Diana Patricia Arias Henao^**

^* Artículo de reflexión producto de la investigación del proyecto Zidres de Uniagraria y de la autora en el marco de estudios realizados en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires, Argentina), donde obtuvo el doctorado con grado distinguido en Relaciones Internacionales.
^** Abogada litigante bilingüe, conciliadora extrajudicial en derecho, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Magíster en Relaciones Internacionales y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires, Argentina). Asesora jurídica-política. Docente tiempo completo e investigadora de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá, Colombia) y del Programa de Derecho de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Bogotá, Colombia). Correo electrónico: diana.arias@unimilitar.edu.co / arias.diana@uniagraria.edu.co.

Forma de citación: Arias, D. (2016). Cooptación y restitución de tierras geoestratégicas en Colombia y México a través de la construcción transnacional de comunidades identificadas con el narcotráfico. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, 38, 77-95. DOI: http://dx.doi.org/10.18359/prole.1971

Fecha de recepción: 5 de abril de 2015
Fecha de evaluación: 14 de septiembre de 2015
Fecha de aprobación: 5 de enero de 2016

Resumen

Artículo de reflexión cuyo objetivo principal es demostrar en el escenario del derecho internacional contemporáneo, las nuevas amenazas que representa el narcotráfico en lo que se refiere a la agenda de seguridad, así como sus efectos sociales, económicos y culturales. Los Estados a comparar la amenaza: Colombia y México. La metodología es comparativa y como principales resultados, se dimensiona el de las comunidades identificadas con el narcotráfico y sus mercados de contrabando conexos, que se cimientan en la relación transnacional ilícita de redes narcotraficantes con vínculos estatales consolidados a través de la cooptación de los sistemas políticos y de seguridad. La región Caribe es el enclave geoestratégico para el comercio de narcóticos: zona de producción, de comercio al por mayor y lugar de distribución mediante pautas violentas, una especie de narco-incoterms.

Palabras clave: Narcoidentidades, geopolítica narco, nuevas culturas, redes transnacionales, condicionamientos internos e internacionales, Colombia, México.

Summary

This is a reflection article whose main objective is to demonstrate, on the stage of contemporary international law, the new threats that drug trafficking represents in what refers to the security agenda, as well as its social, economic and cultural effects. States to compare the threat: Colombia and Mexico. The methodology is comparative and, as main outcome, it is measured the one of the communities identified with drug trafficking and its related contraband markets, which underpin on the illicit transnational relationship of drug trafficking networks with State ties strengthened through cooptation of political and security systems. The Caribbean region is the geostrategic enclave for narcotics trade: production and wholesale trade area, and place of distribution through violent patterns, a kind of narco-incoterms.

Keywords: Narcoidentities, narco geopolitics, new cultures, transnational networks, internal and international conditions, Colombia, Mexico.

Resumo

Artigo de reflexão cujo objetivo principal é demostrar, no cenário do direito internacional contemporâneo, as novas ameaças que o narcotráfico representa no que se refere à agenda de segurança, assim como os seus efeitos sociais, econômicos e culturais. Os Estados onde a ameaça é comparada são a Colômbia e o México. A metodologia é comparativa e como principais resultados é dimensionado o das comunidades identificadas com o narcotráfico e os seus mercados de contrabando conexos, que se alicerçam na relação transnacional ilícita de redes narcotraficantes com vínculos estatais consolidados através da cooptação dos sistemas políticos e de segurança. A região Caribe é o encrave geoestratégico para o comércio de narcóticos: zona de produção, de comércio por atacado e lugar de distribuição mediante pautas violentas, uma espécie de narco-incoterms.

Palavras-chave: Narco-identidades, geopolítica do narcotráfico, novas culturas, redes transnacionais, condicionamentos internos e internacionais, Colômbia, México.

Introducción

El narcotráfico conlleva variedad de consecuencias para la región latinoamericana. Una de ellas es la creciente construcción de identidades que se alinean con principios rectores de agentes (sujetos y actores) que desarrollan actividades dentro de la extensa red de producción, compraventa, transporte, distribución y lavado de activos. Funciones de la empresa ilegal.

Se hará un ejercicio comparado entre Colombia y México, otorgando importancia geoestratégica al Caribe para la red, e indicando las problemáticas ambientales que genera la lucha contra el narcotráfico, debido a representar el principal espacio de asentamiento de la creciente cultura influenciada por el comercio ilícito de narcóticos. Demostrando que es un fenómeno no exclusivo de seguridad sino interdisciplinar y multisectorial, que alienta los postulados de atención en sectores de salud y de nuevos parámetros de comportamiento social y que identifica a grandes sectores de la población con modelos violentos pero productivos y comunitarios.

La empresa irregular creó nuevos patrones culturales que traspasan los límites nacionales para encontrar asidero en territorios extranjeros. Los Estados nacionales sufren escisión desde sus ciudadanos, al romper su identificación con los principios nacionales.

La anterior concepción convencional se demostró en un estudio comparativo doctoral, que tomó como punto de partida a las organizaciones narcoviolentas colombianas y mexicanas. Las cuales estructuran su accionar como una red transnacional en el cometido de su principal objetivo: el envío de droga de Colombia a México, para luego ser introducida a Estados Unidos. Desde 1980, se sistematizó "el uso de los carteles mexicanos por parte de los colombianos, como mulas o transportadores de narcóticos, en especial, por el amplio conocimiento que poseían de la frontera México/Estados Unidos y de las rutas internas de distribución de los Estados Unidos" (Arias, 2014b).

Una vez desmantelados los carteles colombianos de Medellín y Cali, los mexicanos lideraron la red con destino a Estados Unidos, a través de cientos de microcarteles colombianos que siguieron en el negocio. En los años noventa se sumaron grupos guerrilleros y paramilitares, en sus diversos causes, y el Cartel del Norte del Valle.

Por su parte, las bandas criminales operan en torno a "la disputa por el control del narcotráfico [...] (las más importantes) Los Urabeños, Los Paisas, Los Machos, Renacer, Ejército Revolucionario Popular Anti-subversivo de Colombia (Erpac) y Los Rastrojos [...] estas estructuras tienden a recomponerse rápidamente, reemplazando a los miembros" (Echandía, 2010, p. 168).

