Introducción

En 1893 la Diócesis de Pasto encomendó a la orden de los Hermanos Menores Capuchinos de Ibarra, en Ecuador⁽¹⁾, la tarea de realizar una expedición que evaluara la posibilidad de restablecer la labor misionera en la Provincia del Caquetá de la República de Colombia. El Custodio Provincial de los Hermanos Capuchinos, fray Melchor de Tivisa, delegó para esta visita a los misioneros fray Ángel de Villava y Francisco de Ibarra, y el padre inglés Enrique Collins. Esta provincia abarcaba para entonces las cuencas de los ríos Guaviare, Orinoco, Vaupés, Apaporis, Caquetá, Aguarico, Putumayo y Napo, y los límites territoriales establecidos por Colombia desde su creación, en 1845: desde la vertiente oriental de los Andes y el páramo de Sumapaz, al norte; los ríos Guaviare y Negro, en la frontera con Venezuela y Brasil, hasta el río Napo, en su desembocadura en el río Amazonas, en los límites con Ecuador y Perú⁽²⁾. Pese al extenso territorio conformado por esta provincia, la excursión de los religiosos se enfocó en los corregimientos de las cuencas de los ríos Caquetá, Mocoa y Putumayo, debido a que a lo largo de la segunda mitad de este siglo, la administración del territorio y las actividades comerciales se concentraron en las regiones cercanas al piedemonte del Caquetá-Putumayo (ver el mapa 1). Tras su viaje⁽³⁾ informaron al obispo de Pasto, Manuel José Caicedo (1892-1895), el buen recibimiento de los grupos indígenas, quienes de manera reiterada les “pidieron padres” para sus pueblos. Sin embargo, pese al optimismo, las noticias del Caquetá no fueron del todo alentadoras. En su informe advirtieron las dificultades que podría afrontar una misión ante el difícil panorama social, político y económico que primaba en la región: la expansión del comercio a lo largo de los corregimientos del piedemonte y los ríos Caquetá y Putumayo, y el control del trabajo indígena ejercido por los comerciantes caucheros. Fray Ángel de Villava documentó esta situación en su visita a los ríos poblados del Orteguaza y Caquetá del corregimiento del alto Caquetá:

“Esta esclavitud de los indios fue el obstáculo principal y casi insuperable que nos impidió administrar los Sacramentos a los coreguajes y tamas. No podemos conformarnos de manera alguna con la conducta que los comerciantes observan con los pobres indios. Si alguno de estos muere sin pagar lo que debía al comerciante, éste lo exige a otros indios, cobrándoles precios excesivos”⁽⁴⁾.

Este escenario no abarcó únicamente este corregimiento. Para finales de siglo los misioneros capuchinos del ensayo de misión⁽⁵⁾ (1896-1904) denunciaron una situación que se asemejaba a las acusaciones realizadas por Villava años atrás, pero en esta ocasión, en los corregimientos fronterizos de Putumayo y Aguarico, ubicados a cientos de kilómetros del Caquetá y Orteguaza:

“Según me informaron, tanto los del Cuyabeno como los Cocayas, son muchos, pues hay ocasiones en que estos últimos bajan a Pucu-peña en cuatro grandes canoas. Por lo tanto, en Ardilla y Lagartococha, existen grandes tribus de infelices indios salvajes, mientras que en el Putumayo, Aguarico y demás ríos, no se ocupan sino del comercio”⁽⁶⁾.

Aunque la situación descrita por los misioneros capuchinos en apariencia puede no representar novedad alguna frente a las investigaciones históricas y antropológicas que documentaron la época del caucho, la expansión de las actividades extractivas más allá de las regiones que han sido tradicionalmente abordadas (el piedemonte del Caquetá-Putumayo y la cuenca baja del Putumayo) aporta interesantes elementos que problematizan la manera como se ha comprendido tanto el estudio del proceso de formación del estado⁽⁷⁾ en las fronteras amazónicas como la expansión de la economía extractiva gomífera en la Provincia del Caquetá.

Fuente: elaboración de Camilo Mongua Calderón y Miller Adolfo Espinosa, a partir del mapa “Corregimientos y poblaciones en el territorio del Caquetá (Amazonia) en 1854”, Camilo Domínguez y Augusto Gómez, Nación y etnias. Los conflictos territoriales en la Amazonía colombiana, 1750-1933 (Bogotá: Disloque Editores, 1994), p. 29; Robert Wasserstrom, “Surviving the Rubber Boom: Cofán and Siona Society in the Colombia-Ecuador Borderlands (1875-1955)”. Ethnohistory 61, n.° 3 (2014): 525-548, y Archivo Histórico de la Diócesis de Mocoa, Sibundoy-Colombia, “mapa sin título”.

Mapa 1 Mapa sin título 

Los estudios históricos y antropológicos han caracterizado tres momentos en el proceso de articulación de la Amazonía al estado colombiano -la extracción de quina y gomas en el piedemonte del Caquetá-Putumayo (1874-1900), el establecimiento de la Casa Arana en el bajo Putumayo (1903-1932) y la guerra con el Perú (1932-1933)- como los principales ejes que articularon las fronteras amazónicas al estado colombiano. Sin embargo, han sido escasos los estudios que se han centrado en el siglo XIX, al creerse que el estado en este periodo estuvo ausente y que la extracción de gomas colapsó tras la Guerra de los Mil Días. Las fuentes documentales del Territorio del Caquetá (1845-1886), Provincia del Caquetá (1886-1904), y el ensayo de misión capuchina (1896-1904) indican un complejo proceso de articulación de los corregimientos fronterizos previo al desarrollo de la economía gomífera y al establecimiento de la Casa Arana. La creación del Territorio del Caquetá en 1845 permitió que se fueran articulando de manera paulatina los poblados del piedemonte del Caquetá-Putumayo, la cuenca de estos dos ríos y las fronteras del Aguarico y el Napo. Aunque la administración de esta jurisdicción especial fue precaria ante la escasez de funcionarios y de presupuesto, el aumento del comercio y la delegación de los comerciantes como corregidores llevaron a que se convirtieran a lo largo de la segunda mitad de este siglo en los representantes del estado en las fronteras. La crónica de Ángel de Villava y la correspondencia del ensayo de misión de la orden capuchina se sitúan en medio de este complejo proceso, en el que el abuso en contra de los diferentes grupos indígenas, la expansión de la economía gomífera y el control de los comerciantes caucheros hicieron parte de las dinámicas delegativas del poder del estado en la frontera, lo cual permitió, a finales de siglo, el fortalecimiento del poder político de comerciantes caucheros, quienes denunciaron la llegada de extranjeros para proteger sus actividades económicas y explotar la mano de obra indígena.

