DOI: http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v24n1.47777

Lógicas territoriales y relaciones de poder en el espacio de los actores armados: un aporte desde la geografía política al estudio de la violencia y el conflicto armado en Colombia, 1990-2012^*

Lógicas territoriais e relações de poder no espaço dos atores armados: uma contribuição da geografia política para o estudo da violência e do conflito armado na Colômbia, 1990-2012

Territorial Logics and Power Relations in the Space of Armed Actors: A Contribution to the Study of Violence and Armed Conflict in Colombia, 1990-2012, from the Perspective of Political Geography

Luis Gabriel Salas Salazar^**
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá – Colombia

^* Este artículo continúa la línea de investigación que permitió al autor obtener su título de magíster en Geografía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en convenio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2010.

Artículo de reflexión que aborda desde una perspectiva geohistórica la dimensión territorial del conflicto armado en Colombia y la relación existente entre territorios geoestratégicos para los actores armados del conflicto y la violencia generalizada hacia la sociedad civil como estrategia de territorialidad y poder.

Recibido: 26 de agosto de 2013. Aceptado: 24 de enero de 2014.

Resumen

El artículo analiza desde la geografía política las lógicas territoriales y las relaciones de poder de los actores del conflicto armado colombiano, entre 1990 y 2012. Estos factores se manifiestan en acciones armadas y militares, la coacción y violencia en contra de los civiles y la búsqueda del control del poder local. A partir de un análisis de densidades espaciales de los eventos del conflicto armado, se demuestra que la afectación espacial diferencial del conflicto armado y la violencia registrados en Colombia se explican por la importancia geoestratégica de los territorios para los actores involucrados: presencia de cultivos ilícitos, recursos naturales, economías ilegales o por la facilidad de movilidad que permite la comunicación dentro y fuera del país.

Palabras clave: Colombia, conflicto armado, corredores geoestratégicos, geografía política, lógicas territoriales.

Resumo

Dentro da perspectiva da geografia política, este artigo analisa as lógicas territoriais e as relações de poder dos atores do conflito armado colombiano, entre 1990 e 2012. Esses fatores se manifestam em ações armadas e militares, a coação e violência contra os civis e a busca do controle do poder local. A partir de uma análise de densidades espaciais dos eventos do conflito armado e da violência registrados na Colômbia, explicam-se pela importância geoestratégica dos territórios para os atores envolvidos: presença de cultivos ilícitos, recursos naturais, economias ilegais ou pela facilidade de mobilidade que permite a comunicação dentro e fora do país.

Palavras-chave: Colômbia, conflito armado, corredores estratégicos, geografia política, lógica territoriais.

Abstract

The article analyzes the territorial logics and power relations of the actors of the Colombian armed conflict between 1990 and 2012, from the perspective of political geography. These factors are made evident in armed, military actions, coercion and violence against civilians, and efforts to seize control of local power. On the basis of the analysis of the spatial densities of the events of the armed conflict, the study shows that the differential spatial impact of the armed conflict and the violence registered in Colombia can be explained by the geostrategic importance of the territories for the actors involved: presence of illicit crops, natural resources, and illegal economies, or their location in areas that facilitate communication both within the country and abroad.

Keywords: Colombia, armed conflict, geostrategic corridors, political geography, territorial logics.

Introducción

Los estudios relacionados con el conflicto armado y la violencia en Colombia, hasta una fecha reciente, no han incorporado de manera adecuada una perspectiva geográfica en sus análisis. La dimensión territorial, antes de la década del dos mil, no aparece como elemento importante, sobre todo en la comprensión de la dinámica de las territorialidades. Más aún, los trabajos relacionados con la dimensión subnacional de la geografía política son muy escasos y casi inexistentes. Asimismo, estos estudios carecen en su mayoría de una adecuada representación cartográfica que permita una lectura del comportamiento territorial y de los movimientos en el espacio del conflicto armado y la violencia conexa. Los mapas se limitan generalmente al uso de herramientas estadísticas y de representaciones cartográficas, basadas en las áreas de los municipios. Esto favorece el efectismo en su lectura e interpretación, en regiones donde los municipios tienen extensas áreas (Amazonía, Orinoquía) o en otras donde son reducidas (zona Andina). Cubides C. (2009) menciona que el análisis geográfico y cartográfico se ha refinado, depurándose el efectismo y la pretensión de demostrar, siendo el 2008 cuando se presenta el más elaborado de estos trabajos.

En este contexto, el presente artículo analiza e interpreta las lógicas territoriales y las relaciones de poder en el espacio de los actores del conflicto armado colombiano, como factor determinante de la afectación espacial diferencial y de la violencia registrada desde 1990 hasta el 2012. Las lógicas territoriales y las relaciones de poder de los actores armados en Colombia están determinadas por el valor geoestratégico de los territorios, y se manifiestan a través de acciones armadas y militares, de coacción armada, de diversas formas de violencia en contra de los civiles (violaciones humanitarias) y a través de la búsqueda del control del poder local. Estas lógicas han cambiado en razón de las circunstancias históricas, sociales y económicas del país. Las evidencias geográficas derivadas de un análisis de densidades espaciales de los eventos del conflicto demuestran que la afectación espacial diferencial y la violencia registrada en Colombia se explican por la importancia geoestratégica de los territorios para los diferentes actores. Así como por la presencia de cultivos ilícitos, recursos naturales, economías ilegales y por la facilidad de movilidad que permite la comunicación por la geografía del país y hacia fuera de ella.

