se desarrollaba una sorda lucha política en la cual diversas alianzas familiares se disputaban el favor de sus cabildos, para obtener la designación de un alcalde que gozara de su favor. De alguna manera, la tríada de alcaldes, curas párrocos y comandantes constituía una formación política corroída por disputas jurisdiccionales, a través de las cuales solían canalizarse las luchas entre facciones locales conformadas por alianzas de familias rivales con sus respectivas clientelas. Esas luchas cobraron mayor intensidad durante la revolución, pues la marginación de los vecinos de origen europeo de los empleos honoríficos en las alcaldías y la milicia rompió el equilibrio entre estos grupos de poder local y gestó alineamientos políticos enfrentados18.

En esas condiciones, la competencia jurisdiccional fue particularmente intensa entre los jueces territoriales —reclutados entre los vecinos principales del pueblo— y los comandantes militares, que eran oficiales regulares ajenos a las tramas sociales locales, pero muy necesitados del apoyo social que pudiera ofrecer alguna facción pueblerina. Esa competencia se focalizó en tres cuestiones centrales: la clasificación de los habitantes para destinarlos al servicio de línea o de milicias, la persecución de los desertores y "vagos" (y, por tanto, la definición de a quiénes se podía imputar esta condición), y la imposición de auxilios y contribuciones. Las tres tensaban las relaciones sociales locales y entre los pueblos y un gobierno superior que optaba por depositar en los comandantes cada vez más facultades. Así, desde 1817 el gobierno dispuso que las guarniciones fronterizas debían mantenerse únicamente con el aporte de su vecindario, quedando sus comandantes autorizados a ejercer plenamente el "gobierno económico". Ello tuvo como consecuencia que se conformarse una suerte de fiscalidad local descentralizada, pero cuya eficacia estaba sometida a negociación con el vecindario19. Como sucedió en otros, las lealtades políticas aparecían amenazadas por las exigencias y contribuciones sobre los pueblos.

Por eso la trayectoria de las comandancias militares en los pueblos bonaerenses fue por demás azarosa. Aunque antes de 1810 había algunas comandancias en los fuertes de frontera y en puntos de las riberas del Paraná o del río de la Plata, fue a partir de 1812 que se instauraron comandancias en prácticamente todos los pueblos, aun en aquellos que no eran fronterizos. Esa política no parece haber sido parte de un plan concreto y delimitado, sino la sedimentación de una concepción del gobierno de los pueblos rurales, que retomaba y extremaba la noción de "gobierno político y militar" heredada de la administración borbónica.

Para limitar sus alcances, desde los pueblos se intentó condicionar quiénes podían ser sus comandantes esgrimiendo el mismo principio en el cual el gobierno revolucionario basaba su legitimidad: la autoridad debía contar con el consentimiento de los pueblos. De este modo, el intento de militarizar el gobierno rural no fue aceptado pasivamente, y los núcleos vecinales recurrieron a los vínculos informales con alguna autoridad superior, a representaciones colectivas y a demandas judiciales por abuso de autoridad en la justicia civil y militar. Lo cierto es que esas demandas y representaciones colectivas se acrecentaron notoriamente desde 1815, demostrando el uso generalizado del derecho de petición por parte de los vecinos y milicianos de la campaña20. A través de ellas es posible registrar las disputas políticas desatadas en los pueblos por el gobierno local y las nociones que las orientaban.

2. Las disputas por las comandancias de los pueblos

En estas condiciones, cuando un pueblo era cabecera de partido, el reclamo vecinal solía presentarse como una disputa entre Alcaldes y Comandantes, y cuando no tenía ese estatuto, era el cura párroco quien solía encabezar los reclamos. En ambas situaciones se apelaba a una retórica que invocaba la voluntad unánime del pueblo, aunque apenas podía disimular las divisiones que los corroían, dado el clima social de creciente antagonismo entre aquellos que se identificaban como "americanos", "patricios" o "hijos del país" y los calificados como "españoles europeos". En este sentido, la guerra revolucionaria no sólo estaba desestabilizando completamente el equilibrio de los grupos sociales preeminentes en los pueblos constituidos por un conglomerado de pocas familias dedicadas al comercio o la cría de ganados, sino que tenía un papel disociador de las identidades preexistentes y a su vez coagulador de otras nuevas21.

Una forma característica que adoptaron estos reclamos fue la impugnación de los comandantes acusándolos de proteger y apañar a los "europeos". Por tanto, antes que oponerse abiertamente a contar con comandantes, los vecindarios intentaron que su designación recayera en sus propios alcaldes: se trataba, de alguna manera, de una suerte de inversión de la concepción de la fusión del "gobierno político y militar". Ello sucedió, por ejemplo, en el pueblo de San Fernando, situado a poca distancia de la ciudad de Buenos Aires, sobre la costa del río Paraná. El pueblo había sido fundado en 1803 y era sede de una comandancia militar, pero sólo hasta 1812 adquirió la condición de cabecera de partido. Para entonces, una treintena de vecinos presentaron una representación contra el Comandante Carlos Belgrano exigiendo su desplazamiento y propusieron que fuera reemplazado por el Alcalde de Hermandad22. ¿Qué hizo el gobierno? Rechazó las imputaciones, envió al comandante a otro destino y designó un reemplazante. Pero ello no resolvió las tensiones pues éste también sufrió en 1815 la impugnación de los vecinos con argumentos casi idénticos23.

Por supuesto, mayor capacidad de resistencia podía ejercer el Cabildo de la Villa de Luján, aun cuando estaba restringida por los enfrentamientos entre grupos vecinales. Así, a fines de 1812 Belgrano fue designado "Comandante Militar y Presidente" del Cabildo de la Villa, y el fundamento de esa decisión era una representación colectiva que habían efectuado algunos vecinos contra los capitulares. Claramente, el gobierno revolucionario aprovechó la división para avanzar sobre la autonomía del cuerpo capitular, pero esa voluntad centralizadora se vio limitada por su debilidad, por lo que el Cabildo logró recuperar su autonomía aprovechando la crisis del régimen directorial de abril de 181524. Más aún, ese Cabildo acrecentó su legitimidad al implementarse la "elección popular" de sus miembros, y desde entonces aumentaron sus disputas con los sucesivos comandantes.

