Introducción

"Hoy soplan vientos de agitación, de subversión e indisciplina por todas las tierras de Chile, desde Coquimbo a Llanquihue. Movimientos sistemáticamente orientados han llevado la intranquilidad a los campos. Inquilinos y grupos políticos se apoderan de los fundos. Un clima de odio y resentimiento reina hoy donde ayer había tranquilidad"¹.

Entre 1967 y 1973, Chile vivió el ciclo de conflictividad social más destacado del siglo XX, cuando "los movimientos sociales alcanzaron un protagonismo histórico y logros nunca antes vistos" convirtiendo esta etapa en la de "mayor experiencia histórica de participación popular"². Este ciclo también tuvo notable repercusión en el campo, donde se produjeron "una movilización y organización del campesinado nunca vistas antes"³. Fiel reflejo de la importancia que alcanzaron los conflictos campesinos en Chile durante este período, y del impacto que tuvieron en la opinión pública coetánea, fue la aparición durante la propia década de 1970 de numerosos estudios académicos sobre estos conflictos⁴, varios de los cuales investigaron la provincia de Cautín⁵. En los últimos años, aún se han seguido publicando investigaciones sobre el tema, basadas en las perspectivas de nuevas tendencias historiográficas como la historia de género⁶, o los estudios étnicos, que en Cautín se han centrado en los conflictos protagonizados por las comunidades mapuches⁷.

No obstante, y sin desconocer su importancia, estos trabajos presentan un conjunto de carencias que es necesario resaltar. Respecto a los estudios pioneros de los setenta, desde el punto de vista metodológico, estas investigaciones se basaron en documentación gubernamental del ámbito nacional, que comúnmente distorsiona la dimensión exacta de la movilización campesina, por lo que desde hace tiempo los especialistas han reivindicado la escala regional como marco para el desarrollo de los estudios de los conflictos campesinos⁸. Desde el punto de vista teórico, esos trabajos se sustentaron en la teoría de la lucha de clases, determinando una visión unicausal que presuponía que sólo se producían conflictos sociales entre dos clases sociales antagónicas (patrones y campesinos), definidas por una ideología y militancia política concretas (conservadores y revolucionarios). Sin embargo, como los nuevos enfoques teóricos han señalado, la protesta campesina no siempre se articuló en torno al movimiento obrero, ni siguió un proceso evolutivo y lineal, ni mucho menos, el campesinado actuó como una única clase social, sino que tuvo diferentes expresiones, a veces contradictorias, muchas de las cuales son anteriores a la definición de una conciencia de clase⁹.

Por su parte, las investigaciones más recientes, si bien han ampliado la visión del conflicto social al incluir el análisis de parámetros como el género o la etnia, a menudo han marginado las visiones de conjunto. Por ejemplo, en el caso concreto de los estudios sobre Cautín, frente a la especial atención que han tenido los conflictos indígenas, se han obviado otras manifestaciones de conflictividad rural como el sindicalismo campesino, del que se carece de estudios. Ante lo dicho, parece necesario profundizar en investigaciones sobre los conflictos campesinos e indígenas a escala regional que permitan conocer otras dimensiones de los conflictos, pero sin que ello suponga sacrificar visiones de conjunto que reflejen el dinamismo y la complejidad de la conflictividad rural y de los sujetos que participaron en ésta.

En este sentido, este texto retoma el estudio de los conflictos rurales entre 1967 y 1973 eligiendo como ejemplo la provincia de Cautín, en la región de La Araucanía, situada en el sur de Chile (mapa 1). Ésta se caracteriza por ser un importante centro de producción agrícola, especialmente de cultivo triguero. Sin embargo, la agricultura regional careció de tecnificación, al basar su rentabilidad en la puesta en producción de amplias superficies de tierra y el mantenimiento de bajos salarios, lo cual se tradujo, desde el punto de vista social, en la existencia de importantes capas de población pobre, que convirtió a La Araucanía en la región socioeconómicamente más atrasada del país¹⁰. Otra de las peculiaridades de la región es la notable presencia de población mapuche -la mayor del país¹¹-, la cual, junto a los campesinos sin tierra, conformaba los sectores más desfavorecidos de la sociedad provincial. Ante estos antecedentes, no es de extrañar que Cautín fuera uno de los focos de conflictividad campesina e indígena más importantes del país en un período tan convulso como el estudiado en este artículo.

La investigación utiliza dos tipos de fuentes del ámbito regional: documentación periodística de El Diario Austral, que es el único diario de la región; y documentación archivística del gobierno provincial (intendencia de Cautín), que incluye una amplia diversidad de documentos (oficios, providencias, informes, telegramas, entre otros) custodiados en el Archivo Regional de la Araucanía (ARA). A través del análisis de esta documentación se han podido identificar y analizar diversas expresiones del conflicto rural, desde "antiguas" (o reactivas) acciones de rebeldía campesina -el bandolerismo- hasta "modernas" (o proactivas) formas de movilización colectiva -el sindicalismo campesino-¹². Sin olvidar manifestaciones de protesta como las ocupaciones ilegales de tierras, que si bien tuvieron un carácter tradicional, a través ellas se reivindicaron tanto viejas demandas heredadas por décadas como nuevos derechos adquiridos. (Mapa 1)

Fuente: elaboración propia a partir de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), Santiago-Chile, Mapoteca <http://www.bcn.cl/>.