Los resultados de la investigación se sustentan en el análisis e interpretación estadística de los datos históricos relacionados con el conflicto armado, el narcotráfico y la violencia en el periodo 1990-2012, los cuales se encuentran en distintas fuentes de información que reposan en el Sistema de Información en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Los datos se sometieron a un análisis geoestadístico de densidades focales kernel (Salas 2007), que permitió identificar cartográficamente el grado de afectación e intensidad espacial del conflicto armado en el lapso de tiempo mencionado y los corredores estratégicos en disputa. Estos corredores fueron correlacionados con información de algunas áreas llamadas especiales, como lo son: las fuentes cartográficas de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, el área sembrada de cultivos de coca, los resguardos indígenas, las áreas de las comunidades afrodescendientes, las áreas en donde se está solicitando la consolidación de las zonas de reserva campesina y, finalmente, los municipios que concentran el mayor despojo histórico de predios según el Ministerio de Agricultura.

El artículo está dividido en cuatro partes. La primera, explora los aportes conceptuales de la geografía en cuanto a las tendencias teóricas explicativas del conflicto armado y la violencia en Colombia; la segunda, identifica las recientes transformaciones sociales, políticas y económicas del país y su relación con la dinámica espacial del conflicto armado; la tercera, explora el cambio en la dinámica espacial del conflicto armado y su vínculo con el narcotráfico y algunas áreas especiales de Colombia, y, en la cuarta parte, se exponen las conclusiones.

Los aportes conceptuales de la geografía en las tendencias teórico-explicativas de la violencia y el conflicto armado colombiano

Se puede hablar de dos tendencias teóricas que han pretendido explicar la persistencia histórica de la violencia y el conflicto armado contemporáneo en Colombia. La primera, hace referencia a las posturas de los "violentólogos"¹ (Revista Semana 2007), quienes afirman que existen unas causas objetivas que generan el conflicto armado reciente, tales como la mala distribución de la tierra, la desigualdad, la pobreza, el bajo crecimiento económico, el desempleo y la ausencia del Estado en las regiones. Por lo tanto, en la medida en que el Estado defina políticas que busquen mejorar estas causas objetivas, la violencia y el conflicto se retraerán.

Esta tesis, formulada hace más de veinte años, ha sido objeto de debate desde diversas perspectivas. Incluso hoy en día es mencionada por parte de sus defensores, al punto de cuestionar cuál habría sido su impacto si las recomendaciones que allí se hicieron se hubieran tenido en cuenta por parte del gobierno de Virgilio Barco y sus predecesores (CEV 1987). De hecho, aún se afirma que "aunque en su origen el conflicto armado contemporáneo en Colombia está imbricado con la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, también está relacionada con las inequidades que se derivaron de este último" (GMH 2013). Dentro de esta postura, se pueden destacar los planteamientos de Sarmiento y Becerra (1998), quienes consideran que la violencia persistente en el país es el resultado de la interacción de un complejo número de causas. Contar con una hipótesis comprensiva de su origen y explicación rebasa los paradigmas de varias ciencias sociales. Estos autores propusieron que variables como desigualdad, educación y presencia de grupos armados irregulares están relacionadas con la violencia y el conflicto armado, así como la ausencia del fortalecimiento democrático en la sociedad colombiana.

Al examinar la relación entre variables socioeconómicas como la desigualdad y la pobreza con la violencia política, se considera que "tres condiciones deberían poder contestar por qué en Colombia hay niveles tan altos de violencia política" (Gutiérrez Sanín 2001, 78). La primera, hace referencia a la relación entre desigualdad y violencia; la segunda, al narcotráfico, que alimentó y envenenó el viejo conflicto entre gobierno y guerrilla, y la tercera, al carácter semi-represivo del régimen colombiano. Como dice Gutiérrez Sanín: "En Colombia, la democracia no es ficticia. Pero convive con una permanente exclusión de la oposición, la crítica y la movilización social" (79).

La segunda tendencia se inspiró en la propuesta de los economistas Becker (1968) y Collier y Hoeffler (2002), quienes consideran que los violentos, bien sean individuales u organizados, no tienen una ideología. Por el contrario, son agentes económicos que buscan maximizar sus beneficios y, si se encuentran en una sociedad con una alta impunidad, encuentran un alto beneficio al ejercer el crimen.

