Introducción

Los estudios concernientes a las relaciones entre los Estados, tradicionalmente centran su mirada en las relaciones bilaterales, situación común, debido a la relevancia que presentan los procesos de construcción de fronteras, de manera especial en el contexto de la organización y consolidación del país. En el caso de la historia chilena, no son pocas las investigaciones en diferentes momentos de la historia dedicadas a la discusión sobre temas bilaterales y la consolidación de la frontera. Desde los clásicos de Jaime Eyzaguirre, Guillermo Lagos y Mario Barros hasta los ensayos y reflexiones del ya desaparecido Oscar Pinochet, y los más actuales de José Rodríguez sobre la frontera nacional: su construcción, sus reclamaciones y los escenarios actuales¹. Si a ellos se suman las obras que relacionan la consolidación de la frontera con el proceso de la guerra del Pacífico se obtiene un resultado que sobrepasaría el millar, ya que el proceso bélico incluye la acción diplomática a lo largo de los años de la guerra.

Una de las particularidades que se pueden encontrar en la mayoría de los trabajos sobre el tema es que tanto el conflicto como el proceso de consolidación fronteriza se estudian a partir sólo de los involucrados más directos, o países a quienes se les ha vinculado históricamente con motivaciones sobre esos territorios. Si bien el estudio de estas problemáticas es completamente válido, este artículo se plantea desde una mirada más amplia, tratando de comprender el rol de países que, en apariencia, no tendrían una mayor intervención en el proceso, lo cual -revisando fuentes documentales, y bajo un análisis crítico de los testimonios y acciones desarrolladas antes, durante y después del proceso bélico- permite incorporar nuevos actores políticos en el estudio de la guerra y la postguerra del Pacífico, en especial la actitud chilena hacia esos Estados que habían tenido un rol secundario en la tradición historiográfica.

Bajo esa consideración, se analiza aquí como principal problema el rol que cumplió Ecuador durante los años de la guerra y postguerra del Pacífico, bajo la consideración que su condición de Estado paravecino implica tener al menos un parecer diplomático sobre la guerra que su vecino Perú enfrentó con Chile. Así, se tiene como premisa que el Estado chileno, luego de su triunfo militar, logró posicionarse en la región y que ejerció esa injerencia, especialmente en los Estados ribereños del Pacífico, donde se destacó Ecuador.

Cabe señalar que este artículo busca ampliar los estudios sobre política exterior de Chile, en el contexto de la creación de nexos con otros Estados de la región tras el impacto que generó la guerra del Pacífico, y sus respectivos efectos en el posicionamiento de Chile en América Latina. En especial, bajo la consideración que, desde la mirada de la historia de las relaciones internacionales, las características del Chile de postguerra le permitieron construir una imagen de potencia regional con capacidad de influenciar las relaciones entre Estados de la región; situación que se trató de mantener en el tiempo, transitando desde el ejercicio de un poder duro hasta uno blando, donde la diplomacia, la economía y el aporte cultural fueron las herramientas empleadas para tal efecto.

Este escrito está dividido en tres partes, tituladas, en primer lugar, "El escenario territorial en el Pacífico sudamericano en el siglo XIX", donde se aborda la configuración territorial de los países del Cono Sur, en especial los ribereños al Pacífico. En el segundo apartado, titulado "La construcción del discurso realista en la política exterior chilena", se busca explicar la configuración teórica en la que se asienta el comportamiento exterior de Chile en el período de estudio. El tercer acápite, "El cambio de paradigma y la aplicación del poder suave: el caso ecuatoriano", busca explicar cómo el Estado chileno, a través de la práctica de las relaciones bilaterales, mantiene la influencia sobre otro país, en este caso Ecuador, ya no a partir de la amenaza implícita del poder militar, sino de un poder blando. Por último, en las "Conclusiones" se trata de exponer de manera sintética cómo la acción chilena fue parte del proceso de construcción de una política exterior que le otorgó una identidad al país.

El escenario territorial en el Pacífico sudamericano en el siglo XIX

El Estado chileno, que se independizó en 1818, se caracterizó por su marcada condición geográfica de aislacionismo, particularidad que con el paso del tiempo se transformó en una de las características de la población y de la propia clase política, que se resume en una actitud provinciana ensimismada y escasamente vinculada a los escenarios de poder regional o mundial. A pesar de esto, hacia 1836, Diego Portales -entonces ministro del Interior del Gobierno chileno, y, para muchos investigadores, el verdadero mandatario en la sombra- previó la amenaza de una Confederación de países, cuyo poder podría afectar la propia existencia de Chile, y optó por desarrollar una guerra preventiva hacia esa alianza, compuesta por Bolivia, el Norte y el Sur peruanos, encabezada por el mariscal Andrés Santa Cruz -caudillo formado en el Ejército realista durante los inicios del proceso de emancipación, y que luego se sumó a la causa patriota-. Si bien la primera expedición no fue exitosa, tanto por los problemas logísticos como por el escaso apoyo peruano ofrecido por el mariscal Agustín Gamarra a las fuerzas chilenas, la segunda etapa terminó con la victoria del denominado "Ejército Restaurador". Portales no pudo ver el triunfo de las fuerzas chilenas y peruanas en la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839², ya que fue asesinado el 6 de junio de 1837, pero su pensamiento se consolidó como el primer antecedente en cuanto a una mirada internacional del país, robusteciéndose además la idea de un Estado-nación, que se alejaba de la percepción de una región imbuida del caudillismo político.