Mapa 1 Localización de la región de La Araucanía y de la provincia de Cautín 

1. Contexto político y social del campo chileno

La década de 1960 fue una época de intensas transformaciones en el campo chileno como consecuencia de tres factores: 1) los cambios en la estructura agraria derivados de la crisis de la hacienda tradicional; 2) los apoyos que se dieron desde los centros urbanos para la conformación y expansión del asociacionismo campesino; 3) y la modificación del clima político, donde los principales partidos políticos comenzaron a integrar en sus programas reformas que afectaban al campesinado¹³. Todas estas transformaciones sociales terminaron por reflejarse en la vida política del país, cuando en 1964 alcanzó la Presidencia el democratacristiano Eduardo Frei, quien aplicó toda una serie de políticas reformistas para modernizar, normalizar y regularizar las relaciones sociolaborales en el campo¹⁴. Entre ellas destacaron dos leyes promulgadas en 1967: la de sindicación campesina (nº 16.625)¹⁵, que legalizaba de facto el sindicalismo campesino; y la de reforma agraria (nº 16.640)¹⁶, que permitía la expropiación de millones de hectáreas de latifundios para asentar campesinos. Ambas leyes tuvieron un gran impacto en el campesinado del país, por lo que ese año ha sido considerado el punto de inflexión en la eclosión del movimiento campesino.

En lo que respecta a las políticas específicamente indígenas, durante la década de 1960 éstas se articularon en torno a la Dirección de Asuntos Indígenas (Dasin), un organismo estatal que gestionaba iniciativas para el desarrollo socioeconómico de las comunidades; y a la Ley nº 14.511 de 1961¹⁷, que legitimaba la división territorial de las comunidades mapuches desprotegiendo sus tierras frente a las coyunturas del mercado. La situación legal de los indígenas no cambió con el gobierno de Frei, ya que el pensamiento democratacristiano integraba (y con ello invisibilizaba) el problema indígena dentro de la cuestión campesina general¹⁸. Por estas razones, el movimiento mapuche se acercó de manera progresiva a los partidos de izquierda buscando aliados políticos para dar eco a sus demandas, principalmente la derogación de la Ley nº 14.511. El principal ejemplo de este acercamiento fue el Pacto de Cautín, un compromiso electoral establecido en 1964 entre Salvador Allende y líderes de diversas organizaciones mapuches, donde el primero se comprometía a derogar la mencionada ley. Todo esto explica que sólo hasta el gobierno de la Unidad Popular (UP) se concretaron las políticas indígenas reformistas. En diciembre de 1970, en el marco del II Congreso Nacional Mapuche, el recién elegido presidente Allende recogió un proyecto de ley indígena que presentó al Parlamento en mayo de 1971, el cual, tras diversas modificaciones parlamentarias, fue aprobado en septiembre de 1972 con el numeral 17.729¹⁹. Esta ley suprimía la de 1961 y sustituía la Dasin por el Instituto de Desarrollo Indígena, pero, sobre todo, creaba instrumentos que permitían restituir las tierras usurpadas a las comunidades indígenas. No obstante, a pesar de que estas reformas abrían una etapa de acercamiento positivo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, en la práctica la nueva legislación no pudo aplicarse porque acusó problemas de financiación y apenas tuvo un año de vigencia, debido al advenimiento del golpe militar de septiembre de 1973²⁰.

A tenor de lo expuesto, y si se tiene en cuenta que los ciclos de protesta surgen con la apertura de nuevas "oportunidades políticas" que posibilitan la mejora de las condiciones de las clases populares²¹, es fácil entender por qué a partir de 1967 se inició un intenso ciclo de conflictividad social en el campo chileno, que se manifestó principalmente mediante dos expresiones: la generalización del movimiento sindical campesino y de los conflictos socio-laborales asociados a éste; y la extensión de las ocupaciones ilegales de tierras, conocidas en Chile como tomas de fundos, donde se reivindicaban la expropiación y redistribución de los latifundios del país²². Sin embargo, como ya se ha advertido, las nuevas tendencias historiográficas señalan que muchas de las expresiones de protesta campesina tienen naturaleza contradictoria y son anteriores a la definición de una conciencia de clase. El caso de Cautín entre 1967 y 1973 es un buen ejemplo de ello, ya que, frente a la movilización sindical y los conflictos territoriales, todavía pervivían manifestaciones de rebeldía individual propias de otros tiempos, como el cuatrerismo.

2. Cuatrerismo en Cautín: la pervivencia de la rebeldía campesina tradicional

Los estudios de Eric Hobsbawm en torno al "bandolero social"²³ abrieron nuevas y sugerentes vías de investigación que han mostrado que el bandolerismo ha sido una de las expresiones de rebeldía social más extendidas en la sociedad campesina tradicional. Sin embargo, como ya han señalado numerosos investigadores²⁴, el concepto hobsbawmiano que centra su atención en los bandoleros "nobles" que delinquían para corregir las injusticias y abusos sociales refleja más el mito creado en la conciencia colectiva popular que la realidad misma del bandolero. Por ello han surgido otros conceptos que atienden a situaciones más generalizadas del fenómeno, como es el "bandolerismo de subsistencia"²⁵. Dentro de este tipo se incluyen los bandoleros que mayormente se han identificado en Chile, los cuales se dedicaban de forma permanente a la ejecución de actividades delictuales en beneficio propio y exclusivo para mantener su forma de vida²⁶. En el caso concreto de La Araucanía, los estudios han mostrado que fue un importante foco de "bandolerismo de subsistencia" durante el siglo XIX²⁷.

