Introducción
El terrorismo separatista de eta fue el problema más grave de todos los que aquejaron a España durante los años de la Transición a la democracia en España y desempeñó un papel fundamental a la hora de plantear el Estado autonómico en la Constitución de 19781. Hubo un amplio consenso político y mediático a la hora de considerar que la mejor forma de hacer frente a la violencia etarra pasaba por la concesión de un elevado grado de autogobierno al País Vasco, tal y como quedó recogido luego en el Estatuto de Guernica de 1979. En 1980, tuvieron lugar las primeras elecciones parlamentarias en Euskadi que dieron una amplia victoria a los partidos nacionalistas, tanto moderados como radicales. Esto no frenó ni mucho menos la continua ofensiva terrorista, que redobló sus ataques con el punto de mira puesto sobre todo en las fuerzas armadas, a fin de desestabilizar la frágil relación entre el poder civil y el militar, y dar al traste con el proceso democrático2.
Tras la dimisión del presidente Adolfo Suárez y el intento de golpe de Estado del 23-F3, el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982) intentó afrontar tan difícil situación anunciando una serie de medidas tendientes a mejorar la lucha contra el terrorismo que implicaban reformas legales y también la movilización de algunas unidades del Ejército para el control fronterizo. Por otra parte, y para culminar el diseño del Estado autonómico y procurar su racionalización, Calvo-Sotelo buscó un acuerdo con el psoe, principal partido de la oposición, que daría lugar a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (loapa). Esta disposición pretendía que las transferencias de competencias fueran generales y homogéneas en las comunidades autónomas que todavía no tenían su estatuto aprobado (que eran todas, excepto Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía), a fin de diseñar el nuevo modelo de Estado que había quedado tan solo apuntado de forma “desafortunada, incompleta y evidentemente ambigua” en la Constitución de 19784. En 1983, el Tribunal Constitucional declararía inconstitucionales aspectos esenciales de la loapa, con lo que le negó su carácter de orgánica y de armonizadora, si bien los pactos ucd-psoe de 1981-82 fueron la base de la generalización del Estado autonómico5.
Una parte de la sociedad de Euskadi, la nacionalista, mostró su disconformidad ante la política autonómica de Calvo-Sotelo6. En este contexto la reacción que más llamó la atención de la opinión pública fue la de los obispos de las diócesis vascas que firmaron dos cartas pastorales, una en 1981 y otra 1982, en las que cuestionaron las iniciativas del gobierno de la ucd. Los documentos, el primero sobre la intervención del Ejército en la lucha antiterrorista y el segundo sobre la loapa, provocaron reacciones muy dispares tanto en la esfera política como en la mediática. El objetivo principal del presente artículo es examinar la repercusión de ambos textos en las fuerzas políticas españolas, así como en los diarios de mayor tirada nacional. La cuestión se aborda principalmente a partir del examen de lo publicado en abc, Diario 16, La Vanguardia y El País. La elección de estos cuatro diarios se ha determinado por su variada línea editorial, ya que cubren casi todo el espectro ideológico7, y también por razones de difusión8. De forma subsidiaria, se examina la reacción de la prensa internacional a través de los informes remitidos al gobierno por parte de las consejerías de información de las embajadas españolas en las principales cancillerías occidentales.
La historia del nacionalismo vasco ha sido analizada desde numerosas perspectivas9 y en ese contexto el papel de la Iglesia siempre ha recibido notable atención10. Lo mismo puede decirse de la importancia del terrorismo11 y desde luego de su relación con el clero12, particularmente a través de la figura del obispo de San Sebastián, José María Setién13. Son también numerosos los trabajos que han resaltado la relevancia de la prensa a la hora de conformar la opinión pública durante la Transición política14, sin olvidar el papel siempre controvertido que los medios tuvieron en relación con el fenómeno terrorista15.
Este trabajo pretende poner el foco en un momento concreto y poco estudiado como es la etapa de Calvo-Sotelo (aprisionado entre las de Suárez y González), poniendo la lupa además sobre dos documentos pastorales, en general ignorados en los estudios existentes, que provocaron, sobre todo el primero, una encendida reacción en la prensa. Los debates de aquellos días nos permitirán comprender mejor la compleja naturaleza de las relaciones entre terrorismo, Iglesia, nacionalismo y opinión pública durante los años cruciales de la Transición. Nuestra hipótesis de partida es que el intento de la Iglesia vasca por presentarse como supuesto mediador provocó una airada reacción tanto en el gobierno como en general en la prensa, ya que, por un lado, consideraron que la actitud de los obispos no era ni mucho menos neutral; y, por otro, que su intromisión en la política de un gobierno democrático era inadmisible tras la separación de la Iglesia y el Estado consagrada en la Constitución de 1978.
1. “Salvar la libertad para salvar la paz” (1981)
Desde el Concilio Vaticano II y al hilo del nombramiento como arzobispo de Madrid (1969) y presidente de la Asamblea Episcopal de monseñor Vicente Enrique Tarancón, la Iglesia española se fue alejando del franquismo en un ambiente de creciente secularización16. Quizá la región de España donde este fenómeno se manifestó de forma más viva fue el País Vasco, donde además históricamente la Iglesia católica había tenido una destacada influencia social. Allí una parte del clero, imbuida del ambiente nacionalista, no dudó en asociar la causa de la lucha contra la dictadura con la de la emancipación del pueblo vasco. El lema del Partido Nacionalista Vasco (pnv), “Dios y leyes viejas”, heredado del carlismo, resumía muy bien esa tradicional identificación de los católicos vascos con el nacionalismo. La aparición de la banda terrorista eta en 1959, muchos de cuyos miembros habían pasado por los seminarios, añadió más confusión, puesto que la utilización del asesinato con fines políticos casaba mal con los principios morales del catolicismo.
