DOI: http://dx.doi.org/10.15446/rcdg.v25n2.54719

^*Profesor Titular, Universidad del Valle (Cali, Colombia). Doctor en Geografía de la Universidade Estatal Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Brasil), docente investigador con intereses teóricoconceptuales y metodológicos para abordar el estudio del territorio, la gestión ambiental pública y los procesos de expansión metropolitana.
Dirección postal: Universidad del Valle, Ciudad Universitaria Meléndez, edificio 384, Cali (Colombia). Correo electrónico: oscar.buitrago@correounivalle.edu.co.

RECIBIDO: 15 DE ENERO DE 2015. ACEPTADO: 30 DE OCTUBRE DE 2015.
Artículo de investigación sobre los resultados de la investigación "Organización social en el manejo de los recursos hídricos: alcances y limitaciones en tres cuencas hidrográficas del Valle del Cauca", auspiciada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, Cali (Colombia), en convocatoria interna del 2012.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Buitrago Bermúdez, Oscar. 2016. "Competitividad territorial capitalista y despojo del agua en el área de influencia metropolitana de Cali, Colombia." Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 25 (2): 237-250. doi: 10.15446/rcdg.v25n2.54719.

Resumen

Para proponer el concepto de plataforma territorial de competitividad capitalista, se inicia por cuestionar la forma reducida y sesgada de entender el concepto de territorio en el ámbito de la práctica de despojo del agua, en particular, y de la naturaleza, en general. Se plantea el concepto de plataforma territorial de competitividad, entendido como un sistema de territorialidades que articula áreas periféricas al sistema global capitalista, para entender los procesos de expoliación de la naturaleza y el abuso, por parte del Estado y los capitalistas, sobre las sociedades locales. A partir de este enfoque, se describe el despojo del agua en el marco de las contradicciones del modelo económico capitalista instaurado en Colombia. En el ámbito de la gestión ambiental del agua, la principal evidencia de la presencia de la plataforma territorial de competitividad es la pérdida de institucionalidad ambiental y departamental, la cual facilita la expansión del territorio cañícola.

Palabras clave: agua, agronegocios, despojo, poder, territorio.

Resumo

Para propor o conceito de plataforma territorial de competitividade capitalista, inicia-se por criticar a forma reduzida e tendenciosa de entender o conceito de território no âmbito da da prática de expropriação da água, em particular, e da natureza, em geral. Para entender os processos de exploração da natureza e o abuso por parte do Estado e dos capitalistas das sociedades locais, propõese o conceito de plataforma territorial de competitividade, o qual se entende como um sistema de territorialidades configurado para articular áreas periféricas ao sistema global capitalista. A partir desse enfoque, descreve-se a forma como se realiza a expropriação da água no âmbito das contradições do modelo econômico capitalista instaurado na Colômbia. No âmbito da gestão ambiental da água, a principal evidência da presença da plataforma territorial de competitividade tem a ver com a perda da institucionalidade ambiental e departamental, a qual facilita a expansão do território da cana de açúcar.

Palavras-chave: água, agronegócios, expropriação, poder, território.

Abstract

The proposal for the concept of territorial platform of capitalist competitiveness starts with a criticism of the reduced and biased form of understanding the concept of territory in the practice of dispossession of water, specifically, and of nature, in general. To understand the process of the plundering and abuse of natural wealth by the State and capitalists on local societies, the article proposes the concept of the territorial platform of capitalist competitiveness, understood as a territorialities system that articulates the periphery areas to the global capital. In this approach, the dispossession of water takes place in the context of the contradictions of the capitalist economic model established in Colombia. In the field of environmental water management, the main evidence of the presence of the capitalist territorial platform of competitiveness is the loss of environmental and departmental institutions, which promotes the expansion of the sugarcane territory.

Keywords: water, agribusiness, dispossession, power, territory.

Introducción

—Si los tiburones fueran hombres— preguntó al señor K. la hija pequeña de su patrona— ¿se portarían mejor con los pececitos? Claro que sí —respondió el señor K.— Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar cajas enormes para los pececitos, con toda clase de alimentos en su interior, tanto plantas como materias animales. Se preocuparían de que las cajas tuvieran siempre agua fresca y adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lastimase una aleta, en seguida se la vendarían de modo que el pececito no se les muriera prematuramente a los tiburones. (Brecht 1987, 87)

La organización social frente a la gestión del agua, en el área de influencia metropolitana de Cali, presenta espacios que deben ser entendidos en el ámbito del sistema mundo capitalista. La expansión urbana de Cali y su proceso de consolidación como metrópoli regional obedecen a patrones de inserción local y regional del capital global que son el resultado de las políticas neoliberales impuestas desde las instituciones de orden mundial y acatadas por el Estado colombiano. En el discurso de los recientes gobiernos colombianos, se argumenta que la apertura económica y el modelo de desarrollo extractivista favorecerán el mejoramiento del bienestar de la población a través de la llegada de oportunidades de negocio y trabajo; pero también, para el arribo de tales oportunidades, el Estado colombiano debe invertir en la creación de grandes infraestructuras que vuelvan esta región atractiva para el capital foráneo. Redes eléctricas, de agua y de carreteras, flexibilización del trabajo, pérdida de la institucionalidad regional, normas ambientales laxas, promoción de la propiedad privada, entre otros aspectos, son elementos constitutivos de una plataforma territorial de competitividad capitalista atrayente a industrias y agronegocios.