Varias eran las razones, pero eran centrales el servicio y el mando de las milicias. Así, en julio de 1815 un grupo de 41 vecinos de la Villa y otro de 27 vecinos del partido subordinado de San Antonio de Areco presentaron sendas representaciones proponiendo sustituir el servicio mensual rotativo por una partida permanente de 30 hombres remunerados, cuyo gasto sería solventado por ellos mismos. Sin embargo, otros vecinos se opusieron, y el Comandante Militar, si bien aceptaba la formación de la partida asalariada, se resistió a que los vecinos pudieran eludir sus obligaciones de servicio, pretendiendo ser él quien recaudara y administrara los fondos25. El conflicto continuó y el Cabildo exigió el desplazamiento del Comandante, y que se nombrase en su lugar a uno que no sólo fuera nativo de la Villa, sino también designado por el Cabildo26. Como el gobierno ratificó al comandante, los capitulares lo acusaron de buscar "la depreción del Cavildo y sus Justicias" y de haberse "Abrrogado quantas facultad.s v.E. pueda imaginar" transformándose en un "despótico usurpador"27. De este modo, y como sucedería en muchos otros episodios, los grupos vecinales hacían uso de un tópico central del discurso revolucionario (la denuncia del "despotismo" y la "tiranía"), para sustentar su lucha por controlar el gobierno local. Esto mostraba que la revolución había llegado a los pueblos para quedarse.

La conflictiva situación habría de mostrar consecuencias políticas más amplias, cuando en 1816 tomó forma en Buenos Aires una tendencia confederacionista, que obtuvo predicamento en los pueblos bonaerenses: ella se pronunciaba contra "el despotismo de los gobiernos", se proclamaba como la expresión de "la voluntad de la campaña y los pueblos de Buenos Ayres", y proponía que la provincia se constituyera en un estado "confederado e independiente"28. De este modo, las disputas locales se transformaban en un alineamiento político mucho más amplio que, aunque derrotado, dejaría su simiente en la campaña bonaerense.

En lo inmediato, esa alternativa política fue derrotada pero la conflictiva situación en la Villa de Luján repercutió en sus partidos dependientes. Lo sucedido en el Fortín de Areco lo muestra con claridad: ese poblado tenía origen en un fortín fronterizo construido en 1779, pero recién en 1812 fue establecido como cabecera de partido, decisión que el Cabildo de Luján había tomado en respuesta a una representación de los "vecinos labradores" del poblado, quienes invocaron que se hallaban "careciendo de la Jurisdicción política q.e se halla reasumida Unicamente en los Jueces de Herm.d y Comisionados por el Gov.no p.r haverse separado del todo de los Comandantes Militares resulta que en este destino carecemos de un Juez q.e administre pronta Just.a a sus vecinos". Para esos vecinos, entonces, jurisdicción política y gobierno de sus jueces eran inseparables, y por ello solicitaban que la designación del Alcalde recayera en "un Patricio"29.

Aceptada la petición, el poblado pasó a tener un juez territorial reclutado en el mismo vecindario, y poco después esos vecinos irían por más: en 1816 se presentó una representación firmada por 24 vecinos solicitando la remoción del Comandante Militar, al que acusaban de tratarlos "con tal despotismo y Esclavitud q.e parece que estuviésemos bajo del Yugo antiguo y aun más cruel". Se advierte así que el discurso revolucionario era retomado por los labradores de la frontera y que lo empleaban para disputar el gobierno local cuestionando a un comandante que, afirmaron, "dice que él solo Gobierna". Las consecuencias de la transformación del poblado en cabecera de partido eran palpables y la representación estaba encabezada por el alcalde de la Hermandad y acompañada del sargento de la compañía miliciana30.

Que la disputa no era coyuntural se advirtió en 1818, cuando otro comandante del fortín enfrentó la oposición de otro alcalde, del sargento mayor de milicias y de un grupo de vecinos: ahora no sólo pedían su desplazamiento sino que proponían quién debía reemplazarlo. El comandante se defendió acusando a sus oponentes de ser un grupo de "españoles europeos" dedicado a desmoralizar "a los habitantes patriotas" y "enemigos de la causa". No estaba solo: otros vecinos presentaron una representación acusando al Alcalde de imponer contribuciones a los "patricios" y no exigírselas a los "españoles europeos"31. Se advierte, entonces, que las disputas jurisdiccionales se combinaban con las divisiones en los pueblos y que ellas hacían suyas los clivajes que estaba definiendo la revolución.

Pero, ¿cómo se procesaban estos conflictos en aquellos pueblos que no contaban con alcaldes? Lo sucedido en la Guardia de Rojas puede servir de ejemplo. La Guardia había sido fundada en 1777 y recién se tornaría en cabecera de partido en 1822, por lo que su gobierno estuvo exclusivamente a cargo de un comandante militar. Sin embargo, su vida política local no fue más tranquila, y en septiembre de 1815 un grupo de vecinos pidió la remoción del comandante. Esta representación estaba encabezada por el capellán de la guarnición, dos tenientes y un sargento de milicias, quien aclaró que firmaba "por mi y por todos los de la compañía q.e no saben firmar". Como en otros casos, se impugnaba "el más humillante despotismo con que nos trata y rige", y, aprovechando la coyuntura política, denunciaban que el comandante actuaba "confiado quizás del favor que disfrutaba de algunas Personas que formaban la viciosa facción q.e desapareció en Abril último". Por tanto, estos vecinos-milicianos no sólo se sentían con derecho a impugnar a su comandante, sino que, además de firmar una representación, también lo hicieron en forma airada y pública manifestando que no lo querían: "p.r ser Sarraceno de Com.te y q.e querían ser mandados p.r un legítimo Patricio", lo repudiaron "p.r q.e era maturrango y q.e los había tratado injustamente de ladrones" y exigían su inmediata partida del pueblo. El clima de agitación lo corrobora un testimonio que muestra que, reunidos en la pulpería los milicianos, "empezaron a decir q.e no querían a D.n Pedro Bergara por Com.te p.r q.e era sarraceno y q.e mas bien querían q.e los mandase un negro como este fuese Americano"32.