Durante la Transición, la actitud del episcopado vasco con respecto al fenómeno terrorista fue ambigua. Por supuesto, la Iglesia condenó la violencia, como no podía ser de otra manera si no quería salirse del mensaje del evangelio, pero del mismo modo siempre encontró hueco para justificar las reivindicaciones nacionalistas, que entendía como una manifestación natural de los derechos del pueblo vasco. A diferencia de lo que ocurría con los obispos, la realidad dentro del conjunto del clero fue siempre mucho más compleja y plural, porque el hecho de que los fines del nacionalismo coincidieran con los del terrorismo provocaba en algunos sectores un evidente dilema moral no siempre fácil de resolver17.
En las semanas inmediatamente posteriores al intento golpista del 23-F, eta militar lanzaba una nueva ofensiva contra el Ejército con el fin de continuar desestabilizando las relaciones entre el poder civil y el militar18. Según el diario El País, se trataba de una clara provocación:
“Esto es fascismo en estado químicamente puro. eta militar se ha apuntado al golpe de Estado militar y a la destrucción de las libertades públicas en España […]. Los terroristas han optado decididamente por enconar el ánimo de nuestros militares, en una delicada situación política, para acabar con la democracia, el autogobierno de las autonomías, la vida parlamentaria, la libre circulación de las noticias, el autogobierno, en suma, de ese pueblo que tanto dicen defender”19.
El día 24 de marzo, el presidente Calvo-Sotelo solicitaba al Congreso la tramitación urgente de la llamada “Ley de Defensa de la Constitución” y anunciaba que las fuerzas armadas participarían en la lucha contra el terrorismo, básicamente en el control de fronteras terrestres y marítimas20. La medida era excepcional y se justificaba en parte por el estado emocional de la sociedad española en ese dramático momento, aunque había dudas sobre su operatividad21. El presidente del gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, tras una reunión en Moncloa22, aceptaba las medidas y confiaba en que no se prolongasen más de lo necesario23. También se anunciaban intensos contactos entre el gobierno y el psoe para acordar un pacto sobre el desarrollo del Estado autonómico. El día 30, la prensa detallaba un gran golpe contra eta con la muerte de un terrorista a manos de la policía y la detención de otros once24.
En este contexto, el 1º de abril de 1981, los obispos de las tres diócesis vascas hicieron público un documento en el que analizaban la situación de España25. Y lo hacían con preocupación, ya que, a su juicio, la “frágil” democracia, la pervivencia de sus instituciones y el régimen autonómico recién iniciado corrían “un grave peligro”. Concretamente, en la pastoral, se señalaron dos cuestiones que en 1981 acechaban la estabilidad del país: el terrorismo y los sectores próximos al inmovilismo26.
En cuanto al primer problema, los obispos apuntaban que eta había intensificado su actuación tras el 23-F. Esta estrategia de ataque pretendía llevar al país “al borde de una situación límite de confrontación” o, aún peor: provocar un golpe de Estado que implantase la dictadura y llevase a cabo la ocupación militar del País Vasco, “generando de ese modo en la población un malestar favorable a su proyecto político revolucionario”. No obstante, pese a que la mayor parte de la sociedad vasca estaba en contra de sus acciones, el terrorismo seguía encontrando respaldo social, por lo que la lucha para frenar a la banda armada se presentaba difícil pero también de vital importancia.
En relación con esta última idea se fundamentaba su argumentación sobre el segundo problema. Los obispos afirmaban que buena parte de los sectores inmovilistas en España encontraba apoyo en las fuerzas armadas, tal y como se había demostrado en la intentona golpista, y que, con la excusa de acabar con el terrorismo, pretendían liquidar la propia democracia.
“La misión de las Fuerzas Armadas en todo Estado de derecho consiste en servir a las instituciones […] No les corresponde dictaminar sobre la legitimidad de su proceso democrático. Las posibles modificaciones de las leyes básicas en que se funda la convivencia política deben ser el resultado de un debate en el seno de las citadas instituciones. Cuando las Fuerzas Armadas se erigen en juez de dicho proceso y se sienten tentadas a intervenir constituyen un serio peligro más que una auténtica defensa del pueblo”.
Se reconocía al gobierno la capacidad para adoptar medidas excepcionales siempre que se respetaran los derechos fundamentales de las personas, se aplicaran por un tiempo limitado y fueran “el fruto de una libre decisión del poder político”. Por último, en la pastoral se hacía un llamamiento a la sociedad para que se manifestase en favor de la libertad a fin de vertebrar “un proceso democrático y autonómico y en contra de toda intervención violenta”, donde no podían quedar excluidos los partidos políticos: “No basta que retiremos a cualesquiera fuerzas de desestabilización nuestro apoyo y simpatía. Es preciso un rechazo positivo y práctico de sus acciones”.