No obstante, y a pesar de que la historiografía ha señalado cómo a partir de 1920 se percibe un progresivo descenso del bandolerismo en la región²⁸, la documentación manejada en esta investigación muestra que todavía en la década de 1960 existía en Cautín una destacable actividad bandolera en forma de cuatrerismo, lo cual confirma que este fenómeno no fue exclusivo sólo de ámbitos rurales precapitalistas, sino que también puede darse en sociedades rurales relativamente desarrolladas²⁹. En efecto, el abigeato levantó serias preocupaciones entre los agricultores cautinenses de aquellos años, como refleja un memorándum del Sindicato Profesional de Empleadores Agrícolas de Lautaro de diciembre de 1970: "El robo de animales ha recrudecido en forma alarmante en Lautaro. A los agricultores Carlos Taladriz y Manuel García, en los últimos 2 años se les ha robado más de 150 animales, y prácticamente no hay agricultor de Lautaro que no haya sido víctima de estos robos, que son hechos por indígenas y cuatreros profesionales"³⁰.

Las propias páginas de El Diario Austral noticiaron de forma recurrente robos de ganado y la detención de bandas de cuatreros. Sin ir más lejos, y de nuevo en Lautaro, el diario señalaba cómo en las últimas semanas de 1967 se produjo la detención de una veintena de sospechosos por abigeato³¹; y años más tarde, durante los últimos días del gobierno de la UP se realizaron dos operaciones policiales en Cunco, donde se capturaron sendos grupos de cuatreros³². La cuestión del abigeato iba más allá del simple robo de animales, y en ocasiones provocaba serios incidentes violentos, como sucedió con la balacera producida entre dos cuatreros y una patrulla de carabineros en el sector "Las Garzas", a apenas ocho kilómetros de la capital provincial, Temuco³³. La preocupación ante los problemas ocasionados por el cuatrerismo llegó a tal extremo que incluso el intendente de Cautín pidió ayuda a la comandancia de las Fuerzas Armadas para combatirlo³⁴.

Respecto a los sujetos, a través de las noticias de la prensa se percibe una notable presencia de mapuches entre los implicados en el robo de animales, algo que ya sucedía desde los tiempos de la ocupación de La Araucanía³⁵. La implicación de mapuches en los actos de cuatrerismo también derivó ocasionalmente en episodios violentos, como sucedió en la reducción Huerqueco (también en Lautaro), donde se produjo un enfrentamiento entre carabineros e indígenas cuando los primeros intentaron detener a un acusado por abigeato³⁶.

El sustento económico de los cuatreros eran el contrabando de animales y la venta ilegal de carne. El primero también tenía una larga tradición en Chile, tanto en la región de La Araucanía como en las comarcas del Valle Central, siendo su principal destino Argentina³⁷. Según el subsecretario de Tierras y Colonización, la causa de la pervivencia de esta actividad en Cautín durante los años sesenta era la falta de infraestructuras para controlar la totalidad de los pasos cordilleranos de la provincia: "esta provincia tiene por lo menos siete pasos cordilleranos utilizables para el arreo de ganado y que sólo dos están habilitados con puestos fronterizos [...]. Es decir, que por cinco otros boquetes cordilleranos el contrabando de animales hacia Argentina está libre y sin control alguno"³⁸.

La venta ilegal de carne se realizaba en mataderos clandestinos que se abastecían de animales robados. La existencia de estos establecimientos tampoco era nueva en el país, y desde el siglo XIX hay referencias de la extensión de esta actividad en Chile³⁹. Ya en el siglo XX, el asunto seguía teniendo plena vigencia, como bien muestra el hecho de que en 1954 se promulgó una ley para combatir la existencia de mataderos ilegales⁴⁰. En el caso de Cautín, estos mataderos se concentraban en la capital provincial⁴¹ y faenaban carne cuyo destino eran los mercados urbanos del país, incluido Santiago, como sucedía, por ejemplo, con el matadero desmantelado en enero de 1973 cerca de Temuco, donde "Los sujetos actuaban en combinación con transportistas que trasladaban la carne a la capital con las cajas bien envueltas y disimuladas en el interior de la carga de camiones de transporte"⁴².

En definitiva, durante la década del setenta, y a pesar de las políticas de modernización política y social, todavía pervivía en Cautín una notable actividad cuatrera heredada del viejo bandolerismo de La Frontera. No obstante, conviene no olvidar que en aquellos años el cuatrerismo era una expresión de rebeldía campesina en retroceso, todo lo contrario de lo que sucedía con las nuevas formas de protesta campesina de carácter colectivo vinculadas al asociacionismo y la reivindicación de derechos sociales y laborales.