Los "patricios" lograron su propósito pero ello tampoco trajo la calma al pueblo, y en 1818 fue Antonio Uriarte, Sargento Mayor del Regimiento N° 6 de Milicias de Campaña y Comandante militar de la Guardia de Rojas, el denunciado por un grupo de vecinos, que lo acusaban de provocar el despoblamiento de la Guardia y de invadir la jurisdicción eclesiástica desplazando al síndico de la iglesia, "sin alegar más razón p.a ello que dho Síndico es Europeo". Esa revancha de los "europeos" y sus aliados "americanos" derivó en un sumario, que se convirtió en escenario de la confrontación política vecinal, donde cada grupo presentó su propia representación, en contra y a favor del comandante. Sin embargo, aquellos que apoyaban inicialmente al comandante formularon una petición que tenía mayores implicancias: no sólo reclamaban que "se nombre un nuevo Coman. te digno de la confianza pública", postulando que esa confianza "es la base que forma la unión de las Provincias del Sud América y lo único que pretende este pobre e infeliz vecindario"; también propusieron que se realizara una suerte de consulta popular, que si no era una elección formal, se asemejaría a ella:

    "Nosotros llenaríamos con cien firmas este papel si se conociese el arte de escribir entre la vecindad pero careciendo todos o los mas de esta abilidad propondríamos a v.s. como medio para esclarecer la verdad el que se comisionase desde esa un oficial imparcial que explorase los deseos de toda la población"33.

Por cierto, el gobierno superior no aprobó la iniciativa, pero ella ilustra lo profundamente arraigado que estaba entre los pobladores de la frontera el principio del consentimiento y su traducción práctica: el gobierno local, aun el de rango militar, debía contar con ese consentimiento. Sin duda, un componente central de la "antigua constitución" que hacían suyo los discursos revolucionarios hispanoamericanos, y que abrevaba en la tradición del derecho natural y de gentes, aparecía plenamente entre los vecinos de la campaña bonaerense y era empleado para usos particulares34.

3. La desintegración del régimen directorial y los comandantes de la campaña

La crisis de 1820 marcó un momento de inflexión en la historia rioplatense. La derrota del ejército directorial y la desintegración de toda forma de autoridad central en las Provincias Unidas abrieron un proceso de formación de entidades estatales provinciales soberanas. En territorio bonaerense su desarrollo fue particularmente intenso, y la inestabilidad política recién comenzó a resolverse en octubre de ese año con la consolidación de un gobierno estable que habría de tomar en sus manos la estructuración del nuevo estado provincial35.

Hasta ahora la atención historiográfica ha estado concentrada en analizar cómo se procesó esa crisis en la ciudad y en las estrategias desplegadas por la élite urbana para afrontarla, pero si la atención se desplaza hacia los pueblos de campaña se puede obtener una mirada diferente. Por lo pronto, se advertirá que en ella la crisis del régimen directorial comenzó antes de la batalla de Cepeda y que su superación tardó mucho más en producirse que en la ciudad. En este sentido, conviene recordar que desde 1815 el espacio fronterizo entre la jurisdicción de Santa Fe y de Buenos Aires se convirtió en una zona de guerra, con el consiguiente incremento de la presión del gobierno sobre la población rural en busca de reclutas y recursos, la multiplicación de las deserciones, la proliferación del bandolerismo, y una mayor conflictividad interétnica con los grupos indígenas pampeanos. Esas circunstancias amenazaban el orden social de los pueblos y se tradujeron en una creciente oposición al gobierno directorial y en la emergencia de liderazgos locales, algunos de los cuales se tornaron abiertamente competitivos con las autoridades formalmente establecidas36.

Mientras tanto, la indisciplina de las tropas regulares y milicianas derivaba en episodios de sublevación colectiva que amenazaban con sumarse a la disidencia federal o, al menos, con una franca resistencia hacia los oficiales regulares. De esta manera, para 1819 el esfuerzo desplegado para disciplinar a las milicias y encargarles el mantenimiento del orden social, la defensa de la frontera y sostener la guerra, se deshacía desde su misma base37. La situación de los comandantes militares de los pueblos se tornó crítica: si pretendían mantener su autoridad sobre las milicias debían negociar con ellas las condiciones del servicio; y si esperaban apoyo local debían retacearle prestaciones al gobierno superior. En tales condiciones, las disputas por las comandancias adquirieron completa centralidad, y cuando se desintegró el régimen directorial, se crearon condiciones propicias para que las aspiraciones de autogobierno de los pueblos emergieran en plenitud.

Claramente, esa situación fue muy evidente en las zonas controladas por las tropas federales, donde los comandantes fueron desplazados y sustituidos por movimientos de pueblo amparados por ellas. Sin embargo, también se produjeron destituciones de comandantes donde esas fuerzas no habían llegado: así, por ejemplo, a principios de marzo el comandante de la Guardia de Ranchos debió dejar el mando al capitán de milicias por la intimación que le realizaron más de 60 vecinos armados, expresando que era su voluntad que entregase el mando alegando "el poco gusto con q.e vive este vecindario con el mando de Vm y todos a voz gral. aclaman p.r el Cap.n Izquierdo"38. La lucha por las comandancias, entonces, ya no requería necesariamente el consentimiento de la autoridad superior.

La situación puede observarse con claridad en los poblados situados a la vera del Paraná y próximos a Santa Fe. Baradero era el más antiguo de los pueblos y se había originado en una reducción formada en 1615, y desde 1785 era cabecera de partido. San Pedro, en cambio, había sido fundado en 1780 y convertido también en cabecera, en 1785. En ambos casos, las relaciones entre alcaldes y comandantes habían sido muy tensas antes que irrumpieran las tropas federales. Así, por ejemplo, en San Pedro el Alcalde fue denunciado en 1819 por los insultos reiterados a la autoridad del comandante, pero éste debió afrontar una representación de un grupo de vecinos que pidieron su desplazamiento y una demanda del Alcalde por invadir su jurisdicción. En tales condiciones, en agosto de 1819, un grupo de vecinos armados irrumpió en el pueblo saqueando las casas de los vecinos que apoyaban al comandante39.

Sin embargo, se mantuvo en su puesto hasta la batalla de Cepeda, pero tras ella una fuerza federal ocupó el pueblo e intimó al vecindario "a q.e nombrase Com.te y Alc.e", y al día siguiente repitieron la misma operación en Baradero40. De este modo, la invasión federal no instalaba la anarquía en la campaña —como denunciaba la prensa de Buenos Aires y sostuvo la historiografía durante mucho tiempo—, sino que creaba una ocasión propicia para que los pueblos rurales eligieran tanto a sus comandantes como a sus alcaldes. El inestable gobierno provincial que surgió de las negociaciones con los jefes federales designó como Comandante de Armas a Miguel Estanislao Soler, quien no sólo dispuso el desplazamiento del comandante de Baradero, sino que además decretó la extinción de la comandancia.