Los mandos militares enseguida mostraron su descontento y preocupación ante el texto del clero vasco27. Un portavoz del Ministerio de Defensa consideraba que el asunto desbordaba las competencias de la Iglesia y manifestaron que lo único positivo era la condena casi explícita a eta “a pesar del lenguaje ambiguo empleado”28. Por parte del gobierno no hubo comunicado oficial, pero sí manifestaron su opinión algunos de sus miembros: el ministro del Interior, José Luis Rosón, afirmaba que la carta pastoral era inoportuna y rebasaba ampliamente el campo de las responsabilidades del clero. Y Jesús María Viana, miembro de la ucd vasca, señalaba que no se podía poner al mismo nivel el peligro que representaba el 23-F con el terrorismo, problema capital de la democracia española: “Sinceramente el documento no me gusta porque yo, que soy la antítesis del golpismo, observo que el documento presenta prioridades en sus preocupaciones cuando la verdad es que hoy todos tenemos un único y principal enemigo, que es la eta”29.
El resto de partidos también se pronunció, y lo hizo en diferentes direcciones. Manuel Fraga, de la conservadora Alianza Popular, afirmaba que el texto era inoportuno y que “no aclaraba nada”, pero consideraba positivo que “por primera vez” desde el clero vasco se señalaran como culpables a los terroristas. Según el diputado socialista, Gregorio Peces Barba, no solo había que oponerse a la injerencia de la Iglesia en la vida política cuando no convenían sus opiniones: “Hay que rechazarlas siempre y no sólo cuando a uno le perjudican”. El pnv, por el contrario, aseguró que “no hay motivo de alarma”, ya que la carta pastoral indicaba unos puntos de reflexión y su finalidad era “la de lanzar un reto de esfuerzo, sacrificio, trabajo y solidaridad que pueden ser importantes en este momento”30.
Los principales diarios respondieron en sus editoriales a esta pastoral, también desde diferentes puntos de vista. La Vanguardia aseguraba que suponía una obviedad lo que decían los obispos sobre eta. La única novedad era que el clero vasco se uniera a esta lucha contra el terrorismo, lo cual, vistos los acontecimientos, llegaba bastante tarde: “Lo que nos resistimos a creer es que los prelados vascos […] no hayan caído hasta ahora en la cuenta de esas verdaderas intenciones […]. De haberse decidido a alertar bastante antes a sus propios diocesanos ante peligros tan evidentes, posiblemente nos hubiéramos evitado muchos males”. En un tono más combativo, el periódico catalán mostraba su desacuerdo en que los obispos hubieran puesto en una misma balanza a los dos bandos implicados en la lucha. El terrorismo nunca podía merecer la consideración de “grupo militar” y el análisis que se hacía en la pastoral sobre la actuación del ejecutivo estaba descontextualizado: “La intervención en este momento se debe a la necesidad en que se ha visto forzado el Gobierno legítimo, ante la amenaza que supone la nueva escalada de fríos y cobardes asesinatos. Acciones que no pueden quedar impunes”. Pese a todo, La Vanguardia consideró el documento “útil y positivo”, ya que “más vale tarde que nunca” en lo que a condenar el terrorismo se refería31.
Por su parte, abc sostenía que la visión de los obispos era compartida tanto por ellos como por la mayor parte de la sociedad, pero que las decisiones que había adoptado el gobierno eran necesarias para combatir el terrorismo: “Son medidas duras, lo sabemos”. Este diario, pese a considerar el documento “conciliador” y “positivo”, también vertió dos críticas sobre los argumentos del clero: la primera, que había que situar a la pastoral en su contexto. La opinión contra las fuerzas armadas se refería más a lo sucedido el 23-F que a la lucha antiterrorista, lo cual denotaba una marcada ambigüedad. La segunda crítica focalizaba su atención en la importancia que se otorgaba al proceso autonómico vasco, que mezclaba con temas, a su juicio, mucho más relevantes: “La autonomía vasca es un problema más, no es el eje del Universo, no es la única vía de futuro para el país”. En todo caso, consideraba positiva la pastoral, dado que, precisamente, “en la educación cristiana” se encuentra la base para erradicar toda violencia32.
El País, contrariamente, mostraba un gran acuerdo en los puntos fundamentales de la pastoral y ensalzaba a los obispos por su “valentía” y “coraje” frente al terrorismo: “No recordamos un documento tan contundente y esclarecedor como este”. En cuanto al golpismo, la parte más polémica de la pastoral, tildó sus argumentos de “ponderados”, ya que respondían al “común sentir del ciudadano medio” y también del propio diario: “Desde estas mismas páginas hemos tenido ocasión de señalar esos peligros y la necesidad de limitar claramente, en el tiempo y en los objetivos, la involucración del Ejército en medidas policiales o de represión del terrorismo”. El único aspecto negativo fue la constatación de la enorme repercusión que toda opinión episcopal adquiría en la sociedad, en virtud del poder detentado por la Iglesia católica en la todavía joven democracia33.
Diario 16, por último, apuntaba que no iba a entrar en el análisis político de la pastoral, dado que el episcopado vasco había incentivado sentimientos de desazón y zozobra cuando menos falta hacía. Además, afirmaba que los obispos habían tratado cuestiones ajenas a sus competencias, lo cual le resultaba casi indignante: “Zapatero a tus zapatos […] Aviados estaríamos si tuviéramos que seguir las indicaciones episcopales, como antes, en asuntos de la sociedad civil. […] Mejor habrían estado callados”34.