Este artículo aborda el estudio del proceso de formación del estado en la Provincia del Territorio del Caquetá, en particular, en los corregimientos fronterizos de Putumayo y Aguarico, en el periodo de 1845 a 1904. En un primer momento, se discuten las ideas de aislamiento y abandono del estado en las fronteras amazónicas. Posteriormente, se abordan la constitución de esta Provincia, la conformación de los corregimientos y el desarrollo de una infraestructura previa (1845-1874) al boom de la quina y a la época del caucho. Por último, se discute la relación entre el poder político y económico en la extracción de las gomas en los corregimientos de Putumayo y Aguarico, la llegada de los misioneros y la consolidación del poder político de los caucheros. Se argumenta que, pese a la precariedad institucional (escasez de funcionarios, cuerpos de policías, militares, aduanas), se desarrolló una dinámica de poder delegativo del estado que llevó a que con el paso del tiempo los comerciantes se convirtieran en los representantes del estado en las fronteras indefinidas del Putumayo y Aguarico.

El estudio de la frontera y el estado en el Putumayo-Aguarico: ¿un espacio acéfalo y marginal?

La idea de ausencia del estado y precariedad institucional aplica no sólo para los corregimientos de la segunda mitad del siglo XIX de la Provincia del Caquetá. Esta ha sido una idea recurrente en las investigaciones de la Amazonía tanto en Colombia como en Ecuador y Perú, en donde se han concebido los espacios selváticos y las fronteras como espacios semivacíos carentes de vitalidad e importancia. Para el Putumayo, un significativo número de estudios han abordado la expansión de los frentes extractivos sobre el piedemonte⁽⁸⁾, las relaciones de trabajo con los grupos indígenas (peonaje por deudas y las relaciones de tipo esclavista) y el impacto en estas sociedades del bajo Putumayo tras la vorágine del caucho.

Si bien el peonaje por deudas de los grupos sibundoyes, santiagueños y mocoas (actuales kamentsá e inganos) en el piedemonte del Caquetá-Putumayo o los sistemas de explotación esclavistas del bajo Putumayo (huitotos, boras y andoques) han sido ampliamente documentados, para la frontera sur del Putumayo con Ecuador (los ríos San Miguel y Aguarico) ha prevalecido una interpretación de la época del caucho como marginal frente a la cuenca baja y el piedemonte⁽⁹⁾, y de los grupos indígenas tucano occidental (sionas, macaguajes, tetetes) y cofán, como “aislados”⁽¹⁰⁾. Las investigaciones históricas tanto de Colombia como de Ecuador han coincidido en establecer este territorio de frontera como aislado de la extracción de las gomas, o como lugar de explotación “itinerante”⁽¹¹⁾ que no logró consolidar grandes haciendas o fundos caucheros. Por ejemplo, para los estudios colombianos, la región disputada con Ecuador (Putumayo-Aguarico) pasó inadvertida⁽¹²⁾, al centrarse los estudios en la explotación de la quina y gomas entre 1874 y 1900 en la franja del piedemonte del Caquetá-Putumayo (actividad que colapsó producto de la Guerra de los Mil Días y la tala indiscriminada de los árboles de castilloa).

Para el caso ecuatoriano, la frontera amazónica (San Miguel y Aguarico) ha sido caracterizada como aislada o de explotación itinerante⁽¹³⁾, razón por la cual los grupos indígenas quedaron al margen de la explotación de las gomas, la cual ha sido caracterizada como “zona de refugio”⁽¹⁴⁾. La escasez de estudios regionales ha llevado a que los espacios de frontera tanto en Colombia como Ecuador sean interpretados como aislados y sin interacción alguna⁽¹⁵⁾. En una reciente publicación, Wasserstrom y Bustamante llamaron la atención sobre los espacios de frontera, el impacto de las economías extractivas y la manera como fueron integrados los grupos indígenas. Para estos autores, la marginalidad y el aislamiento han permeado tanto la interpretación de las sociedades indígenas como su historicidad al ubicarlas al margen de los principales acontecimientos desarrollados en los siglos XIX y XX⁽¹⁶⁾.

Como observan Wasserstrom y Bustamante para el caso de la Amazonía ecuatoriana, o de acuerdo con los hallazgos de Frederica Barclay para la región de Huallaga⁽¹⁷⁾, la extensa región del piedemonte andino amazónico en la segunda mitad del siglo XIX, más allá de caracterizarse por un aislamiento, hizo parte de un largo proceso de rearticulación del comercio con los Andes y de la expansión de los intereses de las élites locales regionales. Sin embargo, la interpretación de la Amazonía como un espacio acéfalo al margen de la vida nacional ha sido preponderante en los estudios que han abordado la historia de ese territorio para ese siglo. Se presume que el estado allí fue débil y que a lo largo de este siglo no hizo parte de los intereses de las repúblicas. Para el caso colombiano, el estudio del territorio del Caquetá (1845-1886) y posterior Provincia del Caquetá (1886-1904) ha pasado inadvertido, ante un imaginario de ausencia del estado en la frontera⁽¹⁸⁾, en comparación con el amplio número de estudios centrados en las economías extractivas de la quina y el caucho.

Las investigaciones de Camilo Domínguez y Augusto Gómez son los trabajos más extensos en la construcción territorial de la Amazonía colombiana. Estos dos autores centraron sus estudios en las economías extractivas y su impacto en los grupos indígenas amazónicos. Augusto Gómez ha abordado el proceso de incorporación del Putumayo a través del análisis de la expansión de la frontera externa e interna, para lo cual ha tomado como puntos de referencia el impacto de la economía extractiva, la misión capuchina y la colonización⁽¹⁹⁾. Aunque el trabajo de Gómez aborda de manera extensa la historia republicana del Putumayo, el estado y la frontera no son elementos centrales en sus estudios. Margarita Serje, en El revés de la nación, explora estos espacios de frontera⁽²⁰⁾. Su estudio discute el concepto de frontera para analizar la articulación de los “territorios salvajes” al estado y la nación en el siglo XIX. Aunque no aborda de manera específica la temática del estado y la Amazonía, arroja importantes elementos teóricos en la comprensión de los “márgenes” y el proceso de construcción del contexto de los “territorios salvajes” de la nación.

