http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v23n2.39578

Geografía política de las disputas de fronteras: cambios y continuidades en los discursos geopolíticos en América Latina (1990-2013)

Geografia política das disputas de fronteiras: mudanças e continuidades nos discursos geopolíticos na América Latina (1990-2013)

Political Geography of Border Disputes: Changes and Continuities in Latin American Geopolitical Discourse (1990-2013)

 

Heriberto Cairo Carou^*
María Lois^**
Universidad Complutense de Madrid, Madrid - España

^* Dirección postal: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas, 28223 Pozuelo de Alarcón, España. Correo electrónico: hcairoca@cps.ucm.es
^** Correo electrónico: mdlois@cps.ucm.es

RECIBIDO: 21 DE AGOSTO DEL 2013. ACEPTADO: 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
Artículo de reflexión-revisión acerca de los cambios y continuidades en el discurso sobre los conflictos fronterizos en América Latina en el nuevo orden geopolítico establecido tras el fin de la Guerra Fría, para lo que, tras pasar revista a la evolución de los diferendos activos alrededor de 1990, se analizan los discursos geopolíticos subsiguientes.

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Resumen

Este artículo presenta una reflexión acerca de los cambios y continuidades en el discurso sobre los conflictos fronterizos en América Latina, en el marco del nuevo orden geopolítico establecido tras el fin de la Guerra Fría. Después de revisar la literatura científica, se presenta un panorama de la evolución de aquellos diferendos activos alrededor de 1990 y se analizan los discursos geopolíticos. El fin de la Guerra Fría no habría tenido un gran impacto sobre los contenciosos latinoamericanos, los cuales están principalmente relacionados con un nacionalismo de énfasis territorial desarrollado por algunos estados. No obstante, el afianzamiento de regímenes democráticos ha supuesto un cambio con respecto al pasado, y el discurso dominante de la integración ha tenido efectos positivos sobre los diferendos ya mencionados.

Palabras clave: América Latina, discurso geopolítico, disputas fronterizas, geografía política, nacionalismo territorial.

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Resumo

Este artigo apresenta uma reflexão sobre as mudanças e continuidades no discurso sobre os conflitos fronteiriços na América Latina, na nova ordem geopolítica estabelecida após o fim da Guerra Fria. Depois de revisar a literatura científica, é apresentado um panorama de evolução das divergências existentes nos anos 1990 e, dessa forma, é analisado os discursos geopolíticos. O final da Guerra Fria não teria tido um grande impacto sobres as disputas conflituosas latino-americanas, as quais estão principalmente relacionadas a um nacionalismo de ênfase territorial desenvolvido por alguns estados. No entanto, a consolidação de regimes democráticos supõe uma mudança em relação com o passado, e o discurso dominante da integração tem efeitos positivos sobre as divergências já mencionadas.

Palavras-chave: América Latina, discurso geopolítico, disputas fronteiriças, geografia política, nacionalismo territorial.

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Abstract

The article offers a reflection on the changes and continuities in the discourse of border disputes in Latin America, within the framework of the new geopolitical order established after the end of the Cold War. After reviewing the scientific literature the paper provides an overview of the evolution of the disputes that were active around 1990 and analyzes their geopolitical discourses. The end of the Cold War does not seem to have had a significant impact on Latin American disputes, which are generally associated with the territorial nationalism promoted by certain States. Nevertheless, the consolidation of democratic regimes has entailed a change with respect to the past, and the prevailing discourse of integration has had a positive effect on those disputes.

Keywords: Latin America, geopolitical discourse, border disputes, political geography, territorial nationalism.

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Introducción¹

Los prejuicios populares respecto a las disputas de fronteras en América Latina abundan en dos temas: que son muy numerosas y que evolucionan fácilmente hacia la guerra. La imagen predominante es la de Estados donde los cuerpos militares desempeñan un papel protagonista y que, como consecuencia, son agresivos en la defensa de los límites territoriales. Los mitos sobre la conflictividad latinoamericana se propagaron, en buena medida, durante la década de 1970 y los primeros años de 1980. En aquel periodo, las dictaduras militares, que aplicaban las "doctrinas de seguridad nacional", atizaron algunas disputas territoriales hasta llegar a la guerra o, al menos, a situaciones prebélicas: Argentina y Chile, a fines de 1978; Chile, Perú y Bolivia, entre 1977 y 1979; Guatemala y el Reino Unido, en Belice, en 1972, y, a manera de colofón, la aventura bélica de la Junta Militar argentina en el Atlántico Sur, en 1982. Ciertamente, la existencia de las dictaduras militares latinoamericanas se explica en parte por el contexto del orden geopolítico² de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética competían por mantener unidos sus "bloques" de aliados y por extender su influencia. América Latina se convirtió en escenario de esa pugna, especialmente a partir de la segunda fase de la Guerra Fría (1953-1969) (Taylor y Flint [2000] 2002): los Estados Unidos promo vieron y apoyaron regímenes militares ferozmente anticomunistas, que desarrollaron políticas genocidas hacia los sectores de izquierda de sus poblaciones. Entonces, el conflicto sociopolítico, cuando no la guerra abierta, se desarrolló principalmente en el interior de los Estados, sin excluir intervenciones de la potencia hegemónica: la intervención militar en Guatemala, en 1954; el bloqueo a Cuba y el apoyo a los anticastristas tras la revolución de 1959; el fomento y apoyo al golpe militar en Chile, en 1973, o la implicación en la lucha contra los movimientos guerrilleros izquierdistas en Centroamérica, en los años ochenta, son muestras claras de esta política.

Durante el orden geopolítico de la Guerra Fría, en Europa occidental se aplacaban enfrentamientos seculares y, en medio de un proceso de integración paradigmático, ningún Estado osaba cuestionar las fronteras establecidas. El contraste entre las dos situaciones mencionadas ha permitido alimentar la falsa idea de la conflictividad latinoamericana.

La proclividad al conflicto territorial en las dictaduras latinoamericanas tuvo que ver, en alguna medida, como señala Child (1985), con el discurso geopolítico organicista de lucha entre Estados por la supervivencia, importado de la Geopolitik alemana, y que predominó en los establishments de las dictaduras. Este tipo de discursos³ es más propio de una era geopolítica anterior: la de la geopolítica naturalizadora, que se desarrolló, según Agnew (1998 [2002]), en el periodo de 1875 a 1945; pero, como ha ocurrido en muchos otros casos, pervive en épocas posteriores.

Afirmar lo anterior no implica, ni mucho menos, dar a entender que existe una relación de causa-efecto entre dictadura militar y conflicto territorial. Por ejemplo, el caso entre Ecuador y Perú, en el penúltimo conflicto bélico de cierta importancia entre ambos Estados, en 1981, se produjo con gobiernos elegidos democráticamente; las circunstancias del enfrentamiento más reciente no son radicalmente diferentes. Las disputas territoriales no se desvanecieron al mismo tiempo que desaparecían las dictaduras: han existido antes, dando lugar a guerras, y existen ahora con la misma potencialidad bélica.

Sin embargo, tampoco parece aceptable presentar en términos muy alarmantes estas disputas, como ha hecho recientemente un grupo de investigadores coordinado por Jorge Domínguez:

Desde principios del 2000, cinco disputas han tenido como resultado el uso de la fuerza, y otras dos un despliegue militar. En estos incidentes se han visto envueltos diez de los diecinueve Estados independientes de América del Sur y Central [...]. Las disputas territoriales, de límites y de otro tipo perduran. El conflicto interestatal es relativamente frecuente. (Domínguez 2003, 13)

Es cierto que en algunas disputas se han producido escaladas de tensión (hasta el estallido de la guerra, en el caso ecuato-peruano), pero también es verdad que otras se han solucionado pacíficamente, en mayor o menor medida.

Es importante tener en cuenta, además, que la aparición de un nuevo orden geopolítico y la aceleración de los procesos de globalización van a tener, indudablemente, consecuencias sobre las disputas latinoamericanas. No existen, como se verá más adelante, correlaciones simples, sino antes bien situaciones paradójicas, desde las cuales reflexionar sobre el sentido y la función de las fronteras en la actualidad.

En la primera parte de este trabajo, se examinará brevemente cómo se han analizado las relaciones entre fronteras y conflicto entre los geógrafos políticos y otros autores afines; a partir de esto, se hará un contraste con otras formas de ver las fronteras. Luego, se realizará una revisión de las disputas de fronteras que existieron en América Latina entre 1990 y 2013, para determinar posteriormente cuál ha sido la evolución desde entonces de los discursos geopolíticos que las hacen inteligibles. Finalmente, se avanzarán algunas conclusiones sobre los paradójicos contextos desde los cuales se puede interpretar la actualidad geopolítica de los límites interestatales en América Latina.

No obstante, antes de continuar, es pertinente mencionar que las disputas de fronteras interestatales no son los únicos enfrenamientos territoriales que existen en América Latina. El surgimiento y consolidación de los pueblos originarios o indígenas, como un nuevo sujeto político, cuestiona, en mayor o menor medida, el carácter legítimo de la territorialidad tradicional de los estados-nación surgidos de los movimientos criollos por la independencia. De hecho, las reivindicaciones territoriales de los pueblos originarios en toda la extensión de Abya Yala⁴ son de gran importancia: desde las exigencias de autonomía territorial de tojolabales, tzotziles, tzetzales y otros pueblos al norte del continente americano, hasta la lucha de los mapuches por el control de sus tierras ancestrales en el Sur, hay muchos y diversos procesos de disputas territoriales, que hoy en día tienen consecuencias más importantes que las interestatales. Sus reivindicaciones de autonomía geográfica, en algunos casos, su deslegitimación de las fronteras actualmente existentes, en otros, o la desigual construcción de nuevas territorialidades son temas muy relevantes de la agenda geopolítica de la región.

