1.1. Encomiendas de indios

La política de la encomienda de indios en las Américas ha sido ampliamente estudiada por historiadores americanistas. El territorio del Obispado de Concepción, por ejemplo, contaba con una civilización indígena anterior a la llegada de los primeros conquistadores españoles. Los primeros gobernadores intentaron mantener la estructura de poder interna y el rol de los llamados caciques, entendiendo su organización desde una percepción eurocentrista. Se asignó a cada cacique un territorio fijo para él y sus súbitos, y se les otorgaron poderes judiciales y civiles dentro de la llamada República de Indios.

Sin embargo, como vasallos conquistados por el Rey, los súbditos varones de cada cacique -entre los 15 y 50 años de edad- tenían que pagar anualmente un tributo de entre 8 y 15 pesos. Este tributo se administró a nivel local con la formación de encomiendas, donde algunos de los conquistadores fueron beneficiados con una encomienda de indios, o en otros términos, con la obligación de cuidar, enseñar y cobrar el tributo de todos los súbditos de uno o más caciques específicos. Instauraron un formulario para la distribución del dinero del tributo, donde el cura, el Rey y el corregidor recibieron sus porciones, dejando el restante al encomendero por su servicio a la Corona. En Perú, México y otras partes de las Américas se cobraron los tributos en granos u otros productos de la tierra, que luego fueron vendidos por el encomendero⁶.

En Chile, durante el denominado período colonial, no se practicaba la cancelación de los tributos con mercancías agrícolas, cobrándolos sólo en mano de obra forzada. Pese a que se podía cancelar el tributo con dos o tres meses de trabajo, los encomenderos chilenos obligaron a los indios a seguir durante el resto del año, por salarios que sólo les permitían sobrevivir. Así, en la región de Concepción, el siglo XVI está marcado por la creación de las primeras haciendas agrícolas y los lavaderos de oro de Quilacoya. Los encomenderos de las ciudades de Concepción, Chillán y Santa Cruz de Óñez utilizaron la mano de obra de sus encomiendas para todas las faenas de sus haciendas y para sacar oro en los lavaderos. Por ejemplo, en 1566 se entregó la encomienda de Tomeco en primera vida al capitán Alonso Galiano, con 220 indios de matrícula en casi 100 hogares, los cuales trabajaron en los lavaderos colindantes y en la ciudad de Concepción⁷.

Algunos indios de la encomienda del capitán Francisco Ortiz de Atenas testificaron que antes de 1598 salieron de su pueblo de Nachen para labrar un paño de tierra del capitán, en una quebrada en las cercanías de la ciudad de Concepción, donde sembraban maíz y legumbres, para vender por su cuenta en la ciudad, y que además cuidaban una manada de sus cabras. Otros indios del mismo pueblo de Nachen testificaron que ellos cuidaban los puercos y vacas del encomendero en la hacienda de Perales, ubicada en tierras que el encomendero había comprado de su cacique Marillanga en 1593⁸. Los productos agrícolas y ganaderos, producidos por los indios de Francisco Ortiz de Atenas, sirvieron para abastecer las ciudades de Concepción y Santa Cruz de Óñez. Similarmente, los indios del pueblo de Hualpén, encomienda que en un comienzo fue del gobernador Pedro de Valdivia, fueron pescadores artesanales que vendieron los peces siempre en la ciudad de Concepción⁹. La mano de obra de las haciendas penquistas del siglo XVI fueron -casi en su totalidad- indios encomendados, con algunos pocos esclavos negros o soldados retirados.

El alzamiento indígena de 1598 causó una brusca reducción en la cantidad de indios encomendables en la nueva zona fronteriza. Muchos de ellos murieron en las batallas que siguieron, mientras que otros fueron capturados o huyeron al otro lado de la nueva frontera: los ríos Laja y Biobío. Muchas encomiendas, como las del valle de Hualqui, fueron diezmadas en la guerra, y se fusionaron para formar nuevas reparticiones, dejando más tierras libres para la colonización española del siglo XVII. Los gobernadores Alonso de Rivera y Alonso García de Ramón hicieron la tarea de reconstruir las encomiendas fronterizas, donde, según ellos, solamente quedaron alrededor de 1.300 indios tributarios¹⁰.

Ahora bien, a mediados del siglo XVII empezó a aparecer una nueva política en encomiendas del Obispado de Concepción que rápidamente se expandió por todo el territorio chileno -nombrada en otro trabajo como las “nuevas encomiendas”¹¹-. Estas encomiendas se conformaban con un grupo de indios no necesariamente emparentados, que ya vivían dentro de los límites de la hacienda del encomendero. Generalmente eran niños y jóvenes, cuyos orígenes se remontaban a la esclavitud o la migración de indios externos de la zona¹². Por esta razón, al entrar el siglo XVIII casi todas las encomiendas de Concepción contaban con estas características, mientras que sólo quedaron una docena de caciques que todavía participaban en la política de la encomienda en su forma original.