En una reciente publicación, Simón Uribe⁽²¹⁾ explora la frontera del Putumayo a través de una geografía histórica de la construcción del camino entre Pasto y Puerto Asís en los siglos XIX y XX. Este enfoque discute los conceptos de frontera y estado. Para Uribe, esta relación se puede percibir como un juego de suma cero, donde la expansión de uno se expresa en la contracción del otro. Además, en su discusión del estado y la frontera es central el concepto de inclusión/exclusión de Giorgio Agamben. Pese a que en su estudio aborda los imaginarios de infraestructura como proyectos “civilizadores” de Rafael Reyes y fray Fidel de Montclar (primer prefecto apostólico del Caquetá y Putumayo), las dinámicas locales previas a la llegada de estos dos actores (en 1874 y 1905) no son exploradas en profundidad, en particular, en las concepciones de los comerciantes y los grupos indígenas. Estos avances en el entendimiento del estado y la frontera en la Amazonía para los siglos XIX y XX revelan las complejas dinámicas que la formación del estado acarreó para las sociedades de frontera.

A nivel regional, existe una preponderancia en los estudios de la época del caucho, en comparación con los estudios que abordan las dinámicas políticas y estatales. Cuando se comparan los estudios del siglo XIX, prevalece un imaginario de abandono y ausencia del estado en Colombia y Ecuador, ante un avance temprano de Perú. Si bien este último creó de manera anticipada una jurisdicción (departamento de Amazonas, en 1832) y promovió la legislación que permitiera regular la colonización de montaña, la promoción de las misiones y la reducción de los indígenas⁽²²⁾, ello no significó que Colombia y Ecuador abandonaran estas regiones, sino que, por el contrario, esos estados impulsaron diferentes estrategias para la incorporación de los territorios fronterizos.

Para el caso ecuatoriano, la soberanía de las regiones amazónicas ha sido un asunto que ha ocupado al estado durante gran parte de los siglos XIX y XX, debido a la conflictividad en la negociación de su frontera sur con Perú. Esta situación ha generado en la historiografía ecuatoriana un discurso de ausencia y débil presencia del estado. En comparación con Perú, la legislación sobre este espacio en la primera mitad del siglo XIX fue escasa, al igual que ocurrió en Colombia. Aunque la provincia ecuatoriana del Oriente se conformó con los cantones Quijos, Canelos y Macas, fueron pocos los proyectos que se impulsaron en estas regiones en la primera mitad del siglo XIX⁽²³⁾. Para Natalia Esvertit, una de las principales características de este periodo es la ausencia del Oriente en la política nacional, territorio que fue tratado de forma indirecta en las constituciones de 1845, 1851 y 1852. Si bien las iniciativas de Colombia y Ecuador fueron tardías, ello no significó la ausencia de proyectos para la incorporación de los territorios fronterizos, y que las sociedades del piedemonte no siguieran existiendo tras la independencia. Aunque este espacio estuvo al margen de las guerras de independencia, con el paso de las décadas se articuló a través de los antiguos caminos y poblados que comunicaban los Andes y la Amazonía. Generalmente, se suelen confundir los discursos de las elites políticas y la precariedad institucional (fase burocrática⁽²⁴⁾ del estado) con su ausencia. Para el caso tanto colombiano como ecuatoriano, aunque se encontró un incipiente desarrollo burocrático a lo largo del siglo XIX, las sociedades del piedemonte se articularon al mensaje de dominación del estado a través de mecanismos delegativos y que con el paso del tiempo hicieron parte del proceso de formación del estado en la frontera⁽²⁵⁾.

La rearticulación de los Andes y la Amazonía en el siglo XIX: los rezagos de los pueblos de misión, la creación de una jurisdicción especial y el inicio del boom extractivo (1845-1884)

En 1845 la República de la Nueva Granada creó la jurisdicción especial del “Territorio del Caquetá” con la finalidad de establecer una jurisdicción sobre el extenso territorio amazónico y, con ello, defender sus pretensiones territoriales en la cuenca amazónica. Esta jurisdicción fue dividida en corregimientos y gobernada por un prefecto, su secretario y corregidores, quienes debían fomentar la creación de nuevos poblados y apoyar la creación de una misión católica⁽²⁶⁾. Como reseña Gabriel Cabrera, entre las principales obligaciones decretadas para esta nueva jurisdicción se estableció:

“Fomentar las poblaciones de Sibundoy, Mocoa, San Diego, San Miguel, Aguarico, Descanse, Yunguillo y Pacayaró, y designar con aprobación del Poder Ejecutivo, las nuevas poblaciones que se pueden establecer, designar los puntos en que los misioneros deban residir, cuidar de que estos cumplan con su deber y atender a su seguridad”⁽²⁷⁾.

El prefecto estaba obligado a residir en el lugar que el Ejecutivo estableciera y nombrar a las respectivas autoridades locales. Además, contaba con un presupuesto de mil quinientos pesos anuales para su funcionamiento. Sin embargo, el territorio del Caquetá se caracterizó desde su creación por la precariedad en cuanto a inversión estatal y expansión de una estructura burocrática del estado. Aunque en su creación se establecieron los montos económicos para su funcionamiento, fueron constantes las quejas por los incumplimientos en los pagos, lo que llevó a que la administración del 50% del territorio nacional dependiera de dos funcionarios: el prefecto y su secretario. Por ejemplo, en 1846 el secretario José María Quintero manifestó a las autoridades de la Provincia de Popayán la dificultad para remitir los informes solicitados por el gobierno central, al no contar con el presupuesto para contratar funcionarios en los corregimientos:

“Esta autoridad, hasta ahora, no tiene un solo agente en su apoyo, por carencia de hombres que puedan llevar los destinos de corregidores […] En tales circunstancias esta Prefectura es acreedora a la indulgencia, por parte del Gobierno, el caso que no pueda remitir estos datos con la puntualidad en todas y cada una de las diversas poblaciones que le pertenece”⁽²⁸⁾.