La geografía política y el estudio de las disputas de fronteras

El alemán Friedrich Ratzel es considerado el fundador de la geografía política moderna, en cuanto disciplina. Para él, el fenómeno del conflicto interestatal es la consecuencia necesaria de la conducta de los Estados, ya que estos tienen una

[...] naturaleza orgánica, y nada contradice más la naturaleza de lo orgánico que la rígida circunscripción [...]. Cierto volumen de gente está ligado al área del Estado, viven en su tierra, extraen su sustento de ella, y están por lo demás vinculados a ella a través de relaciones espirituales. Junto con este trozo de tierra forman el Estado [...]. Las poblaciones se encuentran en un movimiento interno continuo. Ello se transforma en movimiento externo, bien hacia delante, bien hacia atrás, siempre y cuando un fragmento de tierra es ocupado por primera vez o una posesión anterior es cedida. (Ratzel [1896] 2011, 137)

No se puede negar ni olvidar que la obra del autor alemán constituye, quiéralo él o no, una justificación política de la expansión de los Estados a costa de sus vecinos más pequeños o más débiles. Para él, los Estados no son realidades estáticas, "muertas", sino que se encuentran en continua evolución, esto es, "tienen vida". En esta medida, compiten unos con otros por la ocupación de la mayor superficie terrestre posible, debido a la presión demográfica que soportan, y esa competición por el territorio conduce normalmente, aunque no necesariamente, como se ha señalado, a la guerra.

Pero el conflicto entre Estados, originado en su movimiento de expansión territorial, y que a menudo conduce a la guerra, es para Ratzel una ley universal de su evolución, que deduce del examen positivo -es decir, conforme a las reglas del método positivo- del fenómeno Estado. Ese, y no otro, es el sentido de sus afirmaciones, que se deben de entender a la luz del enunciado de la séptima de sus "leyes sobre el crecimiento espacial de los Estados":

La tendencia general hacia la integración y nivelación espaciales reproduce el crecimiento de Estado a Estado y lo incrementa incesantemente. Al ganar en consideración en tanto que valor político, el territorio se ha convertido en una influencia cada vez más importante, ya que funciona como medida de poder político y como botín en las luchas estatales. Siempre y cuando exista competición política, los Estados más débiles intentan igualar a los más poderosos. Trasladado al nivel territorial, de ello nace el conflicto por la integración y nivelación espaciales. (Ratzel [1896] 2011, 154)

En definitiva, si un Estado no progresa o, lo que viene a ser lo mismo, no se expande, según la interpretación ratzeliana, decae y muere.

A partir de estos inicios, se pueden encontrar, entre los geógrafos políticos, varias líneas de explicación de las relaciones entre conflictos y fronteras. Es posible identificar una serie de ellas con un punto de vista que comparte un elemento de partida similar que es fundamental -aunque pueden no formar desde otros ángulos un conjunto homogéneo-: los conflictos surgen de las fricciones con los Estados vecinos, especialmente en las fronteras, y, por lo tanto, la distancia entre los actores es un factor fundamental a la hora de analizar la guerra y la paz.

En este sentido, a principios del siglo pasado, Curzon ya planteaba, de forma auténticamente seminal, que "la política de fronteras es de gran importancia práctica, y tiene un efecto mayor sobre la paz y la guerra entre las naciones que cualquier otro factor, político o económico" (1907, 4; traducción propia). Pocos años más tarde, Holdich mantenía que "[...] en la historia reciente del mundo, la mayor parte de las guerras importantes, y de las querellas internacionales de las que la guerra parecía ser una inevitable secuela, han surgido a partir de disputas de límites [...]" (1916, 1; traducción propia).

Tras la Primera Guerra Mundial, aparecen algunos estudios geográfico-políticos que tienen como telón de fondo de su análisis el conflicto que acababa de terminar. El carácter unitario de estos es discutible, desde el punto de vista teórico o metodológico, pero tienen en común la preocupación por los problemas de la guerra y la paz desde una perspectiva más o menos prescriptiva; intentan evitar, en lo posible, otra matanza como la que se había producido. En este sentido, Bowman, autor de uno de los estudios más importantes de ese momento, se mostraba preocupado porque habían aumentado las "zonas de fricción", que podrían conducir a la guerra en pocos años:

Donde había aproximadamente 8.000 millas de viejos límites fronterizos alrededor de los antiguos Estados de Europa Central, hay ahora 10.000 millas, y de este total más de 3.000 millas consisten en límites fronterizos de nueva localización. Cada milla adicional de nuevo límite, cada nueva localización, ha incrementado durante un tiempo las fuentes de posibles problemas entre pueblos diferentes y, sobre todo, hostiles. (Bowman [1921] 1924, 3; traducción propia)

Solo la acción de un tribunal internacional de justicia podría, a juicio de Bowman, resolver las disputas de límites por medios pacíficos; y ese tribunal, a la hora de dictar sentencias, debería tener en cuenta los datos, a menudo de importancia clave, proporcionados por las investigaciones y exploraciones geográficas (Bowman [1921] 1924, 570).

La obra capital de Brunhes y Vallaux ([1921] 1928), escrita en los mismos años que la de Bowman, tiene paralelismos con esta, sobre todo en sus aspectos prescriptivos, pero entiende las causas de la guerra de forma más global y, sobre todo, menos simplista. Estos autores entienden que la guerra

[...] está ligada, de una manera a veces poco manifiesta pero real, a hechos de geografía humana, y especialmente de geografía económica; y lo está también, sobre todo, en sus causas y en sus consecuencias, a hechos de población y a hechos de geografía social. (Brunhes y Vallaux [1921] 1928, 383)

A partir de 1950, se desarrollan las corrientes neopositivistas. Una de las características unánimemente señaladas por sus críticos es la ausencia sistemática del conflicto en los análisis llevados a cabo por estos científicos sociales. Quizás se exagere, sobre todo en algunos casos, pero lo que sorprende es la facilidad con la que se concilian afirmaciones, al menos en apariencia contradictorias, tales como las siguientes de Haggett: "Los Estados existen en una condición permanente de tensión internacional. Puesto que la superficie territorial es finita, la persecución de intereses independientes por parte de cada Estado puede ocasionalmente producir conflictos" ([1983] 1988, 489). Si la tensión entre Estados es la norma, difícilmente sería ocasional el conflicto, que, al fin y al cabo, es la consecuencia de esa tensión; salvo que no se distinga entre conflicto y guerra.

Haggett ([1983] 1988) menciona la importancia del modelo del matemático Richardson (1960), a la hora de analizar la relación entre conflictos y organización espacial. Desde luego, la propuesta de Richardson se ha convertido en la matriz de todos los modelos y trabajos neopositivistas especializados, mayoritariamente obra de politólogos. Se pueden mencionar, a manera de ejemplos, los estudios realizados por Most y Starr (1980, 1984, 1989; Starr y Most 1978) sobre la difusión de la guerra, los de Pearson (1974) y Diehl (1985) acerca de la relación entre guerra y "proximidad geográfica" o el conocido artículo de Mandel (1980) sobre las raíces de las disputas fronterizas. El argumento fundamental de Richardson (1960) es que la posibilidad de que un Estado entre en conflicto depende del número de vecinos con el que cuenta; de modo tal que, por ejemplo, Brasil, en América Latina, sería el país más conflictivo, hecho que a todas luces no se produce.

La clave para entender la proposición de Richardson la proporcionan conceptualmente Most y Starr (1980), quienes sostienen que existirían más "oportunidades de interacción"⁵ entre Estados que poseen fronteras comunes; esto elevaría el grado de "incertidumbre" en el comportamiento internacional, y, por lo tanto, un Estado tendría mayores probabilidades de desarrollar un conflicto con un Estado contiguo que con uno con el que no posea fronteras. Diehl recalca que la contigüidad es un factor que, más que provocar un conflicto, hace más probable que una disputa tenga una escalada hacia la guerra: "Las naciones tienden a considerar las confrontaciones más cercanas a casa como más urgentes y amenazadoras para su seguridad nacional que las que se producen en tierras distantes [...]" (Diehl 1985, 1208; traducción propia).

Pearson (1974) muestra que el problema es algo más complicado: es más probable que las grandes potencias intervengan lejos de la metrópoli que en las fronteras del Estado. Además, las intervenciones de las potencias grandes, pequeñas y medias a menudo difieren en sus objetivos y orígenes. Concluye Pearson que

[...] mientras que la distancia geográfica parece un costo importante y, en algunos casos, la proximidad un incentivo importante para la intervención, la contigüidad parece tener menos relación con la probabilidad de intervención de lo que podría esperarse [...]. Sin embargo, intervenciones de protección social o territorial [más propias de potencias pequeñas y medias] se han asociado a menudo con la contigüidad. (1974, 457; traducción propia)

Starr y Most (1978), en sentido parecido, señalan que un número elevado de "fronteras coloniales" hacen que un Estado tenga mayor proclividad hacia la guerra, mientras que muchas fronteras en la metrópoli producen el efecto contrario, hecho que relacionan con la tranquilidad que ofrecen los vecinos más débiles a las grandes potencias. De modo semejante, habría que citar las investigaciones de O'Sullivan (1982, 1985), que tratan de mostrar cómo la distancia sigue siendo un factor a tener en cuenta en la "proyección del poder" y cómo, para un Estado, existen más posibilidades de permanecer neutral cuanto más alejado se encuentre de las potencias en conflicto.

Como se puede observar, no existe un acuerdo total acerca del papel que desempeñan la contigüidad y la distancia entre Estados en la probabilidad de guerra entre ellos. Uno de los intentos más logrados, dentro de la perspectiva analítica positivista, para entender las raíces de las disputas fronterizas interestatales, sería el de Mandel (1980). Con el objetivo de saber qué clases de Estados, tensiones y situaciones propician la aparición o intensificación de conflictos fronterizos, Mandel examina el efecto de la disparidad de poder entre Estados adyacentes, sus niveles de tecnología, sus alineamientos internacionales, el tipo de desacuerdo y el tamaño de cada conjunto de Estados "mutuamente contiguos".