3. Sindicalismo campesino y huelga agraria: las expresiones modernas de la protesta campesina

La eclosión de la cuestión social en Chile durante los primeros años de la década de 1920 permitió el surgimiento de las primeras asociaciones y los iniciales conflictos campesinos vinculados al movimiento obrero⁴³. Las consecuencias socioeconómicas de la crisis de 1929 no hicieron otra cosa que favorecer la expansión del asociacionismo campesino en diversos puntos del país, entre ellos La Araucanía, donde en aquellos años se crearon el Sindicato Agrícola de Lonquimay, en 1929, y el Sindicato de Aspirantes a Colonos e Inquilinos de Cautín, en 1939⁴⁴, y se produjo la más importante revuelta campesina conocida en el país: la revuelta de Ranquil⁴⁵. Sin embargo, a pesar de estos incipientes avances, en los años posteriores, y salvo determinadas coyunturas políticas que permitieron su expansión puntual, el movimiento campesino chileno se destacó más por sus ausencias que por sus presencias, y sólo hasta la década de 1960, a raíz de las políticas reformistas del gobierno de Frei, y específicamente de la ley de sindicación campesina, se produjo una expansión del sindicalismo en las zonas rurales de Chile⁴⁶. De este modo, si en 1966 existían en el país 201 sindicatos campesinos, con poco más de 10.000 afiliados, en 1970 el número de sindicatos aumentó a 510, con más de 114.000 asociados, y en 1973 se llegó a 870 sindicatos, que alcanzaron los casi 230.000 campesinos sindicalizados⁴⁷.

Este sindicalismo se constituyó en torno a tres grandes organizaciones. La primera se creó en 1965, de la mano de los sectores más progresistas de la Iglesia católica, bajo la denominación Confederación Nacional Campesina "Libertad". Frente a ella surgirán, ya al amparo de la nueva ley de sindicación campesina, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas "Triunfo Campesino", impulsada por el gobierno democratacristiano de Eduardo Frei, y la Confederación Nacional de Campesinos e Indígenas "Ranquil", que aglutinaba los sindicatos de inspiración socialista y comunista. Estas dos últimas confederaciones asumieron de inmediato el liderazgo del sindicalismo campesino chileno, por estar vinculadas a los gobiernos existentes entre 1967 y 1973. De este modo, si la Confederación "Triunfo Campesino" fue la principal organización sindical campesina del país hasta 1970, cuando alcanzó los 64.000 afiliados, a partir de ese año, con el cambio de gobierno, fue la Confederación "Ranquil" la que obtuvo el liderazgo, alcanzando en 1971 los 97.782 asociados⁴⁸.

La provincia de Cautín también vivió este proceso de expansión del sindicalismo campesino. Si en 1967 sólo había 1.648 campesinos sindicalizados, en 1970, tras tres años de aplicación de la ley de sindicación campesina, esta cifra se cuadruplicó llegando a 6.474 repartidos en 26 sindicatos. La mayoría de éstos, 20 sindicatos y 5.111 afiliados, se integraban en la Federación Provincial de Trabajadores Agrícolas "Presidente Frei", fundada en 1967⁴⁹, la cual, como su propio nombre indica, se integraba en el entonces sindicalismo oficialista de la Confederación "Triunfo Campesino"⁵⁰.

La expansión del sindicalismo campesino provincial continuó tras el cambio de tendencia política del gobierno en septiembre de 1970. Así, en 1971 se duplicaron las cifras de afiliaciones respecto al año anterior alcanzando los 12.739 campesinos. Esta expansión se debió esencialmente, del mismo modo que ocurrió en el resto del país, al impulso que tuvo la creación de sindicatos afines a la UP, integrados en la Federación Provincial de Trabajadores Agrícolas "Luis E. Recabarren"⁵¹, que a su vez formaba parte de la Confederación "Ranquil". De los 6 sindicatos izquierdistas que existían en 1970 se pasó a 19 en 1971. Aun así, y al contrario de lo que sucedió en el conjunto de Chile, en Cautín la organización sindical campesina más importante siguió siendo la vinculada al Partido Demócrata Cristiano (PDC), esto es, la Federación "Presidente Frei", que en 1971 tenía más de 7.000 afiliados, frente a los 5.700 de la "Luis E. Recabarren"⁵².

La conformación del asociacionismo es uno de los elementos esenciales para la difusión de la acción colectiva de movimientos sociales nacionales⁵³; de ahí que la expansión del sindicalismo campesino en Chile durante finales de la década de 1960 se reflejó de forma casi paralela en la expansión de las protestas colectivas campesinas, la mayor parte de ellas relacionadas con reclamaciones económico-laborales, que de manera específica demandaban aumento de salarios⁵⁴. A través de la gráfica 1 se puede ver cómo los campesinos chilenos comenzaron a utilizar la huelga de forma generalizada a partir de 1966, incluso antes de la promulgación de la ley de sindicación campesina en 1967, la cual no sólo legalizaba los sindicatos, sino también la huelga. Por lo tanto, no puede decirse que la generalización de las huelgas agrícolas fuera consecuencia directa de la ley de sindicación campesina, sino que es un fenómeno bidireccional, esto es, impulsado desde abajo por los campesinos que plantearon conflictos para resolver sus problemas laborales; y desde arriba, por el deseo de las autoridades de encauzar esos conflictos por la vía legal.

Fuente: Bruna, "Chile: las luchas", 115-116 y 131

Gráfica 1 Huelgas agrícolas y tomas de fundos en Chile, 1960-1971 

Cautín también acogió huelgas campesinas, aunque muchas menos que en otras partes del país⁵⁵. De hecho, sólo se han constatado nueve huelgas campesinas, todas desarrolladas a escala comunal y predial, principalmente en comunas en el suroriente de Temuco (Vilcún, Cunco y Freire). Sin embargo, esto no quiere decir que en Cautín no existieran conflictos sindicales campesinos, sino que éstos tuvieron otras vías de resolución⁵⁶ como la negociación colectiva de pliegos de peticiones. Dentro de dichos conflictos se destacó una serie de conflictos que se desarrollaron a escala provincial afectando a decenas e incluso centenares de fundos y miles de campesinos, principalmente con ocasión de las negociaciones salariales de cara a los trabajos estivales. La extensión de esta acción sindical a escala provincial es un buen reflejo de la capacidad del campesinado para adaptarse a las nuevas formas de movilización colectiva que se generalizaron por aquellos años.