Sin embargo, pese a la escasez de funcionarios, las estructuras del rezago colonial y el incipiente comercio se convirtieron en los soportes para la nueva administración. Quintero recurrió a la antigua organización misional de este territorio para la estructuración de los corregimientos: Sibundoy, Mocoa, Aguarico y Putumayo. Ante la escasez presupuestal y la falta de personal, optó por nombrar como corregidores a los pocos comerciantes del territorio. En el transcurso de un año, el secretario pasó de comunicar la dificultad para cumplir con los informes, a detallar los progresos realizados en los pueblos de los corregimientos:

“Que en San Diego de San Juan se está construyendo la casa parroquial, se ha empedrado el puerto o desembarcadero de dicho pueblo y se trata con actividad de fomentar y arreglar su caserío. Que en San Diego del Putumayo se ha dado órdenes para limpiar y ampliar la localidad, y para acopiar maderas aparentes para construir una iglesia que en el pueblo de Cuimbé se han levantado una capilla y cada parroquia que se ha reducido a una localidad fija la parcialidad de indígenas llamados picudos, que se hallaban dispersos. Que en el pueblo de Mámo, anteriormente llamado ‘Concepción’ se ha concluido una espaciosa y bien ordenada capilla”⁽²⁹⁾.

Este informe, más allá de revelar los avances de la administración, pone en evidencia las estrategias desarrolladas por los funcionarios para el establecimiento de esta nueva jurisdicción y el gobierno mismo ante la precariedad presupuestal: instaurar los pueblos indígenas sobrevivientes de las antiguas misiones como base de los corregimientos y el nombramiento de comerciantes como corregidores. Agustín Codazzi, en su visita de 1857 al Caquetá, confirmó esta dinámica. Sus principales informantes, los hermanos Mosquera, eran comerciantes del Caquetá y ejercían el cargo de autoridades políticas de Solano, corregimiento ubicado en la cuenca media del río Caquetá⁽³⁰⁾.

En el transcurso de la segunda mitad de este siglo, el comercio entre los Andes, el piedemonte y la Amazonía creció rápidamente⁽³¹⁾. Los grupos indígenas tanto del piedemonte como de la cuenca media del Caquetá y del Putumayo fueron implantando “negocios” con los comerciantes. Para la década de 1870 el prefecto Maximiliano Díaz Erazo documentó esta dinámica tras la creación de nuevos poblados y tres nuevos corregimientos:

“El territorio está dividido para su administración en siete corregimientos que son: Sibundoy, compuesto de los pueblos de Sibundoy, Santiago y San Andrés de Putumayo: su capital, Sibundoy. Mocoa, compuesto de los pueblos de Mocoa, Guineo, Limón y Pacayaco: su capital, Mocoa […] Putumayo, compuesto de los pueblos de San Diego, San José, Cuembí, Picudos, Montepa, Micuntí, y los caseríos (monte adentro) de los macaguajes de Montepa, macaguajes de la concepción, Macaguajes de Lurilla, Caucaya y muchos caseríos de los Orejones, tratables unos y otros no, que están situados en varios afluentes del Putumayo, desde Micunti hasta el Marañon: su capital, San Diego. Aguarico, compuesto de los pueblos de San Miguel, Aguarico, Cayaposa y San Rafael de la Coca: su capital San Miguel”⁽³²⁾.

Aunque no existía para entonces un producto que monopolizara el comercio, este contexto sentó las bases para el desarrollo de las economías extractivas. A la llegada de los “quineros” y “caucheros”, muchos de estos grupos indígenas ya se encontraban articulados al comercio. Con el incremento de la demanda mundial de quina, y su agotamiento en el interior del país, su explotación se expandió hacia las regiones orientales. En la historia republicana del Putumayo, uno de los casos más representativos fue el establecimiento de la compañía quinera de los Hermanos Reyes⁽³³⁾. Las investigaciones históricas han establecido un corto auge de explotación de este producto entre 1874 y 1884, periodo que ha sido establecido como el inicio de las transformaciones territoriales y poblacionales de la Amazonía colombiana⁽³⁴⁾. Por ejemplo, para Zárate, la extracción de quina detonó los procesos de poblamiento y sentó las bases para la integración del territorio⁽³⁵⁾.

Sin embargo, como se observó anteriormente, el comercio se había expandido décadas atrás en los corregimientos del territorio del Caquetá, al igual que el contacto con las sociedades indígenas. Este proceso, aunque incipiente, permitió el desarrollo de una infraestructura regional que fue aprovechada por la empresa de los hermanos Reyes, y que, en cierta medida, llevó a su rápido desarrollo: vías de comunicación (caminos, trochas, varaderos⁽³⁶⁾, y la navegación de los ríos secundarios), la navegación por el río Putumayo y la articulación del trabajo indígena. El incipiente comercio de las primeras décadas permitió el aumento de los negocios con los grupos indígenas con quienes comerciaban productos del bosque a cambio de mercancías. Con el auge de la quina, estas relaciones se incrementaron, lo cual condujo a establecer una compleja infraestructura en la división del trabajo: peones cascarilleros e indígenas encargados de la extracción y movilización las quinas. Esto implicó que cada grupo debió ejecutar diferentes funciones: desde la composición de las trochas, la creación nuevos caminos, hasta la utilización de cargueros que movilizaran este producto por los ríos y varaderos entre el piedemonte y el río Putumayo.

Los indígenas sibundoyes, santiagueños y mocoas trabajaron en la extracción de las quinas de los “altos de Mocoa”, el transporte y el movimiento de mercancías provenientes del interior del país y del río Putumayo. Los grupos de la cuenca media del río Putumayo y de los ríos Aguarico y San Miguel (sionas, macaguajes, tetetes, y cofán⁽³⁷⁾) abastecieron de leña y comida a los vapores de la compañía Elías Reyes & Hermanos que navegaban el río Putumayo.

Sin embargo, la extracción de la quina tuvo un corto auge tras la caída de su precio en el mercado internacional, en 1884. Pese a este corto periodo, en el piedemonte del Putumayo-Caquetá se incrementaron el flujo comercial y el movimiento de población de manera significativa, lo que permitió, tras la crisis de las quinas, que la extracción de gomas la reemplazara con rapidez. La demanda internacional de caucho negro y el aumento de su precio en el mercado llevaron a que su explotación en el piedemonte fuese rentable⁽³⁸⁾. Prontamente, muchos de los quineros se convirtieron en caucheros para la década de 1880⁽³⁹⁾.