1.2. Indios libres

Antes del gran alzamiento indígena de 1598, todos los caciques del Reino de Chile estuvieron incluidos dentro de la política de la encomienda. Sin embargo, al perder el dominio de las tierras al sur del río Biobío dejó de funcionar el sistema de la encomienda en dicho territorio¹³. Esta nueva realidad quedó formalizada en varias cédulas reales y en la tasa del gobernador Francisco Laso de la Vega, donde se declaró libres de la encomienda a todos los indios cuyas tierras ancestrales se encontraban ubicadas al sur de los ríos Laja y Biobío¹⁴. A la vez formaron reducciones de indios libres en las tierras colindantes con los fuertes de San Cristóbal, Santa Fe y Santa Juana, para hospedar los indios del sur que quisieron trasladarse al abrigo de los fuertes de los españoles. Estas reducciones, cuyos habitantes se denominaron, “indios amigos”, formaron las primeras familias de indios libres, algunos de los cuales, con el paso de tiempo, emigraron a lugares tan lejos como Santiago y La Serena¹⁵.

En 1641, por ejemplo, el Parlamento de Quillín abrió un segundo frente de “indios amigos”, que permitió la emigración de familias o individuos desde las tierras indígenas hasta las tierras de los españoles¹⁶. Estos indios, al cruzar la frontera militar (el río Biobío), tuvieron que acercarse al corregidor para solicitar un pase o carta de libertad que indicaba su origen y su calidad de indio libre. Al final del siglo XVII hubo cientos de indios libres viviendo entre los españoles y en muchos casos formando familias con los indios o mestizos de la zona.

1.3. Indios esclavos: cautivos y esclavizados

Para reemplazar los indios perdidos en la guerra y cubrir la nueva demanda de mano de obra en las estancias de Chile, el Rey permitió la esclavitud de indios capturados en la guerra¹⁷. La historia legal de la esclavitud indígena es una complicada confusión entre las cédulas reales a favor y en contra de esta práctica, desde mediados del siglo XVI. En 1674, cuando llegó la cédula real que puso término a la esclavitud indígena en Chile, esta ya era algo común, normal, y aceptada por todas las clases sociales y religiosas. Su fin comenzó una nueva etapa laboral, donde el indio libre tomó precedencia, con una importancia mucho mayor que antes.

Algunos indios esclavos -tales como los de encomienda- se ausentaron de la hacienda, pero la gran mayoría se quedó trabajando, ligados por los recursos que recibieron de sus hacendados. El temor por la abolición de la esclavitud no era sólo que los indígenas fueran a volver a sus tierras ancestrales, sino también que un mercado laboral abierto aumentaría la remuneración de los trabajadores reduciendo así las ganancias de los hacendados. Para evitar la apertura del mercado laboral, los hacendados cambiaron la designación judicial de muchos de estos indios esclavos a “depositados”¹⁸, lo cual aseguró su permanencia en su hacienda de origen. Como depositados, los indios tenían que seguir trabajando hasta que terminaran todas las apelaciones dirigidas al Rey sobre la legalidad de la esclavitud indígena. Esta práctica se mantuvo hasta el final del siglo XVII, cuando una cédula real finalmente abrió el mercado laboral. No todos los indios esclavos fueron capturados en la guerra. Hubo un segundo grupo igual de importante que llegó de manera muy diferente a las haciendas de los españoles, que los documentos coloniales denominan “esclavos a la usanza” o simplemente “indios de usanza”¹⁹.

La usanza se remonta al siglo XVII, cuando los españoles vieron cómo los mapuches pagaban a la familia de la novia por el privilegio de casarse con su hija. Esta práctica, muy común entre las sociedades primitivas -donde el rol de la mujer es primordialmente la procreación-, tenía un alto valor social y económico, y era muy diferente a la realidad española, donde los padres de la novia entregaban dinero o bienes al novio en forma de una dote en el momento de casarse. Al ver esta “compra a la usanza” que los hombres mapuches realizaban, los oficiales mercaderes -en su mayoría esclavistas- crearon un plan para aumentar la cantidad de esclavos legales que tendrían, y a la vez abrir un nuevo mercado indígena para los productos españoles.

Los oficiales empezaron a recibir mujeres o niños mapuches como forma de pago por un caballo, algunas arrobas de vino o algunos paños de géneros o pedazos de fierro. La compra a la usanza de mujeres aumentó con rapidez y llegó a incluir niños y jóvenes. Muchas veces estas mujeres o estos niños (ya fuesen viudas o huérfanos) eran vendidos por sus familias, que no podían mantenerlos. Pero también se dieron muchos casos donde los padres, por la extrema necesidad que conllevaba el hambre, vendieron a sus propios hijos por un poco de alimento para salvar las vidas de los demás miembros de su familia²⁰. Originalmente esta compra por los oficiales del ejército fue autorizada bajo el pretexto de ser un empeño a plazo fijo²¹. Por eso los mapuches tuvieron el derecho legal de devolver al oficial el valor monetario invertido en el empeño del familiar. Sin embargo, esto nunca sucedió, y rápido llegaron a ser propiedad del oficial, y esclavos que podían ser vendidos libremente en las ciudades de Concepción y Santiago.

1.4Pueblos de indios

En el lado norte de la frontera los indios de encomienda fueron reducidos a pueblos, donde se agruparon diferentes linajes o clanes en un solo grupo, en un terreno en el que -por lo menos parte de ellos- ya estaban viviendo. En el siglo XVI asignaron tierras a los encomenderos que generalmente colindaban con los pueblos recién creados de indios, pero con el recambio de encomenderos se dieron casos donde la distancia entre la estancia del nuevo encomendero y el pueblo asignado de sus indios hizo necesario el traslado temporal a su propiedad de una parte del pueblo. En estos casos el pueblo indígena quedaba casi vacío, permaneciendo finalmente el cacique y su familia inmediata, quienes no tuvieron la obligación de emigrar, aunque la mayoría de ellos se desplazaron junto con su gente. La muerte de estos caciques por enfermedades, la guerra o hechos criminales provocó un deterioro demográfico y la desolación de muchos de estos pueblos.