Los agentes económicos globales seleccionan áreas en distintas regiones del planeta para ser articuladas a la red territorial global capitalista, la cual tiene como propósito facilitar el fluir del capital y extraer descaradamente el patrimonio natural de las sociedades periféricas (Said 2004). Así, en el occidente colombiano se presenta un escenario articulado en diferentes escalas que es claro ejemplo de este proceso; por un lado, el departamento del Valle del Cauca, con su estratégica localización y riqueza natural representada en agua y suelos; y, por otro lado, Santiago de Cali, su ciudad capital, que, junto con sus áreas vecinas, se convierten en centro de localización de capital nacional y trasnacional. En conjunto, estas dos escalas se configuran como una plataforma territorial de competitividad para la reproducción del capital global. En este escenario de articulación vertical territorial, se presentan fuertes contradicciones sociales, propiciadas por la puesta en marcha de las políticas capitalistas que sustentan el supuesto desarrollo económico del país, fundamentado en la desposesión de la región de su riqueza natural (Santos 2000).

Se identifica que, en la conformación de dichas plataformas territoriales de competitividad capitalista, pequeñas poblaciones del área metropolitana de Cali quedan despojadas del agua. Para respaldar esta afirmación, se presenta el caso específico de la expansión de caña de azúcar basado en la riqueza hídrica regional que excluye deliberadamente del acceso al agua a pequeñas poblaciones del municipio metropolitano de Candelaria. Hechos como la ausencia de un riguroso catastro de usuarios, el bajo costo propuesto por el uso del agua en la producción agrícola e industrial y la reducida eficiencia en el cobro por el uso de la misma, aunados a un modelo autoritario de gobierno del agua, muestran que la gestión pública en la región no tiene como fundamento la justicia social.

En este panorama de competitividad territorial es evidente el despojo del agua por parte del capital global, frente a lo cual la posibilidad de que los habitantes de las pequeñas ciudades del área de influencia metropolitana de Cali accedan a condiciones dignas de uso del agua es bastante limitada. El Estado colombiano, y su forma de operar, no estima importante participar seriamente en la solución del supuesto déficit de agua para consumo humano en una región cuyo río principal, el Cauca, lleva en promedio entre 300 m³/s y 400 m³/s de agua.

En distintos ámbitos sociales, tanto hegemónicos como periféricos, la palabra territorio es usada cotidianamente, en la mayoría de los casos para referirse a un área de la superficie terrestre que se ocupa (Sack 1986). Sin embargo, esta perspectiva dominante deja de lado componentes conceptuales que son necesarios de discutir: el simple hecho de indicar que el territorio se ocupa presupone su existencia previa y ajena a la acción humana, lo cual, de por sí, implica un reduccionismo de la complejidad que conlleva los procesos sociales relacionados con la producción del territorio. Antes de adentrarse en la idea de las plataformas territoriales descritas anteriormente, se presenta una corta conceptualización sobre el territorio, todo para exponer con un ejemplo cómo la perspectiva territorial aporta en el entendimiento de las contradicciones del sistema capitalista.

La espacialidad humana produce entre otras cosas el territorio

La mayoría de las personas consideran que tienen claro el significado de territorio; sin embargo, es importante indicar que este concepto tiene distintas acepciones que, en algunos casos, se encuentran enraizadas en la ideología, pero también en discursos académicos de corte naturalista, determinista o ecologista. Por otro lado, con el denominado giro espacial como respuesta a la supremacía interpretativa y práctica del tiempo en el mundo occidental, se muestra la necesidad de pensar la sociedad a partir de propuestas que, surgidas del llamado pensamiento posmoderno, evidencien otras formas de pensar y hacer, tal es el caso de la espacialidad de las sociedades humanas. Este giro insiste en que las sociedades humanas no solamente deben estar atentas a su devenir temporal, sino al espacial; para ello son necesarios nuevos marcos teóricos y métodos, con los cuales la comprensión del orden global vigente se amplíe.

Aún es común encontrar en la academia y en la vida cotidiana formas discursivas que expresan la espacialidad humana y sus categorías como simples localizaciones, al mejor estilo cartesiano o como contenedor y receptor de cosas materiales, visión funcionalista, morfológica y reduccionista que domina en la modernidad y sustenta la más común de las ideas sobre el territorio: la del Estado nacional moderno. Tal vez a propósito de esta última idea, la interpretación de la espacialidad humana ha sido reducida, siendo apenas lógico que este sistema de ideas funcione como estrategia política, sobre todo en la época del expansionismo europeo sobre el resto del mundo: era conveniente para esas sociedades entender el resto del mundo como vacíos necesariamente a ser contenidos por su civilización culta.

Abordar el estudio de las sociedades humanas a partir de su espacialidad, así como entender que esta dimensión define su producción y reproducción, es un enfoque relativamente nuevo en las ciencias sociales. La triada de prácticas espaciales propuesta por Lefebvre ([1974] 2013) y complementada por Harvey (1990), sin ser reduccionistas como ellos mismos lo manifiestan, destacan una obvia pero olvidada dimensión de lo humano, esto es su espacialidad y carácter de multiplicidad. Para estos autores, la espacialidad como instancia social humana se da a partir de distintos tipos de prácticas sociales.

El surgimiento de las prácticas espaciales humanas es inherente a la evolución humana. Investigaciones recientes sobre el cerebro y la conformación de ideas sobre el entorno han encontrado que su proceso de aprehensión involucra aspectos tanto biológicos como socioculturales. En lo relativo a la biología, la organización fisiológica y morfológica del cuerpo humano corresponde con las características naturales de la superficie terrestre y no de las de otro planeta. El humano un ser en evolución; por moverse, tiene un centro de procesamiento de datos recibidos del entorno a través de un sistema sensorial. Tales datos son analizados y transformados en decisiones y acciones, todo en la búsqueda de la sobrevivencia. El proceso de interpretación y comprensión del entorno —formación de imágenes e ideas— en la mente humana recibe el nombre de percepción, la cual funciona según el sujeto, la atención y factores internos y externos; en tanto que la acción realizada como resultado de la percepción se denomina comportamiento (Llinas 2003). Todo este proceso de percepción y comportamiento humano es un buen principio para entender las prácticas socioespaciales humanas, entre ellas las asociadas a la territorialidad.