Pese a que el gobierno descartó desde un principio entrar en una polémica abierta con el clero, para Leopoldo Calvo-Sotelo (por cierto, católico practicante), el texto “más que una carta pastoral era un manifiesto político” en el que “más que cuestiones que de verdad afectasen a la relación de los fieles con sus pastores se trataban temas políticos que afectan a la relación de los gobernantes con los gobernados”35. Tras una entrevista del presidente con el nuncio Innocenti, recién llegado a Madrid, para manifestarle su disgusto, el gobierno presentó una queja formal36. El ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, dio instrucciones al embajador de España en el Vaticano para que manifestase a las autoridades eclesiásticas el desagrado del gobierno español por lo expuesto por los prelados vascos37, puesto que la pastoral quebrantaba los acuerdos específicos firmados entre España y la Santa Sede38.
Preocupado por la repercusión internacional que la pastoral pudiera tener, el gobierno encargó a los consejeros de información de sus embajadas que recopilaran informaciones sobre la reacción en sus respectivos países39. La prensa inglesa y la danesa se centraban en la irritación que la pastoral había causado en el ejecutivo y no dejaban de destacar el apoyo que el clero vasco había dado a “las guerrillas de eta” durante el franquismo, mientras la belga (particularmente la flamenca) insistía más en la preocupación de los obispos vascos por la participación del Ejército en la lucha antiterrorista. Por su parte, en la prensa mexicana no se detectaban “reacciones contrarias” y sí favorables, y un interés exponencial por el tema en los días siguientes40. Los franceses hacían hincapié en la llamada al nuncio y en el temor a posibles concesiones a los militares para apaciguarles, aunque también se recordaban las solicitudes españolas de extradición a Francia y de un control más riguroso de la frontera41. Los holandeses coincidían en subrayar “la inoportunidad” de la pastoral, si bien el consejero alertaba sobre la confusión que el documento podría crear en la opinión pública holandesa. Desde Lisboa se informaba que la repercusión había sido limitada42. Bonn hablaba de la “escasa reacción” de los medios alemanes y de la “enorme comprensión” hacia las medidas antiterroristas adoptadas, que en ningún caso suponían limitación de derechos y libertades. En este caso, además, el asunto motivó una carta del embajador, Emilio Garrigues Díaz Cañabate, al presidente del gobierno en el que le comentaba precisamente el escaso eco que había tenido la pastoral en la República Federal y le mandaba traducido uno de los pocos artículos que se habían publicado al respecto43.
La reacción de los principales periódicos europeos, en general comprensiva hacia las dificultades de la lucha contra el terrorismo, resultó tranquilizadora para el gobierno español, temeroso siempre de que la persistencia del viejo cliché de la lucha antifranquista con la que se seguía asociando a eta (y al clero vasco) en ciertas partes de Europa pudiera perjudicar la legitimidad del combate contra la violencia terrorista, convertida ahora en la mayor amenaza para la consolidación democrática.
La polémica tanto nacional como internacional provocada por el documento pastoral impulsó a sus autores a hacer públicas algunas aclaraciones. El obispo de Vitoria, monseñor Larrauri, manifestó a Radio Nacional de España que no habían tenido ningún afán de injerencia en la política española, sino que solo pretendían presentar un documento esperanzador. Resaltó, a su vez, que el clero vasco apoyaba las medidas que el gobierno creyese necesarias para combatir el terrorismo, siempre y cuando prevaleciesen los derechos de la persona. Por su parte, el obispo de San Sebastián, monseñor Setién, expresó que su pretensión era plantear unos puntos de reflexión, no buscar ninguna oportunidad para entrometerse en asuntos de gobierno44. En todo caso, como veremos a continuación, esta no sería la última vez que los obispos de Euskadi pondrían en tela de juicio las actuaciones gubernamentales de Calvo-Sotelo en materia terrorista y autonómica.
2. “Respetar la justicia y construir la paz” (1982)
Después de la intentona golpista del 23-F, en plena ofensiva del terrorismo etarra y tras no pocas vacilaciones, el gobierno de ucd había concluido que la mejor solución al enredo autonómico pasaba por extender el autogobierno a todas las zonas de España, para unificar de forma administrativa el Estado y no establecer diferencias entre territorios. A fin de llevar a cabo esta política armonizadora, Calvo-Sotelo buscó y consiguió un pacto entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista que se materializó en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (loapa)45. Los gobiernos autonómicos de Cataluña y País Vasco consideraron que la nueva ley supondría un coto a su autogobierno y recortaría los “privilegios” adquiridos en sus territorios, por mucho que Calvo-Sotelo insistiera en que no afectaba a los estatutos ya aprobados. Especialmente dura fue la oposición que se planteó en Euskadi. Xabier Arzallus, presidente del Partido Nacionalista Vasco (pnv), declaró que, si desde el gobierno central querían parar a los vascos, “tendrían que venir como en el treinta y seis46 y no con la loapa”47. En octubre de 1981, el gobierno de Euskadi organizó una concentración en contra de la ley en Bilbao, a la que acudieron 100 000 personas, según el Gobierno Civil de Vizcaya48. Varios partidos vascos secundaron esta movilización (pnv, Euskadiko Ezkerra49, el Partido Comunista de Euskadi y el sindicato nacionalista ela) cuyo lema era: “Estatuto sí, pero todo el Estatuto”50.