En su afán de proteger a los pueblos de indios se creó en el Valle Central un sistema de censos y administración. Para su funcionamiento se nombraron españoles, que junto con el cacique arrendaban y sacaban ganancias a favor, de los indios que no pudieran estar en sus pueblos por razones laborales. Los caciques también arrendaron porciones de sus pueblos a mestizos o españoles pobres que no pudieran pagar los altos arriendos que pedían los estancieros locales. Pero a diferencia de los caciques del Valle Central de Chile, el Obispado de Concepción -por su situación de guerra- no contaba con administradores españoles que aconsejaran y manejaran las finanzas de los caciques. Esto conllevó que durante la primera mitad del siglo XVII, la administración de los pueblos de indios del Valle Central fuera un negocio deseado por parte de los oficiales retirados del ejército, que gozaron de las tierras de los pueblos indígenas, con la obligación de pagar un monto fijo de dinero anualmente al cacique y protector de indios, mientras que en el sur los pueblos decayeron y en algunos casos fueron abandonados.

A consecuencia de este deterioro, en los últimos treinta años del siglo XVII, los gobernadores chilenos calificaron como vacantes decenas de pueblos de indios del Obispado de Concepción, por no contar con un cacique o alguien que pudiera tomar este rol. Al estar legalmente vacantes, las tierras fueron entregadas de inmediato como mercedes de tierras a oficiales interesados en su uso. Estas mercedes fueron relativamente pequeñas en tamaño, de 100 cuadras o menos. Por ejemplo, doña Narcisa Baeza recibió 12 cuadras del pueblo de Manzano, en la ribera del río Itata; el alférez Feliciano Díaz de Ayllon recibió 28 cuadras en la Estancia del Rey, y el capitán Celedonio Camus recibió 100 cuadras del pueblo de Dichato²².

Es clave reconocer aquí que es muy probable que ninguno de estos pueblos legalmente vacantes realmente permaneciera sin indios viviendo allí. La presión por parte de los hacendados obligó a los gobernadores a que declararan vacantes las tierras, sin confirmar primero la ubicación de los indios que anteriormente vivían allí. El mismo pueblo de Dichato, entregado en 1663 al capitán Celedonio Camus, tuvo unos quince años después un cacique, Juan Tancanze, quien testificó ante la Real Audiencia en varios casos sobre los deslindes de tierras, aduciendo además que él siempre había vivido con su familia en el pueblo de Dichato en el puesto de cacique²³. También matrículas de indios del siglo XVIII revelan la continuidad del pueblo, aun después de la pérdida legal de sus tierras ancestrales²⁴.

Asimismo, los hacendados que consiguieron mercedes en las tierras de los antiguos pueblos de indios, y que después se encontraron en pleitos sobre los derechos de la comunidad indígena y sobre sus tierras, se respaldaron en que muchos de los postulantes indígenas a estos pueblos no eran originarios de ellos, sino recién llegados que utilizaron los alzamientos indígenas para migrar al norte y consolidarse como indios libres en tierras españolas. Antes del alzamiento en el valle de Puchacay hubo una media docena de pueblos indígenas. En los años siguientes volvieron varias familias, encabezadas por un grupo de mujeres viudas, quienes tomaron control de sus antiguos pueblos. Ellas, en conjunto con sus encomenderos, indicaron que muchos de los hombres de dichos pueblos murieron en el alzamiento general, mientras que otros fueron capturados al sur del Biobío o, como solía suceder, fueron esclavizados por los soldados españoles, quienes los rescataron de su cautiverio original. En la década de 1670 se restablecieron todos los pueblos que pudieron hacerlo, nombrando como caciques primero a las viudas, y luego a sus hijos cuando cumplieron la mayoría de edad.

2.1. Diego Algarrobo y las tierras de Talcahuano

Como se explica aquí, no todos los indios que vivieron entre los españoles durante el siglo XVII pertenecían a una encomienda o a un pueblo de indios establecido; muchos se encontraban habitando las estancias de los españoles, donde su estatus y rol social eran confusos. Ejemplo de ello fue la estancia de Talcahuano, que pertenecía a la familia Galeaso Alfaro. En particular a doña Tomasa Galeaso Alfaro, quien también era encomendera del pueblo de Cobquecura y dueña de decenas de indios esclavos pertenecientes a la reducción del cacique Ayllacuriche, posteriormente depositados bajo su dominio. Con permiso del gobernador, ella trasladó la mayoría de los indios de Cobquecura a más de cien kilómetros al sur de su estancia en Talcahuano, dejando casi despoblado el pueblo.

Para rebajar sus gastos y recompensar a los indios por la pérdida de sus tierras se asignó a cada familia indígena o mestiza un sitio para instalar su casa y huerta familiar. El cacique también recibió un sitio y se le permitió seguir dirigiendo su comunidad, con la inclusión de los indios o mestizos que también vivían en la estancia. No le importaban a doña Tomasa el origen de sus trabajadores y su estatus social. Cada uno de sus trabajadores tuvo las mismas oportunidades de recibir tierras agrícolas para su propio uso. Estas familias sembraron trigo, plantaron huertas y pastorearon sus ganados en los potreros comunales de la estancia, pero nunca gozaron del dominio de sus sitios. Su utilización fue relacionada de un modo directo con la vigencia de sus contratos de trabajo. Al ausentarse de la estancia perdían -de forma inmediata- los beneficios acumulados durante años de trabajo. Además de no tener el pleno dominio sobre sus tierras, no podían garantizar sus derechos sobre lo que se producía en ellas. No tuvieron acceso a los mercados urbanos de Concepción y se vieron obligados a vender sus cosechas al dueño, a precios levemente menores, en comparación con los precios del mercado interno²⁵.