Adicionalmente, los procesos culturales e históricos otorgan al sujeto puntos de referencia de valoración moral y ética sobre lo que puede ser apropiado como práctica cotidiana. Estos procesos se convierten en contextos que determinan las prácticas espaciales humanas y su proyección en el tiempo. Al ser la territorialidad un cúmulo de atributos centrados histórica y espacialmente en sujetos sociales, su comportamiento territorial estará definido por su forma de entenderse como parte de una estructura social que le otorga una determinada capacidad de agenciar territorialmente.

La percepción y el comportamiento están mediados por los valores e intereses de los individuos. La formación de ideas sobre el bien y el mal, producto de la cultura, junto con el reconocimiento de los otros como distintos a sí mismo y, por tanto, con necesidades y deseos similares o distintos, configura lo que llamaríamos valores. Una persona tendría un comportamiento específico como resultado de la interacción de sus características biológicas, sicológicas, sociales, culturales y políticas. Estas características, en conjunto, le otorgan al individuo una capacidad de ejercer mayor o menor fuerza en cualquier tipo de relación social que establezca.

A su vez, las personas crean y conforman todo tipo de organizaciones sociales: sean estados, instituciones, partidos políticos, etcétera. También, las personas establecen y mantienen acuerdos, leyes, reglas, normas, tradiciones, creencias e ideologías, al igual que pueden desarrollar patologías, entre otros aspectos que entran a jugar un papel fundamental en la estructuración de cualquier tipo de organización social (Corrêa 2011). Tal interacción de personas investidas con sus fuerzas afectadas por los mecanismos de percepción, valoración y comportamiento (arriba mencionados) busca la estabilidad social, sin importar si esta es satisfactoria o no para todos.

Los agentes sociales, por sus características, poseen un potencial de fuerza que se construye a partir de procesos históricos: posición social, riqueza material, credibilidad, filiación a organizaciones sociales religiosas, partidos políticos, y gremios de productores. Todos estos aspectos, al actuar en conjunto, le otorgan una capacidad para imponer sus intereses en una arena de confrontación con otros agentes. Esto recibe el nombre de relaciones sociales de poder, entendido el poder como la confrontación de fuerzas de los agentes en la búsqueda de doblegar o alinear intereses (Bobbio 2010). Tal confrontación configura lo que Claude Raffestin (1993) llama campos de poder. Por su parte, Sack (1986) conceptúa la territorialidad humana como una práctica espacial compleja y estratégica, que envuelve la percepción, la valoración y el comportamiento, cuya intención es afectar, influir o controlar a otros. En términos espaciales, los procesos cognitivos de valoración del individuo sobre sí mismo, sus atributos de potencial de fuerza y los de los demás, definirán su acción y alcances en un campo de poder y, por tanto, sus posibilidades de anclaje en un punto o área específica de la superficie terrestre, con lo cual establece una territorialización. Una vez doblegadas o persuadidas las demás fuerzas del campo de poder, el agente social tendrá un anclaje territorial, esto es, un punto sobre la superficie terrestre desde el cual domina y controla a los agentes vencidos o persuadidos. Los vencidos serán relegados a áreas o puntos residuales donde tendrán sus limitadas territorialidades.

Por otro lado, un campo de poder creciente se creará a partir de intereses similares impulsados por agentes parecidos; así, el campo se mantendrá en armonía y conseguirá que agentes similares se alineen con él. Un campo de poder en estado de equilibrio inestable será generado por la confrontación de agentes con intereses distintos (Rafesttin 1993). Tal es el caso de los agentes capitalistas, que buscan expandir su territorialización hasta el último confín de la superficie terrestre.

Una aproximación al sistema territorial

Cuando en un sistema de poder los agentes disputan ubicaciones o áreas de la superficie terrestre, están poniendo en acción su comportamiento territorial; a esta dimensión del sistema de poder también se le puede llamar un sistema de territorialidades que, de hecho, configurará territorios de diversa índole (Rafesttin 1993). Un sistema de territorialidades como cualquier otro, posee interrelaciones e interdependencias de sus elementos constitutivos y se autorregula, autoorganiza y autoreproduce. Los elementos básicos del sistema de territorialidades son los agentes y sus fuerzas, intereses y ubicaciones o áreas poseídas de la superficie terrestre. Este sistema, a su vez, se configura espacialmente de dos formas: por un lado, por contigüidad espacial, en la cual el campo de poder al territorializarse se expande sobre la superficie terrestre en cada punto de un área y, por otro, discreta o fragmentariamente, en la que la materialización del dominio se hace en anclajes territoriales localizados en puntos de la superficie terrestre separados entre sí.

Partes de este sistema de territorialidades estarán dominadas por fuerzas de agentes que tienen intereses similares o iguales (Rafesttin 1993). Así, el sistema territorial tendrá una espacialidad continua o discreta, pero cambiante, dependiendo de la capacidad que tengan los agentes sociales de mantener en equilibrio las fuerzas actuantes (Delaney 2005). Si la fuerza de un agente aumenta o disminuye la expresión espacial del campo de poder se transforma y, por tanto, su espacio dominado —es decir, su territorio—, lo cual se ve reflejado en el cambio de los límites espaciales del campo.

Como ya se ha advertido, el comportamiento territorial de un agente social y su capacidad de triunfar en un sistema de territorialidades estará determinado por dos cosas: sus intereses y su fuerza. En conjunto, estas características van a conformar un comportamiento territorial particular del agente en los campos de poder que configure y, por tanto, su posición de dominio o sumisión en el sistema de territorialidades (Rafesttin 1993).

El sistema de territorialidades se caracterizará por ser múltiple y multiescalar (Rafesttin 1993). La multiplicidad se refiere a que un sistema de territorialidades posee distintos campos de poder originados por los agentes de poder en confrontación. Puede decirse que, en el sistema de territorialidades, un agente social aparece involucrado varias veces. De manera empírica, cada campo de poder puede tener agentes con intereses similares, es decir, todos los agentes actuando con los mismos intereses políticos, ideológicos o económicos o también pueden haber entretejidos en el campo de poder intereses de distinta índole, que combinados crean un alto grado de complejidad. Esta multiplicidad, a su vez, se expresa porque un campo puede producirse a partir de relaciones sociales de poder en la que los agentes sociales se relacionan uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos.