Trabajo indígena y extracción de gomas en los corregimientos de la Provincia del Caquetá (1890-1896)

Para la década de 1890 el Territorio del Caquetá pasó a convertirse en Provincia, tras las transformaciones ocurridas con la Constitución de 1886, que acabó con los estados soberanos y creó la figura de departamentos, en un modelo centralizado de poder. Sin embargo, pese a las convulsiones políticas, Mocoa se había convertido en un importante municipio. Esta pequeña población albergó durante el boom de las quinas y el caucho un importante número de habitantes (entre indígenas, peones y comerciantes caucheros), quienes establecieron allí sus viviendas y casas de comercio. Viajeros de la época describieron la prosperidad económica que había alcanzado esta población:

“Un buque de vapor navegaba el Putumayo, traía mercancías extranjeras y regresaba con cargamentos de quina; partidas de mulas y bueyes recorrían los caminos y cruzaban las calles; pululaban en estas traficantes y forasteros; había almacenes de mercancías y muchas tiendas de telas, ropas y granos, y se oía donde quiera el retintín de las onzas y cóndores de oro y de los pesos fuertes colombianos, franceses, mexicanos y peruanos. Se ofrecía a la venta todos los artículos necesarios no solo al sustento del hombre, sino además a su comodidad y a su placer”⁽⁴⁰⁾.

La ubicación geográfica de Mocoa en el piedemonte del Putumayo la convirtió en un lugar central para el comercio. Desde allí se partía a los Andes por el camino a Pasto, al Gran Tolima por las trochas que conectaban con Pitalito y Timaná, o hacia los dos principales ríos de esta región: el Caquetá y el Putumayo. A diferencia de la explotación de las quinas, cuyo comercio se estableció sobre todo por el río Putumayo hacia Manaos y Belén de Pará, la comercialización del caucho negro se conectó con el interior del país⁽⁴¹⁾. El aumento de los conflictos limítrofes con Ecuador, Perú y Brasil por la delimitación de las fronteras del Caquetá, Putumayo y Aguarico, y la expansión de comerciantes caucheros extranjeros en las cuencas bajas del Putumayo llevaron a que el comercio entre el piedemonte y el interior del país se fortaleciera⁽⁴²⁾. De igual manera, la sobreexplotación de los manchales de caucho negro en Mocoa, y su agotamiento en pocos años, obligó a que los caucheros expandieran sus actividades hacia la cuenca media de los ríos Caquetá y Putumayo.

Con el avance de la economía gomífera, la presión sobre los grupos indígenas se incrementó. Si bien décadas atrás ya se habían establecido relaciones de comercio, la situación para la década de 1890 se transformó radicalmente. Desde Puerto Limón hasta la desembocadura del río Orteguaza en el Caquetá, los grupos tamas y coreguajes vieron cómo sobre su territorio se expandió un importante número de comerciantes caucheros. Fray Ángel de Villava denuncio en 1893 la presión ejercida sobre los grupos indígenas del río Caquetá:

“El indio no sabe lo que gana, ni lo que tiene, ni lo que debe. En confirmación de esto voy a referir el siguiente caso: Un comerciante había entregado a un indio varios objetos que los tasó como valor de 14 arrobas de caucho. Al cabo de algún tiempo se presentó el indio con cierta cantidad de caucho que, pesada por el comerciante, con su propia romana, dio 16 arrobas; entonces el comerciante dijo al indio: me debías 14 arrobas, me entregas 16, quedas debiéndome 18”⁽⁴³⁾.

Para Villava los indígenas del Orteguaza y la cuenca media del Caquetá se habían convertido en “verdaderos esclavos” de los comerciantes caucheros, quienes con la complicidad de las autoridades políticas se habían repartido el control de familias enteras. Para la década de 1890, los corregidores eran importantes caucheros, lo cual aumentó su poder político a nivel regional. En este contexto, los tamas y coreguajes no sólo extraían las gomas, sino que además eran obligados a brindar servicios personales a los caucheros como parte del pago de las herramientas y mercancías:

“Existen unos cuantos comerciantes por los ríos, y visitan los pueblos de los indígenas: he dicho mal comerciantes, debo decirles ladrones y asesinos. Es imposible que yo pueda describir todas las barbaridades que cometen con los indios, o por lo menos necesitaría mucho tiempo para enumerarlas”⁽⁴⁴⁾.

El panorama descrito por Villava contrastó con la situación de los grupos indígenas del piedemonte y de las fronteras del Putumayo-Aguarico, quienes, aunque eran endeudados a través del intercambio de herramientas, gozaban en apariencia de mayores grados de “libertad”. Los indígenas santiagueños, sibundoyes y mocoas del piedemonte continuaron desempañándose para la década de 1890 en el transporte de las gomas y las mercancías provenientes de las fronteras y del interior del país. Aunque para entonces los corregimientos de Putumayo y Aguarico permanecían sin delimitación alguna con los países vecinos, este espacio de frontera se encontraba articulado tanto a la economía gomífera del piedemonte como a la expansión de las actividades extractivas de la cuenca del Napo. Desde la cuenca alta del Napo, poco a poco se fueron formando puestos de recolección que comenzaron a expandir sus actividades a la región de frontera con Colombia. Para 1885, en la boca del Aguarico y en el Coca, población fronteriza que era reclamada tanto por Colombia como por Ecuador, se establecieron Fernando Santa Cruz y los hermanos Morán, quienes extraían quina y caucho negro castilloa ^{( 45 )} . Para este momento, los grupos indígenas más importantes eran los cofán, sionas, macaguajes, tetetes (estos últimos conocidos como “indios bravos”, que decidieron aislarse del comercio del caucho⁽⁴⁶⁾) y grupos napo runas que habían sido trasladados desde el pueblo de Archidona, en el piedemonte ecuatoriano, al río Aguarico para extraer caucho⁽⁴⁷⁾. En la visita de Villava a San José y San Diego, en la cuenca media del río Putumayo, aunque no encontró comerciantes caucheros, si documentó denuncias de los indígenas sionas por la presión para que recolectaran caucho negro:

“Los habitantes de San José nos dieron pruebas de afecto y confianza, y nos dieron cuenta de ciertos hechos de los comerciantes, que merecen castigo. Quejaronse de la conducta que algunos blancos observan con ellos, y nos dijeron que todos unánimemente estaban resueltos a trasladarse al río Guamués, porque los comerciantes los molestan mucho y no les dejan tiempo para cultivar sus chagras”⁽⁴⁸⁾.