La urbanización de Chile que comenzó en la segunda mitad del siglo XVII y las recurrentes epidemias que asolaron la población ocasionaron una constante falta de mano de obra rural. Esta se sintió aún más en la frontera de Concepción, donde la mayoría de la población estaba relacionada con el ejército, y no necesariamente con el mundo agrícola. Por eso los hacendados utilizaron la fuerza y los recursos judiciales a su disposición para retener su mano de obra ligada a sus haciendas. La pérdida de unos pocos trabajadores fácilmente significaría su ruina al no poder sembrar o cosechar en las estaciones correspondientes.

Los mestizos e indios libres fueron los más perjudicados por las acciones judiciales de los hacendados. Muchos supieron demasiado tarde que ellos o sus hijos habían sido incluidos -sin su conocimiento- en matrículas de encomiendas o depósitos, donde judicialmente les prohibieron salir de la hacienda. Además, con el fin de la esclavitud, muchos títulos de indias esclavas ya fallecidas fueron utilizados maliciosamente para obligar a otras mujeres a continuar en una hacienda o casa particular, aunque ellas querían irse a trabajar en otra parte. Fue justo esto último lo que desató el conflicto entre doña Tomasa Galeaso Alfaro y Diego Algarrobo, un indio libre que prestaba servicios en su estancia²⁶.

Después de estar muchos años viviendo y trabajando en la estancia de Talcahuano, Diego Algarrobo quiso un cambio. No resulta claro qué gatilló esta decisión; pudo haber sido por maltratos, falta de salario o simplemente una mejor oferta laboral. Lo que sabemos es que decidió irse de la estancia con su familia. Pero doña Tomasa utilizó todos los recursos a su disposición para impedirlo. Primero adujo que era parte de su encomienda, el pueblo de Cobquecura; después, que la esposa -siendo india- estaba bajo su tutela, como depositado, y luego que no podían sacar sus bienes de la propiedad porque era un trabajador y no un inquilino. Sin embargo, con la ayuda del protector de indios y -de forma anónima- su nuevo empleador, su caso llegó rápido hasta la Real Audiencia en Santiago.

Así, en 1710 Diego Algarrobo se presentó ante la Real Audiencia y pidió ser declarado indio libre y dueño de sus posesiones que estaban en la estancia de Talcahuano, donde trabajaba hacía muchos años. Pidió este beneficio no sólo para él, sino también para su esposa e hijos, que también se encontraban bajo el dominio de la encomendera. Indicaron a los jueces de la Real Audiencia que ellos no formaron parte del pueblo de Cobquecura o los indios rebeldes de Ayllacuriche, y que doña Tomasa Alfaro Galeaso estaba tratando de incluirlos dentro de la renovación de su antigua encomienda maliciosamente²⁷.

Según su testimonio escrito y los testigos que presentó ante la Corte, él había nacido en la estancia de Talcahuano y era hijo de los mestizos Matías Algarrobo e Inés de la Barra y nieto del maestro de campo Pedro Valiente de la Barra. Por otro lado, su esposa Pascuala era una india natural de la reducción de Colcura, ubicada al sur del río Biobío, e hija del cacique local. Al ser Colcura una reducción de indios aliados a los españoles, no le correspondía la esclavitud, ella era libre de la encomienda por cédula real. Era obvio para todos los jueces que Diego y su familia eran mestizos fuera del sistema de la encomienda y tributo al Rey. Los testigos indicaron que la familia de su padre, Matías Algarrobo, había llegado a la estancia de Talcahuano hace más de cincuenta años, y que formaron parte de la mano de obra estable de la hacienda desde 1660. El tribunal falló de inmediato a favor de la libertad de Diego Algarrobo y su familia, y entraron a discutir el tema más complicado, el dominio que pudiera tener sobre lo que había acumulado durante sus años de servicio en la hacienda de Talcahuano.

¿Qué bienes podría tener una simple familia de trabajadores agrícolas indígenas? La documentación muestra que Diego Algarrobo acumuló en sus años de trabajo en la estancia de Talcahuano 87 ovejas con sus crías, 19 caballos, una yunta de bueyes, una mula de silla y otra de camino, 61 fanegas de trigo blanco, 10 fanegas de cebada, 2 fanegas de alverjas, 6 fanegas de porotos, 3 carretadas de maíz y una huerta de 4 fanegas de papas. Además de todos sus ganados y huertas, Diego Algarrobo tenía dos ranchos de paja, una bodega y una casa completamente amueblada²⁸.

Los bienes acumulados por Diego no eran pocos. Los productos agrícolas embargados en su bodega venían de su huerta, con varias sementeras de bastante tamaño y una diversidad poco común. Los testigos indicaron que Diego vivía en la hacienda como un trabajador normal, con los mismos derechos de los demás, lo cual muestra que cada trabajador en la estancia de Talcahuano tuvo su propia huerta, que manejaba para su propio beneficio. Siendo mestizo, Diego Algarrobo representaba, junto a su familia, un trabajador común y corriente de las estancias fronterizas. Finalmente el tribunal falló a favor de Diego. Le permitió salir de la estancia con sus cosechas y animales. Pero a pesar de los cincuenta años que su familia había trabajado su sitio en la estancia de Talcahuano, este hecho no les dio el dominio sobre este, y tampoco llegaron a formar parte del pueblo de Cobquecura. Al terminar su relación laboral con doña Tomasa Galeaso Alfaro se perdió la utilización de las tierras que su familia había gozado y defendido por tantos años²⁹.