En México desde 1990 se presentó la mutación de los carteles de la droga, pasaron a ser un negocio transnacional multimillonario operado por diversos carteles (Borges, 2008), que podemos resumir así (Arias, 2014b):

1. Cartel del Golfo: creado por Juan Nepomuceno Guerra. Sobornó sistemas de seguridad, su grupo de sicarios eran Los Zetas, compuesto por desertores de las fuerzas especiales del Ejército mexicano y kaibiles.
2. Cartel de Tijuana-Baja California: uno de los más grandes y violentos. Inició cuando el líder del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue capturado en 1989 y se fragmentó en dos carteles: Sinaloa, a cargo de El Chapo; y Tijuana liderado por los herederos del asesinado Ramón Arellano Félix. Actividad: narcotráfico en red de cooperación con el Cartel del Golfo, aunque funcionan como organizaciones criminales independientes.
3. Cartel de Juárez: soborno de autoridades. Comenzó con Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos" por su innovador sistema para transportar cocaína: una flota completa de aviones Boeing 727. Murió en 1997 durante una cirugía plástica que se realizaba para no ser identificado.
4. Cartel de Sinaloa: cartel del Pacífico dirigido por Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo". Trafica y distribuye cocaína colombiana, marihuana mexicana y heroína asiática.
5. Cartel de Colima: "Los Reyes de las Metanfetaminas". De los hermanos Amezcua Contreras. Se creó en 1988 y originalmente solo operaba traficando para los carteles de Colombia, aunque pronto se convirtió en una importante organización criminal para el tráfico y procesamiento internacional de anfetaminas.
6. Cartel Milenio: los Valencia. Se separó del Cartel de Juárez en 1999 y su base de operaciones es Michoacán, donde se produce marihuana y amapola.
7. Cartel de Oaxaca: área de influencia: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Trafican con marihuana (mayor productora zona del istmo) y cocaína, principalmente.

La solución predominante al problema de la droga proviene principalmente de recetas estadounidenses, que implican el tratamiento exclusivo a la narcoviolencia desde el enfoque de la seguridad, aplicando la fracasada combinación de herramientas de la militarización y la fumigación con plaguicidas, que continúan generando daños transfronterizos ambientales que serán detallados al final del artículo. Al referirnos al enfoque de seguridad, reiteramos la insuficiencia paradigmática que representan el realismo y el neorrealismo pues

[...] el prefijo neo sirvió en cierta medida para ocultar la reafirmación de los temas tradicionales -sobre el Estado, el poder, el conflicto- reflejo también de dos importantes cambios con respecto a la agenda anterior: por un lado, se prestaba una atención mucho mayor al papel de lo económico en las relaciones interestatales, no en los términos de los enfoques transnacionales o interdependientes sino como un instrumento, mercantilista y competitivo, del poder estatal; por otro lado, se hizo una revisión teórica, en un intento de elaborar una teoría más rigurosa (Halliday, 2000, pp. 57-58).

Los ministros de América Latina, incluidos los de Colombia y México, solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocer otras alternativas para abandonar la lucha frontal impulsada por Estados Unidos (Andes, 2015).

¿Podemos encontrar en la escena contemporánea internacional a grupos con identidad narcoviolenta?

A. Derecho internacional contemporáneo

La narcoidentidad se produce en el escenario del narcotráfico que representa "una nueva conducta sociocultural [...] y comienza a provocar movimientos en las estructuras políticas, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica [...] el narcotráfico [...] podría considerarse rasgo de identidad comunitaria" (Ramírez, 2011, p. 159).

Si el derecho internacional contemporáneo fuera una persona natural, tendría setenta años. Es decir, la estructura actual de la normatividad internacional es un fenómeno muy reciente en términos teórico-prácticos. En 1945 se perdieron alrededor de cincuenta millones de vidas humanas en los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial, entre las víctimas estaban los seis millones de judíos exterminados.

La mayoría de los especialistas reconoce entre 40 y 50 millones de muertos (más de la mitad de ellos civiles), el doble o triple de heridos y otros 50 millones de desplazados forzosos o deportados. La URSS (con unos 20 millones), Alemania (entre cinco y siete millones) y Polonia (cerca de seis millones) pusieron más de la mitad de los muertos. Los soviéticos y los alemanes padecieron las deportaciones más importantes: entre 10 y 15 millones cada país (Sahagún, 2015, p. 1).

La Segunda Guerra Mundial finalizó con un Pacto de Caballeros. Un acuerdo político denominado Yalta firmado por los presidentes de la época de los Estados Unidos de América, la Unión Soviética y Gran Bretaña. Los vencedores de la guerra acordaron la necesidad de convocar la conformación de una organización internacional que cambiase las reglas de interacción entre los Estados para propender por la paz y la seguridad internacionales.

Es así como dos hechos, uno fáctico y otro jurídico, cambiaron radicalmente la estructura jurídica del derecho internacional público. El fáctico lo codificó el Acuerdo de Yalta, mientras que el jurídico lo tradujo la creación de la ONU.

Antes de 1945 el derecho internacional se denominó derecho clásico. En dicha escuela clásica o relacional, el Estado fue el único sujeto de derecho internacional, capaz de adquirir derechos, obligaciones y en caso de incumplimiento de las segundas, ser acreedor del efecto sancionador jurídico. Los Estados requerían para ser sujetos de derecho: territorio, población, poder político y reconocimiento bilateral-constitutivo. Adicionalmente, la característica más demostrativa de la escuela clásica se refirió a la capacidad de resolver controversias internacionales por parte de los Estados mediante el uso del monopolio legítimo de la violencia.

Después, en un periodo de transición de la escuela clásica a la nueva escuela contemporánea o institucional, fue precedida por tribunales ad hoc de justicia transicional en Núremberg y Tokio, condenando a aquellos que abusaron del derecho de adquirir territorio a través del enfrentamiento de guerras clásicas. Las guerras clásicas identifican a los enfrentamientos regulares entre sujetos de derecho internacional, ejecutados por sus ejércitos regulados y que por lo general desarrollan alianzas para conquistar las batallas.

Con la escuela contemporánea las reglas del juego cambiaron de manera radical, a tal punto que lo que se tenía por legítimo fue tipificado como lícito. En dicho sentido, la facultad de utilizar la fuerza armada para resolver conflictos internacionales se convirtió en prohibición expresa. Pero como toda regla general, trae excepciones jurídicas: se permite el uso de los ejércitos cuando precede una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o se configura la legítima defensa proporcional por agresión indebida; así como en cuestiones de ayudas humanitarias por catástrofes humanas y naturales.

Así mismo, se multiplicaron los sujetos de derecho internacional y se dio vida jurídica a organismos internacionales compuestos por asociaciones voluntarias de Estados, individuos colectivamente organizados, entidades no gubernamentales y grupos de la insurrección y la beligerancia; entre los principales sujetos derivados del Estado, que continúa como progenitor jurídico de los nacientes sujetos. Este Estado contemporáneo sigue requiriendo territorio, poder político y población como elementos constitutivos. En cuanto al reconocimiento internacional, este pasa a ser meramente declarativo. Es decir, declara la voluntad política de los Estados a la hora de realizar interacciones internacionales. De la escena clásica a la contemporánea las guerras clásicas se hicieron menos usuales y dieron paso a las denominadas nuevas guerras. Enfrentamientos entre sujetos y actores y no entre sujetos de derecho. Ahora, un sujeto de derecho tiene personalidad jurídica internacional y un actor carece de ella, sin embargo, sus actuaciones en general condicionan las decisiones gubernamentales de los Estados. Por ejemplo, los grupos narcoviolentos son actores que condicionan las decisiones en materia de seguridad de los Estados soberanos de Colombia y México. Otros ejemplos de actores internacionales contemporáneos son: medios de comunicación, empresas transnacionales y grupos de crimen organizado. A estas nuevas guerras se les conoce también como nuevas amenazas.