Aunque los indígenas de los corregimientos fronterizos habían establecido décadas atrás relaciones de comercio y endeude, la extracción de las gomas intensificó la explotación de su mano de obra y los ritmos de extracción, lo cual desencadenó la búsqueda de nuevos manchales a lo largo de los corregimientos fronterizos. Sin embargo, es importante señalar que, para esta década, son escasos los informes de las autoridades locales en cuanto a la explotación de los indígenas, lo cual contrasta con las fuentes misioneras que denunciaban el maltrato hacia estos grupos. Este panorama, más allá de evidenciar un aislamiento de los grupos indígenas del Putumayo-Aguarico y una ausencia del estado, revela la expansión del comercio y su impacto en estos grupos.

La explotación de gomas en las fronteras: crisis de los caucheros del bajo Putumayo y consolidación de los comerciantes del Putumayo-Aguarico (1896-1900)

Tras la expansión de los comerciantes extranjeros a los corregimientos fronterizos de Putumayo y Aguarico, las denuncias tanto de las autoridades políticas del departamento del Cauca como de la misión capuchina se hacen más frecuentes. Conflictos por manchales de caucho y la llegada de expediciones de peruanos y ecuatorianos fueron parte de las denuncias. En 1896 el corregidor del corregimiento de Putumayo solicitó medidas urgentes para el control territorial de esta extensa región:

“Es evidente que brasileros y peruanos extraen caucho de los bosques de Colombia en esta provincia y en las aduanas del Brasil y Perú […] para su exportación lo hacen pasar como producción peruana, para no pagar ningún derecho, en las aduanas del Brasil, pues solo los artículos de Colombia están gravados, por no tener ningún tratado con el Brasil”⁽⁴⁹⁾.

En el corregimiento fronterizo del Aguarico, las autoridades denunciaron a Elías Andrade, comerciante cauchero que en un juego de doble nacionalidad (“ecuatoriano” o “peruano”) contralaba un importante número de puestos caucheros. Pese a que este territorio era reclamado como jurisdicción de Colombia, Andrade exportaba las gomas como producción peruana. El boom de la explotación de gomas en los ríos Napo Curaray y Pastaza llevó a que se pasara de una economía basada en puestos itinerantes, a una presencia permanente de los comerciantes a través de fundos, “donde cientos de peones cuidaban ganado, algodón, caña de azúcar y otros, además de recolectar caucho”⁽⁵⁰⁾.

Para el bajo Putumayo, el cauchero Rogeiro María Becerra denunció la presencia de expediciones brasileras y peruanas en busca de manchales de caucho⁽⁵¹⁾. En el río Tausapa, cercano a la confluencia con el Amazonas y afluente del río Putumayo, documentó la llegada de la lancha “Putumayo”, que exportaba gomas y comercializaba mercaderías del Brasil y Perú.

“En mes y medio de permanencia mía en el Amazonas surcaron el Putumayo hasta bien arriba, casi hasta la mitad del curso del río, algunas lanchas todas peruanas; vinieron con el exclusivo objeto de explorar aquellas regiones en busca de caucho de propiedad del señor Elías Moreno […] supe que había dejado como cuarenta extractores de caucho en el río ‘Jaguas’ y en otros puntos que no tienen nombre. ‘La Gálvez’, que tal vez pertenece a Dr. Carmen Gómez; esta bajaba hacinada de gente y seguía rumbo al ‘Justan’ por cuanto decían que en el Putumayo no habían encontrado caucho. La ‘María’ perteneciente a Dr. Juan del Águila. Aseguran que esta es la lancha de mayor fuerza que hallen en el Amazonas peruana; de muy grande calado, motivo por el cual no puede surcar las aguas del alto Putumayo, pues con tal destino venía”⁽⁵²⁾.

Los comerciantes peruanos Clemente Peña y Juan Águila argumentaban en su trayecto la legalidad de sus actividades al reclamar este territorio como peruano. Peña y Águila lograron establecer en estos años dos casas comerciales en la confluencia del Putumayo con el Marañón, y “quince días arriba otra para explotar caucho, bajo la razón social ‘Juan C del Águila Va. Compañía’”⁽⁵³⁾. Aunque los caucheros que ejercían como corregidores denunciaron la llegada de comerciantes extranjeros, omitieron en sus informes las actividades y abusos llevados a cabo por los comerciantes “nacionales”, en gran medida, porque estos caucheros eran las autoridades políticas de los corregimientos. Si bien denunciaron el tráfico de indígenas y la llegada de numerosas expediciones, las fuentes de la misión capuchina revelan un panorama que permite problematizar las relaciones entre el poder político y el desarrollo de la economía gomífera.

La información procedente de las expediciones apostólicas de 1896 y 1900 da cuenta tanto de la expansión de los comerciantes caucheros en los corregimientos fronterizos como del poder que habían acumulado. Los misioneros denunciaron la dificultad de realizar labor alguna en favor de los indígenas, ante la complicidad de las autoridades políticas, quienes, o eran comerciantes de la región, o habían establecido negocios con estas.

“Pero lo que más demora para al desarrollo de la Misiones es la oposición que hacen los comerciantes explotadores, que tiranizan a los indios, añadiéndose a esto el ningún apoyo de las autoridades civiles prestan a los Misioneros, a quienes por el contrario hostilizan no pocas veces: y sobre todo lo que inutiliza los trabajos de los Misioneros es (Como V.E. comprende) el camino de católicos en malos gobiernos […] Además debería solicitarse del Supremo Gobierno el privilegio de que al Superior de la Misión pudiera proponer una terna, de la cual hubiere de ser elegido el Prefecto de Mocoa. Solo así podríamos tener alguna seguridad de recibir apoyo de las autoridades contra los hostilizadores de los indígenas”⁽⁵⁴⁾.

La expedición de fray Antonio de Calamocha a la cuenca media del Putumayo y a los ríos Guamués y San Miguel es una de las fuentes que proporcionan mayor detalle tanto acerca de la expansión de la extracción de las gomas a través del enganche de los grupos indígenas como de la práctica de los comerciantes de instalarse en los poblados indígenas para aumentar el control sobre su mano de obra. En San Diego se había establecido el comerciante Leónidas Ramírez, quien, acompañado de peones blancos, vivía en compañía de los sionas. En su trayecto encontró el pueblo de San José parcialmente abandonado tras la presión ejercida por los comerciantes caucheros (pueblo visitado años atrás por Villava) y gran parte de las familias sionas en la Sofía, poblado ubicado a orillas del río Putumayo, antiguo lugar en donde se embarcaban las quinas de la compañía Reyes y Hermanos.