En estos modelos, la tasa del crimen está determinada conjuntamente desde el lado de la oferta por individuos con una propensión a cometer delitos y desde el lado de la demanda por servicios de seguridad que el Estado o el sector privado proveen. Basado en supuestos de expectativas racionales, preferencias estables y un comportamiento maximizador, el individuo responde a una función de utilidad en la cual evalúa los costos y beneficios de cometer un crimen. Esta función responde, a su vez, a las penas y aumentos en los gastos destinados para el control del crimen, estableciendo costos y beneficios del crimen y determinando así la decisión del acto criminal. (Sánchez Torres y Núñez Méndez 2001, 2)

En esta lógica, Rubio considera que para entender el conflicto armado colombiano se debe prestar atención a las fuentes de recursos que sostienen la guerra:

Como cualquier otra guerra, el conflicto armado colombiano es una empresa que le resulta costosa a los guerreros, en forma totalmente independiente de sus intenciones iniciales o sus motivaciones actuales. Por estas razones, no parece procedente seguir concentrando la atención en las causas objetivas del conflicto ni dar por descontado que el tratar de superarlas constituye una condición suficiente para alcanzar la paz. En su lugar, parecería conveniente otorgarle una mayor atención a las fuentes de recursos que están sosteniendo la guerra. (2001, 26)

Para ampliar la brecha con la teoría de las causas objetivas del conflicto y la violencia de los llamados "violentólogos", Sánchez Torres y Núñez Méndez consideran que no es importante que las causas objetivas expliquen la violencia colombiana, ya que esta

[…] obedece a las características especiales originadas en la existencia de grupos armados, de actividades ilegales, de ineficiencia de la justicia y las diversas interacciones entre estas variables. La pobreza, la desigualdad y la exclusión no producen en Colombia una violencia diferente a la que puede producir en otros países o regiones. En este sentido, la solución a los problemas de precarios niveles de vida, de acceso a los servicios sociales y de baja participación y representación política de muchos grupos sociales es un objetivo deseable desde el punto de vista de política pública y se debe luchar por ello. Sin embargo, ligar la desaparición de los problemas de violencia a la superación de los problemas mencionados de pobreza, desigualdad y exclusión es una estrategia equivocada a la luz de la evidencia empírica presentada en esta y otras investigaciones. (2001, 25-26)

Vélez muestra la expansión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -en adelante, FARC- y el Ejército de Liberación Nacional -en adelante, ELN- a partir de las características socioeconómicas de los municipios donde hacen presencia. Este autor considera "la existencia de una lógica de expansión territorial, donde confluyen complejos factores políticos, militares y económicos" (Vélez 2000). Los resultados de esta investigación podrían interpretarse como un enfoque explicativo de la expansión territorial del conflicto armado desde un punto de vista geopolítico. De hecho, Bottía utiliza variables sociales, económicas, geográficas, ambientales y de presencia del Estado para hacer un análisis de los determinantes de la presencia de las FARC:

Los resultados muestran que las FARC aparecen y se expanden, con una mayor probabilidad y en una mayor cantidad, en aquellas zonas donde encuentran condiciones económicas propicias; zonas con presencia anterior de cultivos ilícitos, aumento de ingresos rurales, presencia de petróleo y carbón, entre otras. La variable espacial, presencia y expansión del municipio vecino determina también la presencia y expansión del municipio en cuestión; es decir, se presenta un mecanismo de difusión de un actor armado. La presencia de parques naturales parece ser determinante clave. Contradiciendo lo que muchos autores han dicho, las variables de presencia estatal no muestran evidencia para poder decir que la expansión y presencia de las FARC se ve influenciada por esto. (2003, 1)

Ninguna de estas dos tendencias teóricas que explican el conflicto armado colombiano y la violencia consideran las dimensiones territoriales de estos fenómenos sociales como un elemento central en la lógica explicativa. De hecho, en la última hipótesis, que se fundamenta en la lógica económica (el territorio) como base central del poder económico, no se considera como un elemento analítico importante. Sin embargo, algunos trabajos inscritos en esta lógica han terminado abordando de manera tangencial las dimensiones territoriales del conflicto armado. Como bien lo han referido Pissoat y Gouëset,

[…] las aproximaciones de tipo geográfico, en particular las representaciones cartográficas [al referirse al conflicto armado y la violencia en Colombia], fueron relativamente escasas hasta una fecha reciente, cuando, paradójicamente, la dinámica propiamente territorial de los hechos sociopolíticos y de los actores involucrados aparecía, de golpe, como una evidencia para todos los investigadores que han abordado el tema. (2002, 3)

Los trabajos relacionados con el conflicto armado y su vinculación con variables territoriales en Colombia han sido relativamente escasos y recientes. Existe un importante aporte teórico al respecto elaborado por Pécaut (2004), quien considera al territorio como un elemento fundamental para explicar las tendencias recientes del conflicto armado. Antes de los más recientes reveses bélicos de las FARC, Pécaut (2004) planteó que el conflicto armado en Colombia había entrado en una fase de "desterritorialidad" y que la lucha que se evidenciaba era por el poder político y militar. Esto no implicaba necesariamente una apropiación de territorios, sino más bien la capacidad de asegurar posiciones claves para cambiar los equilibrios de fuerza y obligar al adversario a ceder terreno político, dentro de una visión de la autonomía creciente de los actores armados en relación con la población, y todo ello en función de metas estratégicas.