B. Identidades contemporáneas narcoviolentas

La narcoviolencia es producto de un negocio rentable que se fue construyendo al unísono de la edificación de identidades culturales fundadas en el tráfico de estupefacientes y en el quebrantamiento de la norma como valor social, y justificable en los atropellos estatales y en la inequitativa distribución de riqueza y oportunidades.

Los sistemas políticos de Colombia y México continúan sin prestar atención a la construcción de narcoidentidades dentro de sus territorios nacionales y fuera de ellos. Igualmente el sistema internacional vislumbra como gran problema al tráfico de estupefacientes y su consumo, pero no comprende la nueva amenaza que representa el anonimato de grupos identificados en patrones culturales narcotraficantes, excluidos y apaleados a través de doctrinas de seguridad nacionales.

Los seres humanos conflictivos desencadenan sociedades conflictivas. Conflicto no es sinónimo de desunión, pues dentro de múltiples sociedades conflictivas, las alianzas por consensos de pensamiento, conllevan unión e identidad. Se aplica el patrón social, la premisa del fin (y el contexto) justifica los medios. Pues legitimar conductas, principios y valores reprochables como aceptados y popularizados, podrá acarrear nuevas amenazas a la seguridad humana. Los grupos que comparten identidad y finalidades pueden denominarse comunidades.

En el sistema internacional hay diferencias y correspondencias entre los miembros de las sociedades soberanas y las variables a debatir en desarrollo de las relaciones internacionales que se expanden por sectores sociales, políticos, económicos, jurídicos, militares y, en especial, culturales, donde la figura teórica de los Estados nacionales en la práctica está extinguida, como percepción global de las demandas sociales, no exclusivas de Colombia y México.

Lo anterior es fomentado por la carencia de conexión identitaria significativa entre la población y el aparato jurídico político soberano y por la construcción de narcocomunidades, que muchas veces, le disputan el efectivo cumplimiento al Estado de sus objetivos mínimos o esenciales.

Podría sostenerse que uno de los principales factores de germinación de este tipo de identidades es la asimetría en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Puede plasmarse en las consecuencias que ha experimentado la región Caribe y el paso por sus horizontes de cargamentos de droga, que ha generado modelos de vida transnacionales, que superan en sectores económicos, sociales y de seguridad, pero de manera parcial, a los mecanismos de control estatales.

Dichos controles estatales exógenos y endógenos hacen que la represión del Estado geste narcocomunidades que combaten aguerridas en la lucha militar antidrogas dañina y bastante corrupta.

Una efectiva reproducción de sentimientos de rencor termina por agremiar comunidades ilícitas que se autodeterminan mediante códigos de comportamiento, que aplican con mayor fuerza y eficacia que las medidas represivas del sistema judicial colombiano y mexicano y sus respectivos marcos normativos subsidiarios internacionales.

Cuerpos normativos domésticos, internacionales e intermésticos, donde priman las coyunturas políticas frente al rigor jurídico fundamentado en el espíritu del constituyente, muchas veces vinculadas con las narcoagendas, que subastan los recursos estatales, permitiendo la cooptación de los territorios legales y la superación del Estado en cuanto al cumplimiento de los fines esenciales.

En consecuencia, aunque el narcotráfico sea una actividad condenada por la mayoría social actual, sus contextos corresponden culturalmente a varias comunidades. Las identidades narcoviolentas que se identifican transnacionalmente en la región Caribe colombiana, son sobre todo las brasileras, cubanas, puertorriqueñas, dominicanas, jamaiquinas, y en especial, las mexicanas, con quienes han consolidado narcoindustrias transnacionales con el apoyo e infiltración de los sectores de seguridad, políticos y otros legales comerciales.

El Caribe colombiano representa una plataforma eficaz de comprensión de la red transnacional que desplegó incluso patrones culturales a través del tráfico ilícito de estupefacientes que inyecta valor a todos los PIB del planeta.

La Sierra Nevada de Santa Marta representa el nicho de crecimiento de producción de la marihuana que desearía el mundo, en particular, los consumidores estadounidenses. Los años sesenta representan la bonanza marimbera y la entrada de Colombia al mundo de las drogas.

Si desde la década del sesenta el Caribe significó la zona de tránsito soñada para los narcotraficantes, su declive narcogeoestratégico empezó en los años noventa por la implementación de medidas de inteligencia en la costa de la Florida, conllevando el cambio de estrategia de los narcotraficantes colombianos que identificaron al territorio azteca, como la ruta ideal para los nuevos desafíos de seguridad que planteaban los Estados Unidos.

Sin embargo, la narcoviolencia aumentó en 2015, especialmente en México y Centroamérica. También se amplían las estadísticas de la Administración para el Control de Drogas: "87 toneladas de cocaína fueron incautadas en el Caribe en 2012, casi el doble del año anterior; 44 toneladas en la primera mitad de 2013" (La Opinión, 4 de noviembre de 2013).

En 2015 toda la costa Caribe despachó drogas producidas en Colombia sin interrupción, en diversos puntos del territorio nacional. Colombia sigue siendo protagonista en producción de marihuana, cocaína y heroína, mientras que México actualmente lidera el mercado de metanfetaminas, opio para heroína, cannabis para marihuana y se consolidó como país de tránsito de estupefacientes colombianos.

De esta manera se afianza una narcoeconomía transnacional que va gestando narcoculturas nacionales y regionales. Los intereses de los narcoviolentos van mucho más allá de generar impactos económicos y de seguridad.

Por lo cual, al darse regímenes políticos excluyentes y de seguridad represivos y no efectivos contra el problema que pretenden solucionar, pueden erigirse identidades como lo supondría Anderson (1991): cada comunidad deberá construir su nacionalidad dentro del Estado, pero yendo más allá, esa identidad traspasa fronteras, como es el caso de las narcoculturas. Por lo tanto, ha sido común que las nacionalidades sean disfrazadas de Estados.

C. Las narcocomunidades en el derecho internacional

La ONU involucró al narcotráfico como uno de los temas comunes en la agenda internacional. Igualmente, en el Informe sobre drogas del Departamento de Estado estadounidense 2015: Latinoamérica, se anotó sobre Colombia que "la producción de cocaína ha aumentado, a pesar de los programas de erradicación de cultivos y los agresivos esfuerzos de interceptación. Más del 90 por ciento de la cocaína incautada en Estados Unidos proviene de Colombia" (InsightCrime, 2015, p. 1). Y sobre México, sostuvo que:

La violencia está disminuyendo, pero otros crímenes están aumentando. Las estadísticas [...] indican que los homicidios disminuyeron 14 por ciento entre 2012 y 2013. Sin embargo, los secuestros reportados y la extorsión aumentaron bruscamente durante el mismo periodo. El presupuesto de seguridad de México también ha aumentado: ahora está en US$ 11 billones, casi un 7 por ciento más que el año anterior [...] Estados Unidos ha cambiado el foco de su ayuda a México [...] ha pasado de suministrar equipos a gran escala a la formación y desarrollo de capacidades, además de mayor ayuda a instituciones estatales y municipales, en vez de federales (InsightCrime, 2015, p. 1).