Empero, la visión portaleana del dominio del Pacífico Sur americano se fue desdibujando en el tiempo, entre otras cosas, por el rechazo de buena parte de la clase política chilena a la figura del ministro Portales³. Fue sólo el gobierno de Manuel Bulnes, el general victorioso de la guerra contra la Confederación, el que de alguna forma incursionó en una lógica de proyección espacial, aunque más bien pensada desde la necesidad de la ocupación del territorio interior, un proceso que lo llevó a enviar misiones a los extremos norte y sur del país para tomar posesión de ellos, según los derechos que consideraba tener. Ejemplo de ello es la misión destinada al estrecho de Magallanes, con la fundación de un poblado (Punta Arenas, con el tiempo) y la penetración en la zona norte del canal de Chacao, para lo que se recurrió a población migrante (en la actualidad, Puerto Montt, Frutillar y Puerto Varas).

Esta política implicó los primeros desacuerdos con los países vecinos, Bolivia y Argentina⁴, siendo en el primero de los casos más ostensible el problema, pero que no llegó a una acción armada, entre otras cosas, por las propias dinámicas internas del país altiplánico; situación que se extendió hasta la década de 1860, cuando se produjeron dos transformaciones en la relación vecinal: la primera tiene que ver con el cambio de gobierno en Chile, de una orientación política conservadora a una liberal, influenciada por procesos en desarrollo en el Viejo Continente, cuya injerencia en los jóvenes intelectuales de los años cuarenta consolidó, con el paso del tiempo, la tendencia en torno a principios pacifistas, la vigencia del derecho para la resolución de disputas entre los Estados. La segunda transformación hace referencia a la mirada crítica respecto de la acción de los imperios europeos y sus intereses en territorios americanos. El resultado de estos dos factores derivó en la conformación de una corriente americanista que rechazaba la intervención de potencias extranjeras, y que a la vez buscó acercar a los países en un tono de amistad regional.

El Estado chileno llevó el americanismo más lejos, cuando, en un acto de solidaridad hacia Perú, terminó declarándole la guerra a España por la acción de esta potencia europea de ocupación de territorio peruano, a saber, las Islas Chincha. Este proceso fue devastador para Chile, ya que el principal punto de conexión con el comercio internacional, Valparaíso, fue destruido por la escuadra hispana, quedando las arcas fiscales en condiciones paupérrimas. Y aunque el ataque al principal puerto se repitió en el Callao, su resultado fue diferente, debido a las fortificaciones existentes desde la época virreinal, siendo las naves atacantes las que llevaron la peor parte, ya que las baterías de costa propinaron duros golpes a las embarcaciones españolas, que terminaron por retirarse sin cumplir el objetivo. Esto permitió que Perú recuperara su relevancia política y comercial, iniciando un proceso de expansión y ocupando, así, el sitio de puerto principal que dejó Valparaíso.

Una de las consecuencias positivas, al menos desde la óptica americanista, fue que Chile firmó con Bolivia un acuerdo de límites en 1866, que tendería a cautelar los intereses de ambos Estados en el territorio del desierto de Atacama, fijando el límite en el paralelo 24° Latitud Sur, y estableciendo, entre el 23° y el 25° Latitud Sur, una zona de medianería en el cobro de impuestos a la producción salitrera. Al poco tiempo, este acuerdo se hizo impracticable, dadas las condiciones que estipulaba la idea de la medianería en el cobro de tributos, tanto por los problemas administrativos como por los cambios internos en la organización política del país altiplánico, y por la incapacidad de cuantificar realmente la producción. Así, mientras se buscaba un nuevo acuerdo entre las autoridades chilenas y bolivianas se firmó una nueva alianza entre Perú y Bolivia hacia 1873, con la finalidad de defenderse mutuamente frente a acciones hostiles de otras potencias. Al año siguiente se acordó un nuevo trato entre Bolivia y Chile, que intentaba generar la estabilidad en la zona, manteniendo el límite en el paralelo 24° L.S. y cautelando los intereses de los empresarios chilenos en la zona de Antofagasta que quedaba bajo administración boliviana, en donde, por un período de veinticinco años, no sufrirían el alza de impuestos a la explotación de salitre⁵.

Mientras tanto, la relación de Chile con Perú en los años que siguieron a la confrontación contra España se caracterizó por el distanciamiento, primero, por los efectos en el comercio regional, como también por los intereses en juego que se comenzaron a visualizar en Atacama: el guano y el salitre, siendo el segundo el más apetecido por inversionistas, dada su proyección en el mercado internacional; de esta forma, tanto peruanos como chilenos y bolivianos buscaron obtener la posición más ventajosa en la disputa por el nitrato.

Hacia fines de la década, el americanismo fue superado por los intereses económicos. En 1878, en Bolivia, un golpe de fuerza del general Daza lo puso en el poder, iniciando un cambio hacia Chile al desconocer el acuerdo alcanzado en 1874, declarando la necesidad de subir impuestos a los capitales chilenos en Antofagasta y amenazando con el remate, de no cumplirse su orden. La crisis escaló a conflicto el 14 de febrero de 1879, cuando desembarcaron en Antofagasta tropas chilenas, con la argumentación que, al violarse el acuerdo bilateral, se anulaba todo tipo de delimitación territorial, lo cual permitía que Chile convocara sus títulos coloniales, bajo la consideración del uti possidetis juris, con el que se habían fijado las primeras delimitaciones nacionales, hacia 1810.

La guerra no tardó en llegar. Bolivia y Perú⁶ se enfrentaron a Chile en la denominada guerra del Pacífico, del Salitre o de los Diez Centavos, entre 1879 y 1884. De forma paralela, desde la Cancillería santiaguina se hacían esfuerzos por mantener controlados los problemas territoriales que persistían con Argentina, que en el contexto de la guerra amenazaban con convertirse en un tercer beligerante en su contra⁷. En tal sentido, el proceso territorial que se configura en el escenario de la guerra del Pacífico implicó una acción en extremo compleja, si se consideran además los intereses de las potencias europeas y de Estados Unidos en torno al comercio salitrero, que agregaban un componente adicional al esfuerzo diplomático chileno, que debió desdoblarse para poder defender su posición.