Como mestizo, con una esposa indígena, Diego no tenía muchas opciones de vida. No pudo comprar tierra para su familia, porque las mercedes de tierras que los gobernadores entregaban a los españoles en nombre del Rey no se dividían, y al no ser un español con una carrera militar no se podía postular a una. Tampoco podía arrendar tierras en un pueblo de indios establecido, dado que su calidad de mestizo lo hizo no deseado, lo mismo que ocurrió al solicitar tierras vacías del cabildo secular de Concepción. Diego Algarrobo y miles de mestizos e indios libres como él no tenían más opciones que ser inquilinos en una estancia de los españoles donde no gozaban del dominio sobre sus tierras o bienes. Para ellos, la tierra era algo para trabajar y sacar el mejor provecho posible, sin echar raíces.

2.2. Alonso Puga Novoa y el pueblo de Gallipavo

Mientras que en teoría Diego Algarrobo era libre para seleccionar su empleador y cambiarse de trabajo cuando quisiera, los indios de encomienda o depósito no tuvieron derecho alguno sobre su lugar de trabajo. Ellos tuvieron la obligación de trabajar para su encomendero y al ausentarse podían ser buscados por las autoridades reales y devueltos como si fueran verdaderos esclavos. Aun así, muchas de las familias de los indios de encomienda estuvieron complacidas de vivir en las estancias con los mismos beneficios de los que gozaban Diego Algarrobo y su familia. Pero las encomiendas no duraron para siempre, y en el caso de Chile, la mayoría fueron canceladas tempranamente por la falta de confirmación real. Con cada nuevo encomendero, los indios tuvieron que dejar atrás sus casas y huertas para trasladarse a la estancia de su nuevo amo.

Con el propósito de no tener que cambiarse de casa, muchas familias indígenas se acercaron a la Real Audiencia exigiendo su derecho a vivir en comunidad y en pueblos, que en su momento fueron asignados por la Corona, que con el paso del tiempo y la ausencia de sus legítimos ocupantes ya tenían otros dueños³⁰. Al mismo tiempo que la Real Audiencia estaba viendo el caso de Diego Algarroba llegó a esta un segundo caso, esta vez del cacique de Hualqui, que exigía la devolución de sus tierras ancestrales y la nulidad de la orden de traslado que había dado el corregidor de Chillán. Su caso se remonta al siglo XVI, cuando el valle de Hualqui era el hogar de una decena de reducciones de Coyunches de la provincia de Rerehualqui³¹. Cada reducción consistía en una agrupación de familias controladas por un cacique principal y varios caciques de menor rango que vivían en diferentes caseríos cercanos. En 1597 el capitán Juan Ocampo recibió una encomienda de las reducciones de Petaco, Quilacoya, Hualqui y Palomar, todas del valle de Hualqui, en las cercanías de la ciudad de Concepción³².

Su proximidad a la ciudad de Concepción, en el valle colindante de Penco y la frontera del río Biobío, hizo muy inestable la vida de los mapuches de este sector. Con la muerte del capitán Juan Ocampo y su única hija, doña Juana Ocampo, la encomienda se entregó en 1632 a su viudo, el contador real don Alonso de Puga Novoa³³. Al comienzo de la rebelión indígena de 1655, los indios alzados arrasaron con el pueblo de Hualqui, capturando mujeres y niños³⁴. Los hombres no estaban presentes en ese momento porque se encontraban con en el ejército español en Valdivia. Unos días más tarde, al volver a Concepción, la mayoría de ellos abandonaron sus puestos militares en compañía de indios amigos para ir a rescatarlos. Tres años más tarde, en 1658, cuando el hijo del contador real y homónimo, Alonso de Puga Novoa, pidió en segunda vida la encomienda de su fallecido padre, su matrícula indicó que -aún tres años después- la mayoría de los indios, incluidos los hombres de su encomienda, estuvieron en cautividad al sur del Biobío³⁵.

Algunos años más tarde, en 1662, Alonso de Puga Novoa, junto al nuevo gobernador, Ángel de Peredo, logró la recolonización de las tierras del corregimiento de Chillán y la refundación de la ciudad, que había quedado desolada a comienzos del alzamiento de 1655³⁶. El maestro de campo, Puga Novoa, tuvo un interés especial en la pacificación del lado sur del corregimiento de Chillán, donde recién había comprado una estancia en el valle de Larque, de su amigo el maestro de campo Francisco Bascuñán Núñez de Pineda³⁷. Al tomar posesión de las tierras de Larque y encontrarlas sin trabajadores para poblarlas, se le autorizó trasladar temporalmente su encomienda desde el valle de Hualqui hasta la estancia de Pichicoyan, en el partido de Larque. Se unieron a ellos más tarde las familias que estaban cautivas al sur del Biobío³⁸.