Mandel (1980) ha intentado integrar en el estudio del conflicto violento más datos que la mera contigüidad geográfica o distancia, pero no propone una teoría que los integre en un contexto global. Otros estudios más recientes realizan estudios cuantitativos más sofisticados (v. gr., Carter 2010), pero siguen haciendo análisis fragmentarios del conflicto territorial.

El método y las técnicas de investigación de la "ciencia espacial" positivista no son neutrales, pero tampoco se pueden estigmatizar determinados estudios solo por ser cuantitativos. Ese no es el problema principal del enfoque, que presenta otras carencias básicas: en primer lugar, la escasa relevancia de los grupos de seres humanos reales y concretos, de sus problemas sociales y políticos; en segundo lugar, la dificultad de profundizar en las causas de un conflicto concreto desde un análisis orientado a la predicción, y, finalmente, la ausencia de cualquier tipo de elemento simbólico o identitario en la conceptualización de las fronteras en la mayor parte de estos trabajos. El primer problema podría ser corregido sobre la base de una desreificación del objeto de análisis. Eso es lo que plantean Kirby y Ward, con lo que abren una posibilidad de integrar este tipo de análisis espacial en otras perspectivas científicas, incluidas las críticas:

[...] una vez que nos alejamos de la noción de frontera como variable independiente, y, en cambio, la vemos como una expresión de realidades políticas y sociales, entonces cambiamos necesariamente las formas de enfrentar las relaciones internacionales. Tiene poco sentido, desde tal perspectiva, buscar una causalidad entre fronteras y guerras per se. Las fronteras no "causan" la guerra; tampoco incrementan, en sí mismas, la probabilidad de conflicto; una frontera, más bien, señala simplemente la existencia de conflictos previos. (Kirby y Ward 1987, 308; traducción propia)

Los intentos de atajar el segundo y el tercer problema son más arduos, pero su solución pasa por la superación del enfoque "realista" de la política del poder, así como las toscas interpretaciones de los asuntos internacionales. Guichonnet y Raffestin (1974) plantearon este asunto sobre la base de explorar los contextos socio-políticos que afectan la formación de las fronteras. Y los proponentes de la geopolítica crítica han intentado encontrar salida a este embrollo en la investigación de la "dimensión ideológica" de los problemas internacionales, pero no solo en términos de percepciones, sino fundamentalmente estudiando cómo los actores desempeñan y entienden sus papeles. En este sentido, han intentado la "reconceptualización de la Geopolítica en términos de discurso" (Ó Tuathail y Agnew 1992, 191; traducción propia) y se han ocupado de "cómo estos discursos se usan en política" (Dalby 1990, 40; traducción propia). Las fronteras son así parte del discurso que hace inteligible la política exterior de los Estados, y su naturalización por Ratzel o Holdich, o su contemplación como "oportunidad de conflicto" según los neopositivistas, no son más que elementos de una racionalización de la inevitabilidad del conflicto entre Estados, que constituye el fundamento de la teoría política moderna, como muestra Walker (1993).

Recientes estudios sobre el conflicto territorial muestran que los procesos de globalización no han tenido un impacto notable en estos (Kahler 2006), fundamentalmente porque el territorio no solo tiene aspectos tangibles (para la defensa o el bienestar económico de la comunidad, por ejemplo), sino también aspectos simbólicos, que sigue manteniendo (Newman 2006), en un periodo en el que ciertamente algunos de los primeros se han debilitado. Esto tiene que ver con la forma en la que los seres humanos se vinculan al territorio, que, como muestra Goemans (2006), sigue un "principio focal" que hace que determinados territorios estén cargados de significación histórica (pertenencia previa), geográfica (fronteras naturales) o cultural (habitados por personas que comparten una cultura).

Los argumentos de Newman (2006) para explicar la "resiliencia" de los conflictos territoriales en el siglo XXI son relevantes. A partir de un rechazo frontal del discurso de la "desterritorialización" que se produciría con la globalización, el autor plantea que lo que ocurre es más bien un proceso continuo de territorialización, de cambio dinámico del territorio. Así, propone un análisis que contemple "[...] la multidimensionalidad del territorio: lo simbólico junto a lo tangible, lo local a la par que lo nacional, y el papel del territorio como un factor dinámico que impacta el proceso de toma de decisiones en sí mismo" (Newman 2006, 108; traducción propia). De este modo, se podrá entender que procesos de supuesta desfronterización, como la supresión de las fronteras internas en la Unión Europea, son definitivos -como lo demuestran las suspensiones unilaterales del tratado de Schengen y las recientes peticiones de su reforma con motivo de la denominada primavera árabe-. Las fronteras siguen siendo dispositivos de control de entrada a los territorios estatales, lo que continúa mostrando su importancia en la imaginación geopolítica moderna, y siguen siendo objeto de disputas por aspectos a menudo simbólicos. La paradoja es que la globalización, que supuestamente desterritorializa los procesos políticos y sociales, ha permitido que sean más visibles.

Las disputas de fronteras en América Latina y su evolución reciente (1990-2013)

Como se afirmaba en la introducción al presente artículo, ni son tantas las disputas en América Latina ni conducen tan a menudo a la guerra. Cualquier recuento que se haga del número de enfrentamientos territoriales o de los conflictos bélicos en el conjunto de los siglos XIX y XX muestra que la actualmente "pacífica" Europa -al menos, en su porción occidental- ha sido un escenario tanto o más conflictivo y, especialmente, más sangriento que América Latina. En la tabla 1 se enumeran las disputas territoriales que han tenido protagonismo de un Estado latinoamericano desde la primera oleada de independencias, a principios del siglo XIX.

En 1990, recién finalizada oficiosamente la Guerra Fría, apenas un poco más de 3.000 km de tramos de límite fronterizo (en torno al 7% de la longitud total de las fronteras) eran impugnados por algún Estado latinoamericano (Foucher 1991). Y la disputa fronteriza iba unida, generalmente, a una reivindicación de una extensión territorial, mayor o menor. En total, sumaban algo más de 600.000 km² (alrededor de un 3% de la superficie total de América Latina). Una lista de las disputas activas o latentes a principios de 1990 se encuentra en la tabla 2.

Hay también diferencias sobre la interpretación de los derechos en las fronteras comunes, como en el caso de Costa Rica y Nicaragua acerca de la navegación del río San Juan. El curso de este río está enteramente bajo soberanía nicaragüense, pero con garantías de libre navegación para los costarricenses, cuyas condiciones son precisamente el objeto de controversia; el potencial de conflicto en esa diada fronteriza es más de carácter ambiental (Granados y Jiménez 2002). También se han suscitado diferencias de interpretación entre Venezuela y otros Estados del Caribe insular (Dominica, Antigua y Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia y Saint Vincent and the Grenadines), al proclamar el primero que la isla de Aves, bajo su soberanía, es capaz de sostener vida humana. Este hecho, según el criterio de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, le permite extender su plataforma continental y zona económica exclusiva sobre una gran porción del mar Caribe, ya que esta isla está situada a más de 200 km al oeste de Dominica y más de 600 km al norte de Venezuela.

Hay que mencionar que los listados tampoco son neutrales y se pueden encontrar enumeraciones alternativas. Por ejemplo, es sumamente interesante el listado que ofrece Simmons (1999, 2), siguiendo el criterio del Departamento de Estado de los Estados Unidos al respecto, en 1999, el cual incluye las siguientes disputas territoriales: El Salvador / Honduras, Ecuador / Perú, Brasil / Uruguay, Guyana / Surinam, Guyana / Venezuela, Guayana Francesa / Surinam, Brasil / Paraguay y Argentina / Chile. Son significativas las ausencias: Guantánamo era de esperar, pero otras sorprenden, como los casos de Guatemala / Belice o Bolivia / Chile. De nuevo, la forma de delimitar el objeto de estudio condiciona la forma de verlo. Sin embargo, no se va a tratar esta cuestión aquí. Este trabajo se concentra en la evolución de los discursos sobre los límites fronterizos. A continuación, se describirá brevemente la evolución de las disputas en el periodo analizado.

Guantánamo

Desde 1903, los Estados Unidos ocupan un área de 117,6 km² (49,4 de tierra firme y el resto de agua y pantanos), en la bahía de Guantánamo, que delimita una línea de costa de 17,5 km. La ocupación de la base de Guantánamo por parte de las tropas de Estados Unidos tiene su sustento en la Enmienda Platt, que obligaba a los cubanos, si querían ver reconocida su independencia efectiva, a ceder territorios para el establecimiento de bases estadounidenses. Los términos de la cesión estipulan un alquiler de US$ 3.300 por año hasta 2033 (Griffith 2003, 9).

Tras la revolución de 1959, el gobierno cubano intentó llevar la discusión sobre la legalidad de la base a la Organización de las Naciones Unidas -en adelante, ONU-, pero encontró numerosas dificultades para ello, ya que no encajaba en la figura de colonia. Tras la crisis de los misiles de 1962, Cuba renuncia al cobro del alquiler de la base. A diferencia de lo ocurrido en Europa Oriental, el fin de la Guerra Fría no provocó la caída del régimen cubano, que se sigue definiendo en términos revolucionarios similares a los de los últimos casi cincuenta años. Esta es una de las razones que explican porque después de 1990 Cuba ha seguido solicitando la devolución del territorio; intentando conseguir también una condena por infracción de los derechos humanos en la base, tras el establecimiento por parte de Estados Unidos de un centro de detención para presuntos terroristas capturados en todo el mundo, con fundamento en la estrategia política que ha desarrollado en los últimos años y de especial impacto mediático tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. En definitiva, la disputa continúa en los mismos términos, sin asomo de solución a corto plazo.

La isla Navassa

Navassa está situada en el mar Caribe, entre Cuba, Haití y Jamaica, y tiene un área de 5,2 km². Desde 1858 los Estados Unidos gobiernan la isla como territorio propio, reclamado al amparo de una ley que permitía apoderarse de islas deshabitadas ricas en guano, como es el caso. La explotación del guano continuó hasta 1901. Más tarde, en 1917, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos construyó allí un faro, tras la apertura del Canal de Panamá.