La construcción del discurso realista en la política exterior chilena

Desde los estudios de las relaciones internacionales, el escenario de la guerra del Pacífico es identificable con los estudios más clásicos del comportamiento de los Estados, entendiendo estos como las principales unidades de decisión en asuntos de política exterior, en un escenario donde la anarquía internacional es una constante, donde los intereses propios determinan el tipo de relación en el entorno. Si bien estas categorías de estudio corresponden a teorías más cercanas a mediados del siglo XX -en especial, si se mira desde la tradición politológica estadounidense encabezada por Hans Morgenthau⁸ o la francesa de Raymond Aron⁹-, no se puede desconocer que el escenario descrito anteriormente se encuentra arraigado en las conceptualizaciones de la Realpolitik alemana de mediados del siglo XIX¹⁰.

En la práctica, el Estado chileno debió generar un esfuerzo diplomático, con la conciencia de que su base de conocimiento en el ámbito de las prácticas internacionales era, al menos, limitada. Una muestra de esto es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se había creado como tal en 1871¹¹. Los principales representantes de la diplomacia eran intelectuales, literatos e historiadores, además de políticos cercanos al gobierno de turno, que, en muchos de los casos, desconocían los rituales diplomáticos, y más aún las prácticas políticas y estrategias para desenvolverse en el escenario internacional, y como si no fuera lo suficientemente compleja la tarea, ella debía realizarse en un ambiente de guerra, donde la principal misión del representante diplomático es buscar apoyos de la comunidad internacional a la posición del país. Con este panorama, no resulta extraño que Mario Barros se refiriera a este período como aquel en el que el Estado chileno debió levantar en el escenario bélico un "frente" para defender los intereses nacionales en un ambiente hostil, donde existía una desventaja frente a la diplomacia peruana, por poseer esta una mayor tradición en el escenario internacional¹².

El Estado chileno, frente al contexto de la guerra, logró modificar su estructura como país conformando un ejército sin comparación en la región¹³; la idea de la "nación en armas" prevaleció en el conflicto armado imponiéndose a través de la capacidad de su fuerza militar, que, en términos contemporáneos, definidos por J. Nye¹⁴, significaba el empleo de un poder duro (hard power). La guerra del Pacífico representa, así, las prácticas del realismo político clásico, donde predomina el interés nacional en el comportamiento de un país. En efecto, la búsqueda del propio beneficio, incluso a costa de la confrontación armada, bajo la justificación del bien superior del Estado. Todo ello inserto en un sistema internacional, donde no existían organismos supranacionales que buscaran acuerdos entre las partes, sometiéndose a principios del derecho internacional (que, pese a los avances conseguidos durante el siglo XIX, todavía estaba lejos de ser un referente en el comportamiento de las "potencias"); por el contrario, lo que predominaba en la práctica era un escenario anárquico, según la conceptualización de Hedley Bull, donde cada Estado, en la prosecución de sus intereses, busca imponerse a través del uso de las herramientas políticas que posee, siendo la principal el empleo de la fuerza¹⁵.

Si la confrontación armada fue ardua, la discusión diplomática fue igual de compleja. La necesidad de conseguir apoyos llevó a los beligerantes a tratar de aproximarse a los Estados más cercanos a la región, en donde Chile corría con la desventaja del escenario vecinal, ya que a la situación con los beligerantes se sumaba la definición de límite con Argentina. Este proceso tuvo momentos complejos cuando el gobierno transandino cerró unilateralmente las negociaciones, que sólo, tras los avances del Ejército chileno en territorio peruano, permitió destrabar el proceso y reanudar la discusión entre las partes. El rol de los diplomáticos chilenos mostraba de nuevo las falencias de la falta de experiencia. A ello se debe sumar que Brasil, en su calidad de imperio, no se involucró en el conflicto; sin embargo, el no cerrar las puertas a los representantes chilenos generó la duda de un potencial apoyo a esa causa y produjo preocupación en la Cancillería argentina.

En la actualidad está confirmado que ese potencial apoyo no fue más que un mito creado por los representantes argentinos en Brasil¹⁶, pero dichas especulaciones terminaron por favorecer a la posición chilena, ya que desde Buenos Aires miraron el conflicto a la distancia; con la excepción de algunos voluntarios de ese país que estuvieron a favor de la causa aliada, siendo el más renombrado de ellos Roque Sáenz Peña, que cayó prisionero en el Morro de Arica el 7 de junio de 1880, mientras se desempeñaba como Comandante del regimiento peruano "Iquique". Tras meses prisionero en Santiago, a instancias de la familia, y como parte de negociaciones con el Gobierno chileno, retornaría a su país a fines de ese año. Finalmente, hacia 1881, con la firma del tratado de límites se daba por terminado el problema de fronteras chileno-argentino -al menos por algunos años¹⁷-, con el establecimiento de la línea fronteriza en las más altas cumbres y en la divisoria de las aguas.

Por otra parte, Venezuela manifestaba desconfianzas respecto a la postura chilena, a través de discursos de su mandatario Antonio Guzmán Blanco, abiertamente contrario a la acción bélica, ya que su actuar era la demostración de la actitud arrogante y antiamericanista de Chile frente a la región. De igual forma, Colombia manifestó su malestar por la confrontación armada, y aunque rápidamente declaró su neutralidad en el proceso, se produjo un importante roce con el Gobierno chileno, cuando afirmó que por el territorio de Panamá (territorio colombiano por esos años) se estaba realizando el tránsito de armas y otros pertrechos de guerra para los aliados. Esta situación, que buscó ser frenada de manera infructuosa por parte de los plenipotenciarios de Chile durante los primeros años de la guerra, sólo tendría un mayor logro tras la llegada de José Antonio Soffia como representante al país, tal como lo señala el historiador Mauricio Rubilar¹⁸.