“Llegué a las nueve al pueblo de San José, este pueblo ha sido abandonado recientemente por los indios, quienes se han trasladado más abajo a edificar un nuevo pueblo en el punto llamado Sofía, agencia que fue de Reyes y compañía; a las diez llegamos al río Guamués, que lo encontramos muy crecido; un poco antes encontré al Gobernador de San José que subía a mi aviso para indicarle el objeto de mi viaje”⁽⁵⁵⁾.

En la visita de Calamocha al pueblo de San Francisco del Guamués, conocido como Luzon-Playa, se encontraban algunos peones caucheros de Leónidas Ramírez, lugar en donde años antes funcionaba su agencia cauchera⁽⁵⁶⁾. Entre el valle del Guamués y el río San Miguel se hallaba el antiguo pueblo de San Miguel de Sucumbíos, el cual años atrás había sido habitado por un importante número de familias cofán, y para 1898 estaba dividido en cuatro pueblos: Ocano, San Miguel, Santa Rosa y Achote. “Todos los indios que viven en los mencionados caseríos son los que componían todavía en 1888 el pueblo de San Miguel donde al presente solo hay 10 casas con 15 hombres”⁽⁵⁷⁾. En San Miguel encontró pocos indígenas, debido a que gran parte se encontraba sacando caucho o en el lavado de oro:

“El 18 lo pasé en el mismo pueblo reuniendo a los indios que se encontraban dispersos, trabajando unos en la extracción de caucho y otros lavando oro para los blancos […] Oyeron gustosos mi plática, así como también otra que les hice a fin de que se preparasen para celebrar las fiestas en el primer viaje que me propongo hacer en otra ocasión, pues en este era imposible por no estar preparados, por ser tan poco gente la que forma el pueblo de San Miguel y por estar llenos de deudas a los blancos, si decirse pueden deudas, pues que por unos pocos granos de chaquira, una cusma, una hacha o un machete, le cobran una arroba de caucho, y hasta una onza de oro, de modo que entregando toda su vida oro y caucho, jamás acaban de borrar él debe. […] Poco después de haber tomado cada uno su desayuno (esto es mate de chicha) como es la costumbre, empezaron a limpiar la plaza, que se encontraba llena de hierba, pues hacia algunos meses que estaban fuera del pueblo viviendo en los montes unos extrayendo caucho, y en las playas de los ríos otros lavando oro”⁽⁵⁸⁾.

En el trayecto de Calamocha entre el valle del Guamués y el Aguarico, los indígenas de Luzon-Playa le indicaron su negativa a abrir un camino: “me contestaron que para que los blancos no caminen por él”⁽⁵⁹⁾. Las estafas y los maltratos cometidos por los caucheros fueron algunos de los motivos por los cuales los cofán establecieron nuevos pueblos. Wasserstrom⁽⁶⁰⁾ identificó esta problemática, al documentar para finales del siglo XIX cómo se encontraban divididos en dos grupos en el alto San Miguel y el alto Aguarico, con un tercer pequeño grupo que se había establecido en San Rafael de la Coca, a lo largo de un afluente del río Napo.

En el Aguarico la situación no se diferenció a lo encontrado por Calamocha en el San Miguel y el Guamués. La dificultad para encontrar bogas reflejaba la escasez de indígenas, que estaban cauchando en Pucu-Peña y en el Cuyabeno, región en que los cofán habían establecido contacto con los tetetes⁽⁶¹⁾. En el corregimiento fronterizo del Aguarico los caucheros encontraron mayores dificultades, ante la presencia de indios “bravos”. En su trayecto, Calamocha visitó el pueblo de San José del Aguarico y halló una situación similar a la de San Miguel y el Putumayo, un escaso número de indígenas:

“Pues la mayor parte del año los tienen los traficantes dentro del monte cauchando o en las playas lavando oro, sin dejarles tiempo para trabajar sus chagras! Oh, qué triste es la situación de estos indios! […] no encontré en el pueblo más que tres indios casados, aunque todos tenían mujeres. Solo se hallaban nuevos hombres, pues los demás hacía tiempo se los habían llevado los blancos a trabajar y de bogas a Puca Peña y el Cuyabeno”⁽⁶²⁾.

En Beneché, poblado ubicado en el Aguarico, los indios pacuyas se dedicaban a la extracción de gomas y al comercio. Sin embargo, pese al avance de los caucheros, para 1898, el Cuyabeno, región ubicada entre la cuenca media del río Putumayo y el río Aguarico, seguía inexplorado, en gran parte, por el temor a los “indios bravos”, los tetetes:

“Los datos recogidos de los indios salvajes del Cuyabeno, son los siguientes: parece que son de la tribu de los Macos, aunque los Aguaricos los llaman tetise; son indios bravos tienen diferente lengua […] viven arriba de la quebrada del rio Cuyabeno, los indios del Cuyabeno hace unos diez años, asesinaron a 19 jornaleros de David Andrade, y, no hace mucho fueron igualmente asesinados cinco blancos, llevándose las mujeres”⁽⁶³⁾.

El avance de los comerciantes caucheros logró enganchar un importante número de poblados cofán, en donde el ecuatoriano Elías Andrade había fortalecido su poder económico: “Desde el pueblo de San José del Aguarico, hasta el desagüe de este río en al Napo, hay una distancia de siete días. En la boca del mismo hay una agencia comercial del Sr. Elías Andrade, bien surtida, hasta cuyo punto sube confluencia el vapor”⁽⁶⁴⁾. Resulta interesante observar que, pese al poder económico que había logrado acumular Andrade, no llegó a desempeñarse como corregidor.