Pécaut (2004) ha manifestado que la guerra que se libra en Colombia es muy particular: no se fundamenta en antagonismos religiosos o en que todos los protagonistas sean políticos, como el caso de los narcotraficantes. Sin embargo, la expansión territorial ha sido el medio de los actores para conseguir sus fines, a través de la coacción a la población civil, en busca de aceptación. Pero ello no ha representado que la guerra se libre por la búsqueda de control territorial de grandes áreas; sino, más bien, por el control de territorios estratégicos que han estado en constante disputa, rutas de mayor importancia, zonas militares claves, el dominio de los alrededores de las grandes ciudades y el control de principales polos económicos o de recursos. Esta estrategia territorial que expone teóricamente Pécaut ha sido demostrada por Salas (2010). Este autor, a través de un análisis geoestadístico, basado en la georeferenciación de los eventos de los actores armados en el suroccidente colombiano desde 1990 hasta 1997, logró identificar tres momentos en la territorialidad sobre la región. Estos se fundamentan en el control de puntos estratégicos de los corredores y territorios en disputa, y no por la lucha de toda el área que conforma el suroccidente colombiano (figura 1).

Figura 1

Haciendo énfasis en la violencia del conflicto armado, Echandía (1999, 2006, 2009) y Echandía y Salas (2008) desarrollan aportes significativos para comprender la distribución geográfica de la violencia y las variables que la exponen: Echandía (1999, 2006, 2009) "explica la expansión de la violencia municipal, en función de la expansión de los actores armados que la promueven; considera que existe una alta correspondencia entre altos índices de la violencia y presencia de organizaciones armadas ilegales" (Sánchez Torres y Núñez Méndez 2001, 10). Echandía (2013), en su más reciente trabajo, analiza los cambios en las dimensiones geográficas de las organizaciones armadas asociadas al narcotráfico y su relación con el conflicto armado. Este autor concluye que, para el periodo 1992-2002, la territorialidad de las autodefensas desborda la pretendida dimensión contrainsurgente. En efecto, Echandía demuestra que, en el 82% de los municipios con presencia de las autodefensas, la actividad guerrillera representa una amenaza baja o inexistente, y que tan solo en un 18% de los municipios donde las autodefensas tienen presencia, la guerrilla representa una amenaza a través de su elevada actividad armada. Sim embargo, los cultivos ilícitos están presentes en algo más de la mitad de estos municipios.

Transformaciones sociopolíticas, económicas y de la dinámica territorial del conflicto armado en Colombia

Colombia y sus instituciones, desde finales de la década de 1980, comienzan a evidenciar grandes transformaciones, que de una u otra manera han incidido en el curso y la dinámica espacial del conflicto armado colombiano; el cual se asocia a los cambios de las condiciones geoestratégicas que dichas transformaciones generaron y que han sido objeto de pretensión de los actores armados: la descentralización y luego la apertura económica. Estas nuevas dinámicas han estado articuladas con los cambios en el orden mundial que se dieron a partir de la década de 1990: la caída del muro de Berlín y la desintegración de la antigua URSS; la consolidación hegemónica de los Estados Unidos, y la imposición de un nuevo modelo económico basado en la globalización.

Desde mediados de los ochenta, se inició el proceso de descentralización en Colombia, cuyos objetivos fueron aumentar la provisión de bienes y servicios públicos locales y el fortalecimiento de la democracia a nivel municipal. Desde sus inicios, se combinó la descentralización política con la descentralización administrativa. Hasta comienzos de esta década, el Estado colombiano era fuertemente centralizado. Las decisiones de gasto se tomaban en los organismos del gobierno central, mientras el Congreso servía como mediador entre el gobierno nacional y las regiones. En este sentido, el propósito inicial de la descentralización se ubicó sobre tres esferas: la política, la administrativa y la fiscal (Sánchez y Chacón 2002).

Las evidencias encontradas en anteriores investigaciones (Sánchez y Chacón; Vélez 2000) respecto al impacto de la descentralización en el conflicto armado colombiano apuntan a que este proceso, en todas sus dimensiones y principalmente en la fiscal, contribuyó en buena medida a una redefinición de las características del conflicto. Esto se dio particular en su dinámica espacial, en la cual los actores encontraron en el poder local una oportunidad para consentir recursos y posesionarse en los territorios, a través de la coacción, para así acceder al control y dominio territorial nacional.

Sánchez y Chacón (2002) desarrollaron una investigación en la que se proponen como objetivo explicar las variables que definen las actividades armadas de los grupos irregulares y su expansión, teniendo en cuenta fundamentalmente el papel de la descentralización. Estos autores, amparados en un análisis econométrico, concluyen, principalmente, que la mayor actividad y expansión geográfica del conflicto colombiano, desde mediados de los ochenta, pero principalmente en los noventa, obedeció al fortalecimiento de las fuentes de financiación (greed, en el sentido expuesto por Collier y Hoeffler 2002) y muy poco a las "condiciones objetivas" (grievance). Para todos los grupos, tanto guerrilleros como paramilitares, el acceso a la financiación explica buena parte de la expansión geográfica de sus actividades. En adición, el debilitamiento de la justicia también resulta clave para que estos grupos actúen, pues la probabilidad de castigo por sus acciones contra el Estado y la población civil era (y sigue siendo) muy baja (Sánchez y Chacón 2002).