Ecuador merece un análisis aparte, ya que reviste varios elementos que lo hacen relevante en este escenario bélico. Primero, por su posición geográfica, como vecino directo de Perú, ya que tomar partido por alguno de los involucrados le podía reportar beneficios, en función de su interés nacional. En efecto, en las relaciones ecuatoriano-peruanas existía una antigua disputa territorial desde 1830, que no se resolvía aún, y, en un momento dado, podía ese Estado tomar ventaja del escenario bélico, imponiendo sus intereses a costa de su vecino. Esta posibilidad fue percibida desde Chile, el cual envió una misión especial para persuadir al Gobierno de ese país de apoyarlos en la confrontación¹⁹. Por su parte, desde Perú, donde existía una conciencia de que podría ser un flanco complejo, se produjo un apresuramiento diplomático para lograr también el apoyo ecuatoriano a la causa peruana.

Al respecto, el diplomático peruano Emilio Bonifaz, representante en Ecuador, al inicio de la guerra señaló, en una memoria al Gobierno central de su país, su tarea en el contexto de la contienda con Chile: "[...] instrucciones sobre establecer una alianza con Ecuador [...] evitar una alianza de Ecuador con Chile [...] solicitar del gobierno de esa república la prestación de su bandera para obtener buques y armamento y solicitar en último caso una declaración de neutralidad absoluta"²⁰. Como finalmente sólo se obtuvo una declaración de neutralidad, el Gobierno limeño estableció una estrategia basada en el comercio bilateral como moneda de cambio, por un apoyo a su esfuerzo bélico, situación que se corrobora en la adquisición de materias primas y productos vegetales a comerciantes guayaquileños.

Una segunda característica es la condición paravecinal de Ecuador con respecto a Chile, definida como "la proximidad territorial no inmediata"²¹. Sin embargo, es necesario señalar que la idea de lo "paravecinal" en las relaciones internacionales es un concepto en construcción, cuyos límites teóricos se vinculan a la consideración que es el Estado-nación el principal actor de las relaciones internacionales, y que está guiado por los intereses nacionales de cada unidad política, por lo que, en la medida que exista una mayor sintonía de intereses, mayor es el potencial de acercamiento entre dos o más Estados. De esta forma, es posible comprender que Estados paravecinos sean más o menos relevantes respecto al interés del otro, para conseguir los objetivos nacionales. Así, a medida que la mancomunidad de intereses sea mayor, el grado de interrelación debería tender a aumentar, profundizando la relación en diversas áreas sensibles para ambos, y donde se pueda generar la idea de reciprocidad en beneficio de dicha interacción. Dicha correlación puede ser orientada en varios ámbitos, por ejemplo: lo económico, social y/o cultural, pero también en aspectos más políticos, como el establecimiento de alianzas entre gobiernos o reparticiones, como por ejemplo, Fuerzas Armadas.

Bajo esta lógica, la relación chileno-ecuatoriana en el contexto bélico de 1879 otorgaba una serie de posibilidades para establecer una relación paravecinal intensa, en especial por el problema territorial ecuatoriano-peruano, que podía ser útil abriendo un segundo frente en Perú, debiendo este distraer esfuerzos militares, lo cual favorecía entonces la posición chilena. Sin embargo, lo que ocurrió fue que el general Ignacio Veintemilla optó por mantener la neutralidad de su gobierno, debido principalmente a las presiones internas y la debilidad de su poder, amparado en las Fuerzas Armadas y una parte de la élite comercial, principalmente de Guayaquil, y que enfrentaba la oposición de la élite política de Quito, además de la constante presión de militares y políticos de las provincias más lejanas, lo que configuraba la fuerte complejidad política ecuatoriana:

"Los partidos políticos empezaron a formarse en la década de 1870 en momentos en que la economía estaba en expansión y el país empezaba a modernizarse. Entre 1875 y 1878 emergieron tres grandes grupos políticos: los conservadores que apoyaron la política autoritaria y proclerical de García Moreno; los progresistas moderados interesados en reformas limitadas, entre ellos se encontraban algunos antiguos conservadores que habían abandonado el partido después del asesinato de García Moreno, y los liberales. Desde la independencia había habido individuos que se autodefinían como liberales, pero el partido liberal fue organizado oficialmente en 1878 por el general Ignacio Veintemilla, 'radical', según su propia definición, que se había apoderado de la presidencia"²².

Con esa dinámica de tensión constante, el gobierno de este mandatario enfrentaba la posibilidad cierta de ser derrocado en cualquier momento, o bajo cualquier circunstancia, ante decisiones de política interna e internacional.

Paralelamente a los procesos diplomáticos con los países de la región, el Estado chileno debía lidiar también con la presión de potencias extrarregionales. Mientras que Gran Bretaña y Alemania manifestaron su preocupación por los acontecimientos -tanto por las inversiones de los primeros como por ser los segundos los principales compradores de salitre-, los intereses de franceses e italianos eran más limitados, restringiéndose a algunos capitales salitreros y a casas comerciales instaladas en los territorios donde se desarrolló la confrontación. No obstante, la mayor presión en todo el proceso fue la acción de Estados Unidos, que poseía importantes intereses en las salitreras de Tarapacá, por lo que los agentes diplomáticos chilenos debieron reaccionar constantemente a opiniones y críticas por parte de actores internacionales respecto a la posición del país²³. La acción estadounidense fue de constante cuestionamiento a la posición chilena. Esta se demostró con mayor fuerza en el momento en que Chile ocupó Lima, a partir de enero de 1881, ya que la idea de los aliados era que el Departamento de Estado intervendría en su favor, lo que se transformó en un ejercicio complejo en la relación chileno-estadounidense, caracterizada por la desconfianza. Tal como lo señala José Morandé:

"La actuación de Estados Unidos en el conflicto de la Guerra del Pacífico, ahondó aún más las diferencias bilaterales entre Chile y Estados Unidos, diferencias hostiles que se manifiestan no sólo durante el conflicto sino que posteriormente en la fase de negociación entre Chile y Perú, en la que Washington buscó desempeñar un 'papel decisivo' en Tratado de Ancón de 1883"²⁴.