Para finales de siglo, en los corregimientos fronterizos del Putumayo (en la cuenca media) y Aguarico, más allá de ser una zona de explotación itinerante o de refugio, la economía gomífera había logrado enganchar un importante número de grupos siona y cofán, y los comerciantes caucheros se habían instalado en los poblados de esas comunidades para aumentar el control de su mano de obra. Sin embargo, llama la atención que en la correspondencia oficial de la Provincia no se encuentran referencias a los comerciantes colombianos, como Chato Mera, Cornelio Terán Puyana y Leónidas Ramírez. De igual manera, no se hallaron demandas de maltrato a los indígenas. Por el contrario, el interés se centró en las disputas fronterizas. En cierta medida, los comerciantes caucheros defendieron los intereses de sus negocios ante la expansión de los comerciantes extranjeros, lo cual, paradójicamente, benefició a Colombia en sus pretensiones territoriales. Aunque, a diferencia de Ecuador y Perú -en donde predominaron las haciendas caucheras, grandes barones o fundos caucheros-, en los corregimientos fronterizos de Putumayo-Aguarico, como muestra la expedición de Calamocha, predominó una estructura de patrones caucheros que se asentaron en los pueblos de indígenas, lo cual les permitió afianzar su control a través de la defensa de la soberanía de Colombia y de la jurisdicción de la Provincia del Caquetá.

Conclusiones. Más allá del aislamiento y el abandono estatal: explotación de gomas, poder político y estado en las fronteras difusas del Putumayo-Aguarico

El estudio de las fuentes capuchinas, y su contraste con la correspondencia que giró alrededor del territorio del Caquetá, nos presenta un complejo panorama para el inicio del siglo XX, el cual involucró disputas fronterizas, actividades extractivas, funcionarios, indígenas, comerciantes y misioneros. Este territorio, que se pensaba marginal, no presentó signos de ser una región aislada, sino, por el contrario, una sociedad que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se fue articulando a través del comercio y de estrategias delegativas del poder político. Esta situación lleva a reconsiderar tres elementos centrales para el estudio de la explotación de las gomas en esta región de frontera, y de la manera como se han entendido el estado y el ejercicio del poder político. Como argumenta Philip Abrams⁽⁶⁵⁾, el poder que se le ha asignado al estado y sus características como poder centralizado puede ser una simple fantasía. El contexto de finales del siglo XIX no sólo revela el avance de peruanos y ecuatorianos, sino, al mismo tiempo, dinámicas delegativas en el ejercicio del poder político en el lado colombiano. ¿Qué significó que los comerciantes se convirtieran en los representantes del estado en la frontera? Siguiendo el análisis de Abrams, el estado, más allá de un objeto formal-abstracto, debe ser analizado como un “mensaje de dominación”. Por ello, invita a abandonar la idea “sistema del estado” como aparato institucional, y abordarlo, como “idea de estado” y como es imaginado desde diversos lugares en la reproducción de su legitimidad.

A partir de la crítica realizada por Abrams, Timothy Mitchell⁽⁶⁶⁾ discute la existencia simultánea del estado como fuerza material y constructor ideológico, al ser tanto real como ilusorio. Christopher Krupa⁽⁶⁷⁾, por su parte, profundiza la relación que apunta Mitchell. Analiza la competencia de actores privados en el ejercicio de funciones estatales en lugares donde diferentes bloques de poder actúan como el estado, lo cual produce los mismos efectos de poder del estado. Para el Putumayo de finales del siglo XIX, podemos encontrar este tipo de dinámicas, de acuerdo con las cuales se delegó a los comerciantes el poder del estado en la frontera. Aunque se podría afirmar una precariedad ante la ausencia de instituciones, en este caso se puede observar cómo actores no convencionales se apropiaron de su mensaje de dominación, que terminaron por convertirse en los representantes del estado en la frontera.

Sin embargo, esta situación se transformó con el inicio del siglo XX. El contexto nacional (la Guerra de los Mil Días), internacional (expansión peruana) y la llegada de un nuevo actor en el Putumayo a finales del siglo XIX (misioneros capuchinos) trajeron consigo el enfrentamiento por el poder y la renovación del mensaje de dominación del estado en las fronteras. Con el establecimiento de la residencia de los capuchinos en Mocoa en 1896, los misioneros desarrollaron sus actividades en medio del auge de la explotación de las gomas y el control de los comerciantes caucheros. La correspondencia de los frailes no sólo refleja la vida cotidiana de la labor religiosa, sino, además, las disputas políticas y el ejercicio del poder político. Los frailes se encontraron con el dilema de establecer relación con los comerciantes o disputarles el poder político:

“Muy Rdo. Padre custodio, la relación de mi viaje, emprendido en medio de tantas dificultades, que cada día son mayores, pues los enemigos del bien trabajan sin cesar con el fin de que la triste situación de la raza indígena siga como al presente, para que, valiéndose de su ignorancia, continúen en la esclavitud en que se halla, a finales del siglo XIX, el siglo de las luces y de la decantada libertad […] ¡Ah, Rdo. Padre! Cuanto se pudiera decir de los abusos que se cometen con los indios todos los días, a ciencia conciencia de los empleados que el gobierno manda a estos territorios, los cuales en vez de mirar por el adelanto moral y material de los pueblos que están a su cuidado, solo se ocupan en sus negocios particulares, sin atender a su licitud, y al mismo tiempo desmoralizando a esos pueblos”⁽⁶⁸⁾.

La carta de fray Antonio de Calamocha, más allá de revelar el nexo entre las autoridades y los comerciantes, nos centra en un problema mayor, la manera como era ejercido el poder político en la Provincia del Caquetá. Las dinámicas delegativas que habían caracterizado el gobierno de este territorio habían llevado a un control de los comerciantes, quienes utilizaban su autoridad y el mensaje de dominación del estado para favorecer la expansión de las actividades extractivas, lo cual llevó a que, pese a estar ubicados a cientos de kilómetros de la capital, Mocoa, y en ocasiones sin pago alguno, defendieran los intereses de Colombia en las fronteras indefinidas con los países vecinos. Como argumentan Sharma y Gupta⁽⁶⁹⁾, el estado puede encontrarse en figuras poco ortodoxas de “cuasi” o “para” formaciones en las que otros actores realizan funciones estatales. Esta hipótesis contrasta con los estudios históricos que sitúan los ciclos extractivos de la quina (1874-1880) y el caucho (1880-1900), la Casa Arana y la Guerra con el Perú como los momentos claves en la articulación de este territorio y de los grupos indígenas. El Putumayo y el Aguarico arrojan importantes elementos que ponen en el centro del debate la formación de un tipo de sociedad de frontera y el entendimiento del estado más allá de la manera tradicional como se ha comprendido su proceso de formación (partidos políticos, ejército y burocracia). Asimismo, aunque las sociedades indígenas hicieron parte de este proceso, futuros estudios deben abordar la situación de los grupos indígenas sobrevivientes frente a esta organización estatal, las formas como se articularon y negociaron en el siglo XX.