Con el tiempo la familia Puga Novoa consiguió otras propiedades en el sector de Larque, incluidas las estancias de Curica y Rentocura, y unas 20 mil cuadras colindantes con Pichicoyan, que luego renombraron San Joseph. En cada estancia llegaron nuevos grupos de indígenas a vivir y trabajar como peones o vaqueros. Algunos eran cautivos de las reducciones de Ayllacuriche, quienes por orden del gobernador, Juan Henríquez, fueron desnaturalizados de sus tierras en las riberas del río Malleco y distribuidos entre las estancias de los españoles por rebelión. También había familias compuestas por indios esclavos, recién liberados con la cédula real de 1674, pero obligados por ley de depósito a seguir trabajando con el español que originalmente era su amo³⁹. Mientras que otros eran mestizos o indios libres, como en el caso de la familia de Diego Algarrobo.

Con la muerte de Alonso Puga Novoa, en un periodo de menos de quince años, sus encomiendas y depósitos fueron dados primero al nuevo marido de su viuda y luego a su hermano Francisco Puga Novoa, y posteriormente a su sobrino José Puga Novoa⁴⁰. Cuando este último recibió la encomienda en 1702 todavía era menor de edad y su madre propuso a la Real Audiencia la necesidad de remover los indios de las estancias de los descendientes de su fallecido cuñado -Alonso Puga Novoa- para ponerlos en su estancia -en la misma zona-, llamada Palpal.

Esta simple petición desató la ira de quien hacía poco había sido su encomendero; el maestro de campo Juan Bautista Gacitúa no estaba dispuesto a perder su mano de obra. Junto con las familias mapuches de Hualqui y Ayllacuriche demandaron a la Real Audiencia por la falta de tierras y el desarraigo que les había causado la familia Puga Novoa unos cuarenta años antes. Indicaron que se les había prometido volver a sus tierras ancestrales, pero habían llegado noticias de que esas tierras ya se habían entregado a otros.

La Real Audiencia falló a favor del cacique y anunció que por ser cacique tenía derecho a tierras. Sin embargo, sus tierras ya no estaban disponibles porque los habitantes de la isla Mocha ya vivían ahí⁴¹. El traslado de los indios de la isla Mocha a las tierras de Hualqui no fue por iniciativa propia, sino por orden judicial, por ser dicha isla un destino habitual de los navíos europeos enemigos para abastecerse de agua y víveres. Por eso el gobernador ordenó la evacuación completa de la isla y el traslado de todos sus habitantes más de cien kilómetros al norte, para así negar su uso a los barcos europeos. Tampoco eran libres de salir de allí porque, al ser naturales del sur del Biobío, no les fue permitido volver a su región de origen⁴².

Al no estar disponibles estas tierras, el cacique y las demás familias de Hualqui se aliaron con el maestro de campo Juan Bautista Gacitúa, su antiguo encomendero, quien les ofreció cederles tierras de su estancia San Joseph para formar un nuevo pueblo. La tutora del joven encomendero, doña Luisa Ordóñez de Pineda, respondió al alegato con su propio ofrecimiento de tierras en su estancia colindante, llamada Palpal. La Real Audiencia aceptó, con la condición de que existiera un título de dominio legal para el cacique y no un préstamo, como tenían los inquilinos. Doña Luisa ofreció un potrero que colindaba con el estero Gallipavo y que formaba parte de los deslindes de su estancia, y además aceptó utilizar la normativa actual sobre la fundación de pueblos de indios, donde cada hombre adulto y cada viuda recibirían un sitio propio. También aceptó incluir las familias de Ayllacuriche y otras familias indígenas que tenía de depósito. El título del pueblo sería a nombre del cacique y se heredaría junto con el puesto.

El 30 de abril de 1703 llegaron el corregidor de Chillán, el juez de mensuras y otros testigos a fin de mensurar las tierras de Palpal, para la formación del nuevo pueblo de indios en el potrero de Gallipavo⁴³. Midieron un paño de 205 cuadras, y de estas entregaron 10 cuadras al cacique Juan Caranpangi y cinco a cada uno de los veintitrés hombres cabeza de familia. Al final incluyeron cuatro viudas, quienes recibieron tres cuadras cada una, y las 70 cuadras restantes fueron destinadas a un potrero comunal. Así nació el pueblo de Gallipavo⁴⁴. Los antepasados de las veintiocho familias del nuevo pueblo venían no solamente del pueblo original de Hualqui, sino también de Ayllacuriche y de diversas partes de la Araucanía. Ellos aceptaron a Juan Caranpangi como su cacique y a José Puga Novoa como su encomendero. Adquirieron el dominio sobre la tierra y además lograron cumplir con las demandas laborales de su encomendero. Sin embargo, al formar el pueblo de Gallipavo desapareció para siempre el antiguo pueblo de Hualqui. La inclusión de las familias de Ayllacuiche y los descendientes de los antiguos esclavos cambió la composición del pueblo y obligó a la formación de una nueva identidad social, que permaneció intacta durante el siglo XVIII.

2.3. María Quintumilla y el pueblo de Nonguén

Cuando el gobernador de Chile José Garro trasladó los indios de la isla Mocha al valle de Hualqui, todos sabían que era un cambio permanente. Jimena Obregón y otros historiadores han mostrado cómo el temor a la barbaridad y la apostasía a la fe católica facilitaron la creación de reglas y normativas que no permitían a los indios cristianizados volver a vivir entre los indios no evangelizados del sur del Biobío⁴⁵. Sin embargo hay que agregar que los clérigos vicarios de las parroquias rurales de Concepción vieron a los indios como una fuente segura de ingresos por su porción de los tributos anuales y limosnas que cobraron de sus curatos. Por eso se aseguraron de que los cientos de indios libres que cruzaron al lado norte de la frontera militar cada año nunca lograran volver a sus casas al sur de ella. Muchos -como la esposa de Diego Algarrobo- formaron familias entre los españoles, mientras que otros intentaron unirse a un pueblo de indios ya establecido.