La mayor parte de estos conflictos fueron impulsados por la Federación "Presidente Frei", la cual -como se advirtió- era la principal central sindical campesina de Cautín. Así, en 1968, 3.500 trabajadores de alrededor de 200 fundos plantearon un pliego de peticiones de carácter colectivo reclamando aumento salarial, negociación que terminó con un rápido acuerdo⁵⁷. El acta firmada tenía vigencia hasta abril de 1969, por lo que este año se planteó un nuevo pliego de peticiones⁵⁸. En esta ocasión no sólo no hubo un rápido acuerdo, sino que con el tiempo el conflicto aumentó en sus dimensiones: si a mediados de febrero afectaba a 62 fundos de la provincia, tres semanas más tarde implicaba a más de 120⁵⁹. Finalmente se llegó a un acuerdo el 21 de marzo, donde se establecieron "reajustes de un 30 por ciento en dinero o salarios que regían el 31 de diciembre de 1968", poniendo fin a un conflicto que afectó "a no menos de 5 mil obreros del campo"⁶⁰.

Como esta última acta de avenimiento tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 1971, sólo hasta entonces se plantearon nuevas demandas salariales, en concreto, que "El salario diario mínimo se fijara en la suma de Eº 27"⁶¹. El contexto de efervescencia social que vivía Cautín por aquellos días se dejó sentir en la magnitud del conflicto, tanto por el número de predios implicados, 244⁶², como por la duración, ya que hasta el 26 de abril no se alcanzaron acuerdos en la totalidad de los conflictos abiertos, por entonces 98⁶³. En esta ocasión el convenio tenía vigencia hasta el 31 de marzo de 1972, pero, al contrario de lo ocurrido en otras ocasiones, en ese año no hubo conflicto laboral alguno, lo que no quiere decir que los sindicatos campesinos no plantearan más conflictos, sino que modificaron su naturaleza, sustituyéndose las demandas sociolaborales por políticas, y pasando de ser iniciativas de organizaciones provinciales a convocarse a escala nacional.

La primera de ellas fue la huelga general campesina del 12 de mayo de 1970, convocada por las tres grandes confederaciones sindicales campesinas del país ("Libertad", "Triunfo Campesino" y "Ranquil"), que no sólo reivindicaron derechos sociolaborales (incumplimientos de las leyes sociales y de los jornales mínimos), sino también demandas políticas, tanto desde el punto de vista de la política agraria (aceleración reforma agraria) como de la política general (condena del asesinato de un funcionario de la Corporación de Reforma Agraria [CORA] por parte de un grupo de latifundistas durante un acto de expropiación)⁶⁴. Este paro tuvo poca repercusión en Cautín, y sólo fue secundado por algunos campesinos de las comunas de Villarrica, Loncoche y, sobre todo, Vilcún⁶⁵.

Una huelga exclusivamente política fue el paro de veinticuatro horas que convocó la Confederación "Triunfo Campesino" para el 29 de diciembre de 1971, en oposición a la política agraria del gobierno de la UP, que concretamente rechazó la formación de Centros de Reforma Agraria y Consejos Campesinos (que eran órganos de representatividad campesina creados por el Gobierno), y pidió la dimisión del ministro de Agricultura⁶⁶. En esta ocasión, el paro sí tuvo una importante repercusión en Cautín y la prensa provincial hablada, con 15.000 campesinos adheridos⁶⁷. Aunque esta cifra puede ser exagerada, más si tenemos en cuenta el carácter opositor del periódico, a tenor de la documentación gubernamental consultada, la movilización tuvo notable seguimiento, y se produjeron además numerosos disturbios en forma de bloqueos de carreteras y vías de ferrocarril⁶⁸.

La última movilización huelguística de importancia que ocurrió en Cautín sucedió en octubre de 1972, y también tuvo motivaciones únicamente políticas. En este caso fue la Federación de Asentamientos Campesinos (vinculada a la Federación "Presidente Frei"), quien convocó para el día 24 a un paro de 72 horas, en apoyo del paro nacional de transportistas, iniciado el 11 del mismo mes⁶⁹. Dicha convocatoria tuvo éxito sobre todo en las comunas de Freire y Vilcún⁷⁰. El 29 del mismo mes, la Confederación "Triunfo Campesino" aumentó la presión de la protesta anunciando un paro indefinido que se iniciaría el día 31; según sus declaraciones: "ante la negativa del señor Presidente de la República a dar solución a los problemas de los gremios que se encuentran en conflicto estando dentro de éstos gremios nuestra Confederación al igual que otras organizaciones campesinas como son la Confederación de Asentamientos y Cooperativas de Reforma Agraria, etc."⁷¹. No obstante, esta última convocatoria no prosperó porque a los pocos días el nuevo ministro de Agricultura llegó a un acuerdo con los convocantes⁷².

En resumen, el campesinado de Cautín asumió desde 1967 las nuevas formas de movilización mediante la conformación de sindicatos, pero frente a la preponderancia de los sindicatos socialistas y comunistas y la utilización de la huelga campesina que se dio en el conjunto de Chile, sobre todo a partir de la conformación del gobierno de la UP, en la provincia de estudio se mantuvo la influencia mayoritaria de sindicatos vinculados al PDC y se utilizó preferentemente la negociación colectiva de pliegos de peticiones para resolver los conflictos sociolaborales planteados.