Es difícil calificar siquiera de disputa la reivindicación haitiana de la isla Navassa, dados la asimetría de las partes y el escaso vigor de Haití en la reclamación, pero en los últimos años la querella ha resurgido. En 1989, el gobierno militar haitiano envió un grupo de radioaficionados en un helicóptero del ejército, que plantó una bandera haitiana en la isla y retransmitió durante unas horas desde lo que denominaron "Radio Free Navaza". El interés de científicos norteamericanos por las especies animales y vegetales endémicas de la isla condujo a la realización de visitas en 1998, y su posterior calificación como refugio natural, eso sí, de escala nacional⁶. Aunque estas visitas originaron protestas del gobierno haitiano, en la actualidad la isla es administrada por el Fish and Wildlife Service, del Departamento del Interior de los Estados Unidos, y no parece un asunto prominente en las relaciones entre los dos países.

Belice

La reivindicación de Guatemala sobre todo o parte del territorio de Belice es una de las más antiguas de América Latina, formulada primero frente al gobierno del Reino Unido y luego frente al de Belice tras su independencia (Lauterpacht et ál. 2001). El proceso reciente de negociaciones y acuerdos entre los gobiernos de los dos países es un ejemplo de resolución pacífica de viejos irredentismos para todos los Estados latinoamericanos; pero muestra, por otra parte, cómo los aspectos simbólicos de la soberanía territorial están profundamente enraizados en la sociedad civil y contribuyen a generar fuertes oposiciones a los acuerdos entre los dos Estados.

El 9 de septiembre de 1991, el gobierno de Guatemala comunica al Secretario General de la ONU que había reconocido a Belice como Estado independiente, estableciéndose a continuación relaciones diplomáticas e intercambiándose embajadores. A cambio de retirar la reclamación guatemalteca sobre Belice -que se seguía vigente desde hacía más de 130 años-, este último país aceptaba modificaciones en los límites fronterizos marítimos, lo que permitía el acceso sin trabas de Guatemala al mar Caribe, incluyendo su participación en la explotación petrolífera de la plataforma continental. No obstante, este acuerdo, que tuvo que superar una fuerte oposición en las instituciones guatemaltecas -incluso en la Corte de Constitucionalidad la sentencia de tres de noviembre de 1992, que estimaba que los acuerdos estaban ajustados a los preceptos constitucionales, fue aprobada por una exigua mayoría de cuatro a tres-, quedó pendiente de ejecución. Lo anterior debido a que Manuel Esquivel, el Primer Ministro de Belice que sustituyó al firmante del acuerdo, Price, estimaba que el pacto contenía muchas concesiones a Guatemala y debía ser sometido a referéndum.

En todo caso, nunca se ha acordado una frontera aceptable para los dos Estados, y esto condujo a que en el 2000 se renovara la tensión, cuando cuatro integrantes de una patrulla militar-policial de Belice fueron detenidos en Guatemala, acusados de entrada ilegal. El año siguiente se agudizó el conflicto, debido a al asesinato de un campesino guatemalteco por policías de Belice y al intento de expulsión de colonos ilegales guatemaltecos. El gobierno de Guatemala revivía así una reclamación sobre 12.772 km² del territorio de Belice, y ambos países coincidieron, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos -en adelante, OEA-, en someter el diferendo a un dictamen del Instituto Panamericano de Historia y Geografía. El posible acuerdo se basaba de nuevo en la creación de un corredor marítimo al Caribe para Guatemala, además de una pequeña rectificación en la frontera terrestre, que para hacerla aceptable a las partes iba acompañada de una importante financiación de Estados Unidos y el Reino Unido.

En el mismo paquete se intentaba poner solución a la disputa entre Guatemala, Honduras y Belice por los cayos de Sapodilla, -situados al noreste del cabo Tres Puntas, a 75 km al noreste de Punta Gorda, y que forman la parte más al sur de la barrera de arrecifes de Belice- mediante la creación de un parque ecológico común.

En el 2003 el gobierno de Guatemala rechazó el acuerdo, aunque las negociaciones continuaron y, en el 2008, de nuevo bajo el auspicio de la OEA, se estipulaba celebrar un referéndum simultáneo para decidir sobre la elevación del arbitrio del diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, y aunque el referéndum se celebraría el 6 de octubre del 2013, la legislación electoral en Belice se ha constituido en un argumento para pedir su suspensión o retraso desde el gobierno de Guatemala⁷. Aunque en 2005 ambos países habían suscrito un acuerdo para el impulso de medidas para el fomento de la confianza, los aspectos simbólicos de este siguen siendo muy relevantes: los "derechos históricos" al territorio de la Nación, su unidad irrenunciable, aún son referentes claves para provocar la tensión entre Estados.

La disputa entre Honduras y El Salvador por los "bolsones" fronterizos y en el golfo de Fonseca

Los problemas fronterizos entre ambos países datan prácticamente de su independencia en 1839. Incluso, propiciaron un conflicto armado en julio de 1969, cuando se enfrentaron en la denominada Guerra del Fútbol -al haberse producido tras un partido entre ambas selecciones nacionales- o Guerra de las Cien Horas -por su duración-.

Tras este enfrentamiento, que puso fin a las relaciones diplomáticas entre ambos países, se dieron algunos acercamientos para dirimir el conflicto por la línea divisoria. Los gobiernos de ambos países firmaron el llamado Tratado General de Paz, en 1980, en Lima (Perú), por medio del cual se delimitaron 232,5 km de los 374,5 km de frontera y se sentaron las bases jurídicas para definir el conjunto de las zonas en disputa. Tras el fracaso de las negociaciones bilaterales, en 1986, los gobiernos presentaron el diferendo al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

El 11 de septiembre de 1992 el Tribunal, decidió sobre la disputa sobre seis bolsones de territorio y tres islas. A Honduras se le adjudicaban dos tercios del territorio en disputa (300,1 km²), que incluyen el control total del delta del río Goascorán y otros dos segmentos a lo largo de los ríos Negro-Quiagara y Sazalapa. El Salvador recibió el resto (137,7 km²): la mayor parte del bolsón en disputa más próximo a la frontera de ambos países con Guatemala y porciones de los otros dos segmentos en disputa. Al Salvador le correspondieron también las islas de Meanguera y Meanguerita y a Honduras la isla de El Tigre, en el golfo de Fonseca, lo que permitió el acceso de Honduras al Pacífico.

Confirmado este planteamiento por resoluciones de la OEA y el Tribunal Internacional de Justicia, en los años 2002 y 2003, se inició el proceso de demarcación en el paso fronterizo de El Poy. Este proceso afectó a buena parte del límite terrestre (quedaría por delimitar unos 7 km), pero quedó interrumpido en 2009.

El arbitraje externo de las diferencias entre Estados sobre el trazado de sus fronteras es un procedimiento relativamente habitual, y cuando las dos partes lo interpretan como ecuánime, suele ser un instrumento definitivo de resolución pacífica de disputas. No obstante, El Salvador continúa reclamando con relativa insistencia la diminuta isla Conejo⁸, lugar que no se menciona en la resolución del Tribunal Internacional de Justicia, y que se califica como territorio nacional en el Libro blanco de defensa de El Salvador, de 2006.

San Andrés y Providencia

Desde 1980, cuando el gobierno sandinista denunció la nulidad del tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, se desarrolla de forma continua una estrategia nicaragüense de reivindicación de las islas San Andrés y Providencia. Estas islas comprenden 44 km² bajo soberanía colombiana en el mar Caribe, y permiten a este país reivindicar un amplio mar territorial, que pretende establecer como frontera marítima el meridiano 82º. Para tal fin, en 1977, Colombia firmó con Costa Rica un tratado de delimitación marina, ratificado en 2001, y con Honduras, en 1986, el Tratado Ramírez López, ratificado en 1999. Con este último, Colombia reconoce el paralelo 15 para que Honduras extienda su frontera marítima como una prolongación horizontal de su línea costera. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, y en medio de una tensión militar creciente, durante el gobierno del presidente Alemán, Nicaragua demanda a Honduras ante el Tribunal de Justicia de la Haya, y solicita que se establezca una frontera marítima equitativa. Posteriormente, en el 2001, Nicaragua también demanda a Colombia. En el 2011, la corte excluyó a Honduras del litigio.

Así, en noviembre del 2012, el Tribunal redefinía, de forma inapelable, el límite demarcado a través del meridiano 82º, ampliando al este la frontera marítima nicaragüense, a través del reconocimiento de unos 530 km de plataforma continental, pero atribuyendo soberanía colombiana no solo a todos los cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, sino también a las islas⁹.

Los Monjes

La disputa colombo-venezolana sobre la frontera marítima en el golfo de Venezuela o de Guajira, se materializa en la falta de entendimiento sobre el trazado de la línea fronteriza a partir del archipiélago de los Monjes, de soberanía venezolana, aunque en ocasiones disputada por Colombia. Este archipiélago está formado por varios islotes y peñascos y se encuentra al noroeste de la península de la Guajira colombiana, en el golfo de Venezuela.

A lo largo del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, se produjo la lenta y complicada delimitación de la frontera colombo-venezolana (Fernández González y Rodríguez Sangoni 2002). Hasta que en 1941, se firmó el tratado de límites que establecía la frontera actual entre ambos países. A partir de la firma de este tratado, Colombia cuenta con 50 km lineales de costa sobre el golfo de Venezuela y los restantes 500 km son costas venezolanas, y se ratifica la soberanía de Venezuela sobre el archipiélago de Los Monjes. Sin embargo, el acuerdo no define lo referente a las áreas marinas y submarinas en el golfo de Venezuela. Este hecho periódicamente ha sido objeto de controversia, y tiene su punto álgido en 1987, cuando el gobierno colombiano envía la nave de la armada ARC-Caldas a una zona que el gobierno venezolano consideraba aguas interiores.