En 1882 se produjeron dos situaciones determinantes en el cambio de la relación bilateral: por una parte, la demostración del poder naval chileno²⁵, que no dejó indiferente a los mandos del país del norte, y el cambio de mandatario, al asumir Chester Alan Arthur, lo que implicó un rediseño de la política exterior, con la salida del secretario James G. Blaine del Departamento de Estado. Así, bajó la tensión entre ambos países, favoreciendo con ello el predominio de la posición chilena en esta pugna, y con los claros efectos en las conversaciones con los Aliados.

Con el triunfo militar y los procesos anexos, Chile quedó en una posición dominante de las relaciones en el Cono Sur²⁶. Pese a ello, se mantuvieron proyectos diplomáticos que afectarían al país en el tiempo, específicamente, en lo relativo a la "política boliviana", defendida por Domingo Santa María, primero como Ministro y luego como Presidente (atraer a Bolivia a la influencia chilena, rompiendo la posibilidad de nuevas alianzas con Perú). Para ello, se pusieron en la mesa los territorios de Tacna y Arica, lo que afectó directamente el Tratado de Ancón, que se constituyó en la base de los futuros problemas del Estado chileno con ambos países.

Desde una perspectiva internacional, el poder de Chile se incrementó, a la vez que su idea de equilibrio (statu quo) se definió en términos de mantener y resguardar los territorios conquistados, apelando en esa defensa al uso de su poderío militar, y con el respaldo de la riqueza salitrera. Para ello, se modernizaron las instituciones armadas, proceso que se inició en 1885 con la llegada de una misión militar alemana, encabezada por Emilio Körner, que se dio a la tarea de transformar al Ejército de Chile, comenzando con la reestructuración de su educación, la modificación de la enseñanza en la Escuela Militar, la creación de una Academia de Guerra y de una Escuela de Clases, lo que le valió un esfuerzo no menor en consideración a las precarias condiciones preexistentes en la institución castrense²⁷. Al poco tiempo, el progreso de esos cambios permitió la creación de un pensamiento militar propio, inspirado en el modelo alemán, pero teniendo en cuenta aspectos de la cultura chilena, tanto en lo social como en lo político, donde las consideraciones territoriales se transformaban en la base de los principios de la defensa nacional²⁸.

Entre 1883 y 1890, la política exterior chilena hacia la región debió tener presente el factor de la amenaza a sus intereses de mantenimiento de una posición de poder, lo que obligó a desarrollar acciones tendientes a demostrar su capacidad disuasiva terrestre y naval. Así, se estrenó la idea de la "diplomacia de los cañones"²⁹ a partir del conflicto colombo-estadounidense en la zona de Panamá en 1885, al cual envió Chile el crucero Esmeralda, en apoyo de Colombia. Paralelamente, crecía la preocupación por la frontera Este, ya que en Argentina, el poder de Chile era percibido como una amenaza directa. El resultado fue el inicio de una carrera armamentista en ambos lados de la cordillera.

La política exterior chilena de postguerra debió enfrentar, en la década de 1890, algunos procesos que marcaron profundamente la estabilidad interna e internacional. En primer lugar, la crisis política y la guerra civil entre balmacedistas y congresistas³⁰ en 1891, donde estos últimos triunfaron generando un cambio de paradigma político interno, en el que predominó el poder del Parlamento frente al del Ejecutivo. Por su parte, el caso "Baltimore" (16 de octubre de 1891) trajo consecuencias insospechadas para Chile: una riña entre marineros estadounidenses y chilenos en un burdel de Valparaíso derivó en un conflicto bilateral con ribetes de potencial confrontación armada³¹, ante la exigencia de indemnización por parte del Gobierno estadounidense, por los perjuicios sufridos y la ofensa moral a su bandera³².

Ambas situaciones pusieron a las autoridades chilenas en alerta, que iniciaron una estrategia exterior orientada a buscar apoyo en otros países, para hacer frente a la presión estadounidense. Una situación que se estaba manifestando desde 1889, año en que el Departamento de Estado convocó a una Conferencia Panamericana en Washington, bajo la idea de generar una mayor vinculación entre las naciones americanas, pero, pese a este buen deseo, la tensión entre ambos se siguió manifestando³³. Así, Estados Unidos y Argentina fueron entonces los principales referentes que obligaron al Gobierno chileno a modificar su conducta en cuanto a las relaciones con los países de la región, que desarrolló entonces una acción política en la que se buscaron puntos de coincidencia, empleando como estrategia el componente económico y cultural en la acción exterior.

Esta postura más bien funcional a los intereses del Estado chileno se fue consolidando en dos frentes, primero, respecto a la política estadounidense y los efectos de su intervención en las negociaciones pendientes de Chile con Perú y Bolivia. A la vez, los efectos derivados del tratado chileno-argentino de 1881 determinaron que se iniciaran acercamientos con países que mantenían también problemas con los transandinos. Así comenzó una etapa de las relaciones exteriores de los Estados del Cono Sur, orientada hacia una política de alianzas, que se podría denominar "ententes latinoamericanas", y que, al igual que en Europa, representan la lucha por alterar el statu quo imperante en la región, basada en el equilibrio de poder, propio del realismo político, manifestado a través de prácticas como la paz armada en las potencias rivales³⁴. Fue en esta lógica que el Gobierno chileno se dio a la tarea de crear un espacio internacional funcional a sus intereses nacionales, desarrollando políticas de aproximación con Estados que podrían generar empatía, orientada a la prosecución de sus intereses, donde Ecuador se transformaría, en poco tiempo, en el principal pilar de esta política.