En el gobierno del presidente César Gaviria (1990- 1994) se fijaron las grandes metas de su gestión en función de una revolución social y económica. Esto se expresó formalmente en "la apertura", es decir, en los ajustes de las políticas fiscal, presupuestaria, monetaria, cambiaria y de comercio internacional, en el marco de los procesos de la globalización. Para 1990, se aprueba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que, reunida al año siguiente, transforma a fondo el sistema político y los principios sobre los que se funda la nación. La nueva constitución promueve el Estado Social de Derecho, garantiza las libertades individuales, reconoce el carácter multicultural de Colombia, otorga derechos específicos a las minorías étnicas y afrocolombianas, instaura el pluralismo religioso, facilita la formación de nuevos partidos políticos y organiza una vigorosa política de descentralización (Pécaut 2008).

A partir de la adopción de las políticas de la apertura económica en el país, como un efecto de la adopción del Consenso de Washington, el factor económico en los actores irregulares entró a configurarse en un primer plano, restándole importancia a las condiciones políticas e ideológicas, especialmente en las organizaciones subversivas que les dieron su origen.

Esta nueva moralidad de la apertura económica, combinada con la apabullante presencia del narcotráfico, no haría más que desvertebrar y desprestigiar más un liderazgo de por sí extremadamente frágil y desprestigiado. Y a la par reventaría el frágil Estado Colombiano. (Palacios 1996, 12)

Dicha anomalía protuberante de la preeminencia económica y la ética del dinero fácil en la sociedad colombiana, a la cual se refiere Palacios, están relacionadas principalmente con el tráfico de estupefacientes, especialmente por grupos mafiosos y actores del conflicto armado. La apertura económica y la reestructuración industrial conllevan, como toda reforma, cambios en los roles de algunos agentes, pérdida de poderes adquiridos, recomposición de poderes y nuevas alianzas (Misas Arango 1991). Esto aplica también a las estructuras mafiosas y a los actores del conflicto armado colombiano.

Así las cosas, es a través de la participación de los actores irregulares del conflicto en todos los niveles de la cadena productiva de la coca y heroína, ante la alta demanda internacional, que estos inician una nueva etapa del conflicto por la lucha y consolidación de territorios productivos de cultivos ilícitos y rutas de comercialización. A partir de entonces, el narcotráfico se configura como el nuevo combustible por excelencia para alimentar el conflicto armado colombiano.

Para comprender mejor el impacto de la apertura económica y la consolidación de una economía globalizada en el conflicto armado en Colombia, Pécaut, al referirse a los recursos financieros de las FARC y en general de todos los actores armados irregulares, menciona que estos actúan hoy en día bajo una lógica económica. Según Pécaut (2008), los trabajos de economistas del Banco Mundial como Collier y Hoeffler así lo confirman. Según estos autores, la mayoría de los conflictos actuales de carácter local no responden a reivindicaciones, sino a oportunidades de depredación. Esas particularidades son especialmente poderosas en el caso de economías que dependen principalmente de la exportación de materias primas y, en especial, de materias primas que pueden ser objeto de contrabando, lo que aplica para el caso colombiano. Por lo tanto, los grupos armados actores del conflicto, aun manteniendo el discurso de las reivindicaciones sociales que les dieron origen, tienden a actuar sobre todo en función de sus objetivos económicos.

En esta lógica, Vélez expone en su investigación que el cambio en la dinámica de expansión de la guerrilla colombiana define dos periodos en la evolución de los movimientos insurgentes: el primero va desde sus orígenes en la década de 1960 hasta los setenta, y el segundo empieza en la década de los ochenta, debido a la adopción de estrategias económicas, políticas y militares que continúan actualmente. El conflicto armado desde mediados de los ochenta dejó de ser un fenómeno circunscrito a las zonas rurales periféricas de la Orinoquía y el Magdalena Medio, para ir avanzando progresivamente hacia los territorios de mayor peso político y económico en el contexto nacional (sin abandonar las zonas de origen histórico) (Vélez 2000). Así, la guerrilla aplica una estrategia diferenciada -que combina los distintos medios políticos, económicos y militares a su disposición- a los territorios que va convirtiendo en objetivo. En efecto, toda operación territorial está guiada por una operación geopolítica y geoeconómica para fragmentar el país en varias porciones e ir cercando gradualmente su heartland (Moncayo Jiménez 2004).

Cambio en la dinámica espacial del conflicto armado y su relación con el narcotráfico

Según Pécaut (2008), la economía de la droga se desarrolló en Colombia a finales de la década de 1970. Primeramente se trataban de cultivos de marihuana, concentrados en la Sierra Nevada de Santa Marta; a esta época se le conoce con el nombre de la "bonanza marimbera". Para la década del ochenta, este cultivo perdió gran importancia y empieza a tener protagonismo en el mercado internacional la siembra de la coca. No obstante, sus hectáreas no alcanzaban las sembradas en Bolivia y Perú. Colombia se especializó como placa giratoria para el tráfico procedente de estos dos países, acogiendo los laboratorios y las rutas de exportación hacía Estados Unidos. En esta nueva fase de los cultivos ilícitos se consolidan los carteles de Cali y Medellín, que controlan las exportaciones de cocaína producida en Colombia.