Al tratarlo como un problema de seguridad, solo flexibiliza la represión frente a la marihuana, pues al convertirse en el principal productor del mundo, viene liberalizando el comercio ilícito y tornándolo lícito, bajo fachadas morales como el uso medicinal y ahora menos radical, codificando como posible el uso recreativo de la hierba en varios estados federados.

Sin embargo, la represión frente al tráfico nada suma al importante fenómeno en crecimiento de construcción de narcoidentidades, que proviene precisamente de ideas y necesidades estadounidenses:

[...] cuya industria químico-farmacéutica promovió, durante la época de los cuarenta del siglo XX, con obreros asiáticos y latinoamericanos, el cultivo de marihuana y amapola tanto en el norte de México (Sinaloa, Tamaulipas y Durango, principalmente), como en la zona caribeña de Colombia (Barranquilla, Cartagena de Indias, San Andrés, Valledupar, Montería, Santa Marta, Sincelejo y Riohacha). Diez años después la ONU intentó prohibir el crecimiento del sistema, cuando ya era el sustento y principal motor de la dinámica social de poblaciones enteras (Ramírez, 2011, p. 101).

Una vez se creó la necesidad de producción para sobrevivencia de las poblaciones marginadas en los territorios de Colombia y México, el Gobierno estadounidense determinó propicio el tratamiento militar y de derecha para recuperar los estadios de seguridad y control territorial, superado por actores que emprendieron nuevas guerras contra Estados soberanos periféricos y funcionales a los intereses económicos de los grupos narcotraficantes y sus socios internacionales.

En consecuencia, los marcos globales expandidos en la década de los noventa del siglo XX, ratifican la profunda asimetría entre los sujetos y actores que dictaminan las reglas de construcción política y económica del sistema internacional capitalista y occidental predominante, donde las interrelaciones provienen generalmente de lo que Castells denominó "la conexión perversa", a saber:

[...] un contexto en que las redes de capital, trabajo, información y mercados enlazaron, mediante la tecnología, algunas funciones, personas y localidades del mundo, a la vez que desconectaban de sus redes a aquellas poblaciones y territorios desprovistos de valor e interés para la dinámica del capitalismo global (Castells, 2001, p. 371).

El desmedido avance del comercio exterior a través de los factores descritos, incrementó la demanda lícita e ilícita de productos para consumo transnacional, logrando en la escena de las drogas ilegales la adaptabilidad de los medios de distribución y estructura mutable de las organizaciones criminales, para encajar frente a los desafíos políticos y de seguridad, que los ensamblajes estatales les fueron presentando, a pesar del mantenimiento generalizado de discursos antidrogas.

Discursos que fomentan la peligrosa polarización política que sataniza a quienes no están de acuerdo en asesinar a los campesinos que siembran las materias primas necesarias para producir los venenos que ansían los consumidores y los distribuidores. Estos grupos satanizados por sus prácticas económicas, imprimen nuevos códigos sociales, organizándose con métodos más violentos pero menos hipócritas, puesto que una de las principales claves para los estudios culturales en construcción de patrones identitarios, la representa la

[...] comunicación intercultural que parte del principio de la dificultad o imposibilidad de comunicación entre los implicados [...] empieza con la percepción de las diferencias que sugiere que los participantes a menudo no comparten normas, creencias, valores y ni tan siquiera modelos de pensamiento y conducta (Alsina, 1959, s. p.).

Es decir, las nuevas comunidades que se identifican con los códigos narco, en general, riñen con los códigos estatales, creando nuevas formas de comunicación, de ser, de estar y de hacer.

Inclusive, los narcoidentificados adquieren productos propios de su moda mientras fortalecen su naciente cultura de la que "subyace una incesante voluntad de poder, una desmesurada necesidad de vivir, que parece coincidir con el logro más alto del objetivismo; la reproducción de la vida (la clonación) y con ella la abolición de la muerte (la obscenidad)" (Ramírez, 2011, p. 190).

Al adaptar los conceptos clásicos de guerra a los términos contemporáneos de conflictos entre actores armados, es viable analizar como punto teórico de partida a la dialéctica que considera que "la guerra es quizás la manifestación más alta a la que llega un conflicto entre los opuestos, es la resolución del mismo por medio de la violencia, es una expresión de la contradicción y el movimiento" (Tello, 2010, p. 282). Konrad Lorenz denominó a la agresión como un mero instinto que sirve para "asegurar la supervivencia del individuo y de la especie" (citado en Tello, 2010, p. 65). Otros consideraron la agresión como producto de la frustración (Dollard, 1930). La frustración de los seres humanos puede devenir en explosiones de las más diversas formas de violencia.

En tal escenario Colombia y México adquieren una legislación antinarcótica "que reproduce tendencias internacionales impulsadas principalmente por los Estados Unidos y caracterizadas por altas dosis de represión que, parece no haber tenido efectos significativos" (Wola, 2011, p. 49). Por supuesto,

[...] cuanto mayor es el riesgo, mayor es la ganancia para quien esté dispuesto a afrontar el peligro. Y cuanto mayor es la ganancia, mayor será la violencia que se aplicará para defenderla [...] Lo mismo ocurrió cuando a los norteamericanos se les ocurrió poner una enmienda en su Constitución que prohibía las bebidas alcohólicas. Una prohibición legal no anula una demanda del mercado (Escudé y Souto, 2001).

Por fortuna, aunque por los motivos equivocados, Estados Unidos empieza a flexibilizar sus políticas antinarcóticas, lo que anima a los Estados periféricos regionales a sumar tímidamente su voz, en torno a la legalización. Por ejemplo, la iniciativa propuesta en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños por los ministros de Seguridad, quienes manifestaron en Guatemala el primer semestre de 2014, considerar alternativas "para dar una solución integral a la lucha contra el narcotráfico, que tiene un alto costo social y económico para la región" (Caracol Radio, 13 de mayo de 2014).

Uruguay es el primer país de la región en legalizar la producción y consumo de marihuana para uso personal, sin embargo, algunos de los avances se detuvieron con la llegada de Tabaré Vázquez.