La multiescalaridad de un sistema de territorialidades hace alusión a la forma jerárquica como se organizarán los campos de poder según las características de las fuerzas de cada agente de poder (Rafesttin 1993). Una territorialidad de mayor fuerza creará, a través de una relación de poder, un campo en el que doblegará las demás territorialidades y, por tanto, se creará una relación vertical. En ese campo, la territorialización irá en la superficie terrestre hasta donde se lo permita la territorialidad dominante; sin embargo, una territorialidad dominante o mayor debe tener como atributo principal la capacidad de producir territorios continuos, de lo contrario se crean fisuras en el campo, por las que aumentan los grados de libertad de las territorialidades menores.

No obstante, también existe la posibilidad de que una territorialidad menor genere fisuras en el campo de poder y logre que la territorialidad mayor pierda fuerza, consiguiendo desestabilizar el campo de poder. En esa jerarquía de campos de poder, unos extenderán sus dominios en escalas macro, otros en mesoescalas y otro en microescalas. En todo caso, es probable que los agentes sociales que actúan en una escala mayor tengan la capacidad de incidir en las escalas menores y doblegar agentes sociales de ese nivel jerárquico (Corrêa 2011). Como ya se indicó, los agentes sociales podrán actuar espacialmente de manera continua o discreta según sus intereses; entonces, un agente de macroescala puede actuar continua o discretamente tanto en su nivel como en los niveles inferiores (Corrêa 2011).

Caracterizar las distintas territorialidades es fundamental para comprender el funcionamiento del sistema, para lo cual será necesario establecer una tipología de los intereses de los agentes sociales que se clasificarán según sus intereses políticos, culturales y económicos. Para clasificar un determinado agente y conocer sus posibles confrontaciones será necesario conocer los atributos de su fuerza, intereses y posición en el sistema de territorialidades.

El Estado como agente social territorial

Entre los siglos XVII y XIX, el mundo conocido por los europeos se amplía hasta tener información de los lugares más recónditos del planeta Tierra. Los europeos, para organizar las relaciones comerciales y políticas con las demás sociedades del planeta, promueven la idea del Estado nacional, que asume las bases postuladas en el tratado de Westfalia (siglo XVI). Así, un sistema global de sociedades reconoce que una organización social, localizada en un área determinada, es capaz de autorregularse y administrar una porción de la superficie terrestre a la que le llamaron territorio. En teoría, tal sociedad es dueña y señora de esa porción de la superficie terrestre con todos sus contenidos; acá aparece la más conocida de las conceptualizaciones sobre el territorio: la porción de la superficie terrestre en la que el Estado nacional moderno ejerce su soberanía (Taylor y Flint 2002). Esa división de la superficie terrestre obliga a establecer procesos de delimitación entre los estados para definir sus territorios; hecho que podría entenderse como la primera acción territorial del Estado. En esta discusión, para diferenciar al territorio así producido de otras formas de producción territorial, se le denominará territorio estatal.

Es necesario destacar que, para el Estado nacional moderno, el territorio es un contenedor, ya sean de personas, comunidades o naturaleza. Dicho territorio estatal es relativamente inamovible por los acuerdos internacionales logrados históricamente; sin embargo, el Estado, como agente social envuelto en relaciones de poder, tiene un comportamiento territorial que se evidencia cuando formula y materializa políticas para el manejo del territorio estatal contenedor o cuando, en la ejecución de otro tipo de políticas, realiza anclajes en la superficie terrestre. El Estado crea políticas y las materializa con la idea de llegar a todo punto de su territorio estatal, es decir, hacer que su territorialidad coincida con su territorio estatal, en la intensión de hacerlo continuo. Una de las maneras de lograr que la territorialidad del Estado llegue a todo el territorio estatal es propender por la homogeneización de los agentes sociales contenidos en él y por la gestión y planificación pública.

Teóricamente el Estado es un agente social con una fuerza tal que le permite dominar y controlar las fuerzas de otros agentes sociales contenidos en su territorio estatal (Bobbio 2010; Taylor y Flint 2002). Es decir que el Estado no solamente debe mantener los límites de su territorio estatal, sino que debe evitar que al interior de este surjan otros agentes deseosos de dominar y controlar áreas con una administración propia. Para ello, el Estado, por su esencia, posee atributos que transforman su fuerza en intimidadora, la cual, en un campo de poder, propicia el poder violento. El Estado, teóricamente, es el único en su territorio estatal contenedor que puede usar la violencia para resolver confrontaciones de agentes sociales. En este sentido, el Estado, al entrar en un campo de poder para regular disputas, lo transforma al cambiar el comportamiento de los agentes sociales modificando el sistema territorial del campo de poder.

El Estado nacional moderno tiene como función fundamental garantizar la propiedad privada de la tierra; dicha función es determinante del comportamiento territorial de muchos de los demás agentes sociales con los que se relaciona. Tal hecho implica establecer una legislación específica que garantice su protección o, en posiciones extremas, el uso de fuerza violenta para defender una propiedad que está legalmente constituida.

También la administración estatal y todo su aparataje institucional es un mecanismo de territorialización del Estado, pero, para ponerlos a funcionar, lo primero que el Estado hace es dividir su territorio contenedor en porciones pequeñas y delegar sus fuerzas en los aliados locales. Todos los sistemas nacionales de planificación y gestión son instrumentos de territorialización del Estado que se producen para garantizar la propiedad privada y el dominio y control de la población. Sin embargo, es necesario insistir en que, no necesariamente, la territorialidad es lo suficientemente continua como para coincidir con su territorio estatal contenedor.