Para mediados de esta década, el cultivo de coca comienza a difundirse en el sur del país, incluyendo al Putumayo, bajo la protección y el amparo de la guerrilla de las FARC.

Para mediados de los noventa, Colombia se había convertido en el mayor productor de coca del mundo. Dos factores convergen: las campañas de erradicación llevadas en Perú y Bolivia y el desmantelamiento de los carteles de Medellín y Cali, reemplazados por una miríada de pequeños carteles. (Pécaut 2008, 98)

Como lo muestra la figura 2, se identifican tres momentos en la relación entre cultivos de coca y el número de efectivos por grupo irregular. Toda la década de los noventa significó un incremento en las hectáreas de coca en Colombia. A partir del 2001 se presenta un descenso, explicado en buena medida por la lucha antinarcótica del Estado colombiano, sin que esta haya logrado aún la disminución de las hectáreas de coca a los niveles de comienzos de la década anterior. Así las cosas, los grupos armados se expandían en paralelo a la expansión de las hectáreas de coca. Por ello, el periodo comprendido entre 1980-1990 representa la mayor expansión en número de frentes y de hombres de los grupos guerrilleros, paramilitares y las hoy llamadas bandas criminales (Bacrim).

En lo que respecta a la evolución del conflicto armado, la figura 3 muestra tres momentos principales para el periodo considerado. El primero corresponde a una intensidad del conflicto estable en su primera fase, con niveles considerados bajos, hasta finales de la década de 1990; en este periodo se llevan a cabo las negociaciones fallidas del gobierno de Andrés Pastrana con las FARC. En el segundo periodo, desde el 2000 hasta el 2003 se presenta un incremento significativo del conflicto armado, asociado a la finalización de la zona de distención (el Caguán) y la implementación del Plan Colombia. Este último, acompañado del Plan Patriota que implementó el expresidente Álvaro Uribe, significó una disminución en las hectáreas de coca desde el 2000, así como un incremento en la intensidad del conflicto armado. El último periodo es de descenso en la intensidad del conflicto armado, desde el 2004 hasta el 2012, el cual corresponde al repliegue estratégico de las FARC, la desmovilización de las AUC y la consolidación de las bandas criminales. El leve repunte del 2012 corresponde al incremento del conflicto como presión a las negociaciones de paz que se adelantan en Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC.

En lo que respecta a la dinámica espacial del conflicto armado colombiano, la figura 4 muestra qué se han presentado desde 1990 hasta el 2012. Se evidencia claramente en estos mapas que el impacto del conflicto, en términos de intensidad y afectación espacial, es diferencial en la geografía de Colombia. Se podría hablar en términos generales de dos dinámicas espaciales: una que corresponde al periodo del conflicto armado de la década de noventa, caracterizada por una afectación localizada en regiones como el Magdalena Medio, Arauca y Urabá Antioqueño, con menor influencia en la región del Catatumbo, sectores del departamento del Meta, Guaviare y Buenaventura. La segunda dinámica se presenta desde finales de la década del noventa y se caracteriza por la acentuación del conflicto armado en las regiones de mayor afectación en la primer fase y un incremento en el suroriente colombiano, como también en el Pacífico Sur, tal y como lo muestran los mapas (figura 4).

Figura 4

Para entender esta lógica espacial, es necesario considerar las negociaciones de paz fallidas en el Caguán, la ruptura de los diálogos con las FARC y la puesta en marcha del Plan Patriota por el gobierno de Uribe, que hace que se incremente el conflicto armado en el sur y oriente de Colombia (Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo). También aumentó en las zonas fronterizas con las repúblicas de Venezuela y Ecuador, y se desplegó el conflicto a la región del Pacífico sur colombiano (Valle, Cauca y Nariño).

Los cambios geoestratégicos relacionados con la ruptura de la negociación de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana y la lucha antinarcótica definieron, a partir del 2002, la dinámica espacial del conflicto armado reciente. A partir del 2003, existe una alta coincidencia entre focos de combate y concentraciones de siembra de cultivos de coca. Aquellos lugares en donde la intensidad del conflicto es alta y no hay relación con cultivos de coca se explican a partir de la disputa por la importancia estratégica del espacio como zona de corredor, por la movilidad o por la importancia económica para las operaciones que permiten la continuidad de la guerra. Ese es el caso de Arauca, Buenaventura (Valle) o el Macizo Colombiano (Cauca, Huila y Tolima).

Por su parte, el cultivo de coca para el 2003 se había difundido en cinco focos claramente definidos, distribuidos por la geografía del país, especialmente hacia el Sur. El primer foco (y el de mayor densidad) se localiza en los departamentos de Putumayo (medio y bajo Putumayo) y Caquetá; el segundo, se define en los departamentos de Meta y Caquetá, por las riveras de los principales ríos; el tercero, se localiza en la región del Catatumbo, en Norte de Santander (hoy zona de protesta campesina); el cuarto, corresponde a la región del Magdalena Medio y bajo Cauca Antioqueño, y el quinto, (y menos denso) está en la región Pacífica del departamento de Nariño.