El Gobierno de Pepe Mujica que terminó en 2015, lideró la legalización de la marihuana mediante proyecto de ley aprobado por el Congreso en diciembre de 2013 y reglamentada en mayo de 2014, que implementó un mecanismo estatal de producción y venta de la hierba y requiere a los consumidores realizar la inscripción en el registro respectivo estatal para que su siembra de máximo seis plantas por familia o autocultivo para consumo propio sea legal, siempre y cuando no supere 480 gramos anuales, así como "pertenecer a un club cannábico, de máximo 45 miembros, con un máximo de 99 plantas y de 10 gramos a la semana por persona; o comprar en farmacias, práctica que aún no se ha puesto en marcha" (Morales, 1 de febrero de 2015). La idea es que empresas estatales la produzcan en un territorio estatal ya destinado y que las droguerías reciban licencias expedidas por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, para proceder a la venta legal de marihuana a los consumidores inscritos en el registro respectivo.

Y pareciera que este logro soberano y alternativo frente al fenómeno narcoviolento no se va a poner en práctica, puesto que sin pasar una semana del relevo presidencial de Tabaré Vázquez, el nuevo Gobierno suspendió la implementación de la ley aprobada en cuanto a la venta en farmacias de la marihuana. Aplazamiento que se suscitó el mismo día que la ONU se manifestara sobre la ley del recién saliente expresidente Mujica, como "incompatible con los tratados internacionales antidrogas según la Oficina de Control de Drogas de la ONU" (La Nación, 4 de marzo de 2015).

La otra parte de la ley se aplica a medias por miedo. La Junta Nacional de Drogas de Uruguay reportó que desde agosto de 2013 que se inició el registro de los autocultivadores como requisito para el acceso a la marihuana, se han registrado alrededor "de 1.300 personas y existen unos 500 clubes cannábicos" (Morales, 1 de febrero de 2015). Y decíamos que la ley se aplica a medias, puesto que se estima que son más de diez mil los autocultivadores, según estudios de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay. Y reiterábamos que por miedo, porque muchos consumidores no quieren registrarse ya que la administración central ha manifestado que el registro se convertirá en insumo para activar mecanismos de desintoxicación.

Lo anterior refleja muchas contradicciones respecto al fenómeno del narcotráfico, puesto que si Estados Unidos produce y lidera el mercado de la marihuana en el mundo, después de combatir a sus productores en territorios extranjeros, con extremo realismo, militarización y contaminación, haciendo uso de químicos plaguicidas indiscriminadamente; no se entiende cómo no propugna en los organismos internacionales por el mismo destino, una vez visto el fracaso de la política antinarcótica de segmentos exclusivos de seguridad.

No obstante, la región latinoamericana experimenta giros extremos en la política antinarcótica. No en vano Chile es el primer país que permite el consumo medicinal de hierba; Colombia lidera gubernamentalmente proyecto de ley para seguir el camino de Chile y Argentina debate proyecto para uso personal de la marihuana. Mientras los cambios legislativos pálidos y lentos se siguen presentando, sigamos el estudio de la ruta de las drogas satanizadas en el actual sistema internacional.

D. La naturaleza narcogeoestratégica de la región Caribe

En regiones con extremas carencias como el Caribe y el triángulo dorado mexicano, el crimen organizado y la gestación de sus modelos económicos ilícitos y violentos, se estructuran como "formas eficientes de conexión frente a los flujos ilegales de mercancías, bienes y personas ilícitas, cuyo fin era satisfacer el deseo prohibido y suministrar recursos a la demanda interminable de las sociedades e individuos ricos" (Mantilla, 2014, p. 25).

Sin embargo, no son solo las personas con insatisfacción de necesidades básicas las que se embarcan en los contextos narcoeconómicos, también engrosan las filas de la transnacional y de las identidades narco, personas ricas y ambiciosas, gestores políticos y personas deprimidas o en busca de adrenalina.

Ahora bien, es común que las acciones antidrogas estén principalmente dirigidas a las poblaciones expendedoras de las regiones marginales, como el Caribe o el triángulo dorado, que a través de la criminalización dejan intactos e invisibles a los grandes narcoempresarios con vínculos comerciales con variados sectores políticos. Estas cadenas inmensas de producción, distribución y legalización de las ganancias, conllevan múltiples interacciones que vuelven desconocidos a los miembros de la red transnacional.

Así se agranda la brecha cultural mediante la aparición de aspectos no solo de sobrevivencia social sino también de "afán por la respetabilidad, el consumo y los lujos, lo cual favorece la presencia y expansión del fenómeno del narcotráfico en este territorio particular" (Mantilla, 2011, p. 61).

Geoestratégicamente, la dificultad radica en calificar a la región Caribe y al triángulo dorado mexicano como zona de tránsito de drogas, ya que reduce la significancia cultural que representan dichas cooptaciones territoriales transnacionales y de diversos sistemas políticos nacionales y esquemas de seguridad internacionales. Lo más relevante del comercio narcotraficante enclavado en zonas compuestas por sociedades marginadas es que:

Impactan negativamente su vida social y cotidiana de múltiples maneras [...] las difíciles condiciones de marginalidad económica impuestas por el actual modelo de desarrollo y la configuración propia de la globalización hacen a la región aún más proclive a las actividades ilícitas de carácter transnacional que permiten un modo específico de obtención de recursos económicos y de inserción en el sistema internacional (Mantilla, 2014, p. 25).

Las condiciones geopolíticas de las regiones del Caribe y triángulo dorado mexicano se prestan para el arraigo y la construcción de narcocomunidad una vez se hace usual el contrabando de sustancias ilícitas. Un ejemplo de ello es la isla de San Andrés en Colombia, donde florece un consumo de costumbre social y se nos invita a considerar

[...] la relación geográfica e histórica que ha tenido el territorio isleño con el entorno del mar Caribe. Las luchas coloniales, el contrabando y la piratería del siglo XVII configuraron con el paso del tiempo una zona de paso estratégica [...] de intercambios comerciales y relaciones económicas y de dominación con las principales potencias europeas (Mantilla, 2014, p. 25).

Por lo que es significativa la tendencia identitaria en construcción, donde las comunidades acordes con sus oportunidades y realidades, estructuran colectividades bajo "órdenes sociales y culturales alrededor de la economía ilegal en Estados o regiones que se debaten entre la norma legal y la socialcultural" (Thoumi, 2010, p. 7).

Una lege ferenda que representa las dualidades de los discursos relativos al narcotráfico y aclarando igualmente "que los órdenes sociales que emergen de la actividad narcótica, varían dependiendo [de] la fase que ejecuta en el proceso de producción y distribución de la narcoempresa y de su territorio específico" (Duncan, 2008, s. p.).

Órdenes sociales que devienen culturales, con sus propios códigos de conducta, donde el cambio estructural económico conlleva impactos globales gracias a la neoliberalización de los mercados capitales que permean sus cuentas con dineros ilícitos, y que igualmente, utilizan a las nuevas tecnologías como aliadas en sus empresas ilícitas.

Así, cada vez hay una sociedad más dispuesta a conformar comunidades narco, cambiando sus percepciones frente al fenómeno, creando y legitimando nuevos patrones culturales y morales, tal vez alentados por las rentabilidades del negocio.