En el ámbito de las relaciones entre Estados, se parte de la idea de que existen Estados fuertes y Estados débiles, sin querer decir que sea la única forma de relacionamiento entre ellos. Los Estados más fuertes, obviamente, están organizados y reproducidos por sociedades que conjugan en entre ellas intereses altamente egoístas; estas sociedades usan su Estado para intervenir y doblegar —en sus territorios estatales contenedores o en otros territorios estatales contenedores— a otras sociedades. Sociedades fuertes con Estados fuertes dominan, en campos de poder, a sociedades débiles con Estados débiles. En las sociedades débiles, la presencia de una clase burguesa poseedora, por tradición histórica, de fuerzas políticas y económicas, es aprovechada por los estados fuertes como aliada para anclar los intereses de sus agentes sociales en el territorio del Estado débil.

Otras territorialidades

Si bien el Estado —como agente social, escindido de la sociedad por clases oligárquicas— genera acciones para crear su territorio nacional —es preciso recordar que, para el Estado, este territorio es un simple contenedor—, a través de mecanismos de dominio y control, existen agentes sociales que realizan esa práctica espacial mediante la apropiación y simbolización de áreas de superficie terrestre, que conducen a la producción de otro tipo de territorio que se modula y reproduce con las prácticas cotidianas, las tradiciones, las costumbres, los imaginarios, las identidades y las apropiaciones. Por lo tanto, los valores éticos y morales vendrán a ser en una sociedad los que garanticen la permanencia y proyección de su territorialidad. Es complejo intentar describir en el marco de la modernidad el sentido de lo cultural y la cultura; se diráque, cuando un grupo de personas adultas se siente bien con sus modelos cognitivos, con sus valores o actitudes, con sus modelos comportamentales, y los inculcan a las nuevas generaciones a través de procesos de socialización, entonces, existe una cultura.

En el mundo moderno capitalista, sustentado por el consumismo, tales procesos están siendo confrontados en campos de poder con otras fuerzas impulsadas por agentes de orden político, económico o ideológico. En esta amalgama de intereses se presentan casos controversiales. Solo para ejemplificar, se menciona un caso ahora muy común: el de las organizaciones político-religiosas, poseedoras de capitales de origen incierto y con ideales confusos, capaces de incidir en las identidades locales. La mezcla de ideologías políticas con ideologías religiosas —presentadas como redentoras y salvadoras de las comunidades locales— sustenta la manipulación y reconfiguración de modelos cognitivos locales, cuando, en realidad, se oculta la simple captura de votos y, por tanto, la reproducción de un sistema político.

En estos campos de poder, las comunidades locales son sometidas a relacionarse con agentes sociales poseedores de enormes fuerzas agenciadas por el capital neoliberal y por ideales de desarrollo económico del Estado neoliberal. En este sentido, la configuración de la plataforma territorial de competitividad capitalista se contrapone a lo que Boelens, Hoogesteger y Rodriguez (2014) han denominado 'territorios del agua', concepto referido, principalmente, a espacios producidos de forma social, a través de prácticas de la vida cotidiana comunitaria vinculadas al agua; este tipo de prácticas, en el marco de esta conceptualización, se expresan en las territorialidades de los agentes locales, formadas por valores de uso que, con el paso del tiempo, se configuran en legados culturales tradicionales. En este tipo de configuraciones de campos de poder, se visualizan al menos dos arreglos de fuerzas: por un lado, la resistencia de los agentes locales al despojo del agua, posición en la que la territorialidad se afianza a través de estrategias legales erigidas en el ámbito del poder jurídico del Estado nacional o acciones de hecho que, en conjunto, buscan la defensa de su proceso territorial; y por otro, aquella en la que las territorialidades comunales debido a su débil organización social, son doblegadas fácilmente por agentes capitalistas que tramitan despiadadamente sus propios intereses (Boelens, Hoogesteger y Rodriguez 2014).

Algunas premisas de la territorialidad de los agentes capitalistas

En la formación social capitalista —sustentada principalmente en los ideales liberales de la modernidad—, los agentes económicos logran adquirir riqueza a través del despojo violento y de la reinversión de capital en áreas estratégicas del planeta. Una de las ideas que soporta ese despojo es la de territorio vacío, que se puede examinar en lógica de producción del Estado nacional moderno, como ya se expuso. Para los capitalistas, el territorio estatal está contenido únicamente por las prácticas territoriales del Estado, así que, doblegando esas prácticas o alineándolas a sus intereses, podrá anclarse en cualquier posición del territorio estatal. Los agentes capitalistas sustentan su actuar en una premisa básica: encontrar la mejor ubicación para reproducir a la mayor velocidad su capital con la menor inversión de recursos económicos. Las acciones territoriales de los agentes involucrados en un campo de poder dominado por los intereses capitalistas se evidencian, materialmente, en la superficie terrestre, a través de la creación de infraestructuras que conectan espacios y agilizan la movilidad de las mercancías y personas, la ruptura de las barreras arancelarias, flexibilización de normas laborales y ambientales, así como el debilitamiento de la institucionalidad estatal. A todo este conjunto de elementos y acciones se le llama 'plataforma territorial de competitividad', que no es otra cosa que un sistema territorial dominado por los intereses de los capitalistas.