Los focos de siembra de coca registrados entre el 2003 y el 2011 en general se conservan, solo que con variaciones en la dispersión e intensidad de siembra. Es el caso de la disminución en los departamentos de Putumayo y Caquetá para el 2003, que se vuelve a incrementar para el 2011, especialmente en el Putumayo. En el Pacífico nariñense y caucano se evidencia que, a desde el 2003 en adelante, se registra un incremento y difusión de la siembra de coca. En lo que respecta al norte del país, en particular a las regiones del Catatumbo, sur de Bolívar, Bajo Cauca y Urabá Antioqueño, la presencia de cultivos de coca desde el 2000 hasta el 2011 ha sido constante.

La dinámica espacial de la siembra del cultivo de coca en Colombia en la última década pone en serias dudas y cuestionamientos la lucha antinarcótica adoptada por el Estado colombiano y encaminada a erradicar los cultivos ilícitos, en términos de costos humanos, económicos, sociales y ambientales para el país. No se ha logrado reducir significativamente la siembra de este cultivo y, por el contrario, se ha puesto en evidencia en áreas de la geografía colombiana que no se habían cultivado. Como lo indican Díaz y Sánchez (2004), el efecto de la actividad armada ilegal en Colombia explica en un gran porcentaje la producción de hoja de coca en el país. Por lo tanto, es posible concluir que la expansión de los cultivos es una consecuencia de la expansión de conflicto armado.

No es una casualidad que los escenarios y territorios de mayor intensidad de conflicto armado colombiano en la actualidad coincidan con escenarios y territorios de mayor concentración de hectáreas de cultivos de coca y con algunas áreas especiales funcionales en la lógica territorial de los actores armados. La figura 5 ayuda a entender mejor la influencia de las lógicas territoriales y geoestratégicas de los actores armados, así como la dinámica espacial del conflicto. En ella se correlacionan los corredores del conflicto armado colombiano² (2012) con las áreas sembradas de cultivos de coca, áreas especiales del país (parques nacionales naturales, resguardos indígenas, concejos comunitarios afrodescendientes y zonas de reserva campesina por consolidar) y los municipios con mayor registro de predios despojados y abandonados.

Como se observa en la figura 5, los corredores del conflicto armado coinciden con las áreas especiales de Colombia y con los municipios de mayor despojo y abandono de tierras. En efecto, existe una lógica funcional en la geoestrategia de los actores por el control total o parcial de estas áreas, lo que explica la persistencia en los altos niveles de disputa armada. El control de estas zonas podría representar una ventaja táctica y estratégica a largo plazo: por un lado, su control representa una aspecto favorable económicamente, por el control de la producción de coca y posiblemente por la explotación de minerales; de otro lado, el control de estas áreas garantiza la funcionalidad y movilidad de las estructuras armadas, por la entrada y salida de insumos, armas y productos de las economías ilegales, entre los océanos y las fronteras terrestres.

Figura 5

Así las cosas, no es posible entender las variaciones y tendencias actuales de la dinámica territorial del conflicto armado, sin tener en cuenta los intereses tácticos y estratégicos de los actores sobre el espacio. El territorio y su control total o parcial (hegemonía) en términos militares, sociales, políticos y económicos es una prioridad para los actores armados. Las condiciones y ventajas geoestratégicas que estas áreas ofrecen se expresan en sus características ambientales, geomorfológicas y ecológicas, por sus reservas de minerales y por el amparo de una legislación especial, como es el caso de los parques nacionales naturales, los territorios étnicos y las zonas de reserva campesina. Estos factores determinan el grado de la disputa armada sobre ellas y contribuyen en la comprensión de la dinámica territorial del conflicto armado colombiano y la violencia registrada en contra de la población civil que habita estos espacios.

Conclusiones

Las lógicas territoriales y las relaciones de poder en el espacio de los actores del conflicto armado no son las mismas en el tiempo y lugar. Estas han cambiado en razón de las circunstancias históricas, sociales y económicas del país, como también de los hechos mundiales registrados. En efecto, las transformaciones sociales, políticas y económicas que se presentaron en Colombia desde finales de la década de 1980 (descentralización, nueva constitución y apertura económica) influyeron en las características y afectación espacial del conflicto armado colombiano. Desde los años noventa, las dimensiones territoriales del conflicto se hacen más evidentes, con una fuerte influencia en zonas específicas de la geografía nacional. La expansión del cultivo de coca y el escenario de una posible negociación con las FARC a finales de esta década redefinen las lógicas territoriales y relaciones de poder recientes de los actores, lo que explica un segundo cambio en las características espaciales. A partir de la década del 2000, hay un desplazamiento en la afectación espacial hacia las zonas fronterizas, particularmente, hacia las repúblicas de Venezuela y Ecuador, las zonas estratégicas de retaguardia de las guerrillas (Macizo Colombiano, oriente y sur colombiano) y la región Pacífica, desde el Chocó, hasta Nariño, en Tumaco.