4. Tomas de fundos: entre la tradición y la modernidad

Como ya se señaló, más allá del sindicalismo y la huelga, la otra gran expresión de conflictividad campesina que se extendió en Chile entre 1967 y 1973 fue la ocupación ilegal de tierras⁷³. En este sentido, las tomas de fundos no eran nuevas en el país, sino que ya habían sido utilizadas desde tiempo atrás, en especial por comunidades mapuches que reclamaban la restitución de sus tierras ancestrales, tal y como ocurrió en 1933 en terrenos de la Sociedad Agrícola El Budi y la Sociedad Toltén⁷⁴. También se produjeron algunas tomas indígenas en los primeros años de la década del sesenta, como sucedió en 1961 en el fundo Chihuahue de la provincia de Malleco; en 1962, en el mismo fundo Chihuahue, y en los fundos Pangal y Huape (provincia de Arauco) y Hueñalihuén (Cautín); y en 1963, en los fundos El Manzano (Cautín), El Potrero (Arauco) y Los Sauces (Malleco)⁷⁵.

A pesar de todo, éstos fueron conflictos aislados y puntuales, y sólo hasta 1969 las tomas se generalizaron, concretamente en el entorno rural de Santiago, donde tuvieron lugar 81 ocupaciones (de las 148 registradas en el país). En aquel tiempo se estaban modificando las prioridades en las demandas de los campesinos de Chile. Frente a las reivindicaciones salariales, se comenzó a exigir participación en la reforma agraria. Este cambio de intereses supuso un cambio de estrategia en la protesta, que de manera progresiva abandonó la negociación colectiva y la huelga por la ocupación ilegal de terrenos, ya que si los primeros eran instrumentos válidos en la resolución de conflictos laborales, la toma tenía más utilidad real y simbólica para reivindicar la expropiación de terrenos⁷⁶.

La importancia de las demandas territoriales aumentó a raíz de la campaña presidencial de 1970, cuando la intensificación del proceso de reforma agraria se convirtió en uno de los ejes centrales del debate político nacional⁷⁷. De este modo, en 1970 las tomas de fundos se extendieron a otras provincias del país, en especial de la zona sur (Valdivia, Osorno, Llanquihue y también Cautín), aumentando el número total de ocupaciones hasta 456. No obstante, sólo hasta 1971 (con 1.278 casos) las tomas de fundos alcanzaron su cénit, convirtiéndose en la principal expresión de protesta campesina del país (gráfica 1)⁷⁸. Su generalización es otra muestra del dinamismo de la protesta campesina, ya que si bien la ocupación de tierra ha sido considerada como una expresión de protesta tradicional⁷⁹, ésta fue utilizada por el campesinado chileno para demandar acceso a la tierra amparándose en los derechos obtenidos con la nueva ley de reforma agraria.

Del mismo modo que aconteció con la evolución del sindicalismo campesino, Cautín reflejó la tendencia nacional. En este sentido, si se siguen utilizando los datos de Susana Bruna⁸⁰, se observa que en la provincia apenas ocurrieron dos tomas de fundos en 1968 y otras dos en 1969; siendo 54 en 1970, y 112 en 1971. En total, 170 tomas entre 1967 y 1971. Sin embargo, las fuentes en que se basan estas cuantificaciones son de carácter nacional, por lo que no logran reflejar la verdadera dimensión de los conflictos ocurridos en las provincias. Por ello, al utilizar documentación regional se ha cuantificado un total de 234 ocupaciones ilegales para ese mismo período (1967-1971); y 320 para 1967 y 1973. Estas cifras son una muestra evidente de la importancia de los estudios de ámbito regional para obtener una mejor comprensión de los conflictos campesinos.

Una distribución trimestral de las tomas de fundos en la provincia (gráfica 2) muestra que la primera oleada se inició en julio-septiembre de 1970, con doce ocupaciones. Pero fue claramente a partir de los últimos meses del año cuando se produjo una eclosión de los conflictos, que pervivió hasta finales del verano de 1971. Después, y hasta finales de año, se produjo un lento pero progresivo descenso del número de ocupaciones; y aunque en 1972 y 1973 este descenso se hizo todavía más patente, las tomas no llegaron a desaparecer, por lo que esta expresión de protesta influyó en la agenda política provincial hasta la instauración del régimen militar.

Fuente: elaboración propia a partir de El Diario Austral y ARA, Intendencia de Cautín.

Gráfica 2 Distribución trimestral de las tomas de fundos en la provincia de Cautín, 1967-1973 

Si se realiza un acercamiento a los sujetos que participaron en las ocupaciones, lo primero por destacar es su origen étnico. Así, la mitad de las tomas de fundos fueron llevadas a cabo por mapuches, que convirtieron esta expresión de protesta en su preferida para plantear conflictos. No obstante, y frente a los recientes estudios que se han centrado de manera exclusiva en el análisis del conflicto mapuche, hay que destacar que los campesinos criollos protagonizaron hasta el 46% de ocupaciones.