Esa decisión fue forzada por una representación firmada por 35 vecinos y publicada en la Gazeta de Buenos Aires a principios de abril, en clara demostración de que el gobierno intentaba congraciarse con los vecinos y avalaba su accionar. La representación atribuía al comandante "la ruinosa discordia que ha cinco años se halla introducida en este pueblo y partido" —datando claramente el origen de la tensión en el momento en que el gobierno directorial había procedido a la reorganización de las milicias en 1815— y denunciaba que "la familia de los San Martines" había copado todos los empleos de oficiales de milicias imponiéndole al vecindario una "dura servidumbre". De este modo, los vecinos opuestos al comandante reclamaban que "no solo nuestra capital debe disfrutar la gloria al verse libre de sus opresores", y afirmaban que "queremos ver sin autoridad entre nosotros á D. Bernabé San Martín que ha sido en este partido uno de los agentes más análogos a las ideas de la antigua administración"41.

Como se advierte, la coyuntura política general era hábilmente utilizada para resolver la disputa pueblerina. Y el gobierno no tenía mucho margen pues la tensión social en la campaña era extrema: por ejemplo, el pueblo de San Pedro había sido saqueado por una partida de desertores, y esa irrupción insubordinó a la plebe, que atacó a los principales vecinos, alcalde incluido, e intentó participar por propia cuenta en el saqueo42. Una situación de este tipo imponía soluciones políticas, y, en este sentido, el diagnóstico de Soler era preciso. Pocos días después elevaba una propuesta al Gobernador que claramente tenía en cuenta los reclamos vecinales:

    "No siendo precisas las Comandancias Militares en lo interior de la Campaña particu-larm.te en los Partidos y Pueblos de Pilar, Areco, Navarro, Cañada de la Cruz y otros que no sean inmediatos a la Frontera es mi opinión sean abolidas dignándose v.E. ordenar se me remita una relación de las q.e hubiere en el territorio p.a extinguirse como he dicho las innecesarias y que los Alcaldes cuiden y zelen el territorio de su dependencia auxiliados de las milicias a cuyos Gefes se puede ordenar presentar quatro hombres que alternando de ocho en ocho días desempeñen esta obligación como q.e es un servicio al interés propio de sus bienes y familias durando al menos mientras se remonta alguna fuerza que puede llenar aquel objeto y afirmar la tranquilidad de sus hogares. Siendo gral esta medida pronto apuraremos los desertores y haraganes, aumentará el Exercito su fuerza y asegurado el vecindario se procederá al licenciamiento y organización de la Milicia bajo mejores bases q.e correspondan al objeto de su instituto"43.

Puede advertirse, así, que las máximas autoridades militares ni siquiera sabían a ciencia cierta cuántas comandancias militares estaban realmente vigentes, y percibían que si querían obtener consenso local debían eliminarlas, al menos las que no estaban en la frontera. En el resto de la campaña, por tanto, el gobierno local debía volver a ser un gobierno de los jueces con el auxilio de las milicias, es decir, fuerzas y autoridades locales. De ahí que el gobierno enviara una circular a todos los Alcaldes de Hermandad informándoles la supresión de las comandancias que no integraran la línea de frontera. El fundamento de la decisión era preciso: se buscaba garantizar "la libertad civil de los Pueblos y la necesidad de poner término a las competencias de jurisdicción"44. Lo cierto es que ese diagnóstico ya estaba circulando con anterioridad. Tal como sucedió con el Alcalde de Primer Voto del Cabildo porteño, quien transmitía las quejas contra el comandante militar del partido de Las Conchas, acusándolo de cometer múltiples agravios contra "los vecinos quietos y honrados de aquel destino y en depresión manifiesta de la autoridad civil de los Pueblos". En este caso particular, también eran el Alcalde de la Hermandad y el cura párroco quienes encabezaban el reclamo y forzaban su reemplazo45.

Si bien estaba claro que la "libertad civil de los Pueblos" y el gobierno de los comandantes se habían tornado incompatibles y que ahora los reclamos vecinales hallaban eco en un débil gobierno provincial, la decisión no parece haberse hecho efectiva, probablemente, porque ese gobierno no logró sobrevivir. Por eso no extraña que las disputas por las comandancias continuaran y que incluso siguieran después de estabilizado un gobierno provincial a partir de octubre de 1820. A principios de 1821, por ejemplo, las compañías milicianas de la Guardia de Salto estaban prácticamente desintegradas. Salto era un fortín fronterizo constituido en 1752 y transformado en cabecera de partido en 1816, que contaba con una larga tradición de gobierno local de carácter militar. Pero no por ello sus vecinos aceptaron tranquilamente el ejercicio de una autoridad, a cuyo despotismo atribuían la emigración de muchas familias: las autoridades procedieron a su reemplazo pensando que sería "muy probable q.e regresen a su domicilio muchos vecinos de aquel Pueblo, q.e por la permanencia del en el mando se recelaban de hacerlo"46. Y denuncias análogas seguían llegando al gobierno desde diferentes pueblos de la campaña47.

Las disputas jurisdiccionales no menguaban, y a mediados de 1821 se produjo un duro enfrentamiento entre el comandante militar de San Antonio de Areco y los Alcaldes de Hermandad de ese partido y de San Andrés de Giles, quienes exigían su desplazamiento. En uno de sus escritos, el comandante dejó constancia de la experiencia acumulada: "Todos, o la mayor parte de los habitantes de la Camp.a indicados a ser Alcaldes, o Tenientes, o q.e lo han sido en otras ocaciones, están acostumbrados á lebantar estos papeles contra los Gefes militares porque, ó consiguen su obgeto sorprendiendo a los magistrados, ó quedan impunes de sus falsas imputaciones". El comandante cuestionado le advertía también al gobierno que esas estrategias vecinales escondían propósitos más amplios: los alcaldes, decía, han "sido Cabezas p.a entablar las Republicas y separacion de Provinc.". Para ello, decía, han estado "seduciendo, y haciendo firmas a ruego á homb.s q.e ni sabian lo q.e se les leia, p.a de este modo fomentar la discordia", confirmando que la práctica de la representación colectiva excedía con creces al reducido número de vecinos alfabetizados. Para el comandante no había duda: "el objeto de estos alc.des es q.e hayan muchas separación.s para ver si al cabo pueden conseguir q.e Areco sea una Republica p.a poder nombrar su Capitan Gral"48.