A continuación se describe el caso particular de María Quintumilla, quien al emigrar con su familia desde la Araucanía a Concepción entró en el mundo español, donde tuvo que utilizar “las reglas del juego” a su favor. Se evidencia cómo ella suplicó al gobernador, José Garro, el puesto de cacique de un pueblo que no existía legalmente antes de su petición -en aquel entonces- llamado Nonguén. Utilizó al corregidor de Puchacay, el capitán Domingo Opazo, y a varios caciques locales para crear una historia favorable para ella y su familia, que dio sustento a la formación judicial de dicho pueblo. Estas acciones lo convierten en un caso particular de estudio de la figura femenina, en cuanto al restablecimiento de tierra y libertad indígena, en un contexto donde comenzaba a visualizarse -poco a poco- una convivencia entre españoles e indígenas, desde una validación social mutua, y donde, particularmente se utilizan las leyes españolas en beneficio del indígena, luego de los largos años de esclavitud, lo cual supone un quiebre importante.

El 13 de abril de 1742 llegó al tribunal de la Real Audiencia el cacique Pascual Quechuguepu para defenderse de la apelación de doña Mariana Angulo y sus hermanas Gabriela y Josefa⁴⁶. Dichas mujeres, de Concepción, alegaron a los jueces que el cacique les había quitado hace años el uso de sus tierras y que se había autoproclamado cacique, creando a la vez el pueblo de Nonguén, en tierras que originalmente eran de su estancia. Mariana Angulo explicó cómo sus padres, el sargento mayor don Pedro Angulo y doña Jerónima del Pozo Silva, llegaron a Concepción con el gobierno de Juan Henríquez y participaron en la recuperación de las tierras perdidas en el alzamiento indígena de 1655, y que -por su participación- había recibido una merced de tierras de 500 cuadras en las demasías de la estancia del capitán Juan Torres Añasco. La merced fue entregada en Concepción el 22 de diciembre de 1672, y, apenas dos semanas después, el 2 de enero 1673, junto con el corregidor de Puchacay, el capitán Juan García Venegas, tomaron posesión de las tierras de Nonguén⁴⁷. Certificaron que no había personas viviendo en las tierras, ni ganado u otra muestra de dominio por parte de los españoles o indígenas.

Algunos años después, en abril de 1681, el nuevo corregidor de Puchacay, el capitán Isidro López, citó a los vecinos del sector para reunirse con sus títulos de tierras y así poder mensurar el valle y fijar judicialmente los deslindes⁴⁸. Pedro Angulo y Juan Torres Añasco fueron dos hacendados, de unos cincuenta, que participaron en la mensura y lograron establecer deslindes definidos. En este tiempo la estancia de Pedro Angulo tenía una chacra con sementeras de trigo, verduras y legumbres, junto con una viña de cinco mil plantas. En sus potreros tenía vacas, caballos y mulas para vender al ejército⁴⁹.

Sin embargo, en 1685, después de la muerte del capitán Juan Torres Añasco, su yerno Juan Cárcamo de Lastra apeló a la Real Audiencia la mensura de 1681, porque según su información el corregidor no había incluido dos antiguos títulos de tierras de su suegro, que correspondían en parte a las tierras de Nonguén⁵⁰. En su apuro por recuperar sus tierras, Juan Cárcamo de Lastra quemó varios ranchos de los trabajadores de Pedro Angulo y unos ranchos de los indios del sector. Esto ocurrió porque el castellano Pedro Angulo no se encontraba viviendo en sus tierras, ya que él -como la mayoría de los hacendados españoles- vivía en la ciudad de Concepción, mientras que sus mayordomos e indios de trabajo vivían en las haciendas rurales.

Al ver la probabilidad de que iba a perder sus tierras por la antigüedad de los títulos de Juan Cárcamo de Lastra, Pedro Angulo utilizó la única defensa que tenía. “Las tierras no pudieran ser de la estancia de Juan Torres Añasco, porque eran de un antiguo pueblo de indios, donde todos habían fallecido por la peste, hace años”⁵¹. Alegaron que el gobernador había declarado vacías las tierras, por lo cual el título de Pedro Angulo era legal y superior a los títulos de Juan Torres Añasco, aunque ellos eran más antiguos. La victoria de Pedro Angulo no duró mucho porque al poco tiempo falleció, junto con su esposa, dejando sus cinco hijos menores bajo el cuidado de los parientes maternos, quienes como administradores de los bienes de la familia Angulo arrendaron las tierras de Nonguén a la familia Torres Añasco, la misma familia con quien habían tenido pleito por las tierras anteriormente.

Lo que no sabía Juan Cárcamo de Lastra cuando quemó los ranchos de Nonguén era que había quemado la casa de una indígena, llamada doña María Quintumilla, quien había sido lanzada unos años antes de las tierras de su fallecido suegro. En su rabia por haber sido de nuevo desterrada de su hogar, se dirigió al gobernador José Garro y presentó un memorial donde indicaba que era natural del sur del Biobío y que ahora era cacica de las tierras de Nonguén. Su historia coincidió perfectamente con la defensa que estaba usando la familia Angulo, que sus tierras eran de un pueblo indígena que había fallecido por la peste y ella fue rápidamente amparada como cacica y sobreviviente de la peste que había matado a su pueblo.