No parece que la reacción del gobierno y de la prensa ante su primera pastoral hubiera provocado mucho efecto en el episcopado vasco, porque, a raíz de la aprobación de la loapa en el Congreso de los Diputados el 22 junio de 1982, los obispos vascos decidieron redactar un nuevo y polémico documento. El texto, titulado en esta ocasión “Respetar la justicia y construir la paz”51, criticaba la política autonómica de ucd y advertía del peligro que supondría la aprobación de la ley para la vigencia del Estatuto vasco, para la pacificación de Euskadi y para la convivencia.
Los obispos comenzaban resaltando que la misión de la Iglesia era promover la concordia entre las personas, los grupos y las naciones, razón por la cual se habían decidido a escribir sobre este asunto. Sin pretender “entrar en los aspectos técnicos y jurídicos de la loapa”, aseguraban que esta ley ponía en peligro y perturbaba “los dos pilares básicos de la convivencia humana”: la paz y la justicia. Consideraban que el Estatuto de Guernica había sido “un paso decisivo en la solución de un viejo conflicto que había hecho históricamente imposible la paz verdadera”. A este respecto, los obispos añadían que el acatamiento al Estatuto fue un camino para que Euskadi mantuviese y desarrollase su “personalidad peculiar” y para que construyese “su propia historia, en solidaridad con los pueblos de España”. En su opinión, la nueva ley constituiría una modificación notable y unilateral del texto de Guernica:
“La loapa será percibida como una mutilación parcial de dicho Estatuto e interpretada como un incumplimiento del compromiso del Estado con la comunidad vasca. Este sentir, compartido por nosotros mismos, no es, en modo alguno, ciego e infundado. Coincide sustancialmente con el parecer autorizado de muchos expertos competentes y honestos que consideran la loapa […] como un retorno disimulado hacia el viejo modelo centralista retocado mediante una cierta descentralización administrativa”.
Los obispos se deslizaban incluso por un peligroso camino al señalar que los derechos de los pueblos podían, llegado el caso, estar por encima de las leyes, aunque estas fueran democráticas52:
“Aun en el caso de que las Cámaras legislativas del estado tuvieran la legitimidad jurídica de la mayoría para aprobar la loapa, estimamos que la ley del número no legitima éticamente una decisión que altera sustancialmente el contenido de un compromiso, recorta los derechos de las minorías y obstaculiza gravemente el camino hacia la pacificación de un pueblo”.
La conclusión a la que llegaban era no menos inquietante, ya que insinuaban que quizá la aprobación de la loapa podía acarrear el recrudecimiento de la violencia de eta en Euskadi:
“El proyecto de ley de la loapa ha producido ya, en buena parte de la sociedad vasca, un alto grado de malestar. Si el proyecto prospera, el malestar degenerará en irritación y frustración […] Este estado de opinión puede peligrosamente inclinar a algunos sectores de la población hacia una posición gravemente perniciosa para la paz […]. Las actuaciones al margen de la ley y, sobre todo, a la violencia terrorista podrían lamentablemente parecer a algunos el único camino posible”.
La pastoral finalizaba advirtiendo que las consecuencias que esta opción traería consigo -para la sociedad vasca y española- serían “ética y políticamente muy graves”. Por último, recalcaban su doble legitimidad, como religiosos y como ciudadanos, para dar su opinión sobre la política autonómica del ejecutivo central y en particular sobre la loapa, a la que calificaban finalmente como “encrucijada dolorosa”, que desprestigiaba “la ley y el diálogo”, amenazaba la paz y fomentaba “el imperio de la violencia”53.
Las reacciones en contra y a favor de la pastoral no se hicieron esperar por parte de los políticos y de la prensa de la época. La Vanguardia las resumía de este modo:
“La loapa ha recibido abundantes críticas basadas algunas en la inaceptable intervención en un asunto polémico de orden político, otras en la falta de oportunidad y unas terceras en el supuesto confusionismo que crea cuando se refiere a las posibles consecuencias de la aprobación de la Ley”54.
Los máximos responsables del gobierno de ucd tildaron a la pastoral de “imprudente”, “inoportuna” y “constitucionalmente desleal”55. Adolfo Careaga, presidente de la ucd de Vizcaya, apuntaba que el texto era de “una absoluta inoportunidad y falta de discreción”: “Es un tema estrictamente político y no afecta a la fe, a la moral ni a las costumbres”. Desde su punto de vista, nunca debió haberse escrito, pero menos aún en un momento próximo a una cita con las urnas: “Es inapropiado que, cuando estamos en un periodo preelectoral, los obispos vengan a sumarse a la opción de un determinado partido político”56. En esta línea, Rafael Arias-Salgado, ministro de Administración Territorial, se preguntaba cómo era posible poner en relación la loapa con el terrorismo que azotaba al País Vasco desde los años sesenta: “Hay juicios de valor que dudosamente respetan la justicia histórica y escasamente contribuyen a construir la paz”57.
Los socialistas vascos emitieron un comunicado en el que consideraban “inadmisible e intolerable” este documento en un sistema democrático, ya que contenía afirmaciones de enorme gravedad e irresponsabilidad: “Es una clara intromisión en temas que pertenecen a la única soberanía de las Cortes Generales, y a los representantes del pueblo español legítimamente elegidos por éste”58. No comprendían por qué los obispos ponían de pretexto una ley para justificar el terrorismo y afirmaban que estos confundían al pnv con el pueblo vasco: “Existen muchos vascos que comparten plenamente los objetivos de la loapa de generalizar el estado de las autonomías de todos los pueblos de España”59. El propio Felipe González se pronunció al respecto. En su opinión no era coherente la relación que se establecía entre pacificación y pactos autonómicos, ya que al terrorismo lo que le interesaba en realidad era la independencia y no la autonomía. También apuntó que le gustaría que los obispos se pronunciasen “cuando eta mata a un guardia civil, a un policía, o cuando pone una bomba”60.