Uno de los elementos constitutivos de la plataforma territorial competitiva en el área metropolitana de Cali es el declive de la institucionalidad ambiental del Estado. Por las consultas realizadas a distintos agentes¹ y estudiosos de la gestión ambiental nacional y regional, se entiende que la estrategia fundamental del poder político estatal en alineación con los capitalistas es el debilitamiento de la institucionalidad pública, lo que Sassen 2010) denomina desmontaje de lo nacional. Elementos importantes como la politiquería, la corrupción y el conflicto armado aparecen recurrentemente y son reconocidos por lo actores como prácticas territoriales que complican la acción estatal, a través de procesos de planificación y gestión ambiental (Buitrago Bermúdez y Leal 2012). Como resultado de esta situación, el Estado colombiano ha perdido su territorialidad, legitimidad y credibilidad en favor de la lógica de los capitalistas. El debilitamiento del Estado es manifestado por una investigadora universitaria al resaltar que:

Todo lo volvieron económico y competitividad y producción y usted no puede tener nada de eso en un país en desarrollo si no acaba con el ambiente y si no acaba con la gente. Entonces, acabaron con los estándares laborales, acabaron con los estándares ambientales para poder poner todo en función de la esfera económica. [...] La lucha de poderes entre los actores es el punto más crítico a resolver en toda esto de la gestión ambiental, no solamente del agua. (Entrevista con investigadora de la Universidad del Valle 2014)

El papel del Estado nacional —antes aglutinador de diferencias y redistribuidor de la riqueza—, hoy en día, en casi todos los casos, es un agente al servicio de las fuerzas del capital. La intervención autoritaria de los últimos gobiernos en favor de los intereses de los capitalistas ha debilitado el desempeño del Ministerio del Medio Ambiente y, en general, la importancia del tema ambiental disminuyó enormemente, buscando desestabilizar el Sistema Nacional Ambiental y facilitando el ingreso de capitales extranjeros y trasnacionales en la explotación de la naturaleza como lo manifiesta una investigadora de la Universidad del Valle: "es una desinstitucionalización de todo lo que se había hecho en materia ambiental en Colombia. [...] Es que mire todo lo que dicen los ambientalistas que, durante los últimos gobiernos, retrocedimos ambientalmente lo que usted quiera" (Entrevista con investigadora de la Universidad del Valle 2014).

Las principales estrategias de desarrollo económico de los gobiernos actuales —como la promoción de la extracción minera y la ampliación de los agronegocios—, se están expandiendo sobre las áreas protegidas y pequeñas poblaciones, generando conflictos con la planificación y gestión ambiental anteriormente realizada. Los impuestos y las tasas no son cobradas, o se modifican las leyes por orden del poder ejecutivo del país para favorecer la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, las tasas y los impuestos ambientales no se cobran con la idea de incentivar la inversión privada, no hay apoyo institucional y político a los funcionarios delante de la presión ejercida por el poder económico que se impone a las decisiones técnicas y administrativas y, en general, cuando algún agente de la gestión no acepta la manipulación, simplemente es retirado de su supuesto espacio de participación.

Estas formas particulares de modificar las fuerzas de los agentes sociales, a su vez, transforman la territorialidad del Estado y, por tanto, su territorialización. Si bien el Estado propendía por proveer bienestar a los ciudadanos, hoy en día ese Estado ya no existe más, porque sus fuerzas e intereses se han transformado en favor de los agentes capitalistas, dejando a la deriva su relación con el ciudadano.

El caso de las territorialidades en el despojo del agua: plataforma territorial de competitividad capitalista

A lo largo de todo el siglo XX, en Colombia, se constituyó un campo de fuerzas dominado por los capitalistas burgueses, quienes vieron con buenos ojos el modelo neoliberal proveniente de Europa y Estados Unidos y propiciaron gobiernos para el desmonte de los pocos alcances del Estado nacional de bienestar instaurado a mediados del siglo XX. Si el Estado de bienestar territorializaba a través de sus instituciones de servicios públicos, el Estado neoliberal moderno reduce su cuerpo y otorga al mundo de lo privado dicha capacidad, pensando más en los beneficios del mercado, dominado por la burguesía, y no en la sociedad colombiana en general. En otras palabras, el Estado se convierte en servil de la burguesía nacional, perdiendo su capacidad territorial para promover la de los capitalistas nacionales y foráneos. En el caso del Valle del Cauca, el agronegocio de la caña de azúcar —propiedad de la burguesía nacional y regional— fue capaz de alinear sus intereses con los del Estado colombiano, convertido en neoliberal a través de la Constitución de 1991, para territorializarse y dominar la tierra, el agua y aprovechar los excedentes de mano de obra despojados de los medios de producción. A partir de la década de los cincuenta, la élite regional vallecaucana decidió instaurar el modelo ingenieril de desarrollo regional establecido en el valle del río Tennessee en los Estados Unidos; por lo cual fueron realizadas grandes inversiones estatales con la idea de 'recuperar' las tierras de la planicie para la producción agrícola: rectificación de cauces ríos, construcción de represas, electrificación para la expansión industrial, construcción de redes de riegos, entre otras. Fueron acciones realizadas para beneficiar, en general, a los grandes propietarios de tierras frecuentemente anegadas por los desbordamientos del río (Perafán Cabrera 2005).

La intensificación del agronegocio de la caña de azúcar y las industrias conexas ha requerido la conformación de una plataforma territorial de competitividad que le permitiera producir azúcar para cubrir el mercado nacional y exportar importantes cantidades. En los últimos dos gobiernos se han propuesto proyectos de desarrollo económico que evidencian la consolidación y modernización de dicha plataforma: ampliación de vías y redes, ampliación de puertos y aeropuertos, creación de zonas francas, construcción de centros de convenciones. La tabla 1 muestra los principales proyectos de infraestructura planteados por los gobiernos 2006-2010 y 2010-2014; nótese que todos ellos apuntan a la constitución de una plataforma orientada a establecer entornos seguros de inversiones de capital. Todo ello, siguiendo la política de desmonte de lo nacional instaurado en el país: inversión del Estado en la construcción de grandes obras para ser entregadas al usufructo de agentes privados o simple debilitamiento de las instituciones públicas para la fácil transgresión de los acuerdos y normas, como ya se mencionó. Esta plataforma territorial de competitividad es un sistema territorial en equilibrio dominado por agentes capitalistas, el cual propicia la reproducción del despojo y la injusticia social, como se ejemplifica con el caso del agua.