Éste no parecía ser un simple temor infundado, sino que expresaba la experiencia vivida durante la crisis de 1820.Justamente, esos pueblos fueron algunos de los que protagonizaron el mayor desafío que sufrió la ciudad desde su campaña. A mediados de ese año, parte de las milicias de campaña y el cabildo de Luján eligieron como gobernador a Soler, y derrotada esta estrategia aprovecharon la "protección" del "ejército federal" de Santa Fe y formaron una "Junta de los Pueblos Libres", que eligió como gobernador a Carlos María de Alvear sin el concurso de la ciudad y en abierta oposición a ella. Parte de la campaña, de sus pueblos y sus milicias aparecían así disputándole a la ciudad la condición de cabeza del cuerpo político, y lo hacían forjando su propia representación. Aunque ambas opciones fueron derrotadas por las tropas del gobierno provincial, el comandante de San Antonio de Areco le recordaba al gobierno al año siguiente sus peores temores advirtiéndole que detrás de las disputas jurisdiccionales se escondía la pretensión de esos pueblos de convertirse en "república" y elegir su "capitán general".

Mientras tanto, algunos comandantes pudieron sortear la crítica situación manteniendo sus apoyos locales. Así, a comienzos de 1822 volvía a agitarse el pueblo de Fortín de Areco, cuando veinticinco vecinos elevaron una representación reclamando que no fuera desplazado su comandante por una demanda judicial que lo acusaba de abuso de autoridad. El gobierno y las máximas autoridades militares de la provincia estaban en un dilema: esos vecinos apoyaban a su comandante, pero seguían intentando intervenir en una cuestión que el gobierno quería reservarse para sí. Por eso, calificaron de "tumultuoria" la representación al suponer una interferencia civil en la cadena de mandos militares, situación agravada por que había sido firmada no sólo por el Alcalde y los vecinos, sino también por soldados y suboficiales milicianos. Para ellos, en cambio, su petición era legítima, dado que había sido realizada "a nombre del Pueblo" y que —como dijo uno de ellos— "todos los vecinos hacían cabeza"49.

Para 1822, entonces, la cuestión de las comandancias militares en los pueblos de campaña seguía abierta y en disputa. Sin embargo, en aquel momento el gobierno provincial había emprendido una completa reformulación institucional, que incluyó la instauración de un sistema representativo surgido de un régimen electoral que asignaba el derecho al sufragio a todos los hombres libres mayores de edad y la disolución de los cabildos de Buenos Aires y de Luján. Como consecuencia, se sustituyó la justicia capitular por jueces letrados, y a los Alcaldes de Hermandad, por Jueces de Paz designados por el gobierno y reclutados entre los vecinos de cada partido50. De este modo, se operó una notable ampliación de la participación electoral de la población rural, un rasgo que habría de convertirse en decisivo del nuevo orden político51. Pero aún faltaba resolver la cuestión de las comandancias militares en los pueblos. Así, el 20 de marzo de 1822, un decreto suprimió todas las comandancias militares en los puntos de la campaña, con excepción de aquellas situadas en la frontera52.

Por tanto, en ellas continuaron las disputas entre comandantes y vecindarios y siguieron adoptando su forma característica de competencia con los jueces territoriales, ahora jueces de paz. Así, por ejemplo, en la Guardia de Navarro, durante todo 1822, esa rivalidad derivó en un sumario por abuso de autoridad contra un comandante al que juez y vecinos acusaban de atacar "la seguridad individual" y violentar "la jurisdicción civil, y no menos a la autoridad del Gobierno"; más aún, una noche "se fijaron en los palenques de algunas Pulperías pasquines chocando al Comandante". Para el oficial sumariante la conclusión era clara: "uno de los efectos más tristes de nuestras pasadas convulsiones es la discordia que reina de familia a familia, de partido a partido y aun de pueblo a pueblo presentándose bajo este aspecto el origen q.e ha dado merito a este sumario"53.

Conclusión

La trayectoria de las comandancias en los pueblos bonaerenses permite advertir las dificultades para construir un gobierno de la campaña que la pusiera efectivamente bajo el control de las autoridades superiores. Muestra también que el nuevo orden tuvo que construirse empleando recursos antiguos y enfrentando las opciones que se plantearon desde los pueblos. Estas disputas ilustran hasta qué punto la administración revolucionaria hizo uso de la concepción borbónica del gobierno político y militar, pero también cuáles eran las concepciones alternativas imperantes en los pueblos acerca del gobierno legítimo y que resultaban de una peculiar combinación y apropiación selectiva de tradiciones antiguas y discursos revolucionarios. De este modo, desde los pueblos no sólo se invocó el principio del consentimiento y se apeló a formas de acción colectiva ensayadas en la era colonial, sino que también se postuló y se disputó el derecho al autogobierno en nombre de los mismos principios que fundaban la legitimidad revolucionaria.

En esa época de convulsiones y mutaciones los lenguajes políticos aparecían particularmente inestables y acrecentaban su polisemia. Probablemente, el término "pueblo" lo expresaba con mayor nitidez, pues su pluralidad de sentidos implicaba agudas contradicciones, como ponía de manifiesto su enunciación en singular o en plural. Por cierto, la tradición política hispana legaba un sentido primordial según el cual por "pueblo" no debía entenderse la masa de habitantes de un determinado espacio o la generalidad de hombres libres, sino una comunidad local políticamente organizada y expresada a través de su cabildo o ayuntamiento54. Era esa concepción la que esgrimían los pueblos bonaerenses al presentarse como "personas morales" y como cuerpos de voluntad unánime a la hora de reclamar su reconocimiento como tales. Por lo que pujaron obstinadamente apelando tanto a los recursos que legaba esa tradición como a los que ofrecía la revolución, y las oportunidades que les abría. Convertirse en cabecera de partido, incidir en la designación de alcaldes o comandantes y, si fuera posible, elegirlos o al menos convalidarlos fueron algunas de las estrategias ensayadas en pos de ese objetivo. Era el peligro que advertía el comandante de San Antonio de Areco, cuando les imputaba la pretensión de convertirse en "república" y elegir su propio "capitán general".