Desde entonces, se han sucedido las negociaciones entre ambos países, impulsadas en el marco de los avances en la integración de la Comunidad Andina, sin que se hayan alcanzado acuerdos definitivos, más que la creación de sendas Comisiones de Negociación de Asuntos Fronterizos, a partir del Acta de San Pedro Alejandrino (1989-1990), con desiguales resultados. Así, aunque la soberanía de Los Monjes ha dejado de ser reclamada por el gobierno colombiano, son las relaciones diplomáticas entre ambos países las que marcan el avance o el congelamiento de las negociaciones. En los últimos años, han sido otros problemas emplazados en la frontera, como la presencia de actores armados o narcotraficantes colombianos en territorio venezolano, y su intermitente militarización, los que han suscitado mayores tensiones entre ambas partes.

Esequibo

Venezuela reavivó en 1954, ante la X Conferencia Interamericana, celebrada en Caracas, la reclamación de casi el 75% del territorio guyanés situado al oeste del río Esequibo, al considerar que el laudo arbitral de París, de 1899 -que culminaba una disputa con el Reino Unido, iniciada poco después de la independencia venezolana, y que estableció la frontera entre ambos países-, era nulo. Bien es cierto que ya se habían producido reclamaciones venezolanas antes de esa fecha, pero a partir de ese momento se sucedieron sin pausa, llegando a plantearse ante las Naciones Unidas en 1962 (Simancas 2004). Incluso en 1968, el gobierno venezolano aprobó un decreto a través del cual pasaba a ejercer la soberanía marítima (9 millas de mar territorial, en ese momento) hasta la línea divisoria del río Esequibo, y fijaba la reserva de derechos venezolanos sobre las tres millas del mar de la Guayana Esequiba (Márquez 2000, citado en Simancas 2004, 15).

En abril de 1990, los ministros de exteriores de ambos países acordaron utilizar el método de "buenos oficios" y proponer un mediador/facilitador nombrado por la ONU. Desde entonces se han sucedido frecuentes reuniones de representantes de ambos gobiernos con el mediador, y ambas partes han manifestado su satisfacción. En abril de 1998, se produjo la histórica visita a Venezuela de la presidenta de Guyana, Janet Jagan, que acordó con el entonces presidente Caldera la continuación del diálogo bilateral y reafirmó el compromiso de resolver la controversia territorial por medios pacíficos.

A finales de la década de 1990, se produjeron cambios importantes en la dirigencia de ambos países: en 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela por primera vez y, en Guyana, Bharat Jagdeo fue elegido presidente, en 2001. La elección de Chávez y la redacción de una nueva constitución bolivariana no parecían presagiar en principio buenos augurios, ya que, por ejemplo, su artículo 10 señalaba un camino nítidamente reivindicacionista:

El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. (Asamblea Nacional 2009, 17)

Algunas declaraciones presidenciales abonaban la misma tesis. Pero, para sorpresa de muchos, el presidente venezolano realizó un viaje de Estado a Guyana, en 2004, que, aunque no trajo consigo la solución del conflicto, sí contribuía al desarrollo de la confianza mutua.

Sin embargo, en el 2007, fuerzas armadas venezolanas realizaron una incursión en el área fronteriza en litigio, incidente que resituó el interés en el área. En el 2011, con motivo de la petición de Guyana a la ONU para ampliar su plataforma continental en unas 150 millas -lo que afectaría al territorio reclamado por Venezuela-, se reanudaron las negociaciones. La ONU continuó ejerciendo de institución mediadora, reconocida por ambas partes como foco de resolución de sus divergencias. En el 2012 tuvo lugar la última reunión para avanzar en la resolución del diferendo.

La disputa en el río Corentyn

Esta disputa enfrenta a los Estados de Surinam y Guyana incluso antes de su independencia, es decir, que es un diferendo heredado de las luchas interimperialistas europeas (en este caso, entre Holanda e Inglaterra), en la esfera colonial. Este problema es resultado, en buena parte, de la dificultad de definir fronteras en territorios de acceso complicado y poco conocidos por su reducido interés para la metrópoli. Cuando, en 1799, se estableció el río Corentyn como la línea divisoria entre la Guayana Británica y la Guayana Holandesa, no se conocían bien las fuentes del río. Cuando se conocieron mejor, dieron lugar a interpretaciones contradictorias de la frontera. Guyana reclamaba que el límite es el río Kutari, afluente del Corentyn que corre en dirección suroeste, mientras que Surinam interpretaba que es el río Nuevo, también afluente del Corentyn, que corre en dirección sureste (Donovan 2003). La primera disputa es, entonces, sobre el territorio comprendido entre estos ríos, en el tercio sur de la frontera entre ambos países. Una segunda disputa es sobre la demarcación en el mismo río Corentyn: Surinam reclama que todo el cauce está bajo su soberanía, mientras que Guyana pretende que la frontera sea establecida en la línea media. Y finalmente, la tercera disputa es respecto a la frontera marítima.

Aunque se sucedieron las negociaciones diplomáticas en el siglo XX, antes y después de la independencia, el asunto no era de mucha importancia hasta que, por un lado, se descubrieron importantes depósitos de oro en el territorio en disputa al sur, y, por otro, se fueron acumulando indicios significativos de que existen amplias reservas petrolíferas en la costa (Hoyle 2001). Desde entonces, Guyana busca el arbitraje de los órganos jurisdiccionales de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -en adelante, CNUDM- (Donovan 2003). Sin embargo, se han producido situaciones de tensión, como en junio de 2000, cuando fuerzas militares de Surinam intentaron impedir los trabajos de prospección petrolífera que se realizaban con licencia del gobierno guyanés en la zona marítima en disputa. En 2004, a instancias de Guyana, se iniciaron las reuniones de arbitraje en el seno de la OEA, y, en septiembre de 2007, un tribunal arbitral constituido bajo el CNDUM, hizo pública una propuesta de resolución del conflicto. En esta se otorgaba soberanía sobre el río a Surinam, además de 10º de mar territorial hasta tres millas de la costa, según el acuerdo de 1936. El resto de los límites se decidieron de acuerdo con el principio de la equidistancia¹⁰. Este nuevo trazado afectaría también a la geografía marítima de Trinidad y Tobago, Barbados y Venezuela.

Ambos países han celebrado posteriormente reuniones para fomentar la cooperación en el área, a través de acciones sobre la producción pesquera y agrícola de la zona, así como en torno a la construcción de un puente sobre el río Corentyn.

La disputa en el río Maroni

Surinam reclama la soberanía de un área de 5.000 km2 situados entre los ríos Litani (Itany) y Marouini (Maroni), ambos afluentes del río Lawa, a la Guyana francesa. La disputa ya data de tiempos coloniales: Francia y Holanda sometieron la disputa al zar ruso en 1891. Surinam adoptó la frontera reclamada por Holanda en el momento de su independencia (1975), aunque luego se mostró dispuesto a aceptar la frontera reclamada por Francia (1977) a cambio de ayuda para el desarrollo. Un acuerdo más reciente para resolver la disputa estaría pendiente de ratificación.

La disputa Ecuador-Perú

A principios de la década de 1990, en esta disputa había que distinguir dos problemas diferentes, aunque a la postre estaban estrechamente relacionados: por un lado, la vieja reivindicación ecuatoriana de un territorio que se extiende hasta el río Marañón, conectado con el sistema del Amazonas, y que llevó a la guerra de 1941. La soberanía sobre ese territorio le fue adjudicada a Perú por el Protocolo de Río, de 1942. Por otro lado, la inexistencia de demarcación en 78 km de la frontera ecuato-peruana internacionalmente reconocida.

El tramo sin demarcación del límite fronterizo entre ambos Estados se hallaba en la cordillera del Cóndor. Esta área constituye una auténtica "cabeza de puente" ecuatoriana hacia al Marañón, que permitía mantener viva la reivindicación amazónica. La imprecisión del trazado en las zonas del interior del continente era relativamente habitual en la época colonial, y esto generó un problema en los Estados postcoloniales, que fijaban sus fronteras sobre lo que eran previamente nada más que límites administrativos. En este sentido, es paradigmático el caso de la región de la alta Amazonia, comprendida entre el Caquetá y el Marañón, donde el Estado ecuatoriano -que se pretendía sucesor de la Audiencia de Quito-, en virtud del uti possidetis, aspiraba a establecer su soberanía sobre una porción de esta región. Pero este territorio también era objeto de interés de Brasil, Colombia y Perú, que, a la postre, impusieron sus pretensiones, privando al proyecto criollo ecuatoriano de parte de su "hogar nacional". El resultado territorial de la guerra de 1941 entre Ecuador y Perú, fijado formalmente en el Protocolo de Río, nunca fue plenamente aceptado por Ecuador y, de hecho, el presidente Velasco Ibarra denunció el Protocolo en 1960.

En la vertiente oriental del tramo de frontera sin delimitar en la cordillera del Cóndor se encuentran las cabeceras del río Cenepa. En ese lugar, durante cinco semanas de enero y febrero de 1995, se desarrollaron duros enfrentamientos entre las fuerzas armadas ecuatorianas y peruanas, en lo que supuso el mayor conflicto bélico intralatinoamericano de los últimos cincuenta años. El nacionalismo territorial había desembocado en guerra abierta.

Tras largas y complicadas negociaciones bilaterales, con el apoyo de los cuatro países garantes del Protocolo de Río (Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos), el diferendo territorial en cuestión fue resuelto definitivamente con la suscripción de los Acuerdos de Paz de Brasilia, el 26 de octubre de 1998. Allí se establece que la demarcación de la frontera sigue siendo, como se estableció en 1942, la que señala las altas cumbres de la cordillera del Cóndor, y que la región de Tiwinza pertenece al Perú, aunque se entrega 1 km2 a Ecuador para realizar actos conmemorativos y no militares. Este último país, además, obtuvo el derecho de libre navegación por el río Amazonas y sus afluentes septentrionales. Un parque binacional ecológico sería la representación final de la paz entre ambos países hermanos.

Este acuerdo satisfizo en parte las representaciones espaciales ecuatorianas, mientras en el Perú la situación fue vista con desconfianza y hasta con desagrado, por implicar cierto grado de tácito reconocimiento al presunto derecho ecuatoriano de acceso al Amazonas. El caso es que, en mayo de 1999, finalmente se colocó el último hito en la frontera.