Las débiles territorialidades de las comunidades que quedan envueltas en las plataformas territoriales de competitividad construidas por el Estado neoliberal moderno —victimas históricas del despojo de los medios de producción—, no tienen más remedio que adecuarse a las posiciones periféricas del campo de poder. Habitantes de las pequeñas ciudades de la planicie de inundación del río Cauca ven pasar la enorme cantidad de agua que este lleva, sin poder satisfacer sus necesidades de líquido vital. La figura 1 muestra el comportamiento de los caudales del río a la altura del Juanchito (municipio de Candelaria) en las proximidades de Cali. Es evidente que, para 1998, los caudales entre poco menos de 100 m³/s a cerca de 800 m³/s indicaban que la disponibilidad de agua en ese punto superaba en gran medida los requerimientos de las pequeñas poblaciones vecinas a ese transecto del río, siendo aguas que van directamente a la producción de caña de azúcar. Estas comunidades, expuestas al vaivén de las prácticas politiqueras de los gamonales políticos de la región, conocen de importantes cantidades de recursos económicos de los gobiernos locales destinados a la construcción de estaciones de tratamiento de agua potable y redes de suministro, que casi nunca son terminadas satisfactoriamente como un mecanismo para mantener el clientelismo político (Buitrago Bermúdez 2012).

Algunas pequeñas ciudades rodeadas del agronegocio de la caña de azúcar no cuentan con suministro de agua potable; el servicio se suple a través de la compra del agua a vendedores ambulantes que llevan tanques plásticos de 1 m³ en pequeñas camionetas (figura 2), quienes cobran, por un garrafón de 5 galones (equivalente a 19 litros), entre $500 a $800 pesos colombianos² (US$0,25 a US$0,4). Esto equivale a decir que un hogar puede llegar a pagar por metro cúbico de agua entre $26.300 y $42.105 pesos colombianos (US$13,15 y us$21,05), valores extremadamente superiores a los $1.300 (US$0,65) por m³ que paga un usuario a la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cali (EMCALI).

Estudios realizados por Pérez y Álvarez (2013), acerca del pago por las concesiones de agua otorgadas a los agronegocios azucareros en el departamento del Valle del Cauca, muestran que la tasa por uso³ —cobrada en promedio para todos los usuarios inscritos en el catastro de la autoridad ambiental regional⁴ —, para agua superficial, es de $24,6 por m³ (US$0,0123) y, para el agua subterránea, de $0,82 por m³ (US$0,00043). Los capitalistas azucareros, al pagar tan bajas tasas de pago por el uso consuntivo del agua del municipio, se imponen en el campo de poder propiciando la expansión del cultivo de la caña de azúcar, afianzando su territorialidad y ampliando sus territorios capitalistas. Cuando un hogar pobre puede llegar a pagar 1.700 veces más por el agua que un rico cañicultor, existen sobradas evidencias de que allí hay injusticia social.

La otra arista del problema tiene que ver con la proporción de agua que se necesita para consumo humano residencial del municipio, en relación con el consumo de agua para el cultivo de caña de azúcar también en el municipio. El municipio de Candelaria —localizado en el área de influencia metropolitana de Cali— cuenta con cerca de 18.878 hogares que requieren aproximadamente 4.079.592 m³ anuales⁵. Para el 2009 —según el Anuario Estadístico del Valle del Cauca (Gobernación del Valle del Cauca 2009)—, Candelaria produjo 2.929.283 toneladas de caña de azúcar en una superficie de 25.017 hectáreas, las cuales necesitaron —si se considera que una tonelada de caña necesita aproximadamente 90 m³ de agua— de 389.215.710 m³ de agua. Obviamente, esta cantidad fue suministrada por acuíferos y por la red hídrica superficial municipal. Es decir que, las necesidades de agua para consumo humano en el municipio, son cercanas al 1% de lo requerido por la caña de azúcar. Con el agua que se producen 50.341 toneladas de caña se podría abastecer de agua a los hogares del municipio. Pero también, si en una hectárea se producen 117 toneladas que requerirían 10.530 m³ de agua, con los requerimientos de agua de 387,4 hectáreas de caña de azúcar —equivalente al 1,54% de la superficie total sembrada en caña de azúcar del municipio— se abastecería de agua al total de la población del municipio. De lo anterior se concluye que, en la materialidad del territorio, se expresan las contradicciones del sistema territorial imperante en el área metropolitana de Cali: mientras los cultivos de caña cuentan con suficiente agua para su producción, a pocos metros de distancia no hay agua para consumo humano (figura 3).

Este sencillo análisis evidencia el debilitamiento de la territorialidad de las comunidades locales, que termina con el despojo del agua de los habitantes del municipio, propiciado por el campo de poder territorial dominado por el capital cañícola. Esta perspectiva es claramente entendida por los habitantes del área, para quienes el dominio territorial de la producción de caña de azúcar pone en riesgo el suministro de agua potable como lo mencionan algunos de ellos, afectados por una supuesta escasez:

El gran responsable del problema de agua en Candelaria es la cañicultura, es el monocultivo de la caña. Porque ellos, no solamente que se la roban, la usurpan, porque el agua es primero para el consumo humano, es la prioridad y, entonces, ellos la han cogido, asaltan los ríos, la sacan [...] y ellos tienen unos embalses y eso todo el día son motobombas extrayendo el agua de la tierra y la poco agua superficial que hay estáenvenenada, que es el caso de los ríos de aquí, que aquí no se puede [...] es decir, cuando se empezó a mirar de dónde conseguimos el agua para Candelaria, no podíamos mirar al mismo municipio de Candelaria. (Entrevista con líder comunitario 2014)

Es importante notar cómo las autoridades ambientales regionales —encargadas de ordenar el agua teniendo como principio fundamental la priorización del consumo humano—, en sus argumentos, trasladan la responsabilidad del conflicto por el uso del agua desde los agentes capitalistas que la acaparan a la institucionalidad del Estado y a las comunidades, como se puede evidenciar en la siguiente frase de un funcionario:

[...] el problema que la gente tiene en mente es que siempre los ingenios se llevan toda el agua, y lo que pasa, dentro de todas las cosas, es que no hay un control y una vigilancia y no hay un conocimiento de esa distribución del agua. (Entrevista con funcionario de la Alcaldía Municipal de Candelaria 2014)

Erazo et ál. (2013) concluyen, en lo que respecta a las situaciones de pequeñas ciudades del Valle del Cauca, que:

[...] la permanencia en el tiempo de la problemática tiene dos responsables: por un lado, la comunidad que aunque ha participado de forma activa reivindicando sus derechos mediante vías de hecho y acciones jurídicas, no ha logrado resultados verídicos que exijan a las administraciones municipales cumplir las promesas que se hacen en las campañas políticas, sino que las intenciones duran de acuerdo al periodo de cada alcalde. Adicionalmente, los procesos organizativos que ha emprendido la comunidad de Villagorgona, la principal afectada, se han hecho sin considerar los intereses de las comunidades de los municipios vecinos de Pradera y Florida, obviando la posibilidad de generar redes de apoyo y de trabajo colectivo que permitan encontrar soluciones al problema. Por otro lado, como segundo responsable se encuentran las instituciones públicas encargadas de la toma decisiones en el municipio de Candelaria y en el corregimiento de Villagorgona, las cuales han sido negligentes a la hora de pactar, ejecutar y financiar los proyectos y acuerdos orientados a dar solución a la problemática, convirtiéndolo en un mero discurso de promesas e ilusiones, que desestabilizan los procesos de organización de la población alrededor del interés común, como es el abastecimiento del agua potable para todos, garantía de una salud ambiental adecuada. (2013, 24)

El departamento del Valle del Cauca ha propuesto la construcción de un acueducto regional que cubre entre otros municipios a Candelaria, el cual, según los diseños, deberátener la bocatoma y planta de potabilización en el municipio vecino de Florida. Sin embargo, sus habitantes no acceden a la realización de esta obra porque estiman que el agua es de su propiedad y el Departamento, al administrarla, se beneficiaría de las ventas del agua y nada le quedaría al municipio. Este hecho se presenta como el nodo conflictivo que impide la solución al problema de escasez social del agua en Candelaria (figura 4), cuando en realidad la problemática tiene que ver con la expansión territorial de los capitalistas cañeros y su dominio y control del agua y la tierra.

En este campo de poder, la territorialidad de los agentes capitalistas aprovecha el debilitamiento de las fuerzas del Estado, la baja capacidad de organización de las pequeñas comunidades y prácticas clientelistas de los gobiernos locales, para afianzarse y anclar sus intereses en la plataforma territorial de competitividad capitalista del área metropolitana de Cali (Buitrago Bermúdez y Bolaños Trochez 2014a; Di Mauro 2013). Basados en la perspectiva de Boelens, Hoogesteger y Rodriguez (2014), se puede afirmar que la conformación de un territorio del agua en Candelaria no ha sido posible, precisamente por el debilitamiento de la organización comunal; este hecho estáconduciendo, paulatinamente, a la pérdida de los derechos sobre el agua.

Se deja planteada la necesidad de discutir si la desestructuración del accionar colectivo es parte del modelo de gobierno instaurado por el Estado neoliberal colombiano o si tiene que ver con la pérdida de la capacidad de accionar colectivamente, tal vez, producto de la desconfianza entre personas y entre estas y las instituciones del Estado (Sennett 2012). Al respecto de esta última tesis, es necesario indicar que la permanencia, por varias décadas, del conflicto armado en la sociedad colombiana es una fuerte determinante de la capacidad de organización de las comunidades, tanto para resistir como para doblegarse a los embates de los agentes capitalistas.

Conclusiones

La discusión sobre algunas acepciones del concepto de territorio es el punto de partida para describir la configuración de sistemas territoriales en el área de influencia metropolitana de Cali. El equilibrio del sistema territorial en el que participan agentes capitalistas, el Estado representado en distintas escalas y las comunidades locales, configura una plataforma territorial de competitividad capitalista de la cual se sirven los agentes capitalistas para despojar a pequeñas comunidades de su acceso al agua y producir enorme injusticia social. La territorialidad de los capitalistas aprovecha las débiles fuerzas de los agentes locales y del proceso de desensamble del Estado nacional, que se viene dando desde hace varias décadas, para mantener y expandir su territorio cañícola.

Notas:

¹Con miras a identificar el estado actual de la organización social en la gestión pública y privada del agua en tres cuencas hidrográficas del Valle del Cauca, se realizaron entrevistas semiestructuradas a autores institucionales y usuarios del agua: Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca, Gobernación del Valle de Cauca, Departamento Administrativo del Medio Ambiente del municipio de Cali, así como grandes y pequeñas empresas de suministro de agua potable, asociaciones de usuarios y especialista en el tema da gestión de los recursos hídricos en la región. La información recabada en campo fue procesada considerando técnicas de análisis de contenido y triangulación, previa definición de categorías de análisis.

²Pesos colombianos. La tasa de cambio del dólar de los Estados Unidos, para el 2014, cuando se elaboró este artículo, oscilaba entre $1.900 y $2.000 pesos colombianos. Para los cálculos se asumió el valor de 2.000 pesos.

³Instrumento económico de gestión creado por la Ley 99 de 1993 para captar dinero a destinar a la protección de y renovación de recursos hídricos.

⁴Corporación Autónoma Regional es la autoridad ambiental regional encargada por el ministerio para ejecutar las políticas ambientales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales. En el caso del departamento del Valle del Cauca, se denomina Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

⁵La Comisión Reguladora de Agua Potable, estima que un hogar en tierra cálida requiere 18 m³ de agua por mes (CRA 2002).

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