El cambio de paradigma y la aplicación del poder suave: el caso ecuatoriano

Al finalizar el siglo XIX, el Estado chileno comenzó a definir su política exterior de largo plazo, basado en una estrategia donde el poder militar no era suficiente como mecanismo de disuasión, es decir, la idea de potencia regional, que se gestó al término de la guerra del Pacífico, se vio modificada, al tener que diseñar una acción más amplia, en la que se debían emplear mecanismos diplomáticos para mantener una posición relevante en el escenario regional, como contrapeso a influencias de otras potencias que buscaban establecer la hegemonía en América del Sur. En esta dinámica, Ecuador pasó a ser un actor relevante para esta política chilena, de manera especial tras la llegada del general Eloy Alfaro y su proyecto político liberal³⁵.

La relación entre Ecuador y Chile tuvo vaivenes tras el término de la guerra, primero, por las reclamaciones de ciudadanos ecuatorianos a causa de los perjuicios de esta. Pese a ello, las relaciones comerciales comenzaron a fortalecerse, en especial con el auge cacaotero. En 1884, por ejemplo, se inició la avanzada económica, encabezada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), asociación de empresarios chilenos dedicados a la explotación de tierras, para buscar oportunidades comerciales. La estrategia estaba diseñada sobre tres ejes: la expansión de los mercados, la educación agrícola y la creación de una unidad específica de negocios entre ambos países, teniendo como punto de partida el acercamiento con el puerto de Guayaquil.

La explotación de materias primas (tanto el salitre en Chile como el cacao en Ecuador) obligaba a las autoridades nacionales a mejorar su red de contactos en el exterior, a fin de posicionar sus productos en los mercados europeos. Por su parte, los capitales provenientes de Europa -principalmente de Inglaterra- también actuaban sobre ambas economías, por lo que resultaba interesante a los ecuatorianos acercarse al comercio chileno, como país con mayor peso en el escenario regional para asimilar las eventuales innovaciones que estos realizaran, a fin de instalar los productos en el exterior con un mayor retorno a las arcas fiscales. Todo ello bajo la concepción de que la venta de materias primas era, por sí misma, el mejor de los negocios que se podía realizar, sin considerar siquiera el desarrollo de una industria nacional. Las redes de comercio requerían el apoyo de los avances tecnológicos, situación que Chile había comenzado a desarrollar empleando las redes ferroviarias y creando la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Por su parte, Ecuador, que necesitaba también progresar, siguió el referente chileno, pero, al no tener el país recursos para establecer su propia red, optó por otorgar concesiones a capitales privados, a fin de desarrollar las obras.

De manera paralela, Estados Unidos convocó en 1889 a una Conferencia Panamericana, bajo la consigna de buscar acuerdos comerciales regionales, mientras que el Estado chileno ya había avanzado en relaciones comerciales con los países que eran de su interés desde los ámbitos económico y político. Desde la administración chilena se estudió de manera cuidadosa el espectro hacia donde desembocaría el esfuerzo político internacional de Estados Unidos. El presidente chileno José Manuel Balmaceda señaló en su cuenta pública:

"Invitados por el Gobierno de los Estados Unidos a la conferencia internacional de Washington, aceptamos la invitación, más por deferencia respetuosa a un gobierno amigo, que por la esperanza de obtener en ella resultados inmediatos y verdaderamente positivos para el bienestar de ambas Américas. En conformidad a las declaraciones previas hechas al agente especial del Gobierno que gestionaba la conferencia, se dieron instrucciones dirigidas a estimular el desenlace de las cuestiones económicas o comerciales, que pudieran interesar a la comunidad de las naciones representadas en la conferencia. Creímos que debían ser eliminadas las cuestiones políticas o de principios para establecer un derecho especial americano, o que debíamos abstenernos de abrir controversia sobre ella"³⁶.

Este escenario reforzó, a la vista de las autoridades chilenas, la importancia que tomarían los temas comerciales en las relaciones con los países latinoamericanos. Esta postura representaba en sí un cambio de mirada de la política generada tras la guerra del Pacífico, y se sostenía por el nuevo escenario regional, marcado por la renovada acción estadounidense. Así, a la búsqueda de ventajas comerciales se sumó la necesidad de frenar intromisiones políticas, elementos que encauzaron una mirada diplomática chilena hacia la región y, de manera particular, el Pacífico sudamericano, aunque esta práctica también fue llevada a países centroamericanos. Un ejemplo fue que, hacia finales del siglo XIX, se avanzó con Guatemala en esa dirección³⁷. Ello fue la demostración de la necesidad de generar acercamientos con Estados con los que no se tenía frontera, pero que podían ayudar a Chile frente a la acción de sus vecinos, todo ello en un escenario regional vertiginoso.

El mayor intercambio comercial estuvo acompañado de la designación de más representantes consulares ecuatorianos en distintos puertos chilenos, con el fin de promover los productos de su país y, en algunos casos, buscar alianzas con productores locales. En consecuencia, con alguna regularidad se pueden encontrar en este período consulados del Ecuador en Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso (Consulado General), Santiago, Talcahuano, todos ellos lugares de interés para el desarrollo del comercio bilateral (el norte salitrero; el sur, relacionado con el desarrollo naval y agrícola), y en donde la promoción de productos chilenos resultaba destacada³⁸. El resultado de ello fue una mayor presencia de Chile en el comercio ecuatoriano, tal como se demuestra en la tabla 1.