La diferenciación étnica tuvo su reflejo en las demandas planteadas por uno u otro grupo. Los mapuches reivindicaron mayormente (68%) la restitución de tierras indígenas usurpadas, es decir, plantearon un conflicto étnico frente a la cuestión campesina general⁸¹, ya que no reclamaban sólo tierras, sino las tierras de sus ancestros, las que fueron usurpadas a las comunidades durante el proceso de colonización de la región, que más allá de su valor económico tenían un valor identitario y religioso⁸². Esta lucha no era nueva, y, ya desde los años veinte, buena parte de las comunidades emprendieron acciones judiciales planteando demandas por usurpación de tierras⁸³. Con todo, esta estrategia tuvo escasos resultados y generó entre los indígenas un sentimiento de frustración y desconfianza que terminó por reflejarse en las tomas acaecidas durante el período de estudio.

Así, si el conflicto no era nuevo, las ocupaciones de tierra por parte de mapuches tampoco, como ya se vio para inicios de la década de los sesenta. Sin embargo, sólo hasta la segunda mitad de 1970, al amparo del ciclo de conflictividad existente en el país, se extendieron los conflictos indígenas, principalmente en Cautín, conformándose con ello el primer gran conflicto indígena generalizado que vivió Chile desde la época de la ocupación militar de La Araucanía. En estas ocupaciones quedó fielmente reflejado ese sentimiento de frustración y desconfianza, como muestra la ocupación del fundo El Vergel (en Lautaro), llevada a cabo por indígenas de la comunidad Coliqueo-Huenchual, porque consideraban que esos terrenos les pertenecieron a sus antepasados, según "documentos entregados por Juzgados de Indios de Temuco y fechados en 1900 a 1906"⁸⁴; o la toma de terrenos del fundo Casas Viejas por parte de mapuches de la comunidad Briceño Molfinqueo, quienes señalaban que esas tierras les pertenecían a sus antepasados, las cuales fueron adquiridas por los dueños legales "en mala forma" en 1913⁸⁵.

Los campesinos criollos, por su parte, aunque también centraron la mayor parte de sus tomas (48%) en la demanda de tierra, tenían un concepto de la toma de carácter socioeconómico y la consideraban como el principal medio para mejorar sus condiciones de vida, y reclamaban su participación en los procesos de expropiación de la reforma agraria. Así, campesinos del sindicato "Manuel Rodríguez", vinculado al PDC, tomaron los fundos Los Copihues, Oregón y Licura, en Nueva Imperial, con el objeto de "ejercer presión sobre Reforma Agraria"⁸⁶. Además, los campesinos criollos plantearon otra serie de demandas en sus tomas, donde primaron siempre las reivindicaciones socioeconómicas. Entre ellas destaca la resolución de conflictos laborales, lo cual fue especialmente utilizado por los trabajadores de fundos-aserraderos, como sucedió con los obreros del fundo La Serena, en Galvarino, quienes denunciaban "bajas remuneraciones, otorgamiento de nuevo contrato hasta el 31 de marzo de 1971, atraso en las libretas del Servicio de Seguro Social, no cancelación de la semana corrida, no otorgamiento de feriado"⁸⁷; o la simple petición de trabajo, como hicieron diversos comités de cesantes como el creado en Vilcún, quien patrocinó hasta seis tomas por este motivo⁸⁸.

En resumen, a través de las tomas de fundos se articularon dos conflictos paralelos pero bien diferenciados, uno de los cuales (el mapuche) tenía un claro componente étnico de larga tradición, mientras que el otro (el criollo) tenía un carácter más clasista, y surgió a raíz de las políticas reformistas de la década de 1960.

Otro de los aspectos por analizar es la vinculación de los ocupantes con organizaciones políticas y/o sindicales. En este sentido, los estudios que se han acercado al tema han relacionado la acción de los ocupantes de predios de Cautín con la actividad política de organizaciones revolucionarias, en especial del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), filial campesina del Movimiento de Izquierda Revolucionario, y también, en menor medida, del Netuaiñ Mapu, filial campesino-indígena del maoísta Partido Comunista Revolucionario. Si bien es cierto que esta afirmación es válida para lugares específicos (como Lautaro⁸⁹ o la costa de Carahue⁹⁰), no puede extrapolarse al conjunto de la provincia.

El número de tomas protagonizadas por organizaciones revolucionarias no significó más del 29% del total. Por su parte, la participación de otro tipo de organizaciones no revolucionarias alcanzó cifras similares (31%). Entre éstas destacan partidos políticos de la UP (Comunista, Socialista, MAPU) o asociaciones laborales como pequeños sindicatos de trabajadores agrícolas de muy diversa tendencia ideológica; así como comités de cesantes, como el ya mencionado de Vilcún. Aun así, lo más significativo es que la documentación no deja constancia de la participación directa o indirecta de organización alguna en el 40% de las tomas. Es decir, en la década de 1970 todavía tenían suma importancia en la gestación de conflictos los ámbitos cotidianos de relación social, como era la comunidad indígena o la sociabilidad informal criolla en el fundo o la villa, los cuales habían sido tradicionalmente los espacios de creación de identidades y solidaridades, moldeamiento de conciencias políticas, articulación de demandas y planteamiento de acciones de protesta⁹¹.