José María Trevijano, presidente de Alianza Popular en el País Vasco, aseguraba, al igual que el representante de la ucd, que “son los temas religiosos los que competen a la jerarquía eclesiástica”. Por ello, el posicionamiento clerical contra la loapa le parecía desafortunado “porque es una intromisión en el terreno político que no han hecho a título personal, sino investidos de su autoridad”61.
Por otra parte, los partidos nacionalistas respaldaban lo expuesto por los obispos, sobre todo el pnv. Concretamente, el vicepresidente del ejecutivo vasco, Mario Fernández, y el consejero de Economía, Pedro Luis Uriarte, reconocieron públicamente “la sensibilidad con que los prelados se pronuncian ante un problema que conmueve a la sociedad vasca por afectar a sus derechos comunitarios y con incidencia en la convivencia justa y pacífica de este pueblo”. José Antonio Aspuru, como representante del Euzkadi Buru Batzar -la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco-, insistía en que la mayor parte del pueblo vasco coincide con los planteamientos del clero62, por lo que consideraba a la pastoral “muy positiva, porque se parte de una realidad existente, que está bien analizada”63. Además, el político peneuvista criticaba el comunicado del psoe:
“Si se molesta por lo que dicen los obispos es que hay realidades que molestan […] los socialistas están tergiversando lo dicho por los obispos, porque confunden causa con excusa. No es lo mismo decir que la loapa es la razón del terrorismo que decir que es una excusa. O han hecho una lectura precipitada de la carta o existe mala intención”64.
Esta opinión fue compartida por otras fuerzas políticas ligadas al nacionalismo vasco, como es el caso de Euskadiko Ezkerra. Uno de sus representantes, Salvador González, manifestaba que cualquier persona tiene derecho a expresarse sobre aquello que considerase oportuno, y que el texto del clero era coherente con la perspectiva de la Iglesia respecto a la situación que vivía Euskadi y con su entorno social. También arremetió contra el comunicado del psoe, al que calificó de “desaforado”. Al respecto, apuntó que sus palabras “no son sino una muestra, de la situación de aislamiento en que se encuentran en la sociedad vasca”65.
La prensa, a su vez, publicó también “duros calificativos” ante lo expuesto por los representantes del clero, si bien es cierto que los obispos también encontraron sorprendentes apoyos entre los diarios madrileños66. El documento fue portada de tres de los periódicos que se analizan: mientras que en abc67 fue la segunda información en importancia, en Diario 16 fue la noticia principal, con el titular “Los obispos vascos se echan al monte”68, al igual que en La Vanguardia69. En El País, este asunto no apareció en primera página.
En su editorial, Diario 16 fue el más duro y crítico con la pastoral, pues aseguró que los obispos no eran ni justos ni objetivos en su discurso. Y es que no era de extrañar, en su opinión, que el clero vasco fuese el autor de la irresponsable “epístola anti-loapa”, ya que de sobra era conocida la participación de parte de sus curas en grupos favorables a eta. Para el periódico de Pedro J. Ramírez, este tipo de hechos no favorecían al País Vasco, un territorio que era objeto de “la más intensa campaña de demagogia y agitación” de los últimos años. Y aseveraba que, si no hubiera muertes de por medio, podrían divertirse con “la ecuación loapa-Satán”. Pero, como desgraciadamente sí las había, consideraba que la postura de los obispos era “en lo ciudadano, lamentable; en lo político, demasiado identificable, y en lo doctrinal, incalificable”70.
abc tampoco estuvo conforme con la opinión de los obispos, pero no utilizó un lenguaje tan agresivo contra ellos y no valoró si hacían -o no- apología del terrorismo. Lo que sí hizo fue aclarar que la pastoral se entrometía de lleno en la naturaleza de la Ley Orgánica:
“¿Cómo se puede afirmar que el documento pastoral no pretende ‘en modo alguno entrar en los aspectos técnicos y jurídicos de la loapa’, si en realidad el documento no constituye otra cosa que un endoso institucional, un apoyo al concreto frente de oposición política contra el necesario y legítimo empeño de que las autonomías se conformen al derecho que los españoles tenemos a la unidad nacional, según se nos reconoce en esa misma Constitución que hace posible las propias autonomías?”71.
En esta línea, lo que más incomodaba al periódico era que los obispos dudasen de la legalidad de la loapa, puesto que estaba aprobada en el Parlamento. Otra cosa muy distinta era que al nacionalismo vasco no le gustase: “Comparten las leyes con la lluvia, a lo que se ve, la peculiaridad de no caer nunca a gusto de todos”. En todo caso, si fuese ilegal no le correspondería determinarlo ni al clero ni al gobierno vasco, sino al Alto Tribunal: “Esta ley orgánica puede encerrar cuantos defectos se quieran menos el de ilegalidad. […] Y podrá ser, si así lo sentenciase el Tribunal Constitucional, una ley anticonstitucional, en todo o en parte. Pero, de momento, por su génesis y su tramitación hasta ser aprobada, no ha infringido ningún requisito de la legalidad vigente”72.