Pero la intensificación de las relaciones chileno-ecuatorianas no sólo quedó reducida a temas económicos. Durante los años siguientes, las autoridades ecuatorianas comenzaron a pedir a sus representantes en Chile la recopilación de códigos, leyes administrativas o documentos sobre diversas organizaciones chilenas, todo bajo la posibilidad de que estas se pudieran adaptar a la realidad de su país. Con ello, entonces, se empezaba a manifestar el interés en la profundización del vínculo con Chile, al considerarlo como un referente. La señal fue recogida en la Cancillería santiaguina, y al poco tiempo no era de extrañar que se remitieran directamente a ese país recopilaciones de leyes y manuales y otros materiales referidos a la estructura política y administrativa del país. Se hicieron campañas para recopilar reglamentos y cartillas sobre el funcionamiento de diferentes industrias (incluida la minera), se sumaron textos de estudio para la formación de profesores normalistas y los textos de enseñanza de diversas materias. Además, se hizo una campaña de recolección de libros para colaborar con la implementación de bibliotecas ecuatorianas, con donaciones de privados. Esto, según consta en la documentación de la Cancillería ecuatoriana, donde incluso Victoria Subercaseaux, viuda de Benjamín Vicuña Mackenna, tomó la tarea de reunir volúmenes para ser enviados a Quito³⁹.

Como ya se señaló, desde 1891 se hizo notar más la presión estadounidense y argentina, por lo que el acercamiento con Ecuador fue más relevante para la posición chilena en la región. De este modo, las autoridades nacionales asumieron que el poder militar ya no era suficiente para mantener un rol preponderante en la región, por lo que la política exterior chilena debió enfocarse en mecanismos como la persuasión, un mejor manejo diplomático, la incidencia en la economía y la cultura; en otras palabras, la aplicación de un poder blando, que, en el caso de Chile frente a Ecuador, se estaba comenzando a consolidar. La información sobre avances y modificaciones de las estructuras del aparato público chileno era requerida por los funcionarios ecuatorianos⁴⁰. Para la última década del siglo XIX, la conciencia tanto de alianzas como de injerencias en otros países era parte de la política nacional, y Ecuador pasó a ser un actor relevante de ella. Prueba de esto son las comunicaciones diplomáticas y las reuniones bilaterales que se fueron desarrollando con más continuidad, tal como se informaba hacia 1894 desde la embajada de Ecuador en Santiago de Chile: "El gobierno de esta república está animado de la mejor buena voluntad respecto del Ecuador y la promesa de que procurará, en todo lo posible, hacer notoria y práctica tan buena voluntad"⁴¹. Dicha demostración de buena voluntad se manifestó fuertemente hacia temas económicos.

En 1895 se produjeron dos situaciones relevantes en la relación chileno-ecuatoriana, que determinarían efectos en el tiempo: el destape del proceso de venta del crucero chileno Esmeralda a Ecuador, pero que terminó sirviendo en Japón, porque fue considerado por parte de la clase política como una transacción escandalosa⁴², que complicó seriamente al Gobierno ecuatoriano⁴³, y las consecuencias de ese hecho, ya que el Gobierno de ese país, que se había sostenido en un tenue equilibrio entre las fuerzas internas, terminó por caer, lo que implicó la llegada del general Eloy Alfaro al poder⁴⁴. Este concibió un proyecto político liberal que tuvo profundas repercusiones en su país. Por otra parte, este mandatario sería clave para comprender la influencia chilena en Ecuador, ello debido a la aproximación que inició en su mandato y que se plasmó en las acciones políticas a partir de su ascenso al poder: en economía, instituciones administrativas, educación, que incluyeron, por supuesto, a las Fuerzas Armadas. El Estado chileno tuvo, a partir de la llegada de Alfaro a la Presidencia de Ecuador, las facilidades para proyectar su política exterior, en función de los propios intereses, contando con un aliado en el Pacífico, que siguió sin mayores reparos su accionar.

Así, al poco andar, se inició la discusión por establecer un tratado comercial bilateral amplio, que apuntaba hacia una integración comercial poco desarrollada hasta ese entonces, donde el presidente Alfaro concentró mucha de su iniciativa para convencer a los grupos más reticentes, en especial comerciantes, por un acuerdo que era más favorable a Chile, ya que el mandatario lo consideraba de gran importancia, en el entendido que las relaciones bilaterales serían más unidas y que, a la larga, ello sería de mayor beneficio para su país⁴⁵. Lo anterior, pensando en el proceso de industrialización que el proyecto liberal buscaba establecer como parte de su aporte al país, ello porque, hasta ese momento, las condiciones de desarrollo industrial eran escasas, mayormente limitadas a talleres artesanales⁴⁶.

Al Estado chileno, la postura de Alfaro le era completamente funcional a sus intereses, permitiendo proyectar su política exterior, y consiguiendo un aliado clave en la región, para colaborar en el mantenimiento del statu quo frente a las pretensiones argentinas y a los problemas no resueltos con Bolivia y Perú. Además, se agregaba en la relación chileno-ecuatoriana un aspecto más favorable a esta alianza: los problemas territoriales entre Ecuador y Perú, lo que en la práctica significaba tener un adversario común. Convencido de esta situación, Alfaro diseñó su política exterior alineada con la chilena, ello especialmente desde los fracasos en las negociaciones con el Gobierno peruano realizadas entre 1887 y 1892⁴⁷. Alfaro defendía a ultranza en 1898 la consolidación del acuerdo comercial ecuatoriano-chileno, pese a estar consciente de que era inconveniente para su mercado. Ello porque el análisis sobre el acuerdo no se limitaba a reflexiones de carácter económico, sino netamente a una visión de un realismo político de conseguir con esto demostrar un interés de mantener una alianza con Chile, lo cual queda demostrado en el discurso al Congreso Nacional de ese año:

"Con módicos derechos de exportación, dispuestos oportunamente a ese fácil y abundante tráfico, el fisco resarcirá de lo que deje de percibir por las franquicias que se otorgan en el Tratado de Comercio con Chile".