En 2014 fue común recibir noticias sobre capturas de narcos en el Caribe colombiano, de los cuales caen pocos mientras otros continúan sacando la droga en "lanchas rápidas y contenedores, para llevarla a Centroamérica y venderla a los carteles mexicanos que se encargan de pasarla a Estados Unidos y comercializarla" (El Heraldo, 17 de junio de 2014).

Con las declaraciones de los capturados es posible ubicar a los municipios de la costa del Atlántico, La Guajira y Bolívar como los puntos clave geoestratégicamente hablando, que reciben los cargamentos de droga de diversos puntos del territorio nacional para continuar la comercialización mediante la distribución de los pedidos internacionales. Así mismo, los capturados referenciaron como lugares preferidos actuales de escala a Jamaica, Estados centroamericanos y México, por supuesto, para entregar al mayor destino mundial, Estados Unidos de América.

Estados Unidos aún no ha vivido los niveles de narcoviolencia que han experimentado los países donde se produce y distribuye el tránsito de los narcóticos, aunque corre grandes riesgos de vivir las nefastas consecuencias de la penalización, si las bandas gánsteres empiezan a disputarse las plazas de venta callejeras.

Además, se hace referencia a las empresas subterráneas o ilícitas narcoviolentas, puesto que el principal producto de exportación es la droga, pero los grupos han diversificado el mercado y el uso de las rutas de tráfico ilegal. El ruso Yury Fedotov señaló como director de la Organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, que se trafica también armas, seres humanos y productos ilegales con el lavado de activos, implementación de ciberdelitos asociados a la negociación y procesos de corrupción sistemática, que corresponden a "una amenaza inmediata y significativa para la región" (Maceo, 15 de abril de 2014).

Es por esto que frente a las nuevas amenazas contemporáneas, las organizaciones internacionales han dado como respuesta la consolidación de centros de investigación que generalmente coinciden en el mantenimiento de la represión a los narcóticos que permite el derecho sancionador.

Por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito instituyó el programa regional para la Comunidad del Caribe (Caricom), aplicado a las vulnerables zonas de tránsito de drogas por el Caribe. Así se caracteriza Caricom:

Presupuesto de 11,7 millones de dólares para el periodo 2014-2016, cuando ya se hicieron los primeros llamamientos a donantes internacionales para cubrirlo [...] incluye cinco actividades prioritarias: lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo; combate a la corrupción y el lavado de dinero; prevención del delito y mejora de la justicia criminal; aspectos médicos (tratamiento de adicciones, prevención, VIH) y actividades de investigación y forenses (Maceo, 15 de abril de 2014).

Es decir, el presupuesto es realmente un llamado de beneficencia contra el narcotráfico y la narcoviolencia gestada en Suramérica y Centroamérica y el temor de los norteamericanos de la trasplantación de las consecuencias exógenas que conlleva el consumo endógeno de narcóticos.

E. Casos de cooptación narco a los sistemas legales soberanos

I. Soledad (Atlántico, Colombia)

Álvaro Uribe Vélez en 2014 electo senador del Congreso Nacional y expresidente reelecto de Colombia, gracias a una reforma a la Constitución Política de 1991, fue el mismo que como senador en 1993, proyectó la ley 100 mediante la cual se privatizó el sector de la salud. La norma cobró vigencia diez años después con él, a la presidencia.

Las empresas promotoras de salud nacieron para manejar los recursos de la salud. Para ello se crearon cooperativas de trabajo asociado para disminuir costos laborales, evitando "derechos de asociación sin violar la ley y sin garantizar una mejor calidad en la atención" (Romero, 2011, pp. 15-16).

Los narcotraficantes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) determinaron violentar dichos fondos en sus zonas de cooptación territorial, aprovechando sus vínculos con los sectores legales, políticos y empresariales.

Poco a poco los recursos del sector salud pasaron a ser zonas de control paramilitar, que empezaron a cooptar de manera efectiva a "las instituciones privadas y públicas del sector [que] han sido el blanco de redes de intereses ilegales [...] o simple (imperio) enriquecimiento ilícito de grupos de intereses entrelazados entre lo legal y lo ilegal" (Romero, 2011, pp. 15-16).

Ilustremos con un ejemplo la cooptación del sistema de recursos público por parte del Bloque Norte de las AUC, ocurrida en el primer mandato presidencial de Uribe, donde los violentos pactaron para sí, "una parte importante de los recursos de la salud en los departamentos de la Costa Caribe, a través del simple y llano saqueo de la EPS José Prudencio Padilla" (Romero, 2011, p. 19). Al tiempo que hospitales como el Materno Infantil de Soledad "le rendía cuentas a alias HH del Bloque Bananero de las AUC" (Romero, 2011, p. 19) y el de Santa Marta era liderado directamente por el Bloque Norte. Lo anterior manteniendo un pacto entre legales e ilegales, que permitían que los enfermos murieran, mientras se acordaban más:

[...] pactos paradójicos para referirse a un arreglo de extracción conjunta, basado en un acuerdo a través del cual se articulan actores y agentes ubicados a ambos lados de la línea que separa lo legal y lo ilegal (Gutiérrez, 2003, p. 249-288) y que llamaremos consocional. En esencia se trata de pactos políticos que viabilizan una situación de hecho, poder compartido entre distintas facciones, en la cual se prescinde de marcos de principios comunes, reglas o instituciones específicas (Romero, 2011, p. 84).

Acuerdos consocionales que reflejan con nitidez modelos de Gobierno similares en la región latinoamericana, mediante los cuales:

Las élites políticas del orden nacional ceden el control de extensas porciones del territorio y la población a estructuras locales de poder. La condición es garantizar una determinada cuota de votos, necesaria para mantener el control renovado del aparato estatal nacional. El modelo está abierto a la competencia entre facciones criminales con influencia en estructuras locales partidistas y estatales, y la expansión y acumulación eventuales de esas facciones puede crear un desafío incontrolable para las élites nacionales en algún momento (Pearce, 2005, p. 163).

La cooptación territorial y del sistema político por parte de las AUC en Colombia, requirió asegurar igualmente, la cooptación de: "las decisiones administrativas, políticas y judiciales [...] a partir de la estructura configurada en el municipio [...] (alcanzando) instituciones incluso nacionales, como el Congreso y las agencias de seguridad" (Garay, 2012, pp. 70 y 73).

Corroborar tales prácticas resulta de sencillo talante al constatar los fallos judiciales en firme, las concordancias entre las declaraciones de quienes participaron en dichos procesos. Por ejemplo, escudriñemos una síntesis de sentencia, para aclarar los nexos en las cooptaciones entre ilegales y legales de recursos públicos:

El jefe de la rama ejecutiva del municipio de Soledad actuó como el puente estructural entre los agentes legales e ilegales, permitiendo el flujo de información y arbitrando la calidad y la cantidad de esa información tanto entre miembros de las AUC, funcionarios públicos y agentes privados con funciones públicas, como con aquellos miembros de la sociedad civil que, encargados de verificar el cumplimiento de las obras civiles, recibieron sobornos para no denunciar incumplimientos en la ejecución de los contratos (Garay, 2012, pp. 74-75).