Las evidencias geográficas, basadas en la representación cartográfica con métodos geoestadísticos, demuestran que existe un comportamiento espacial diferencial del conflicto armado en la geografía de Colombia desde 1990 hasta el 2012. No en todos los lugares, municipios y regiones se presenta en el mismo grado, por la intensidad del conflicto armado en el tiempo. En efecto, los mapas muestran claramente dos dinámicas territoriales de afectación del conflicto en el periodo mencionado. La primera, corresponde a la década de los noventa, de menor intensidad y localizada en el norte de la geografía nacional. A partir del 2003, se observa un cambio estructural en la dinámica espacial del conflicto armado. La ruptura de los diálogos con las FARC en el 2002 y la puesta en marcha del Plan Patriota por el gobierno de Álvaro Uribe hacen que se incremente el conflicto en el sur y oriente de Colombia (Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo); también en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, y más recientemente en la región del Pacífico sur colombiano (Valle, Cauca y Nariño).

Los cambios geoestratégicos relacionados con la ruptura de la negociación de paz con las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana y la lucha antinarcótica definieron, a partir del 2002, la dinámica espacial del conflicto armado reciente. En la actualidad, el leve repunte del conflicto armado (2011-2012) está definido en buena medida por los diálogos de paz en la Habana (Cuba) y por las pretensiones de la guerrilla de querer demostrar una capacidad militar de por sí ya debilitada, sustentada en acciones propias de la guerra de guerrillas.

A través de las relaciones de poder, los actores armados buscan su consolidación hegemónica y ejercer a su albedrío una territorialidad sobre los corredores y territorios geoestratégicos. Estas relaciones se manifiestan en el espacio principalmente de tres maneras: disputa armada entre los actores; alianzas estratégicas y acuerdos de no agresión en torno a economías ilícitas, y actor único sobre el espacio con hegemonía consolidada momentáneamente. El elemento en común presente en estas tres formas es la coacción en sus distintas manifestaciones hacia la población civil y las instituciones territoriales, como un medio que garantiza las pretensiones de poder. Esto permite comprender la lógica detrás de violencia selectiva ejercida en contra de líderes comunitarios, sindicalistas, líderes étnicos, estudiantes, profesores y la comunidad civil en general.

Las relaciones de poder entre los actores armados sobre los espacios estratégicos explican el grado de violencia registrada en ellos. En efecto, al identificar las cifras de algunas violaciones a civiles, en los municipios que coinciden con los corredores estratégicos del conflicto armado aquí definidos, desde el 2007 hasta el 2012, se muestra que, según el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas (PAICMA), el 82% (1.272) de las víctimas civiles por el uso de minas antipersona en el país se presentaron sobre estos corredores. Tomando los datos del Registro Único de Víctimas, de la Unidad de Víctimas del Departamento de Prosperidad Social, el 65% (874.574) de las personas desplazadas por la violencia durante el 2007 hasta el 2012 se concentró sobre estos corredores. Finalmente, según los datos de la Policía Nacional, sobre estos espacios se localizó el 45% (1.272) de los casos de masacres registrados para el mismo periodo. Lo anterior muestra que la violencia histórica en el marco del conflicto armado se inscribe en las lógicas territoriales y las relaciones de poder, y que esta violencia ejercida, especialmente sobre la población civil, busca el control territorial de los espacios y territorios funcionales y geoestratégicos para estas lógicas.

El aporte teórico y metodológico en la explicación de los fenómenos sociales y, específicamente, de la violencia y el conflicto armado desde la perspectiva geográfica -particularmente desde la geografía política sub-nacional-, para el caso colombiano, se ha consolidado recientemente. Las contribuciones desde la geografía son significativas desde las últimas dos décadas; antes, estas surgían desde otras disciplinas de las ciencias sociales, como es el caso de la sociología, las ciencia política y, por supuesto, la economía. La aportación propiamente desde la geografía permite comprender las lógicas territoriales y las relaciones de poder en el espacio de los actores del conflicto armado, que intervienen en la afectación espacial diferencial y la violencia en las regiones de Colombia. Profundizar en este campo, desde la perspectiva geográfica, no solo contribuiría al desarrollo y consolidación acelerada de la geografía en Colombia, también ayudaría significativamente en un momento de posconflicto para llegar a las máximas deseadas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de los cincuenta años del conflicto armado reciente en Colombia.

Notas:

¹ Fue en 1987 cuando sus ideas cogerían vuelo, con el informe "Colombia: violencia y democracia", un exhaustivo diagnóstico que, además, proponía un paquete de reformas. El historiador Gonzalo Sánchez dirigió este informe por encargo de Fernando Cepeda Ulloa, quien para la época era Ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco.

² Se entiende por corredor estratégico aquellos espacios geográficos de carreteras, alta montaña, ríos y límites fronterizos, dispuestos por la geografía de Colombia, que permiten a los actores del conflicto armado la movilidad de tropas, comida, armas, drogas y otros elementos indispensables para la continuidad de la guerra. Mantener el control de estos corredores o alguno de sus tramos les representa ventajas significativas en la conducción de la guerra y garantiza la continuidad en la condición de actor hegemónico del conflicto armado colombiano (Salas 2010).

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