La firma de la paz ha generado una mayor aproximación y un intenso intercambio entre ambas naciones en los más diversos ámbitos. Especialmente, en el plano comercial, que sitúa actualmente al Perú como el segundo socio más importante de Ecuador a nivel mundial. Al mismo tiempo, el discurso del nacionalismo territorial tiene cierta vigencia en ambos países, y mantiene una presencia bastante significativa.

La salida al mar de Bolivia en el desierto de Atacama

En 1879, comenzó la Guerra del Pacífico, que enfrentó a las fuerzas combinadas de Perú y Bolivia con el ejército de Chile. La guerra se saldó con la pérdida por parte del Perú de la provincia Tarapacá, así como toda la franja litoral boliviana. Desde entonces, se han sucedido negociaciones y tratados entre las tres partes (St John 1995), que han logrado solucionar la disputa entre Perú y Chile, cuyos mismos términos dificultan el (re)acceso de Bolivia al mar. Esto se debe a que, según estipula el tratado de Tacna y Arica de 1929, los territorios entregados a Chile no pueden ser cedidos a una tercera parte, y difícilmente el gobierno chileno podría acceder a entregar territorios más al sur a Bolivia, ya que supondría la discontinuidad de su territorio.

En todo caso, la percepción boliviana es que no solo perdió más de 400 km de costa y más de 120.000 km2, en la Guerra del Pacífico, sino que la mediterraneidad ha supuesto y supone un alto costo para el país. Es por ello que en 1910, el canciller boliviano, Sánchez Bustamante, reclamó por primera vez a los gobiernos de Chile y Perú una salida al mar y así se inició formalmente esta vieja reivindicación (Gangas Geisse y Santis Arenas 1994).

En la actualidad se trata más de buscar una salida al mar, que de reivindicar el territorio conquistado por Chile. En tal sentido, desde 1990 las acciones del gobierno boliviano se han centrado en presentar ante la Asamblea General de la OEA informes anuales que intentan justificar el daño económico que la mediterraneidad causa a su país. Se han sucedido negociaciones al máximo nivel, y se exploró en 2001 la posibilidad de crear una Zona Económica Especial en el litoral Pacífico, a través de la cual se exportara el gas boliviano (Proyecto Pacific LNG), que nunca se llegó a concretar. Esta opción, de todos modos, coincidió con las revueltas internas en torno a la exportación de gas y, a finales del 2003, quedó desechada por parte boliviana debido a la presión popular para obtener la salida al mar.

Después de un largo proceso de cambio político en el país, que culminó con la proclamación de una nueva Constitución en 2009, la reivindicación marítima volvió al horizonte político del Estado boliviano. De hecho, está recogida en el capítulo cuarto del texto constitucional, donde se regula el marco de la reivindicación, estableciendo, en su artículo 267, que

I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado Boliviano. (Asamblea Constituyente de Bolivia 2009)

Bolivia ha reanudado la reclamación a Chile de una salida al mar, preparando, desde 2011, la presentación de una demanda legal contra ese país en el Tribunal Internacional de La Haya. Por su parte, el gobierno chileno habría ofrecido a Bolivia una salida al mar a través de un enclave sin soberanía, en la zona fronteriza con Perú. Esto conecta el desenlace del litigio a la resolución del diferendo sobre límites marítimos que mantienen los dos países en la Corte Internacional, cuyo fallo estaría previsto para mediados de 2013¹¹. En cualquier caso, este asunto ha vuelto a convertirse en una cuestión clave en las relaciones bilaterales y también regionales, condicionando, por ejemplo, la integración de Bolivia en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y en los debates en las cumbres de la OEA o de la Cumbre América del Sur - Países Árabes (ASPA).

La isla Brasileira y el Rincón de Artigas

Se trata de una pequeña isla fluvial, de no más de 300 ha, en el curso del río Uruguay y en la desembocadura del río Quarai/Cuareim, en la que Brasil construyó un hito fronterizo en 1860. La difícil precisión de su situación -si está en el río Uruguay o en la desembocadura del Cuareim- permite justamente interpretar a los dos países que debe estar bajo su soberanía, pues así se desprendería del tratado de límites de 1851 entre ambas naciones. Pero además de la soberanía sobre la isla, se encuentra en juego la de las aguas que la rodean y la ubicación del punto común a las tres soberanías que allí concurren, el trifinio de Argentina, Uruguay y Brasil. En años recientes, este asunto ha vuelto a ser objeto de atención debido a la posibilidad de que se produzca la relimitación definitiva de las fronteras de Argentina y Brasil en el río Uruguay (Acuña 2005). Sin embargo, en el cruce de diferentes notas diplomáticas entre los gobiernos de Uruguay y Brasil, mientras el primero solicita la demarcación de la isla, el último desconoce, al menos hasta 2013, la existencia de litigios pendientes entre ambos países respecto a sus fronteras.

El denominado Rincón de Artigas, aguas arriba del Cuareim, tiene una forma aproximadamente triangular. Sus lados están formados por la Cuchilla Negra o de Haedo, el arroyo de la Invernada y el arroyo Cuaraguatá, que desemboca en el Maneco, y este, a su vez, en la Invernada cerrando el triángulo. Con una superficie aproximada de 25.000 ha, fue objeto, en 1934, de una "reserva" por parte de la cancillería uruguaya.

La Laguna del Desierto

Tras la independencia, Argentina y Chile, a pesar de sus diferencias en torno a la soberanía sobre la Patagonia, área no ocupada por los españoles en la época colonial, se pusieron de acuerdo en 1881 sobre el trazado de la frontera común. Esta fue establecida en la cordillera de los Andes, de norte a sur, hasta el paralelo 52° sur, tomando la línea divisoria de aguas como límite fronterizo. La línea divisoria fue definida en Tierra del Fuego, a lo largo del meridiano 68º34' oeste, entre el Cabo del Espíritu Santo y el Canal del Beagle, donde termina. Al sur de este canal, se estableció que todas las islas pertenecerían a Chile, y Argentina reconocía la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes. Pero las interpretaciones sobre el alcance del tratado y la difícil demarcación de algunas zonas crearon disputas y tensiones fronterizas entre los dos países. Así, el conflicto acerca de la soberanía sobre tres pequeñas islas en el Canal de Beagle (Picton, Lennox y Nueva) casi da lugar a una guerra en 1978, mientras los dos países estaban bajo dictaduras militares.

En 1984, bajo la égida del Papa Juan Pablo II, ambos países suscribieron un tratado de paz y amistad, en el que se establecía la soberanía chilena sobre las tres islas, pero, a cambio, la línea de frontera marítima no siguió la línea de equidistancia hacia el sureste, sino que, en la parte final, continuó el meridiano del Cabo de Hornos hacia el sur. En 1991, se alcanzó un acuerdo sobre 22 de las 24 cuestiones limítrofes que estaban pendientes entre ambos países, y se decidió someter a arbitraje el caso de Laguna del Desierto, con lo cual se alcanzó un convenio para "precisar" el límite entre el Monte Fitz Roy y el Cerro Daudet. En 1994, el laudo arbitral concede la Laguna del Desierto a Argentina. Finalmente, el 2 de junio de 1999, se cerró una nueva etapa de este conflicto, con la ratificación simultánea por los congresos de Chile y Argentina del acuerdo sobre el Campo de Hielo Sur (Acuerdo para Precisar el Recorrido del Límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet), suscrito por los Presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem, el 16 de diciembre de 1998.

Muchas de estas cuestiones limítrofes tenían su origen en la dificultad para precisar la divisoria de aguas -que era el límite fronterizo que establecía el tratado de 1881- en ciertos parajes de la cordillera andina de gran altitud y pronunciada latitud sur, en particular, en algunas zonas cubiertas de hielos. Estudios precisos, con la ayuda de nuevas tecnologías, junto con la decisión de regímenes democráticos en ambos países, permitieron la demarcación precisa de la frontera.

Las islas del Atlántico Sur

La construcción social del conflicto territorial argentino-británico se ha forjado en diferentes periodos históricos, y en cada uno de ellos se han producido extensiones relevantes del espacio objeto de disputa. Desde 1833 hasta el presente, la que comenzó siendo una disputa territorial respecto a los casi 12.000 km2 de las islas llamadas Falkland o Malvinas, se extendió en la actualidad a unos 980.000 km2. A la reclamación original se ha sumado cerca de 4.000 km2 de las Islas Georgías del Sur, 300 km2 de las Islas Sandwich del Sur y 965.000 km2 en la Antártida; y, además, se ha añadido una disputa marítima sobre más de 200.000 km2, correspondientes a la Zona de Administración y Conservación de Pesquerías de las Islas Falkland, declarada en 1986, tras la guerra. De forma paralela, lo que comenzó siendo una controversia por la posesión de unas islas casi deshabitadas, se transformó en una guerra que produjo cientos de víctimas, y que es todavía fuente de apasionamiento popular, sobre todo en Argentina, y de tensiones entre ambos Estados (Cairo Carou 2005b, 587).

Los años 1990 vieron una cierta distensión en torno al área en disputa y las partes alcanzaron algunos acuerdos sobre la explotación de los recursos naturales y sobre el tratamiento a los ciudadanos argentinos en las islas o de los isleños en Argentina. Esto siempre bajo el "paraguas" de la soberanía, es decir, sin abordar ni prejuzgar dicha cuestión. Así, en 1990, se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. En 1995 se creó un Área de Cooperación Especial, al suroeste de las islas, que gestionan delegados de ambos gobiernos junto con representantes de las islas. En julio de 1999 se firmó una declaración conjunta entre los gobiernos británico y argentino, con la presencia de dos miembros del Consejo Legislativo de las islas, que contemplaba medidas de cooperación, distensión y confianza mutua en varios aspectos, tales como: 1) mejorar la cooperación en materia pesquera, especialmente en el control de la pesca ilegal; 2) revisión de la toponimia argentina de las islas, impuesta por el general Galtieri; 3) permiso de entrada a las islas a los ciudadanos con pasaporte argentino, poniendo fin a la prohibición establecida tras la guerra de 1982; 4) reinicio de los vuelos semanales desde Chile, que incluían una parada en Río Gallegos, y que se habían interrumpido por la detención de Pinochet en el Reino Unido; 5) erección de un memorial a los caídos en el cementerio argentino en las islas, y 6) cooperación intergubernamental en la limpieza de minas.