La red narcoparamilitar que desfondó los recursos públicos para la salud, conlleva una captura instrumental de instituciones democráticas, donde a su vez se presenta un "escenario de Captura Avanzada del Estado (CAdE), así como una etapa hacia la Reconfiguración Cooptada del Estado /RCdE a nivel local y nacional" (Garay, 2012, p. 82).

II. La familia de Michoacán

Este nuevo orden social en cuanto al caso mexicano propulsa la construcción de ideologías identitarias culturales que se cimienta en contextos narcoviolentos y cuenta con la complicidad y participación de altos sectores legales, públicos y privados, mexicanos.

En 2009 el cartel logró cooptar varias estructuras de seguridad. Así, con funcionarios públicos y de seguridad de su lado, fue una realidad provechosa el comercio exterior ilícito, principalmente hacia el territorio estadounidense. Según las versiones más cercanas al transporte de narcóticos y de otros elementos ilegales, las operaciones ocultas se realizan a través de:

Automóviles de agencias de seguridad local o del Estado. Este proceso de infiltración por parte del narcotráfico en las fuerzas policiales del estado de Michoacán coincide con información reciente suministrada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal de México (El Universal, junio, 2011): con infraestructura de la policía estatal establecieron rutas y seguridad para los comandos [...] vale la pena resaltar que, aunque se observa el establecimiento de acuerdos de colaboración política o de colaboración mutua, la participación de este tipo de relaciones es aún baja en comparación con la de las relaciones sociales establecidas a través de sobornos o la intimidación (Garay, 2012, pp. 223-225).

La Tuta -líder del cartel hasta 2005- es quien arbitraba la mayor cantidad de información, que ahora debe estar sucedida por un importante miembro de los Caballeros Templarios, puesto que:

Una fracción autónoma de La Familia, actualmente conocida como los Caballeros Templarios, [es] la que rápidamente se ha convertido en prioridad militar para el Estado mexicano [...] aunque la captura del Chango Méndez y la muerte del Chayo han sido interpretadas en algunos espacios de opinión como el desmantelamiento de La Familia (Milenio, 2011), el surgimiento de los Caballeros Templarios genera dudas con respecto a cuál era, en los últimos años, la verdadera estructura de La Familia. Aunque la Secretaría de Seguridad Pública identificaba al Doctor y al Chango Méndez como los principales líderes de La Familia (El Universal, 2010). Quienes actuaban como líderes en términos de su capacidad para establecer relaciones sociales directas y para arbitrar información eran el Tío y La Tuta (Garay, 2012, p. 226).

Otra muestra de los alcances parapolíticos de esta organización criminal, podemos imaginarla al leer sobre la operación policial denominada "El michoacazo" en la cual:

35 presidentes municipales fueron capturados por supuestos vínculos con La Familia [...]. Ejemplifica aquella estructura de relaciones con candidatos a cargos de elección populares y funcionarios públicos [...] a la fecha, todos los detenidos fueron exonerados y liberados [...] La ausencia de fallos condenatorios al respecto podría explicarse, en estricto sentido: 1. Por una cooptación avanzada del sistema judicial local [...] 2. Problemas en el proceso pericial de recolección de pruebas; 3. Aprovechamiento de procedimientos formales como las instancias de apelación, o 4. La simple inexistencia de dichos vínculos (Garay, 2012, pp. 228-229).

F. Consecuencias ambientales de la lucha contra el narco

Una de las consecuencias menos importantes para las autoridades internacionales y nacionales, pero más nocivas para los habitantes de los territorios de Colombia y México, es el uso masivo y sistemático de químicos para continuar con el discurso realista de la lucha contra el narcotráfico. Los químicos son instrumentos con los cuales se gestan daños transfronterizos y desde los cuales es bastante difícil determinar los nexos de causalidad entre el hecho ilícito y el daño sufrido.

Así, desde el enfoque de la seguridad, se sigue aplicando la fracasada combinación de herramientas de la militarización y la fumigación con plaguicidas. Por ejemplo, en Colombia la justicia contenciosa administrativa sentenció la prohibición de las fumigaciones químicas en parques naturales nacionales con o sin cultivo de narcóticos, por los riesgos que genera al medioambiente y la vida. Pero lastimosamente la restricción aplica para zonas minoritarias en cuanto al tamaño del territorio fumigado durante más de cuarenta años. Igual de lamentable es que el Instituto Colombiano Agropecuario apenas reconoce que al asperjar glifosato no solo "se afecta al cultivo ilícito, sino también las plantas y demás especies vegetales con las que haga contacto" (Colombia.com, 1 de abril de 2014). Sin importar la restricción del fallo respecto a la aspersión en parques naturales nacionales, es permitido arrojar químicos en la selva colombiana, primer pulmón ambiental nacional y segundo lugar con mayor biodiversidad en el mundo.

Es decir, las medidas que se aplican en Colombia respecto a la fumigación son intermitentes y desproporcionadas, aunque hayan cesado las fumigaciones en la frontera con Ecuador -tras la evidente derrota que sufriría en la Corte Internacional de Justicia en cuanto a la demanda por daños ambientales entablada con sustentos científicos por Ecuador- y en otras partes del territorio colombiano, como en los parques naturales. Inclusive la Universidad de Pittsburgh reveló que:

[...] la mortandad de plantas y anfibios a causa del plaguicida; de Hamilton College, que sindica al glifosato de ser una de las causas para que se redujera en un 81 por ciento la población de mariposas monarcas; de Action Network, que señala cómo ciertas especies de batracios, como el sapo de Houston, están en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat por el glifosato; de especialistas colombianos, como la doctora Lilian Gómez, según la cual este producto ha dejado una estela de víctimas con enfermedades de la piel, infertilidad, cáncer, paladar hendido, problemas oculares y hormonales (Nodal, 27 de enero de 2014).

En Estados Unidos en mayo de 2014 se confirmó la presencia de glifosato en la leche materna de sus nacionales. El mismo informe concluyó que:

Los niveles de entre 76 ug/l y 166 ug/l encontrados en la leche materna son de 760 a 1.600 veces superiores a lo permitido por la Directiva europea sobre agua potable para cada plaguicida. Sin embargo, están por debajo del nivel de 700 ug/l establecido para el glifosato en los niveles máximos de contaminantes (MCL) de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadounidense a partir de la premisa aparentemente falsa de que esta sustancia no es bioacumulable (Eco-Sitio, 14 de abril de 2014).