Para el diario decano, si había algo positivo en todo esto era que el gobierno y la oposición habían salido en defensa de la loapa, si bien tampoco ahorraba críticas contra ellos. A los socialistas les acusaba de utilizar la cuestión territorial para ganar votos, cuando tenían una gran parte de responsabilidad en el enredo autonómico. Al ejecutivo de ucd le reprochaba no haber respondido a la pastoral con la suficiente rapidez y vehemencia:
“El psoe fue parte principal, seguramente decisiva, en el consenso del que nació el ambiguo texto del título VIII de la Constitución, que ha sido la matriz de las autonomías. Ocurre así que la reacción actual del psoe frente a las alegaciones vascas, sean o no admisibles, no deja de padecer alguna estimable desautorización por aquello de ser responsable del mal causado quien fue responsable de la causa. […] El Gobierno español, con la responsabilidad de ucd, partido gobernante, se ha limitado a una breve contestación pública a la pastoral de los obispos. Ha replicado a una cuestión incidental sin entrar en el fondo del pleito […] Y que el Gobierno debió manifestar adelantándose al partido principal de la oposición”73.
La Vanguardia aceptaba que los obispos tuvieran derecho a pronunciarse sobre la ley y alababa su invitación al diálogo; sin embargo, cuestionaba seriamente sus afirmaciones. Al poner en duda “la legitimación ética de la ley del número” estaban introduciendo una duda “sobre la validez ética de cualquier ley, aprobada por cualquier mayoría y que afecte a cualquier minoría”. Por otra parte, al hablar del “pueblo vasco” no parecían tener de este “una idea pluralista, sino monolítica”. Y, sobre todo, que no parecía muy acertado vincular el fin del terrorismo con la aprobación o no de la loapa, igual que no lo fue en su momento hacerlo con la elección de un gobierno vasco: en ninguno de los casos la violencia había cesado74.
Por último, El País, como ocurrió ya con la primera pastoral, fue el más condescendiente con los obispos, aunque ello significara discrepar de la línea oficial del psoe. El diario arremetía con opiniones tan exaltadas como las que había publicado Diario 16. Afirmaba que era deshonesto, “y casi calumnioso”, atribuir a la pastoral algún grado de connivencia con la violencia. Reconocía que los prelados estaban próximos a las posiciones del pnv75, pero muy lejos de apoyar a la banda terrorista eta76: “Que el pnv y los obispos vascos tengan la razón o se equivoquen en este asunto es algo que, en cualquier caso, sólo la discusión sensata y el análisis de los argumentos pueden decidir”. De algún modo, trató de restarle importancia a lo expuesto por el clero (y de ahí el hecho de no incluirlo en primera página), pues, después de todo, era solo la opinión de una parte de un colectivo:
“La sociedad española debe aprender a colocar en su debido lugar las actitudes o las apuestas de la Iglesia en cuestiones políticas, sin restarles la importancia que siempre merecen las intervenciones de tan influyente grupo de presión, pero sin considerarlas una coactiva amenaza a la independencia de unas instituciones que reciben su legitimidad de las urnas y no de una transmisión taumatúrgica de poderes”77.
En 1981, con el ruido de sables aún muy reciente, podía comprenderse la preocupación de la Iglesia porque el Ejército asumiera en la lucha contra el terrorismo un nuevo papel que podría ser si se quiere discutible. En 1982, sin embargo, los obispos estaban cuestionando una política de Estado, acordada entre el gobierno y el principal partido de la oposición para desarrollar el pacto constitucional de 1978. Esto reforzó la impresión de que la Iglesia se posicionaba políticamente de una manera expresa y, lo que es aún más llamativo, deslegitimando aquellas decisiones del Parlamento español no conformes con las posturas del nacionalismo vasco.
Conclusiones
Las dos pastorales de los obispos vascos de 1981 y 1982 introdujeron un elemento de tensión añadido en un momento de especial gravedad dentro de la Transición como fue la etapa posterior al intento de golpe de Estado, con la autonomía vasca en sus inicios, con un gobierno que intentaba poner en pie el edificio autonómico, con una crisis económica galopante, con un partido como ucd que empezaba a hacer aguas, y en medio de los llamados “años de plomo” de eta.
Los obispos vascos se habían acostumbrado a intervenir en los asuntos temporales de su grey desde los tiempos del franquismo y siempre en el mismo sentido: el de considerar que la comunidad vasca poseía unos derechos inalienables y distintos del resto de españoles, que debían ser preservados. La sola idea de que el Ejército pudiera participar en la lucha contra el terrorismo, o que el gobierno recortara de alguna manera el recién aprobado Estatuto vasco (difícil de recortar por otra parte, ya que su implementación estaba todavía en mantillas), era para los obispos una casi ineludible invitación a manifestarse.