Un último aspecto por analizar sobre las tomas de fundos es la presencia de una notable actividad violenta contra las personas. De este modo, las tomas de fundos, junto al cuatrerismo, son las expresiones de protesta que monopolizaron el ejercicio de la violencia en la conflictividad campesina de la provincia, lo cual es una clara muestra del carácter tradicional de ambos tipos de acciones⁹². La importancia de la violencia en los conflictos por ocupaciones de tierras no se debió tanto al elevado número de enfrentamientos violentos (apenas 28 casos, frente a las 320 tomas registradas), sino a la cualidad de la violencia ejercida. En este sentido, es llamativo ver que esos escasos enfrentamientos violentos se saldaron con seis muertos -un carabinero, un agricultor y cuatro ocupantes- y más de treinta heridos. Veintitrés de esos enfrentamientos violentos (entre ellos todos los episodios que terminaron con víctimas mortales) fueron causados por la reacción armada de los propietarios, o bien para repeler una ocupación, o bien para recuperar fundos ya tomados (retomas)⁹³. Es decir, que la violencia generada a raíz de las ocupaciones ilegales de tierras tuvo que ver más con la reacción de los propietarios en defensa de sus terrenos que con la acción de los ocupantes. Estos propietarios actuaron en grupos conformados por familiares y amigos, operando por su cuenta y riesgo, al margen de cualquier organización⁹⁴, sobre todo contra indígenas y/u organizaciones revolucionarias. Por lo tanto, la violencia ejercida en los fundos de Cautín fue fruto de acciones puntuales llevadas a cabo por individuos o grupos de individuos que tenían una mentalidad racista y clasista heredada de la época de la ocupación, cuando la violencia interpersonal era uno de los principales instrumentos de resolución de conflictos sociales en La Araucanía⁹⁵.

En síntesis, el análisis de las tomas de fundos ocurridas en Cautín entre 1967 y 1973 muestra que, del mismo modo que sucedió con la evolución del sindicalismo, el campesinado de la provincia se sumó a la tendencia nacional que llevó a las tomas de fundos a ser la principal expresión de protesta campesina del país a partir de 1969. No obstante, en Cautín se vuelven a percibir peculiaridades respecto a la tónica nacional. Aquí las tomas de fundos no sólo sirvieron para articular la demanda de la tierra por parte de los campesinos criollos que querían ser partícipes en el proceso de reforma agraria, sino que también fueron utilizadas por los mapuches para hacer visibles sus demandas sobre las tierras usurpadas a las comunidades. Es decir, a través de una misma expresión de protesta se plantearon dos conflictos paralelos, uno de carácter socioeconómico y otro de índole etnoeconómica. En ambos casos, no puede decirse que fueran impulsados mayoritariamente por la acción política de grupos revolucionarios -tal y como ha apuntado la mayoría de los estudios al respecto-, ya que en dichos conflictos no sólo participó otro tipo de asociaciones no revolucionarias, sino que en muchos casos sus protagonistas actuaron al margen de cualquier tipo de asociación, gestionando los conflictos de modo autónomo.

A modo de conclusión

Entre 1967 y 1973 se produjo en Chile un intenso ciclo de conflictividad social que tuvo una notable incidencia en el campo, tal y como analizaron numerosos investigadores sociales ya en la década de 1970. Uno de los principales focos de ese ciclo fue la provincia de Cautín, la cual, al ser la provincia chilena con mayor presencia indígena, también acogió la mayor parte de los conflictos étnicos. Por ello, la región de La Araucanía, y Cautín en particular, ha sido objeto de investigaciones recientes que han estudiado los conflictos mapuches durante el período referido. A pesar de su valía, todos estos estudios han manifestado visiones estáticas y uniformes: si los primeros supeditaron los conflictos campesinos a la teoría de la lucha de clases obviando los conflictos no vinculados al movimiento obrero y/o a los partidos de izquierda o revolucionarios, los segundos han limitado su foco de atención a los conflictos étnicos, olvidándose de aquellos protagonizados por campesinos criollos.

En este artículo, a través del estudio exhaustivo de documentación del ámbito regional, se ha podido acceder a una percepción mucho más compleja de los conflictos campesinos e indígenas vividos en Cautín. Estos sujetos utilizaron muy diversas expresiones de conflicto, desde tradicionales formas de rebeldía campesina vinculada a actividades delictuales (cuatrerismo) hasta modernas formas de movilización colectiva basadas en el asociacionismo (sindicalismo) y el planteamiento de protestas legalizadas (pliegos de peticiones); pasando por expresiones de protesta que, aunque tenían un carácter tradicional (tomas de fundos), fueron utilizadas tanto para reivindicar demandas tradicionales de larga data (la devolución de las tierras indígenas usurpadas) como para reclamar nuevos derechos adquiridos por reformas políticas (participación en la reforma agraria). Es decir, la protesta campesina e indígena en Cautín destacó no por su uniformidad, sino por su heterogeneidad y diversidad.

Es más, al analizar los sujetos que participaron en estos conflictos se observa una realidad aún más compleja. Por un lado, dependiendo del origen étnico de los protagonistas, existieron percepciones diferenciadas de los conflictos: si los campesinos criollos plantearon demandas basadas en presupuestos socioeconómicos, los indígenas lucharon por la tierra atendiendo no sólo a su valor económico, sino también, y especialmente, a su valor etnocultural. Por otro lado, si se atiende a sus influencias políticas, los campesinos e indígenas asumieron posicionamientos diversos e incluso contradictorios: desde quienes se vincularon a la democracia cristiana hasta los que protagonizaron ocupaciones ilegales al amparo de organizaciones revolucionarias. Entre estos extremos, no sólo otros se vincularon con asociaciones legalistas (partidos políticos, sindicatos u otro tipo de organizaciones), sino que incluso un destacado número participó en los conflictos de forma autónoma, al margen de cualquier tipo de organización formal, gestando su participación política en los espacios tradicionales de sociabilidad informal.