Ahora bien, si se coteja la experiencia bonaerense con las que se estaban produciendo en el resto de la antigua Intendencia, pueden advertirse diferencias sustanciales. Mientras que en las campañas oriental y entrerriana la política borbónica de las décadas de 1780 y 1790 derivó en la multiplicación de pueblos, a los cuales se les reconoció el estatuto de villas y el derecho a contar con cabildos, ello no sucedió en la campaña bonaerense, salvo en la Villa de Luján. Además, durante la revolución aquellas campañas se convirtieron en escenario de la guerra, mientras que la bonaerense ofició de retaguardia; en consecuencia, cuando en la Provincia Oriental la revolución multiplicaba aún más los cabildos rurales, el gobierno porteño logró evitarlo en su campaña. A su vez, en el litoral los vecindarios rurales, tuvieran o no cabildos, lograron imponer la práctica de elegir a los comandantes militares que los gobernasen, pero esa aspiración pudo ser contenida en la campaña bonaerense, al menos, hasta la crisis de 182055. La diferencia se explica: la desintegración del orden directorial en las campañas del litoral había sido muy anterior y completa.

Las experiencias y aspiraciones desatadas durante la era revolucionaria marcaron la agenda de los nuevos estados. A pesar de sus diferencias, los estados provinciales rioplatenses se consolidaron asociando la noción de "pueblo" a la de "provincia". Pero la consagración de esta asociación de sentido traía consigo la negación a los pueblos rurales de su derecho al autogobierno. Así, la instauración de una representación provincial que incluía las poblaciones rurales era el éxito del federalismo y de una concepción política que se construyó afirmando la soberanía provincial frente al poder central u otras entidades provinciales, pero imponiendo un gobierno interior a cada provincia de carácter centralizado y opuesto a las pretensiones autonómicas de sus pueblos rurales. Era, por cierto, muy distinta de la concepción enunciada por Artigas de la provincia como "unión de los pueblos libres", y su defensa de la "soberanía particular de los pueblos"56. Por tanto, la arquitectura institucional que adoptaron vino a acabar con la práctica de los vecindarios de elegir a sus comandantes locales.

En Buenos Aires, donde esa práctica nunca fue aceptada por los sucesivos gobiernos, se instauró un régimen representativo basado en un ejercicio amplio del sufragio y que incluía en la ciudadanía política a la población masculina libre, incluida la de la campaña. Sin embargo, no habilitó ninguna instancia de gobierno local electivo o representativo y el gobierno de los pueblos de campaña, que no se situaban en la línea de fronteras, quedó en manos de sus vecinos a través de jueces de paz seleccionados y cooptados por el gobierno provincial, mientras que las comandancias militares a cargo de oficiales regulares siguieron imperando en los pueblos fronterizos. En otros términos, en este aspecto al menos, el nuevo orden no era sino una versión remozada del antiguo.


Comentarios

* Este trabajo forma parte del Proyecto "Guerra y sociedad en el Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX . Formas de movilización, liderazgo e identidad colectiva", UBACYT N° 20020100100595.

1 Al respecto: Alfredo Ávila, "Las revoluciones hispanoamericanas vistas desde el siglo XXI", Revista de Historia Iberoamericana 1: 1 (2008): 10-39, y Federica Morelli, "Entre el antiguo y el nuevo régimen. La historia política latinoamericana del siglo XIX ", Historia Crítica 33 (2007): 122-155.

2 María del Carmen Salinas, Diana Birrichaga y Antonio Escobar Ohmstede, coords., Poder y gobierno local en México, 1808-1857 (Zinacantepec: El Colegio Mexiquense/El Colegio de Michoacán/Universidad Autónoma del Estado de México, 2011); Jaime Rodríguez O., La revolución política durante la época de la independencia. El Reino de Quito, 1808-1822 (Quito: Corporación Editora Nacional/Universidad Andina Simón Bolívar, 2006).

3 Eric Van Young, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821 (México: FCE, 2006); Marie Daniélle Demélas, Nacimiento de la guerra de guerrilla. El diario de José Santos Vargas (1814-1825) (La Paz: IFEA/ Plural, 2007).

4 José Carlos Chiaramonte, Ciudades, provincias, estados: orígenes de la Nación argentina (1800-1846) (Buenos Aires: Ariel, 1997); Gabriel Salazar, Construcción de estado en Chile (1760-1860). Democracia de los "pueblos". Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico (Santiago: Sudamericana, 2005); Isabela Restrepo Mejía, "La soberanía del 'pueblo' durante la época de la Independencia (1810-1815)", Historia Crítica 29 (2005): 101-123.

5 Antonio Aninno, "Cádiz y la revolución territorial de los pueblos mexicanos, 1812-1821", en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX . De la formación del espacio político nacional, coord. Antonio Annino (Buenos Aires: FCE, 1995), 177-226; Gabriela Tío Vallejo, "Rupturas precoces y legalidades provisorias. El fin del poder español en el Río de la Plata", Ayer 74 (2009): 133-162.

6 José María Portillo Valdés, Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispana (Madrid: Marcial Pons, 2006), 101-123. José Artigas (1764-1850) se constituyó a partir de 1811 en el líder de la insurgencia en la Banda Oriental, y desde 1813, en jefe de la nueva provincia y principal opositor a la dirigencia revolucionaria de Buenos Aires; desde 1815 condujo una Liga de los Pueblos Libres que extendió su influencia por todo el litoral rioplatense. Ver: Ana Frega, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. La región de Santo Domingo Soriano desde fines de la colonia a la ocupación portuguesa (Montevideo: Banda Oriental, 2007).

7 Raúl O. Fradkin, "Los actores de la revolución y el orden social", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" 33 (2010): 79-90.

8 La cuestión ha sido planteada en Juan Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997), e Irving Reynoso Jaime, Las dulzuras de la libertad. Ayuntamientos y milicias durante el primer liberalismo. Distrito de Cuernavaca, 1810-1835 (México: Nostromo, 2011).

9 Claudia Guarisco, "La Constitución de Cádiz y la participación política popular en la Nueva España, 18081821. Balance y nuevas perspectivas", Revista Complutense de Historia de América 33 (2007): 55-70; Víctor Peralta Ruiz y Marta Irurozqui Victoriano, Por la concordia, la fusión y el unitarismo. Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880 (Madrid: CSIC, 2000).