En este mensaje, a continuación se agregaba:

"Sin embargo considero el referido convenio como un ensayo que tiende a ensancharse y perfeccionarse con la práctica, y que contribuirá, por modo eficaz a realizar el inmenso bien de estrechar con los vínculos de la intimidad sincera y provechosa, a dos pueblos hermanos"⁴⁸.

Bajo esta situación, no es de extrañar que, al poco tiempo, la preocupación de la diplomacia chilena derivara en un análisis de las relaciones comerciales, llegando a tener espacios en las Memorias que se remitían al Gobierno central . Pero, más allá del tema económico, se abrió otra arista en la integración bilateral: la educación y la cultura. En tal sentido, las solicitudes del Gobierno ecuatoriano de becas para cursar estudios en la Escuela Normal de Preceptores, por ser relevantes para el progreso de su país. La comunidad de intereses y los buenos resultados de las primeras gestiones se repitieron a inicios del siglo XX, cuando las autoridades ecuatorianas volvieron a solicitar apoyo para mejorar su proyecto educacional, con la solicitud de profesores chilenos para que realizaran clases en escuelas del país. En efecto, la información proveniente de la Cancillería ecuatoriana permite establecer que durante 1900 se llevaron a cabo las gestiones conducentes a la contratación de profesores chilenos, a fin de ejercer docencia en Quito, Cuenca y Guayaquil⁵⁰.

Por otra parte, es interesante destacar que por esos años continuaron las solicitudes del Gobierno ecuatoriano a instituciones chilenas; esta vez, el foco de atención se dirigió hacia el sistema judicial chileno, en especial, en busca de procedimientos que se pudieran aplicar en el país⁵¹. A su vez, existía el interés por parte de las autoridades ecuatorianas de hacer un seguimiento de cómo se percibía a Ecuador en Chile, específicamente, en la opinión pública y las principales instituciones. Así, se hacía un constante seguimiento a las publicaciones periódicas, los informes o cualquier otra nota que apareciera sobre la vida interna o exterior de Ecuador, lo cual también era parte de las tareas que tenían los representantes de dicho país en las ciudades donde mantenían consulados, como en la capital, donde estaba la representación diplomática, situación que se registraba y posteriormente era enviada al Gobierno central, a fin de contar con información permanente que pudiera ser útil en el mantenimiento de buenas relaciones bilaterales.

Para el Estado chileno, la oportunidad que se generó en las relaciones con Ecuador implicó, además, diseñar políticas sistemáticas, destinando esfuerzos de los representantes chilenos en el vecino país. El caso de Beltrán Mathieu es destacable por su labor, especialmente en la profundización de la injerencia en aspectos de vinculación tanto comerciales como de otra índole, incluida la defensa⁵².

Conclusión

El período tras el término de la guerra del Pacífico puede ser calificado como de fuerte tensión regional, ya que, pese a los acuerdos de paz, no se logró generar condiciones que coadyuvaran a este mantenimiento de buenas relaciones con los países de la región. Por el contrario, el Estado chileno asumió una posición de poder regional, especialmente en la relación con los Estados del Pacífico Sur americano, donde predominó en un comienzo la mirada desdeñosa y desconfiada a los Estados latinoamericanos, privilegiando la relación con las potencias europeas, en relación con su "nuevo estatus".

La reacción de la región, si bien es cierto que no estaba consensuada, tenía elementos influenciados por la diplomacia de los aliados en el conflicto, como lo demuestran las declaraciones de Colombia y Venezuela, además de los propios aspectos que dejan pendientes el término del conflicto armado, el plebiscito en Tacna y Arica y un acuerdo definitivo de paz en el caso boliviano, sumados a la desconfianza bilateral con Argentina, que derivó en una escalada armamentista sin comparación en la historia de América Latina, y que se fue frenando, a partir de 1902, tras la firma de los Pactos de Mayo, todo ello bajo la permanente mirada de Estados Unidos y sus afanes de establecer su hegemonía regional.

En este escenario se representan a cabalidad los planteamientos de los estudiosos de las relaciones internacionales, en atención a la permanente anarquía internacional, donde los intereses del Estado predominan sobre cualquier otra consideración. Y en donde el poder militar corresponde a la principal fuerza profunda con la que se garantiza el statu quo, situación que Chile mantuvo, al menos, durante la primera década tras el conflicto. Sin embargo, tras esta primera aplicación de poder duro, debió necesariamente iniciar un giro en su comportamiento hacia la región, en la idea de que debía transar apoyo en los foros internacionales de los que no se podía mantener ajeno. Así, se optó por buscar en los Estados con los que no poseía fronteras y que, de forma alguna, mantenían cierto rechazo a la postura de estos actores internacionales de los que Chile tenía recelo, para conformar vínculos de interés común, en especial a partir de un intercambio comercial, como mecanismo de persuasión, para obtener su apoyo en el momento de debatir posibles intervenciones en asuntos bilaterales.

De esta forma, este trabajo busca establecer el tránsito de una política de postguerra, marcadamente apoyada por el poder militar, hacia una acción de política de influencia, donde priman el intercambio comercial, la persuasión diplomática, destacando en ella el rol que adquieren los Estados paravecinos, siendo Ecuador un actor fundamental en esta acción, que derivó, con el trascurso de los años, en la consolidación de relaciones bilaterales durante las décadas siguientes. A más de un siglo de estas prácticas, cabe reflexionar acerca de si este comportamiento político, instaurado en los primeros años de la postguerra del Pacífico, se fue sosteniendo en el tiempo sólo con este país, llegando a ser parte de la práctica internacional del Estado chileno, incluso hasta nuestros días, o si se trató de aplicar en otras relaciones paravecinales.