Aunque se ha producido una distensión significativa entre ambos gobiernos, y se han tomado en cuenta los deseos de los habitantes de las islas, no se vislumbra una solución definitiva. Lo anterior debido a que las partes siguen encastilladas en sus posiciones respecto al tema de soberanía, y eventualmente se producen tensiones, de manera similar, respecto a los otros archipiélagos deshabitados en disputa en el Atlántico Sur. En términos jurisdiccionales, la ONU lo califica de territorio de soberanía por definir, no autogobernado, pero las diferencias no han sido nunca dirimidas ante una corte. El 10 y 11 de marzo de 2013, después de las reiteradas peticiones de Argentina de abrir negociaciones sobre las islas, se celebraba un referéndum para decidir sobre su soberanía. Sin embargo, días después, y aún con un resultado de casi un cien por cien de votos a favor del mantenimiento de la administración británica, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitaba al papa Francisco -quién tiempo atrás habría calificado públicamente el estatus de las islas como de "usurpación británica"- su mediación para reabrir las conversaciones con el Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas¹².

Argentina, Chile y Reino Unido en la Antártida

El Tratado Antártico de 1959 difería las reclamaciones de soberanía territorial sobre este territorio, incluyendo la plataforma continental en el océano Antártico. Hasta ese momento se habían producido las reclamaciones de Argentina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. El Protocolo de Protección Ambiental de 1991, o Protocolo de Madrid, amplió el tratado, estableciendo una protección sobre el frágil medio ambiente antártico. Las reclamaciones territoriales de Argentina, Chile y el Reino Unido se solapan en el área de la península Antártica, donde están situadas la mayor parte de las bases de estos países en el continente austral. En los últimos años, no se han producido cambios significativos en las posiciones de estos países.

Cambios y continuidades en los discursos sobre las fronteras

La evolución de las disputas de fronteras en América Latina desde el final de la Guerra Fría no ha sido uniforme (tabla 3), como quizás algunos pudieran esperar, sino antes al contrario: en unos casos se ha incrementado la tensión entre los Estados, mientras que en otros la disputa se ha mantenido en una situación de latencia y, en los menos, se ha alcanzado algún tipo de solución aparentemente definitiva.

Las disputas de fronteras siguen constituyendo una ocasión para la reafirmación de la "solidez" de los Estados. Se reafirma la soberanía, situándola incluso como condición de civilización. Así, en un trabajo recogido en la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Miranda Bravo afirma: "El principio de soberanía no es un concepto en decadencia, como algunos pretenden presentarlo, por el contrario constituye la condición previa al régimen legal de una nación civilizada y parte de la comunidad jurídica internacional" (2000).

Esa solidez se interpreta como necesaria frente al exterior, y está ligada intrínsecamente a la fragilidad que se percibe en alguno de los Estados, como declaraba, en ese sentido, el presidente del Consejo Nacional de Fronteras (CNF) dominicano Radhamés Batista: "[A] nuestro juicio, Haití es indudablemente un proyecto nacional colapsado, y evidentemente fallido, por lo que origina una situación de inestabilidad interna que paulatinamente va afectando el entorno internacional" (Sánchez 2011). Similares argumentos utilizaba recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al promover auditorías en las notarías fronterizas con Colombia, con el propósito de evitar la compraventa de propiedades con dinero procedente del narcotráfico. La justificación estaba muy ligada a una lectura política de la situación del país vecino, en particular, y de la región, en general:

No voy a aceptar que una parte tan querida de nuestra patria, como es la frontera, el delito se la compre para ella [...], narcotraficantes y paramilitares que comienzan a controlar al vecino, y al otro y al otro y, déjenme decirles, están muy vinculados a la derecha fascista, forman parte de los partidos de la derecha fascista. (La Prensa. com.ni 2013)

La solidez soberana está ligada a la unidad "indisoluble", que está consagrada en los textos constitucionales, como afirmaba el ministro de asuntos exteriores haitiano, Fritz Longchamp: "Navassa es una parte del territorio nacional de la Republica de Haití. Y esto está consagrado por la constitución de Haití" (Radio Metropole 1998; traducción propia).

De hecho, las referencias a la unidad nacional parecen sustanciarse en las fronteras. Por ejemplo, en relación al conflicto con Colombia y Honduras, los diputados nicaragüenses reafirmaban su posición común: "Definitivamente ahí no hay discusión que divida o que trate de usar (el conflicto) como algo partidario. Todos en ese sentido somos como un solo partido en Nicaragua" (Zelaya 2003), expresaba el diputado liberal René Herrera, y su colega, el diputado sandinista René Núñez indicaba: "Desde 1979 hasta acá sí ha sido un tema que ha unido a la sociedad nicaragüense para defender la soberanía del país" (Zelaya 2003). O en una declaración reciente, del presidente de Bolivia, Evo Morales dijo, al respecto de la reivindicación de salida al mar: "Todo el pueblo boliviano está unido para volver al mar con soberanía, hemos hecho un buen trabajo" (Chambi 2013).

Las metáforas organicistas de desmembraciones o amputaciones ya no son en general utilizadas. Han sido en parte sustituidas por argumentaciones economicistas acerca de las pérdidas económicas que causa la merma territorial. Un buen ejemplo es el Libro Azul boliviano, donde se intentan cuantificar los daños económicos y sociales que causaba la mediterraneidad a Bolivia, y que soslaya la retórica de los derechos históricos. De hecho, como ya se mencionó anteriormente, planteaba la necesidad de que Bolivia tenga una salida al mar, pero no especificaba los territorios donde deba situarse dicha salida.

Otro de los cambios que se produce en el discurso sobre las disputas fronterizas es que se interpretan ahora como cuestión del pasado. Continuando con el caso boliviano, especialmente presente en los últimos meses, la argumentación regresa a un momento histórico para la región, desde el que reformular las relaciones interestatales a través de nuevos patrones, pasando por un cambio en las fronteras actuales. El presidente Evo Morales declaraba recientemente: "Ya no estamos en tiempos de colonialismo, no es posible que Gran Bretaña piense que las Islas Malvinas son de ellos; las Malvinas para Argentina y el mar es para Bolivia" (ADN 2012). Su antecesor en el cargo, Carlos Mesa, en una réplica a la intervención del presidente chileno Ricardo Lagos en la cumbre extraordinaria de la OEA de Monterrey, en enero de 2004, afirmaba:

Coincido en que tenemos que mirar al siglo XXI, y esto implica la solución definitiva de un tema en el que Bolivia hace un reclamo justo, que no se concentra en lo que fue el escenario total de ese conflicto, sino en un el acceso libre y soberano al Océano Pacífico. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia 2004)

Así, el recurso a la historia sigue siendo fundamental en la lectura de los diferendos, marcado, eso sí, por la diferencia de horizontes temporales relacionada con el proyecto político personal; en el caso de Morales, en una interpretación más regional. Decía el ex presidente venezolano Hugo Chávez en una visita a Guyana:

Hoy en día la situación es totalmente distinta y en Venezuela no hay para nada [...] ningún sentimiento antiguyanés, sino que, más bien, ha nacido un sentimiento de hermandad que hemos venido a fortalecer [...]. [E]l gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esa región [el Esequibo] que vaya en beneficio de sus habitantes. (Chávez citado en Simancas 2004, 31)

Esta consideración negativa y de hechos pasados de las disputas fronterizas se refuerza en ocasiones con alusiones al "enemigo exterior" común que supuestamente las fomentó:

Hemos estado, Guyana y Venezuela, durante mucho tiempo perturbados, por el problema fronterizo heredado de los tiempos coloniales [...], recordaba [...] que por allá por los años 60 y [...] los años 70 [...] a los militares venezolanos, trataban de sembrarnos una semilla, una actitud anti-guyanesa [...]. A los venezolanos, sobre todo a los militares, nos decían que había que recuperar el territorio, pero que además había que evitar "otra Cuba" en Guyana [...]. Son viejas estrategias imperialistas [...] para dividirnos, o incluso para empujarnos a conflictos armados y violentos entre nosotros. (Chávez citado en Simancas 2004, 22)

Sin embargo, el imaginario territorial tiene una cierta continuidad¹³. Así, a la vez que se califican los problemas fronterizos como "historias pasadas", se reafirma que deben ser resueltas para pasar a una nueva fase de integración y cooperación entre los Estados. Así, "salen por una puerta, pero entran por la otra", como se ponía de manifiesto en una reciente reunión entre los presidentes de Colombia y Ecuador, donde ambas par tes mostraban su intención de convertir a las fronteras en "fuentes de progreso y desarrollo" (El Mundo 2012).