El inevitable rechazo a la violencia en ambos documentos quedaba envuelto, sin embargo, en una permanente búsqueda de explicación a las razones de la ausencia de “paz” en Euskadi. La misma utilización del concepto de paz (en el título de ambas pastorales), aplicado a una situación de terrorismo ejercido contra un Estado democrático, era en sí misma ya una declaración de intenciones, puesto que daba a entender la existencia de un estado de guerra entre dos bandos equiparables. Existe una abundante literatura que aborda esta cuestión de cómo “el lenguaje y la cultura pueden contribuir a apoyar o a deslegitimar ciertas prácticas asociadas con la violencia dentro de una colectividad”78. Si en esa tarea es importante la labor de los medios, no lo es menos la de las instituciones. Como apunta Van Dijk, las estrategias lingüísticas tienen un componente semántico que se materializa en diversos enfoques que subrayan la superioridad moral del hablante, la plasmación de argumentos que justifiquen las creencias dominantes, el descrédito de las fuentes disidentes, sin olvidar la voluntad de despertar determinadas emociones en los receptores79. Los obispos estaban asumiendo el lenguaje nacionalista, por lo que era muy difícil que la sociedad española pudiera considerar a la Iglesia como una institución neutral80. En la primera pastoral, los obispos comprendían la existencia del terrorismo mientras existieran sectores involucionistas en el Ejército y desde luego rechazaban de plano que este pudiera estar legitimado para involucrarse en el combate contra eta. La segunda pastoral argumentaba que la loapa ponía en peligro el Estatuto, al que consideraban piedra angular de la reconciliación entre los vascos, y señalaba que la política autonómica de Calvo-Sotelo daría argumentos a aquellos que respaldaban la violencia terrorista. Estas afirmaciones parecían cuestionar, en nombre de la búsqueda de la “paz”, la legitimidad de la democracia española para adoptar decisiones que afectaran a los vascos. En todo caso, era evidente que, si la aprobación del Estatuto no había sido suficiente para que eta abandonara las armas, estaba claro que el terrorismo no necesitaba de la loapa para seguir con sus acciones violentas. eta despreciaba el autogobierno (amplio o limitado), porque su objetivo, como recordaba Felipe González, era la independencia.
La actitud del episcopado vasco tuvo un enorme eco político, social y mediático dentro y fuera del País Vasco e, incluso, traspasó las fronteras de España81. La postura de los partidos políticos se configuró en torno a dos bloques: las fuerzas de ámbito estatal -ucd, psoe y ap- se manifestaron en contra. Y, por otra parte, los partidos próximos ideológicamente al nacionalismo vasco apoyaban la opinión de los obispos al identificar ese discurso con la postura mayoritaria del pueblo vasco. En lo relativo a la prensa, las argumentaciones de los diarios fueron variadas. Mientras El País minimizaba que los representantes de la Iglesia mostraran su punto de vista (en parte para no tener que posicionarse en contra del psoe), abc criticó a los obispos por entrometerse en temas ajenos a su colectivo, La Vanguardia rechazó que se ofrecieran excusas a los terroristas para seguir matando y Diario 16 directamente los acusó de hacer apología del terrorismo.
Como ha quedado puesto de relieve en los distintos estudios sobre el papel de la prensa en las sociedades contemporáneas, los periódicos delimitan las fronteras del espacio cognitivo desde el cual los ciudadanos piensan las cuestiones públicas, pero además determinan su tratamiento, el marco mental desde el que interpretarlos82. El debate en torno a las pastorales puso de manifiesto dos cuestiones. La primera, que la prensa rechazaba la intromisión de la Iglesia en los asuntos políticos (y más cuando parecía hablar con la voz del nacionalismo). Y la segunda y más importante, que, por muchas críticas que se hiciera a los obispos, lo cierto era que desde 1975 en España estaba instalado el marco mental (y mediático) según el cual el nacionalismo vasco (en todas sus vertientes), como víctima del franquismo, era merecedor de una reparación en forma de generoso autogobierno. Esto planteaba una crucial derivada, es decir, si la concesión de la autonomía sería la mejor manera de conseguir el final del terrorismo. Ante esta duda, que consumió durante décadas a la clase política y a la opinión pública, la estrategia de los llamados nacionalistas moderados (con la connivencia del clero vasco) consistió, durante la Transición (y después), en agitar, por un lado, el fantasma del retorno al centralismo (golpismo incluido); y, por otro, la amenaza de eta, para conseguir aumentar sus niveles de autonomía. La verdad era que nadie estaba planteándose un regreso a la España unitaria anterior a 1975 y que la autonomía por sí sola jamás serviría para convencer a los etarras de que depusieran las armas. Cuando el gobierno de Calvo-Sotelo solicitó la participación del Ejército en la lucha contra el terrorismo estaba intentando tranquilizar a los cuarteles y consolidar la democracia. Y cuando lanzó su iniciativa de racionalización del proceso autonómico, su objetivo no era otro que poner las bases para la articulación de un nuevo Estado español, que se adaptase a la realidad autonómica.
Se argumenta a veces que el interés de la prensa como fuente histórica es discutible, dado su carácter subjetivo, cuando es precisamente ese enfoque sesgado de la realidad el que tiene verdadero interés para el estudioso del pasado. En muchas ocasiones las respuestas a los grandes interrogantes de la historia no solo tienen que ver con los hechos objetivos, sino con las interpretaciones que en cada momento se dieron de ellos, con los estados de ánimo colectivos instalados en la sociedad. De forma complementaria los periódicos se comportan, además, como auténticos agentes de cambio que promueven o evitan debates, que encauzan a la opinión pública al controlar el lenguaje. Esta doble dimensión de la prensa (como fuente y como agente) resulta de particular interés en los momentos de cambio en la historia, como pudo ser la Transición española, y muy singularmente cuando se tratan temas tan sensibles como pueden ser el nacionalismo, la religión o el terrorismo, por la gran carga emocional que introducen.