Y sin ser catastróficos y siendo algo ingenuos, considerando que el glifosato pueda resultar inocuo como lo suelen declarar estudios estatales y privados: la simple presunción de riesgo que un químico contamine el ambiente o envenene a un ser vivo, debería contar con un contingente de medidas de precaución ante la incertidumbre científica que representa el químico. Tal y como se obligan los Estados miembro del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena de 2000, priorizando las realidades ambientales sobre los acuerdos comerciales y financieros. Igual atención en salud se debe reparar a los alcances de los transgénicos que conllevan:

[...] aumento del uso de herbicidas, el desempeño errático, y pobres rendimientos económicos para los agricultores [...] resistencia a antibióticos hasta un punto que podrían volver enfermedades infecciosas hoy controladas en incurables, la generación de nuevos virus y bacterias que causan enfermedades y mutaciones dañinas las cuales pueden conducir al cáncer (El Cordillerano, 29 de junio de 2014).

Un fracaso que sigue implementándose. Las fumigaciones en Colombia contra los cultivos de coca pueden ser aleccionadoras:

Hace 12 años había 140.00 hectáreas sembradas de coca en el país; desde entonces se han fumigado 1.5 millones de hectáreas (más de 10 veces el área inicial) [...] Los resultados son frustrantes: solo se ha reducido a la mitad el área sembrada porque se resiembra cerca del 80 % del área fumigada y porque los cultivos se desplazan a nuevos territorios (El País, 21 de diciembre de 2013).

Conclusiones

Para responder la pregunta problema que sustentó la presente reflexión debemos afirmar que es posible encontrar en la escena contemporánea internacional a grupos con identidad narcoviolenta, más específicamente consolidados en los territorios de Colombia y México. Dichos grupos manejan al igual que los Estados soberanos, agendas domésticas, internacionales e intermésticas.

La consolidación transnacional de grupos culturales en el siglo XXI que se identifican desde su actividad narcotraficante y que manejan sus propios códigos de conducta donde generalmente está implícita la violencia en contra de los que piensan diferente, no concuerda con los valores del narcotráfico o de quienes frontalmente luchan contra sus estructuras, son un resultado de los procesos de fortalecimiento del derecho internacional contemporáneo, de los procesos de neoliberalización y de inyección tecnológica.

Dichos grupos encajan a la perfección en los escenarios teóricos de las nuevas amenazas y de las guerras asimétricas, llevadas a cabo mediante la confrontación de actores armados ilegales, sujetos legales y agentes grises que se permean de elementos legales e ilegales. Por lo que resulta evidente que no es posible combatir un fenómeno que implica consecuencias en la seguridad, salud, cultura y medioambiente; a través de un tratamiento meramente militar, propulsado desde los pensamientos realistas y neorrealistas.

Ahora bien, al hacer énfasis en el estudio comparativo de casos concretos que utilizan elementos comunes en territorios extranjeros, y en los cuales se hace visible y evidente la construcción de narcoidentidades, como lo representan las AUC, las Farc y las bandas criminales, entre los principales actores colombianos; el Cartel del Golfo, Sinaloa, Los Zetas, Colima y La Familia de Michoacán, entre los armados al margen de la ley mexicanos; se suma la cuota legal de agentes legales que se entremezclan con las actividades ilegales, promoviendo el negocio y la interconexión institucional y geográfica transnacional.

Colombia y México dimensionan el crecimiento de las comunidades identificadas con el narcotráfico y sus mercados de contrabando conexos, que se sostienen mediante el uso de empresas subterráneas que logran sobornar estructuras legales y se asocian con una representación parcial de las mismas en el ámbito de la seguridad y los sistemas políticos, consolidando una red comercial ilícita donde las costumbres y valores del narco y de la ilegitimidad no son vistos como impracticables por los sujetos legales, promocionando el crecimiento de comunidades que disienten de los valores nacionales.

De esta manera los sectores ilegales reforzados con la aquiescencia de los que se inscriben en nóminas legales, consiguen cooptar sectores políticos y legales en especial gracias a la ausencia del Estado. Los espacios controlados con el uso de violencia y por normas consuetudinarias establecidas por los narcopoderes, si son respetados aseguran una vida digna y pacífica a las comunidades que los habitan. Las cuales terminan adhiriéndose, sea por temor o por agradecimiento, a los sectores ilegales que con terror, imprimen verdadero poder político en los territorios colonizados.

Uno de esos territorios colonizados por la red transnacional es el Caribe. Un enclave geoestratégico del comercio de estupefacientes: zona de producción, de comercio al por mayor y de distribución mediante pautas violentas, una especie de narco-incoterms. Es decir, las reglas narcoviolentas consuetudinarias que cumplen los diferentes grupos de nacionalidades para inscribirse en la cadena comercial ilegítima del comercio de narcóticos y sus productos asociados al portafolio, como tráfico de armas, migrantes y trata de blancas, entre otros.

La región Caribe y el triángulo dorado en México son ejemplos de nuevas amenazas en la escena contemporánea del derecho internacional. El fenómeno de la narcoviolencia ha desplegado semillas culturales que asumen al contexto narco como un escenario donde les es permitido desarrollar proyectos de vida.

Sin embargo, de la mano de la lucha militarizada y plaguicida se han fomentado los odios de las sociedades que encuentran abandono estatal y cooptación narco. Los atropellos constantes y las precarias condiciones de sobrevivencia, arraigan vínculos identitarios con grupos que transforman e inyectan en las sociedades, nuevos patrones culturales, que los asemeja en un contexto comunitario.

La red transnacional económica que ha construido la empresa subterránea o ilícita narcoviolenta no solo echó raíces en las necesidades y miedos humanos, sino que ha hecho eco en los valores y principios de las sociedades marginadas, que se agrupan desde sus realidades.

Al comparar zonas estratégicas de interconexión narcótica y sus productos asociados en Colombia y México, podemos determinar tendencias representadas en las actividades de las narcocomunidades del Caribe colombiano y el triángulo dorado mexicano y de sus vínculos con esferas de seguridad y de alta política, que diseñan y ejecutan las normas de producción, distribución y blanqueo de capitales, a través de las narco international commercial terms, las cuales generalmente ciñen los derechos y obligaciones adquiridos a sanciones violentas.

Es una especie de desorden social que enfrenta la sociedad internacional en defensa de intereses comunes y debatibles en cuanto a la justificación de los medios empleados, con los cuales se autodeterminan social, económica y culturalmente hablando.

El interrogante principal ya no es el cómo detener la circulación de drogas entre las naciones, sino cómo solucionar los reales problemas que se originan en el consumo y tráfico de estas.

Es por ello que consideramos los estudios de casos detallados y comparados del Caribe colombiano, del estado de Michoacán y el triángulo dorado mexicano, como ejemplos prácticos de construcciones narcoidentitarias.

Por último, el fracaso permanente durante décadas del combate militar antinarcótico se demuestra fácilmente al analizar la rentabilidad de la empresa narcoviolenta cuyas utilidades "permean un sinfín de crímenes internacionales así como a las economías legales internacionales y las instituciones democráticas. Los diagnósticos soberanos y no superados podrían evitar que la cooperación se transforme en intervención o en dominación" (Arias, 2014a, p. 22).

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