10 Recuérdese que la Junta Provisoria instaurada en Buenos Aires en mayo de 1810 fue sustituida a fines de ese año por una más amplia que incluyó a los diputados de las principales ciudades del Virreinato, pero no a los de los pueblos rurales. Desde septiembre de 1811 el poder supremo fue ejercido por un Triunvirato, y a partir de 1814, por un Director Supremo, hasta su disolución en febrero de 1820. El mejor análisis al respecto sigue siendo el de Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla (Buenos Aires: Siglo XXI, 1972).

11 José Carlos Chiaramonte, Marcela Ternavasio y Fabián Herrero, "Vieja y nueva representación: los procesos electorales en Buenos Aires, 1810-1820", en Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX , 19-64; Marcela Ternavasio, La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires, 1810-1852 (Buenos Aires: Siglo XXI, 2002); Vicente A. Galimberti, "La unanimidad en debate. Los procesos electorales en la campaña de Buenos Aires entre 1815 y 1828", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" 36 (2012): 85-114.

12 Estas fuentes provienen del Archivo General de la Nación (AGN), Buenos Aires-Argentina, División Nacional, Sala x, Fondos: Guerra, Gobierno y Sumarios Militares.         [ Links ]

13 El 1° de febrero de 1820 las fuerzas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y sus aliados derrotaron al ejército directorial en la batalla de Cepeda, provocando la disolución del Directorio y del Congreso y de lo que quedaba en vigencia del régimen de intendencias. Se abría, así, una situación de ausencia de toda autoridad central y un proceso de formación de entidades estatales que, aunque se proclamaban provinciales, asumían la condición de soberanas.

14 El análisis más completo de la economía y sociedad rural bonaerenses en Juan C. Garavaglia, Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-1830 (Buenos Aires: Ediciones de la Flor/IEHS/ Universidad Pablo de Olavide, 1999).

15 En 1813 el gobierno supremo tuvo que aceptar la formación de la Provincia Oriental; al año siguiente, la formación de dos nuevas provincias —Entre Ríos y Corrientes—, y en 1815, la de Santa Fe. Un examen actualizado de la formación de la Provincia de Buenos Aires en Raúl O. Fradkin, dir., Historia de la Provincia de Buenos Aires. De la Conquista a la crisis de 1820, t. 2 (Buenos Aires: UNIPE/EDHASA, 2012).

16 Juan Ramón Balcarce, "Organización de la caballería", Frontera de Luján, 28 de julio de 1815, en Museo Mitre, Documentos del Archivo de Pueyrredón, t. III (Buenos Aires: Imprenta de Coni Hermanos, 1912), 215-225.

17 María E. Barral y Raúl O. Fradkin, "Los pueblos y la construcción de las estructuras de poder institucional en la campaña bonaerense (1785-1836)", en El poder y la vara. Estudios sobre la justicia y la construcción del Estado en el Buenos Aires rural, 1780-1830, dir. Raúl O. Fradkin (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007), 25-58.

18 El mejor análisis de la composición y el funcionamiento de estas redes clientelares locales es el de José Mateo, Población, parentesco y red social en la frontera. Lobos (provincia de Buenos Aires) en el siglo XIX (Mar del Plata: UNMDP/GIHRR, 2001).

19 Por esta razón, lo sucedido en la Guardia de Luján en 1819 resulta paradigmático: acosado por la escasez de recursos, su comandante debió convocar a una "junta general de vecinos" para negociar con ellos las contribuciones y los auxilios que habrían de prestar para sostener la guarnición; véase: Expediente sin carátula, en ANG, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-1-2, exp. 535; y "Sumario formado sobre esclarecimiento de un altercado entre el comandante de esta Guardia Cptn. Pedro Orona y Tte. Cnel. Retirado Dn. Manuel Martínez Fontes vecino de ella", en ANG, División Nacional, Sala X, Sumarios Militares, x-30-1-5, exp. 664.

20 Oreste C. Cansanello, De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. Buenos Aires, 18101852 (Buenos Aires: Imago Mundi, 2003).

21 Clément Thibaud, "Formas de guerra y construcción de identidades políticas. La guerra de independencia (Venezuela y Nueva Granada 1810-1825)", en Revolución, independencia y las nuevas naciones de América, coord. Jaime Rodríguez O. (México: MAPFRE, 2005), 339-364.

22 "Informaciones tomadas, sobre la Conducta Publica del Comand.te Militar de la Jurisdicción y Pueblo de S.n Fernando de Buena Vista", en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-10-1, exp. 116.

23 Expediente sin carátula, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-11-3, exp. 318.

24 A principios de abril de 1815 se produjo una sublevación del Ejército y las milicias de campaña contra el Director Supremo, Carlos de Alvear, que derivó en su sustitución por el Cabildo de Buenos Aires, la constitución de una Junta de Observación y la sanción del Estatuto Provisional, que no casualmente reconocía derechos electorales a los vecinos de campaña, y a los cabildos, el mando directo de las milicias urbanas.

25 "Miguel Arauz al Gobernador Intendente", Villa de Luján, 9 de agosto de 1815, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra, X-8-8-4.

26 "Oficio del Cabildo de la Villa de Luján al Superior Gobierno", Villa de Luján, 4 de agosto de 1815, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra, X-8-8-4.

27 "Joseph Gerónimo Colman, Francisco Rocha y Roque Jazinto Peres al Gobernador Intendente", Villa de Luján, 14 de noviembre de 1815, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra, X-8-8-4.

28 A mediados de este año se dieron a conocer representaciones firmadas por decenas de "ciudadanos" de los pueblos de Areco, Pilar, Capilla del Señor, Villa y Guardia de Luján que apoyaron esta alternativa. El mejor análisis al respecto en Fabián Herrero, Movimientos de Pueblo. La política en Buenos Aires luego de 1810 (Buenos Aires: Ediciones Cooperativas, 2007).

29 "Acta del Cabildo de la Villa de Luján", 22 de agosto de 1812, en Archivo Histórico "Estanislao Zeballos" (AHEZ), Luján-Argentina, Cuaderno copiador de las Actas del Cabildo de la Villa de Luján,         [ Links ] N° 2, ff.175-175v. La importancia del gobierno de los jueces en los pueblos ha sido subrayada por Antonio Annino, "Imperio, constitución y diversidad en la América Hispana", Historia Mexicana LVIII: 1 (2008): 179-227.