A finales de 1685, con el apoyo del corregidor de Puchacay, capitán Domingo Opazo, doña María Quintumilla volvió a las tierras de Nonguén, donde vivió con su familia hasta su muerte, en 1716. Los españoles aceptaron su presencia y no la molestaron, aunque podría decirse que básicamente la ignoraron. Antes de morir, ella hizo un testamento ante el escribano de Concepción, donde nombró a su sobrino Pascual Quechuguepu cacique del pueblo y heredero de los derechos que venían con este. Su sobrino ya ocupaba el puesto hace años, pero el testamento servía para definir de manera legal la última voluntad de la cacica respecto a la administración de las tierras y la gobernación del pueblo. El testamento también revela otra curiosidad: ella -en el momento de testar- estaba casada con un español, llamado Domingo Gallegos.

Igualmente, Mariana Angulo admitió que, entre 1685 y 1716, sabía de la existencia de doña María Quintumilla y su familia en los linderos de los potreros de Nonguén. Seguramente, habían escuchado que era una cacica, pero según testigos, poco les importaba mientras no molestaran porque su marido, Domingo Gallegos, trabajaba para ella como peón en su estancia. Sin embargo, esto cambió con la llegada de Pascual Quechuguepu y su familia. Ellos no pretendían trabajar para la familia Angulo, sino que indicaron que quisieron formar un pueblo de verdad y establecerse en el valle de Nonguén, no como indios de encomienda -como sus pares-, sino como indios libres del sur del Biobío. En 1723 la familia Angulo, al ver que habían perdido el acceso a la mayoría de sus tierras -incluidas las casas patronales de sus difuntos padres-, recurrió al tribunal para poner fin al pueblo de Nonguén, que según ellos nunca había existido.

Pero no sabían que en 1702 doña María Quintumilla había pedido amparo al gobernador Tomas Marín de Poveda, y que en 1705 le había concedido una matrícula y mensura para definir los miembros del pueblo y los deslindes de sus tierras⁵². Ellos explicaron al gobernador que su antecesor, José Garro, la había amparado en su libertad, por ser del sur del Biobío y por su puesto de cacica de Nonguén. Pero para poder quedarse requería tierras propias para su sustento. Acordaron con el gobernador que, como fieles católicas que eran, no podían volver a las tierras de sus familiares bárbaros del sur del Biobío, y que como cacica tenía derechos reales a las tierras de su pueblo. En 1705, el defensor de los indios del Obispado de Concepción, capitán Pedro Vargas Villagómez, hizo la primera matrícula y mensura del pueblo de Nonguén. Fue recibido por el cacique Pascual y la anciana cacica María (ella había entregado las funciones administrativas del pueblo mucho antes de su muerte). Asignaron 50 cuadras para pastorear caballos y ganados, y 42 cuadras para la chusma y elegidos del pueblo. Asignaron tierras al cacique y las familias que se habían formado en el pueblo. Se debe indicar que en la matrícula de 1705, de las veinte personas adultas que matricularon, sólo once estuvieron presentes⁵³. Las otras estaban trabajando en la ciudad de Concepción o en una estancia del vecindario.

En su defensa ante el tribunal, Mariana Angulo explicó que en 1672, cuando llegaron sus padres a Nonguén, el lugar estaba vacío, y que doña María Quintumilla no era natural del lugar como decía, sino de Netholgon, en el estado de Arauco. Llamó como testigos a caciques e indios ancianos del valle de Puchacay, que relataron en sus propias palabras la historia y genealogía de doña María. Por ejemplo, don Tomás Lonchue, cacique del pueblo de Retolon, quien nació en 1660, indicó primero que María Quintumilla era natural del tercio de Arauco, hija de Recholquon Chiquita, quien no era un cacique⁵⁴. Agregó que María vino al pueblo de Retolon junto con su primer marido, Millaqueo, y varias hijas. Cuando falleció su primer marido, doña María emigró con sus hijas al otro lado del río Itata, donde se casó a la manera indígena con don Martín Peleyquena, cacique del pueblo de Purema. Ellos tuvieron una hija, Francisca, quien se casó con un indio de las reducciones de Santa Juana, Vechuqueo, quienes fueron los padres del cacique Pascual, quien en realidad no era su sobrino sino su nieto.

Con la muerte de su segundo marido, ella volvió al pueblo de Retolon, donde estaba viviendo en el momento de la matrícula que había pedido al capitán Torres Añasco. Los testigos indicaron que cuando el cacique del pueblo de Retolon había expulsado a doña María y sus hijas de sus tierras, ella había ido al potrero de Nonguén a vivir⁵⁵. María Quintumilla aceptó todos los testimonios de los caciques y españoles en su contra, pero respondió que ella y su familia fueron en primer lugar indios libres, y segundo, eran cristianos, y que por eso no se les podía devolver a sus tierras natales, por ser tierras de indios bárbaros. Valieron los derechos adquiridos de la cacica María y su fe católica. Su dominio fue confirmado nuevamente, y en 1741 matricularon otra vez el pueblo, dejando así sus deslindes fijos hasta el fin de los tiempos coloniales⁵⁶. Sus habitantes mantenían una ocupación viva de la tierra y permanecieron intactos y unidos, mientras que los demás pueblos de indios cercanos desaparecieron con el paso del tiempo.