Esta estrategia discursiva también aparece en los trabajos de los intelectuales de Estado que se ocupan de las fronteras, como se puede ver en un texto de un coronel del Instituto Geográfico Militar de Uruguay sobre las pequeñas controversias con Brasil:

Como siempre nos anima la defensa de nuestra soberanía, así como el espíritu de alcanzar una solución decorosa y realizable, cuyo objetivo final no puede ser otro que el de sellar definitivamente, [sic] nuestros límites para integrarnos a un mundo dinámico y cambiante sin el lastre de estos pequeños problemas, que puedan afectar nuestras relaciones internacionales. (Acuña 2005, 47)

La misma estrategia discursiva está presente en las alocuciones de los jefes de Estado. Por ejemplo, en la del presidente salvadoreño Elías Antonio Saca, con motivo del final de los trabajos de demarcación de la frontera de su país con Honduras:

Dos naciones hermanas ponen punto final al establecimiento de sus límites fronterizos y, a la vez [...] abrimos la brecha para lograr de manera conjunta, el desarrollo de nuestros pueblos y la tan ansiada integración regional. Hoy, comienza una nueva historia entre Honduras y El Salvador: hacer el paso fácil de las personas, lograr la libre circulación de las mercaderías en estas fronteras. (Saca 2006)

Conclusiones

Fracasado el ideal de unidad bolivariano, los Estados-nación que crearon los criollos en América tuvieron su origen en diversas entidades político-administrativas coloniales. Entonces, como es lógico deducir, intentaron ajustar el trazado de sus fronteras al de los límites coloniales. Pero diversas circunstancias se oponían a estos designios: la imprecisión del trazado en las zonas del interior del continente o en las áreas australes que no atrajeron el interés del colonizador ibérico o la escasa población de estas regiones que, además, generalmente no se identificaba con el proyecto estatal criollo. Es evidente que este proceso es el resultado de la organización de un espacio colonizado en función de los intereses metropolitanos. Pero esto genera una primera contradicción entre el fundamento territorial de la legitimación del Estado y los límites reales del ejercicio de su soberanía.

No se pueden entender la mayoría de las disputas activas hoy en día si no se tiene en cuenta el nacionalismo con énfasis territorial que se desarrolla en algunos Estados latinoamericanos, especialmente durante el siglo XX, y que va acompañado de un adoctrinamiento territorialista de sus poblaciones. Las "patrias imaginarias" -modeladas conforme a la extensión territorial a la que aspiran los Estados y no ajustadas a la realidad de las fronteras internacionales reconocidas-, que los sistemas educativos transmiten a argentinos, venezolanos, guatemaltecos, ecuatorianos, etc., impiden una evaluación desapasionada del alcance de la soberanía territorial del Estado, cuyas limitaciones actuales hacen ciertamente anacrónicas este tipo de disputas.

Este nacionalismo territorial ha sobrevivido a diferentes cambios de regímenes en los Estados latinoamericanos, y ha traspasado los límites temporales de ciclos o eras políticas. Así ha ocurrido también tras el final de la Guerra Fría: el fin del enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos no ha tenido un gran impacto sobre los contenciosos territoriales en América latina. Un ejemplo significativo es el de Venezuela, país en el que, desde 1959, cuando vuelve la democracia, hasta 1999, desarrolla una acción exterior decididamente dedicada a frenar la proyección política y militar cubana en el Caribe; este hecho se invierte con la revolución bolivariana del presidente Chávez, y ese enfrentamiento se transforma en una alianza. Y, a pesar de todo ello, el "[...] esquema de atención diplomática al contencioso Venezuela-Guyana a partir de los años ochenta se ha mantenido inalterado [...]" (Otálvora 2002, 124).

No obstante, aunque exista continuidad en el nacionalismo territorial, también es cierto que el afianzamiento de regímenes democráticos en los Estados latinoamericanos ha supuesto un cambio con el pasado¹⁴. Valga como muestra la reacción del presidente chileno Eduardo Frei ante la sentencia adversa para los intereses de su país del laudo arbitral de 1994:

Hemos solucionado gran parte de los problemas pendientes con nuestros vecinos. Sin embargo, lamentamos que el fallo de Laguna del Desierto haya sido adverso a los intereses de Chile y esperamos que los legítimos recursos que hemos presentado obtengan resultados positivos. (Congreso de Chile 1995, 7)

Esas eran las palabras que decía en el discurso al pleno del Congreso chileno de 1995. Esta posición de respeto a los procedimientos y acuerdos internacionales le valió a Frei, como a sus antecesores y sucesores democráticos en la presidencia chilena, ser tachado de "entreguista" por parte de los sectores soberanistas más reaccionarios. En este sentido, el fin de la Guerra Fría ha permitido un periodo democrático relativamente estable en los países latinoamericanos. No han reaparecido las dictaduras militares, apoyadas por Estados Unidos para "contener" el avance del comunismo, que enfatizaban la seguridad nacional como objetivo máximo del Estado.

Uno de los cambios más notables que se ha producido está unido a la percepción de los diferentes gobiernos de los procesos de globalización; en el sentido de que, aunque se hayan mantenido las retóricas de unidad territorial en todos los países latinoamericanos, estas se han visto acompasadas por las manifestaciones a favor de la integración regional (o continental). El discurso de la integración se ha convertido en dominante y ha tenido sus efectos:

[...] por un lado, las fronteras de los Estados implicados en dichos procesos pasan a ser contempladas más como continuidades que discontinuidades, y, por otro, las políticas externas de los Estados se piensan crecientemente en términos de agregación más que de independencia [...]. (Cairo Carou 2003, 31)

Así se han manifestado en América Latina; las tendencias a facilitar el tránsito de personas y mercancías han prevalecido sobre las tentaciones restrictivas, e incluso, cuando se han afirmado reivindicaciones territoriales, a continuación se ha invocado el inicio, la continuación o la conclusión de procesos de integración, que se consideran inevitables.

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Pie de página

¹ Los autores quieren agradecer los comentarios de los revisores anónimos de la revista, que han contribuido a mejorar el texto final. La contribución a este trabajo de María Lois se ha desarrollado en el marco de una estancia de investigación en el Nijmegen Center for Border Research (NCBR), financiada por el programa nacional de movilidad de investigadores José Castillejo (CAS12/00302). Algunos datos y argumentos que se incluyen en el presente artículo fueron utilizados en un trabajo previo: Cairo, Heriberto. 2007. "Las disputas de fronteras interestatales en América Latina: los efectos de la globalización y el fin de la Guerra Fría". En Fronteras europeas y latinoamericanas: de la geohistoria a los conflictos y procesos de cooperación e integración, coordinado por Lorenzo López Trigal, 231-262. León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.

² El concepto de orden geopolítico ha sido desarrollado por Taylor y Flint ([2000] 2002) o por Agnew y Corbridge (1995). Aquí es entendido en el sentido que le dan estos últimos, es decir, como constituido por "[...] el conjunto de reglas, instituciones, actividades y estrategias que se convierten en rutinarias en cada periodo histórico y que tienen características geográficas determinadas. [...] En estos órdenes geopolíticos la política mundial ha estado organizada alrededor de las caracterizaciones del espacio definidas por sucesivos discursos geopolíticos o modos de representación del espacio" (Cairo Carou 2008, 690).

³ Una definición precisa de discurso geopolítico ha sido elaborada por Agnew y Corbridge. Estos autores consideran que alude a "[...] la forma en la que la geografía de la economía política internacional ha sido 'escrita y leída' en las prácticas de las políticas económicas y exteriores [de los Estados] a lo largo de diferentes periodos de orden geopolítico. 'Escrito' alude a la forma en que las representaciones geográficas son incorporadas en las prácticas de las elites políticas. 'Leído' alude a las formas en que esas representaciones son comunicadas [...]" (Agnew y Corbridge 1995, 46). En otras palabras, se podría decir que la noción de discurso geopolítico se refiere a la forma en que los intelectuales de Estado (intellectuals of statecraft) -ese grupo heterogéneo tanto de "teóricos" universitarios o de institutos de investigación, como de "practicantes" militares o diplomáticos- espacializan la política mundial.

⁴ Abya Yala significa "Tierra en Plena Madurez", en la lengua de los kunas que habitan en regiones de los actuales estados de Panamá y Colombia. Esta expresión es utilizada en la actualidad por varios movimientos indígenas, en diversas localizaciones, para referirse a todo el continente conocido como América (Cairo Carou 2005a).

⁵ La expresión "oportunidades de interacción" se puede entender en un sentido amplio, como posibilidades de relación entre países, o en un sentido estricto, como disponibilidad de lugares desde donde atacar o ser atacado (Most y Starr 1980).

⁶ Para mayor información, véase la página del Fish and Wildlife Service: http://www.fws.gov/caribbean/Refuges/Navassa/default.htm

⁷ Véase, por ejemplo, Prensa Libre.com 2013, o Notimex 2013.

⁸ Véase, por ejemplo, Voces 2012.

⁹ Texto íntegro disponible en International Court of Justice 2012.

¹⁰ Texto íntegro disponible en Permanent Court of Arbitration 2013.

¹¹ Véase ABC.es 2013.

¹² Véase Mindez 2013.

¹³ Para un desarrollo más amplio de esta cuestión, desde el diálogo con las dinámicas fronterizas en Europa, véase Lois Barro 2013.

¹⁴ Sobre la relación entre democracia y paz en los conflictos territoriales, se puede ver el trabajo de Huth y Allee (2002). Específicamente sobre la relación entre la resolución de conflictos territoriales y una "paz positiva", en el sentido galtungiano, véase Gibler y Tir (2010).

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Heriberto Cairo Carou

Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (España). Ha sido profesor invitado en varias universidades. Desarrolla sus investigaciones en el campo de la geografía política, con especial énfasis en el estudio de la geopolítica de la guerra y la paz, las identidades políticas e ideologías territoriales y las fronteras. También ha publicado numerosos artículos en diversas publicaciones científicas españolas y de otros países. En la actualidad coordina la investigación de un grupo interdisciplinar de investigadores hispano-portugueses sobre la frontera común.

María Lois

Profesora en el departamento de Ciencia Política III (Teorías y Formas Políticas y Geografía Humana) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (España). Sus investigaciones se inscriben en el área de la geografía política, y ha trabajado sobre geografías electorales del nacionalismo; metodología y teoría de la perspectiva de lugar; el espacio en las prácticas artísticas contemporáneas y, en general, en torno a los procesos de construcción del espacio y el tiempo colectivos. En los últimos años, su investigación se ha centrado en la frontera hispano-portuguesa, dentro de una reflexión más amplia sobre territorialidades en el contexto europeo.

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Para citar este artículo, utilice el título completo así:
Cairo Carou, Heriberto y María Lois. 2014. "Geografía política de las disputas de fronteras: cambios y continuidades en los discursos geopolíticos en América Latina (1990-2013)". Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 23 (2): 45-67.

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