30 "Representación de los Vecinos Patricios de Fortín de Areco", 1816, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra, x-9-3-2.

31 "Sumario formado para el esclarecimiento de la acusación hecha por el comandante de este punto contra las personas del Alcalde D. Manuel Antonio Coll y el Sargento Mayor D. Antonio Uriarte", 1818, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-5, exp. 996; "Sumaria información seguida contra el Español Juan Coll por haber sido acusado de inovediente á las órdenes dadas p.r el Comandante de este punto", 1818, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-10-4, exp. 229.

32 "Sumario contra Don Pedro Zoylo de Bergara, Capitán de Caballería acusado por los vecinos de la Guardia de Rojas de haberles hecho varios vejámenes y piden la remoción de Bergara de aquella comandancia de dicha Guardia", 1815, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-3, exp. 952.

33 "Criminal contra Antonio Uriarte sargento mayor del expresado regimiento acusado de mal manejo y conducta en los desempeños de su cargo", 1818, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-2, exp. 923

34 José Carlos Chiaramonte, "La antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852", Desarrollo Económico 50: 199 (2010): 331-361.

35 Entre febrero y octubre de 1820 se sucedieron distintos gobiernos, y por momentos coexistieron varios simultáneamente. A su vez, durante varios meses el territorio provincial estuvo ocupado por fuerzas militares de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El procesamiento de la crisis dio lugar a la aparición de una nueva institución, la Junta de Representantes, cuya función primordial era inicialmente elegir al Gobernador, y que se conformaba con diputados electos por la ciudad y su campaña. Una vez expulsadas las fuerzas santafesinas del territorio, en septiembre fue electo el Gobernador Martín Rodríguez, y la Junta se transformó en una institución permanente de carácter legislativo. Con el apoyo de toda la élite económica social y de la mayor parte de la élite política revolucionaria, ese gobierno (1820-1824) acometió la tarea de diseñar la arquitectura institucional del nuevo estado provincial y restaurar el orden social.

36 Raúl O. Fradkin y Silvia Ratto, "Territorios en disputa. Liderazgos locales en la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1815-1820)", en Desafíos al Orden. Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia, comps. Raúl Fradkin y Jorge Gelman (Rosario: Prohistoria, 2008), 37-60.

37 "Cornelio Saavedra al Director Supremo", Villa de Luján, 21 de marzo de 1819, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra, x-11-2-5; "Francisco de Uzal al Ministro de Estado en el Departamento de la Guerra", Posta de la Cañada de Rocha, 27 de noviembre de 1819, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra: Comandantes de Campaña y Frontera, x-11-3-3.

38 "Hilarión de la Quintana al Comandante de las fuerzas de mar y tierra de la provincia", 4 de marzo de 1820, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra: Correspondencia entre el Gobernador en Campaña Manuel Dorrego y el Gobierno substituto, x-11-8-5.

39 "Cornelio Saavedra al Director Supremo", Villa de Luján, 9 de agosto de 1819, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra, Delegado de Campaña, x-11-2-5.

40 "Alejo Matos al Gobernador, Baradero", 27 de febrero de 1820, en AGN, División Gobierno Nacional, Soler, Balcarce y Rodríguez, Comandantes y Alcaldes de Campaña, x-11-8-9.

41 Junta de Historia y Numismática Argentina y Americana, Gaceta de Buenos Aires. Reproducción fascimilar (1810-1821), t. 6 (Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1915 [1820-1821]), 128-130.

42 "Sumario contra varios oficiales y sargentos acusados de complot intentado en San Nicolás de los Arroyos contra el comandante militar Coronel don Celestino Vidal", 1820, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-4, exp. 975.

43 "Estanislao Soler al Gobernador Manuel de Sarratea", Villa de Luján, 15 de abril de 1820, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra: El General Miguel Soler y el Exmo. Sr. Gobernador. Correspondencia, x-11-7-3.

44 De este modo, se suprimían las Comandancias Militares de Ensenada, San Fernando, San Pedro, Baradero, San Nicolás, Pilar, Arrecifes y Cañada de la Cruz.

45 "Plaza de Buenos Ayres, año de 1820. Sumario seguido contra el coronel graduado Dn. Francisco Usal por el hecho cometido contra el paysano Gregorio Basquez", 1820, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-3-2, exp. 924.

46 "Cornelio Saavedra al Gobierno", Arrecifes, 28 de enero de 1821, en AGN, División Nacional, Sala x, Guerra: Correspondencia del Gral. Saavedra desde Arrecifes, x-12-4-3.

47 "Sumario Contra el Cap.n graduado de Sarg.to Mayor y Comand.te de la Gua. de Luxan Dn. Anacleto Millan acusado de haver dado 50 asotes al individuo del fuero coman Gregorio Paes", 1821, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-1-3, exp. 605.

48 Expediente sin carátula, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-29-11-6, exp. 400.

49 "Contra D. Juan Ceballos y vecinos del Fortín de Areco por haber subscripto una representación tumultuaria", 1822, en Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (AHPBA), La Plata-Argentina, Fondo Juzgado del Crimen,         [ Links ] 34.3.46, exp. 4.

50 Jorge Gelman, "Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires. Estado y sociedad en la primera mitad del siglo XIX ", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" 21 (2000): 7-32.

51 Juan Carlos Garavaglia, "Elecciones y luchas políticas en los pueblos de la campaña de Buenos Aires: San Antonio de Areco (1813-1844)", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" 27 (2005): 49-74.

52 Registro Oficial 9, Buenos Aires, 23 de marzo, 1822, 115.

53 "Información sumaria contra el Cap.n reformado y Comd.te Militar de la Guardia de Navarro D. Juan Pascual Martines", 1821, en AGN, División Nacional, Sala x, Sumarios Militares, x-30-2-1, exp. 546.

54 Noemí Goldman y Gabriel Di Meglio, "Pueblo/Pueblos", en Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, ed. Noemí Goldman (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008), 131-144; y José María Portillo Valdés, "Pueblos y naciones: los sujetos de la independencia", Historia y Sociedad 23 (2012): 17-35.

55 Un examen al respecto en Raúl O. Fradkin, "La revolución en los pueblos del litoral rioplatense", Estudios Ibero-Americanos 36: 2 (2010): 242-265.

56 José Gervasio Artigas, Obra selecta (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2000).


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